La Ministra de Planificación, Pilar Garrido Gonzalo, en su audiencia ante la Comisión que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), reafirmó que el Plan Nacional de Educación Superior de las universidades públicas (PLANES) se elabora utilizando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y otros documentos del marco estratégico nacional.
Este lunes 1 de abril el CICDE-UNED estará llevando a cabo la presentación de los resultados de la investigación "Estado confesional en Costa Rica implicaciones para las políticas públicas del financiamiento del estado a la iglesia católica
Tan solo en hipertensión, la CCSS invirtió más 5 millones de dólares en el 2017
Desaceleración de las contribuciones y déficit del Gobierno Central hacen que las posibilidades de financiamiento adicional se reduzcan
El Dr. Macaya resaltó los logros de la Caja. Gracias al esfuerzo de la institución, los indicadores de salud alcanzados por Costa Rica se comparan con los de países desarrollados. Foto: Anel Kenjekeeva.
Náuseas, vértigo y somnolencia son algunos síntomas de la hipertensión; un padecimiento que se posiciona dentro de las principales enfermedades de Costa Rica y en la lista de los mayores generadores de gasto en medicamentos para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
De acuerdo con información enviada por la Dirección de Farmacoepidemiología de la CCSS, en el 2017 un millón de pacientes estuvo bajo tratamiento antihipertensivo. Esto generó un costo total en fármacos que ascendió los $5 000 000 anuales.
Sin embargo, ese no es el único padecimiento de alto costo. Junto con la hipertensión también destacan la diabetes y las enfermedades especiales. De acuerdo con el Dr. Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, la diabetes se posiciona como el segundo en importancia en cuanto a gasto y cantidad de personas que presentan la enfermedad. En el 2017 se contabilizó cerca de 100 000 pacientes diabéticos a quienes se les destinó un total de $5 415 963 en insulina.
Respecto al grupo de enfermedades especiales, 3 960 usuarios presentaron algún padecimiento de este tipo, por lo que requirieron de tratamientos catalogados como de alto impacto financiero. Si bien este grupo es menor en comparación con la cantidad de personas diabéticas e hipertensas, tan solo en ellos seinvirtió $56 608 055 durante el año pasado.
“En relación con los medicamentos de alto costo, que no están en la lista oficial de medicamentos y que no pasan por el Comité de Farmacoterapia, casi 4 000 pacientes nos llegan por recurso de amparo. El promedio por año para estos pacientes es de $14 000 y muchos de ellos son de por vida. Pero esto es solo un promedio, hay pacientes que están entre los $200 000 a los $300 000 anuales”, manifestó el Dr. Macaya, en una visita que realizó a la Universidad de Costa Rica (UCR) como parte de la cátedra Dr. Antonio Peña Chavarría realizada en el mes diciembre del presente año.
Otro padecimiento que destaca es la depresión. Se estima que durante el año 2017, alrededor de 153.000 personas atendidas en la CCSS recibieron tratamiento antidepresivo. La inversión total para todos ellos fue de $2.487.495.Foto: Anel Kenjekeeva.
Una población que envejece
El reto que constituye el gasto de medicamentos para la Caja se fortalece aún más con el incremento de la población adulta mayor. Según Macaya, en el 2015 las personas en etapa de vejez era del 11%. Para el 2050 esta cifrá aumentará significativamente en un 14%; es decir, el 25% de la población estará envejecida.
“Se estima que al 2050 un cuarto de la población será adulta mayor. En términos absolutos, el número de personas mayores a 65 años se va a triplicar de aquí al 2050. Vamos a pasar de casi medio millón que tenemos hoy, a 1,3 millones de adultos mayores en el 2050” señaló el jerarca.
Lo anterior implicaría un mayor uso de los servicios de salud. Actualmente, en cuanto a la estancia hospitalaria por grupos de edad, los adultos mayores sobresalen. Este grupo ocupa casi el 50% de las camas de los servicios de medicina.
Por lo tanto, si nada cambia; es decir, si el envejecimiento se da de la forma prevista y la incidencia de enfermedades en este grupo etario persiste, en el 2050 los adultos mayores ocuparían el 70% de la estancia de cama promedio.
