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Etiqueta: exclusión social

¿Pandemia o sindemia de la COVID-19?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En setiembre del año anterior, la prestigiosa revista médica británica “The Lancet” propuso –a través de su editor jefe, Richard Horton– que era necesario analizar al coronavirus, desde un enfoque biológico y social. Esta propuesta tiene como inmediata consecuencia que es imperativo redefinir la propagación universal de la covid-19, no como una pandemia sino como una sindemia.

La diferencia estriba en que mientras la pandemia es la propagación mundial de una enfermedad, según la define la Organización Mundial de la Salud (OMS); la sindemia es un concepto más amplio que incluye la visión médico-sanitaria, pero abarca los orígenes y las múltiples repercusiones sociales que genera la enfermedad.

Cabe destacar que el concepto de sindemia fue propuesto por vez primera en la década de los años noventa del siglo anterior, por el antropólogo y médico estadounidense Merrill Singer, quien razonó que un enfoque sindémico incluye “interacciones biológicas y sociales que son importantes para el pronóstico, el tratamiento y la política de salud”.

El editor de “The Lancet” argumentó que los enfoques basados, exclusivamente, en detener la pandemia desde un punto de vista biomédico, no son suficientes. Ha argumentado para apoyar su tesis que “la covid-19 se da más en ciertos grupos sociales dependiendo de patrones de desigualdad de nuestras sociedades. Por lo tanto, las medidas que se tomen deben ir necesariamente a equilibrar las condiciones de desigualdad, así como ir dirigidas a la interacción entre factores sociales y biomédicos”.

Dentro de esa visión se subraya que no importa cuán efectivo sea un tratamiento o una vacuna para combatir la enfermedad, pues la búsqueda de una respuesta puramente médica no alcanzará el éxito deseado. Analizar al virus dentro del concepto de sindemia invita a una visión más amplia, que engloba educación, empleo, vivienda, alimentación y medio ambiente.

Esta reconceptualización con respecto a la covid-19, por su razonabilidad y solidez argumental, debe ser tomada en cuenta no sólo en el marco teórico e investigativo, sino y muy especialmente, en el diseño y aplicación de las políticas que deben emprender los Estados y los Gobiernos de cara a esta enfermedad y otras de repercusión global, que puedan aparecer en el futuro. La prolongada devastación que genera la covid-19 demanda acciones tan amplias como profundas.

Considero por ello que una perspectiva tan válida como la propuesta, es necesario aplicarla a las condiciones actuales de la sociedad costarricense. Es claro que el país ha sufrido en los últimos años, un proceso de incremento de la desigualdad social y un estancamiento alarmante en la reducción de la pobreza. Y que estos problemas sociales, se han agravado (incluyendo un aumento significativo de la pobreza), desde que se dio el primer contagio el 6 de marzo del 2020 hasta nuestros días.

Al 2 de junio del año en curso, el país tiene un número de 323 598 personas contagiadas por el coronavirus y 4 098 personas fallecidas como consecuencia de la enfermedad. Es muy probable que, si se realiza un estudio sobre la pertenencia social de las personas contagiadas y fallecidas, una mayoría desproporcionada provendrá de sectores afectados por la pobreza y exclusión social.

Es claro que para grupos que pertenecen a la élite económica, las posibilidades de exposición al contagio han sido y son mucho más reducidas. Asimismo, la forma de combatir la enfermedad, incluyendo tratamientos y el acceso a la vacuna viajando al exterior, también coadyuva a una repercusión mucho más limitada.

También hay otros sectores que, por el tipo y condiciones de su actividad laboral y profesional, han estado menos expuestos en virtud de que han utilizado el teletrabajo, como principal modo para desarrollar sus actividades productivas.

Sin embargo, hay amplios sectores de trabajadores y trabajadoras que, por la naturaleza de sus actividades laborales, no tienen más remedio que realizarlas presencialmente; con lo cual han estado y estarán más expuestos al contagio. Eso se da de manera más extendida entre los trabajadores informales cuyo número se ha incrementado a raíz de la pandemia. Y no es lo de menos observar que una inmensa mayoría de personas con discapacidad, que podría superar el 75 %, solo encuentran opciones productivas de este tipo. Así que quienes no tienen otro camino para la procura del sustento familiar que estas modalidades de trabajo, las probabilidades de contagio se incrementan en forma significativa.

