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Etiqueta: explotación laboral

Opinión o actos de odio por el mundo

Juan Francisco Campos

Diciembre 2022

Resulta oportuno señalar que, por pereza o la treta confesional y política en el diario vivir de muchos fieles costarricenses, ante la situación calamitosa y asechanzas a nivel nacional; su más inmediata y casi única e instintiva respuesta es invocar oraciones como la del Ave María: “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores”; obviamente vacía de su legítimo fervor. Maldita sumisión e impropia conducta inducida a través de la idolatrada democracia, pacifismo, patrioterismo y electorerismo; instrumentos de dominación ideológica e inmovilización social usados con eficiencia por parte de la oligarquía gobernante y grupos afines.

Por consiguiente, mientras los “chavistas criollos” siguen como Buda entre pilares ruinosos en espera de milagros, también los pesimistas dirán que no hay más, por cuanto los hechos cotidianos son más sensibles que los datos estadísticos e indicadores definidos por la academia respecto a la situación nacional. Sin embargo, en ningún momento podemos obviar la pesada realidad que nos afecta a todos, llena de flagelos, como la violencia extrema que, día a día acaba con vidas humanas visibilizando en esta “pacífica Nación”, las prácticas más atroces sobre sus víctimas sin distingo de edad, género, raza, procedencia o condición social. En verdad, si fuera que a la institución militar (ejército) se le puede asociar per se enemiga de la democracia, no parece que su abolición formal en este país, nos haya resguardado hasta hoy por ejemplo de afrontar crímenes y delitos de lesa humanidad. También, está presente la desigualdad económica a nivel récord y en crecimiento, pobreza y pobreza extrema (miseria), desempleo, explotación y psico terrorismo laboral, corrupción a todo nivel, neoextractivismo y daños ambientales sin control, servicios e infraestructura pública en deterioro e insuficientes no obstante los altos niveles de endeudamiento público, drogadicción, consumismo, miedo, traición a la Patria, etc.

Como nunca antes, este país está afrontando una situación catastrófica sin perspectiva de ser revertida a corto ni mediano plazo, la cual, no honra la democracia que autodenominan ejemplar. Sino, a otra forma de gobierno que, por degeneración, corrupción y mucho más, devino en la Plutocracia que bien exhibe Costa Rica; aproximadamente a cuarenta años de que sus mejores obras que en efecto fueron la admiración y reconocimiento internacional, sistemáticamente sus propios gobiernos las han sometido a procesos de liquidación total o parcial. Han instaurado un modelo desarrollista cuyo ganador absoluto es el capital financiero trasnacional, el cual, ya apropiado de la mayoría de recursos del país incluyendo el patrimonio natural, dispone también de toda la riqueza que sólo es posible producir con la fuerza laboral de nuestro pueblo trabajador, no obstante, únicamente a cambio de un poco empleo incluyendo el trabajo indecente y esclavo.

Es más, esa será la tendencia en crecimiento gracias a la nueva legislación que, no tiene como objetivo siquiera establecer las regulaciones necesarias ante dichas desviaciones; sino que, se encamina a convertir el país en una extensa zona franca (factoría de recolonización). Asentamientos privilegiados para la “benévola generación de empleo” por parte de dicho capital financiero transnacional (inversión extranjera) al cual, como se ha dicho, se conceden ventajas para la explotación laboral y otras consecuencias negativas a los intereses nacionales de trabajar por una Patria mejor. Por ejemplo, en cuanto a propiedad y uso de la tierra, mayor cantidad de suelos de vocación agrícola son adquiridos por nuevos propietarios nacionales y extranjeros, entre los que sobresale el empresariado inmobiliario, especialista en la ampliación de la frontera urbana tanto comercial como turística; y por añadidura, el principal obstáculo al ordenamiento territorial local, regional y nacional.

La hermosa Guanacaste, nos dicen que, demanda y tendrá más agua, pero al costo más elevado e injusto para los costarricenses a nivel financiero y ambiental; jamás será agua para los guanacastecos. Para ellos y en general para los costarricenses, quedará la deuda y más destrucción de la casa común. Quizás pocos territorios tienen hoy el grave desafío ambiental e injusticia sobre los pobres que habitan esta provincia, pues además de que ya le sobreexplotaron recursos como el agua potable, muchos de ellos hoy son verdaderos desplazados ambientales. Es decir, entre los pobres más abandonados y maltratados de este país, están gran parte de sus hijos todavía ahí residentes, quienes poco a poco siguen emprendiendo el viaje a la desesperanza desplazados de su tierra; mientras extranjeros y oligarcas nacionales, por tierra y aire, gracias a los gobiernos e intereses que representan, aceleran también su viaje en dirección inversa; pero con fines de ocupación.  

De tal manera que, bajo el nuevo modelo mercantilista por excelencia y eficiente en generación de miseria humana y ambiental; los pocos bienes y activos que todavía quedan bajo administración estatal, el gobierno y presidente de turno, como experto banquero de los organismos financieros para la dominación global, se propone rematarlos al mejor postor. Su justificación, es cohonestar a conveniencia de esas mismas entidades financieras, la deuda externa que hace mucho tiempo es inmoral e impagable. Observamos por lo tanto que, a pesar de los supuestos o no deslices del señor presidente, no ha dejado de trabajar para ellos.

En resumen, es claro que, en la carrera por “generar empleo” (entiéndase explotación laboral y concentración de la riqueza) para los pobres, en este mundo de la modernidad y también “felicidad tica”, no deben existir límites (regulaciones) de ninguna naturaleza. La apertura del país a los mercados mundiales así lo exige, y para ello, ejecutan una regresividad legalista como parte de la estrategia de “facilitación de trámites”, a través de la cual, requerimientos técnicos como los ambientales, de hecho son señalados como “cuellos de botella” a eliminar. Con estas políticas, trascendentales órganos técnicos como la SETENA, creados en su momento para procurar el desarrollo sostenible, además de que no la dejaron cumplir su función, ahí está, con su mismo equipamiento técnico, humano y físico de hace tres años, casi sólo esperando su dispersión o extinción final. Es parte de la lista entidades públicas a desaparecer según el funesto “Acuerdo Nacional” entre partidos políticos de hace ya cinco años; y con los mismos fines, está entre los órganos priorizados por el gobierno actual. Tómese en cuenta que, en julio del año 2019, más del 50 % de sus tareas principales fueron eliminadas vía decreto ejecutivo No. 41815-2019-MINAE. S-MOPT-MAG-MEIC. La administración Alvarado y sus acólitos la señalaron como el principal “cuello de botella” para la generación de empleo y el desarrollo nacional. Pero a pesar del retroceso ambiental que consolidaron, los empleos ni el desarrollo prometido llegó. Por el contrario, el desempleo aumentó e igualmente se multiplicó el trabajo informal y los daños ambientales; y a pesar de la “bondadosa ayuda gringa a la seguridad”, es irrefutable que, hasta el crimen organizado creció como el “empleo más calificado” según sus equipamientos e infraestructuras.

