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24 de abril: ¿Boomer vs. Generación X? ¿1970 vs. 1991? (Versión Ecuménica)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jiddu Rojas Jiménez

  1. Primero pido perdón por usar esas «categorías» generacionales sin gran fundamento científico – social, y que han devenido en meros lugares comunes. No se trata de una competencia. Sino de visibilizar importantes acontecimientos históricos que han moldeado la resistencia popular contra la destrucción paulatina del Estado Social de Derecho.

Necesario es decir que la ‘teorías de las generaciones’ tienen un sesgo muy anglosajón. Y que su operatividad conceptual es muy vaga.

Un ejemplo: En principio la Generación anterior a la X no es la Boomer sino la llamada Generación Jones de intermediación.

Pero no es lo mismo nacer en la «Generación Jones»(nacidos aproximadamente entre 1954 – 1965, o sea, repito, posterior a los «Baby Boomers» y anteriores a la Generación X) en Estados Unidos, sin Vietnam, sin revolución sexual, con las drogas criminalizadas, mucho más despolitizados, con Televisión 24/7, con alto desempleo y recesión al crecer, al estilo del Presidente Obama, que nacer en esa mismos años pero en Centroamérica, Latinoamérica o Medio Oriente, o en el antiguo Bloque Socialista de Europa del Este con posterior Restauración capitalista. Punto. No hay parangón. Incluso las diferencias entre campo, puertos y ciudad cuentan, y no sólo en Costa Rica sino en el Mundo entero obviamente.

Otro tema es el mismo término «Generación X», tomado de la cultura pop del primer grupo de Punk de Billy Idol, y referido en la literatura por el canadiense Douglas Coupland, etc. Al parecer, tomado a su vez de un equívoco al malinterpretar un fotoensayo del famoso Robert Capa, referido a los niños y niñas nacidos después de la Segunda Guerra Mundial (o sea los llamados «Babyboomers» de Estados Unidos). El término sólo se popularizó en tardíamente al final de los 90s y comienzos de la década del 2000.

  1. Ahora lo esencial:

El olvido de la Lucha contra ALCOA no es gratuito. Signo de una generación de lucha heroica, resulta conveniente olvidarla. Trivializarla, romantizarla, minimizarla, evadirla.

Nadie debe recordar nunca, esa primera plana en «Le Monde Diplomatique» con un joven estudiante costarricense llamado (José Picado Lagos) en guayabera, retando a golpes a un policía antimotines armado de su garrote…

Faltan muchos y muchas en la foto pero ahí están. Vale la pena seguir interpelándolos y aprendiendo mutuamente de sus experiencias.

Fue una maravillosa generación, mucho anterior incluso a la mía, denostada por el anglicismo «Boomer», ahora de moda.

  1. Nuestra Generación X:

Pero suave, yo nací en 1968, Año del Tet… Tenía 2 años en 1970. Y entré a la conservadora Facultad de Derecho en UCR en 1985… No conocía movimiento estudiantil alguno en el colegio (al menos en mi colegio privado). La actividad política me ha perseguido desde mi ingreso a la UCR. Y es como un mal Karma, valga la redundancia.

Ya desde 1988 acompañaba al Trabajo Campesino en Acosta, y eso fue otra cosa, no era la esfera de las capas medias universitarias… Era alimento espiritual. Era Dharma. Era como dejar de estudiar Derecho y comenzar a estudiar Filosofía.

Admito que no era muy ‘normal’. Pero tampoco lo soy ahora a mis Cincuentas.

  1. Y bueno, quería aportar algo al justo y necesario tributo histórico de ALCOA 1970, pero con voz propia:

¿Quién se acuerda de 1991 y la Lucha de las Universidades Públicas por su justo presupuesto?

¿Quién se acuerda del Ministro Thelmo Vargas adalid del Neoliberalismo en el PUSC? ¿Alias ‘Thelminator’?

¿Y del tenebroso Bipartidismo Neoliberal?

La lucha y expulsión por la presión popular del ‘coco’ Neoliberal, Thelmo Vargas como Ministro de Calderón Fournier en 1991 fue nuestra otra victoria generacional. (Aún y cuando haya terminado en eso cosa extraña llamada FEES, que para algunos/as resultó regresiva respecto de la norma constitucional explícita previa).

  1. Recapitulemos el contexto de los 90s, porque tampoco fueron fáciles:

No fue un mero revival de los 60s parisinos.

Estábamos en pleno pleno auge Neoliberal en Latinoamérica y en el Mundo, con la reciente caída de la URSS, y de los regímenes burocráticos del «Socialismo Histórico», y con escepticismo propio de la corta moda académica Posmoderna… Se nos negaba así la Utopía, y se predicaba con simplismo el ‘Fin de la Historia’ por un tal Francis Fukuyama, ahora un ‘converso’ me dicen.

El sectarismo mesiánico también apareció como un falso refugio.

Sin embargo, nuestra lucha fue igual de heroica a la de ALCOA, y tal vez incluso, hasta igual o más importante políticamente, en términos estratégicos nacionales. Aunque Usted no lo crea y la desconozca.

Fue una poderosa y estratégica victoria popular la de 1991 en el silencio global de la caída del Muro de Berlín, que le recortó las alas al proyecto Neoliberal Bipartidista todavía en boga…

No nos equivoquemos, sólo lo volvió más lento, a lo «tico», pero eso fue mejor que la receta de Menem en Argentina, o de Salinas de Gortari en México, o de Collor de Mello en Brasil, o del Autogolpe de Fujimori en los 90s, o sea fue relativamente «bueno» para nuestro golpeado Estado Social de Derecho.

  1. Este movimiento estudiantil costarricense gestado entre 1990 y 1991, permitió y sembró, los aires de la posterior Lucha por el ICE contra el llamado Combo 2001, o incluso contra el TLC (2006 – 2007). Nos inspiró sin duda ALCOA. Pero tuvimos nuestra propia identidad. No tuvimos un Vietnam, tuvimos la Guerra del Golfo contra Iraq (dos guerras de Iraq, y en medio la Invasión a Afganistán justificada por el terror psicológico colectivo del 9/11).

Carteles de Jim Morrison y Lennon, alternaban con consignas del Mayo 68 o del Surrealismo y Dadaísmo, y desfilaban junto a los de Carmen Lyra, o CALUFA, Rodrigo Facio, o el Ché. Fue maravilloso y polifónico. Lleno de colores y de creatividad revolucionaria. La mutación política (Negri, dixit) parió con nosotros.

  1. Nota Morista:

Me hubiese gustado decir de los carteles que muchos eran de Manuel Mora Valverde, pero en realidad sistemáticamente se nos ocultaba su figura y su pensamiento estratégico, se le minizaba, o se le denostaba por el sectarismo de la poca izquierda universitaria ilustrada que quedaba. Esa fue mi experiencia política y académica, al menos.

Era más fácil conocer el recetario ‘ultra’ de un extraño y gris Trosko argentino (con perdón de Trotsky) apodado Nahuel Moreno y sus rabietas y disputas con el sabio economista belga Ernest Mandel, que estudiar el exitoso Pacto Social de 1943 que dio origen a nuestras Garantías Sociales. Así de sencillo.

En fin, éramos muy ingenuos y podíamos equivocarnos muy fácilmente. Yo incluido obvio. (Eran épocas confusas de reflujo político).

