Ir al contenido principal

Etiqueta: FEES

La autonomía universitaria y el dictamen de la Comisión Legislativa sobre el FEES

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José María Gutiérrez (*)

El dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) contiene diversos aspectos de índole presupuestario que requieren ser atendidos por las universidades, particularmente en lo que se refiere a los cambios en la estructura salarial, de manera que se favorezca la equidad en esta materia y la sostenibilidad económica de las instituciones en el mediano y largo plazos. Estos cambios son urgentes y deben gestarse por las mismas universidades, en lo que tienen responsabilidad la dirigencia y las comunidades de estos centros de educación superior.

Pero este dictamen contempla también una serie de propuestas y recomendaciones que ponen en entredicho fundamentos esenciales del concepto de universidad pública. Este informe requiere ser analizado de manera crítica por parte de la misma Asamblea Legislativa, las comunidades universitarias y la sociedad en general, dada la importancia de estas instituciones de educación superior en la vida del país. En este contexto, es conveniente primero reflexionar sobre los conceptos de universidad pública y de autonomía.

¿Qué es una universidad pública?

Una universidad pública es una institución de educación superior dedicada a la generación de conocimiento y a la formación de profesionales en muy diversas áreas del saber, así como a la proyección de estos saberes a la sociedad. Las universidades son nichos donde se desarrollan nuevas ideas, se estudian temas de muy diverso tipo y se cultivan las ciencias, las artes, las letras y las tecnologías desde perspectivas que van más allá de su impacto inmediato. También son espacios de pensamiento crítico y de reflexión permanente sobre la realidad. Por ser centros de creación de nuevo conocimiento, inciden decisivamente en las sociedades que las amparan. Por su misma naturaleza, deben ser centros de tolerancia y de respeto a la diversidad en todas sus formas. Se basan, por ende, en una sólida libertad académica y en una visión amplia del conocimiento y sus aplicaciones.

Por su carácter integral, crítico y humanista, las universidades públicas son esenciales para las sociedades. Estas requieren de estos centros de pensamiento diverso y de creatividad permanente, los cuales atienden temas y problemas urgentes del presente, pero también apuntan sus luces hacia el futuro, contribuyendo a buscar y marcar senderos por donde se forje un mejor porvenir para la colectividad. Además, tienen la misión de formar profesionales que sean no solo competentes técnicamente, sino también personas integrales, humanistas, críticas y socialmente responsables.

Por ello, la universidad pública no puede estar al servicio de grupos de poder y de sectores económicos o políticos particulares. Sus rumbos se definen en un continuo diálogo con la sociedad, pero deben tener la suficiente amplitud y autodeterminación para garantizar que sus fines se enmarquen en las necesidades de la sociedad toda y no de grupos de interés puntuales. Estos centros de educación superior tienen la misión de ser un espacio de pensamiento y acción que no se supedita a los poderes fácticos, lo cual es garantizado por la autonomía universitaria. Esta incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión.

La autonomía de las universidades públicas se encuentra asediada en el mundo y, en particular, en América Latina. Hace poco más de un siglo, el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, en Argentina, gestó un cambio profundo en su universidad, lo que se denominó la Reforma de Córdoba, que luego se extendió por todo el continente. La autonomía universitaria en América Latina surgió, en buena medida, a partir de este hito. En Costa Rica la autonomía tiene rango constitucional, lo cual ha sido clave para defenderla de quienes pretenden que estas instituciones estén al servicio de sus intereses.

Discusiones recientes en Costa Rica sobre el concepto de autonomía han llevado a banalizar este precepto, al caricaturizarse este valor fundamental y hacerlo ver como un interés de estas casas de estudio de ser ‘repúblicas independientes’ y de no dar cuentas a la sociedad. Aunque esto está lejos de ser cierto, dicha banalización ha contribuido para que sectores no aquilaten la relevancia de la autonomía como requisito para que la universidad pueda cumplir el papel estratégico que tiene en la sociedad.

El ejercicio de la verdadera autonomía universitaria puede desnaturalizarse en el interior mismo de estas instituciones, cuando se emplea para defender privilegios, para generar zonas de confort que no responden a las necesidades de la sociedad, y para evadir la rendición de cuentas de lo que se hace y se deja de hacer. En este sentido, la autonomía no puede ser autarquía irresponsable. Por el contrario, la autonomía es un valor fundamental que garantiza que las universidades puedan desarrollar sus actividades esenciales de creación y transmisión de conocimiento, y de aporte diverso a la sociedad, en un marco de libertad, pluralidad y autodeterminación.

La autonomía bajo acecho: el presupuesto

Debido al enorme potencial académico, cultural, económico y social de las universidades públicas, su autonomía siempre ha sido una piedra en el zapato para los grupos de poder en América Latina. Las universidades en la región están sufriendo embates que procuran cooptarlas para los intereses de grupos particulares, y conducirlas por la lógica mercantil que domina nuestras sociedades. Hay diversas formas de debilitar la autonomía, y con ello reducir el espacio de amplitud académica y social de estas instituciones.

La autonomía pierde vigor cuando se cuestiona el financiamiento de las universidades públicas. La forma más sencilla de desnutrir a estas instituciones es debilitando su presupuesto, al que tienen derecho constitucionalmente, lo que trae como consecuencia la reducción de su contribución a la sociedad; hay múltiples ejemplos de lo anterior en América Latina. Hemos visto con enorme preocupación el ataque violento al financiamiento de las universidades federales brasileñas. El año pasado fuimos testigos de un hecho sin precedentes en nuestro país, cuando el Ministerio de Hacienda modificó la asignación de las partidas del presupuesto de las universidades. No son hechos casuales, se trata de una tendencia en toda la región.