Y no obstante lo anteriormente descrito, es notable que la caótica situación que nos afecta es más profunda de lo que aparenta. Sin margen a la duda, es una bien definida crisis civilizatoria, para la cual, sólo recetan “más mercado y menos Estado”; condición propiciadora de un incesante bombardeo mediático de promoción al consumismo y endeudamiento individual o familiar a nivel estrangulante; obviamente, la deuda del Estado no es la única impagable. Debe repetirse que, están pagas. Un contexto en el que, es agravante la ausencia de principios éticos y morales, característica sobresaliente de esos grupos oligárquicos apoderados de nuestro Estado Social de Derecho y de Servicio Público. Régimen que, para la perpetuación de su poder absoluto, dispone y usa todo tipo de medios para desinformar, por ejemplo, mediante diferentes acciones que van dirigidas inclusive a generar odio y maledicencia contra los grupos sociales y políticos o también individuos que no comulgan con sus intereses. Conductas inhumanas que creíamos desterradas del mundo, pero que, de nuevo están resurgiendo tanto en Europa como en América, por ejemplo, en Brasil y el EUA anglófono.

Pero en Costa Rica también se dan señales al respecto, su presidente no hace mucho tiempo (https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/07/presidente-rodrigo-chaves-atiende-llamada-de-mandatario-ucraniano/…) declaró públicamente y al parecer conmocionado, que tuvo conversaciones amistosas con su colega ucraniano -personaje de muy discutida estirpe- mediante las cuales prometió apoyo a ese “líder y su pueblo que se defiende con las uñas”. Vaya hipérbole chavista, un Guinness 2022 que, de seguro pertenece a la “señora de Purral”. Por lo mismo y observando paralelismos, nos preguntamos insistentemente con cuáles atributos un comediante y figura de televisión o un agente de la banca mundial, de la noche a la mañana sin ninguna carrera política y sólo con estructuras partidarias sin trayectoria alguna más que dinero, montados en el caballo troyano de combate a la corrupción y dis que “Sluhá narodu Слуга народу”, irrumpen como presidentes de una Nación.

Por lo tanto, es conocido y evidente que, algo tampoco camina bien en los sistemas eleccionarios del mundo de los llamados países democráticos, razones por las cuales, en lo que al país nuestro corresponde, una justa precaución debe ser estar atentos a las actuaciones y otras señales del gobernante, entre ellas los encuentros de alto nivel con jefes militares y de inteligencia gringos, “donaciones para la seguridad”, así como el llamado a nuevos reservistas. Como que, aquí también se hace presente el acompañamiento del mismo padrino cuya bondad con el presidente y sus súbditos para blindarlos, dispuso una “ayudita” de varios cientos de miles de dólares; mientras para la reciente emergencia nacional por lluvias, de parte del mismo donante sólo llegó 40 mil dólares.

Al observar algunas acciones de los presidentes compinches, en tanto dicen que desarrollan políticas de “modernización” en sus Estados, y copiar entre ellos o acatar órdenes imperiales no les resulta difícil, especialmente si de seguridad se trata; siendo que en Ucrania opera el batallón Azov como brazo derecho del referido “líder”, surgen evidencias como para preguntarnos si también en Costa Rica, habrán creado con similar función algo al respecto. En cuanto a señales, corresponde también, analizar con especial atención un acto de evidente odio publicado el día 13 de noviembre 2022 como opinión de un medio digital costarricense, comentado por un batallón de troles dispuestos al linchamiento hasta ese momento verbal de un grupo de ciudadanos. A dicha opinión la titularon “El inmaculado Frente Amplio”.

Sin embargo, de lo que es público y conocido hasta hoy, es innegable que la agrupación a la cual se alude, opera legítimamente, declara que no comulga con el neoliberalismo, desde su significativa representación parlamentaria se muestra como la principal fuerza que opone resistencia al gobierno; y tanto a sus jóvenes diputados como dirigentes partidarios, no se les conoce procesamientos penales por corrupción u otros hechos delincuenciales. Obviamente no son una perfección humana, pero, difícilmente en el mismo ámbito parlamentario, otra agrupación política y sus dirigentes de los allí representados tienen igual trayectoria. Pero, para un régimen plutocrático como el que se ha instaurado y gobierna, es claro quiénes son sus enemigos a hostigar o extinguir en nombre de la democracia y por el medio que sea. Inclusive, sus amigos o colaboradores de hoy, en cualquier momento hasta de “eventuales delitos criminales” se les puede acusar; así sea que actúen bajo el ordenamiento legal, pero no del presidencial (crhoy.com; 09/12/2022). A eso parece contribuir “el mundo de C R” y probablemente, si son también cuestionados, alegarán censura a la “nueva libertad de prensa”.

 

Imagen ilustrativa.

Un siglo de explotación laboral y una continuidad de diversas formas modernas de trabajo forzoso en la agroindustria costarricense

Información compartida con SURCOS por Maikol Hernández Arias

Durante más de cien años los trabajadores agrícolas han sido sometidos a condiciones de trabajo inaceptables por parte de las compañías extranjeras que en complicidad con el Estado costarricense, se apropiaron de las mejores tierras del país. ¿Por qué hoy prevalecen condiciones de trabajo semejantes a las de hace un siglo? ¿Por cuáles razones, después de tantos avances en instrumentos internacionales de derechos humanos, la realidad laboral sigue siendo muy semejante a la de un siglo atrás?

