El Consejo Universitario de la UNA convoca para este próximo martes 22 de octubre a las 9 a.m. a la Marcha por la Defensa de la Constitución Política, Estado Social de Derecho y la Autonomía Universitaria.
Más detalles en el siguiente afiche:
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Sea parte de SURCOS:
La Sección de Filosofía de la Sede de Occidente manifiesta a la comunidad universitaria y nacional:
1) Se ha hecho público un nuevo ataque contra las universidades estatales, la comunidad universitaria y la institucionalidad nacional.
2) El presupuesto de las universidades para el año 2020 ya había sido acordado según lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política; pese a ello, unilateralmente y sin tener potestad para hacerlo, la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar calificó 70 mil millones de colones de ese fondo como “transferencia de capital”, con lo que impide que esa cantidad pueda ser utilizada para gastos corrientes. Con tal proceder, la Ministra irrespeta el artículo 84 de la Constitución que confiere al Alma Mater independencia para el desempeño de sus funciones, y el 85 que explícitamente señala que el FEES debe ser incluido en “la partida” y no en las partidas que defina la Ministra de turno a su libre antojo y con fines dudosos.
En las negociaciones de 2020, las universidades se habían comprometido con un monto de 70 mil millones en inversiones de capital. Así fue presupuestado con creces por las universidades estatales. Pero este monto se calculaba sobre la base del conjunto de los presupuestos totales, no sobre la base de los recursos del FEES.
3) La Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar con un movimiento que parece “técnico”, concreta un acto tendencioso al colocar 70 000 millones de colones como “gastos de capital”, lo que significa que ese dinero no podrá ser utilizado para gastos corrientes, por ejemplo: becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino que solo se podrían utilizar en infraestructura y equipamiento, lo que, al ser imposible, de antemano se sabe que terminaría constituyendo un remanente que luego sería sancionado.
4) Por tanto, si se realizara esta nefasta medida el resultado sería completamente absurdo, pues se exigiría realizar una súper inversión en infraestructura y equipamiento que no es posible y, como ya se señaló, aspectos sustantivos para la marcha institucional quedarían descubiertos. El Ministerio de Hacienda estaría obligando a las universidades a construir “ciudades fantasma”: ciudades universitarias con carísimos edificios y equipos, pero sin estudiantes, profesores, sin transferencia de beneficios a la comunidad. Es evidente que la Ministra de Hacienda se extralimita en sus funciones y actúa en ámbitos que no son de su competencia. Todo esto, además irrespetando de manera flagrante y deliberada lo establecido en la Constitución.
5) Las universidades, como casas de servicio educativo que son, invierten tramos muy importantes de los recursos del FEES en salarios. En casos como el de la UNED, la mayoría de estos recursos deben ser invertidos en salarios, pero en el caso de la UCR la relación salarios/inversión muestra una sanidad superior al promedio para instituciones de esta naturaleza. La absurda disposición del Ministerio de Hacienda implicaría en concreto que universidades públicas enteras no puedan funcionar en el año 2020.
6) Aunque, prima facie, parezca un “comportamiento absurdo”, no lo es en realidad. Sin duda, esta estrategia técnica es un acto de mala fe, según fue indicado, realizado con conciencia, y absolutamente coherente con las políticas de austeridad y restricción que viene implementando Hacienda: empezando por el plan fiscal, continuando con la regla fiscal y siguiendo con las amnistías tributarias y los “olvidos” de los paraísos fiscales, en contraposición con el pago puntual y a toda costa de los extremos de la deuda pública que más convienen. Por lo anterior, es el momento para que el pueblo y la ciudadanía costarricense demanden una auditoría integral de esta deuda pública, tanto interna como externa, porque podría estar siendo el pueblo, su salud y su educación vulnerados en beneficio de intereses ajenos y exógenos.
7) En el caso de la UCR, las autoridades universitarias calculan que el monto “no utilizable” para gasto corriente sería de 39 900 millones de colones, eso equivale al 84, 9% del monto que la UCR invierte en Sedes Regionales y el 137% de lo que la UCR invierte en becas. En los hechos, conlleva un cierre técnico para muchas sedes, recintos y departamentos de la UCR y un retroceso en toda la línea en cuanto a los procesos de regionalización y en la pretendida desinterinización del trabajo universitario.