El estrujamiento presupuestario tiene otro corolario: dirige las universidades hacia la lógica del mercado, es decir, a violentar aspectos esenciales de su carácter público para centrar muchas de sus acciones en la búsqueda de financiamiento mediante el vínculo remunerado con el sector externo. Se plantea con frecuencia en nuestro medio la idea de desarrollar modelos universitarios de carácter mercantil que han sido fuertemente criticados en universidades del primer mundo donde se han implementado, por haber contribuido a una privatización solapada de estas instituciones y a un deterioro del ethos universitario.

Si el presupuesto universitario se centrara, cada vez más, en estos vínculos remunerados externos, ello conduciría indefectiblemente al fortalecimiento de ciertas áreas y al debilitamiento de aquellas que, por su naturaleza, no puedan generar recursos por esa vía. Se quebraría entonces la integralidad del desarrollo universitario, para detrimento no solo de la academia, sino del país. Las universidades, como una de sus formas de relacionarse con la sociedad, pueden establecer estos vínculos que promueven el desarrollo económico del país y a la vez le generen recursos frescos. Pero esta no puede ser la ruta por la cual procuren su estabilidad financiera de cara al futuro. El presupuesto de las universidades públicas ha de tener fundamentalmente origen público.

Las universidades no deben centrarse en una visión economicista del desarrollo

Otro ingrediente que gravita con fuerza en las discusiones actuales sobre las universidades públicas se centra en una visión del desarrollo de los países y de las personas, y de cómo las universidades pueden aportar al mismo. Existe una visión predominante de carácter economicista y reduccionista. Se hace equivaler el desarrollo y el bienestar al crecimiento económico y, para ello, se conmina a las universidades a establecer fuertes vínculos con el sector privado como un eje central del quehacer institucional.

Se trata de una visión que se ha convertido en una especie de ‘sentido común’ para los sectores políticos y económicos hegemónicos en la región y en Costa Rica. Se asume que la relación de la universidad con su entorno societario debe priorizar ese contacto con el sector productivo privado, perdiendo de vista que estas instituciones tienen una amplísima gama de relaciones en diversos ámbitos. El bienestar de un país es mucho más que el crecimiento económico, ya que tiene un carácter multidimensional. Esta priorización se observa en la forma como se visualiza la formación profesional, concibiéndose como capacitación principalmente técnico-académica. No se da la importancia que merece a la formación de personas integrales, forjadas en el pensamiento crítico y la responsabilidad social.

Esta visión reduccionista desmerece el aporte de disciplinas que no tienen directamente que ver con el desarrollo económico y las necesidades del mercado. Al hacerlo, desvirtúa un elemento esencial del desarrollo de las sociedades y de la universidad como centro de pensamiento y formación integral, cual es la importancia del cultivo de una gran cantidad de disciplinas, independientemente del impacto económico de las mismas. Es precisamente la autonomía universitaria la que permite que estas casas de estudio mantengan un desarrollo integral de variadas ramas del conocimiento, resistiendo las corrientes que tratan de cooptarlas para intereses estrechos.

Vale decir, además, que no es correcto afirmar que las universidades aportan poco al desarrollo económico del país, lo cual no tiene un sustento válido. Podemos citar múltiples ejemplos de vínculos fuertes entre los grupos universitarios y el sector productivo; la información que sustenta lo anterior es fácilmente accesible. Se puede hacer más en ese ámbito, pero se hace bastante. Fomentar este prejuicio por diversos medios tiene un efecto negativo en la percepción que de las universidades tiene la comunidad.

Un peligro de estos planteamientos es que los mismos sirven de base para sugerir que la asignación de presupuesto a las universidades esté condicionada a que estas se ajusten a lo que se considera que son ‘las prioridades del país’. Cabe preguntar, ¿cuáles prioridades?, y ¿cómo se establecen? Existen visiones variadas de las rutas que puede seguir el país, y no necesariamente lo que plantean los sectores políticos y económicos dominantes es la única salida al futuro. Es ahí donde la autonomía de las universidades les permite discutir alrededor de las propuestas que se plantean y sus aspectos benéficos y perjudiciales para el colectivo social, y tomar así sus propias decisiones en cuanto a su quehacer.

Es claro que las universidades deben tener la capacidad de detectar las necesidades de la sociedad, y así ajustar en lo que corresponde sus planes de estudio y desarrollo, y sus agendas de investigación y acción social. Autonomía no es autarquía y las universidades requieren responder a la sociedad y a sus requerimientos de manera dialógica. Pero es erróneo pensar que las necesidades de la sociedad son las que establecen los sectores políticos y económicos dominantes. Esos sectores tienen sus prioridades, pero existen muchos otros actores sociales, comunitarios, productivos e institucionales a los que las universidades se deben con su trabajo.

El informe y las recomendaciones de la Comisión Legislativa sobre el FEES

Con base en estas reflexiones generales acerca de la naturaleza y esencia de las universidades públicas, caben las siguientes consideraciones con respecto al dictamen de mayoría de la Comisión Especial Legislativa que estudió la administración del FEES.