El desafío entonces resulta claro. Si en 77 años se construyó la Caja que hoy atiende a ese 50% de la población adulta mayor, ¿cómo podrá la institución generar en 32 años la suficiente capacidad resolutiva para afrontar el panorama que se avecina?
“Para el 2050 tendríamos casi un millón de días cama solo para adultos mayores. A esto se le debe sumar los otros servicios y grupos etarios. Eso ya debe sonar alarmas en todos los directores de hospitales y profesionales de salud pública sobre cómo vamos a cambiar lo que hoy hacemos, porque nuestro presupuesto como institución, que es el 11% del PIB de Costa Rica, no podrá crecer más a este ritmo”, destacó Macaya.
Con el incremento de la población adulta mayor, también se aumentan las enfermedades no transmisibles. Macaya compartió datos publicados sobre las causas de mortalidad en Costa Rica, que datan del 2012, los cuales reflejan que un 30% de las razones de fallecimiento se deben a problemas del corazón, un 23% por cáncer y un 11% por lesiones. Las enfermedades respiratorias acaparan el 6% y la diabetes mellitus un 4%.
“En el adulto mayor todas esas enfermedades son más intensas. Así, el cáncer puede afectar todo los grupos etarios, pero es más común en el adulto mayor. De igual forma pasa con los problemas del corazón, alguien de 40 años podría tener un infarto, pero es mucho más común de 65 hacia arriba”, afirmó Macaya.
Desde una perspectiva más amplia, el último informe sobre la salud de los adultos mayores en Costa Rica indica que los países latinoamericanos deben enfrentar los retos del rápido envejecimiento de la población, pero con menos recursos y más premura que los países desarrollados. -Imagen con fines ilustrativos Foto: Anel Kenjekeeva.
Conductas de alto riesgo
A los retos anteriores se les suma las conductas de alto riesgo. Tres de cada dos personas presentan obesidad y sobrepeso, casi el 46% de la población es sedentaria y las muertes en sitio por accidentes de tránsito alcanzan los 1.3 personas por día.
El consumo de tabaco, la tasa de suicidios y el índice de homicidios no se quedan atrás. Un 24% de las personas entre 12 a 70 años fuma; mientras que 12 de cada 100 mil habitantes fallece debido a un asesinato, y un 0,67 realiza algún intento de autolesión contra su propia vida.
“Tenemos una población cada vez más obesa y somos uno de los países más sedentarios. También, tenemos una tasa de homicidio a niveles preocupantes. Otra de las estadísticas más tristes como sociedad está en un incremento importante en suicidios e intentos de suicidios especialmente en los jóvenes. Nosotros tenemos una obligación moral de atender eso”, dijo Macaya.
En medio del déficit
Las posibilidades de financiamiento adicional son reducidas. El jerarca de la CCSS explicó que en los últimos años ha ocurrido una desaceleración de las contribuciones. Del 2005 al 2009 la institución creció en un 8%. Del 2010 al 2015 fue de un 6% y del 2017 al 2018 un 4%.
De la misma manera, el déficit del gobierno central del 7,2% del PIB, junto con las cargas sociales que ya son relativamente altas, ponen en jaque a la institución en la búsqueda de nuevas formas de sustento económico.
“Si bien la Caja es autónoma, nosotros no somos una isla en la economía costarricense. Necesitamos una economía pujante y creciente, para que las contribuciones sigan financiando nuestra salud y nuestras pensiones” enfatizó el Dr. Macaya.
¿Y ahora qué?
Lograr la sostenibilidad financiera no erá sencillo. Ya la Caja en el 2010 sufrió una crisis por insuficiencia de fondos para cubrir obligaciones. En el 2014 logró el equilibrio de gastos ajustados a los niveles de ingreso y en el 2018 concretó una favorable estabilidad debido al nivel de inversiones estratégicas.
La meta ahora de la CCSS es garantizar a mediano y largo plazo la atención de salud, mediante criterios de eficiencia, oportunidad, calidad y alta satisfacción. Según Macaya, la hoja de ruta para alcanzar más salud, mejores servicios y un costo menor se basa en seis elementos.
El primero es el abordaje intersectorial, que procura alianzas con diferentes instituciones para fomentar estilos de vida saludables. El segundo es un aumento de las fuentes de financiamiento que no dependa del porcentaje de la población que trabaja y contribuye a la CCSS.