8) Subrayamos, sin pretender ser alarmistas, que un direccionamiento, forzado y unilateral, del uso de los recursos universitarios es un golpe mortal a la autonomía universitaria: esta quedaría reducida, cuando mucho, a una autonomía en los contenidos programáticos. Vale aclarar que tal autonomía, respetada por casi 80 años por la mayoría de nuestros políticos, ha permitido a estos centros de enseñanza responder oportuna y solidariamente ante las necesidades ciudadanas, a tal punto que, pese a los injustos ataques, carentes de fundamento y orquestados contra ellas, las universidades públicas siguen siendo el principal referente de confianza y credibilidad ante la población nacional.
9) No es la primera vez que la autonomía universitaria es afectada por este gobierno. En 2018 el Ministerio de Seguridad la había violentado, así como la libertad de expresión, cuando persiguió manifestantes hasta el campus y agredió a estudiantes, periodistas y la infraestructura. No hubo ninguna disculpa, ni ninguna sanción fue realizada por el gobierno. La violación del espacio físico de la Universidad solo fue un prólogo para la violación de su autonomía de la institucionalidad nacional. La violación de la autonomía universitaria es un paso que augura más ataques y restricciones a las libertades civiles y democráticas, así como a otros aspectos de la institucionalidad nacional. El gobierno de Carlos Alvarado se ha adentrado en un camino, transitado por otros países de América Latina, donde el neoliberalismo y al autoritarismo radicalizan la crispación y el enfrentamiento social, relegando a segundo orden la paz y el bienestar humano.
10) Consideramos de gran importancia que este manifiesto u otros similares sean discutidos en las aulas con los estudiantes, así como en cualquier actividad institucional, tanto de docencia, como de investigación y de acción o extensión social que así lo permitan y que, en complemento, los distintos departamentos y escuelas, facultades, centros e institutos de la universidad estatal, se manifiesten contra este ataque, anteponiendo, como debe ser, los principios y propósitos institucionales.
11) Solicitamos a las autoridades universitarias, especialmente a los directores de sedes y recintos que desarrollen de una estrategia de proximidad y convencimiento con los diputados locales; asimismo, que organicen debates en el seno de la comunidad universitaria para impedir que el presupuesto nacional sea aprobado tal como lo pretende el Ministerio de Hacienda. Recuérdese que la Asamblea Legislativa, según el artículo 85 de la Constitución, tiene la competencia de corregir este yerro causante de diferendo y, con ello, no solo proteger a la universidad estatal costarricense, sino restituir el orden constitucional infringido nuevamente por el Ejecutivo y tutelar la institucionalidad democrática.
12) Solicitamos al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, que instruya a la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar, para que, sin tener que llegar al extremo señalado en el numeral anterior, modifique el presupuesto nacional con tal que los presupuestos del sistema universitario respeten lo dispuesto en la Constitución Política y el acuerdo previo tomado. Es lo que corresponde en procesos de negociación nobles y humanos, en una democracia y en un estado de derecho como el costarricense.
13) Hacemos un llamado a las comunidades universitarias del CONARE y a todas sus autoridades a organizar un amplio debate sobre este tema incluyendo a las comunidades, pues ellas serán profundamente afectadas por este recorte solapado. Tiene especial responsabilidad el CONARE como cuerpo coordinador del sistema universitario estatal y por eso exigimos de su parte un papel beligerante y estratégico.
14) Igualmente, demandamos a las rectorías afectadas con esta arbitrariedad, que de inmediato organicen las acciones que correspondan en defensa de las instituciones, tomando las acciones de hecho y derecho que fueran necesarias.
15) Hacemos también un llamado a las federaciones estudiantiles y a los estudiantes en general, que son sin duda el corazón y la columna vertebral del sistema universitario estatal costarricense, para que no permitan que se les arrebate el futuro y, por su medio, el de la Nación. Que se informen, se organicen y participen orgánicamente en la defensa de la educación superior estatal y de los derechos derivados.
16) Mostramos nuestra total disposición, moral y política, para sumarnos en la estrategia por la defensa de la universidad estatal costarricense y, consecuentemente, de la institucionalidad democrática consagrada constitucionalmente, en procura de una sociedad justa, dignificante, respetuosa y equitativa.
Acuerdo unánime tomado en la Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro en Sede de Occidente, de la Universidad de Costa Rica, Alajuela, a las 10 horas del día 15 del mes de octubre del 2019.
Imagen ilustrativa.
