Ir al contenido principal

Etiqueta: FMI

Por nuestra independencia económica

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

Costa Rica frente al Fondo Monetario Internacional

Un pequeño país, con una economía precaria y en una situación de recesión inducida por la pandemia del COVID 19 observó como su gobierno recurre con candidez al apoyo del Fondo Monetario Internacional. Es algo así como le sucede al padre de familia sin empleo ni dinero que recurre a un prestamista, agiotista, mejor dicho, para evitar que su familia muera de hambre.

La sociedad ha creado esta función, el prestamista, que es frecuente en el mundo de los pobres, asalariados, carentes de riqueza. Es un alivio provisional que pronto se vuelve en un tormento. El capitalismo internacional por medio de los gobiernos de las grandes potencias, en especial los Estados Unidos, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, que le dio la posibilidad de crear la estructura económica favorable a sus intereses, es el gestor y dueño del FMI.

El FMI es uno de sus instrumentos de dominación económica, el más importante, para controlar a los países subdesarrollados. Es un instrumento poderoso del capitalismo internacional, representado por el Gobierno Estadunidense Americano, que mediante préstamos a países en dificultades económicas, establece reglas que lo mantendrán alineados estrictamente, evitando cualquier viso de desarrollo independiente. Se le exige siempre al país endeudado la reducción del gasto público y del aparato estatal, previendo que pueda ser factor determinante en inversiones que el sector privado del país en cuestión no las puede hacer. Se afirma por parte del FMI que una deuda reducida y un gasto público decreciente son determinantes del crecimiento económico del país, lo cual no siempre es cierto y muchas más veces es falso.

Obviamente los Estados Unidos de América no tiene nunca que recurrir al FMI, que se abstiene de opinar sobre la política económica de ese país, a pesar de tener ese país una deuda pública mayor al 100% de su Producto Interno Bruto. Como en el orden económico mundial está establecida la dominación monetaria, en donde el US$ es la moneda de intercambio internacional y de acumulación de valor, la Reserva Federal del gigantesco país, que funge como banco central emisor, sostiene la deuda de su gobierno con millonarias emisiones. Mientras los países periféricos subdesarrollados tienen que acumular en sus bancos los billetes verdes del país emisor y no los pueden usar aún cuando no tengan con que pagar sus deudas. ¿Por qué? porque el Capitalismo Internacional, mediante sus calificadoras de riesgo, los tiene amenazados de dejarlos fuera de sus inversiones y préstamos.

A.-) ¿Por qué en Costa Rica algunos tienen temor y prejuicios sobre la emisión monetaria?

La estructura económica tiene dos subestructuras concatenadas, una real y otra ficcional. Lo real son los bienes materiales, las ciudades, las estructuras públicas, a saber, puertos, aeropuertos, carreteras, centrales eléctricas y todos los demás bienes de producción y de consumo, en manos privadas o públicas. Todo lo económico real está aparejado por una ficción matemática; se ha establecido una moneda, que es ni más ni menos que una unidad de medida, mediante la cual se mide el valor de todos los bienes económicos reales. Ella por si sola no tiene valor real, pero tomada como tal, o sea, si es aceptado por todos, un valor ficticio convencional, o cercano a ella, se convierte en un acumulador de valor y en un medio de intercambio. Es decir, cobra realidad. Así quien tiene el poder de emitir moneda, dinero, tiene la capacidad de acrecentar su riqueza muy por encima de la riqueza real que verdaderamente ostenta. En eso consiste el negocio bancario, reciben depósitos guardan un mínimo de dinero como reserva, lo prestan y vuelven a recibir depósitos de ese mismo dinero, así repiten indefinidamente el proceso creando más y más dinero.

La FED, la federación de bancos de la Reserva Federal, quien es el emisor del omnipresente US$, ha estado haciendo emisiones continuas, a pesar de que en el 2008 se consideró que ya había llegado al límite de sus posibilidades. Estas emisiones son usadas para comprar letras del tesoro, mediante las cuales se financia el enorme déficit del gobierno federal y para financiar a los bancos comerciales. El señor Ben Bernanke, quien comandó la FED por 14 años y quien fue el sucesor del connotado señor Greenspan, quien se retiró en el 2006 y fue acusado de provocar la crisis del 2008, continuó la misma política expansionista de su antecesor. Se le llamó el señor helicóptero, porque alguien decía que se debía repartir dinero desde esa aeronave. Ambos disminuyeron el encaje legal de los bancos para que estos crearan y crearan más dinero.

 Siempre existe el peligro de que la expansión monetaria no se trasforme en riqueza real mediante la producción y rebote produciendo inflación. Eso puede suceder cuando hay ocupación plena, que constituye el límite para la producción. Entonces y solo entonces el exceso de dinero y su velocidad de circulación hace aumentar los precios provocando la inflación, en cambio cuando hay capacidad de aumentar la producción “la ficción se vuelve realidad”.

Pero además el límite del dólar se estira sobre el de cualquier otra moneda, porque siendo la moneda de intercambio internacional este sobre pasa la capacidad de su país de origen y ejerce presión para aumentar la producción de otros países. El caso más connotado en los últimos treinta años ha sido China. Y si esto no fuera suficiente, se cuenta con una red de bancos mundiales que acumulan la moneda como riqueza, en respaldo no sabemos de que ya que la única razón que dan es tener reservas para financiar meses de importación, como si desapareciendo las exportaciones, no por ello no disminuirían las importaciones.

 El Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo son los cancerberos del dólar, cuidan que los bancos centrales conserven celosamente sus reservas monetarias, apartándose de las necesidades de su país y de su gobierno, y ni siquiera en casos de absoluta necesidad, como es el caso de la pandemia actual, les permiten ni siquiera pensar en hacer uso de ella

Las medidas sanitarias establecidas para combatir la pandemia han causado un deterioro trascendente del proceso económico, cuya magnitud es de una dimensión pocas veces vista en circunstancias anteriores.

La disminución de la producción y del empleo es de consecuencias graves para toda la comunidad, ante ella la responsabilidad del Estado como un todo es enorme e ineludible. El gobierno de la República y todas sus instituciones deben tomar las decisiones correctas para enderezar el rumbo de la economía.

La decisión más importante de todas ellas es la inversión pública extraordinaria que debe hacerse para generar producción y empleo.

El Estado, por medio de su Banco Central, es el ente emisor del medio de pagos de nuestra sociedad, y el dinero es el instrumento básico con que se mueve la actividad económica.

Ante la situación en que nos encontramos es necesario que el Estado emita el dinero necesario para reactivar la economía por medio de la inversión pública. Para ello no es necesario que continúe endeudándose con terceros cuando lo puede hacer con sí mismo.

Veamos: ¿De dónde proviene el temor, casi un tabú para muchos, de que el Banco Central le preste al Gobierno, para que este invierta por sí mismo o pague su deuda con la Caja Costarricense de Seguridad Social, para que esta invierta en la construcción y equipamiento de las instalaciones clínicas y hospitalarias?

Una errónea interpretación de una teoría económica ha causado esta aterrorizada actitud ante la llamada, por algunos, emisión inorgánica de dinero; a la cual se le atribuye la “pandemia” de la inflación.

Lo cierto del caso es que no en todas las contingencias sucede lo mismo y por el contrario de lo que algunos creen, en situaciones como la actual es necesario y obligatorio que se actúe con decisión, como solo un estadista con visión sería capaz de hacerlo.

Veamos porque decimos que una emisión monetaria extraordinaria sería conveniente y no generaría inflación. La teoría monetaria o monetarista dice que la emisión monetaria, multiplicada por la velocidad de circulación del dinero, V, debe ser igual a la cantidad de transacciones económicas, T, multiplicadas por los precios, P.

 Esa igualdad se presenta así: M x V = T x P.

Luego si la economía está en pleno empleo las transacciones son constantes y la velocidad de circulación del dinero también, ya que la gente no tiene por qué cambiar su patrón de gastos, entonces si se hiciera una emisión monetaria que aumentara la cantidad de dinero en poder de la gente, esto provocaría un aumento en el nivel de los precios en la otra parte de la igualdad y se estaría desatando la temida inflación.

Pero hoy en día la situación es muy distinta a la descrita en párrafo anterior, estamos lejos del pleno empleo, mucha gente está desocupada o recibiendo menos ingresos, y los que no, están precaviendo situación en deterioro, lo que los ha llevado a un gasto menor al habitual, entonces la velocidad del dinero ha disminuido y eso se ha manifestado en un aumento de las cuentas en los bancos y en una disminución de los nuevos créditos. Queda implícito en lo anterior que las transacciones tampoco son las mismas.

Ahora bien, si la emisión monetaria aumentara, y se concretara en préstamos del Banco Central al Gobierno, dada la depresión de la actividad económica y la menor velocidad de circulación del dinero, no tendría por qué aumentar el nivel de los precios, por el contrario serían las transacciones económicas las que se verían incentivadas y si el Estado usa el dinero en inversiones públicas o en crédito barato para la inversión privada, así sería.