Por su parte, el tercero y el cuarto elemento se basan en la adaptación del modelo al priorizar la atención primaria en salud y las redes integradas; así como una mayor eficiencia en la gestión institucional. Finalmente, se trabajará por el uso intensivo de las tecnologías disponibles y la asignación de recursos orientados a resultados.
“Con las redes integradas, por ejemplo, si el tiempo de espera es de 15 meses para una cirugía, pero otro hospital lo puede hacer en tres meses, entonces eso es lo que hay que aprovechar a fin de desarrollar una mejor eficiencia en la gestión institucional” relató el presidente ejecutivo.
El Dr. Macaya señaló que también es muy importante que los futuros médicos se sientan cómodos al ser asistidos por la tecnología. Ya para el 2019 está aprobado el presupuesto a fin de empezar un Centro de Procesamiento de Datos. El objetivo consiste en saber cómo intervenir más oportunamente una enfermedad antes de que se complique, o bien, lograr su prevención y “Costa Rica está en una posición privilegiada” concluyó el Dr. Macaya.
En la Sesión nº29 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, siete miembros votaron a favor de la moción presentada por el diputado Jonathan Prendas. (Imagen tomada de la grabación de la sesión / Asamblea Legislativa).
El recorte al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) aprobado en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios el miércoles 17 de octubre, no es aún un recorte definitivo, pues debe primero ser discutido en el Plenario Legislativo en dos debates.
La moción fue presentada por el diputado Jonathan Prendas, del Partido Restauración Nacional (PRN), y pretende recortar este fondo en ₡10 mil millones para trasladarlo a las partidas de amortización de deuda. Esa moción fue aprobada con 7 votos a favor y 3 en contra.
“El FEES es la principal fuente de financiamiento de las universidades estatales, para cumplir con las funciones de docencia, investigación y acción social. La educación superior es un factor de movilidad social, y uno de los principales aportes a la competitividad del país a largo plazo. Reducir el FEES sería dar un paso atrás en la definición del modelo de desarrollo de Costa Rica, y vulnerar el Estado social de derecho en el acceso a la educación superior pública”, afirmó el Dr. Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En sus palabras, la UCR ha venido implementando una serie de medidas para contener el gasto, en línea con las necesidades del país por salvaguardar sus finanzas. Por ejemplo, este año se ahorraron ₡2 029 millones por la reducción de las anualidades al pasar del 5,5% al 3, 75%. Para el 2019, once rubros y nueve medidas adicionales tendrán restricciones presupuestarias que serán gestionadas desde la administración.
El Artículo 85 de la Constitución Política dispone, entre otras cosas, que el Estado mantendrá —con las rentas actuales y las que fuesen necesarias— un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), cuyas rentas “no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”. También indica la Constitución Política, en su Artículo 78, que el gasto público de la educación estatal (incluida la superior) no debe ser inferior al 8% anual del producto interno bruto (PIB).
El monto requerido por las universidades públicas es establecido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en un plan nacional quinquenal (PLANES) que incluye los egresos de operación y de inversión. Aunque la Constitución no lo establece, las Universidades y el Gobierno han aceptado que el monto del FEES sea negociado en una Comisión de Enlace. Si, como ha sucedido, no se logra un acuerdo quinquenal, la Comisión ha adoptado acuerdos anuales respecto al monto presupuestario requerido, y el Poder Ejecutivo debe incorporar en el presupuesto ordinario la partida correspondiente al FEES.
“La Constitución Política garantiza de modo efectivo la financiación de las Universidades estatales. La Asamblea Legislativa no puede desconocer, ni mucho menos violar, esta garantía constitucional. El Artículo 85 no confiere facultades al Poder Legislativo para disminuir el monto presupuestario definido por el PLANES o el establecido unánimemente por la Comisión de Enlace, sin diferendo alguno. A la Asamblea Legislativa no le resta más que cumplir con su obligación constitucional de aprobar el presupuesto destinado a la educación superior pública”, comentó el Dr. Luis Baudrit, jefe de la Oficina Jurídica de la UCR.
En julio de este año, la Comisión de Enlace acordó establecer el monto del FEES para el 2019 en ₡511 154 millones y para la UTN un presupuesto de ₡34 868 millones. Estos montos corresponden al presupuesto del año 2018, ajustado por la inflación (estimada en un 3% para el año 2019).
