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Etiqueta: fraude

¿Fraude en las elecciones de rector en la UTN?

Dr. Fernando Villalobos Chacón
Candidato a la Rectoría

Fernando Villalobos Chacón.

El pasado miércoles 29 de mayo del 2024, se llevó a cabo las elecciones para escoger entre otros cargos el puesto de Rector en la Universidad Técnica Nacional.

El Tribunal de Elecciones de la UTN, mediante DECLARATORIA OFICIAL DE RESULTADOS TEUTN-3-AU-RE-AA-2024, emite la resolución; TEUTN-2-2024, de las once horas y treinta minutos del cuatro de junio del dos mil veinticuatro, procedió a otorgar el resultado de la elección de Rector, que dio como nuevo rector al señor William Rojas Meléndez.

Los  tres candidatos que no resultaron electos, así como una gran mayoría de estudiantes, han expuesto una serie de irregularidades tales como que, ninguno de los cuatro candidatos alcanzó el 40% de los votos emitidos que señalan Reglamento General de Procesos Electorales y el artículo 10 del Estatuto Orgánico de la UTN, incluso el señor Rojas Meléndez, quedó de tercer lugar según recuento de votos emitidos, así mismo que el citado reglamento prohíbe la posibilidad que la Declaratoria Oficial de Resultados, pueda ser recurrida, violentando el principio de la doble instancia, que la elección de voto electrónico se realizó sin contar con un reglamento que regulara el proceso, que el recuento oficial de votos se realizó a puertas cerradas y sin la participación de los delegados o fiscales generales de los candidatos que participaron.

El TEUTN ha manifestado que, en otros procesos siempre se había obtenido el resultado del 40% sobre la base de los votos ponderados y no los votos emitidos.

Como jurisprudencia, la DECLARATORIA OFICIAL DE RESULTADOS TEUTN-EAU-04-2020, Resolución TEUTN-EAU-04-2020, del mismo Tribunal Electoral Universitario de las diecinueve horas y treinta minutos del once de junio del dos mil veinte, la cual resolvió la elección de Decano de la Sede Central de Alajuela, entre los candidatos Ana Isabel Rodríguez Smith y William Alberto Rojas Meléndez, y en dicho proceso el TEUTN ordenó la realización de una segunda ronda de elección precisamente por cuanto ninguno de los candidatos en ese momento superó el 40% de los votos emitidos. Estaríamos ante la misma situación, pero el TEUTN actúa al contrario en este caso.

En la actualidad existen sendas acciones judiciales ante el TSE, una medida cautelar en el Juzgado Contencioso Administrativo Civil y Hacienda, así como una solicitud de intervención ante la Defensoría de los Habitantes, el CONARE, la Asamblea Legislativa.

Algunos diputados están valorando abrir una comisión especial que investigue la transparencia del proceso y se sienten las responsabilidades del caso.

Mochileando nos fuimos: cápsula 3

Nos fuimos…

Pues terminamos en un estado de shock, pagamos el peaje en Santa Ana y damos gracias al universo, dejar esa calle del ”diablo”. Con el pelo de punta.

Recordemos que dejamos en el camino la historia de un joven estudiante, en la UNED, allá, en una costa del país, que paga 200 mil colones sin trabajo formal, cada cuatro meses, para cumplir sus sueños de ser profesional, que lo intenta a través, de los que un visionario años atrás promoviera su creación con un sentido social profundo, precisamente a la vanguardia de la enseñanza en la virtualidad y muchos años antes, de la pandemia por el COVID.

Inversión social, a pesar quizás de que estábamos con déficit fiscal, institución que como muchas fueron creadas a pesar de que se decía “no hay plata” pero entrémosle al negocio y demos acceso a un grupo de personas costarricenses que también merecen soñar.

Ya el varón está en media carrera de bachillerato, y mientras hay clientes en esa soda familiar y hospedaje, seguirá pulseándola para entre cliente y cliente, cumplir sus deberes académicos. Todos podemos soñar y tenemos derecho a cumplir nuestros anhelos en una sociedad justa e inclusiva.