Veámoslo mediante una representación numérica:

Si antes de la pandemia M fuera 1000, V fuera 10, entonces si T=100, P=100.

La igualdad sería: 1000 x 10 = 100 x 100.

Si en la época del –cobid 19 ; la emisión monetaria fuera la misma y los precios casi no han variado y las transacciones han disminuido. por ejemplo a 80, y la velocidad del dinero disminuid a 8, el resultado será la siguiente igualdad :

1000 X 8 = 80 x 100.

(Suponiendo una velocidad de circulación que satisfaga la igualdad y un nivel de precios igual al anterior.)

Si mediante una emisión monetaria extraordinaria del BCCR la cantidad de circulante aumentara a 1200, lo que pasaría seria lo siguiente:

1200 x 10 igual a 120 x 100

El aumento se daría en las transacciones y no en los precios a pesar del lógico aumento de la velocidad de circulación del dinero.

B.-) ¿Cuál es la problemática económica que nos ha ocasionado la pandemia?

La pandemia ha desatado una recesión, ha inducido una recesión y se hace necesario un Ajuste Económico.

Si bien en el cortísimo plazo el gobierno ha actuado para solventar las necesidades más apremiantes mediante el uso de financiación de organismos internacionales, aunque esto está bien, no es suficiente.

El combate a la pandemia del Coronavirus Covid-19 ha provocado un deterioro grave del proceso económico. Todos nos preguntamos: ¿Qué es lo que hay que hacer para recuperar la economía?

Sí sabemos que el deterioro de la actividad productiva no volverá al estado anterior a menos que se haga un esfuerzo extraordinario. El peor flagelo a que nos vemos sometidos es el desempleo, causa de innumerables problemas sociales y el cual es imposible de subvencionar, no solo en el largo plazo sino también en el corto y mediano plazo.

Tenemos un alto índice de desocupación, el mayor de América Latina y esto conlleva una lógica depresión del ingreso de las familias, lo cual es a no dudarlo el principal problema que enfrentamos. Lograr reducir la desocupación debe ser nuestro mayor anhelo y tomar las decisiones políticas para lograrlo, nuestra mayor tarea.

El periódico diario La Nación en su editorial del día lunes 21 de septiembre encabeza diciendo: “Aumento Alarmante del desempleo”. Y a continuación nos muestra las cifras que reveló la encuesta continua de empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El hallazgo de esta encuesta en el trimestre de mayo a julio del presente año que el porcentaje de desocupados ascendió al 24 % de la fuerza laboral, es decir, 557.000 costarricenses buscaron empleo y no lo encontraron. Este dato no nos muestra el número de personas que han desistido de buscar trabajo ni tampoco las personas con subempleo de menos de 40 horas por semana. El 54% de la desocupación son personas que no terminaron su educación formal, y eso nos está indicando que clase de empleos debe crearse para ser ocupado por ellos.

Es obvio que sin trabajo no hay producción, estamos ante una disminución de la producción significativo, PIB que es el indicador que usamos para valorar nuestra deuda pública, y como lo dice el ex ministro de hacienda Señor Rodrigo Chávez: “Acuérdense que la razón deuda/PIB, que es el principal indicador que el fondo monetario quiere modificar, también depende del PIB. Si el PIB crece, la Deuda/PIB decrece”

El también exministro de hacienda señor Thelmo Vargas dice: “La solución obvia es volver a crecer, a alta velocidad y cuanto antes”, para lo cual propone incentivos a la inversión privada y también “la concesión de obra pública nueva y existente”.

Ya en el año 2015, Mario Dragui, presidente del Banco Central Europeo, advertía del peligro de la histéresis que sucede cuando el desempleo coyuntural se trasforma en desempleo estructural. Si la persona pasa un período largo desempleado se le hace cada vez más difícil reintegrarse al trabajo.

Eso no nos es extraño, ya tenemos un desempleo de larga data ¿Qué pasaría entonces si el desempleo coyuntural provocado por la pandemia también se nos vuelve endémico?

Veamos cual es la situación desde la perspectiva económica actual:

1. Hay sectores económicos paralizados.
2. El desempleo se incrementó peligrosamente.
3. Las transacciones económicas disminuyeron.
4. La velocidad de circulación del dinero ha disminuido.
5. Ha aumentado la morosidad en los créditos.
6. La mayoría de la población está endeudada.
7. Hay muy pocas oportunidades de inversión.
8. El gobierno tiene un déficit fiscal y una deuda creciente.
9. El valor de la moneda se mantenía estable, en los primeros meses, pero ha comenzado a disminuir.
10. El Banco Central tiene un acopio de moneda internacional muy importante.

C.-) ¿Cuál es entonces el paso necesario para iniciar un proceso de reactivación?

La clave está en el Banco Central. Es el único actor económico que tiene posibilidades de impulsar la economía.

Por tres razones:

  1. Es necesario generar inversión y para ello se necesita dinero. El BCCR es quien puede aumentar la emisión monetaria y financiar al gobierno y las instituciones públicas para generar inversión en obra pública.
  2. El Banco Central tiene capacidad de monitorear la estabilidad de la moneda con los recursos que tiene como reservas de tal manera que si se produjera un aumento de los precios por variación en el tipo de cambio este fuera suave o moderado.

Costa Rica ante la grave situación en que se encuentra está solicitando un crédito al Fondo Monetario Internacional. Este organismo se apresta a poner montura y rienda a nuestro país para gobernarnos económicamente.

Si bien las consecuencias de la atención y prevención de la pandemia están afectando los fundamentos de la organización social y económica de nuestra población, nuestro Estado tiene la capacidad de establecer la política y los instrumentos económicos para salir delante de la crisis. No debemos ceder nuestra soberanía por un puñado de dólares.

Veamos cual es la situación en que nos encontramos y cuales puede ser la salida que nos permita superar la crisis creada por la pandemia.

Tenemos un alto índice de desocupación, el mayor de América Latina y esto conlleva una lógica depresión del ingreso de las familias, lo cual es a no dudarlo el principal problema que enfrentamos. Lograr reducir la desocupación debe ser nuestro mayor anhelo y tomar las decisiones políticas para lograrlo, nuestra mayor tarea.

D.-) ¿Crédito disponible, a bajas tasas de interés y incentivos fiscales a las empresas serán la solución que esperamos para hacer crecer la producción y el empleo en forma acelerada?

Premisa fundamental que encontramos en cualquier libro de finanzas o de administración de negocios es la siguiente: “el planeamiento financiero de la empresa comienza con un pronóstico de ventas”

Toda empresa privada produce para vender en el mercado, por lo tanto, es el pronóstico de ventas la variable más importante para realizar una inversión, luego vienen las condiciones financieras y tributarias que servirán para establecer los términos de la inversión a realizar. El problema es que el mercado está super deprimido, son pocos los nichos de mercado que son favorables para la inversión y no es previsible a mediano plazo que esa situación sea diferente. El caso más significativo es el turismo, y ese sector dadas la circunstancia internacional se repondrá muy lentamente y no es posible prever cuando alcanzará la magnitud anterior a la pandemia.

En conclusión, los incentivos tributarios, que algunos economistas y ex ministros proponen, no servirán para incentivar la inversión; tampoco lo hará el crédito barato que ofrezca el sistema bancario nacional con base en los préstamos del Banco Central. Tómese en cuenta la lentitud con la cual crece actualmente el crédito bancario y el crecimiento inusual de los saldos en las cuentas bancarias. Eso nos está indicando la baja velocidad de circulación del dinero y la disminución de las transacciones económicas. Que también se reflejan en un índice de precios con disminuciones mensuales que son reflejo de la recesión económica que sufrimos.

Recuérdese que hace tres meses nada más la variación interanual de los bancos públicos estaba cerca de cero por ciento y la variación en crédito en dólares en menos doce por ciento. No creo que esos porcentajes hayan variado mucho en estos últimos meses. En compensación y dado el aumento en los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros de esos bancos, su inversión en bonos de Hacienda ha tenido un aumento que hasta abril pasado llegó a ser de i,79 billones de colones. Esto significa un incremento del 37% respecto al saldo de diciembre anterior. Decía el reportaje de La Nación que el jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras había explicado que la ralentización de la demanda del crédito obliga a los bancos a buscar opciones de inversión. Otros datos dados en el reportaje del periódico citado fue el aumento del saldo de la cuenta corriente de la banca pública y privada, que pasó de 2,87 billones en diciembre anterior a 3,93 billones de colones en mayo de este año. A todo esto, las tasas de interés estaban y están en mínimos históricos.

El índice mensual de actividad económica, IMAE, muestra variaciones negativas desde marzo de este año, en julio la variación interanual fue de un 7,8 %, eso significa una contracción de nuestra economía. El Banco Central estima que la producción se contraerá como nuca antes, el déficit será el peor que se ha registrado, el crédito no crecerá y los riesgos para un mayor deterioro persisten. La previsión del BCCR apunta a una contracción del 5% del PIB.