  • Más allá de la urgencia de hacer reformas en los sistemas salariales universitarios, lo cual debe ser efectuado con urgencia al interior de estas instituciones, el informe tiene grandes limitaciones en las concepciones que maneja de lo que es una universidad pública, a lo cual se suma una percepción muy estrecha de las visiones de desarrollo y bienestar. Se agrega a lo anterior una carga de estereotipos con respecto a las universidades públicas, reflejados en descripciones muy sesgadas, parciales e infundadas de lo que aportan estas instituciones al país. Como consecuencia, el diagnóstico global que se hace en el documento es deficitario.
  • La comisión propone una reforma constitucional que asegure que la autonomía universitaria esté supeditada a las finanzas públicas. El presupuesto universitario se establece mediante negociaciones en la Comisión de Enlace, donde participan ministras y ministros del gobierno junto con rectoras y rectores, y se toma en cuenta la situación fiscal del país. Supeditar constitucionalmente el presupuesto universitario a las finanzas públicas pone a estas instituciones al vaivén de decisiones en política económica que son difíciles de predecir y que, con certeza, las debilitarán. Este sería un paso muy peligroso para la educación superior pública costarricense.
  • A lo largo del documento se percibe una concepción particular de lo que la comisión entiende por desarrollo y bienestar. Se trata de una visión de carácter predominantemente economicista, la cual asume como verdades establecidas aspectos que han sido cuestionados en muchas latitudes, ya que pierden de vista la multidimensionalidad del concepto de bienestar. En buena medida, el informe concentra el aporte universitario a su relación con el sector productivo privado y deja de lado un amplio espectro de proyecciones de estas instituciones a la sociedad. Cuando estas visiones limitadas se traducen en condicionamientos para el otorgamiento de presupuesto, como se desprende del dictamen, se está afectando directamente la autonomía universitaria.
  • El informe de la comisión hace énfasis en la necesidad de apoyar el desarrollo de las regiones y de las sedes universitarias ubicadas en ellas, lo cual es claramente pertinente, pero ese desiderátum debe transcender el estrecho marco que aplican también a este tema, para enfocarse en visiones más integrales de desarrollo. La comisión se aventura incluso a sugerir cuáles serían las regiones en las que se requiere priorizar el desarrollo universitario, indicando que en ellas hay que concentrar el grueso de la inversión futura del FEES y que de estas inversiones debería depender la nueva distribución de recursos. Esta sería otra transgresión de la autonomía universitaria. Los destinos de los fondos del FEES se establecen, por precepto constitucional, en el seno de las mismas universidades y no pueden estar condicionados por el gobierno. Se puede discutir y consensuar al interior de la Comisión de Enlace, pero no condicionar.
  • La comisión enfatiza en la importancia de que las políticas de educación superior estén alineadas con el plan nacional de desarrollo. Se critica fuertemente al Plan Nacional de Educación Superior (PLANES) y se dice que está “desconectado de las necesidades del país y de las regiones”, lo cual es una generalización que no contribuye a un análisis objetivo de los hechos. Es claro que debe haber una coordinación entre las universidades y el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, por su naturaleza autónoma, las instituciones públicas de educación superior no pueden enmarcar sus líneas de acción en función de un plan nacional de desarrollo. Las universidades requieren tomar en cuenta estos planes, pero tienen que ir mucho más allá en sus labores permanentes de reflexión, investigación y proyección a la sociedad; los planes de desarrollo no pueden ser una camisa de fuerza para estas instituciones.
  • La comisión legislativa también señala la conveniencia de que las personas titulares de los ministerios de Educación, Hacienda y Planificación formen parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Este consejo es una instancia de coordinación de las universidades estatales y su funcionamiento debe tener la garantía de la autonomía, al igual que lo tienen las instituciones que lo conforman. El CONARE requiere estar en permanente coordinación con las instancias del gobierno y los ministerios, pero sus decisiones deben ser autónomas del poder político de turno, cualquiera que este sea. Esta recomendación, por ende, no cabe.
  • Igualmente, la comisión plantea que el Ministerio de Educación Pública ejerza la rectoría de la educación superior pública, lo cual tampoco es aceptable. Obviamente se requiere una estrecha coordinación entre el ministerio y las universidades, y dicha coordinación existe en gran medida. Pero las decisiones y el rumbo de las universidades se deben definir al interior de estas, en diálogo con el ministerio y otros sectores, pero con autonomía para marcar los destinos. Estos dos puntos que plantea la comisión pretenden establecer una relación inaceptable, de carácter jerárquico, entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas.

En conclusión

Pese a que en el dictamen de mayoría de esta comisión las diputadas y los diputados insisten en que no pretenden afectar la autonomía universitaria, el documento trasluce concepciones, que culminan en propuestas, las cuales claramente ponen en entredicho aspectos claves de la autonomía, como los discutidos anteriormente. Las comunidades universitarias y la sociedad en su conjunto deben estar muy claras del peligro que muchas de estas recomendaciones entrañan para estas casas de estudio y, dada la relevancia de estas instituciones, para el país en general.

La ‘universidad del futuro’, para usar un término presente en el informe legislativo, sería aquella que mantenga su capacidad de desarrollo integral en una gran cantidad de campos del saber, que genere profesionales competentes, y a la vez críticos y socialmente comprometidos. Que sea centro de reflexión crítica permanente, y que se proyecte a la sociedad ofreciendo respuestas a los problemas del presente, pero atisbando los senderos futuros por los que transitemos hacia formas de convivencia más equitativas y justas, en el marco de una autonomía fortalecida. La ‘universidad del futuro’ debe responder a las necesidades de toda la sociedad y no solo de algunos sectores. En estos momentos de crisis es indispensable defender a ultranza los fundamentos esenciales de las universidades públicas y, muy particularmente, su autonomía.

(*) José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica
(jose.gutierrez@ucr.ac.cr)

 

Imagen de portada: Semanario Universidad.

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

FEUNA: “Innovar y reformar presupuesto para defenderlo”

Escrito en . Publicado en Derechos.

“Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional hemos insistido en generar cambios estructurales para mejorar la inversión en lo estratégico”, afirmó Noel Cruz, presidente de esta agrupación estudiantil, quien es enfático en que los cambios que sugiere la comisión legislativa que analiza y estudia el FEES deben surgir a lo interno de las universidades, en ejercicio pleno de la autonomía.

El dirigente estudiantil explicó que desde la Feuna consideran fundamental que las universidades públicas, y la UNA en particular, generen acciones contundentes que garanticen la sostenibilidad financiera y la posibilidad de invertir en lo estratégico, incluyendo un plan de fortalecimiento del Fondo de Becas Estudiantiles, atención al modelo de regionalización, modernización de la oferta académica y atención de la condición de interinazgo del sector académico.

“La mejor manera de defender el presupuesto universitario es innovando y reformándolo”, subrayó.

En su criterio, esto es necesario para poder atender las necesidades actuales de nuestra sociedad costarricense frente a una crisis inminente.