Ya para los 90s habían ahogado la lucha estudiantil de 1970. Los finales de los 80s fueron de restauración conservadora en Costa Rica. Hicieron muy bien su trabajo ideológico…

Los Planes de Paz necesarios en Centroamérica nos dieron oxígeno, luego el cerco económico al Agro nacional y la obligada reconversión agroexportadora, el giro Neoliberal del PLN de Oscar Arias, la Invasión a Granada (1983) y a Panamá (1989), la amenaza norteamericana de Invasión a Nicaragua, luego la lógica derrota electoral del FSLN, la derrota militar de las Guerrillas centroamericanas frente al genocidio del fascismo militar criollo, la anterior crisis de Carazo y el FMI, la brutal hiperinflación, la propaganda anticomunista 24/7, etc.

  1. Nuestro referente teórico universitario era Helio Gallardo, al menos en la UCR. Algunos conocíamos incluso al gran Franz Hinkelammert, «El Yeti» y a sus colaboradores del viejo DEI.

Todo lo demás era casi marginal (adrede posiblemente), puro manto y leyenda o mero Diamat sin «socialismo real».

Obviamente con las excepciones del caso, como el brillante historiador de la UCR, Paulino González Villalobos, veterano de ALCOA y fallecido trágicamente en 1988 (qepd.), o los profesores de Psicología Social (Jaime Robert e Ignacio Dobles) y sus charlas de freudomarxismo.

Claro académicamente (no políticamente), ya asomaban al menos en la vieja Escuela de Filosofía- UCR, el Ecologismo y el Feminismo (gracias Yolanda Ingianna).

El acrónimo LGTBIQ no estaba bien difundido, y aún dentro de la izquierda juvenil, salvo cierta tolerancia represiva (Marcuse), sus reivindicaciones eran mal vistas. Esa era nuestra moral pueblerina que privaba. Sin embargo, ya habían discretos Colectivos universitarios en lucha. Igualmente sobre el complejo y actual tema indígena.

Si estaba muy clara la necesidad de pensar a los nuevas subjetividades sociales, a los nuevos actores sociales, más allá de la clase trabajadora y el campesinado.

La teoría social contenida y su explosivo potencial en el Psicoanálisis de Freud (gracias Tatiana Facio). La crítica Neomarxista y gramsciana al Marxismo Soviético (gracias Giovanna Giglioli).

La vieja Escuela de Frankfurt y su Teoría Crítica (igual que en Europa occidental de los 60s y 70s), eso a pesar del publicitado (e insoportablemente denso) Jürgen Habermas, también nos movilizó.

Foucault y Deleuze y el posestructuralismo francés de izquierda (no posmodernismo), no se le puede explicar a los sectores populares. ¿Para qué además? Pero sí podemos trabajar con Privados de Libertad (1998) y repensar el encierro, el cuerpo y su vigilancia social.

Y claro, la Filosofía de la Liberación Latinoamericana (Dussel). Pensar desde América Latina, escribía Helio.

También y no menos, el espíritu ‘acrata’ de la Revista Kasandra Virtuala y de Jorge Jiménez ofrecía una salida estética contestaria y de ruptura, con el Progresismo soso heredado de los 70s.

Luego vino Hegel, primero con Don Arnoldo Mora Rodríguez y don Fernando Leal, luego Gerardo Mora Burgos  en la Sede Occidente, y luego con Roberto Fragomeno y nuestro Centro de Estudios Filosóficos «Lágrima Negra».

Soy injusto con una nunca olvidada generación de profesores de Economía Política de la UNA, quienes iban desde Neokeynesianos, Neoricardianos (por Piero Sraffa), hasta Neomarxistas críticos.

No podía faltar en la UNA, don Federico López y su luz. Faltarán muchas y muchos docentes de mencionar, claro.

  1. Pero sería todavía más injusto sino menciono al extraordinario, maravilloso, y aún más politizado movimiento estudiantil de la Universidad Nacional. Su líder indiscutible Danilo Solís (qepd.), nuestro hermano y compañero de generación.

Danilo, nuestro «Peluca», «Danny Boy», educó con su sencillo ejemplo, y con su honestidad y consecuencia política, a toda una generación de luchadores y luchadoras cívicos del posterior Combo del 2000 de la UNA (Johana Hernandez, Alvin Solano, Oscar Barboza Lizano, Esteban Campos Méndez, Andrés Gallardo, Dimitri Shiltagh Prada, Jorge Blanco Chan, etc.).

Nada como aguantar durante el Combo del 2000 o en 1991 bajo el Sol y la lluvia, con algunos/as pocos/as un Bloqueo en plena Avenida Central y Segunda de San José… En ese tiempo era legal. Sin embargo, la represión policial era la misma, sino pregúntele a la líder estudiantil de la Lucha contra Combo privatizador del ICE, Eva Carazo Vargas, o al veterano compañero César LD López, o incluso al entonces todavía más joven, Ariel Foster de la UNA.

No fueron las únicas luchas, entre 1991 y el 2007 hubo una serie de fantásticas luchas populares, acompañadas siempre por jóvenes y estudiantes, universitarios y hasta colegiales (Roberto Herrera).

  1. Un recuerdo emotivo:

Los Policías se preparan para la carga… Nuestra gente estaba muy cansada y la mayoría se había retirado a la UCR … La Policía incluso era más numerosa, sobraban oficiales… Y de repente como en una película con final feliz, vemos una maravillosa Legión de jóvenes universitarios y universitarias, ordenada, marchan casi, vienen caminando desde Heredia, era algo casi espartano, cobijados con una manta con estrella roja, subiendo contravía la Avenida Central. Marchan hacia nosotros… No habían celulares. Solo señales.

La policía vuelve a ver a su retaguardia y de inmediato se reubica pacífica en la Plaza de la Democracia. Ahí abracé a los y las compas de la UNA. No nos hemos separado hasta la fecha, y terminé sacando mi Posgrado en esa maravillosa Universidad Necesaria.

  1. Y del TEC sólo conocimos a sus líderes estudiantiles como «El Mechas», ahora un gran profesional e Ingeniero en el ICE.

Sabíamos del exilio del Arquitecto Roberto Villalobos Ardón del viejo TEC, por sus maravillosos cursos de Filosofía del Arte en la UCR. Y obviamente luego, cultivamos la amistad y admiración por el Rector don Eugenio Trejos BENAVIDES, pero luego, durante el Combo del 2000. Años después pude tener el honor de ser docente en su Campus de San Carlos. (TEC- SC).

  1. En la UNED obviamente hubo compañeros y compañeras docentes, que se lo jugaron el todo por el todo. Su protagonismo científico y político brilló con luz propia en la lucha del Combo, y no se apaga con nada.

Menciono en la UNED al extensionista Italo Fera Fallas con bajo perfil a veces y a quién conocía desde mi anterior trabajo campesino en Acosta, y obviamente, a mi amigo y compañero actual de trinchera Luis Paulino Vargas Solís.

Creo que Luis Paulino de la UNED y Henry Mora J de la UNA (éste último junto al maestro Franz Hinkelammert), ambos con universos discursivos diferenciados y con prácticas – políticas militantes, transformaron ese hiato entre práctica- teórica- académica y práctica- política popular. A las pruebas me remito, nadie los calla. Y siguen como un tábano antineoliberal jodiendo al Pensamiento Único, en pleno 2021.

Sin embargo, para 1991 debo señalar que hubo un divorcio práctico – político entre la chata realidad costarricense, y nuestra exquisita pero incompleta formación académica (eso solo fue un grato privilegio de la Educación Pública Superior).

  1. En fin, hicimos lo que pudimos. No teníamos la gravedad conspirativa, ni la tesitura de otras épocas de Insurgencia, ni la ligereza o la apertura o las redes sociales de los Millennials y Centennials posteriores. Fuimos y somos, con luces y sombras.

Y sólo yo estuve ahí. Y no quería dejar de testimoniarlo.

Nuestras mayores equivocación estratégicas, fueron simples pecados de juventud:

1) No forjar una identidad política y cultural propia. Nunca tuvimos sana autoestima política colectiva, sólo algunos egos.