Así las cosas, aunque el término de pandemia se siga utilizando masivamente porque ya está muy arraigado en el imaginario colectivo, tiene mucho sentido que tras la búsqueda de soluciones políticas y sociales más justas, adecuadas y rigurosas, se utilice el término y el enfoque de sindemia.

(7 de junio, 2021)

Arte y ciencia social: herramientas para la vida y la transformación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Los primeros resultados de una rápida búsqueda en cualquier explorador de internet a la palabra Manrique, Colombia, devuelven cierta narrativa sobre violencia y peligrosidad. Se trata de un gran conglomerado poblacional, la comuna número 3, ubicada al noroeste de Medellín, capital de Antioquia, con una historia ciertamente compleja, pero no la única que atraviesa sus espacios sociales.

Hace algunos años como parte de un proyecto sobre trata de personas y derechos humanos que nos juntaba a personas investigadoras de Colombia, España y Costa Rica, fuimos a dar a Manrique, donde conocimos a un cura revolucionario, organizador incansable de acciones encaminadas a arrebatarle al niño, niña y joven de esta comuna, al riesgo social.

Una tarde, conversando en su comuna, me confesó que una de las estrategias para trabajar con estas poblaciones era alentar su cercanía con el arte como vehículo de transformación. Que tenía que ser contextualizada esa relación. Y cómo no advertir que justamente en Manrique se teje una de las conexiones populares de largo aliento con el tango como expresión cultural.

Durante esos días en la comuna, pude observar el trabajo de academias enteras de niños y niñas practicando tango por las calles. A todas horas y en todos los espacios, este territorio con una rica historia gardeliana, permite a sus niños y niñas expresar y recrear sentido de la vida.

Recordé justamente una de las formas mediante las cuales Medellín encontró para contender la violencia a nivel político, pero sobre todo sociocultural: disputar los espacios públicos a los actores involucrados y crear uno de los festivales de poesía más emblemáticos a nivel mundial, como es el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que este año cumple 31 años ininterrumpidos de llevar la palabra a las comunas y zonas más complejas de esta capital antioqueña.

Como un brazo artístico y amoroso, este festival desarrolla el Proyecto Gulliver, consistente en impulsar la creación poética y literaria en los niños y niñas de las distintas comunidades en riesgo. En ambos casos, la poesía y el tango, no resultan solamente expresiones estéticas y de representación de la vida, sino herramientas comprometidas para la transformación social.

Hará quizá hace dos años fui invitado a participar en un encuentro literario en el municipio de Quezaltepeque, en El Salvador. También las narrativas sobre las violencias en ese país son recurrentes y provienen casi siempre de interlocutores con poca capacidad analítica para sopesar las razones históricas y estructurales de los procesos de exclusión social y desigualdad en aquel país.

En el marco de esa actividad fuimos invitados a leer a una escuela de un sector rural del municipio. Al llegar, nos recibieron cerca de 300 niños y niñas que prepararon un escenario con nuestras fotografías, buscaron nuestros trabajos poéticos en internet para leerlos en la actividad y hurgaron en nuestras biografías para conocernos mejor.

Esa mañana comprendí el profundo vínculo entre el arte como vehículo social y las formas diversas para reconocer la realidad para transformarla, como es el caso de las diversas disciplinas que conforman el vasto campo de las Ciencias Sociales.

En una nota sobre la proclamación del Día Mundial del Arte, que se celebra todos los 15 de abril, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, el Arte y la Cultura (UNESCO) indicaba: “El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés y el dialogo. Estas son cualidades que el arte siempre ha tenido y tendrá, si continuamos apoyando entornos donde se promuevan y protejan los artistas y la libertad artística. De esta manera, al fomentar el desarrollo del arte también se fomentan los medios a través de los cuales poder lograr un mundo libre y pacífico” (es.unesco.org).