No creo necesario seguir aportando evidencia de la “pandemia económica” que estamos afrontando y tampoco de la necesidad de torcer el curso de los acontecimientos para lograr de nuevo el crecimiento. Es evidente que la actividad económica privada no volverá a crecer si no crece la demanda, y ante este círculo económico vicioso solo hay un actor que puede actuar para romperlo.

Y ese actor económico que está por encima de las exigencias del mercado y que es capaz de actuar con propiedad, y es más con responsabilidad histórica, es el Estado.

Y pensar que algunos lo quieren desmembrar cuando nunca en tiempos de bonanza fueron capaces de mejorar su estructura y su funcionalidad.

Todos los países en esta época aciaga de pandemia han recurrido a la emisión monetaria y al crédito público Los Estados Unidos de América tendrá un déficit fiscal del 18% del PIB y el coeficiente deuda/PIB superará el 100%. Recuérdese que USA para financiar la Segunda Guerra Mundial llegó a acumular una deuda equivalente al 119%. Ahora se enfrentan a una problemática más grave que una guerra, ya que esta generó empleo, mientras la pandemia de hoy está generando desocupación. Así como la economía americana se repuso en aquella ocasión aumentando la producción ahora lo podrá también superar si se proyecta hacia el crecimiento económico. No es reduciendo el gasto público como lo puede lograr, es aumentando este para generar una mayor demanda que reactiva las empresas a producir y vender.

En Costa Rica debemos también financiar la reactivación, para lo cual debemos aumentar nuestra deuda pública mediante créditos a baja tasa de interés y de largo plazo. Estos dos factores son muy importantes, pero lo es más el destino que se le de a los recursos provenientes de los préstamos. Debemos hacer inversiones que además de generar mucho empleo, para los puestos de trabajo que requieren los desocupados, deben ser estratégicos para generar producción y que esta mejore su competitividad internacional. Como ejemplo básico pongo la urgencia de modernizar el puerto de Caldera y poner a funcionar el ferry con el puerto de Acajutla en El Salvador. Ni que decir de las vías que van a los puertos y a las fronteras y las que terminaran con el entrabado vial del Área Metropolitana. Y con repercusión social y económica la construcción extensiva ya acelerada de vivienda popular y de centros educativos.

E.-) ¿Quién puede decirnos que estas inversiones no serían un disparador para la empresa privada?

Todas las obras públicas las construyen empresas privadas. Todos los materiales, herramientas, maquinarias y repuestos las producen, las importan y las venden empresas privadas. Todos los empleos que se generarían son demandantes de productos de las empresas privadas.

F.-) ¿Que podría aplicarse de los impuestos propuestos por el Gobierno?

 Respecto al financiamiento del Gobierno mediante nuevos impuestos debo opinar lo siguiente para cada uno de ellos:

  1. Impuesto a transacciones y retiros en los cajeros automáticos.

 Cubre en forma casi absoluta todos lo movimientos de dinero que pasan por las entidades bancarias y financieras. Se dice que este impuesto generaría un 3% del PIB, yo me pregunto, ¿de cuál PIB, de cualquier de los montos que adopte el PIB? Si es tan absoluto que prácticamente grava toda actividad económica, una y otra vez, sobre el mismo ingreso de la persona, entonces porque no convertirlo en impuesto único, sustituyendo el impuesto a la renta y al salario, eso sí dando un perfil progresivo hacia los de mayor ingreso. Si no me parece que mediante él tal y como está propuesto, se estaría gravando por segunda vez una misma transacción económica. Por ejemplo, el salario paga un tributo, y si al depositarlo en la cuenta del trabajador se e cobrara también la tasa cobin, eso significaría una doble imposición. Otro ejemplo, si compro un bien que paga el IVA y lo hago con una tarjeta pagaría un segundo impuesto por una misma compra. Si quiero hacer la compra con dinero efectivo, voy al cajero y saco el dinero, igual me cobrarían este nuevo impuesto. Este impuesto al igual que el impuesto de renta debería regirse por una tabla con excepciones para pensiones y sueldos menores a 840 mil colones y para compras menores a medio millón de colones.

Por otra parte, me pregunto lo siguiente: ¿si el gobierno estaría exento de pagar este nuevo tributo, porque la Caja Costarricense de Seguro Social, agobiada en su actuar y en sus ingresos por la pandemia, debería pagarlo?

  1. Impuestos sobre las remesas al exterior

Es un incremento de un 5% sobre impuestos que ya están legalizados según la reforma fiscal aprobada en 2018, se estima un resultado del un 0,18% del PIB lo cual resulta poco significativo, se plantea como temporal y a mi parecer debería ser permanente.

  1. Sobre tasa de un 10% sobre el impuesto de renta.

El impuesto de renta es progresivo, en igual forma lo debería ser el aumento que se propone a efecto que no distorsione el efecto progresivo.

  1. Impuesto sobre la propiedad.

Este gravamen no debería afectar a los productores agrícolas con pequeña propiedad y residentes permanentes en su finca, tampoco a los propietarios de viviendas cuya única propiedad sea su casa de habitación. Si debiera ser permanente para los propietarios de tierras en desuso, sean agrícolas o urbanas, no así las dedicadas a la arboricultura, silvicultura, y otros usos.

¡TODOS A LA LUCHA!

Colectivo Político “Semilla”
Octubre de 2020

El pueblo de Costa Rica está cansado de la política hambreadora de sus gobernantes. Está cansado de que se le llene de impuestos, mientras los grandes ricos evaden año con año cifras gigantescas de impuestos. Está cansado de tanta demagogia y tanta corrupción. Está cansado del neoliberalismo.

Por eso el pueblo ha optado por las calles. La protesta de trabajadores asalariados y pequeños y medianos empresarios es una muestra del rechazo a las políticas gubernamentales, a la represión y el recorte de derechos del pueblo.

Ahora todo ese repudio se concentra en la lucha por impedir que el país sea entregado al Fondo Monetario Internacional, que solo busque saquear nuestras riquezas y quebrantar la soberanía nacional.

La lucha del pueblo expresada en bloqueos, marchas y manifestaciones debe ser apoyada por todos los costarricenses honrados, en especial por las organizaciones de trabajadores, de agricultores y de vecinos de todo el país.

Es la hora de unir fuerzas para echar abajo el plan económico del gobierno.

Llamamos a todos los sindicatos, asociaciones de desarrollo, federaciones estudiantiles y demás organizaciones a superar la desunión y unirse en este movimiento.

Solo unidos y en lucha podemos superar la grave crisis por la que atraviesa nuestra Patria. Asolo unidos y en lucha podremos derrotar a las fuerzas neoliberales y a las cámaras patronales.

¡Alto a la represión!
¡Alto a la división!
¡Sí a la lucha unida!

¿Está el negocio de los agrocombustibles detrás de la venta de la FANAL?

El impacto ambiental de la venta de la FANAL sería grave debido al aumento de los monocultivos

Comprador de FANAL tendría monopolio de un negocio que generaría ₡17 mil millones al año

Red de Coordinación en Biodiversidad y CoecoCeiba Amigos de la Tierra

La venta de la Fábrica Nacional de Licores sería un gran negocio para quien compre la única institución/empresa autorizada para producir el alcohol que podría ser usado como combustible. Ya que la FANAL es estrictamente quien ostenta el monopolio de vender etanol, así lo ha señalado la Procuraduría General de la República (1). Sumado a esto, la venta de FANAL sería un empujón irresponsable para la producción de agrocombustibles a nivel nacional.

Hay que recordar que el Gobierno de Carlos Alvarado en el 2019 planteó comprar 360 mil barriles de etanol (poco más de 57 millones de litros) que serían mezclados con la gasolina, un gran negocio sobre el que tendría monopolio total el futuro comprador de la FANAL. Claro está que esto se daría cuando se reactive nuevamente el proyecto y tenga viabilidad política. Pero es importante resaltar que ese negocio de vender etanol a RECOPE significaría nada más y nada menos que más de USD$29 millones al año, aproximadamente unos ₡17.442 millones.

Este proyecto ha sido tremendamente objetado por grandes intereses económicos que se oponen a que RECOPE y FANAL distribuyan gasolina mezclada con etanol.

Pero los estos sectores económicos y políticos opuestos, en 2019 a la propuesta del gobierno, no lo hacían porque estén preocupados por las consecuencias ambientales del incremento de los cultivos de caña (2) y mucho menos están preocupados por el encarecimiento de los combustibles. En realidad, estaban opuestos a que el negocio se lo adjudicaran a la FANAL y no a sus consorcios privados.

