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Etiqueta: extensión social

UNA comunidad universitaria al servicio de Costa Rica

Efraín Cavallini Acuña.

Por: PhD. (c) Efraín Cavallini Acuña
Candidato
Representante Administrativo
Consejo Universitario -2024-2029

La renovación de la Universidad Nacional implica una evaluación sustantiva de su ámbito de trabajo, de la calidad de sus servicios, de sus principios rectores, así como del fortalecimiento de su infraestructura, de su proyección y presencia nacional e internacional, que compromete a quienes formamos parte  de la comunidad universitaria a un esfuerzo extraordinario, para hacer realidad los nuevos principios éticos, medioambientales, de transparencia, de equidad e igualdad de género, que propone la agenda mundial para la convivencia en armonía con el ambiente.

He propuesto mi nombre como candidato al Consejo Universitario en calidad de representante del sector administrativo, y le pido el apoyo tanto de las personas administrativas, estudiantes y académicas, para trabajar por una Universidad Nacional, que incida positivamente en el quehacer y en el debate nacional desde distintos frentes: con la formación de calidad de recursos humanos, con el trabajo cercano a los territorios, comunidades y grupos sociales, por medio de la extensión y con el aporte de la investigación universitaria, la producción académica que nos lleve a resultados e impacto positivo en los distintos campos del saber para el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad.

Se hace ineludible que desde la gestión del Consejo Universitario se realicen de manera incesante las acciones políticas necesarias, para la defensa de la autonomía universitaria, sus presupuestos quinquenales, el porcentaje del PIB, que se establece constitucionalmente, como presupuesto para la educación, y hacer valer el rol del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en materia de educación superior.

Debemos de poner atención y buscar soluciones reales desde el Consejo Universitario, con el acompañamiento de nuestra comunidad universitaria en temas que nos preocupan. Mi gestión se orientará en las siguientes líneas estratégicas, tácticas y operativas:

Líneas estratégicas de trabajo

  • Poner en el centro de la gestión del Consejo Universitario a la persona estudiante y entendiendo la importancia de estos sectores y la sociedad en general.
  • Promover el rescate y la protección del mandato constitucional en materia de autonomía y financiamiento de la educación y en especial la educación superior pública.
  • Promover una política que permita la sostenibilidad presupuestaria y financiera de la Universidad, así como, el uso eficiente y eficaz de estos.
  • Proponer políticas que contribuyan en mejorar la posición de la UNA como instancia de educación superior de alta calidad y con presencia social, a partir de la focalización de los proyectos y de una estrategia de comunicación con acciones permanentes en todos los espacios de comunicación social.
  • Impulsar la procuraduría de la ética en la UNA y consolidar las buenas prácticas ya existentes; así como el surgimiento de otras que beneficien la institucionalidad y a las personas usuarias de sus servicios.
  • Garantizar una política universitaria que fortalezca la relación de la Universidad – sociedad, con presencia en las principales regiones del país.
  • Promover la construcción de una estrategia para la generación y atracción de recursos frescos.
  • Enfocar mi gestión en acciones orientadas a la flexibilización de procesos, que faciliten a las Unidades Académicas la posibilidad de diseñar respuestas rápidas a las condiciones del contexto, tanto desde la oferta académica como de PPAA pertinente.
  • Atender la sobrecarga de trabajo de procesos administrativos que se convierten en situaciones de estrés, carencia de los espacios de descanso, como única posibilidad de cumplir con las múltiples tareas sujetas a plazos amparados a la inmediatez.
  • Direccionar la gestión política del Consejo Universitario hacia un mayor nivel de equidad de género y el derecho a la diversidad.
  • Fortalecer el rol político del CONARE, así como la organización de la oferta académica de la educación superior costarricense.
  • Fortalecer el modelo de Estado Social y Democrático de derecho establecido en la Constitución Política.

Líneas tácticas de trabajo

  • Impulsar la organización y construcción del V Congreso Universitario.
  • Promover la adquisición de los avances tecnológicos que le permitan a la Universidad ubicarse en los mejores Ranking en materia de educación y de procesos internos.
  • Trabajar en el marco de una política de asignación presupuestaria en función de resultados tanto en la docencia como en la investigación, la extensión y la producción.
  • Buscar soluciones que favorezcan estados de bienestar laboral en las unidades académicas y administrativas, facultades, centros, sedes y secciones regionales que dé voz y rostro humano al sentir generalizado de las personas trabajadoras de estas instancias.
  • Generar esfuerzos por alinear las acciones de corto y mediano plazo en el marco del Plan Estratégico Prospectivo al 2042 construido en el 2022.
  • Fortalecer los recursos financieros para servicios y su cobertura al sector estudiantil.
  • Proponer la creación de un Observatorio del futuro de la educación, que permanentemente estudie el contexto, tendencias, mega tendencias y escenarios futuros, que sirvan como insumos para la definición de política educativa y de oferta académica.
  • Luchar por la estabilidad laboral del sector administrativo y académico de la Universidad principalmente de las personas interinas.
  • Fortalecer la política de regionalización de la Universidad.
  • Es imperativo impulsar la puesta en marcha de una estrategia de comunicación institucional articulada entre todas las instancias y campus universitarios