Ciertamente experimentamos un entorno plagado de incertidumbre, de hegemonías duras en lo económico y excluyentes en lo social. A estas durezas solo se les resiste desde otras posibilidades expresivas, que contienen en sus cimientos una política de los cambios y las transformaciones.

Vincular el arte como herramienta y la ciencia social como expresión ontológica y epistemológica de vida y de transformación, debe ser un objetivo común para quienes aspiramos a un mundo un poco mejor al que ya existe. En ese camino andamos.

La indignación social debe servir para construir un mejor país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Tengo la certeza de que hay muchas causas y motivos para estar indignados. La indignación ha venido en aumento, conforme la situación económica de las personas y las familias empeora y no se encuentran respuestas certeras y concretas, ni en el Gobierno, ni en la Asamblea Legislativa.

La pandemia ha exacerbado y desnudado una crisis económica y social, cuyas causas más relevantes hay que asociar al impulso de un modelo económico, el neoliberalismo, que ha venido debilitando y erosionando el Estado Social de Derecho, desde hace más de 30 años.

Cada vez más costarricenses se convierten en víctimas de la desigualdad social, derivada de ese modelo que han aplicado sucesivamente, unos más-otros menos, gobiernos del PLN, PUSC y PAC. Empero esa desigualdad social creciente no ha crecido sola: Se ha incrementado a la par de una concentración cada vez más notoria de la riqueza en menos manos. Hace algunas décadas, cuando Costa Rica gozaba de una mejor distribución de la riqueza, se hablaba de que en El Salvador tal riqueza (y el poder político) estaba concentrado en 14 familias. Hoy, nuestro país, ha transitado un escabroso camino que se parece cada vez más al modelo salvadoreño.

Más y más costarricenses están irritados por el creciente empobrecimiento y por la incertidumbre que emerge al mirar el futuro. Dentro de este dominante escenario de indignación social, también causa molestia y hastío el festín de precandidaturas presidenciales, llenas de desmedidas ambiciones personales y vacías de propuestas de políticas inclusivas, que ofrezcan soluciones reales a la gente.

Lo malo es que muchas personas reaccionan contra la política y no, como debía de ser, contra las y los políticos que usufructúan de ella, sin compromiso social medible en hechos y cuyas promesas siempre se las lleva el viento.

En el mejor de los casos, esta indignación social de hoy puede empujar a muchas personas a la apoliticidad y al abstencionismo, y con ello a una pasividad nada alentadora y constructiva. Cuando, hoy más que nunca, se requiere enarbolar el artículo 9 de nuestra Constitución Política, en lo atinente al carácter participativo que debe tener la democracia costarricense, es contraproducente que cada vez más personas –justamente irritadas por asociar la “política” con el aprovechamiento patrimonial de que hacen gala muchos políticos–, se desmovilicen y no ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos.

Valga recordar que la apoliticidad es una posición política que hace que la persona que la reivindica se haga a un lado para que otras personas decidan por ella, en asuntos que son de su primordial interés. La democracia sólo se fortalece con más democracia, pero para ello se requiere la más activa y consciente participación social y política de la ciudadanía. La auto marginación de las mayorías hace que las élites plutocráticas, afiancen su dominio económico y político a sus anchas en desmedro de la democracia y el Estado Social de Derecho.

Sin embargo, la indignación creciente puede convertirse en una bomba de relojería, que se manifieste a través de estallidos sociales. No hay mal que dure cien años ni cuerpo –social—que lo resista. Ya varios organismos internacionales (con números en la mano), están pronosticando para América Latina en este 2021 pandémico y de incremento de la desigualdad y exclusión social, la aparición de estallidos motivados por la ira social.

Y el país está sumando números en esa rifa, ante la falta de propuestas concretas y viables de reactivación realmente inclusiva y justa, que ofrezca respuestas inmediatas y en perspectiva para amplios sectores sumergidos en la pobreza y la marginación social. Y esa falta de respuesta es gasolina y fósforos, que aportan tanto los que dominan el escenario político actual, como los que aspiran a dominarlo en las próximas elecciones y que piensan que el pueblo está condenado al olvido y a la inconsciencia política perpetua.