La posición del presidente de la Feuna es compartida por Andrea Carazo y Darío Segura, ambos representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario de la UNA.

“Hemos sido contundentes en que el estado y las instituciones públicas exigen cambios que les permitan atender las necesidades actuales de la sociedad”, aseguró Carazo.

Además, recalcó que en el marco de la autonomía universitaria, la Feuna ha propuesto un ejercicio de autocrítica en la distribución del presupuesto universitario, para que se continúe atendiendo a los sectores más vulnerables a través de prioridades: las becas estudiantiles, regionalización, derechos humanos y calidad académica.

Por su parte, Darío Segura considera que la defensa del presupuesto universitario tiene que pasar por una revisión interna, haciendo los ajustes necesarios y correspondientes, específicamente en partidas salariales, con el fin de mejorar las condiciones y oportunidades que se le ofrecen al sector estudiantil.

Por una reforma a lo interno

Los líderes estudiantiles recordaron que desde 2018, la Feuna presentó una agenda de reforma y reestructuración universitaria a las autoridades (#LaUQueMerecemos), desde una perspectiva autocrítica de la gestión universitaria.

La propuesta se presentó con la intención de ser una federación propositiva ante los retos país que enfrenta nuestra sociedad, con la convicción de que la educación pública es necesaria para reducir las brechas de desigualdad.

Después de casi dos años, los representantes de la Feuna sostienen que aún no se han tomado medidas contundentes que atiendan la sostenibilidad financiera, una claridad sobre la innovación de la oferta académica y un modelo de regionalización.

“Esa ha sido la postura política que la Feuna ha promovido en todos los espacios, incluida la comisión legislativa que analiza y estudia el Fees”, reitera Noel Cruz, presidente de la agrupación estudiantil de la UNA.

No obstante, Cruz reiteró que los problemas señalados por la comisión legislativa deben de ser atendidos por las propias instituciones de educación superior, en el ejercicio de la autonomía universitaria.

“Consideramos peligrosas algunas declaraciones que han surgido de esta comisión, ya que pueden rozar con los principios constitucionales y la autonomía universitaria”, subrayó el presidente de la Feuna.

Insistió en que desde la agrupación estudiantil defenderán los principios resguardados por la Constitución Política; “rechazamos cualquier intento que violente los principios constitucionales y debilite la autonomía universitaria”.

Añadió que la actual crisis por la covid-19 ha dejado en evidencia el rol clave de las universidades públicas para nuestra sociedad, por lo cual, de este contexto las universidades deben salir fortalecidas, como una estrategia país para reducir la desigualdad. “Eso inicia por decisiones que permitan garantizar el uso de recursos a lo interno en las áreas estratégicas”, resaltó.

Cruz anunció que próximamente la Feuna propondrá otra serie de medidas a distintas autoridades, con la intención de concretar acciones sobre la línea de la sostenibilidad financiera y con esto dar señales a la sociedad costarricense que indiquen que las universidades y las instituciones públicas sí pueden emprender la ruta de reforma interna.

 

 Información enviada a SURCOS por la Oficina de Comunicación UNA.

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

FEES: “Comprometer inversión destinada a becas y cupos es un error”

Escrito en . Publicado en Derechos.

En momentos de crisis, es un error estratégico del país comprometer inversión destinada a becas y cupos para estudiantes, afirman presidentes de las federaciones estudiantiles de las universidades públicas, luego de la primera reunión de negociación del FEES.

“Dejamos clara nuestra posición estudiantil que en momentos de crisis es un error estratégico del país comprometer la inversión que pueda estar destinada al otorgamiento de ayudas económicas, becas, cobertura y cupos”, afirmó Noel Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), quien participó en la primera reunión de la comisión de enlace para negociar el FEES, en representación de la comunidad estudiantil de las cinco universidades públicas.

En un comunicado, la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica (CONFE CR) –integrada por la FEUNA, la FEUCR, la FEUNED, la FEITEC y la FEUTN- externó esta posición, sustentada en la necesidad de que las instituciones de educación superior estatales cuenten con flexibilidad a la hora de utilizar los superávits para poder atender la creciente demanda en solicitudes de becas y ayudas económicas de la población estudiantil y poder pensar en un posible aporte económico del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) al fondo solidario del gobierno destinado a atender la emergencia nacional generada por el covid-19.

“Una disminución o restricción del presupuesto resulta en la reducción de la inversión en regionalización, apertura de cursos y cupos, becas, apoyo y trabajo en las comunidades, áreas cruciales en la atención de esta crisis”, subrayan los dirigentes estudiantiles.

Durante la primera reunión de la comisión de enlace, la representación estudiantil visibilizó el importante rol de las universidades durante la actual crisis generada por el covid-19. Los dirigentes estudiantiles subrayaron que las universidades públicas están aportando –y por ende destinando parte de sus recursos- con la investigación y la generación de conocimientos en áreas de la salud como la creación de tratamientos para personas infectadas por el virus, el desarrollo de respiradores y material de protección para el personal de salud, así como en el campo de la reactivación económica, entre otros. “Quedó demostrada la relevancia y pertinencia de las instituciones de educación superior”, destacó Noel Cruz.

Los representantes estudiantiles reunidos en CONFECR añadieron que posterior a satisfacer las demandas internas insatisfechas, se pueden valorar las opciones para generar un aporte al fondo solidario del gobierno, con las proyecciones presupuestarias correspondientes, en el seno de los consejos universitarios e institucionales.

Consideran que el aporte al fondo solidario se puede realizar mediante la flexibilización del uso de los superávits de las universidades.

***Mayores detalles con Noel Cruz, presidente de la Feuna 8657-9858 o con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Imagen ilustrativa, inversión FEES, UCR.

Enviado por UNA Comunicación.

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

Llaman a la acción ante proceso judicial a estudiantes en lucha

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El Colectivo Derecho a la Protesta Social pedimos su solidaridad y hacemos un llamado urgente a la acción, ante la situación que enfrentan 4 personas estudiantes en el Juzgado Penal de Flagrancia acusadas y acusados por la Fiscalía por el delito de Obstrucción a la Vía Pública.