Ahora, en un restaurante de camino a chepe, muy frecuentado, allá donde están esas “lagartijas grandes” se llena de mirones, machos, negros, amarillos, etc- y entre todos sale a relucir la presencia de un adulto mayor de nombre según recuerdo Reinaldo, el cual tiene un bastón, un chaleco reflectivo y sombrero, para abrigarse y protegerse del sol picante, en fin, dice que es cosa de todos los días, y que el fin de semana es muy intenso, situación que aprovecha para ganarse unos colones.

Ese señor, que les cuento, es un adulto mayor, desempleado desde 2014, sobrevive de la limosna como cuida carros , ya que le faltarían dos años para un derecho quizás a una pensión de asignaciones familiares, pero mientras debe subsistir de la caridad, cuantos así según el INEC, y mientras, mucho capitalista egoísta, no paga adecuadamente los tributos, porque uno les pregunta y hasta le arrugan la cara, responden “pa que voy a pagar impuestos, pa que se los roben”, eso dicen muchos, en fin debemos cambiar la estrategia de comunicación a la formalidad.

Me despido de Don Reynaldo, después de filosofar de la asistencia divina, la cual agradece, ya que le ha costado mucho la vida misma, y agradeció también una seguridad social para; a pesar de no tener trabajo formal, o pensión, lo vean en un Ebais cercano a su domicilio.

Terminamos de mochilear, muy cansado, agotado de no dormir por las “purrujas”, pero satisfecho al final, porque , para “pescar camarones, pues el trasero hay que mojarse”, y debemos ir a ver cómo se comporta el mercado mismo, y concluimos, en que hay que ir al campo con más presencia, no debe leerse que no se hace, solo que debemos ir más al campo al control de deberes formales, aumentar el riesgo subjetivo y tramo de control, reconsiderar el sacar del régimen simplificado a los bares y restaurantes, poner atención al sinpe y a los movimientos en tarjetas de los dueños de negocios, para ver si realmente declaran lo que venden.

Pero no es con mypimes, creemos que es a otro nivel al negocio por verificar, lavado, elusión, contrabando, fraude, cero controles bastan, la inversión social es factible a pesar de no tener superávit, la historia lo ha demostrado, es cuestión de buscar la “comba al palo”.

Los diputados realizan un fraude de ley en la discusión de la jornada de trabajo de 12 horas diarias

Vladimir de la Cruz

Inicia esta semana la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas de 12 horas de trabajo diarias. Así es como debe entenderse la transformación de la Ley de la jornada de 8 horas que existe establecida en la Constitución Política de 1871, desde 1943, reafirmada en la Constitución Política de 1949, y en la vida nacional desde 1920, cuando se logró establecer esa jornada como resultado de un año de luchas, de movilizaciones obreras, de trabajadores y de huelgas, que habían iniciado a finales de enero de 1920.

Los diputados pretenden aprobar esta reforma, a modo de una Ley especial, discutiendo tres horas diarias por quince días ese Proyecto, hora y media en la mañana y hora y media en la tarde. Eso es literalmente un fraude de ley, porque, además, el fraude se comete cuando amparándose a esta normativa reglamentaria, se quiere modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo, mediante una nueva ley, qué por su naturaleza, es contraria al ordenamiento constitucional existente, sin que se esté proponiendo una reforma constitucional a la jornada de 8 horas diarias de trabajo. También se elimina todo el trámite que en Comisión Parlamentaria se lleva a cabo sobre un Proyecto de Ley.

De hecho, el fraude de ley que fraguan los diputados es anular, en la práctica, el ordenamiento jurídico superior establecido en la Constitución Política de las 8 horas diarias de trabajo máximo. El fraude de ley aquí cometido es actuar contra la Constitución Política, ley superior que prohíbe jornadas de trabajo diario superiores a 8 horas, salvo que por ellas se pague un plus del 50% del valor de cada hora de las 8 trabajadas, lo que no se quiere hacer con la jornada de 12 horas diarias.