El 16 de noviembre de 2020, Costa Rica ha depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, convirtiéndose en el 47° país que ratifica el Protocolo a nivel mundial y el quinto a nivel de la región de América Latina y el Caribe.

Por otra parte, ha pasado más de un siglo del Convenio 11 de la OIT sobre el derecho de asociación sindical de los trabajadores agrícolas, y a pesar de ello, no ha sido posible que estos puedan organizarse en sindicatos. Fueron las administraciones a partir de la década de los años ochenta las responsables de la desarticulación del sindicalismo agrícola y la eliminación de toda forma de negociación colectiva. Esta fue sustituida por organizaciones solidaristas y comités empresariales de trabajadores denominados comités permanentes. Estos últimos en supuesta representación de los trabajadores sustituyen a los sindicatos y firman arreglos directos. Las empresas transnacionales no permiten la negociación colectiva y apenas dejan existir algunos sindicatos para dar la apariencia que permiten la libertad sindical.

A pesar de la ratificación de los Convenios de OIT, números 11, 87 y 98 sobre libertad sindical y el Convenio 30 y su protocolo, no existen políticas eficaces para acabar con las formas de trabajo forzoso, prevalece la explotación de los trabajadores con mayor repercusión en migrantes, mujeres y niños y otros grupos vulnerables. 

El Protocolo requiere que los Estados adopten medidas efectivas para prevenir y combatir el trabajo forzoso, incluido el trabajo por servidumbre de deudas, el trabajo doméstico forzoso, o la trata de personas, y para proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas, tales como una indemnización. Sin embargo, el acceso a la justicia está muy limitado, resulta oneroso y esto se agrava cuando se trata de poblaciones en situación de pobreza y marginalidad, como lo es la mayoría de los trabajadores agrícolas del país.

El trabajo asalariado ha estado concentrado desde finales del siglo XIX en los productos agrícolas de exportación, especialmente banano, café, caña de azúcar y más recientemente palma aceitera, piñas y otras frutas tropicales. Así se formó el proletariado agrícola que ha trabajado para los latifundios y empresas transnacionales que se fueron apropiando de las mejores tierras del país y construyeron sus propios enclaves sin fiscalización estatal. 

En las zonas de enclaves agroindustriales, las personas tienen imposibilidad de acceder a la educación formal superior y a la formación profesional, debido a la inexistencia de las instituciones públicas en estas regiones.  Situación que provoca que los niveles educativos sean bajos y de esta forma garantiza el relevo generacional de mano de obra en condición de vulnerabilidad. Aprovechando su condición de únicos empleadores en las comunidades, los jóvenes solamente tienen la oportunidad laboral en la agroindustria. Esta es una realidad perversa. 

Las plantaciones afectan además la agricultura de producción de alimentos de los costarricenses, fueron cosechados con trabajo familiar de un sector de campesinos pobres, que muchas veces no cuentan con los medios para impulsar empresas agrícolas exitosas. Muchos de ellos ocupan mano de obra temporal en cosecha, y los propios miembros de la familia incluidos los niños y las niñas.

En el café, estos campesinos, con la orientación del Estado logran organizarse en cooperativas y vincularse al comercio internacional, conformando una clase media campesina. Los avances educativos y sanitarios promovidos por el Estado costarricense le permitirán junto al café, construir condiciones de vida y trabajo diferenciadas de los asalariados agrícolas.

Los trabajadores ocupados en las empresas agroindustriales donde la explotación capitalista impuso las condiciones de trabajo, un siglo después se encuentran en condiciones de miseria, sin posibilidad de tener acceso a la tierra y menos aún de aprovechar el desarrollo logrado por el país en materia de salud, educación y condiciones de vida.

Si los comparamos con otros sectores económicos, los trabajadores agrícolas están débilmente protegidos por las leyes laborales nacionales. En algunos casos esto se debe a que el alcance de la legislación es muy limitado para orientar las relaciones laborales, en donde prevalecen prácticas históricas de explotación y trabajo forzoso, que supone la explotación del trabajo de las mujeres, niños y niñas, población migrante y trabajadores indígenas.

En Costa Rica la legislación de protección simplemente no se cumple y las instituciones estatales son omisas o carecen de políticas públicas eficaces, porque prevalece la protección de estas empresas transnacionales, sus negocios, sobre los derechos laborales, la salud y el medio ambiente.

Además, la aplicación de la legislación, en general, es una problemática en las zonas rurales, donde los trabajadores, muchos de ellos migrantes, no están familiarizados con los detalles de la ley. Incluso cuando existe una legislación específica sobre jornadas de trabajo, salarios y formas de pago, contratación y alojamiento, mientras que la inspección y la aplicación tiende a ser débiles o inexistentes. 

En el caso de las mujeres, la explotación se agrava por las distintas formas de violencia a que son sometidas. La mayor parte de las asalariadas agrícolas se caracteriza por la mala calidad de los empleos que se les ofrece, lo cual, redunda en los altos niveles de pobreza que persisten entre los trabajadores agrícolas.

Las mujeres no se encuentran en ningún puesto de mando. En la práctica realizan las mismas labores pesadas al igual que los demás trabajadores. Las líneas de ascenso no existen. No se regula en los acuerdos directos nada que tenga que ver con igualdad de género.

En este contexto se da mucha agresión sexual y contra el derecho a la intimidad de las trabajadoras. Los servicios sanitarios no están diferenciados ni existen en el campo. Las mujeres deben realizar sus necesidades fisiológicas en zanjas en condiciones humanamente inaceptables.

En cuanto a la salud laboral no se toman previsiones por su condición de mujeres. Deben trabajar con la misma intensidad que se les exige a sus compañeros de trabajo pues el pago es a destajo, el monto del pago depende del cumplimiento de la tarea asignada.

Sus empleos son mal remunerados y los salarios no les permiten satisfacer sus necesidades mínimas, a pesar de cumplir con extensas jornadas de trabajo. No obstante, estas condiciones, sus aportes son fundamentales para superar la pobreza del hogar. 