Consideramos que se trata de un juicio político porque estas personas no cometieron delito alguno, los-as 4 estudiantes fueron detenidos en la manifestación del pasado 21 de noviembre de 2019 en el cruce de Santiaguito de San Ramón en Occidente, donde protestaban en el marco de la aprobación del presupuesto nacional por parte del Gobierno, que incluye afectaciones al presupuesto de las universidades públicas y de servicios sociales.

Se manifestaban en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares.

Fueron detenidos y luego demandados por la Fuerza Pública y puestos en un procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre tuvieron su primera audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de los esfuerzos de su Defensa, la jueza resolvió continuar el proceso judicial por vía rápida.

Las personas estudiantes han insistido en que no incurrieron en ningún delito, en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.

La Fuerza Pública actuó en contra los-as estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución, cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica.

Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.

En este momento, diversas organizaciones sociales, denunciamos que estamos frente a un juicio político que claramente busca criminalizar el legítimo derecho a la protesta de estas personas al acusarlas penalmente. Este juicio es un acto de violencia que presenta ante la opinión pública a estas personas como si fuesen delincuentes para que sirva de ejemplo hacia la población procurando que no se manifieste ni proteste por temor a las represalias.

Por tanto exigimos a la Fiscalía General de la República revise la acusación contra las 4 personas acusadas por la misma pues no se verificó que las personas manifestantes acusados estuvieron cometiendo ningún acto violento contra la Policía.

Por esto un grupo de personas nos trasladaremos desde San José a San Ramón para realizar un Pasacalles por la ciudad de San Ramón, saliendo de la Sede de Occidente de la UCR a las 6 p.m., para luego unirnos al plantón frente a los Tribunales de Justicia de San Ramón a las 7 p.m. convocado por la Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la UCR y la Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente.

Al mismo tiempo hacemos un llamado urgente a la opinión pública nacional e internacional para que se pronuncie sobre este y otros casos que en este momento existen de criminalización de la protesta social en Costa Rica enviando cartas y pronunciamientos a:

Lic. Emilia Navas Aparicio, jefa del Ministerio Público. Fiscal General de la República.

Correo electrónico: fgeneral@poder-judicial.go.cr

Fax: 2256-3503.

Con copia a:

Presidente Carlos Alvarado Quesada, Presidencia de la República.

Correo electrónico: despachopresidente@presidencia.go.cr

Fax: 2253-9078.

Felly Salas Hernández, directora de despacho: emilio.robles@presidencia.go.cr

Allan Solís Fonseca, asistente personal: allan.solis@presidencia.go.cr

Con copia a:

PhD. Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes

Correo electrónico: despachodhr@dhr.go.cr

Fax: 4000-8700

Con copia a:

Relator Edison Lanza, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA

Correo electrónico: cidhexpresion@oas.org

Por favor copiar sus cartas a criminalizacionprotestasocial@gmail.com para tener registro de sus muestras de solidaridad.

El Colectivo Derecho a la Protesta Social comparte el siguiente comunicado estudiantil:

Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la UCR y

Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente

COMUNICADO DE PRENSA

Estudiantes criminalizados por manifestarse tendrán que ir a juicio el 30 de diciembre de 2019.

San Ramón, Alajuela (viernes 20 de diciembre, 2019). – Los 4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a juicio el lunes 30 de diciembre a las 7 de la noche en los Tribunales de San Ramón.

El pasado jueves 19 de diciembre en la noche, los estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales de San Ramón.

La Fiscalía presentó su acusación y los estudiantes presentaron su defensa. Después de escuchar a ambas partes, el juez resolvió que los estudiantes deben ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública y ese día presentarán sus testigos, declaraciones y argumentos de defensa.

Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan todo el apoyo del movimiento social porque este juicio es un precedente para que no se siga criminalizando la protesta social en el país.

Asimismo, en el marco de esta acción de defensa, el miércoles 18 de diciembre los 4 estudiantes interpusieron una acción de inconstitucionalidad que impugna el artículo 256 bis del Código Penal, que califica como delito “impedir, obstaculizar o dificultar” el tránsito en vías públicas. Esperamos que siente un precedente importante en cuanto al derecho a manifestarse y el derecho a la libertad de expresión para todas las personas de este país.

Los 4 estudiantes fueron detenidos en la manifestación del pasado 21 de noviembre en el cruce de Santiaguito de San Ramón, donde protestaban por la aprobación de un presupuesto nacional por parte del Gobierno, que incluye afectaciones al presupuesto de las universidades públicas y de servicios sociales.

Fueron demandados por la Fuerza Pública y puestos en un procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre tuvieron su primera audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de sus esfuerzos, la jueza resolvió continuar el proceso judicial por vía rápida.

Los estudiantes han insistido en que incurrieron en ningún delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.

Ese mismo 21 de noviembre fueron detenidos 7 estudiantes frente a la Facultad de Derecho de la UCR en San José por manifestarse con las mismas causas.

Desde el movimiento estudiantil de Occidente, denunciamos el accionar de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública durante los hechos de represión y detención arbitraria de las y los estudiantes.

Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales, representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.

Exigimos al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, los medios de comunicación y a la sociedad civil de este país, que se detenga la criminalización de la protesta social y que no se dejen manipular. Nuestra causa es por la defensa de los derechos humanos, la autonomía universitaria y el presupuesto de la educación superior para los sectores populares, que somos los que hemos terminado pisoteados y amedrentados por estas políticas que se nos imponen.

Más información:

Lic. Edgardo Araya Sibaja

(+506) 87049502

Información enviada a SURCOS por Colectivo Derecho a la Protesta Social.