2) No construir tampoco una expresión política-electoral propia (ni el PAC ni el FA ni antes el Naranjazo lo fueron).

3) No tener o desarrollar un medio de comunicación de masas independiente y propio. A lo sumo pedimos espacio en el Seminario Universidad y Radio Universidad y el Canal 15… Luego se creó Radio U. Los demás intentos de Prensa Independiente de la época fracasaron. Ergo «Esto Pasa».

4) Y peor aún, para algunos y algunas, fue el ser o Cooptados/as o Marginados/as, un binomio muy cruel en términos personales.

Aún así, nos reivindicamos luego contra el Combo privatizador del ICE y supimos sobrellevar la derrota táctica y estratégica del TLC (2006 y 2007).

No conozco, sin embargo, ninguna Plaza con el nombre de ‘Thelminator’…

Siempre ‘pedimos permiso’, exhibimos la herida interna, la carencia constituida, y necesitamos citar a una fuente de autoridad. ¿No nos la creemos todavía?

En verdad somos, la ‘Generación X’ Tica.

Salarios como excusa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Felipe Arauz

Antes que quien lea esto me descalifique porque soy profesor de la Universidad de Costa Rica, debo decir que no estoy defendiendo ningún privilegio. Ya en varias facultades hemos solicitado cambios en el sistema salarial de la UCR, dándole mucho más peso al régimen de méritos que a la antigüedad. Las autoridades han dado pasos concretos en esa línea, disminuyendo sustancialmente las anualidades y trabajando aceleradamente en el diseño de un nuevo sistema salarial.

La Ley de Empleo Público va mucho más allá del tema salarial, y toca temas como política de contratación, mecanismos de evaluación y políticas de sanciones dentro de las universidades públicas, las cuales afectan el quehacer universitario en el ámbito académico. Pero, malintencionadamente, se ha querido reducir la discusión del impacto de la Ley de Empleo Público en la educación superior pública al tema salarial. So pretexto del salario, tema que se ha manipulado con mentiras o verdades a medias para influir en la opinión pública y atizar el odio hacia las universidades estatales, lo que en realidad quieren algunos es limitar la libertad de cátedra garantizada en la Constitución, por la vía del debilitamiento de la autonomía universitaria tal como la define el Artículo 84 de la Constitución Política, la misma que quienes ejercen el Poder Ejecutivo y el Legislativo juraron defender.

¿Por qué la autonomía universitaria les estorba a ciertos representantes del poder económico, dentro y fuera del gobierno, y a sus voceros? El papel de la UCR está dado en el Artículo 5 de su Estatuto Orgánico: Estimular la formación de una conciencia creativa y crítica, en las personas que integran la comunidad costarricense; buscar, de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia;  formar profesionales en todos los campos del saber, que integren una cultura humanística con su formación especial o profesional; contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías; elevar el nivel cultural de la sociedad costarricense mediante la acción universitaria; estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en función de un plan integral, destinado a formar un régimen social justo, que elimine las causas que producen la ignorancia y la miseria, así como a evitar la indebida explotación de los recursos del país.

Todo lo anterior requiere que la acción universitaria esté libre de la influencia de las tendencias ideológicas predominantes y de los gobiernos de turno. Por ejemplo, algunos quisieran que la educación superior se circunscriba a materias tecnológicas o administrativas y minimice o elimine lo demás. Esa visión estrecha quedó plasmada en el informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa. Con la Ley de Empleo Público, el gobierno va a influir sobre los mecanismos de contratación y evaluación del personal universitario, lo cual claramente resta la necesaria libertad de la acción académica, garantizada por la autonomía universitaria. Podríamos llegar a una situación lamentable en que los rectores y otras autoridades universitarias se nombren por color político, o, como sucede en el gobierno, que a quienes ocupan jefaturas haya que indemnizarlos para que dejen el puesto.

Por otra parte, los mecanismos de evaluación profesional del Servicio Civil no promueven la excelencia (no hay evaluación por los usuarios) ni la productividad, como sí lo hace el régimen académico de las universidades públicas, en el cual la enseñanza es evaluada por los estudiantes y la productividad y calidad de la investigación por “pares académicos” anónimos, con frecuencia internacionales, que revisan y dictaminan sobre el mérito de los trabajos científicos. Cambiar este riguroso sistema de méritos de las universidades por la “amistosa” evaluación del Servicio Civil va en detrimento de la calidad universitaria.

La moción aprobada en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, para que el sistema de empleo público de las universidades públicas esté compuesto de la normativa interna aprobada por sus propios órganos de autogobierno, es salomónica: reivindica la autonomía universitaria dada por la Constitución, pero no excluye el tema salarial universitario de la Ley de Empleo Público. La reacción visceral y mendaz de algunos sectores de la prensa y grupos de interés contra esta moción demuestra claramente que el interés de estos sectores y grupos no es el salario sino la autonomía, y reafirma que el salario es el pretexto. Lo que priva en esos sectores es la visión mercantilista del quehacer universitario, para la cual la autonomía es un estorbo.

Imagen ilustrativa.

Respuesta a Editorial de La Nación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Yamileth González García, ex rectora UCR

El martes 2 de marzo, frente a un conocido diario, recordaba otros tiempos en que daba gusto leer a buenos periodistas en la prensa nacional, y cómo hoy es deplorable la calidad o falta de ella en que han caído algunos de estos medios. Leyendo el editorial del que, hasta hace unos pocos años, era un diario, y aunque no participáramos muchas veces de sus ideas, reconocíamos que se comportaba de manera bastante profesional en cuanto a la seriedad de las fuentes en que se apoyaba. Lamentablemente, de un tiempo para acá, no solo ha perdido en lo profesional sino, inclusive, en lo ético.

El editorial en mención (La Nación, 2 de marzo) se basa en la opinión sesgada y mal intencionada de un actor que, dicho sea de paso, formaba parte del gabinete de la administración que luego intentó criticar. Opinión, además, descontextualizada dado que él omitió tendenciosamente la información completa de los estudios actuariales y otros documentos y eso es lo que aprovecha el editorialista con igual actitud. Todo eso hace poco confiable la opinión que, además, proviene de quien es responsable de una desacreditada administración.

De todos es bien conocida la campaña que este periódico viene emprendiendo contra la institucionalidad pública, la cual le ha dado al país importantes condiciones que sobresalen en el contexto latinoamericano, y de esa campaña no han escapado las universidades públicas, cobijadas bajo el fuero constitucional de la autonomía, un logro esencial para su importante misión.

Se afirma, en ese editorial, que las medidas que se tomaron, en el año 2010, en la Universidad de Costa Rica (UCR) y que aumentaron la anualidad al 5,5% se hicieron sin estudios técnicos, y eso es absolutamente falso: el incremento de la anualidad no fue una ocurrencia peregrina, estuvo sustentada en sólidos estudios técnicos, jurídicos y financieros. Y ya sea que la memoria falla, o por mala intención, es bueno recordar que ese incremento se inicia por una resolución (2007-000760) de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007) que obligó a la UCR a subir la anualidad al 5,5% al personal de la Facultad de Odontología que había interpuesto el recurso para exigir el cumplimiento de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas y que tuvieron que ser reconocidos de manera retroactiva al 7 de junio de 1982. Tratar de detener esa aprobación en los tribunales fue una lucha de casi 25 años, de quienes estuvimos al frente de la institución. La resolución sentó un precedente que obligó a su implementación, ya que cualquier funcionario del área de salud podía presentar el mismo recurso con la seguridad de reclamar pago retroactivo y de costas a la UCR.