En estos escenarios se trabaja para comer y no para vivir, reproduce al mismo tiempo una mano de obra que desde muy joven se engancha en el mismo estilo de vida, con los mismos patrones culturales y con un futuro de limitaciones fácilmente pronosticable. Aparte en la importante población migrante en la agricultura, muchas son víctimas de explotación y trata de personas.

Las tarifas salariales fijadas a las labores por destajo las imponen las empresas sin que medie tutela del Estado o el Consejo Nacional de Salarios. Las fórmulas utilizadas para fijar estas tarifas son desconocidas por los trabajadores y por el mismo gobierno. Situación que coloca a los trabajadores en estado de indefensión, ya que deben ejecutarlas al ritmo e intensidad que unilateralmente le imponga el patrono. Desde nuestro punto de vista, el salario a destajo es el principal riesgo de trabajo, ya que arrastra a los trabajadores a realizar sobre esfuerzos, exponerse a riesgos y desgastarse físicamente de forma acelerada.

Podemos afirmar que el poder de las transnacionales agroindustriales no permite ningún nivel de inspección o control por parte del Estado costarricense y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la administración de justicia, tampoco constituyen un límite para su violación de los derechos laborales y el trabajo forzoso, y por tanto realizan sus infracciones a las leyes y normas constitucionales con absoluta impunidad. Esto quedó demostrado durante la reciente pandemia de COVID-19 donde muchas empresas agroindustriales propiedad de transnacionales no permitieron el ingreso de autoridades de salud.

Así, por ejemplo, persiste el trabajo infantil, les retienen documentos a los trabajadores migrantes y los hacinan en cuartuchos, les cobran el transporte hasta la finca donde ese día laboran. También deben comprar su alimentación o prepararla en lugares insalubres. 

Los trabajadores y trabajadoras están por su cuenta sin una participación activa del Estado en materia de control de la salud laboral. Adolecen de agua potable y hasta se les sanciona por exigirla, trabajan largas jornadas bajo el sol, siendo personas iletradas riegan venenos, los trabajadores indígenas de las bananeras suscriben sus contratos de trabajo en idioma español aún y cuando no lean este idioma. No podemos omitir en este documento, la forma indiscriminada con que se vierten los agrotóxicos en la tierra, se contaminan los ríos, se talan los bosques, se enferman los vecinos, sufren los animales y se afectan de forma indirecta a los pequeños agricultores de las comunidades quienes padecen los efectos de plagas y reducción de tierra. 

El Estado es un gran ausente. El acceso a la salud, a la justicia y la inexistencia de controles en materia de inspección de trabajo para que se pague la seguridad social afecta gravemente las condiciones de trabajo que resultan indignas. Frente a todo esto los trabajadores y trabajadoras se les niega el acceso a la justicia, no solo porque para plantear una demanda laboral requieren contratar la asistencia legal de un profesional, lo que resulta costoso o significa disponer de la mitad de los que se le vaya a indemnizar, sino porque los juzgados están muchas veces a distancias importantes de los lugares donde se ubican las empresas. Esto afecta las denuncias administrativas y judiciales de riesgo de trabajo facilitando la impunidad empresarial.

Más grave aún, persisten condiciones favorables a la trata de personas por las migraciones descontroladas y la inacción del Estado y sus autoridades. Muchas de estas empresas están ubicadas a ambos lados de la frontera con Nicaragua y Panamá, y miles de trabajadores deambulan sin que existan estrictos controles fronterizos porque rigen las normas de libre circulación sin requisitos que exigen estos enclaves territoriales donde se siembran los monocultivos.

Todo esto sucede en un país donde las leyes, tratados y convenios internacionales, son letra muerta, mientras los trabajadores no pueden organizarse libremente en sindicatos. Mientras los sindicatos no operen con libertad en la agroindustria costarricense, seguirá imponiéndose la esclavitud y la violación a los derechos humanos.

El señor y la señora, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAGH) y Dania Bando Castillo, secretaria general adjunta, en el marco de la reunión sindical con Tomoya Obokata, Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, alzan la voz sobre las empresas agroindrustriales multinacionales y los mecanismos que utilizan estas para violentar los derechos humanos de los trabajadores, la forma en que estos afectan a las comunidades y el impedimento de la libertad sindical, esto ultimo es relevante pues sin libertad sindical no hay forma de revertir o luchar contra las nuevas formas de esclavitud en Costa Rica, según lo dicho por los representantes de la FENTRAGH. 

Otros temas que se presentaron en la reunión fueron los de trabajadores migrantes, indígenas y el trabajo infantil en las agroindustrias. El tema de los migrantes es complejo pues estas poblaciones son invisibilizadas, y se les niega todo tipo de derecho laboral. La discriminación en la población indígena se presenta por medio de contratos en español, idioma que no manejan. 

Experto sobre las formas contemporáneas de la esclavitud visita Costa Rica

GINEBRA (10 de noviembre de 2022) – El Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, realizará una visita a Costa Rica del 16 al 25 de noviembre de 2022.

Durante la visita, el experto examinará casos de explotación laboral que pueden equivaler a trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre en diversos sectores de la economía como la agricultura/agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico. Obokata también evaluará en qué medida prevalecen las peores formas de trabajo infantil en el país y qué medidas han tomado el Gobierno y las empresas para eliminar estas prácticas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen a los Estados de «adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de seres humanos y garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.»

«Al convertirse en un país «Pathfinder» en el marco de la Alianza 8.7, Costa Rica se comprometió a acelerar la acción en este sentido y deseo evaluar qué progresos se han realizado para poner fin a la esclavitud en el país, cuáles son los desafíos restantes y qué más se necesita para poner fin a las prácticas similares a la esclavitud, incluso en el sector privado», dijo Obokata.

El Relator Especial pasará un tiempo en San José y Los Chiles, y se reunirá con funcionarios del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, representantes de la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos, organizaciones internacionales y miembros de la comunidad diplomática.

Obokata compartirá sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa híbrida el 25 de noviembre en la Casa de la ONU, Oficentro La Virgen No. 2, Zona Industrial, Pavas, San José, a las 10 A.M hora local. El acceso estará estrictamente limitado a los periodistas.