La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios es la encargada de discutir el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019 (Expediente 20 964), cuya votación final debe realizarse antes del sábado 20 de octubre. Para que el proyecto pase a Plenario, el dictamen o los dictámenes deberán ser rendidos antes del 25 de octubre.
Las propuestas direccionadas a la atención del problema fiscal que enfrenta nuestro país, planteadas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la República, han generado un clima de incertidumbre y zozobra en los diferentes sectores sociales, debido a la potencial incidencia que se podría derivar de las diferentes medidas implementadas en el ámbito de los ingresos y los gastos.
En el caso particular de la formulación del presupuesto de la República para el año 2019, existe una directriz generalizada; pero también es importante rescatar que, en respuesta a la naturaleza intrínseca del pacto social histórico con el desarrollo de nuestro país, lo relativo a la educación y su tratamiento ha tenido una atención especial.
Esa actitud visionaria, precisamente, es lo que ha marcado una diferencia esencial en el plano regional costarricense, pues posibilita un ascenso social importante para la población, un desarrollo humano más equilibrado y la dotación de un recurso humano altamente calificado para atender las necesidades de los sectores privado y público.
En el marco de la incertidumbre señalada, se deberían estar negociando los recursos presupuestarios destinados a la educación en general y, en particular, los correspondientes a la educación superior.
Esta discusión ha sido llevada a cabo, tradicionalmente, con el Poder Ejecutivo en un marco de respeto y con el tiempo suficiente para participar de lo planteado a la comunidad universitaria y a las distintas instancias políticas con decisión sobre el quehacer universitario.
Genera preocupación que el viernes 22 de junio de 2018 se haya suspendido, sin mutuo acuerdo, la reunión convocada para discutir el presupuesto de la educación. Es por esto que solicitamos, de la manera más respetuosa, al Gobierno de la República y a quienes conforman la Comisión Enlace para el Financiamiento de la Educación y de la Educación Superior, convocar a una reunión de esta instancia lo antes posible para poder acceder a la información y llamar a la comunidad universitaria a iniciar la reflexión sobre la propuesta de financiamiento para el año 2019.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional reitera la solicitud para que se inicie, con la mayor brevedad posible, la negociación en la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación y de la Educación Superior.
Padecimientos afectan a casi el 22% de la población costarricense y su costo en salud podría rivalizar en un futuro cercano con los recursos de pensiones
El 70,6% de los pacientes crónicos vive en zonas urbanas. En cuanto a la edad promedio de inicio, esta se da a partir de los 54 años y el grupo más predispuesto a padecerlas son las mujeres. Casi 3 de cada 10 pacientes crónicos son mujeres con hipertensión, en cambio, solo 1 de cada 6 son hombres tienen la enfermedad. -Imágenes con fines ilustrativos-.
De las ocho enfermedades crónicas de mayor impacto en Costa Rica, la depresión y la diabetes son las que tienen la más alta incidencia en personas que viven en pobreza y pobreza extrema. Este dato, que se desprende de la encuesta Nacional de Salud del 2006, es una cifra que ha variado poco al día de hoy.
Así se explicó durante el Foro “Soluciones Innovadoras ante el impacto de las enfermedades crónicas en Costa Rica”, realizado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante el mes de febrero.
La exposición estuvo a cargo del Dr. José Francisco Pacheco, consultor de Economía de la Salud, el cual afirmó que en el 2006 cerca del 22% de la población costarricense tuvo algún tipo de enfermedad crónica. Si ese porcentaje se adapta al 2017, se calcula que más de 1 100 000 personas se han visto afectadas por dichas complicaciones.
¿El grupo de mayor incidencia? Las mujeres, quienes acaparan el 61,5% del total de los casos reportados por esas enfermedades.
De acuerdo con el Dr. Pacheco, entre los padecimientos más comunes están la migraña, el asma, la bronquitis, el colesterol elevado, la depresión, la diabetes y la hipertensión. Aunque esta última abarca casi la mitad de la población crónica, la depresión y la diabetes son las condiciones que más destacan por afligir a los grupos de menores ingresos, encabezados principalmente por la población femenina.
De todos los registros, la depresión y la diabetes afectaron al 78.3% y al 53% de las mujeres respectivamente.