Es por ello que es imprescindible que cada vez más personas y grupos, se movilicen social y políticamente, hacia el norte de las propuestas progresistas, decentes y defensores de un Estado Social y Ecológico de Derecho. Sólo transitando por ese camino de certezas y esperanzas, la Democracia no ha de enfrentar los designios de un Estado fallido, en el cumpleaños 200 del país realmente progresista y democrático, que debemos ser.

(8 de marzo, 2021)

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/

Comunidad de Los Jardines continúa lucha por su calidad de vida y el agua

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

Demandas de la Comunidad educativa y del Comité del Asentamiento expuestas ante Subsistema de Niñez y Adolescencia, desde el 23 de junio 2020.

SURCOS comparte la siguiente información:

El equipo Interdisciplinario MEP, la Comunidad Educativa de las Escuelas de Atención Prioritaria, Los Jardines, Alberto Manuel Brenes y Comité de Lucha y Bienestar Asentamiento Los Jardines plantean a diferentes instituciones gubernamentales como la Defensoría de los Habitantes, AyA y PANI, una propuesta para salvaguardar el subsistema Local de Niñez y Adolescencia en las comunidades de San Ramón de Alajuela.

Está lo que plantea es lograr determinar el estado actual de la Niñez y Adolescencia en el Asentamiento Los Jardines, que se encuentra ubicado en Caserío Los Jardines, las personas que habitan este lugar se encuentran en condiciones de exclusión social y de riesgo debido a la pandemia del Covid-19.

En el margen de fundamentación de la propuesta se adhiere a los siguientes hechos:

  1. Se conoce la existencia de 41 personas menores de edad.
  2. Dentro de las personas que están en edad escolar, algunos de ellos se encuentran suscritos a instituciones educativas
  3. Se valoriza el riesgo sanitario que corre la población que habita este asentamiento y se ejecutarían medidas alternativas para subsanar el riesgo.

Ahora bien, en ese marco lo que se demanda es:

  1. Determinar la condición del estado del cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad (PME).
  2. Que el Ministerio de Salud brinde información detallada sobre el estado de las condiciones sanitarias del asentamiento y de acceso a la salud integral.
  3. DINADECO informe sobre el apoyo y el acompañamiento que se le está brindando a esta población.
  4. La Municipalidad de San Ramón informe acerca de la posible gestión de estudios, pactados el 17 de marzo del 2020.
  5. Instituciones como el AyA, Fuerza Pública, CCSS, CEN CINAI, MEP, CONAPDIS, IMAS y todas las mencionadas en el documento formal, brinden información detallada sobre los mecanismos de acción y proyectos que se destinan para el asentamiento.

La respuesta por parte de las autoridades, específicamente la Defensoría de los Habitantes fue el oficio N00859-2021-DHR, del 28 de enero del 2021, aborda en términos generales los siguientes puntos:

  1. Presentar la documentación que haga constar que todas esas situaciones que exponemos anteriormente sean verdaderas.
  2. Responder a los siguientes interrogatorios ¿El asentamiento El asentamiento cuenta con fuente pública o servicio de camiones cisterna? ¿Conoce la entidad si existe disputa judicial sobre la legalidad del asentamiento? ¿Cuáles han sido las negociaciones y acuerdos de la instancia que Ud. representa para mitigar los posibles efectos del COVID-19, ante la población menor edad, discapacidad, personas adultas mayores y personas con riesgo de salud?

Adjunto encuentra los documentos oficiales a los que se hizo alusión en la nota:

00859-2021-DHR-NA-342737-2021-RI-3-1Descarga
PROPUESTA-SUBSISTEMA-NIÑEZ-recibido-PANI-23-06-2020-1Descarga

Reforma integral a la Ley 7600: Propuesta insuficiente y acelerada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De: Luis Fernando Astorga Gatjens

luferag@gmail.com

La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, fue promulgada el 29 de mayo del año 1996 y ha sido el principal referente normativo en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.