Sea parte de SURCOS:
El Ministerio de Hacienda realiza una interpretación equivocada del artículo V, en el acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2020, lo cual afecta gravemente el funcionamiento de las universidades estatales, afirmó el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El artículo V, del acuerdo del FEES 2020, indica que “Las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en 70 000 millones de colones”. Sin embargo, la cláusula no determina una suma, sino una estimación, tampoco indica que son fondos del FEES 2020, sino que, según lo acordado en la Comisión de Enlace, serían fondos del presupuesto total de las universidades.
Los presupuestos universitarios presentados ante la Contraloría General de la República, han considerado en su conjunto inversiones de capital por una suma que supera los 104 mil millones de colones, de los cuales 12 mil millones provienen del FEES y el resto de otras fuentes, con lo cual se ha aportado más que el debido cumplimiento a ésta cláusula.
Sin embargo, en el proyecto del presupuesto nacional, el Ministerio de Hacienda desvía la suma de 70 mil millones de gasto corriente de las universidades estatales, destinándolos a inversión de capital, lo que representa un serio perjuicio en contra de las instituciones universitarias.
La inversión de capital que las universidades públicas han realizado históricamente, se ha financiado principalmente con otras fuentes, como el empréstito para el fortalecimiento de la educación superior del Banco Mundial, fideicomisos o créditos, con destinos específicos, y superávit libre. Esos recursos no pueden ser direccionados para atender gastos de operación, como sugiere el Ministerio de Hacienda, en su comunicado de prensa del 14 de octubre.
Elaborar el presupuesto para el cumplimiento de los compromisos que se han incluido en los diferentes acuerdos del FEES, es potestad de las universidades, nunca resultado de un condicionamiento de un ente externo, esto por cuanto violentaría lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Política, referente a la autonomía de administración, de organización y de gobierno de las universidades estatales y representaría comprometer de previo los recursos, por parte de una instancia gubernamental, en este caso el Ministerio de Hacienda.
El Consejo Nacional de Rectores exhorta al Gobierno de la República, a los diputados y a la Contraloría General de la República, a cumplir con los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política, respetando la autonomía y garantizando el financiamiento a la educación pública, incluida la educación universitaria estatal, así como respetar el acuerdo del FEES 2020 tal y como fue negociado en la Comisión de Enlace, caso contrario se pone en riesgo el futuro de la juventud costarricense.
Vanessa Solano
Periodista, Conare
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional – FEUNA
Rechazamos categóricamente más recortes a los presupuestos universitarios, ya que se afectaría las áreas más sensibles de nuestras universidades, tales como becas y sedes regionales.
Desde la FEUNA hemos insistido ante la opinión pública en la necesidad de volver la mirada hacia las diferentes áreas de mejora que como universidad tenemos. Un nuevo recorte dejaría intactos estos problemas estructurales.
Asamblea abierta este martes 15 de octubre a las 12:00 md en el Deck de Sociales.
El Ministerio de Hacienda varió la forma en que transfiere los recursos del FEES en el proyecto de presupuesto nacional que presentó a la Asamblea Legislativa. De esta manera, ¢70 000 millones de colones fueron clasificados como “transferencia de capital”, lo que significa que estos recursos no se podrán utilizar en gastos corrientes, por ejemplo becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino solo en infraestructura y equipamiento.
“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública”, denunció el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.
Al estar condicionado este monto a obras de infraestructura o equipamiento, las universidades públicas tendrán enormes dificultades para ejecutar sus funciones normales y cumplir sus programas de fortalecimiento de la educación superior.
El rector explicó que, en el caso de la UCR, la clasificación de esta parte del FEES como “transferencia de capital” implica que no tendría a disposición la cantidad aproximada de ¢39 900 millones para realizar las funciones que le son encomendadas por la Constitución Política. “Para entender la magnitud del problema, el programa de becas de la UCR comprende ¢29 000 millones y el presupuesto de todas las Sedes y Recintos es de ¢47 000 millones. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más”.
Cabe resaltar que los rectores, al firmar el convenio del FEES 2020, se comprometieron a realizar una inversión de capital por lo menos de ¢70 000 millones, lo cual se cumplió, pues se presupuestó un monto superior a los ¢90 000 millones para ese rubro, pero a partir de sus presupuestos totales, no únicamente de los recursos del FEES como lo está imponiendo ahora el Ministerio de Hacienda. En el caso de la UCR el FEES cubre el 80% del presupuesto anual, por lo que trasladar ¢39 900 millones del FEES a gastos de capital traería graves implicaciones en la operación.