“El Informe Mundial de la Diabetes del 2016 elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mostró que los grupos más pobres de la sociedad, sobre todo las mujeres, suelen tener menos tiempo y recursos para participar en actividades de recreo. Así, al estar la actividad física relacionada con la obesidad y la diabetes mellitus, es de esperar que si las mujeres presentan una actividad física insuficiente, presenten también mayor prevalencia a esas enfermedades”, señaló la Dra. Victoria Hall Ramírez, vicedecana de la Facultad de Farmacia de la UCR.
Por otro lado, la migraña, la hipertensión y la artrosis también sobresalen y, nuevamente, dentro del grupo femenino. La única diferencia es que las personas que más padecen estas condiciones suelen pertenecer a niveles económicos que van de un estrato medio a un estrato alto.
“Ahora bien, ¿qué pasa con los hombres? Bueno, no es que los hombres gocemos de mejor salud, sino que podría darse que a algunos grupos no se les han detectado aún sus condiciones crónicas”, aclaró el Dr. Pacheco.
Consulte las enfermedades crónicas de acuerdo con la condición social
Un paciente con algún tipo de patología crónica requiere, en promedio, 20 minutos para ser atendido en una cita médica. Para aquellos que poseen depresión, el período en algunas ocasiones es mayor debido al abordaje psicológico que se debe llevar a cabo.
A lo anterior se le deben agregar las visitas al centro médico. El número de consultas de personas con edades superiores a los 50 años es seis veces mayor en comparación con los de 20 y 30 años, situación que responde a los casos crónicos diagnosticados en ambos rangos de edad.
Así mismo, no se debe olvidar el consumo de medicamentos. Cerca del 80% de estos pacientes crónicos obtienen sus fármacos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en comparación con los pacientes no crónicos que conforman el 64.1%.
Esa situación plantea que los recursos disponibles del sistema de salud posiblemente sean insuficientes en un futuro cercano, lo cual, según el especialista, sugiere discutir sobre nuevos mecanismos de financiamiento.
Las últimas estadísticas reflejan que el 81,2% de los pacientes no crónicos ha tenido un estado de salud bueno o muy bueno. En cambio, el 93,2% de los pacientes crónicos ha tenido alguna enfermedad en los pasados 12 meses y, por lo tanto, ha requerido un mayor uso de los servicios de salud.
El Dr. Pacheco comentó que al formularse una política financiera, se pone especial énfasis en la incidencia de los padecimientos por grupo de edad. Por el momento, el asma está más presente en niños y adolescentes entre los 0 y los 19 años, mientras que para los adultos de 20 a 39 años la enfermedad que predomina es el dolor de cabeza. En cuanto a la hipertensión, su prevalencia inicia a partir de los 40 años.
“¿Cómo influyen esos datos? La gente con más de 60 años tiene tasas superiores al 50% y 55% de prevalencia en enfermedades crónicas. Distinto al caso de los menores de edad, con tasas bajas y concentradas en una o dos situaciones específicas. Esto es fundamental entenderlo porque la tasa de incidencia se multiplica casi que por 10 entre el primer y el segundo grupo de edad mencionado. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas de mayor edad van a requerir más los servicios de salud”, abordó el Dr. Pacheco.
Tampoco se debe olvidar el cambio en la pirámide poblacional. El especialista rescató que se prevé un mayor peso de atención en poblaciones de mayor edad. Si a esto le sumamos la circunstancia actual de las pensiones, el financiamiento del sistema de salud rivalizaría en un futuro cercano con los recursos de pensiones.
Mucho por hacer
Una de las acciones más importantes es aumentar el rol de la prevención y la promoción. El experto explicó que uno de cada tres no se chequeó los niveles de colesterol y de hipertensión. De igual forma, uno de cada cuatro no revisó su presión arterial.
Además, se deben incluir estrategias modernas de cuidado integral, poner atención a la salud mental, establecer un rol de la planificación por resultados y nuevas estrategias de financiamiento para los pacientes crónicos.
El Dr. Pacheco manifestó que en algunos momentos, incluso, se ha llegado a valorar la idea de que el primer nivel de atención se financie con impuestos, mientras los servicios de especialistas, diagnósticos y hospitalizaciones sean con las cotizaciones.
