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Etiqueta: fiscalización ciudadana

Breve exposición de la coyuntura nacional

Escrito en . Publicado en Análisis.

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
Francescomc8@gmail.com

En política estatal resulta en un contrasentido -al menos a nivel práctico- decir que se es conservador en lo social y liberal en lo económico, porque es interseccional y no va desligado uno del otro. Para que la ciudadanía tenga una buena vida requiere una economía estable y políticas de reducción y migración de desigualdades; la política económica está estrictamente ligada a lo social.

A propósito de lo anterior, propongo el análisis de ciertos temas que forman parte de la discusión política y legislativa en Costa Rica.

Por un lado, las jornadas 4×3 se vienen impulsando desde hace más de 20 años, el poner en la mesa un proyecto no estudiado verdaderamente a fondo que, en ciertas aristas socava los derechos del tico promedio a favor de empresarios no es nada por celebrar, a pesar de que tenga un apoyo popular. El apoyar proyectos de este tipo (tal y como fue propuesto por la diputada Daniela Rojas) no representan verdaderamente una ventaja competitiva. En el cuatrienio pasado nunca se indicaron ni se demostraron estudios o análisis que demostraran una relación causa-efecto entre la aprobación de jornadas de 4×3 con el arribo al país de las empresas transnacionales y la generación de nuevos empleos. Se utilizó como estrategia argumentativa el hecho de que “vamos atrasados” en la región, en lo que compete a normas que impulsen la competitividad. Sin embargo, los ejemplos utilizados corresponden a países que, al día de hoy, poseen una legislación laboral más laxa respecto a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Se menciona lo anterior debido a que el origen del Derecho Laboral es sopesar las desigualdades naturales que existen entre los patronos y los trabajadores. En una relación laboral se enfrentan intereses contrapuestos, el trabajador busca siempre ganar más y (de ser posible) trabajar menos. Por otro lado, el patrono busca gastar menos y producir más. La historia ha demostrado que cuando no se le establecen límites a los grandes empresarios pueden ocurrir grandes abusos causados por la desventaja y la relación de poder que existe entre la parte trabajadora y la empleadora, por lo que el Derecho Laboral ha ido dignificando poco a poco el trabajo y otorgando mejores condiciones (días de descanso, jornadas de 8 horas, vacaciones, aguinaldo, etc.). Cabe reflexionar si verdaderamente estas propuestas son para el beneficio del pueblo o de unas pocas élites. Es importante analizar a fondo estas reformas estructurales dentro de nuestros códigos.

Luego, el crecimiento del PIB no es el indicador más adecuado para medir la calidad de vida del ciudadano costarricense promedio, debido a que es una estadística que corresponde a un factor macroeconómico, que no necesariamente corresponde a lo micro. No hay un aumento real de nuestros ingresos que se refleje con una mejor calidad de vida. Dentro de la región latinoamericana, Costa Rica tiene uno de los salarios más altos, sí, pero también es de los países con el costo de vida más elevado. El disfrutar de una buena calidad de vida no corresponde a la mayoría del país. Se resalta esto porque, en mínimas condiciones -salario base- no basta con dicho salario para satisfacer las necesidades personales y familiares. Costa Rica dejó de ser un país de clase media por uno que, con el paso del tiempo, ahonda en las desigualdades. Vivimos en un Estado de economías paralelas, donde los indicadores macroeconómicos nos hacen parecer una potencia, pero el ciudadano de a pie con costos llega a fin de mes.