La disposición de la Sala, además, provocaba una injustificada desigualdad en las remuneraciones salariales. El análisis jurídico hacía ver que la Constitución Política, en su artículo 57, establece que “… el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”. Así el fallo de la Sala generaba injusticia y, paradójicamente, de alguna manera, también inconstitucionalidad, al darse un trato salarial desigual para el resto de los funcionarios de la institución y abría la posibilidad de que cualquier persona que trabajara en la UCR y que no recibiera ese incentivo podía interponer un recurso alegando la violación de sus principios y derechos constitucionales y laborales. Como se desprende, el análisis legal estuvo en la base del proceso de toma de decisiones que llevó a la aprobación del aumento de la anualidad.

La decisión estuvo acompañada por otros estudios, entre ellos, uno de la Oficina de Planificación Universitaria (Oplau) sobre el impacto y la sostenibilidad financiera que tendría ese aumento (“Costos proyectados de la relación de puestos 2010-2049, con la aplicación del incremento de la anualidad de un 3% a un 5,5%”). Sobre la base de este estudio, Oplau concluía que la aprobación de ese cambio de anualidad era sostenible financieramente. Al mismo tiempo se hicieron dos estudios actuariales: el primero lo realizó el reconocido actuario Rodrigo Arias, profesor de la Escuela de Matemáticas, “Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad del gasto salarial de la Universidad de Costa Rica” (2010), y el segundo estudio, basado en el mismo modelo pero ampliando el número de escenarios, lo realizó Arias en conjunto con los economistas Max Soto Jiménez y Pablo Sauma Fiatt del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.

Es claro que la medida no fue ilegítima, como lo pretende el editorialista: fue aprobada por el Consejo Universitario, sin objeciones de la Oficina Jurídica, Contraloría Universitaria, ni de la Contraloría General de la República cuando aprobó el presupuesto. En ese tiempo, la UCR seguía teniendo un rezago salarial en relación con las demás instituciones autónomas, como lo demostró un estudio de aquella época de la Contraloría General de la República, que indicaba que el salario promedio de la UCR era el más bajo de las entidades públicas que había analizado.

Una vez más puedo afirmar con toda certeza que las medidas implementadas durante mi administración estuvieron sustentadas en los criterios técnicos de los estudios actuariales, financieros y jurídicos para respetar el bloque de legalidad que nos regula y el precepto estructurador del equilibrio financiero institucional.

Si bien es cierto los datos muestran un peso creciente de la anualidad sobre el salario base, se logra una estructura salarial que mantiene en proporción creciente el reajuste por régimen de mérito frente al salario base y también, que se sigue estando muy por debajo de la relación 80/20, un porcentaje que es considerado como el garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Ahora, si recordamos un poco de historia, el régimen de mérito o reajuste por carrera académica viene creciendo desde el 2008, cuando los salarios estaban estancados y eran los más bajos de los profesionales del sector público costarricense. Recordemos que, como su designación lo dice, los pasos para recibir estos reajustes están basados en el mérito y son acordes a criterios de excelencia académica, reconocidos por las universidades en el mundo.

No puedo dejar de resaltar que, en ese incremento de la anualidad, suman muchos otros factores externos a las decisiones universitarias, como son el Voto Constitucional No. 15460-08, que eliminó el tope de anualidad en el Sector Público y la Ley No. 8096, art. 85 que establece un reconocimiento del riesgo policial con un 18% adicional, entre otras.

Es bueno recordar, también, que la toma de decisiones con respecto al equilibrio financiero de una universidad requiere de análisis rigurosos y periódicos sobre los diferentes componentes del gasto institucional, lo que además de salarios comprende inversiones, becas y deuda, entre otros, junto con las expectativas de ingreso relacionadas con el financiamiento del FEES, y un principio estructurador del equilibrio financiero institucional que es la llamada relación 80/20; es decir, el parámetro fundamental que impone una contención del crecimiento en salarios y la operación de la institución.

Por otra parte, una obligación de las instituciones de educación superior en el mundo es mantener un talento humano de primera calidad, altamente formado e internacionalmente vinculado a redes de colaboración de primer orden y vigilar constantemente que esta comunidad de académicos tenga las condiciones de equipo y materiales para realizar sus labores de docencia, investigación y acción social. En la historia de nuestra universidad este principio ha guiado las decisiones de la política salarial universitaria.

En conclusión, después de estudiar los informes financieros, se demuestra que no está la Universidad en una situación deficitaria, contrario a lo que se ha señalado en múltiples ocasiones, desde diversos frentes y que la relación 80/20 no se ha visto afectada: los datos actualizados muestran decrecimiento del peso salarial en relación con los otros gastos institucionales (inversión, endeudamiento, becas y los gastos de operación) para el 2017 y el 2018 y un crecimiento moderado en el 2019 y 2020 pero inferior al 80%; un porcentaje, repito, garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Estos datos nos permiten destacar que el principio estructurador de la relación 80/20, que se mide regularmente en forma semestral por política de equilibrio financiero institucional, alerta una serie de mecanismos y controles actuariales, técnicos, financieros y jurídicos que sustentan las evaluaciones periódicas de la política salarial institucional, tal y como se refleja en los informes semestrales y en las diversas instancias universitarias y, esto, en la UCR, desde hace al menos tres décadas.

Al observar estos datos y el comportamiento de la masa salarial se evidencia que el equilibrio financiero institucional debe ser abordado considerando otros dos componentes fundamentales de la ecuación: por un lado la meta de que el FEES llegara, en 2015, al 1,5% del PIB y el mandato constitucional de ser quinquenal (pero ninguno de los dos elementos lo ha cumplido el Gobierno: el FEES no ha llegado, aún al 1,5% del PIB y no se han vuelto a firmar de manera quinquenal, desde 2010) única forma de garantizar un proceso de planificación racional de la inversión en educación superior pública y, por otro lado, los compromisos de inversión y de endeudamiento que afectan en el largo plazo ese equilibrio financiero.

Las universidades públicas están conscientes, como lo han asegurado sus autoridades actuales, de la conveniencia de analizar, corregir, mejorar cualquier situación que lo amerite, incluida, desde luego, una propuesta de empleo universitario, eso sí, dentro de las mismas condiciones que el mandato constitucional les otorga y les exige sin peligrosas injerencias ajenas, a veces desconocedoras de su imporatnte Misión.

Si de veras los que se han empeñado en esta campaña, como el susodicho periódico, entendieran y quisieran favorecer a las universidades públicas y su indiscutible servicio al país, no deberían proponer que estén “a expensas de decisiones políticas, sin sustento técnico” como dice el editorialista, permitiendo que intereses políticos, económicos y empresariales ajenos al verdadero espíritu de ellas las pongan “en la ruta al despeñadero”, como han dado al traste con el desempeño de algunas universidades, principalmente en el contexto latinoamericano.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

 

Publicado en https://semanariouniversidad.com/

La UCR rechaza acciones que lesionan autonomía universitaria

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

En sus 80 años de existencia, la UCR ha contribuido en las transformaciones que la sociedad necesita, formando profesionales de excelencia, con perspectivas humanistas, quienes aportan conocimiento para el desarrollo del país. Foto: Karla Richmond, UCR.

La Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó, categóricamente, cualquier intento de menoscabar la autonomía universitaria consagrada en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, ya que atenta contra la independencia de organización y gobierno que poseen las universidades públicas.

Así lo hizo saber, el Consejo Universitario mediante un Pronunciamiento aprobado este jueves 28 de enero, en el cual también instó al Gobierno de la República de Costa Rica a ser respetuoso de este principio constitucional.

La preocupación de la Universidad surge debido a que, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2020, el Gobierno tomó la decisión, de manera unilateral, de depositar los recursos destinados a financiar a las universidades públicas en la Caja Única del Estado, la cual es administrada por la Tesorería Nacional.