Líneas operativas de trabajo

  • Llevar el pulso al impacto generado por la UNA al sector productivo, social y organizativo de país.
  • Revalorizar el aporte que el sector administrativo le da a la acción sustantiva de la Universidad Nacional (docencia, investigación, extensión y producción) y gestionar la equidad en derechos para este sector.
  • Participar activamente en las comisiones que como representante administrativo me corresponda.
  • Direccionar mi función hacia la asociación de las metas con la inversión presupuestaria, así como la evaluación, seguimiento y control desde los POA correspondientes.
  • Dar seguimiento a las acciones de los órganos desconcentrados de la Universidad.

Estas tareas las podremos realizar solo en el marco de un sistema universitario, en el que nuestra universidad fortalezca su liderazgo con un compromiso por el bien común, rigor científico y facilitadora de los procesos participativos y humanidades en la acción sustantiva de la UNA (Docencia, Investigación, Extensión, Producción).

Invito respetuosamente a toda la comunidad universitaria a que repensemos nuestro quehacer, consolidemos los principios, valores y fines, para dejar huella e incidencia, como lo ha venido haciendo la UNA desde hace 51 años, tal y como nos lo demanda nuestra sociedad.

Enlace Video: https://www.facebook.com/efrain.cavalliniacuna/videos/940648021181069

UCR: Consejo protesta enérgicamente por situación de profesor universitario en Nicaragua

La Rectoría le solicitó al señor canciller de la República de Costa Rica que interponga sus buenos oficios ante el Gobierno de Nicaragua para conocer las razones para negar el ingreso al profesor Sandoval y saber sin están relacionadas con su labor docente. (Foto: Archivo ODI, UCR).

Alejandra Amador Salazar, Periodista, UCR

El Consejo Universitario protestó de manera enérgica y manifestó su preocupación ante la Embajada de la República de Nicaragua en Costa Rica por la situación que afrontó el catedrático Carlos Sandoval García en su intento de ingresar a ese país, como parte de las actividades de investigación que desarrolla en la Universidad de Costa Rica (UCR).

El 31 de marzo, el Dr. Sandoval viajó a Nicaragua para realizar una serie de grupos focales; sin embargo, al ingresar a la oficina de Migración, en Peñas Blancas, una oficial le hizo ver que él era “analista y escritor” y le solicitó los nombres de las personas que visitaría, a lo cual el investigador se negó, pues consideró que podría poner en riesgo a quienes habían ofrecido recibirlo. Tiempo después, sin que mediara una justificación razonada por escrito, la oficial le informó que no podía ingresar.

Ante esta situación, el Órgano Colegiado recordó que la autonomía universitaria en América Latina garantiza el cumplimiento del propósito fundamental de la Universidad, el cual es generar conocimiento libre, crítico y reflexivo, sin limitaciones ni condicionamientos externos, y formar personas con capacidad de transformar e incidir positivamente en la sociedad por medio de la docencia, la investigación y la acción social o la extensión.

El proyecto del profesor Sandoval se denomina Exclusión social y procesos electorales en Honduras, Nicaragua y Costa Rica (2021-2022), está inscrito en el Centro de Investigación en Comunicación de la UCR y tiene como objetivo contrastar las narrativas de los partidos políticos y sus candidaturas las publicaciones en redes sociales así como la versión de quienes viven en condiciones de exclusión.

La defensa de la autonomía es esencial para garantizar el aporte de las universidades públicas al país

José María Gutiérrez.

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica (jose.gutierrez@ucr.ac.cr)

Las universidades públicas juegan un papel esencial en la vida democrática de nuestra sociedad. Siendo instituciones en permanente evolución, las universidades se transforman para adaptarse a entornos complejos y cambiantes y así depurar su aporte, desde una visión humanista, de excelencia académica y de compromiso con el bien común.  Paralelamente, nuestras universidades y la sociedad que las ampara deben defender y fortalecer los fundamentos del ethos universitario público, el cual depende, en gran medida, de la autonomía a la que constitucionalmente tienen derecho.