Estos mismos sectores poderosos que se opusieron en 2019 a la mezcla de etanol en la gasolina, ahora impulsan de forma desesperada la privatización de la FANAL en el contexto de la crisis sanitaria y fiscal que vive el país, con el pretexto del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es importante recalcar que la privatización de la FANAL no sólo representa un gran golpe para las finanzas públicas del país, sino una estafa energética y ambiental que debe ser discutida a nivel nacional de forma transparente y no inmersa en la campaña del miedo por la crisis fiscal como pretende el Gobierno de Carlos Alvarado.

Esta discusión es importante debido a que la venta de la FANAL tiene también una dimensión ambiental que está siendo invisibilizada complemente, ya que para producir ese 5% de etanol que necesitarían los automóviles anualmente se necesitaría incrementar en 10 mil hectáreas los monocultivos de caña azucarera que en la actualidad alcanzan más de 70 mil hectáreas en el país. Es decir, generar un crecimiento de la industria azucarera con todas sus externalidades ambientales y sociales, las cuales sufren las comunidades aledañas.

Es importante mencionar las 70 mil hectáreas de caña sembradas son un consumidor agresivo de agua en zonas con gran estrés hídrico, como Guanacaste. Lo cual genera un acaparamiento muy grave del líquido, afectando a las comunidades que no consiguen acceder al agua potable debido a la cercanía con estas megaplantaciones.

El agua es uno de los temas más agudos en esta discusión. Según la Liga Agrícola Industrial de la Caña de azúcar (LAICA): “los productores de caña en Costa Rica aplican entre 2 y 6 riegos complementarios durante el ciclo del cultivo, lo que significa aplicar un volumen de agua de entre 1200 y 3500 metros cúbicos” (3). Esto significa un promedio de 2.350 metros cúbicos de agua, que equivalen a 2.350.000 litros anuales por hectárea. Si tenemos en cuenta que el rendimiento del cultivo es de 6000 litros de etanol por hectárea de caña sembrada (3), se puede concluir que para producir un litro de etanol en Costa Rica se necesitan en promedio 400 litros de agua.

Además, la industria de la caña es altamente dependiente del uso de plaguicidas. Utilizan aproximadamente 10 kg ingrediente activo /ha/año. De los cuales en su gran mayoría son herbicidas e insecticidas entre los que están: glifosato, paraquat, 2,4-D, diuron, ametrina, y hexazinona, todos Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP)(4). Muchos de los cuales se aplican tan solo 2 semanas antes de la cosecha y que posiblemente sean encontrados en forma de residuos en los productos finales como el azúcar de mesa.

De forma aledaña, estos monocultivos tienen prácticas tan nocivas como las quemas generalizadas de la plantación antes de la zafra. Pero antes de prenderle fuego las fumigan con herbicidas mediante aspersión aérea con avionetas. Lo cual impacta muy gravemente la salud respiratoria de muchas comunidades aledañas al cultivo, tanto por la fumigación de agrotóxicos como por las quemas, que dicho sea de paso sufren las poblaciones de animales silvestres que se encuentren entre los cañales.

Entre otros aspectos, el cultivo de la caña de azúcar tiene graves impactos ambientales y sociales. Por esta razón existe una dimensión ambiental importante en la discusión sobre la privatización de la FANAL y la posible entrada en vigencia de la venta de agrocombustibles, mal llamados biocombustibles. Dimensión que ha sido silenciada completamente en medio de la crisis sanitaria que genera el COVID-19.

Bibliografía:

  1. Procuraduría General de la Reública. Dictamen: 063 del 06/04/2015 http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=18774&strTipM=T
  2. Ecologistas rechazan el etanol como alternativa a los hidrocarburos https://www.informa-tico.com/9-04-2019/ecologistas-rechazan-etanol-alternativa-hidrocarburos3. Laica, 2013.
  3. Caracterización del riego en el cultivo caña de azúcar, De Costa Rica. https://www.laica.co.cr/
  4. Sustancias biocidas en la producción de caña de azúcar en Costa Rica http://www.ambientico.una.ac.cr/pdfs/ambientico/252.pdf

Para no caer en la trampa de quienes han quebrado nuestras finanzas, el SEC aclara al pueblo costarricense

No cabe duda que estamos en medio de una nueva tormenta, en la cual la clase trabajadora sigue siendo el blanco del ataque incongruente e insensato de las clases económicamente poderosas dominantes quienes han sabido manejar sus piezas, teniendo la complicidad de grupos políticos que durante muchos años han sido actores y cómplices del saqueo a las finanzas estatales.

En el SEC entendemos la importancia y urgencia de salir adelante con esta crisis y tenemos claro que los impuestos son una de muchas herramientas para construir ese panorama esperanzador que como país todas y todos queremos porque con ellos fortalecemos los programas sociales y todo el funcionamiento del Estado. Sin embargo, para resolver esta la situación debe existir justicia, equidad y voluntad política.

Cuando hemos dicho no más impuestos, es no más asfixia contra la clase trabajadora y las familias en general que han visto afectada su estabilidad laboral y familiar por esta pandemia del COVID-19 y pandemia económica.

Que los sectores retrógrados conservadores de la Derecha de este país no se valgan de la inocencia de este pueblo para escudarse y apartarse de sus responsabilidades, porque sí debe haber impuestos para los que eluden y evaden, que graben las grandes empresas nacionales y transnacionales, al sector financiero entre otros, todo en su proporción.

Como SEC tenemos bien interpretado el fino discurso de la derecha neoliberal, cuando exige contención del gasto para que no se les toque sus capitales, para ellos acabar con lo que nos queda del ESTADO SOCIAL DE DERECHO, les vale un comino y eso se evidencia cuando proponen vender nuestras instituciones públicas. ¡No queremos eso para este pueblo!

Esta derecha neoliberal que evade y elude descaradamente mientras el pueblo es desangrado y miles de familias son confinadas a la miseria, tiene que entender que este país es de todos no de unos cuantos.

Juntemos las voluntades para que el barco no se hunda con todas y todos nosotros, salga a flote y se dirija a buen puerto.

Llamamos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, que asuman de una vez por todas, esa función que el pueblo espera y que les ha demandado durante muchas décadas. Ustedes tienen en sus manos el destino del país, queremos justicia, no ocupamos endeudarnos más ni entregar nuestra soberanía al FMI.

Pueblo de Costa Rica valoren, escuchen y analicen quiénes son esos que se aferran y se oponen totalmente a los impuestos. Agudicen su visión y aprecien la diferencia de quiénes son los que deben pagar los impuestos.

Ya la clase trabajadora y sus familias no aguantan más esta carga injusta.

Llegó la hora de un Pacto Social que reinvente la Costa Rica del futuro, más justa, equitativa e inclusiva, en la que la riqueza no se concentre en un pequeño grupo de poder.

 

Imagen ilustrativa.

Costa Rica: un pueblo sin miedo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Una diputada, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que “la clase política no le tiene miedo al pueblo”, pues ahora es el pueblo quien no le tiene miedo a la clase política, al gobierno y a aquellos diputados y diputadas que están apoyando una negociación con el FMI, al estilo pordiosero, convirtiendo de nuevo al país en una “república bananera”, como en los tiempos de León Cortés – “cortés con los ricos y león con los pobres”.

Postrado, como un “siervo menguado”, este gobierno se deja imponer una agenda por parte del FMI, que crea las condiciones para el desmantelamiento institucional de la seguridad y bienestar social, que se ha obtenido a lo largo de nuestra historia republicana. Una afrenta a la celebración del Bicentenario de la Independencia.

Como en los tiempos del “Combo del ICE”, cuando el bipartidismo cerró filas para apoyar la privatización de esa insigne institución, hoy el pueblo se ha levantado y bloqueado puertos y ciudades, para decirle NO al servilismo y al sometimiento a los intereses privatizadores, que son los intereses más espurios y perversos de quienes solo piensan desde la billetera y no desde el corazón de la patria.

Este gobierno ha elegido el camino fácil de hipotecar el país, para que las nuevas generaciones tengan que cargar con su irresponsabilidad histórica de no propiciar salidas dignas, solidarias y justas a la crisis que estamos viviendo. O sea, sigue pateando la bola para no tener que asumir la responsabilidad histórica que le compete: pensar en el bien común y dejar de proteger a los sectores económicamente más poderosos de este país.

Para el presidente, según declaraciones dadas en Puntarenas este 30 de setiembre, solo hay dos alternativas: vender activos o poner más impuestos. Y como, supuestamente por ahora no se van a vender activos “rentables”, si no se aumentan los impuestos habría que sacrificar el empleo público, despidiendo trabajadores. Y el Ministro de la Presidencia, por su parte, aduce que la propuesta de impuestos pone a tributar a los que más tienen.

Ambos argumentos resultan una ofensa a la inteligencia y el sentido común. El ministro de Hacienda ha señalado que el impuesto a las transacciones bancarias significa el equivalente a un 20% del IVA, entonces se trata de un IVA con otro nombre, que lo tendrán que pagar todos los costarricenses. Lo mismo con el impuesto a los salarios y a las propiedades. Nuevamente, evade el gobierno la responsabilidad de poner a tributar a los que más tienen y cerrar la llave de la evasión, la elusión y las exoneraciones.