Dicha situación se dio pese a que el artículo 85 de la Constitución Política determina que el Banco Central de Costa Rica será el encargado de administrar ese fondo, para ponerlo a la orden de las universidades cada mes, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior estatal.

En este sentido, la Universidad reconoce que el mecanismo de transferencia del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), a través del Banco Central ha funcionado de manera idónea y ha permitido que las instituciones hagan uso de esos fondos en concordancia con lo que determina la Carta Magna.

Ante esta situación, la UCR reiteró su compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y el uso óptimo de los recursos, en atención a la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, y en aras de seguir retribuyendo a la sociedad costarricense la inversión y los esfuerzos dedicados a la educación universitaria.

Los recursos percibidos por medio del FEES permiten democratizar el acceso a la educación superior estatal al convertirse en un medio de movilidad social para los estratos bajos y medios de la población costarricense; así como fortalecer la justicia social y distributiva, y promover una Costa Rica más equitativa.

 

Alejandra Amador Salazar
Periodista, Consejo Universitario

UNA: Reducción del presupuesto sería un acto inconstitucional y un retroceso histórico en el modelo educativo

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional ante las mociones presentadas en la comisión de hacendarios de la Asamblea Legislativa, para recortes presupuestarios a la educación pública, al FEES y al presupuesto ordinario y extraordinario de la República 2020-2021:

El país atraviesa una de las crisis socioeconómicas y políticas más fuertes de su historia, la cual se acrecentó a raíz de la emergencia sanitaria, en los últimos ocho meses, trayendo serias consecuencias para la población nacional, como un aumento en las tasas de desempleo y pobreza, así como un impacto significativo de los ingresos del Estado.

Esta situación afecta las condiciones socioeconómicas de una parte significativa de nuestra población estudiantil, pues un porcentaje muy relevante de ella proviene de bajos recursos o regiones en condición de vulnerabilidad.

La Universidad Nacional coadyuva a la atención de la pandemia y la crisis fiscal del Estado, atendiendo los principios estatutarios, la solidaridad, sensibilidad y la responsabilidad social.

En este sentido, la Universidad Nacional ha realizado las siguientes acciones:

Sobre la atención de la pandemia:

1) Área epidemiológica y de atención a la pandemia.

2) Eje económico y productivo.

3) Eje social, psicológico y educativo.

4) Eje de estudio de los efectos de las medidas para impedir la transmisión de la covid-19.

Sobre el tema fiscal:

Atención de recortes y postergaciones de presupuesto que se han realizado en los últimos años. Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ¢8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ¢5.000 millones. Ambas cifras suman ¢13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA.

El Consejo Universitario rechaza las propuestas que procuren una nueva reducción del presupuesto a la educación pública en su conjunto, siendo un sector estratégico para el desarrollo del país y la atención de la covid-19, específicamente las mociones presentadas en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para reducir el monto acordado en la Comisión de Enlace para el Fondo Especial de la Educación Superior; en consecuencia se pondría en riesgo las áreas más sensibles de nuestra universidad, para garantizar la atención de las necesidades académicas y estudiantiles.

Recordar a las diputaciones de la Asamblea Legislativa que el sistema de educación superior de Costa Rica ha sido un baluarte en el desarrollo integral y la movilidad social de poblaciones que no ha tenido las oportunidades de mejorar la condición de vida mediante la educación; en consecuencia, una reducción del presupuesto sería un acto inconstitucional y un retroceso histórico en el modelo educativo nacional.

Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO

Más información con la Oficina de Comunicación al 8720-4908.

Recorte de 53 000 millones de colones al presupuesto de las universidades públicas afectaría seriamente la operación de la UCR

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El rector manifestó que, de darse esta disminución se perjudicaría, la cantidad de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año

El rector de la UCR hizo un llamado a los señores y señoras diputadas para no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Una moción presentada por la diputada María Inés Solís Quirós del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende reducir en alrededor de ¢53 000 millones el presupuesto de las universidades públicas del 2021. Esta será debatida en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la discusión para la aprobación del Presupuesto Nacional de la República del 2021.

La moción Nº 74 supone un rebajo de ¢49 000 millones al FEES en general y de ¢215,7 millones adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como 3 mil millones a la UTN, que corresponden a un rubro de gastos operativos.

En un mensaje enviado a la comunidad universitaria y nacional, el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, manifestó que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES, llevaría a un escenario de afectación radical de la actividad sustantiva de la institución, lo que implicaría entre otros, la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año. Por lo que hizo un llamado a los señores y señoras diputadas no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones.

Agregó que esas mociones afectan, en principio, la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología los retos que impone la crisis sanitaria, así como la promoción de la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables que se realizan día a día desde las universidades públicas.

“Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario recordar que el sector educación y dentro de él, las universidades públicas, hemos mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos, lo que ha implicado, como ya es público, una significativa afectación del FEES 2021, dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó Araya.

Según la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), una disminución de esta magnitud en el FEES significaría una afectación grave a toda la operación de la UCR.

Además señaló que el otro rubro que se pretende recortar en la moción, se refiere a los ingresos según los artículos 22, 23 y 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°9635) que sustituye lo que anteriormente era la Ley 7386, conocida para la universidad como la Ley de Paraíso (215,7 millones) cuyo impacto incide de forma directa y perjudicial en la regionalización.

Es importante indicar que, la institución presenta un crecimiento en gasto corriente de 3,92 %, el cual es inferior al límite estimado por el Ministerio de Hacienda (4,13%) correspondiente a la Regla Fiscal.

Por su parte, el Ing. José Francisco Aguilar Pereira, vicerrector de Administración explicó que ya el presupuesto 2021 de la UCR contempla una disminución total de ¢22 mil millones de colones de los cuales 12,6 mil millones de colones corresponden a ingresos provenientes del FEES y ¢9,6 mil millones por ingresos propios, esto en relación al presupuesto 2020.

Dentro de los principales recortes se estableció un 20% menos para tiempos extraordinarios y combustible, un 68% menos en viáticos y transporte al exterior, así como un 50% menos a proyectos institucionales y apoyo a las vicerrectorías, entre otros.

De igual manera, no se asignan recursos en las diferentes partidas de equipos; por tanto, no se cumple con la atención del Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (PRECT), que, por norma institucional, se debería asignar el 4% del FEES Institucional a este Programa.

Complementariamente, como parte de los esfuerzos de contención del gasto y dada la crisis sanitaria del país y por ende la limitación de los recursos destinados a la educación superior, igualmente, en el concepto de “remuneraciones”, se aplican las siguientes medidas: no se incorpora estimación por ajuste salarial de costo de vida, ni reserva, no se consideran ajustes en los componentes del grupo de partidas de Sueldos al Personal Permanente y no se crean plazas.

Además, en el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UNA: Alerta ante la amenaza de nuevos recortes al FEES 2021 por la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Con vehemencia me dirijo a toda la Comunidad Universitaria para manifestar mi preocupación y total oposición al conjunto de mociones presentadas por algunos diputados y diputadas, que afectan directa e indirectamente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y consecuentemente, el quehacer de la Universidad Pública Costarricense.

Todas estas mociones han sido presentadas en el contexto de la aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2021, el cual se deberá analizar y votar entre hoy y mañana en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la República 2021.

Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario enfatizar que el sector educación y dentro de él, las Universidades Públicas, hemos sido consecuentes y solidarios en el contexto que vivimos, lo que ha implicado una significativa afectación del FEES 2020 y 2021, dentro de los márgenes constitucionales.

Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ₡8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ₡5.000 millones. Ambas cifras suman ₡13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA. A pesar de dicho rebajo, se ha incrementado el presupuesto destinado al fondo de becas estudiantiles con el objetivo de atender la mayor demanda de becas por parte de estudiantes provenientes de hogares que se han visto afectados económicamente durante esta pandemia.