En el año 2019, la diputada María José Corrales (PLN-Alajuela), impulsó un proyecto de reforma integral de esta importante ley, que ha avanzado en la corriente legislativa bajo el Expediente N° 21 443. Esta propuesta ya fue dictaminada por la Comisión Especial sobre Discapacidad y Adulto Mayor, y avanza –con una celeridad, a todos luces inconveniente—hacia una quizás cercana votación, en primer debate en el plenario legislativo.

Reconocemos las buenas intenciones de las propulsoras de esta iniciativa, sin embargo, quienes desde hace bastante tiempo hemos venido trabajando en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, nos preocupa cómo ha venido avanzando este proyecto de reforma, por las razones que seguidamente enumero:

1) Sin balance correctivo. Hasta el presente no se ha desarrollado un balance, riguroso y exhaustivo, de cómo se ha aplicado la Ley 7600 en los siete ámbitos que abarca la norma original. ¿Cuánto realmente se ha avanzado en el país y cuál es su impacto efectivo en la vida de las personas con discapacidad, en educación, trabajo, salud, acceso al espacio físico, acceso al transporte público, acceso a la información y a la comunicación, y acceso a la cultura, el deporte y las actividades recreativas? La ley 7600, que ya casi cumple 24 años, se promulgó para reducir sostenidamente la amplia deuda social que tienen el Estado y la sociedad costarricenses, con este sector de población de más de 900 mil costarricenses (ENADIS, 2018). Empero por lo que se muestra en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las personas con discapacidad y los inobjetables datos estadísticos, esa deuda persiste y se refleja en la discriminación y la exclusión social que afecta a este sector poblacional.

2) Otro contexto normativo. Otro elemento que es necesario analizar a la hora pensar en una reforma integral a la Ley 7600, es los diferentes contextos normativos existentes cuándo fue aprobada la ley y en el presente. Cuando fue promulgada no había en el ámbito de la ONU, ni en el de la OEA ningún tratado centrado en las personas con discapacidad. En 1999, la OEA adoptó la Convención interamericana orientada a eliminar la discriminación asociada a la discapacidad y en el año 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ambos tratados fueron ratificados por Costa Rica en 1999 y 2008, respectivamente. Claro está que siendo ambas normas supra-legales (Artículo 7, Constitución Política), es necesario contemplar iniciativas de armonización legislativa que aseguren su cumplimiento efectivo.

3) La aplicación, preocupación prioritaria. Una preocupación central en el presente es la necesidad de la aplicación efectiva de lo que establece la Ley 7600 y de otras normas vigentes, en el campo de los derechos de las personas con discapacidad. El país mantiene tanto en el ámbito nacional como en el de los gobiernos locales, un desfase muy amplio entre lo que dictan las normas y su aplicación efectiva, a través de políticas públicas inclusivas, que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En esta materia sigue habiendo mucho más ruido que nueces; aun considerando los esfuerzos que realiza el CONAPDIS, en su calidad de ente rector.

4) Consulta superficial e insuficiente. Tanto la Ley 7600 como la Convención de la ONU establecen la obligación ineludible del Estado de consultar a las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, en asuntos de su interés. Y no cabe la menor duda de que una reforma integral a la Ley 7600 tiene tal dimensión. Sin embargo, la Asamblea Legislativa procediendo inapropiadamente, se complace con enviar los proyectos a correos electrónicos de algunas personas y organizaciones de personas con discapacidad, sin cumplir cabalmente con el verdadero deber de consulta. Se trata de consultas que no cumplen ni el espíritu ni el objetivo de las normas. Así se ha procedido con este proyecto de reforma, sin valorar el importante esfuerzo que desarrolla el CONAPDIS de conformar el Foro Nacional de Consulta de las Personas con Discapacidad. Este foro que tendrá 72 miembros (36 titulares y 36 suplentes) de las nueve regiones que conforman esta entidad rectora, quedará conformado en este mes de marzo. Sin lugar a dudas, el Foro Nacional Consultivo debe estrenarse con la consulta sobre la reforma a la Ley 7600, por su alcance e importancia.