El pueblo haciendo uso de su sabiduría ha tomado la antorcha libertaria y se ha lanzado a las calles desafiando al COVID 19 y al gobierno. Son campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, entre muchos otros sectores.

Ellas y ellos, nos merecen el más digno reconocimiento y respeto. El movimiento social crítico y propositivo de este país, de mujeres y hombres libres, debería cerrar filas hoy alrededor de este movimiento, como se hizo en los tiempos del “Combo”.

 

Enviado por el autor.

La respuesta de África a la pandemia exige reivindicar la soberanía económica y monetaria. Carta abierta*

Mientras África ha sorteado lo peor de los efectos en la salud pública de la pandemia del COVID19, el subsiguiente cierre económico ha puesto al descubierto las deficiencias y vulnerabilidades estructurales económicas de África. Como continente rico en recursos, África tiene la capacidad de proveer de una calidad de vida decente a todos sus habitantes. África es capaz de ofrecer servicios públicos universales como sanidad y educación, garantizar un empleo para la gente que quiera trabajar y asegurar un sistema complementario de garantía de rentas decente para aquellos que no puedan trabajar. Sin embargo, décadas de injerencias socioeconómicas coloniales y postcoloniales exacerbadas por la liberalización de mercados, han forzado a los países africanos a un círculo vicioso de deficiencias estructurales, entre las que se incluyen:

Carencia de soberanía alimentaria
Carencia de soberanía energética
Industrias extractivas y de bajo valor añadido

Esta trinidad perversa produce una dolorosa presión a la baja en los tipos de cambio africanos, lo cual se traduce en precios más altos para la importación de bienes básicos vitales como son alimentos, combustibles y productos médicos que salvan vidas. Para proteger a la gente de este tipo de inflación importada, los gobiernos africanos toman préstamos en moneda extranjera para así artificialmente mantener fuertes sus monedas en relación con el dólar estadounidense y al euro. Esta artificiosa solución paliativa, fuerza a las economías africanas a un frenético modo de actividad económica enfocada exclusivamente a la obtención de ingresos en dólares y euros para poder servir su deuda externa. Como resultado de ello, las economías africanas han sido atrapadas en un modelo de austeridad, a menudo reforzado vía las condicionalidades de los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la presión constante por otros acreedores para proteger sus intereses políticos y económicos que cercenan todavía más la soberanía política, económica y monetaria de los países africanos.

Las condicionalidades del FMI y los acreedores internacionales se centran normalmente en cinco estrategias políticas infructuosas y problemáticas:

 Crecimiento orientado a la exportación
 Liberalización de la inversión extranjera directa (IED)
 Promoción desmesurada del turismo
 Privatización de las empresas estatales
 Liberalización de los mercados financieros

Cada una de estas estrategias es una trampa disfrazada de solución económica. El crecimiento orientado a la exportación incrementa las importaciones de energía, bienes de capital y componentes industriales de alto valor añadido, y la apropiación de tierras y recursos, que solo incrementan las exportaciones de producción de bajo valor añadido. Y por supuesto, no todos los países en vías de desarrollo pueden seguir ese modelo simultáneamente. Si algunos países quieren conseguir superávits comerciales, tienen que haber otros que tengan déficits comerciales. La estrategia de crecimiento vía inversión extranjera directa, también incrementa las importaciones de energía, y fuerza a los países africanos a seguir una carrera sin fin hacia el abismo para atraer inversores mediante la reducción de impuestos, el suministro de subsidios, y una débil protección laboral y medioambiental. También, les conducen hacia la volatilidad financiera y hacia una significativa transferencia neta de recursos hacia los países ricos, algunas de ellas tomando la forma de flujos financieros ilícitos. El turismo incrementa tanto las importaciones de energía como de alimentos, sumados al sustancial coste medioambiental de esa industria en términos de huella de carbono y uso de agua. La mayoría de las empresas de propiedad estatal han sido privatizadas desde 1990 (por ejemplo, las de telecomunicaciones, compañías eléctricas, aerolíneas, aeropuertos, etc.) Cualquier privatización adicional destruirá la pequeña red de seguridad social que aún permanece bajo control público. La liberalización de los mercados financieros requiere normalmente desregular las finanzas, reducir los impuestos sobre los beneficios, eliminar controles de capital, y artificialmente subir los tipos de interés y tipos de cambio- todos los cuales garantizan un medio atractivo para los especuladores de todo el mundo.

Esto se añadirá a una fiebre del “dinero fácil” para “comprar barato y vender caro”, para luego huir dejando detrás una economía deprimida. Finalmente, todos los acuerdos de libre comercio e inversiones apuntan a acelerar y profundizar esas cinco estrategias, lo que empuja a las economías africanas a hundirse más profundo en ese lodazal. Este fallido modelo de desarrollo económico exacerba aún más la fuga de cerebros de África, la cual, en algunos casos, toma la forma de carreteras y barcos de la muerte para los emigrantes por causas económicas, sanitarias y climáticas. Estas cinco soluciones políticas paliativas tienden a ser atractivas porque proporcionan un alivio temporal en la forma de creación de puestos de trabajo y dan la ilusión de modernización e industrialización. Sin embargo, en realidad, esos puestos de trabajo son cada vez más precarios y siempre están sometidos al riesgo de choques externos de la cadena de suministro global, de la demanda global y de los precios globales de las materias primas. Dicho de otra manera, el destino económico de África continúa dirigido desde el exterior.

La pandemia del COVID-19 ha expuesto las raíces de los problemas económicos de África. Por consiguiente, la recuperación post-pandemia no será sostenible a menos que solucione las deficiencias estructurales preexistentes. Para ese fin, dadas la inminente crisis climática y la necesidad de adaptación socio-ecológica, la política económica debe basarse en principios y propuestas alternativas.

Hacemos un llamamiento a todos los estados de África para desarrollar un plan estratégico enfocado en la reivindicación de su soberanía monetaria y económica, las cuales deben incluir la soberanía alimentaria, la soberanía energética (renovable), y una política industrial centrada en un mayor contenido de valor añadido en la producción fabril. África debe poner fin al enfoque de desarrollo económico de carrera hacia el abismo en nombre de la competición y la eficiencia. Las alianzas regionales de comercio dentro del continente deben basarse en la inversión coordinada apuntando a formar enlaces industriales horizontales en áreas estratégicas como la salud pública, el transporte, las telecomunicaciones, la investigación, el desarrollo y la educación.

También, hacemos un llamamiento a los socios comerciales de África para que reconozcan el fracaso del modelo económico extractivo y que se sumen a un nuevo modelo de cooperación que incluya transferencias de tecnología, una verdadera asociación de desarrollo e investigación, y estructuras de insolvencia soberana – incluida una cancelación de la deuda soberana- que protejan el empleo y la producción.

Los estados africanos deben desarrollar un proyecto claro e independiente a largo plazo para fortalecer su resistencia ante los choques externos. La soberanía económica y monetaria, no requieren de aislamiento, pero si requieren un compromiso con las prioridades sociales, ecológicas y económicas, lo cual significa movilizar los recursos domésticos y regionales para mejorar la calidad de la vida en el continente. Esto significa ser más selectivo en cuanto a la inversión extranjera directa, la orientación a la exportación y las industrias extractivas. Esto implica también priorizar el eco-turismo, la herencia cultural y las industrias nativas.

Movilizar los recursos de África empieza con el compromiso por políticas de pleno empleo (un programa de Trabajo Garantizado), con las infraestructuras de salud pública, con la educación pública, con una agricultura sostenible, con las energías renovables, con la administración sustentable de los recursos naturales, y con una inflexible dedicación a empoderar a las mujeres y a la juventud mediante una democracia participante, transparente y fiscalizable. Es momento en África para seguir adelante y aspirar a un futuro mejor en el cual todas sus gentes puedan progresar y realizar su completo potencial. Este futuro está al alcance, y comienza con África reclamando su soberanía económica y monetaria.

* Firman [1]:

Fadhel Kaboub, Denison University, Ohio, USA
Ndongo Samba Sylla, RLS West Africa, Dakar, Senegal
Kai Koddenbrock, Goethe University, Frankfurt, Germany
Ines Mahmoud, RLS North Africa, Tunis, Tunisia
Maha Ben Gadha, RLS North Africa, Tunis, Tunisia

Fuente: https://mes-africa.org/

Imagen ilustrativa tomada de: https://www.embajadaabierta.org/

Información compartida con SURCOS por Mauricio Gutiérrez Arguedas.

Ñor José María y el préstamo con el FMI

Albino Devandas

Enfrentado a la más aguda crisis económica y sanitaria que ha sufrido nuestro país, el Gobierno descarta establecer impuestos a las grandes fortunas o tomar recursos de las Reservas Monetarias. En cambio, se dispone a contraer un nuevo préstamo con el FMI y además, a establecer una serie de medidas económicas que afectan con mucho mayor peso a los sectores medios y pobres de nuestra sociedad, ya de por sí bastante golpeados.