Para hacer frente a la reducción de presupuesto 2021, se han ajustado a la baja, de manera importante, diferentes partidas presupuestarias y se ha tomado un conjunto de medidas para contener el gasto, tal cual les hemos informado mediante circulares y presentaciones a través de sesiones por medio de la plataforma Zoom.

Es importante comprender que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES 2021, nos llevaría a un escenario de afectación radical en la acción sustantiva de la institución, en todos sus ámbitos; desde la reducción de los cupos disponibles para nuevos estudiantes, hasta la afectación en proyectos de investigación y extensión y, por tanto, en el aporte a nuestra sociedad.

Una consecuencia no deseada de la crisis causada por la pandemia provocada por la COVID 19 es justamente la reducción de las posibilidades de estudio para nuestras y nuestros jóvenes, por lo que hacemos un llamado vehemente a las señoras y señores diputados para que, con su voto, eviten caer en situaciones que ya en el pasado hemos vivido y que por décadas posteriores hemos lamentado.

La Universidad Nacional ha tenido plena capacidad para ofrecer a Costa Rica aportes para enfrentar la pandemia por la COVID 19 y los efectos socioeconómicos, dirigidos a todos los sectores producto de la sociedad. En este marco la UNA desarrolla cerca de 40 iniciativas que contribuyen de manera prioritaria a la atención de las poblaciones vulnerables y que se caracterizan por proteger los principios de equidad, justicia, humanismo, y solidaridad social, clasificadas en 5 ejes principales: Seguimiento y atención a la pandemia; Economía y productividad; Condiciones sociales, salud mental, psicología y educación; Estudios sobre medidas para impedir la transmisión por el SARS-COV-2.

Evidente ha sido el aporte de la Universidad Pública en general y de la UNA en particular al desarrollo equitativo y sustentable del país a lo largo de su historia, y en especial en tiempos de emergencia nacional, por lo que reitero el llamado urgente a la comunidad universitaria a estar atentos para la defensa de la educación pública en general y la educación superior estatal en particular.  Pero sobre todo a manifestar por diversos medios de comunicación la importancia de la educación superior como un bien público social y un factor estratégico para alcanzar el bienestar y el desarrollo social en clave de mayor equidad.

Atentamente,
Francisco González Alvarado
Rector
UNA

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Academia Nacional de Ciencias: Autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

La autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de Costa Rica

Academia Nacional de Ciencias – Comunicado:

El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un componente esencial en la capacidad de un país de generar prosperidad y equidad a través del conocimiento. Costa Rica, durante varias décadas, ha realizado esfuerzos importantes, aunque aún insuficientes, para que la ciencia y la tecnología ocupen un lugar destacado en la agenda política nacional.

Los análisis sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Costa Rica han mostrado que el principal reservorio de conocimiento científico del país se encuentra en las universidades públicas, las que han aprovechado los recursos que les provee el Estado para generar un dinámico sector de investigación científico-tecnológica, el cual tiene fuertes vínculos con amplios sectores del país. La ciencia no es sólo una poderosa herramienta para el crecimiento económico, sino que constituye un elemento fundamental de la cultura de un país.

Para que las universidades públicas logren consolidar este valioso aporte al país es necesario que su actividad de generación de conocimiento mediante la investigación, y la proyección de ese conocimiento a la sociedad, no se debilite, sino que más bien se fortalezca. Un elemento absolutamente esencial de esa capacidad universitaria de generación de conocimiento a través de la investigación lo constituye la libertad académica en estas instituciones, vale decir la posibilidad de las personas que se dedican a la investigación para desarrollar sus proyectos en un marco de plena libertad. Esa libertad asegura el desarrollo de ideas novedosas y de soluciones innovadoras a los problemas del país.

Esta libertad académica, la cual potencia la energía creadora al interior de las universidades públicas, la garantiza la autonomía universitaria, ese preciado legado que nos dejaron los constituyentes, y que se ha mantenido incólume desde 1949. Las universidades públicas elaboran sus agendas de investigación en diálogo permanente con diversos sectores de la sociedad a la cual estas instituciones se deben. Pero esos sectores, especialmente los del ámbito político, no deben intentar interferir con la forma como las universidades organizan y desarrollan su trabajo académico.

Desde la Academia Nacional de Ciencias hemos visto con suma preocupación algunas iniciativas en el seno de la Asamblea Legislativa tendientes a modificar los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la autonomía universitaria. Consideramos que eso sería un craso error histórico que golpearía sin duda las capacidades nacionales en ciencia y tecnología.

El desarrollo científico-tecnológico surge en ambientes universitarios donde la libertad académica y las decisiones del uso de los recursos que provee el Estado se definen al interior de estas instituciones, en pleno ejercicio de la autonomía. El país requiere que las instituciones de educación superior continúen trabajando en el marco de una autonomía plena, para que sigan contribuyendo al desarrollo de la ciencia costarricense.

La Academia Nacional de Ciencias (ANC), creada mediante la Ley 7544 de 1995, tiene como misión asesorar a los poderes del Estado costarricense en Ciencia y Tecnología, promover la investigación científica y tecnológica del país y constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Es por esto que, como academia que vela por el mejoramiento de la actividad científica y tecnológica nacional, hacemos un llamado vehemente a las señoras diputadas y a los señores diputados para que no se modifiquen los artículos constitucionales relativos a la autonomía universitaria.

San José, 21 de julio de 2020

Foto: UCR

Sin autonomía no hay universidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

En la calle aprendimos, hace muchos años, que «sin autonomía no hay universidad», mientras defendíamos como estudiantes nuestro derecho al estudio. Pronto completamos esa consigna con: «sin presupuesto no hay autonomía». Lo mucho que aprendimos entonces, tomando la escena pública, no lo habríamos encontrado en libros ni en aulas, pese a la excelencia de los profesores. Para el movimiento estudiantil universitario, la autonomía no ha sido su gran maestra, pues sin libertad el pensamiento se asfixia, como quien lleva una bolsa plástica en la cabeza. De ahí que atentar contra la autonomía es atentar contra la universidad misma, la cual debiera ser la más alta expresión de democracia. Además, cada vez que se la intenta restringir se trastoca la República establecida en 1949. Por eso digo que los «neoliberales» del gobierno ni liberales son; para esos populistas nuestro marco jurídico resulta ser una camisa de fuerza.

Según la carta magna, la «independencia funcional» de las universidades públicas incluye la «plena capacidad jurídica» (…) para «darse su organización y gobierno propios». Implica además la administración del «patrimonio propio» y de sus «rentas propias». En lo que respecta al saber, su independencia es absoluta; no obstante, su plan general debe tomar en cuenta «los lineamientos que establezca el Plan Nacional de desarrollo vigente». Así que no se limita a la «libertad de cátedra», por mucho que sea su núcleo palpitante y un «principio» que debiera extenderse a toda la educación pública, no solo a la «enseñanza universitaria».[1] Así lo haría un pueblo inteligente y correspondería a una democracia realmente participativa. Aunque sea el fantasma que asusta a todo pichón de tirano.

Dicha independencia es con respecto al Ejecutivo y al Legislativo, por lo que el Poder Judicial debe protegerla.[2] El artículo 88 incluso obliga a la Asamblea Legislativa a «oír previamente» al Consejo universitario «para la discusión y aprobación de proyectos» de su competencia. Y se estampó así, como norma superior, precisamente para que ningún político o funcionario se atreviera a menoscabarla. En sentido estricto, se trata de un «estado» dentro del Estado, una auto limitación de su propio poder omnímodo, pues la voluntad expresa del Soberano fue proteger el pensamiento crítico. Como si un gigante se amarrara voluntariamente las manos para no estropear las alas de una mariposa.