“La presión demográfica es fuerte. La pirámide se va a ir concentrando en una población de mayor edad que, además, tiene las más altas tasas de incidencia. Entonces, se concentran muchas situaciones y eso genera presiones que a futuro obligarán a encontrar otras rutas de financiamiento y de gestión. Cuando hablo de gestión, no es solamente de dónde voy a obtener más dinero, sino cuáles son los mecanismos para usar ese dinero de forma eficiente”, concluyó.
El pasado martes 29 de agosto, los miembros de la Comisión de Enlace firmaron el acuerdo de financiamiento de la educación superior universitaria estatal para el 2018. La Comisión, presidida por la ministra de Educación Pública, y conformada por los ministros de Hacienda; Planificación Nacional y Política Económica; Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y los cinco rectores de las universidades del Consejo Nacional de Rectores, acordaron establecer el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2018 en ¢496 266 720 000, lo cual corresponde a ¢18 361 millones más en relación con el monto del año 2017; es decir, un incremento del 3,7%.
El monto acordado representa un crecimiento menor al de años anteriores debido a la difícil situación económica que enfrenta el país, que imposibilita alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, y, por lo tanto, el 1,5% para el FEES. No obstante, la Universidad de Costa Rica (UCR) garantiza la continuidad de sus compromisos y actividades sustantivas, tales como las becas a los estudiantes, la infraestructura, la renovación de equipo científico y tecnológico, y los salarios de los funcionarios, entre otros. Esto será posible gracias a la adopción de medidas de contención que la Administración ha implementado en los últimos cinco años, tales como regresar en el 2018 a una anualidad del 3% según lo estipulado en la Convención Colectiva.
Entre estos compromisos se encuentra el Sistema de Becas Socioeconómicas para los estudiantes, que en el 2018 tendrá un crecimiento de 9,08% con respecto al presupuesto del año 2017. Asimismo, el presupuesto para el Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico será de un 4% del FEES institucional, lo que equivale a ¢10 700 millones. Esto permite cumplir lo estipulado por las «Normas Generales y Específicas para la Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la Universidad de Costa Rica».
En cuanto a la infraestructura, se incluyeron los recursos necesarios para la atención de las obras incluidas en el Programa de Inversiones Institucional, y se aseguró el presupuesto para atender los compromisos del Fideicomiso UCR/BCR 2011.
De igual manera se garantiza el desarrollo regional, como un compromiso para garantizar el progreso de las sedes y recintos universitarios de conformidad con sus necesidades, demandas e intereses.
Es necesario tomar en cuenta que, de aprobarse la reforma fiscal planteada por el gobierno durante este año, el monto del FEES 2018 se recalcularía para alcanzar el porcentaje acordado, según el Producto Interno Bruto Nominal (PIB + inflación). Además, si la inflación supera el 4% durante 2018, tanto el Ejecutivo como los rectores de las universidades públicas se reunirán para valorar la aprobación de ajustes.
Los integrantes de la Comisión de Enlace se comprometieron también a que el FEES alcance el anhelado 1,5% del PIB en 2020 como fecha máxima, y de paso, el porcentaje total asignado al 8% para la educación, cumpliendo así el mandato constitucional.
«Las universidades públicas no podemos tirar por la borda la responsabilidad, el compromiso social y la sensibilidad ante las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Esto ha sido el hilo conductor de la negociación del FEES. No podemos ver las cosas desde una perspectiva que solo priorice el monto presupuestario asignado. Para mí, esa sería una visión economicista que llegaría a obtener el repudio de la población nacional», comentó el Dr. Henning Jensen, rector de la UCR.
El acuerdo del FEES también menciona que la Agenda de Cooperación entre el Estado y las universidades definió 129 proyectos con los que las instituciones públicas de educación superior colaborarán con ministerios y otras entidades de gobierno, para lo cual será necesaria una inversión de parte de las universidades públicas de ¢1300 millones.
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de la página oficial de la UCR.
Analistas encuentran serios problemas en informe elaborado por la Academia de Centroamérica
Gabriela Mayorga López,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) respondió de forma contundente a las críticas que se realizaron a la gestión de las universidades públicas en el marco de los resultados de estudio de la Academia de Centroamérica sobre el costo de la educación superior en Costa Rica.