Viene al recuerdo la famosa conchería “Mercando Leña” de don Aquileo J. Echeverría. En la misma se plantea un muy buen negocio, según el cual por solo “sinco pesos” (*) ñor José María ofrece a doña Chepa una carretada de leña. Acordado el precio, ella agregó una larga lista de deseos que terminaron provocando enojo en José María y se abortó la venta. El final de la conchería dice así:

Sí, ¿De deveras?
Con que quiere de remache
que le meta yo la leña
y que d’iay se la acomode,
y que ha de ser de manera
que dé paso a la letrina?
Dígame, señora Chepa:
no le gusta más pelada
y olorosa a yerbagüena,
y con lasos en las puntas,
y aspergiada de canela,
y que además le regale
como a modo de una feria,
el chonete, los güeisiyos,
los calsones, la carreta,
y este chuso, y esta faja,
y’a la sonta de mi agüela?

¡Qué hombresiyo tan malcriado!
¡Cargue pronto con su leña!…

¡No! ¡Si se la voy a dejar
Pa que la queme de muestra!

Los costarricenses, organizados y unidos, debemos actuar con el mismo enojo de Ñor José María para rechazar nuevos préstamos con el FMI y para impedir que la carga económica siga afectando a los sectores de ingresos medios y bajos y que, en cambio, se impongan impuestos, aunque transitorios, sobre las grandes fortunas y las empresas grandes de zonas francas.

(*) Así viene escrito

 

Imagen: Mercando Leña de Aquileo Echeverría. Tomado de: https://micostaricadeantano.com/

Negociar primero con los acreedores, después con el FMI

Gilberto Lopes
Sep 2020

Reducir el gasto público, vender empresas del Estado y aumentar los impuestos: básicamente, son las tres recetas que el gobierno sugiere para negociar un préstamo con el FMI.

Quisiéramos sugerir que las dos primeras podrían ser desastrosas y la tercera debería ser revisada, entre otras cosas para eliminar exoneraciones a sectores como las zonas francas y normas que permiten a grandes empresas ocultar sus ganancias y no pagar nada al fisco.

Un estudio de la OCDE sobre la economía de Costa Rica (siempre lleno de generalidades y sesgos ideológicos), de junio pasado, señala que, como resultado de la pandemia el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse un 22% este año: el turismo ha colapsado; la tasa de desempleo está aumentando; alrededor de 7100 empresas, que emplean a más del 8% de todos los trabajadores, han solicitado ser incluidas en el régimen temporal de trabajo que les permite reducir las horas de trabajo y los salarios. El estudio reconoce también que la demanda interna se debilitará, ya que las medidas para controlar la pandemia impactan el consumo y la inversión.

Reducir el gasto público

En ese contexto, ¿qué sentido tiene reducir el gasto público?

Como los efectos de la Covid 19 en la economía mundial (y en la nuestra también) durará un tiempo largo, difícil aun de precisar, es necesario que los gastos reflejen nuestras prioridades para hacer frente a este desafío.

La crisis de la Covid 19 y la recesión ofrece una oportunidad única para repensar el papel del Estado, tanto sobre sus relaciones con las empresas privadas como con los empleados públicos y con las personas a las que ofrece todo tipo de servicios.

La vieja creencia de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha perdido toda credibilidad, señalaron recientemente dos economistas destacados, Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni. La reciente revelación de cómo los dineros de la CCSS se destinaron a financiar La Nación son una muestra contundente de cómo el sector privado depende del público.

Si no se compensa con dinero efectivo a empresas, trabajadores autónomos y asalariados, mientras no tengan ingresos, la economía irá directamente a la catástrofe; se dispararán la pobreza y todo tipo de problemas sociales, dijo el economista español Juan Torres. Se refería a la situación de su país (por cierto mucho más endeudado que el nuestro), pero no hay razón para pensar que la recomendación no se aplica también aquí. Pero nos quieren convencer de lo contrario.

Los salarios del sector público son casi un 50% más altos que los del sector privado en Costa Rica, como lo reconoce la OCDE. Parecería sensato, en las actuales circunstancias, pensar que es indispensable mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado. Pero no es así.

El pasado 28 de septiembre un economista costarricense publicaba en La República un artículo en el que señalaba, en tono crítico, que los “Salarios de empleados público son el doble de alto que en empresas privadas”. Reconoce también que si bien el salario promedio del sector público cae un 6,2% con respecto a marzo, como consecuencia de la pandemia, los privados caen un 9%, mientras los del gobierno central aumentan un 1,7%.

Dejemos por ahora de lado observaciones sobre el estudio de ese economista, naturalmente sesgado en cifras y conclusiones. Para el autor, de lo que se trata (también lo propone la OCDE) es de promover de forma urgente una “verdadera ley de empleo público que ordene el sistema salarial del sector, pasando a todos los funcionarios a un esquema de salario único para acabar con la perversidad de los pluses o incentivos salariales».

Es evidente la conveniencia de ordenar al régimen salarial del sector público que, con el tiempo, fue generando distorsiones entre las diversas instituciones. Pero la idea de esa “ley de empleo público”, tal como planteada, es llevar el sector al nivel del sector privado. En opinión de la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, un sistema de salario único “permitiría al Estado un ahorro de 243 mil millones de colones al año”.

¿Tiene sentido esto? ¿El Estado ahorra 243 mil millones de colones a costa de los costarricenses, propuesta hecha cuando lo que hace falta es garantizar ingresos suficientes a todos e inyectar recursos a la economía para evitar que colapse? Ese “ahorro” es dinero que Garrido propone sacar del bolsillo de los costarricenses, probablemente para pagar intereses de la deuda o –quien sabe– financiar proyectos “público-privados” cuyo costo para el Estado y para los costarricenses termina siendo desmesurado.

Esa visión miope y mezquina está detrás de todo el paquete económico propuesto por el gobierno. Quieren reducir el sector público, Pretenden cobrar impuesto al aguinaldo, acabar indefinidamente con los reajustes cuando la deuda supere el 50% del PIB. Una condición que la OCDE sueña con que la incorporemos a nuestra Constitución y que se hará eterna –como lo saben bien quienes hicieron una norma– pues difícilmente el país logrará rebajar su deuda a ese nivel en un tiempo previsible. Para tener una idea de lo que esa meta representa vale recordar que a finales de 2019, la deuda pública en la OCDE representaba 72,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros.

Consideraciones todas que nos llevan a la conclusión de que el gasto público debe incrementarse y mejorarse.

Vender empresas del Estado

También ha propuesto el gobierno vender empresas públicas.

El nuevo presidente de la Unión de Cámaras (UCCAEP), Álvaro Jenckins, empresario de la caña con empresas en zonas francas, –también miembro del grupo empresarial Horizonte Positivo, que hoy le habla al oído al presidente Alvarado–, no solo defiende el modelo sino que tiene interés en comprar Fanal, que el gobierno quiere privatizar.

En reciente entrevista Jenckins recordó los primeros contactos con Alvarado, cuando este era funcionario del IMAS en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se creó Horizonte Positivo.

Calculan el precio de venta de Fanal en doce mil millones de colones; pero la empresa aporta once mil millones a las arcas del Estado por año. Cosa similar ocurre con Bicsa, la otra empresa que quieren privatizar, con el argumento de que, con esos recursos, se reducirá la deuda pública.

Hace 30 años –dijo Ottón Solís, economista y fundador del PAC– “se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales”, en larga nota en la que defiende las iniciativas del gobierno.

Pero lo cierto es que, en estas materias, no hay nada “inevitable”. Lo ocurrido hace 40 años (no 30), en el gobierno de Rodrigo Carazo, no tuvo nada de “falso heroísmo”. Como tampoco la crisis fue resultado inevitable de los esfuerzos hechos entonces por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal y los compromisos de la deuda sin afectar los servicios públicos, como los de salud y educación.

Que las políticas de Carazo no fueron la causa de la crisis lo demuestra la situación del país hoy donde, 40 años después y de una continuada aplicación de políticas contrarias, estamos frente a los mismos (o peores) desafíos que los de entonces.

Hoy se conoce bien los intereses que estaban detrás de los esfuerzos por ahogar las políticas del gobierno de Carazo. Se trataba de iniciar un proceso de ajuste estructural, de asalto al sector público y de privatizaciones, particularmente el del sector bancario, que se inició entonces con recursos de la AID norteamericana.

No se trató de generosas concesiones de los Estados Unidos, en el escenario de su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua, como sugiere Solís. Se trató de una política despiadada, con recursos de la AID que significaron una severa carga para el país –obligado a recibirlos y depositarlos en una cuenta del Banco Central; pagar intereses de 21% por ese dinero, que el Banco Central se obligaba a prestar a prácticamente nulos intereses para comprar productos norteamericanos. Además de préstamos por cerca de 200 millones de dólares para crear una banca privada, contribuyendo a desarmar las bases del Estado Social en Costa Rica y avanzar en las privatizaciones, comenzando por el sector bancario.