Por otro lado, el endurecimiento de penas llama mucho la atención, de hecho, Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con las penas más largas y de los países que más duro castiga en la región. No es necesario ser penalista para saber que subir las penas no reduce la delincuencia, lo que sí lo reduce es la efectividad de las sanciones. Es decir, que el Estado castigue cuando corresponda y que sea esperable de la ciudadanía que el Estado persiga y sancione las conductas antisociales, evitando la impunidad. Al Poder Judicial le corresponde actuar cuando los hechos ya pasaron, cuando ya es demasiado tarde y la prevención falló. Por lo cual, corresponde en un grave error el responsabilizar al Poder Judicial por la tarea preventiva, la cual le corresponde al Poder Ejecutivo mediante la implementación de políticas sociales, culturales y académicas en beneficio de la población. Es la educación e inserción social lo que corresponde al Poder Ejecutivo para prevenir la delincuencia y que, particularmente las personas jóvenes no vean en bandeja de plata el integrarse a la delincuencia organizada.

Es importante traer a la mesa dichos temas de relevancia cuando en la agenda legislativa las conferencias presidenciales de los miércoles y las discusiones del día a día nos abarrotan con información sobre distintos temas. Esperamos como ciudadanos que las diputaciones y Presidencia verdaderamente trabajen en conjunto por el bien del país. Esto porque, mientras los ciudadanos ansiamos reformas y nuevas políticas, dentro de la Asamblea Legislativa las fracciones pelean entre sí. Es menester recordar que son delegados del pueblo, elegidos mediante elecciones populares para manifestar la voluntad del soberano, que reside en la ciudadanía. Cuando se aprueban iniciativas trabajadas entre las diversas fracciones es cuando -generalmente- se aprueban las mejores normativas, debido a que pasan por un minucioso filtrado de diversas ideologías y posiciones. También quisiera llamar a la ciudadanía a fiscalizar la labor de los mandatarios, porque el poder no es el mismo cuando sabe que lo observan, que cuando no.

¡No corra don Boris! ¡Espere un poquito, por favor!

Escrito en . Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Apelamos a su sentido común, antes de que los costarricenses paguemos los más de ¢8 millones que cuesta enviar sus muebles a Nueva York, para instalarse como nuestro representante ante la ONU. Hay algo que le queremos pedir a usted, don Boris Marchegiani, antes de ejecutar ese inútil gasto aprobado por la Cancillería.

Usted está mitigando en su hotel de playa, el revuelo que, por encima de partidos políticos, ha provocado su designación diplomática nacida de sus millonarios aportes financieros a la campaña electoral de doña Laura Fernández. Y seguramente usted entenderá que, como ha de suceder con un funcionario diplomático de carrera (que no es lo mismo que uno que anda «en carrera» como usted), sus virtudes han de superar sus pecados, para que pueda superar el escrutinio público y no se cuestione el puesto que usted ha escogido, quizá sin pensar mucho en las consecuencias y responsabilidades inherentes al cargo.

Se informa que su señoría arrastra una desatendida deuda de unos ¢4.000 millones con el Banco Nacional, entidad estatal que, por cierto, ha sido objeto de manoseo de parte de la presidencia de la República encabezada por Rodrigo Chaves, que lograra parcialmente ejercer un indebido control casi personal sobre su junta directiva.

Aparte de unos procesos relacionados con el pago de algunos de sus impuestos, que seguramente le provocarán insomnio recurrente, creemos que usted debería reflexionar empresarialmente, como lo hace con sus lucrativos negocios, acerca del nuevo “negocio” en que se está metiendo hasta el cuello, al disponerse a encabezar la misión de Costa Rica que labora en la Organización de las Naciones Unidas con sede en la isla de Manhattan.

Don Boris, para sus compatriotas ticos (lo aclaramos pues desconocemos si usted goza de doble nacionalidad por haber nacido en Venezuela) hay «embajadores de embajadores», según sus calidades y el lugar en que fungen como tales. Quizá por eso es poca la importancia que le presta la ciudadanía a la mayoría de nuestro cuerpo diplomático, pero existen evidentes excepciones que demandan especiales valoraciones, en este caso del ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica don Manuel Tovar, responsable junto a la presidenta Fernández de las decisiones relacionadas con las relaciones internacionales. Dentro de esos nombramientos especiales, por su relevancia, el caso de la ONU, el máximo foro planetario, es trascendental. Por ello, la presidenta y su canciller, han de velar porque el representante de Costa Rica ante ese foro mundial, sea digno embajador de nuestra amada Patria; alguien que no nos avergüence ni al interior del país ni ante la comunidad internacional representada en la ONU, que indudablemente le estará mirando y evaluando, en virtud de las decisiones que allí se negocian y toman.