Cerco mediático, censura y posverdad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Organización Política Carmen Lyra

Los últimos acontecimientos de violencia y represión efectuados por el gobierno de Carlos Alvarado contra estudiantes han sido justificados bajo falacias y calumnias, los grandes consorcios comunicacionales se encuentran en una alianza que está desinformando a la población y creando enemigos entre el pueblo, a continuación planteamos un análisis urgente.

Las malas negociaciones efectuadas por el Consejo Nacional de Rectores, reflejadas en las convocatorias a paro y subsecuentes tomas de sedes y facultades de diferentes universidades públicas, son parte del iceberg que escondía el presupuesto nacional para el año 2020, el cual fue recientemente aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, con todos los recortes presupuestarios amalgamados en la regla fiscal y en la visión de “eficientar” el Estado social de derecho.

La convulsión del movimiento estudiantil es producto de la resistencia a la arremetida contra la autonomía universitaria y su presupuesto, el cual ya no solo fue trastocado con un condicionamiento, sino además reducido. Cuando ya no hay constitución lo único que queda es la calle para exigir respeto.

A pesar de los hechos antes mencionados la prensa escrita, radial y virtual, construye de forma tradicional hechos paralelos, los ejemplos más históricos más recientes están en la Huelga contra el Combo fiscal, donde los medios masivos de desinformación construyeron enemigos y posverdades como fue el caso “ATENTADO” (sic) contra poliducto de RECOPE y las “reuniones” del quirófano, ambos hechos ampliamente desmentidos y hoy demostrado que fueron falacias intencionales para generar nociones tergiversadas de los hechos, y poder encontrar “culpables”. La prensa hoy sigue impune ante la mentira y el terrorismo mediático.

Lo que hoy presentan medios como Amelia Rueda, Teletica y La Nación sobre la represión ejecutada contra estudiantes universitarios de San Ramón, Heredia y San José en horas de la madrugada es exactamente el mismo mecanismo, están creando a partir de una “versión” no probada, de “hechos” no demostrados un supuesto atentado contra la vida de oficiales de policía ¿cuáles oficiales? ¿Hay videos? ¿Existen evidencias concretas?

Actualmente existen 11 personas, estudiantes universitarias, que están detenidas, sin embargo los medios únicamente recogen los argumentos de las fuerzas represivas del estado -la fuerza pública- y ni un solo argumento del sector estudiantil que fue reprimido, se presenta una verdad sin contraparte y como diría Isabel Ducca ¡No importa que todo se base en una suposición! La construcción mediática la convierte en verdad oficial. La verdad oficial no requiere investigación ni hechos que la comprueben, mucho menos la voz de los acusados.

Inclusive existen ya citatorios para juicios de flagrancia contra estudiantes, hoy a las 5 p.m, la justicia demuestra una eficiencia sin precedentes cuando de juzgar a activistas y protestas sociales se trata, esta práctica ha venido en escalada en los últimos años.

Llamamos a la movilización permanente y a la libertad de las personas detenidas.

¡Cuando nos quitan la Constitución, lo único que nos queda es la calle!

 

Enviado a SURCOS por Fernando Bermúdez.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Marcha por derecho a educación superior pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Desde distintos espacios del movimiento estudiantil se convoca a una marcha por la defensa del derecho a la educación superior pública. La movilización surge «ante la insistencia de los sectores que favorecen la privatización de la educación y la injusticia tributaria al recortar el Fondo Especial para la Educación Superior, al mismo tiempo, violan la autonomía universitaria al definir partidas para el destino de los fondos».

Compartimos distintos afiches que circulan con la convocatoria y los detalles.

Información compartida con SURCOS por Angélica Alvarado Barrantes, Mauricio Álvarez Mora y Alberto Gutiérrez Arguedas.

Invitan a comunidad universitaria a defender educación superior pública – pronunciamiento

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Pronunciamiento de un grupo de docentes de la Sección de Historia y Geografía de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, en relación con la coyuntura política nacional y universitaria

San Ramón, Costa Rica

12 de noviembre 2019

A la comunidad universitaria de la Sede de Occidente, la Universidad de Costa Rica y demás Universidades Públicas de Costa Rica

A la sociedad costarricense en general

● El pueblo costarricense está viviendo momentos difíciles. Luego de tres décadas de implementación de políticas neoliberales, Costa Rica se encuentra actualmente dentro de los diez países con mayor desigualdad social y concentración de la riqueza en el mundo.

● Es posible percibir, sobre todo a partir de 2018, una profundización del proyecto neoliberal en Costa Rica, cuya más clara manifestación fue la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 20.580, mediante la cual se materializó una reforma fiscal con notable orientación regresiva. De hecho, como parte de esta reforma, se abre la posibilidad de aplicar la Regla Fiscal, la cual autoriza el recorte del presupuesto de instituciones públicas. La mencionada ley fue impuesta desde el Gobierno de manera autoritaria y vertical, desconsiderando la amplia oposición popular en contra de la misma.

● Además de la reforma fiscal, se han venido impulsando otras iniciativas que amenazan con lesionar derechos fundamentales del pueblo costarricense, como por ejemplo los proyectos de ley No.21.049 y 21.097, los cuales buscan prohibir el ejercicio de las huelgas en el sector público y amenazan con la disolución de sindicatos.

● Tanto la reforma fiscal, como los proyectos de ley “anti-huelgas”, entre otras iniciativas, más allá de simples reformas jurídico-legales, representan un intento por imponer un nuevo “pacto” social en favor de los intereses de oligarquías político-económicas, nacionales y transnacionales. Este proyecto implica un estrangulamiento del Estado Social de Derecho y del ejercicio de los derechos fundamentales de la sociedad costarricense, dicho sea de paso, derechos arduamente conquistados en épocas pasadas a través de luchas sociales.

● En este contexto, se viene gestando un grave ataque en contra de las universidades públicas costarricenses, cuyo papel en la sociedad costarricense es y ha sido fundamental. Para legitimar estos ataques, se ha dado a través de los principales medios de comunicación nacionales una campaña sistemática y fraudulenta para desprestigiar estas instituciones en la opinión pública.