5) Aplicación: Nada nuevo en el horizonte. Una primera lectura del proyecto de reforma a la ley 7600, nos indica que hay una serie de temas que no fueron abarcados y que son claves para que la ley 7600 incida en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Veamos algunos ejemplos concretos: No se agrega nada que asegure mejor la implementación de la Ley en todos los estamentos del Estado, incluidos los gobiernos locales. Tampoco se menciona el rol del CONAPDIS, como ente rector para la vigilancia e impulso del cumplimiento de la Ley. Asimismo, no se contempla el tema de los recursos y las asignaciones presupuestarias, que son claves para la implementación deseada.

Todas estas ideas que comparto me llevan a la conclusión de que es imprescindible que el proceso acelerado que lleva, injustificadamente, la Asamblea Legislativa, se detenga para que las cosas se hagan realmente bien. Si hay un verdadero interés en una reforma integral, se debe trabajar en mejorar sustancialmente la Ley 7600 y, más importante aún, asegurar un avance sostenido en su implementación.

De no seguir este razonado y razonable camino, avizoro una nueva frustración para las personas con discapacidad y sus esperanzas de una vida mejor.

(27 de febrero, 2020)

 

Enviado por el autor.

Apuntes Patrióticos II

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social CTRN
20-10-2020

La inteligencia y la paciencia de los progresistas y hasta los que peyorativamente pueden ser calificados de comunistas en Bolivia y su jefe de campaña Evo Morales. Nos ponen de relieve que la inteligencia emocional, la malicia indígena, la prospección de García Linera y las enseñanzas de Mahatma Ghandi, Martín Luther King, dan sus resultados sino se cae en las provocaciones de los Sectores de la derecha, pero que esto implica e impone análisis de coyuntura profundos, disciplina y cohesión.

Esta enseñanza nos indica que lo actual en Costa Rica es una batalla que nos coloca de relieve la agenda inmediata que debemos definir como un paso hacia, pero que este es un contexto en el cual podríamos y parece que será así seguramente podemos salir más golpeados vistas las señales que se consolidan en la Asamblea Legislativa hoy día, donde la ultraderecha más rancia no para de dinamitar la institucionalidad y asumir posiciones y acciones fascistas que profundizarán el hambre, el desempleo, la exclusión social dada la sed ambiciosa de más concentración de la riqueza.

Por lo tanto, el tema está en que los movimientos sociales (incluidos los sindicatos), hagan una verdadera apuesta política de reconstrucción del MOVIMIENTO PATRIÓTICO NACIONAL y aspire a ganar en un plazo de dos años (2022), un par de batallas relevantes, sin ser, ni pensar, en un partido político, sino consolidar un brazo social de una opción supra electoral que reconfigure el mapa político en el Ejecutivo y Legislativo de Costa Rica.

Consolidados esos posibles triunfos de esas batallas, se debe pensar en un proceso que sea la alborada del desmontaje de un modelo de desarrollo que durante los últimos 45 años tiene al país con las deplorables cifras que ha indicado el INEC recientemente y que son reforzadas por estudios e informes de otras casas académicas y el mismo Programa del Estado de La Nación.

Sin lugar a dudas esto que soñamos es complejo ya que en la actualidad sabemos que está en desarrollo una agresiva campaña de la ultraderecha más conservadora del país que está dispuesta a jugar de manera solapada fuera de la institucionalidad para lograr sus más oscuros objetivos, por tal razón debemos dejar de lado el tablero y sacar las piezas del ajedrez ya que es en este escenario en el cual veremos la verdadera sapiencia e inteligencia emocional de las dirigencias de los distintos sectores sociales, pero en especial las dirigencias sindicales del diezmado sector público nacional.

Juan Carlos Duran Castro
Costarricense por el bien de la Patria
20-10-2020

La bofetada del presidente

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Marcos Chinchilla Montes

Durante estas últimas dos semanas hemos sido testigos de una serie de acciones policiales que demuestran el grado de violencia y brutalidad policial que ejercen las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, contra quienes han venido participando de manera legítima contra las medidas económicas neoliberales que el gobierno de Carlos Alvarado desea imponer.