El Relator Especial presentará un informe completo al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2023.

FIN

El Sr. Tomoya Obokata fue nombrado Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en marzo de 2020. El Sr. Obokata es un estudioso japonés del derecho internacional y los derechos humanos, especializado en la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas y la esclavitud moderna. Actualmente es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de York, y anteriormente enseñó en la Universidad de Keele, en la Universidad de Queen’s Belfast y en la Universidad de Dundee (todas ellas en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

 

Fuente: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/11/un-expert-contemporary-forms-slavery-visit-costa-rica

Agroindustria costarricense teñida de esclavitud moderna

Uno de los sectores en los que se presentan violaciones a los derechos de las personas trabajadoras es la agroindustria y en Costa Rica se han denunciado situaciones en cultivos de la palma. (Foto: Cortesía FENTRAG).

Por María Núñez Chacón

Conozca en esta entrega algunas de las prácticas en las que incurren empresas de la agroindustria, a través de las cuales violentan los derechos laborales de sus trabajadores.

Pensar en esclavitud en Costa Rica pareciera imposible, sobre todo porque es una nación que se jacta del respeto a los derechos humanos, al cumplimiento de las normativas laborales y cuido al medio ambiente. Pero detrás de algunos negocios se esconden historias de trabajo forzoso, de explotación laboral, de graves padecimientos y enfermedades producto de la contaminación o exigencia de trabajo sin descanso y en condiciones insalubres.

La agroindustria costarricense tiene matices de trabajo forzoso, algo inimaginable para los mercados europeos o estadounidenses que consumen las deliciosas frutas que se exportan, con la promesa de hacerlo desde el respeto de los derechos laborales y las más altas normas de calidad.

Semanas atrás, UNIVERSIDAD participó de un encuentro con trabajadores de distintos sectores productivos del país, quienes relataron las principales prácticas que se realizan en los monocultivos ubicados en varios puntos país, donde las personas trabajadoras deben adaptarse o perder sus empleos, y en zonas rurales de gran vulnerabilidad económica, con altísimos niveles de pobreza y poco desarrollo económico, es un lujo que pocos están dispuestos a tomarse, a costa de su salud y su bienestar mental, físico y emocional.

En la actividad se conoció a profundidad una serie de denuncias sobre irrespeto a los derechos laborales, explotación laboral y exposición a productos dañinos para la salud como parte de los abusos en los que incurren compañías en las plantaciones de piña, banano y palma.

Según explicó Frank Ulloa, abogado laboralista y asesor de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA), una de las organizadoras del evento, han recibido muchas quejas y denuncias de personas que trabajan en las plantaciones agroindustriales del país por las malas prácticas de higiene, salud y seguridad laboral

“En muchos casos contratan a las personas a través de terceros, los contratos se realizan cada cuatro o cinco meses, si se organizan en sindicatos no los vuelven a contratar y en muchas ocasiones buscan migrantes que no conocen la legislación. Hacen arreglos directos con los comités de trabajadores ーque son nombrados por las mismas empresasー; en ciertas actividades como la caña y otras duermen en pocilgas, hacinados y si se accidentan lo manejan como una enfermedad común, evitan a toda costa enviarlos al Instituto Nacional de Seguros y los que se accidentan tratan de pagarles las prestaciones para que se vayan de la empresa”, detalló Ulloa.

Frente a esta realidad, están desarrollando una denuncia ante la OCDE y otros organismos internacionales, para evidenciar a todas las empresas que incurren en estas violaciones y simultáneamente iniciarán una campaña internacional para informar, tanto a las compañías compradoras como a los consumidores y sindicatos de las condiciones en que se producen la piña, la palma, el banano, la caña y otros.

Por su parte, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales (FENTRAG) explicó que en estos monocultivos se mantienen condiciones de explotación, y las empresas que dominan estos cultivos violan la normativa laboral y ambiental con absoluta impunidad por falta de la inspección del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Para nadie es un secreto que las multinacionales que controlan la compra de productos agroindustriales, la producción y la comercialización operan dentro del país como estados independientes. La institucionalidad pública no funciona para controlar las estrategias que imperan en estas compañías, por eso no hay suficientes denuncias, juicios o sentencias en contra de éstas, violan derechos humanos, violan la institucionalidad, fijan salarios a su antojo, imponen cargas de trabajo… es una instauración de esclavitud moderna”, condenó Hernández.

Las historias abundan, todas con un denominador común, son personas que dejan su salud, su bienestar y muchas veces su vida, en los campos de cultivos de productos que son vendidos en el exterior bajo sellos de calidad y responsabilidad social; mientras que ellos y sus familias viven en una cadena de trabajo forzoso, sin oportunidades para dedicarse a ninguna otra labor.

Explotación salarial

Se deben recolectar 320 kilos para ganarse los 11.000 colones por día”.

Obeth Morales Barquero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) contó que las empresas el sistema de salario por destajo (remunerar a los trabajadores por unidad de obra realizada o servicio prestado).

Con esta metodología la compañía establece una fórmula para calcular los salarios, que implica imponer un ritmo, magnitud y cargas de trabajo que llevan a los trabajadores a autoexplotarse por 3.000 o 4.000 colones de más al salario de ley, trabajando más horas de las recomendables, algo que al final trae consecuencias graves e irreversibles en la salud.

“Ese mecanismo lo establece de manera unilateral el empleador, sin tener en cuenta a las organizaciones laborales, aunque estamos en contra del sistema, al menos quisiéramos ser parte de este proceso de definición, saber los parámetros que usa la empresa para definir la tarifa, porque no siempre es igual”, indicó.

Francisco (nombre ficticio para guardar la confidencialidad del entrevistado) es un trabajador de cultivos de piña y contó a UNIVERSIDAD que hace unos cuatro años lograban hacer unos 17.000 colones diarios en una jornada de 8 horas, deshierbaban constantemente el terreno, les daban sueros o hidratantes, tenía agua, carretas y un bus a disposición para movilizarlos. Hoy las condiciones han cambiado.