Usted don Boris, comprenderá que sus representados demandamos que tal persona debe exhibir un equilibrio excepcional entre el rigor intelectual, la competencia técnica y una sólida y relevante inteligencia emocional. Ha de ser íntegro y honesto. El más alto nivel de ética es condición insustituible para así generar confianza y credibilidad ante los oficiales de otras naciones, específicamente cuando se ha de participar de diálogos constructivos, donde las posiciones costarricenses se han de nutrir del espíritu y cultura costarricenses sustentados en sólidos cimientos históricos, que se adentran en el pensamiento y acción de nuestros próceres y héroes.

De ahí surgen algunas de nuestras dudas sobre su futura gestión en Nueva York, pues si no fuese así, si usted no cumpliere con tales requerimientos, en un ambiente en que otros embajadores y funcionarios de otras naciones, se enterarían de sus «problemillas» con la banca costarricense y el Ministerio de Hacienda, sépalo don Boris, que su credibilidad y limitada elocuencia, serán obstáculos casi infranqueables para una exitosa gestión. Por ello, es esperable que no lo tomarán en serio, será motivo de conversaciones de pasillo y memorandos informativos con sus gobiernos, por lo cual el alto salario que le tendríamos que pagar los costarricenses con nuestros impuestos, sería sin duda un dinero desaprovechado que bastante falta hace en nuestro pobre país.

Asimismo, es posible pensar en las presiones que recibirá la delegación de Costa Rica de parte de grandes potencias, como Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, por ejemplo, donde usted debería tener la capacidad, hasta hoy desconocida, de mostrar firmeza patriótica en defensa de nuestra venerada independencia e invaluable soberanía. Circunstancialmente, ahora que se está planteando por parte de transnacionales apoderarse de los recursos minerales de los fondos marinos internacionales, declarados por la Asamblea General «Patrimonio Común de la Humanidad«, es menester que nuestro pequeño país, reconocido por grandezas como la protección del ambiente, la ausencia voluntaria de fuerzas armadas, la democracia respetuosa de la separación e independencia de poderes, la libertad electoral, la promoción de la paz…, exhiba orgullosamente las virtudes que ha ido forjando a través de los años, gracias a gobernantes conscientes de su responsabilidad histórica. Como tal herencia no debe desdeñarse, debemos rechazar que nuestro discurso y valioso voto, sean siempre ejemplares, dignos, independientes de ataduras innobles que solo obedecen a conveniencias circunstanciales, como podría suceder cuando un tema tan importante sea planteado en votaciones de la ONU.

En fin, don Boris, queremos conocer de usted, en conferencia de prensa, su pensamiento sobre lo anotado, antes de asumir como nuestro embajador en la ONU. Consideramos que es responsabilidad suya cumplir con un acto transparente como el que le pedimos realizar, para que se rompa ese escandaloso silencio que se ha impuesto desde la Cancillería, quizá con la idea de que usted simplemente estará allá, alejado de los que compartirán inquietudes que usted respondería con notas redactadas en la Casa Amarilla por algún asesor, esquivando así caminos escabrosos. Ha de admitir señor, que el pueblo de Costa Rica merece conocer hasta dónde lleva usted «a Costa Rica en las entrañas»…

El primer ministro en la sombra: la billetera y el látigo en Zapote

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Se consumó el acto. Lo que analistas en teoría política y derecho constitucional advertíamos como una amenaza latente, hoy es una realidad institucional: Rodrigo Chaves no se ha ido, simplemente ha mutado. La designación oficial del expresidente como ministro de la Presidencia, con el agravante inaudito del recargo como ministro de Hacienda, despoja a la administración de Laura Fernández de cualquier velo de autonomía. Estamos frente a un bicefalismo ejecutivo donde la presidenta ostenta la banda, pero Chaves retiene el mazo del poder.