Desde entonces no han cesado en esa lucha, fundamento de toda política neoliberal, de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, que está en la base de la crisis política y económica que la Covid 19 solo contribuyó a desnudar y acelerar.

Tal como en los 80, cuando los intereses más conservadores se aprovecharon de la crisis para adelantar sus intereses, el modelo se repite ahora, en este nuevo escenario.

Vendiendo empresas públicas para pagar deudas, a la larga solo tendremos cada vez menos recursos y más deudas, como ha ocurrido en estos 40 años. El desafío es desarrollar empresas para ganar dinero y, además, pagar deudas. Pero parece eso demasiado pedir para políticos de visión corta y empresarios de ambiciones desmedidas.

Aumentar impuestos

Aumentar impuestos: ¡sí, claro! Pero revisemos los hechos.

La reciente reforma fiscal condonó multas e intereses a empresas como la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El Rey por 194 mil millones de colones, gracias a la amnistía tributaria incluida en la reforma fiscal del año pasado.

Según Procomer, 375 empresas de zona franca tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en 953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al tipo de cambio del 31 diciembre 2018, casi un 55% de los 1.750 millones de dólares que el gobierno quiere negociar con el FMI.

Entre las exoneraciones es particularmente incomprensible las que disfrutan, por ejemplo, los casinos y las empresas de apuestas electrónicas que mueven $4 mil millones de dólares al año. O empresas piñeras y bananeras, que exportan al costo a Panamá y, por lo tanto, no pagan impuesto. Luego reexportan desde Panamá, donde tampoco pagan, porque no son productos producidos allá.

Volvamos al documento de la OCDE, que sugiere “comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas, que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial”. Y agregan: “También debe darse prioridad a la eliminación de exenciones fiscales que benefician a los hogares de altos ingresos”. Para la OCDE esto incluye gravar el aguinaldo, “que actualmente está exento del impuesto sobre la renta”, pero no dice ni una palabra sobre las zonas francas.

Una reforma a la ley el año pasado le permitió a las empresas de zona franca vender en el mercado interno, algo que les estaba prohibido. Esto les ha dado una condición privilegiada en el mercado nacional, pero ha facilitado también a empresas instaladas fuera de zona franca crear mecanismos para ocultar ganancias y no pagar impuestos.

El mecanismo lo explicó el economista Daniel Vartanian: una empresa que está instalada en Costa Rica le compra –a precios particularmente elevados– servicios a una empresa de su mismo grupo inscrita en zona franca. Servicios como administración de personal, contratación de artistas y realización de grandes conciertos; display en las góndolas (en el caso de un supermercado), entre muchos otros.

El resultado es que la empresa que está en el mercado local no tiene ganancias y, por lo tanto, no tributa. La que esta en zona franca tampoco tributa porque las de zona franca están exentas. Walmart, o Credomatic, son empresas que operan con mecanismos de este tipo.

No deja se ser particularmente irritante que empresarios de zonas francas, hoy instalados en puestos clave del gobierno, argumenten que francas no se les puede cobrar impuestos porque se irían del país, argumento que –como es obvio– no se sustenta, conociendo ese vínculo entre las del mercado interno y las de zona franca.

En el caso de las zonas francas se agrega otra medida, también del todo inconveniente. Se trata de la reciente exoneración de los impuestos a bienes inmuebles que antes pagaban.

“Lo más paradójico es que hace dos meses exoneraron a las zonas francas del pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, que siempre habían pagado. Mientras a las empresas más grandes se les quita el pago, ahora quieren triplicárselo a la gente. Esta situación es insostenible”, expresó el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler.

El documento de la OCDE al que hemos hecho reiteradas referencias afirma también que, según la experiencia de Colombia, “reducir las contribuciones a la seguridad social puede ayudar a reducir la informalidad”.

Dice también que “trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”. Una falacia, en el fondo y en la forma, un argumento para el que el documento no aporta evidencia alguna.

Un lenguaje avieso para proponer lo que he llamado la “economía mágica”. Una economía sin sustento en los hechos, ideología pura que apenas esconde una voracidad perversa. Argumentos todos que ilustran bien la naturaleza de las decisiones sobre estas materias y hacia qué lado inclinan la balanza las propuestas del gobierno.

Negociar primero con los acreedores

El tema de la deuda pública es extenso y complejo. Se han multiplicado los análisis que desnudan los intereses que se esconden detrás de las diversas propuestas del largo documento donde el gobierno expone sus propuestas al FMI.

Los intereses que el país paga por su deuda llegaron a más del 4% del PIB a fines de 2019. De modo que es conveniente renegociarla, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el gasto público, como consecuencia de la Covid 19.

Pero, además de lo que propone el gobierno, no hay en el documento ninguna propuesta de renegociar la deuda –como hizo ya en dos ocasiones, por ejemplo, con mucho éxito, el gobierno argentino– reduciendo montos, mejorando plazos y tasas de interés. El gobierno de Alvarado no ha propuesto nada de eso, un aspecto indispensable en cualquier iniciativa seria de renegociación de la deuda.

Gran parte de la deuda pública de Costa Rica –al contrario de la de otros países– está en manos de acreedores nacionales. Como lo indica el gráfico de la OCDE, a fines de julio casi 78% de la deuda era interna y cerca de 22%, externa. Hay que negociar primero con los tenedores de esa deuda, antes de acudir al FMI, donde se debe llegar con un escenario más claro y menos demandante, si se logra una renegociación favorable.

El gobierno, además de no haber hecho ninguna propuesta de renegociación a los acreedores, tampoco ha hecho referencia alguna a otras diversas propuestas, como las de utilizar las reservas del Banco Central para hacer frente a los mayores gastos provocados por la pandemia que, como lo han demostrado economistas y banqueros nacionales, podrían hacer inclusive innecesario cualquier negociación con el FMI.

Queda en evidencia así que no se trata del problema de la deuda, ni del gasto público, sino de una nueva ofensiva para ordenar el país de acuerdo a un modelo que no solo no va a permitir reducir la deuda, sino que va a agravar las disparidades sociales que se han acentuado en los últimos 40 años, caldo de cultivo para la miseria insultante que la Covid 19 dejó en evidencia en todo el país.

Una alternativa política

Ante esta realidad –y esta es mi propuesta– habiendo surgido innumerables voces que, bien informadas, sugieren caminos más razonables y justos, sería oportuno que se reuniesen y, agrupados detrás de estas sugerencias, la transformen en el programa de un conjunto de personas dispuestas a conformar una importante fracción parlamentaria en las próximas elecciones, en un esfuerzo no solo por detener y revertir estas políticas conservadoras, sino también por recuperar un indispensable nivel político en una Asamblea Legislativa que hoy, con contadas excepciones, da vergüenza.

Secretaria general de la ISP expresa su preocupación ante negociación del gobierno con el F

Compartimos la carta enviada por Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a sus afiliadas en Costa Rica, expresando su preocupación con respecto a la negociación del gobierno de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera y su deseo de que el gobierno de Carlos Alvarado replantee su estrategia para recuperar empleos destruidos por la actual pandemia basándose en los planteamientos que los sindicatos y otros actores sociales han propuesto para dar solución a los problemas de evasión y elusión fiscal.

OFICINA SUBREGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL
Apartado postal: Heredia
Santo Domingo 100-3100 COSTA RICA
T/: +506 22448522
psi.central.america@world-psi.org

Ref.: RP/ER/JD/ORL
Contacto: Edith Rojas
edith.rojas@world-psi.org
Oscar Rodríguez L.
oscar.rodriguez@world-psi.org

A: Afiliadas ISP de Costa Rica

ALBINO VARGAS
SECRETARIO GENERAL DE LA ANEP
RODRIGO LÓPEZ
PRESIDENTE DE ANPE
ALVARO MARIGAL
SECRETARIO GENERAL DEL SITUN
DENNISE BALLESTEROS
SECRETARIA GENERAL DEL SINDHAC
MARIO MENA AYALES
PRESIDENTE DE ANEJUD

23 de septiembre del 2020

Estimada y estimados compañeros,

Deseando que ustedes y sus familias estén protegidos y seguros ante la pandemia del COVID-19, reciban un afectuoso saludo.

Aprovecho la ocasión para hacerles saber nuestra preocupación y solidaridad ante los acontecimientos que en los últimos días han sido objeto de discusión y repudio por las organizaciones sindicales y sociales costarricenses; así como de una buena parte de la opinión pública nacional, a las negociaciones que el Gobierno de ese país está entablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera que desde hace aproximadamente una década se ha venido acrecentando en forma exponencial hasta llegar en estos tiempos como consecuencia de la pandemia a un déficit fiscal que se proyecta peligrosamente hasta un 10% del PIB o más al cierre de este año.