“Hoy ganamos unos 14.840 colones al día en jornadas exhaustivas, pues ha bajado la densidad de la semilla, aunque aseguran que con el salario por destajo podemos hacer tiempo extra si lo deseamos, lo cierto es que si no cubrimos la cuota en la jornada ordinaria nos amonestan y uno termina tan agotado que llega a la casa sin querer siquiera hablar con nadie”.

Dania es trabajadora en cultivos de palma y aseguró que también tienen problemas con el salario por destajo. “No sabemos el mecanismo que usan las empresas para establecer los salarios por jornadas, se deben recolectar 320 kilos para ganarse los 11.000 colones por día del salario mínimo, cuando la producción es alta es posible sacar esa cantidad a las 11 de la mañana, queda tiempo para sacar un poco más y tener un salario más decente, pero cuando está baja la jornada acaba y no se logra la meta”.

El problema, manifestó la trabajadora, es que la empresa debe reconocer el salario mínimo y si no es posible sacar la cuota dos o tres veces por semana, la empresa amenaza por bajo rendimiento y tampoco hacen la diferencia entre personas adultas y jóvenes, todos deben sacar los mismos 320 kilos de coyol.

¿Salud y seguridad en el trabajo?

Debemos cubrirnos entre nosotras para orinar o cambiarnos las toallas”

Ana es otra trabajadora de un monocultivo, específicamente de la piña, y reconoció que las condiciones de salubridad son pésimas. En los cultivos no hay baños cerca, por lo que deben hacer sus necesidades fisiológicas en zanjos.

“En ocasiones hay una cabaña, pero siempre está tan sucia que es imposible usarla, entonces la opción son los zanjos, las mujeres lo sufrimos aún más porque debemos cubrirnos entre nosotras para orinar o cambiarnos las toallas cuando estamos con la menstruación, de lo contrario debemos esperar hasta el mediodía para ir a la orilla de la montaña o a la lavandería”.

Otro problema, dijo Francisco, es que para sacar las cuotas de producto es necesario salir a trabajar al campo, dejar el bolso en las instalaciones principales, trabajar sin descansar, ni tomar agua fresca y con las altas temperaturas a las 8 de la mañana la que llevan es imposible de consumir. “Hay que trabajar, dejar el bolso lejos, sin descansar ni tomar agua para poder sacar la cuota, de vez en cuando nos dan una hielera una vez al mes, cuando uno exige un hidratante le dan uno, pero hay que rendirlo cuatro días”.

“Es una forma nueva de esclavitud, las empresas se aprovechan de las necesidades de las personas, que no tienen muchas oportunidades de empleo, con salarios bajos y cuando ya estamos muy enfermos o no les servimos nos sacan”, concluyó Dania.

No se pierda la segunda entrega de este reportaje, con historias sobre la esclavitud moderna en Costa Rica.

 

Trabajo periodístico de María Núñez Chacón del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Maikol Hernández.

Bajo la inspiración de Marcus Garvey, Pablo Presbere y Martin Luther King en Limón vamos por un sueño…

Hace 313 años se escuchó en estas montañas el grito de rebelión de los grandes líderes indígenas Pablo Presbere, bribri y Pablo Comesala, cabécar, y se enfrentaron valientemente al ejército español.

Hace 112 años, en 1910 Marcus Garvey llegó a Limón y denunció las graves condiciones de pobreza y faltas de oportunidades en que vivían miles de familias negras en esta provincia. También, a partir de su estadía en Costa Rica empezó a entender la situación pobreza y explotación en que vivían los trabajadores blancos, indígenas y mulatos en toda América Latina. Garvey se convirtió en un hombre universal.

Hace 58 años, en 1964, otro gran dirigente negro llamado Martín Luther King lanzó al mundo su gran manifiesto: «Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas».

Después de tantísimos años, de tantas luchas, de tantos movimientos heroicos, el sueño de estos líderes no se ha cumplido. LIMÓN SIGUE EN POBREZA, EN ABANDONO. ¿De qué valió tanto esfuerzo y dedicación de nuestros próceres Presbere, Garvey y Luther King?

En Limón seguimos siendo la provincia más pobre del país. Los gobiernos, a los que los limonenses tan generosamente les dan sus votos cada cuatro años, no atienden nuestras necesidades, y cuentan con el apoyo (pocos, por dicha) de algunos malos limonenses que por lentejas venden sus conciencias. Los gobiernos y ministerios no solamente no promueven el empleo, sino que lo quitan. Desde hace años vienen desmantelando JAPDEVA. Rodrigo Chávez acaba de despedir 74 guarda en esa institución. La Ruta 32 es un verdadero desastre y los chinos más bien están demandando al Estado. Desde hace 20 años no se construye un solo proyecto de vivienda en el distrito de Limón, el agro, la estiba, el ferrocarril, las indemnizaciones a los afectados por Nemagon, el apoyo a las Barras, a las cooperativas, tierra, titulación, distribución justa del canon, agua potable, son cuentas pendientes con los limonenses y vamos a luchar por ellas.

Hoy 29 de octubre nos sentimos orgullosos de unirnos a esta gran consigna LIMÓN SE UNE. Con fuerza, con dignidad le vamos a demostrar al goierno que el ejemplo de Pablo Presbere, Marcus Garvey y Marthin Luther King no ha será en vano.

¡¡¡DE PIE LIMONENSES!!!

Por Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

Comité de Limón: Tanely Johnson Taylor, Mauricio Barquero Mora

Presidente: Orlando Barrantes

 

Imagen ilustrativa.

Trabajadores agroindustriales denunciarán ante la OCDE violaciones laborales

La Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales (FENTRAG) acudirá ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para denunciar las consecuencias ambientales y laborales de la expansión de empresas agroindustriales que no respetan la legislación y explotan a los trabajadores y trabajadoras al someterlos a ritmos y condiciones de trabajo que afectan su salud.

Denunciarán además que dichas trasnacionales mantienen prácticas inaceptables como la utilización de agrotóxicos que envenenan mantos acuíferos y afectan a las comunidades. Así lo informo Maikol Hernández Arias, Secretario General de la FENTRAG quien participa junto con trabajadores de diversos sindicatos agroindustriales, este jueves y viernes, en el taller sobre “Salud, condiciones de trabajo y medio ambiente en la agroindustria costarricense”, en el auditorio del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (AFINES) en San José.