Analicemos la gravedad técnica de esta concentración. Este movimiento requiere una lectura cuidadosa desde la teoría del Estado y la administración pública.

En la práctica administrativa y política, fusionar Presidencia y Hacienda en una sola figura no es una simple optimización de gabinete; es la creación de un “Súper Ministerio” diseñado para la extorsión política legalizada. El Ministerio de la Presidencia es el operador nato, el encargado de la negociación legislativa y el tejido de alianzas. Hacienda, por su parte, es el dueño de la caja.

Cuando el operador político es el mismo que decide si se gira o se retiene el presupuesto, el diálogo democrático desaparece y es sustituido por el chantaje. ¿Un alcalde opositor necesita fondos para un puente? Dependerá de cómo voten sus diputados. ¿La Corte o las universidades reclaman su presupuesto por mandato constitucional? Se les asfixiará financieramente desde el mismo escritorio que debería propiciar el consenso. Este diseño institucional es un mecanismo perfecto para consolidar el populismo autoritario, saltándose el espíritu constitucional que prohíbe la reelección sucesiva y vaciando de poder real a la nueva mandataria.

Tensión con el espíritu constitucional

El artículo 132 de la Constitución Política prohíbe la reelección presidencial sucesiva precisamente para evitar la concentración de poder y el caudillismo. Aunque el nombramiento de un expresidente en un ministerio no viola la letra de la ley, desafía abiertamente su espíritu. Funciona como un mecanismo para perpetuar el control de una figura hiperpresidencialista, bordeando lo que en doctrina política se consideraría un “fraude de ley” al sistema de alternancia.

Ante este escenario de presidencialismo exacerbado que amenaza los cimientos del Estado Social de Derecho, la contención no puede ser tibia. El avance del populismo chavista solo se frena con una resistencia articulada, técnica y constante. Aquí propongo la hoja de ruta para los cuatro niveles de defensa democrática:

La prensa independiente y los creadores de contenido

El antídoto contra la posverdad oficialista son los datos duros y la fiscalización implacable. El periodismo y los nuevos comunicadores deben abandonar la agenda del escándalo diario —que el mismo populismo alimenta como cortina de humo— y concentrarse en la realidad material. Hay que recordarle a la ciudadanía, todos los días, los números que el discurso esconde: nuestra posición vergonzosa en la OCDE respecto a la caída histórica en la inversión de Educación Pública; el ensanchamiento de la desigualdad social; la informalidad laboral asfixiante; la pérdida de la seguridad alimentaria, y la alarmante tasa de homicidios violentos alimentada por la penetración del narcotráfico. La prensa no debe debatir adjetivos presidenciales, debe desnudar el fracaso macroeconómico y social.

El bloque de oposición en la Asamblea Legislativa (los 4 partidos)

La Asamblea es hoy el principal dique de contención. Los cuatro partidos de oposición democrática deben entender que enfrentan una maquinaria que busca dividirlos mediante el presupuesto. Su única salvación política (y la del país) es funcionar como un bloque parlamentario cohesionado frente a las pretensiones de Zapote. Deben utilizar el control político y constitucional al máximo: censurar cualquier intento de uso político del presupuesto desde Hacienda, bloquear leyes que concentren más poder en el Ejecutivo, y rechazar de plano cualquier intento de instaurar estados de excepción que socaven las garantías ciudadanas. Negociar de manera individual es firmar su propia irrelevancia.