¿De qué se quería proteger a la universidad pública? De las múltiples formas que adopta la recurrente pasión fascista contra «la inteligencia». También quiso protegerla de las recurrentes tentativas del pensamiento utilitario que confunde el desarrollo del país con el comportamiento del PIB. En suma, el constituyente quiso proteger la crítica y la creatividad de quienes creen que la educación es un gasto, no una inversión social, y que solo se justifica si sirve a la acumulación capitalista.

Amenazarla so pretexto de un déficit fiscal ficticio solo revela las bajas luces de quienes en la Asamblea Legislativa mal redactaron ese informe de mayoría, aprobado por 31 diputados para vergüenza de la historia patria. Los mismos que no tuvieron la valentía de llevar adelante una reforma tributaria seria, integral y progresiva, pretenden ahora recortar la educación. Tal vez ni se dan cuenta de que ahorrar en educación es invertir en ignorancia. ¿Cuál es el ejemplo que siguen, a qué futuro apuntan, tendrán algún modelo de desarrollo en la cabeza, habrán oído hablar de la sociedad del conocimiento? ¿Será posible que también ignoren la experiencia de Finlandia, por ejemplo?

Llamando las cosas por su nombre, estamos ante un gesto bárbaro y más vale que tomen nota de que el poder tiene que respetar, si quiere ser respetado. Sin embargo, en primer lugar debe ser un signo que nos interrogue como educadores. ¿Cómo se ha estado manejando la educación del país para que se haya reunido en el segundo poder de la República tanta arrogancia? ¿Y no es como decir tanta ignorancia? Solo a los pobres de espíritu un cargo público que ni merecen puede llevarles a asumir tales actitudes. ¿No se trata de una señal alarmante de decadencia educativa? ¿Se puede entender simplemente como un resultado de esas «universidades de garaje» que reparten títulos como si fueran mercancías? ¿Acaso no significa que hemos fracasado en la defensa de una educación de calidad, capaz de defender nuestra identidad y nuestra cultura; que hemos cedido demasiado a los economistas mediocres, a la tecnocracia más obtusa, en definitiva, a las pueriles demandas comerciales? ¿No indica también que hemos renunciado a la acción política para dejarla en manos de oportunistas de todos los colores?

Si de algo ha de servir la autonomía y la libertad, en estos momentos aciagos de la Patria, es para la reflexión autocrítica, para preguntarnos radicalmente sobre nuestro papel como trabajadores y como patriotas. Porque, parafraseando al ex Ministro de Hacienda -que no es santo de mi devoción- este es un momento para próceres. No es para tecnócratas, no para funcionarios del FMI, ni para partidos de pacotilla que olvidaron sus principios ideológicos, extraviados como están en los más retrógrados cantos de sirena de los organismos internacionales. No es este un momento para políticos de «vitrina», como bien los llama el Presidente, que desgobiernan y retro-legislan a favor de la fracción más codiciosa y corrupta del empresariado costarricense.

Por cierto que veo a ese Presidente cada vez más alejado del Pueblo, el que dejará en la peor miseria de la que se tenga memoria en el país. Y ni crea que la pandemia le servirá de excusa, porque ella más bien ha revelado las injusticias que hemos tolerado por más de cuarenta años, junto con la incapacidad de la clase política, pese a la abnegación de los funcionarios públicos. Mientras tanto él prepara, bajo la mesa y aprovechando el encierro, la venta de KOLBI, BICSA, BCR, RECOPE y FANAL, a precio de remate, con el afán de dejarnos tan endeudados como le sea posible, puesto que el FMI acecha de nuevo como un ave de rapiña, ratificando en la crisis que lidera a ese vampiro polimorfo que es el sector financiero, mismo que el microbio ha evidenciado en toda su fría y calculadora falta de solidaridad. En sus fauces quiere entregarnos un gobierno que no cobra lo que le deben, ni paga lo que debe, pero cobra con saña a quienes no le deben.

Ese es un Presidente que ensalza a su pueblo silencioso, como lo dijera en Guanacaste, orgulloso de haber ganado, a sus 34 años, un pulso a los trabajadores públicos; como si la clase trabajadora no fuera el pilar central del Soberano que lo mantiene donde está y que sí contribuye a pagar su salario, justamente lo que no hacen quienes él trata como ciudadanos VIP. Todo por imponer un plan fiscal regresivo que a la postre se ha quedado chingo, por ser demasiado complaciente con exonerados, evasores y elusores. Presidente orgulloso de haber promovido un recorte de las huelgas «políticas» en una democracia disque participativa. Otra barbaridad del tamaño del estadio nacional, porque ¿cómo puede sentirse orgulloso un comunicador y cientista político de restringir libertades políticas?[3] Él sigue sin enterarse de que un Presidente de verdad trabaja para la historia patria, cuyas sentencias son inapelables; no para salir por la puerta de atrás después de cuatro años de aporrear al que menos tiene. En ese sentido, de nada le servirá tampoco si logra salir montado en un tren eléctrico. Sin duda trabaja mucho, que fue lo único que prometió, pero para ser el peor de la segunda República, lo que nadie se esperaba.

Según el sociólogo Alejandro Sura, la profunda crisis actual, no solo sanitaria y económica, sino también ética y moral, se debe a que no hay un «sujeto político», es decir, no hay un liderazgo visible, creíble y lúcido que prenda las luces largas, como pueblo, como nación. Sin embargo, hay muchas voces autorizadas manifestándose; por ejemplo, recientemente y en este tema, voces de la estatura de Walter Antillón, Yamileth González, Gustavo Gutiérrez, José María Gutiérrez, José Manuel Arroyo, Virginia Sánchez, Gilberto Alfaro, entre otros, junto a rectores y sindicatos universitarios que se preparan para la lucha.[4]

Muchas voces comienzan a juntarse, a dialogar, a aglutinar el pueblo. Siempre ha sido así, algunos pocos lo convocan, otros le subestiman, muchos temen su fuerza ciclónica y los demás hunden su cabeza en la arena. Pese a todo y contra todo, poco a poco se va juntando su polifonía, mientras emergen los «metapuntos de vista» (E. Morin) que alumbran la unidad en la diversidad; siempre con la Patria en el corazón (jamás «en el bolsillo», según titula Oscar Aguilar Bulgarelli uno de sus libros), porque defender la autonomía no es cosa de defender solo a la universidad, sino que también es defender el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Las condiciones están dadas, a pesar del confinamiento y las carencias del «animal político» (Aristóteles). Recuérdese que las últimas grandes jornadas cívicas han enseñado que, al final del día, los dirigentes caminan detrás de la resistencia hipercreadora del Pueblo. No hay que consultar una bola de cristal para prever que la pandemia también está incubando una crisis política de proporciones inusitadas. Solo falta la chispa que siempre enciende la pradera. Mientras tanto, los que mueven los hilos del poder, la siguen atizando a todo pulmón, por una especie de fatalidad políticamente suicida. Siempre que sucede igual, pasa lo mismo, al decir de Leopoldo Fernández (1904-1985), el famoso «Tres patines». Pero hay que permanecer atentos porque también es cierto que pueblo que se duerme se lo lleva la corriente… ¿Dejaremos que nuestros estudiantes nos enseñen una vez más el camino de la dignidad nacional, o esta vez iremos adelante dándoles ejemplo?

[1] Idem, artículo 87: «La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria»

[2] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 84.

[3] Contra el artículo 9, según fuera reformado en el 2003.

[4] Para muestra un botón: José Manuel Arroyo, «Preguntas esenciales a propósito del FEES». En Surcosdigital: https://wp.me/p6rfbZ-bRM

Imagen: Trabajadores de FANAL produciendo alcohol para la emergencia sanitaria.