El análisis realizado “tiene problemas serios, parte de premisas erradas y por tanto construye información errada”, señaló la M.Sc. Gabriela Arguedas dando inicio a la mesa redonda, que abordó el tema este 23 de junio.
La economista e investigadora del Estado de la Nación, Marcela Román Forastelli; la investigadora de la Unidad de Análisis de Registro de la Universidad Nacional (UNA), Magaly Rodríguez Pineda y la profesora de la Escuela de Filología e investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gabriela Arguedas Ramírez, fueron las voces que evidenciaron las falencias.
Universidades públicas evidencian su aporte en acción social e investigación para contrapesar estudio que invisibilizó estas áreas del quehacer universitario. En la fotografía: representantes de la Universidad de Costa Rica ayudan a pobladores de Upala a enfrentar el impacto del Huracán Otto, 2016. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
El estudio de la Academia de Centroamérica
Por parte de la Academia de Centroamérica, los economistas Edna Camacho y Miguel Loría abrieron el debate recordando que su análisis buscaba reconocer dos aspectos de la educación pública superior de Costa Rica: los productos que genera (dónde unicamente valora diplomados y matrícula) y los gastos.
Los resultados de ese estudio titulado: “¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?”, evidenció que en los últimos 15 años hay una creciente matrícula, cobertura y cantidad de graduados para sumar en la actualidad casi 6.000 por año, pero que proporcionalmente la población más adinerada del país es la que más acceso tiene a la educación superior.
Por el lado de los gastos critica que la educación pública dependa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que la venta de servicios ha decrecido, que el financiamiento crece mucho más que la cantidad de graduados y que entre universidades la distribución del financiamiento no ha variado.
En la mesa redonda: «Análisis de los resultados del estudio sobre educación superior estatal de la Academia de Centroamérica» participaron Miguel Loría, Marcela Román, Isabel Román, Gabriela Arguedas, Magally Rodríguez y Edna Camacho. Fotografía de: Conare.
No analizaron impacto en acción social e investigación
El debate permitió evidenciar que las “universidades de investigación” como se catalogan a las universidades públicas de Costa Rica, tienen funciones distintas a lo que son las “universidades de docencia”, que se dedica exclusivamente a esa práctica central o las “universidades corporativas”.
Las universidades de investigación aportan al país, mucho más allá que la cantidad de graduados anuales, a esta se suma el quehacer por ejemplo, del Instituto Clodomiro Picado de la UCR que tiene impacto a nivel global con su investigación y producción de suero antiofídico, o que el hecho de que Costa Rica destaque a nivel mundial como el país que elevó el tema de la violencia obstétrica a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o que exista capacidad científica para determinar que el arroz y los frijoles que consumimos todos están contaminados con micotoxinas que causan cáncer.
Con esos ejemplos Gabriela Arguedas dejó en claro que un estudio limitado a la matrícula y diplomado, no puede determinar el qué produce la univeridad pública en Costa Rica.
Por su parte Marcela Roman y Magally Rodríguez evidenciaron que la crítica que se hace sobre el porcentaje de la población más adinerada (V quintil) que tiene acceso a la educación superior pública, no es más que un reflejo claro de la población costarricense que se gradúa de quinto año de colegio y que aprueba el examen de bachillerato.
Sin embargo, el panel sí estuvo de acuerdo en la necesidad de tener datos más estandarizados y más disponibles, que permitan investigar y dar seguimiento al quehacer de las universidades públicas, y a la educación superior en general, pues también quedó claro que las universidades privadas son las que más contribuyen a la nebulosa.
El Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen Pennington, el Rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) Marcelo Prieto Jiménez y el Rector del TEC Julio Calvo Alvarado, participaron de la mesa redonda desde la audiencia.
La tasa básica pasiva y el tipo de cambio han presentado un comportamiento estable en lo que va del año, sin embargo, esa estabilidad podría verse amenazada en el mediano plazo, principalmente por dos factores: el financiamiento del gobierno central mediante endeudamiento interno y la incertidumbre en la economía internacional.
La tasa básica pasiva (TBP), referente para el resto de tasas de interés en colones, ha seguido la senda trazada por el Banco Central con la implementación de una nueva metodología de cálculo, la cual introdujo un factor de ajuste que la ha dirigido gradualmente hacia la baja, pasando de 6,25% en enero 2016 a 4,35% la segunda semana de diciembre.