Actores sociales: sindicatos, cámaras y sectores organizados

El populismo no tiene aliados, solo utilidades temporales. Las cámaras empresariales y los sindicatos (tanto públicos como privados) históricamente antagónicos, deben encontrar un terreno común: la defensa de la institucionalidad. La inestabilidad jurídica, el ataque a las instituciones fiscalizadoras como la Contraloría y la arbitrariedad presupuestaria destruyen tanto el clima de inversión privada como los derechos laborales adquiridos. Este nivel debe ejercer presión constante, utilizando las vías legales, la movilización social pacífica y el músculo técnico para presentar contrapuestas robustas. El sector productivo y el laboral deben rechazar la narrativa polarizante y unirse en la defensa de la certeza jurídica.

El ciudadano que adversa el chavismo

El último y más importante nivel de resistencia es el ciudadano de a pie. La estrategia aquí es la pedagogía política en el círculo inmediato: la familia, el trabajo, la comunidad. El populismo se nutre de la apatía y la desinformación. El ciudadano opositor debe convertirse en un fiscalizador local, protegiendo las instituciones comunitarias, exigiendo rendición de cuentas a sus gobiernos locales y negándose a normalizar la violencia verbal y el deterioro institucional. No se trata de confrontación estéril en redes sociales, sino de organización cívica real, de apoyar el periodismo independiente y de respaldar a las voces técnicas que el gobierno intenta silenciar.

No nos engañemos: el diseño del próximo gobierno es una anomalía democrática. Permitir que una sola figura controle la agenda política y la billetera del Estado, escudado tras una presidencia delegada, es un riesgo que Costa Rica no se puede permitir. La historia no nos perdonará si, por fragmentación o cálculo político a corto plazo, dejamos caer el andamiaje institucional que nos costó décadas construir.

¿Hacia dónde debería dirigirse el primer esfuerzo de fiscalización de esta alianza opositora una vez que Chaves asuma formalmente el control de Hacienda?

Contestemos juntos esta pregunta y empecemos a defender, con palabras y acciones a la Costa Rica que hoy nos pide, a gritos, nuestra ayuda.

Sala Constitucional ordena investigar marcación de árboles en Brasilito y reafirma el derecho ciudadano a participar en decisiones ambientales

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El 21 de noviembre de 2025, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo relacionado con una amenaza de tala ilegítima de árboles en el sector norte de Playa Brasilito, conocido como Punta Pelencho. La resolución fue notificada oficialmente el 25 de noviembre y establece directrices contundentes sobre la protección ambiental, la participación ciudadana y el acceso público a las playas.

Sobre el deber de investigar y establecer los responsables de la amenaza cierta de tala ilegítima de árboles:

La Sala Constitucional determinó que existió una amenaza real y comprobada de tala ilegítima en la zona, evidenciada por la marcación de al menos 68 árboles. Ante esta situación, el Tribunal concluyó que, al no existir autorización para cortar árboles, las autoridades debieron actuar de inmediato, no solo retirando las marcas, sino también abriendo de oficio una investigación para determinar a los responsables y adoptar medidas preventivas bajo el principio precautorio. Declaran que “lo adecuado era que de inmediato y de oficio se procediera a investigar lo ocurrido y a establecer las responsabilidades y medidas correspondientes ante las acciones constatadas, que, se reitera, implicaron una amenaza cierta de tala ilegítima y, por ende, al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, resguardo en el artículo 50 de la Constitución Política”.