La autonomía es uno de los principales logros históricos de las universidades de América Latina a partir de la Reforma de Córdoba, un proceso impulsado por el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918. En Costa Rica, la autonomía de la Universidad de Costa Rica quedó establecida en la constitución política de 1949, extendiéndose luego a las otras universidades públicas conforme se fueron creando. Su carácter autónomo ha permitido a estas instituciones hacer múltiples contribuciones a la vida del país en diversos ámbitos.

Pese a su relevancia, el concepto de autonomía universitaria se percibe con frecuencia como algo abstracto y difuso, incluso al interior de nuestras instituciones de educación superior. Además, sectores políticos y económicos hegemónicos, junto con algunos medios de comunicación, presentan con frecuencia a la opinión pública una visión distorsionada de este precepto, haciéndolo ver como un privilegio injustificado. Cada vez con más frecuencia se escuchan voces que cuestionan la autonomía universitaria y propugnan modificarla de diversas formas. El actual escenario político nacional no es nada halagüeño en este sentido; conviene por lo tanto retomar el valor de la autonomía de las universidades públicas para fortalecerlo y consolidarlo.

La autonomía universitaria incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión (ver Gutiérrez, 2021). El que las universidades sean centros de pensamiento y acción libres y críticos en función de los más amplios intereses de la colectividad es fundamental. Y es precisamente este uno de los puntos que incomodan a los poderes fácticos de carácter económico y político, aquí y en todo el continente.

En los últimos años hemos presenciado embates contra la autonomía universitaria en Costa Rica. Por un lado, se ha cuestionado el presupuesto que se asigna a estas instituciones de educación superior. Sin un adecuado financiamiento por parte del estado, la autonomía universitaria se debilita y el aporte de estas instituciones a la sociedad pierde sustento. Además, se ha elaborado un discurso recurrente que propone condicionar la asignación presupuestaria a que las universidades adapten sus planes de trabajo y su funcionamiento a propuestas que emanan de estos sectores hegemónicos. Esta tendencia quedó claramente reflejada en el dictamen de mayoría de la comisión especial de la Asamblea Legislativa con relación a la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), presentado en el 2020, en el que algunas propuestas implicaban claras transgresiones a la autonomía (ver Gutiérrez, 2020).

Estos intentos por condicionar las agendas universitarias con base en los intereses de poderes fácticos del país incluyen, entre otros elementos, un cuestionamiento al desarrollo holístico en las diversas áreas del conocimiento, lo cual es un fundamento central del ethos universitario, centrado en la integralidad de los saberes. Se propone un énfasis desmedido en áreas de trabajo que tienen que ver con el desarrollo económico y se desmeritan áreas como las ciencias básicas, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, haciéndolas ver como ‘inútiles’ para los objetivos de desarrollo del país. El aporte universitario a la economía es por supuesto fundamental, y estas instituciones lo hacen de múltiples formas, pero este es solo uno de los componentes de un amplio espectro de disciplinas y labores, todas ellas importantes.

Se subvalora con frecuencia también la acción social o extensión y se cuestionan los procesos de pensamiento crítico que aportan las universidades sobre la realidad nacional, una función fundamental a través de la cual se aportan visiones diversas que abonan a los debates en el país y enriquecen nuestra vida democrática.

De acatarse este tipo de presiones, la autonomía se desdibujaría y las universidades dejarían de ser centros de análisis y pensamiento libres para convertirse en meros instrumentos de agendas externas. En suma, se debilitaría la esencia misma del concepto de universidad pública. Estas tendencias han tenido un fuerte impacto en muchas universidades del mundo, las cuales han entrado en procesos de mercantilización acelerados, lo que Martha Nussbaum ha denominado ‘la crisis silenciosa de la educación superior en el mundo’ (Nussbaum, 2012) (en realidad es una crisis de una dimensión tal que ya no es tan silenciosa).

Es importante dejar claro que la autonomía universitaria no es autarquía irresponsable y que la misma conlleva un enorme compromiso de análisis y mejoramiento permanentes, en el sentido de que nos conmina como comunidades universitarias a depurar continuamente nuestro trabajo, abandonando zonas de confort y privilegios inaceptables y asumiendo metas cada vez más ambiciosas en función de la excelencia académica y la procura del bien común. La autonomía obliga a la reflexión y el análisis autocrítico con miras a mejorar nuestro aporte, así como a hacer un uso adecuado de los recursos que provee el estado. Esa es nuestra responsabilidad, la cual debe ir a la par de la defensa de la autonomía.