El taller cuenta con la participación del Dr. Clemens Ruepert, experto de la Universidad Nacional que ha estudiado la contaminación irreversible de los mantos acuíferos como resultado de la utilización de pesticidas utilizados en la producción piñera.

De acuerdo con Ruepert desde, hace dos décadas, equipos interdisciplinarios compuestos por ingenieros agrónomos, economistas agrícolas, microbiólogos, químicos y biólogos de las universidades públicas han realizado estudios en las localidades productoras de piña de la zona sur y la zona norte para determinar la presencia de plaguicidas en el medio ambiente, afectando gravemente este recurso.

Por su parte el representante de FENTRAG detalló que la contaminación en las zonas productoras de piña afecta a los trabajadores y trabajadoras que viven en las zonas aledañas y a las comunidades campesinas que tienen que soportar plagas, la contaminación de mantos acuíferos y se exponen a los abusos en el riego de agroquímicos.

Por lo anterior las comunidades y sindicatos agroindustriales se manifiestan en contra de quienes siembran piñas destruyendo bosques primarios y fuentes de agua, pues esta actividad impacta negativamente en todo el ecosistema.

Costa Rica se incorporó a la OCDE, desde el 25 de mayo del 2021, y asumió como país miembro una serie de compromisos éticos y ecológicos en la forma de orientar el desarrollo productivo.

Además, recientemente el país ratificó el protocolo contra el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Igualmente, las empresas que están en nuestro territorio deben cumplir con los estándares internacionales que se auto imponen en sus códigos de ética.

Hernandez detalló que, en nuestro país, se mantienen condiciones de explotación donde muchas de las empresas transnacionales que dominan estos cultivos violan la normativa laboral y ambiental con absoluta impunidad por falta de la inspección del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Ante esta situación denunciaremos ante la OCDE y otros organismos internacionales, a todas estas empresas y simultáneamente Iniciamos una campaña internacional para informar a las empresas compradoras como a  los consumidores y sindicatos las condiciones en que se producen para que muestren su indignación y exijan al gobierno de Costa Rica cumplir con el protocolo contra el Trabajo Forzoso ratificado por Costa Rica así como también con los estándares ecológicos establecidos por Naciones Unidas.

FENTRAG forma parte de la Rel que es la regional latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Agroindustria y la Alimentación con sede en Ginebra Suiza; la actividad cuenta con el acompañamiento de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

Un genocidio silencioso

Foto: Gerardo Iglesias.

Piñas tóxicas, trabajo precario y comunidades agredidas

El cultivo de la piña en Costa Rica debe regularse, tanto en relación al uso de agrotóxicos como para prevenir formas de explotación laboral a los trabajadores y sus familias, en su mayoría migrantes.

Frank Ulloa

A los trabajadores agroindustriales no solo se les pagan bajos salarios y se les niegan libertades sindicales. También se les extermina de manera silenciosa, y al final es el Estado quien debe asumir la atención en salud pública.

Las autoridades del Estado deben mantener un compromiso ético de publicar información considerada relevante para el resguardo de la salud de las personas, pero las organizaciones sindicales tampoco pueden callar, aunque a veces estos temas ambientales no son su prioridad.

Las consecuencias para la vida humana de la expansión descontrolada de la piña son nefastas.

El Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica ha dado cuenta de la gravedad de esta situación.

Desde 2015 ya se tenía evidencia de que el agua de muchas comunidades estaba contaminada, pero esto no se reportó públicamente hasta el 14 de junio de 2018.

Ahora el tema se complica cuando las transnacionales impiden el acceso a las fincas en nombre del sacro santo derecho de propiedad, al que colocan por encima del derecho a la vida.

Muchas de estas empresas están certificadas. El sistema judicial puede actuar de oficio, pero no lo hace. Y todos callan.

Es un secreto a voces que muchos de los 32 puntos de muestreo están contaminados con herbicidas como Bromacil, Ametrina, Diuron y Hexazinona y fungicidas como Metalaxil y Carbendazim.

Algunos de esos sitios son fuentes de agua para consumo humano de comunidades pertenecientes a Pital, Agua Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto.

Desde Rel UITA y FENTRAGH debemos profundizar la lucha contra la utilización continuada de productos prohibidos en el país, el uso indiscriminado de agrotóxicos y el doble discurso de las transnacionales.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/un-genocidio-silencioso/

Sobreexplotación y autoengaño a la vez

Foto: Gerardo Iglesias.

El salario a destajo en la piña

La reciente nota de Frank Ulloa sobre el pago por rendimiento tuvo una extraordinaria repercusión. Ahora el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) suma sus críticas a la forma de pago de salarios por destajo. Es inadmisible, dice en esta columna Obeth Morales Barquero, secretario general del gremio.

Obeth Morales

Si el trabajador acepta esta forma de pago se está autoengañando, y por ende autoexplotándose laboralmente, mordiendo el cebo del empresario al trabajar a un ritmo y una intensidad por encima de lo que debería ser normal.

Esa modalidad trae a corto plazo perjuicios para la salud de los trabajadores. Lo vemos en la piña, concretamente en los problemas de columna, desgaste en brazos, muñecas, rodillas entre otros, producto de los movimientos repetitivos y la intensidad.

Las grandes empresas obtienen resultados y los trabajadores en la mayoría los casos terminan siendo atendidos por la Caja Costarricense de Seguro Social porque el empleador no garantiza siquiera la atención por medio del Instituto Nacional de Seguros, ya que esto aumentaría el costo de las pólizas.

Los empleadores (léase empresas transnacionaels) evitan la atención de sus empleados en el INS afirmando que no existe nexo de causalidad entre los padecimientos y las labores que desempeña el trabajador.

Precarización y explotación

Tenemos el caso concreto del departamento de deshije*. La empresa ha decidido tramitar amonestaciones y despidos por supuestos bajos rendimientos de trabajadores, siendo que la realidad es que cuando determinó de manera unilateral las tarifas por destajo, hace más de cinco años, las condiciones eran más favorables para el trabajador y la trabajadora.