Universidad pública: ámbito libre del conocimiento

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Rogelio Cedeño Castro*

La intensa campaña desplegada, desde hace ya más de dos años, en los medios de comunicación de más alcance, tanto en los impresos como en los de la televisión y la radiodifusión, como también a través de las redes sociales donde alcanza los estándares más elevados de una violencia simbólica desmesurada, siempre a un paso de la violencia física o como antesala de ella, lo que se evidencia en la agresividad manifiesta de los “comentaristas” erigidos en una especie de vox populi, para desprestigiar, e incluso desarticular a las universidades públicas y a la comunidad académica que existe en su interior,  con una violencia materializada incluso en los ataques directos más rastreros e insultantes hacia las personas de sus rectores, no constituye en sí misma un hecho aislado o casual ni tampoco una conspiración oculta(afirmación esta que algunos buscarán descalificar diciendo que estamos acudiendo a una falaz y paranoica teoría de la conspiración) sino que se pone de manifiesto en el despliegue de una intencionalidad, casi imposible de ocultar por parte de sus gestores, de establecer un control político de naturaleza autoritaria sobre la educación superior en Costa Rica, como un paso previo para el despliegue de los rasgos más característicos de una sociedad totalitaria, la que ha sido siempre una especie de utopía-distopía de una parte del sector empresarial que se oculta detrás de la sigla UCCAEP, un sueño como el de aquel general de triste recordación que gobernó Chile a la fuerza, expresado en la frase “no se mueve una hoja en este país, sin que yo lo sepa”.

El modelo de universidad con el que sueñan estos sectores recalcitrantes de la derecha totalitaria en este, y en los demás países de la región, oscila entre el modus operandi centralista y autoritario que tuvo hasta 1980 el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), y el de la gran mayoría de las universidades privadas existentes en el país, un tema sobre el que habrá que volver de nuevo, de manera pormenorizada. En el caso del TEC se trataba de una institucionalidad que tampoco estuvo caracterizada por su accesibilidad en términos de becas y en la existencia de criterios de ingreso que favorecieran a aquellos estudiantes de menores ingresos. Cabe destacar que las editoriales universitarias acaban de publicar una obra del historiador Iván Molina Jiménez acerca de la lucha democratizadora de los estudiantes del TEC, durante los primeros años de la década de los ochenta, bajo el título “Huelgas democratizadoras: la rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1980-1982” CIHAC EDUPUC (Editoriales Universitarias Públicas Costarricenses) Editorial UCR 2020 que como resulta evidente habrá que leer con detenimiento. El propio historiador ha afirmado que además de la determinación de los estudiantes del TEC, que tuvieron una sagaz y valiente conducción en el despliegue de su lucha, el hecho de que la Asamblea Legislativa de la época estuviera integrada por diputados de todas las fracciones, con gran sensibilidad social y espíritu democrático, fue algo que permitió culminar el proceso de democratización del TEC en 1982, el que dio lugar a cambios muy profundos en el rumbo de esa institución. Lo afirmado por Iván Molina confirma la tesis que hemos venido sosteniendo en otros artículos, acerca de la sostenida degradación de la clase política costarricense, cuyos diputados de todo tamaño y color se orientan hoy, de manera exclusiva, hacia la defensa cerrada de los intereses del grupo más regresivo del sector empresarial costarricense, habiendo tomado una franca deriva totalitaria en su proceder, al criminalizar la protesta social y abanderar la ofensiva contra los derechos sociales de los trabajadores y el modelo democrático de educación superior pública en este país. No se puede homologar a los diputados del presente con los de aquellas generaciones en unos tiempos donde hubo gentes muy ilustradas, dotadas de un gran sentido de responsabilidad histórica.

No olvidemos que los ataques contra la universidad pública costarricense se sustentan en las más grotescas mentiras, las que no se cansan de repetir con el mayor desparpajo totalitario, en el estilo del nazi Joseph Goebbels, su mejor maestro aunque lo oculten y lo nieguen con manifiesta ingratitud. Tal es el caso de los salarios de los trabajadores universitarios, un tema que ya aclaró la diputada Paola Vega en el debate sobre ya mencionado informe sobre el FEES, cuando recordó que sólo en un 4% del total alcanzan a los cuatro millones de colones. Sería bueno, como contrapartida, que habláramos de las exiguas remuneraciones de los docentes y administrativos de las universidades privadas, las que conforman un ámbito donde la democracia no pasa de ser una mera expresión, jamás una vivencia plena.

El control de las dimensiones esenciales de la cultura y su reproducción, como también la elaboración de conocimiento científico y su divulgación en nuestro medio, se han convertido en el núcleo central de la agenda de las élites oligárquicas en el poder. Para ello, les resulta  una condición indispensable el terminar o cercar, reduciéndolos a la mínima expresión, a aquellos núcleos de pensamiento y producción de conocimiento científico que estén fuera de su control, tal es el sentido esencial de los contenidos del Informe de mayoría del grupo de diputados que “investigaron” acerca del Fondo Especial de la Educación Superior FEES en el que figuraron como firmantes, de manera muy notoria, los diputados Wagner Jiménez y Erick Rodríguez Steller, quienes al parecer lo hicieron con “preocupaciones” de orden presupuestario, o de facilitar el acceso a la educación superior a un grupo mayor de estudiantes provenientes de los sectores populares, cuando en realidad es precisamente lo contrario, dado el modelo que subyace implícito en sus ataques a la universidad pública, a la que acusan de suministrar los cuadros políticos de la izquierda costarricense, aunque si ese fuera el caso los resultados serían notoriamente malos para ese sector del espectro político.

Lo que ya no pueden ocultar los señores de la UCCAEP y sus sirvientes de la clase política es su odio a la cultura, a la inteligencia y al pensamiento libre que conforman una triada esencial para la vida democrática, hoy amenazada de muerte en medio de la puerilidad de muchas gentes que no todavía no terminan de abrir los ojos. El viejo fascismo siempre odió a la intelectualidad, quemó libros, destruyó pinturas y esculturas y persiguió a los escritores, artistas, científicos y pensadores más destacados, allá en los años treinta del siglo anterior, tanto en Alemania como en Italia, y en la España Franquista surgida de la guerra civil. Sucede ahora que el “nuevo”, con sus próceres mucho menos ilustrados que los de entonces, disfrazado con un “ropaje democrático” dada su cobardía y mediocridad, quiere aprovecharse de nuestra perplejidad, de nuestras dudas sobre el desafío que nos han lanzado sobre la mesa. Como recordaba Karl Jaspers, en el título de una de sus obras más famosas, nos encontramos, de nuevo, frente al incesante desafío que experimenta la razón frente a sus enemigos.

Dado este panorama, y asumiéndolo en todos sus alcances, es que estamos en capacidad de afirmar que Costa Rica se encuentra atravesando uno de sus momentos históricos más sombríos, al cabo de muchas décadas, en medio de un clima social y político sólo comparable, en gran medida, al propiciado por aquella dictadura que el pueblo costarricense tuvo que derrotar en las calles de San José, durante la segunda mitad del año de 1919. Debemos estar preparados para defender la democracia verdadera, la libertad y la autonomía universitaria, como uno de los ámbitos esenciales de la libertad de pensamiento y de los derechos esenciales del pueblo costarricense; pues sucede, al parecer que como en el mito de Sísifo, al que hacía alusión Albert Camus en una de sus obras más conocidas, estamos condenados a volver hacia el fondo del abismo, y llevar de nuevo esa gran roca de la libertad hasta la cima de la montaña, nunca podremos estar seguros de haberla conquistado, de una manera definitiva.

* Sociólogo y escritor.