Los presupuestos de las universidades estatales fueron aprobados por sus respectivos consejos universitarios o institucionales. En conjunto, contemplan una inversión de capital superior a ¢90 000 millones para el 2020, según datos del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El rector Jensen concluyó que “la decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional a defender uno de los más importantes pilares de la sociedad costarricense: la educación superior pública.
Las autoridades universitarias han establecido conversaciones con el Poder Ejecutivo, sin que hasta el momento se logre una solución que permita el uso de los recursos.
Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
Las disposiciones de ahorro anunciadas por la administración universitaria han tenido un efecto positivo sobre las finanzas de la Universidad de Costa Rica (UCR), a la luz de las medidas austeras del gobierno para prevenir una crisis fiscal, y que también han afectado el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Desde el 2014 y hasta el 2020, se proyecta que la institución ahorraría más de ¢15 000 millones, principalmente por la disminución del porcentaje de la anualidad (que pasó del 5,5 % al 3,75 %, y que solo entre el 2019 y 2020 representa un ahorro de más de ¢11 000 millones), pero también por mayor rigor en el otorgamiento de dedicaciones exclusivas y modificaciones en la concesión de incentivos por méritos académicos (que han sumado más de ¢4000 millones del 2015 al 2018).
A estas medidas se adiciona el establecimiento de una nueva fórmula para el cálculo del reconocimiento por crecimiento del costo de vida, negociada con la nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT), que permite que los incrementos salariales se limiten al monto de inflación. También han aportado ahorros los cambios en la autorización de suplencias, la disminución de horas extra y la reducción del consumo de combustible (potenciado gracias a la compra de vehículos eléctricos o híbridos, en línea con las políticas ambientales de la institución), entre otros.
“En una muestra de responsabilidad y solidaridad para con el país, en donde las universidades públicas se comprometen a revisar y ordenar sus finanzas, encontramos en este ejercicio también una medida para resguardar la salud financiera institucional para el futuro próximo, que deberá seguir reforzándose”, aseguró el rector Henning Jensen, también presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
En efecto, para el período 2016-2020, el CONARE reportó que las disposiciones en la contención de gasto realizadas por sí mismo y por sus universidades adscritas muestran resultados de un ahorro de más de ¢47 000 millones. Esto, gracias a medidas tomadas en los rubros de reajuste salarial, plazas, anualidad, dedicación exclusiva, tiempo extraordinario, suplencias, ahorro de energía y de papel, uso de la flotilla vehicular, transporte y viáticos al exterior, entre otros.
En el caso de la UCR, las medidas de contención del gasto han evitado afectar el quehacer sustantivo de la universidad, especialmente a la luz del descenso en el monto del FEES y por el recorte de ¢10 000 millones que le hicieron al FEES los diputados en la Asamblea Legislativa el año pasado. Sin embargo, con el fin de garantizar un sano equilibrio presupuestario para los años venideros, será necesario potenciar estas medidas.
“La UCR sigue teniendo finanzas institucionales sanas pero, sin duda alguna, si no tomamos medidas en el corto plazo, y la situación fiscal del país continúa por la senda que ha tomado en los últimos años, podríamos tener problemas. Es muy probable que el presupuesto del FEES no vaya a tener crecimiento en términos reales, por lo que ante esta situación será necesario tomar nuevas medidas”, comentó Carlos Araya, vicerrector de Administración.
Por ejemplo, la UCR ha mejorado su sistema salarial con cambios a nivel coyuntural, que han permitido reducir año con año el peso de la masa salarial sobre el presupuesto universitario.
Sin embargo, el sistema tiene debilidades estructurales que requerirán modificaciones para asegurar salarios iniciales más competitivos y menos desigualdad entre salarios de una misma categoría salarial, entre otros. “Ya existe una comisión que está trabajando en los correspondientes análisis jurídicos y actuariales para poner el tema sobre la mesa de discusión de la comunidad universitaria”, aseguró Araya.
“Las medidas que han afectado el financiamiento de la educación superior pública, especialmente aquellas tomadas al calor de una situación de crisis en las finanzas públicas, han puesto en riesgo la educación de miles de estudiantes en el país, y han legitimado diversos ataques a al propio Estado social de derecho. No solo se violenta así la Constitución Política, sino también la autonomía universitaria, que ha evitado que las coyunturas políticas históricas limitaran el quehacer de la docencia, investigación y acción social de estas instituciones”, concluyó el rector.
Caterina Elizondo Lucci
Periodista, Rectoría
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Información tomada de la página de Facebook de la Universidad de Costa Rica.
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