● El más grave y amenazante de estos ataques es el “redireccionamiento” de 70 mil millones de colones en el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2020, el cual fue presentado por el Ministerio de Hacienda a Asamblea Legislativa como parte del presupuesto nacional para el próximo año.

● Este “redireccionamiento” implica que 70 mil millones de colones del FEES fueron clasificados como “gastos de capital”, es decir, como aquellos gastos que se realizan una única ocasión y que no son permanentes, como por ejemplo, construcción de infraestructura. En la práctica, significa que estos recursos no pueden ser utilizados para “gastos corrientes”, tales como becas estudiantiles, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, todas ellas actividades fundamentales del quehacer universitario.

● Más que un “redireccionamiento” del presupuesto, estamos frente a un flagrante atropello del principio de la Autonomía Universitaria, reconocido en la Constitución Política de Costa Rica en sus Artículos 84 y 85. Como parte de la autonomía que le reconoce la Constitución, las universidades públicas gozan de total independencia y criterio propio para definir en qué rubros o actividades destinan sus recursos.

● Vale mencionar, como antecedente, que ya la Asamblea Legislativa había hecho un recorte de 10 mil millones de colones al presupuesto de las universidades públicas para el año 2019, el cual implicó medidas de contención del gasto a lo interno de estas instituciones, con impactos sensibles sobre el quehacer universitario. Si bien la Universidad de Costa Rica presentó una Acción de Inconstitucionalidad sobre este hecho, mientras no haya una resolución al respecto, la institución se ve imposibilitada hacer uso de dichos recursos.

● A raíz de este ataque en contra de las universidades públicas, se puso en marcha una fuerte movilización estudiantil, la cual inició desde mediados del mes de octubre y se mantiene, con altos y bajos, hasta la fecha. A lo largo de este proceso, las y los estudiantes universitarios han protagonizado diversas acciones de lucha organizada, entre ellas, la toma de edificios en diferentes sedes y recintos, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional.

● Asimismo, el día 22 de octubre se realizó una masiva marcha en San José, con amplia participación de la comunidad universitaria, proveniente de diferentes regiones del país. Ese día se reunieron, en Casa Presidencial, miembros del Gobierno con los rectores de las universidades públicas y representantes de las federaciones estudiantiles, con el fin de re-negociar los términos del FEES para el año 2020. Los resultados de dicha negociación quedaron reunidos en un acuerdo, publicado ese mismo día, en el cual el Gobierno reconoce la potestad de las universidades públicas de utilizar sus recursos según el principio de la Autonomía Universitaria.

● No obstante, consideramos que este acuerdo es insuficiente y engañoso, en primer lugar, porque no es legalmente vinculante; a lo sumo, es una muestra de “buenas intenciones” por parte del Gobierno, del cual hay razones de sobra para desconfiar. Además, para poder hacer realidad los términos del acuerdo, se está en función de terceros, es decir, de actores que no estuvieron presentes en la negociación, específicamente la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, cuyo accionar reciente ha demostrado un alto grado de hostilidad en contra de las universidades públicas.

● Frente a este escenario, complejo y lleno de riesgos, consideramos fundamental mantener abiertos los canales de diálogo y reflexión, tanto a lo interno de la universidad, como con otros sectores sociales. El conflicto se encuentra abierto e indefinido, motivo por el cual debemos mantenernos informados(as), politizados(as) y movilizados(as) como miembros de la comunidad universitaria, en defensa de nuestros derechos.

● En relación con la situación específica de la Sede de Occidente y la toma de edificios por parte de la Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente -AGASO-, manifestamos la urgente necesidad de establecer canales de diálogo y negociación entre las diferentes partes (movimiento estudiantil, cuerpo docente-administrativo y Dirección), con el fin de encontrar una resolución lo más rápido posible.

● Somos conscientes que la comunidad universitaria es heterogénea y que existen diferentes visiones y posicionamientos dentro de ella, así como diferentes formas de praxis política. Asimismo, reconocemos que a lo interno de nuestra institución también se reproducen desigualdades e injusticias, tanto en términos del régimen salarial (funcionarios propietarios e interinos), como en términos de la asimetría entre la Sede Rodrigo Facio y las Sedes Regionales, entre otros. Mucho se puede hacer, a lo interno de la universidad, para distribuir el presupuesto de manera más equitativa y sensata.

● No obstante, más allá de las diferencias que existen dentro de la propia universidad, consideramos fundamental, en este momento en específico, no perder de vista quiénes son los verdaderos enemigos: los sectores de poder político-económico que pretenden debilitar y privatizar la educación superior, tendencia que se puede observar en toda América Latina. Esta unión es necesaria para tener mayor claridad política de hacia dónde direccionar nuestros esfuerzos y nuestra lucha.

● Urge salir de la universidad e ir a las calles, así como incidir en los medios de comunicación y en la opinión pública, para presionar en aquellas instancias que finalmente decidirán sobre el destino de todos(as) nosotros(as). A más tardar el 30 de noviembre de 2019, la Asamblea Legislativa decidirá el presupuesto nacional para 2020, lo cual significa que durante el mes de noviembre debemos hacer todo lo posible por defender el presupuesto y la autonomía universitaria en este espacio.

● Invitamos a la comunidad universitaria en general, estudiantes, docentes, administrativos y autoridades, a luchar activamente en defensa de la educación superior pública. De ello depende nuestra propia sobrevivencia.

FIN DEL PRONUNCIAMIENTO

Firman:

María de los Ángeles Acuña León

Miguel Ángel Herrera Cuarezma

Lissy Villalobos Cubero

Eduardo González Ayala

Jorge Marchena Sanabria

Alberto Gutiérrez Arguedas

José Mora Calderón

Alexia Ugalde Quesada

Enviado a SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas

UCR ha aplicado 24 medidas de contención del gasto en los últimos años

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

  • Audiencia del rector Henning Jensen en Comisión Legislativa que estudia el FEES

El Dr. Henning Jensen, rector de la UCR se presentó en la comisión especial legislativa que analiza el FEES.

El Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, detalló algunas de las 24 medidas de contención del gasto que la institución ha puesto en práctica en los últimos años para mantener la sostenibilidad financiera. Así lo expresó ante la comisión legislativa que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior FEES.

Desde el 2014 y hasta el 2020, se proyecta que la institución ahorraría con estas medidas más de ¢15 000 millones, principalmente por la disminución del porcentaje de la anualidad (que pasó del 5,5 % al 3,75 %, y que solo entre el 2019 y 2020 representa un ahorro de más de ¢11 000 millones), pero también por mayor rigor en el otorgamiento de dedicaciones exclusivas y modificaciones en la concesión de incentivos por méritos académicos (que han sumado más de ¢4000 millones del 2015 al 2018).

A estas medidas se adiciona el establecimiento de una nueva fórmula para el cálculo del reconocimiento por crecimiento del costo de vida, negociada con la nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT), que permite que los incrementos salariales se limiten al monto de inflación. También han reportado ahorros por cambios en la autorización de suplencias, la disminución de horas extra y la reducción del consumo de combustible (potenciado gracias a la compra de vehículos eléctricos o híbridos, en línea con las políticas ambientales de la institución), entre otros.

Sin embargo, datos proporcionados por la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) a solicitud del rector y los cuales fueron dados a los legisladores, indican que en el escenario supuesto, de no tomarse más medidas, podría haber un déficit en las finanzas institucionales en los próximos años.

“Hay que establecer límites al crecimiento vegetativo de los salarios. El régimen salarial debe ser revisado y tomar más decisiones en ese sentido. Tenemos que ser capaces de hacer sostenible el sistema salarial por medio de una estructura que favorezca la equidad y donde se priorice el régimen de méritos y desempeño, sobre el crecimiento por antigüedad”, subrayó Jensen.

Para evitar este panorama, desde el año 2014 la administración universitaria ha realizado las gestiones necesarias para mejorar la situación.

“Lo que se ha hecho a partir del 2014 hasta la fecha ha dado resultados positivos, no obstante la situación financiera actual es totalmente diferente y hay que tomar más medidas para controlar el gasto institucional”, aseveró Jensen Pennington.

Para que la Universidad pueda asegurar su sostenibilidad financiera, a criterio del rector, se debería denunciar nuevamente la Convención Colectiva, ya que esta tiene una vigencia de 3 años. Esto corresponderá hacerlo a la próxima persona que ocupe la Rectoría.

Además manifestó que otra medida que es necesario tomar, pero que se sale de su competencia, es ponerle un tope de tiempo a la anualidad.

Aparte de estas medidas el rector mencionó que la Universidad enfrenta una serie de retos que deben tomarse en cuenta, entre ellos destacó tener una mayor incidencia en la calidad de la educación secundaria, mediante programas y acciones afirmativas; avanzar hacia una mayor flexibilidad en los programas de estudio de manera que se pueda responder de forma ágil a los cambios científicos y tecnológicos; fomentar el trabajo interdisciplinario y el desarrollo de opciones académicas de manera sistémica y estructural; y fortalecer el uso de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer académico.

Durante la presentación, los diputados insistieron en cuestionar las motivaciones de las universidades públicas para marchar a Casa Presidencial el pasado 22 de octubre, para lo que el Dr. Jensen fue enfático en aclarar que con el redireccionamiento de 70 mil millones del FEES a gastos de capital, sí existía una amenaza real para distintos programas, entre ellos las becas, acción social e investigación, incluso con el traslado que se hizo, la UNED y el TEC podrían ver afectado su funcionamiento.

 

María del Mar Izaguirre Cedeño

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Andrea Marín Castro

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Universidad Nacional expone forma como se reclasifica presupuesto y logros

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

ASPECTOS GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO FEES 2020

  • El Presupuesto total institucional queda igual. No se rebaja o aumenta. Esto implica que el presupuesto queda igual en el clasificador por objeto de gasto.
  • Se mantienen los montos formulados y la mejora cualitativa de las becas que implicó un aumento para el próximo año y el otorgado en el 2019. No se realizan recortes en Becas y Ayudas a Estudiantes.
  • Se mantienen las plazas laborales formuladas, e incentivos salariales. No se realizó disminuciones en ningún rubro.
  • Se mantiene el aumento salarial del 1% a enero y 0,50% a julio 2020 que fue aprobado a nivel universitario
  • El Presupuesto de Operación en Unidades Académicas y Administrativas, es el mismo que se había formulado, no se realizó ajustes al mismo, queda igual.

¿Qué implica entonces la reclasificación?

  • Se estarían reclasificando en el clasificador económico como gasto de capital, mientras que en el clasificador por objeto de gasto, sigue estando en el mismo componente por objeto de gasto, remuneraciones, servicios, materiales, transferencias corrientes, etc
  • Estaban incluidas como gasto corriente, pero están asociadas a gastos que son de capital como son los proyectos de inversión (infraestructura, equipo)
  • Las cuentas que se estarían incluyendo, son cuentas bajo el clasificador de del Ministerio de Hacienda por objeto de gasto: salarios, mantenimiento, repuestos y accesorios, licencias de software

Compartimos a continuación los documentos producidos por la UNA:

Acuerdo-Gobierno-Rectores-Estudiantes-FEES-2020Descarga
RECLASIFICACIÓN-30-10Descarga

 

Imagen ilustrativa.

Enviado a SURCOS por la UNA.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Ministra de Educación precisa datos manipulados en Asamblea Legislativa por León y Jiménez

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

«La Ministra de Educación Giselle Cruz compareció ante la Comisión Especial del FEES este 28 de octubre, donde aclaró que los 70 mil millones que se consignaron erróneamente como gastos de capital o infraestructura no iban a salir exclusivamente del FEES». 

Le invitamos a ver el siguiente video.

 

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/