Quiero ser enfática -una vez más- al mencionar que una solución estructural a las finanzas públicas no pasa por una mayor carga impositiva-regresiva a los salarios de la clase trabajadora y de quienes aún no se sobreponen a la grave situación económica que atraviesa el país.

Si bien es cierto que el presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, requieren de un urgente aumento de los ingresos y de un mayor “control del gasto público”, esto no significa necesariamente echar mano de los recursos financieros asignados a los servicios públicos esenciales y de otras entidades públicas estratégicas para el país y mucho menos erosionar más en la actual coyuntura, la estabilidad y paz social costarricense.

Desde la ISP, daremos respaldo a todas aquellas propuestas e iniciativas que desde un diálogo social real y efectivo sea establecido con los sindicatos, en cuyo caso esperaríamos que el Gobierno de Costa Rica dé marcha atrás a las propuestas encaminadas con el FMI y replantee su estrategia de reforma estructural de manera integral a fin de bajar gradualmente el déficit fiscal en un plazo deseable y ponga en marcha una estrategia de recuperación de los empleos destruidos por la pandemia y genere otros a partir de un mayor aseguramiento de la economía nacional con miras a favorecer a los sectores más afectados de la micro, pequeña y mediana empresa (Micropyme´s), así como el sector productivo nacional, las cooperativas y las municipalidades alicaídas por la crisis sanitaria.

Desde la experiencia de la ISP y en mi propia perspectiva, no son tiempos para provocar una crispación social y política más, toda vez que se pueden encontrar soluciones prácticas al problema central de la crisis económica que atraviesa el país. Estoy segura, que los sindicatos y otros actores sociales, políticos y empresariales progresistas y académicos desde hace algún tiempo atrás, habrán aportado propuestas interesantes, que entre otros aspectos, darían solución a los problemas de evasión y elusión fiscal, en cuya aplicación estricta disminuiría en significativos puntos porcentuales el insostenible déficit fiscal que mantiene al país en esta insondable situación.

Cómo expresado antes, estamos en desacuerdo que como soluciones inmediatas al crecimiento del déficit fiscal, se recorte el presupuesto de las universidades públicas, así como también se implemente una reforma al empleo público que mina los derechos laborales y restringe el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

Por último, una imposición del 0,3% las transacciones bancarias con trazabilidad general como medida de regla fiscal, es regresiva e injusta para las y los trabajadores. Siendo, por el contrario que una medida como esta, debería estar centrada en la recaudación de un impuesto a las especulaciones bursátiles, así como también a las transacciones monetarias y de otros valores de gran cuantía provenientes del gran capital nacional y transnacional.

En estos difíciles momentos, la ISP no comparte el criterio del Gobierno que un acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y de estabilidad macroeconómica para garantizar el bienestar social y económico del país, cuando se está empujando a lo imposible para que un sector dominante de las élites económicas, continúe descansando su riqueza en el sacrificio injusto e inequitativo del resto de la población. En consecuencia, alcemos nuestras voces para que el pueblo costarricense continúe en la senda del bienestar con una mayor calidad de vida de sus habitantes y en buena gobernanza social en respeto a las garantías sociales y en observancia a un contrato social perdurable en el tiempo.

En solidaridad,
Rosa Pavanelli
Secretaria General de la ISP

Manifiesto de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum ante la grave crisis económica, política y social que vive el país

  1. Tomando en consideración que la Rerum Novarum es la Confederación más grande del país, que aglutina a más de 50 sindicatos, con una membresía superior a los 50 mil trabajadores, tanto del sector privado, como del público, en su mayoría en la primera línea de lucha contra la pandemia, y otros sectores, los más afectados por la crisis económica, política y social que vive nuestro país.
  2. Que a raíz del anuncio del Gobierno en torno al plan para iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a efecto de acceder a un préstamo para pagar la deuda interna, han surgido muchos movimientos sociales de oposición que podrían desencadenar un movimiento social, sin precedentes en la historia nacional por el grado de descontento popular existente.
  3. El anuncio del Gobierno de la República representa una serie de ocurrencias muy bien decididas a proteger a los que más tienen y desfavorecer a los que menos tienen, con una serie de impuestos cuyo efecto inmediato empobrece a la clase asalariada tanto el sector público como privado.
  4. Para la Rerum Novarum es urgente, que si se van a promover más impuestos los mismos tienen que aportarlos los que más tienen, es decir los impuestos tiene que pagarlos el gran capital financiero que ha tenido múltiples ganancias en este periodo de la pandemia y antes de la pandemia, pero ha sido condonado por el estado durante mucho tiempo.

La Rerum Novarum no va a repetir la consigna “no más impuestos” de la cual se está valiendo el sector empresarial para aprovecharse de un falso populismo direccionado a que tampoco les cobren impuestos a ellos, quienes acto seguido piden de inmediato reducir el aparato estatal lo que implica el riesgo de cierre de programas sociales, y de instituciones de bien social, como lo es Fondo Asignaciones Familiares (Fodesaf) y por tanto restar la posibilidad de protección a los más necesitados en un país donde crece la pobreza a ritmos acelerados y donde la informalidad pasa hacer un porcentaje sumamente alto de los trabajadores que tiene el país.

Visto lo anterior los empresarios harán desaparecer el bono de vivienda, los comedores escolares, las becas estudiantiles, las ayudas para mujeres agredidas y todos los programas sociales.

  1. Por responsabilidad con el país, con sus sindicatos, y federaciones afiliadas, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum se reunió el pasado lunes 21 de setiembre con los secretarios generales y presidentes que conforman dichas organizaciones sindicales y después de un debate prolongado se llegó a la conclusión de que Costa Rica requiere una GRAN ALIANZA entre todos aquellos sectores que organizadamente, se plantean en su agenda la defensa de la institucionalidad del país, la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la protección social.
  2. Luego de este análisis se acordó aprobar la siguiente política de alianzas coyunturales, estratégicas para la defensa de la institucionalidad del país, los derechos sociales, laborales y ambientales y contra políticas anti laborales.
  3. Para la Rerum Novarum es más que necesario que desde el propio seno de la sociedad civil se llegue a acuerdos bajo una misma agenda que nos permita lanzar las bases sólidas de una CONCERTACIÓN NACIONAL con arraigo, popular y nacional.
  4. Ante esto, el Consejo Ejecutivo Nacional acordó una política de alianzas con todos aquellos sectores cuya intención es mantener el Estado Social de derecho, hacer uso de los mecanismos que nos da el derecho a la protesta para poder reivindicar a la sociedad costarricense.
  5. Creemos desde la Rerum Novarum que debemos protestar pero también proponer. Iremos a exigirle al Gobierno, que los impuestos que promueva para cubrir las necesidades del país, tienen que ser dirigidos al gran capital financiero, ese que por años se ha visto protegido y por lo tanto no ha contribuido en lo mínimo con los tributos al estado y por tanto no genera desarrollo, no genera empleo, tampoco beneficio social ni económico al país.
  6. Creemos necesario entonces la urgencia de tener una agenda nacional unificada para resolver los grandes problemas de la salud, del desfinanciamiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como la falta de atención a la salud que podría darse muy cercanamente. Necesitamos fortalecer la educación, así como que el país dé respuesta a esos niños que se han excluido del sistema escolar por cuanto sus padres y los ingresos familiares no les da ni para tener internet, ni mucho menos una computadora, ni mucho menos un teléfono inteligente donde reciban sus clases. Se considera en más de medio millón de niños, niñas y jóvenes que están quedando excluidos del sistema escolar y quienes no deben quedar rezagados porque estarían condenados a la miseria y la pobreza.
  7. Por ello, la Rerum Novarum deja claro ante la ciudadanía, que el movimiento sindical que representa va a estar a la par de todos aquellos grupos organizados, cuya agenda sea la defensa del país, pero a su vez deja también claro, que no participará con grupos cuyo interés solapado esté con un carácter partidario, porque consideramos que Costa Rica no merece ser engañada nuevamente.
  8. Habrá muchos políticos tradicionales que se rasgan las vestiduras ante esta crisis, pero fueron responsables de esta crisis.

LLAMAMIENTO PÚBLICO

La Rerum Novarum llama a la gran lucha nacional. La Rerum Novarum llama a la ALIANZA COYUNTURAL con todo aquel movimiento auténtico por la defensa de Costa Rica y no participará con ningún grupo cuyo objetivo tenga un carácter partidario, este es un movimiento de la familia costarricense, es un movimiento patriótico, es un movimiento por la salvación del país.

La Rerum Novarum llama a toda la población, a todo el sector organizado de las municipalidades, de las asociaciones de desarrollo, cooperativas, asociaciones solidaristas, para que nos unamos en esta gran causa.

Costa Rica nos necesita, vamos a defenderla y… ¡¡¡a lucha porque sin luchas no hay victorias!!!