La respuesta policial busca aleccionar y desalentar a como sea, cualquier forma de oposición y organización; y para ello recurre a prácticas de terror como los son las incursiones en barrios o la detención y criminalización de periodistas independientes.

Algunas personas podrían aludir que son excesos puntuales que se escapan del control de las jefaturas y mandos medios; pero desde mi lectura, son acciones que pretenden aleccionar a las comunidades y mandan un mensaje muy claro: ni se atrevan a cuestionarnos, porque esto les va a suceder a ustedes también.

En el Chile de Pinochet, pocos meses después del golpe de Estado, cuando las comunidades comenzaban a manifestarse contra la dictadura, eran convocadas cientos de personas en una plaza barrial, al centro estaban los militares y carabineros con las mascotas de las familias, y una a una las iban matando y de paso alertando: si siguen de necios, a ustedes les pasará lo mismo.

Vale la pena recordar que en Chile fueron asesinadas o desaparecidas más de 3000 personas, justamente por una dictadura de naturaleza neoliberal que comparte nuestro actual gobierno.

Los informes que llegan de la zona norte permiten entrever que el gobierno quería quitarse de una vez por todas el problema de “San Carlos”; tenía que ser una respuesta contundente contra un cantón que le ha plantado cara al gobierno. Y como bien lo dejó claro el Ministro de Seguridad días atrás, el papel de ellos es garantizar que todo esté abierto y que la producción no se detenga.

En particular, deseo destacar la forma cobarde como un policía inmovilizó a una mujer mientras estaba indefensa en el suelo: le recetó una soberana bofetada, al mejor estilo del macho que agrede y somete a una hembra a quien considera loca y fuera de sí; una práctica machista y misógina que lamentablemente corre por las venas de un sector policial y que además de censurable, debe de ser denunciada a la brevedad, llevando a estrados judiciales a la persona responsable y a los mandos a los que obedece. Funcionarios de esa calaña, no merecen ser parte de la institucionalidad pública costarricense.

En esa miserable bofetada, se resume de manera magistral el trato que el gobierno de Carlos Alvarado le ha dado a la sociedad costarricense: el engaño; la traición; la exclusión social; el olvido; la violencia policial, la represión; el plegarse sin consideración alguna a los intereses de un sector del empresariado neoliberal, en menos cabo de los derechos humanos de la población costarricense.

Cuando el policía agrede de manera vil a la mujer que tiene tendida e indefensa sobre el suelo; sabe muy bien que actúa alineado y con la protección de sus jefaturas, es la misma solicitud que el gobierno ha transmitido por la cadena de mando: hay que aleccionar, golpear, generar miedo, humillar y desmovilizar a toda costa a quienes protestan y denuncian. Dichosamente, un video permitió conocer los excesos y cobardía represiva de nuestra policía; ¿qué pasará en aquellos lugares donde el silencio y la impunidad son cómplices de la policía?

A este policía poco le importa la violación de los derechos humanos de la mujer que yace boca abajo, agredida, él es el macho, tiene el poder, tiene el dominio de la violencia; para eso fue entrenado. Como poco le importa a Alvarado los derechos humanos de la sociedad costarricense, el viene a realizar el trabajo sucio que el empresariado le ha encomendado; él también nos ha abofeteado.

Demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de Centroamérica

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Carlos Sandoval García

Este artículo analiza demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de las capitales de Centroamérica a partir de cuatro temas principales: la representación del entorno local y nacional, las demandas y los deseos en torno al futuro, los medios que imaginan para alcanzar o no dichas demandas y factores sociodemográficos. Las colonias seleccionadas fueron El Limón, en Ciudad de Guatemala; Popotlán, en San Salvador; Nueva Capital, en Tegucigalpa; Jorge Dimitrov, en Managua, y La Carpio, en San José. Se parte de tres desafíos teóricos y metodológicos principales. El primero es explorar la vivencia de la política desde la exclusión social. El segundo reto se refiere a trascender la división entre estudios interesados por perspectivas analíticas, más interesados en estudios causales, y aquellos más focalizados en estudios interpretativos, cuya mirada se centra en significados. El tercer reto aspira a contribuir en la construcción de una mirada regional y comparada de las sociedades centroamericanas.