Por lo que, la Sala Constitucional “ordena de manera inmediata una investigación para identificar el motivo y a los responsables de la marcación de árboles, así como adoptar medidas precautorias que impidan cualquier tala sin autorización. Además, impone un plazo de dos meses para concluir el procedimiento y dictar la resolución respectiva, garantizando la protección efectiva del ambiente y el cumplimiento conforme a las disposiciones de la resolución y el ordenamiento jurídico”

Razones adicionales de los magistrados sobre la participación ciudadana y consulta a la comunidad:

Los magistrados señalaron que la Municipalidad de Santa Cruz no garantizó el derecho a la participación ciudadana en relación con el proyecto de mejoras del camino público amparado en el “Convenio de donación para mejoras de calle pública C-05-03138”. La Sala destacó que dicho proyecto tiene implicaciones ambientales relevantes, entre ellas la posible afectación de un corredor biológico utilizado por fauna local, especialmente monos aulladores. Ante la ausencia total de mecanismos de consulta o comunicación con la comunidad, el Tribunal consideró transgredido el derecho constitucional de participación ciudadana y ordenó a la Municipalidad implementar los procesos necesarios para garantizar la participación efectiva de la ciudadanía antes de ejecutar cualquier obra vinculada a dicho convenio.

En sus palabras: “consideramos transgredido el derecho a la participación ciudadana, toda vez que, efectivamente, no consta que, de alguna manera, este se haya garantizado por parte de la municipalidad accionada. En ese tanto, se desprende que, dentro de las obras a ejecutar con base en el convenio antedicho, está la poda o corte de determinados árboles del camino público en cuestión (en ese tanto, véase que se constató que al menos 68 árboles de esa zona fueron marcados); además, el accionante expone que también se podría afectar un corredor biológico esencial para la fauna local (especialmente monos aulladores). […] De tal manera, es claro que el desarrollo del proyecto de mejora del camino en el marco del convenio de marras tiene implicaciones ambientales, que no fueron efectivamente comunicadas ni consultadas a través de algún mecanismo a la ciudadanía”. […] Así las cosas, en consideración a la posible afectación ambiental del proyecto a ejecutar, la ausencia absoluta de algún mecanismo de consulta ciudadana constituye un agravio susceptible de ser declarado en esta vía constitucional” […]

Sobre el cierre del camino mediante aguja:

La Municipalidad de Santa Cruz informó ante la Sala Constitucional que no ha autorizado la colocación de agujas ni barreras que obstruyan el libre tránsito hacia las playas bajo su jurisdicción. Esto implica el reconocimiento, por parte de la Municipalidad y sus funcionarios, de su obligación de ajustar sus actuaciones al ordenamiento constitucional, por encima de cualquier recomendación del Plan de Manejo de la Asociación Punta Loros o de cualquier otro ente interesado en promover potenciales bloqueos al paso público hacia el sector norte de Playa Brasilito, conocido como Punta Pelencho, o hacia cualquier otra playa bajo la administración de la Municipalidad de Santa Cruz.

Con ello, la Municipalidad confirma su apego al respeto del derecho constitucional y, en particular, a la libertad de tránsito y, por lo tanto, se sobreentiende el compromiso de mantener el acceso público a las playas de su jurisdicción. Lo cual implica la obligación de proteger los bienes patrimoniales naturales del Estado bajo su administración, entendiendo que la zona marítimo-terrestre forma parte del patrimonio natural del Estado, según el ordenamiento jurídico costarricense, y que las disposiciones constitucionales y convencionales prevalecen sobre cualquier directriz administrativa o plan de manejo impulsado por terceros.

Desde el Comité Punta Pelencho reiteramos nuestro compromiso con la defensa del territorio y con la protección integral del patrimonio natural y cultural que nos define como comunidad. Este pronunciamiento reafirma no solo la obligación de las instituciones públicas de actuar conforme al ordenamiento jurídico, sino también nuestro derecho democrático a participar, vigilar y alzar la voz cuando el bienestar ambiental y social del país se ve comprometido.

Confiamos en que la Municipalidad de Santa Cruz cumplirá plenamente con lo dispuesto por la Sala, fortaleciendo sus procesos y actuando con transparencia, rigor técnico y diálogo abierto con la ciudadanía. Esperamos que este precedente marque el camino hacia una gestión más responsable, participativa y respetuosa del ambiente, construyendo soluciones que beneficien tanto a la comunidad como a nuestra casa común.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.