Dados los peligros que se ciernen sobre la autonomía universitaria, se requiere una actitud proactiva y decidida en las comunidades universitarias para defender este valor esencial. Con frecuencia las dinámicas cotidianas y los intereses particulares de grupos en nuestras instituciones impiden darle a este tópico la importancia que merece. Es necesario generar conciencia sobre los riesgos a los que las universidades están expuestas.

La defensa de la autonomía, incluyendo la procura de un presupuesto justo para que estas instituciones puedan realizar su labor, es una tarea que nos concierne a todas y todos en las comunidades universitarias, y también le concierne a la sociedad en general, por la importancia de estas instituciones en la vida del país. Esta defensa demanda procesos activos, comprometidos y participativos, que tengan impacto a lo interno y a lo externo de nuestras instituciones y que posean incidencia política real.

Pare ello se requiere desarrollar un doble accionar centrado en la reflexión y la participación. Por un lado, debemos generar espacios de análisis y discusión sobre estos temas en diversos nichos (formales e informales) de las universidades públicas, con un rol activo de docentes, estudiantes y personas administrativas. El movimiento estudiantil en particular tiene un importante papel que jugar, como lo ha hecho en pasadas luchas por reivindicaciones varias. Y, además, es fundamental generar confluencia entre las comunidades universitarias y diversos sectores organizados de la sociedad, para que la defensa de la autonomía se entienda como una necesidad de la colectividad en su conjunto, en diálogo con reivindicaciones urgentes de otros sectores.

Estas tareas de reflexión y análisis deben ser complementadas con la preparación de procesos de participación y movilización, para enfrentar los retos que se avecinan y generar formas concretas de transformar este pensamiento crítico en incidencia política efectiva. Existen debates decisivos sobre los rumbos que Costa Rica tomará en el futuro. En este contexto, la defensa del estado social de derecho y de la institucionalidad pública debe ser una prioridad en la procura de garantizar una vida digna para todas y todos. La defensa y el mejoramiento de las universidades públicas, y particularmente la protección de su autonomía, son tareas fundamentales en las cuales las comunidades universitarias tenemos una enorme cuota de responsabilidad. Los tiempos llaman con urgencia a la reflexión y a la participación.

Referencias

Gutiérrez (2020) La autonomía universitaria y el dictamen de la comisión legislativa sobre el FEES (https://www.elpais.cr/2020/06/03/la-autonomia-universitaria-y-el-dictamen-de-la-comision-legislativa-sobre-el-fees/).

Gutiérrez, J.M. (2021) La Universidad de Costa Rica en sus encrucijadas. En: Reflexiones desde la Academia: Universidad, Ciencia y Sociedad. Segunda edición. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, pp. 13-47.

Nussbaum, M. (2012) Sin Fines de Lucro. Por qué la Democracia Necesita de las Humanidades. Katz Editores, Buenos Aires, 199 p.

Universidades públicas unidas y coordinadas con la Región Huetar Norte

Inicia el Pre Congreso de Extensión y Acción Social de las universidades públicas en la Región Huetar Norte. Con presencia de representantes de sectores sociales, comunidades, consejos regionales, instituciones y las cinco universidades públicas, juntos para aportar al bienestar de las familias y las personas que habitan esta región.

Enviado por Alberto Rojas.

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Encuentros de Extensión y Acción Social en las regiones

El 23 de julio culminarán los encuentros regionales de Extensión y Acción Social de las universidades públicas con la actividad programada en la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Hasta la fecha ya se han realizado los encuentros en el Centro Universitario Neilly de la UNED, Región Brunca; en el ITCR, Centro Académico de Limón, Región Caribe; en el Campus Liberia de la UNA para la región Chorotega; y en las instalaciones del ITCR-Santa Clara, para la región Norte. El 23 de julio finaliza el ciclo de encuentros previos al congreso en la UCR, Sede del Pacífico, Región Pacífico Central.

El I Congreso Interuniversitario de Extensión y Acción Social, que se realizará en la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, en San José, los días 16, 17 y 18 de setiembre del 2019 analizará el tema “La Extensión y Acción Social en nuevos contextos sociales, económicos y políticos”.

Si a usted le interesa ser parte de esta reflexión que promueven las universidades públicas puede seguir este vínculo y hacer clic en la imagen del I Congreso:

https://accionsocial.ucr.ac.cr/

 

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Cursos libres UNED

La Extensión Universitaria de la UNED oferta cada cuatrimestre una serie de cursos libres y un técnico para la población en general, que facilitan que esta dependencia también pueda realizar proyectos de extensión y acción social de forma gratuita con las poblaciones más vulnerables del país.

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