Entre los hallazgos principales, se destaca que un 37.7 % de las personas encuestadas no estudia ni trabaja; solamente un 15 % tiene acceso a la seguridad social. De las personas encuestadas, un 32 % es madre y un 13 % es padre. Un 45 % de las mujeres que son mamás lo fueron antes de los 18 años. En términos de la percepción del entorno, los principales problemas reconocidos son la delincuencia, el desempleo y las carencias de infraestructura pública. Si bien la desigualdad no se tematiza como uno de los principales problemas, cuando se consulta por la distribución de la riqueza en el país respectivo, un 73.6 % considera que es “muy injusta” o “injusta”. Este reconocimiento de la desigualdad coexiste con un arraigado conservadurismo que reconoce en el destino y la autoridad de los padres una legitimidad poco cuestionada.

Este artículo concluye que las principales expectativas y demandas de las personas jóvenes encuestadas se centran especialmente en el empleo, las oportunidades y la seguridad. Frente a estas demandas, el ciclo electoral que inició en Honduras en 2017 y finalizó en Guatemala en 2019 está lejos de ofrecer respuestas de gran calado. Ello profundiza el vacío institucional y a menudo la migración más que una elección se convierte en una obligación.

Este documento del doctor Carlos Sandoval García, compartido con SURCOS por el autor, fue publicado en la página de academia.edu con este enlace: 

https://www.academia.edu/43705312/C_Sandoval_J%C3%B3venes_Centroamerica_ECA

El estudio completo está disponible para descargar en este vínculo:

Demandas-y-expectativas-jóvenes-Carlos-Sandoval-GarcíaDescarga

Imagen: https://www.tvn-2.com/

MUSADE llama la atención por solución urgente en asentamiento de San Ramón

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Con una carta enviada al Subsistema Local de la Niñez y la Adolescencia del cantón de San Ramón de Alajuela, la organización Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo llaman la atención acerca de la necesidad de atender con urgencia la situación en el asentamiento Los Jardines.

Esta es la carta que MUSADE compartió con SURCOS:

Señoras y señores: Subsistema Local de la Niñez y la Adolescencia, Cantón de San Ramón.

ASUNTO: LLAMADO A LA ATENCIÓN DE URGENCIA

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación MUSADE, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, cedula jurídica número 3-002-100942, Asociación con estatus de bienestar social, declarada de utilidad pública según Decreto N° 3810-P.J, del 2 de octubre del 2013, con 34 años de trabajo continuo por una sociedad más justa e igualitaria.

Por la presente deseamos informarles que hemos recibido información de las demandas y gestiones realizadas por diferentes actores comunales e institucionales para un abordaje integral de las condiciones sociales de los y las niñas y adolescentes del asentamiento Los Jardines de este Cantón. Ante ello manifestamos;

  1. Solidaridad absoluta con las demandas de esos actores sociales, debido a las condiciones sociales de riesgo en las que se encuentran las y los habitantes del asentamiento Los Jardines, especialmente la población menor de edad, que requiere por mandato constitucional atención especial del Estado.
  2. Solicitud de intervención inmediata de ese subsistema como gestor para una intervención interinstitucional coordinada que priorice las necesidades de la población infantil y adolescente de dicho asentamiento con miras a garantizar las condiciones humanas mínimas de desarrollo en el marco de un enfoque de derechos y potencie acciones para dar una respuesta oportuna y eficaz.

Seguras que las voces y demandas de los y las habitantes del asentamiento Los Jardines serán escuchadas y atendidas lo antes posible, desde ese subsistema de niñez y adolescencia, quedamos atentas y ofrecemos nuestro apoyo, según nuestras competencias

Diana Marcela López Ruiz, Representante legal
Enid Cruz Ramírez, Coordinadora general