Sin embargo, el financiamiento del gobierno central mediante deuda interna constituye una amenaza para la estabilidad de las tasas de interés en colones por el llamado “efecto estrujamiento”, el cual ocurre cuando un gobierno presenta altos niveles de déficit fiscal y se ve obligado a realizar importantes operaciones de deuda en el mercado nacional, con lo cual compite con los agentes privados para conseguir recursos en el mercado financiero, presionando al alza en las tasas de interés.
Mientras que a setiembre 2015 el 54% del déficit fiscal del gobierno central se financió con deuda interna (el restante 46% con deuda externa), en los primeros nueve meses de este año, el financiamiento interno alcanzó el 99%. En este sentido, la limitación que actualmente tiene el Gobierno de endeudarse externamente, podría empezar a ejercer una mayor presión sobre las tasas en colones en los próximos meses.
Con respecto al tipo de cambio, este presentó un comportamiento estable en el primer semestre del año, no obstante, a partir de junio y hasta noviembre, se ha depreciado en cerca de un 3,5%. En otras palabras, en enero se pagaba en promedio 540 por dólar y a inicios de diciembre 558.
Es importante mencionar que no solo el colón costarricense se ha depreciado, sino también muchas otras monedas importantes y en mayor medida; lo cual podría acentuarse si el descenso en la tasa de desempleo de Estados Unidos observado en noviembre de este año, es interpretado por las autoridades de la Reserva Federal como una señal de que la recuperación económica justifica aumentar la tasa de referencia en este diciembre y realizar ajustes paulatinos durante el próximo año.
Un aumento mayor del tipo de cambio en nuestro país, podría afectar el costo del servicio de deuda (mayor presión sobre el déficit fiscal), así como a los agentes privados que han contraído deudas en dólares. En este sentido, los cambios en el entorno internacional motivados por la aparente recuperación de la economía estadounidense y por el cambio de gobierno, podrían afectar el comportamiento del tipo de cambio.
De esta manera, ante un escenario internacional en que existe cierto nivel de incertidumbre, la mejor precaución es controlar los factores internos, que como el financiamiento del gobierno central, pueden desestabilizar los macroprecios, entre ellos las tasas de interés, que inciden directamente en el bolsillo de los costarricenses.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de elsoldeoccidente.com
Consejo Nacional de Rectores, Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior – FEES –
CONARE informa a las comunidades universitarias y la comunidad nacional que, siempre en defensa de la autonomía universitaria y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, hoy 19 de octubre, compartió con un grupo de diputados, su compromiso y voluntad de revisar estructura, monto y distribución del Fondo del Sistema, de manera que garantice equidad en la asignación de estos recursos entre las universidades que lo conforman.
Este compromiso considera:
Revisar la estructura y el monto del Fondo del Sistema para favorecer a las universidades con menor porcentaje del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES)
Revisar la distribución del Fondo del Sistema, para garantizar su finalidad de equidad y solidaridad con las universidades con menor porcentaje del FEES
Apoyar solidariamente a la Universidad Técnica Nacional (UTN) para obtener un crédito similar al del Banco Mundial para atender sus necesidades de inversión
Apoyar que la UTN sea homologada con las otras universidades en cuanto al impuesto de la renta
Concurrir a la Comisión Especial de Ingreso y Gasto Público para analizar el déficit o superávit de cada universidad
Los señores Rectores manifiestan su complacencia de que estas señoras y señores diputados reconocieran, al igual que lo hicieron desde un principio otros legisladores, los principios constitucionales que norman la fijación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior y con ello ratificaran el acuerdo logrado entre CONARE y el Gobierno, así como la competencia constitucional del CONARE para acordar la distribución del FEES.
19 de octubre de 2016.
Alberto Salom Echeverría
Rector, Universidad Nacional
Presidente de CONARE
Henning Jensen Pennington
Rector, Universidad de Costa Rica
Julio César Calvo Alvarado
Rector, Instituto Tecnológico de Costa Rica
Luis Guillermo Carpio Malavasi
Rector, Universidad Estatal a Distancia
Marcelo Prieto Jiménez
Rector, Universidad Técnica Nacional
*Imagen con fines ilustrativos tomada de Librerías UNED – WordPress.com
Enviado a SURCOS Digital por Msc. Efrain Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