Con el paso de los años las labores se han precarizado, motivo por el cual el rendimiento de los trabajadores no es el mismo, a pesar de que laboran con mayor intensidad y ritmo.

En Costa Rica el Consejo Nacional de salarios es el órgano competente para fijar los salarios del sector privado. Sin embargo, los pagos por destajo son establecidos de manera unilateral y arbitraria por el empleador.

Las representaciones sindicales ni siquiera son informadas sobre las fórmulas, los procedimientos y los parámetros utilizados. Y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es permisivo y tuerce la vista.

La productividad aportada por los trabajadores y trabajadoras que laboran bajo esta forma despreciable de trabajo no es proporcional ni racional al salario que reciben.

En una ocasión me informó el MTSS que ellos no podían hacer nada porque el salario estaba sobre el mínimo, o sea que las “autoridades” de gobierno permiten la explotación laboral siempre y cuando se garantice el pago del salario mínimo de ley.

Y aun me queda la duda si en el país se está pagando realmente el salario mínimo al comparar la distribución de la riqueza con la productividad del trabajador.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/sobreexplotacion-y-autoengano-a-la-vez/

El deterioro acelerado de la salud humana

Foto: SITRAPA

Consecuencias del pago por rendimiento

La otra cara del pago por rendimiento es el rápido deterioro de la salud de las personas que trabajan en la agroindustria. El avance del extractivismo agroingustrial en Costa Rica, expresión de la modernidad insostenible, depredadora y colonial, consolida sistemas de trabajo que expresan una alta precariedad.

Frank Ulloa Royo

Veamos un primer ejemplo: la labor de cosechar el coyol* de la palma aceitera esparcido en el suelo, es un trabajo muy duro y esencialmente femenino. El sindicato inicialmente denunció la falta de condiciones higiénicas en las fincas, pero este fue el primer paso.

Esta labor se ejecuta en las fincas, a la intemperie, bajo el sol y con mucha intensidad de trabajo para completar tareas y metas.

Se trata de un trabajo riesgoso, sujeto a múltiples lesiones, picaduras de serpientes, donde también inciden negativamente la forma de organización y las cargas de labor repetitivas.

Las trabajadoras deben caminar por espacios de ocho hectáreas cuando hay poca fruta y permanecer agachadas recogiendo el producto durante toda la jornada. Transportar luego los sacos hasta la carretera, adonde los recoge un mulero con la carreta, a pesar de las limitaciones que establece el Convenio 127 de la OIT sobre peso máximo.

En la Compañía Coto 54, vinculada a la empresa Palma Tica, las trabajadoras empacan sacos de al menos 30 kilos de coyol. La meta mínima es de 320 kilos para completar su salario diario de 10.853 colones (unos 15 dólares diarios o 90 dólares semanales). Si no completan los 320 kilos pueden ser sancionadas.

Cambio salud por dinero
 
Para ganar más que el mínimo hay que recoger kilos adicionales a razón de 32 colones por kilo. Cada kilo adicional es un desgaste mayor después de muchas horas de trabajo.

Por esta forma de pago las trabajadoras intercambian salud por dinero al someterse a las reglas unilaterales de la empresa en cuanto a la intensidad del trabajo. Lo aceptan porque necesitan el empleo al no tener otras alternativas laborales en regiones dominadas por el monocultivo de la palma.

Estas tierras fueron concesionadas a la United Fruit Co. por el gobierno de Costa Rica para favorecer la colonización en su momento. Las empresas las han explotado, junto con sus gentes, por más de cien años y hoy es la segunda región más pobre y desigual del país.

La relación entre trabajo y salud sugiere que las cargas laborales, los patrones de desgaste asociados a la producción, la exposición a altas temperaturas y agrotóxicos, además de la intensificación productiva derivada de la forma de organización, afectan significativamente la salud de los trabajadores de la agroindustria de palma.

Fuera de la ley

Las trabajadoras, casi sin excepción, padecen en poco tiempo dolores osteomusculares (hombros, rodillas, columna y otros).

Los trabajadores del sector deberían ser cobijados por un régimen especial de protección conjugado con políticas de prevención en salud y seguridad en el trabajo y cobertura de protección social.

El trabajo a destajo o por rendimiento debe ser prohibido por las autoridades laborales. Los arreglos directos no son medios idóneos para crear normas y establecer las tarifas. Estas pierden vigencia rápidamente y las trabajadoras son sometidas a explotación laboral y trabajo forzoso, mientras las autoridades vuelven la vista para el otro lado.

Un estado ausente y cómplice

La legislación no regula las cargas y tampoco contempla normativas en cuanto a los pesos, movimientos repetitivos e intensidad del proceso de trabajo que puede realizar una trabajadora o trabajador en el desempeño de su labor.

Si bien la salud ocupacional es de interés público la labor preventiva en esta materia es nula. Menos aún la inspección de autoridades en cuanto a cargas e intensidad del trabajo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debería prevenir todo daño que pueda ser causado a la salud, proteger a las trabajadoras y los trabajadores y mantenerlos en un empleo congruente con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas, según lo determina el Código de Trabajo.

El sindicato SITRAPA, así como la federación (FENTRAGH) y la Rel UITA, continuarán con las denuncias para eliminar el trabajo a destajo en la agricultura porque esta forma de pago es propia del trabajo forzoso y el país ratificó recientemente el protocolo contra estas formas de explotación laboral.

*Nota del Editor: El coyol es el fruto de la palmera que se cae al piso cuando se tiran los grandes racimos y que luego deben ser recogidos. Para ello las trabajadoras deben agacharse realizando movimientos repetitivos a lo largo de la jornada laboral, sin pausas para cumplir con las metas impuestas por el empleador y con consecuencias directas para su salud.

Fuente de información: http://www.rel-uita.org/costa-rica/el-deterioro-acelerado-de-la-salud-humana/

¡No más trabajo ni explotación infantil! Láminas para dialogar

Este 12 de junio la compañera María Trejos Montero nos comparte este proyecto de material didáctico 1, titulado “No más trabajo ni explotación infantil: Láminas para dialogar”, de la serie “Aprendo feliz”.

En este material, se presentan imágenes y se proponen actividades para abrir la discusión sobre la explotación laboral de niñas y niños.

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.