Si sobre ellas se autoriza trabajar, entonces debe darse un pago adicional por cada hora de trabajo extra, equivalente a un 50% del valor ordinario de una hora de trabajo. Lo que quieren evitar es que se pague ese 50% del valor de cada hora de trabajo, y robárselo a los escuálidos salarios de los trabajadores.

Con la ley de las 12 horas que se quiere establecer no se pagan horas extras. Todas se pagan a un mismo valor. Aquí hay otra trampa de quienes promueven la aprobación de las jornadas de 12 horas. Consiste en señalar que han aumentado un pequeño porcentual el pago de cada una de las 12 horas que se trabajarán, como estímulo, “a modo de horas extras pagadas” en el conjunto de la jornada de 12 horas. Eso no es cierto. Si así fuera, en sencillo, lo que se está haciendo es pagar de una manera determinada cada hora, pero no reconocer las horas extras. Si así fuera, tan solo se paga la hora extra, con su plus de pago y ya. Tramposamente han hecho el cálculo de lo que cuesta el pago de las 4 horas que quieren extender obligadamente, y sobre ese monto, han establecido una suma que dividen en las 12 horas de modo disminuido, cargadas a cada hora, para dar la sensación de que se está mejorando el pago por el día de trabajo, con lo cual los patronos siguen ganándose una parte de lo que deberían pagar si tuvieran que cubrir las 4 horas adicionales, con el 50% de valor de cada hora. Seguirían robando una parte de lo que realmente se debe pagar con las 4 horas de trabajo extra sobre las 8 que se quieren extender obligadamente.

El fraude de ley es una estafa, que resulta de usar o apoyarse en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos. Aquí los diputados se basan en el Reglamento legislativo para alterar la discusión de un Proyecto de Ley que se presenta para su trámite parlamentario, con la intención de modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo.

El fraude de ley que se quiere establecer es evitar una discusión profunda, amplia y detallada por parte de los diputados de ese Proyecto de Ley de 12 horas diarias. ¿Por qué? Porque se reduce el tiempo de discusión de todos los 57 diputados a 3 horas diarias, partiendo esa discusión en hora y media por la mañana y en hora y media por la tarde, al mismo tiempo que discuten otro proyecto, el de la seguridad ciudadana. Con esta partición de tiempo, parten la continuidad y profundidad de la discusión, desarticulan, dividen, debilitan la discusión y a los diputados que están en contra de que se establezca la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Es una táctica mafiosa establecida para ocultar, disimular y evitar la discusión pública, especialmente de los diputados opositores a este Proyecto de Ley. Es literalmente una trampa legislativa de quienes están interesados en imponer la jornada de 12 horas diarias de trabajo.

La discusión de los dos proyectos, el de las 12 horas de trabajo diarios y el de seguridad ciudadana deben realizarse de manera compacta cada uno, dedicando todo el tiempo y atención de los diputados a cada uno de manera separada. El más importante es el de seguridad ciudadana. El proyecto de las 12 horas diarias de trabajo puede esperar unos días para su discusión. La discusión de ambos es una distracción de la esencia y atención que se le debe poner al proyecto de la ley de las 12 horas diarias de trabajo.

La mayoría de los diputados, de las distintas fracciones políticas legislativas, actúan como rebaños. Simplemente, les dan la orden de votar de determinada manera como borregos. A algunos les harán sus discursos sin que ellos mismos los entiendan, lo que a veces se puede apreciar por la forma como los leen, y para que en el volumen de los discursos se produzca la sensación de una mayoría abrumadora a favor de las jornadas de 12 horas diarias de trabajo.

El fraude de ley pasa imponiendo a las fracciones de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, un tiempo determinado y proporcional al tamaño de cada fracción y al número de diputados que tienen. Así, los partidos que tienen menos diputados tienen menos tiempo de exposición y de defensa de sus argumentos. A los efectos prácticos es un tapabocas para un grupo de diputados.

Los Proyectos de ley que se presentan para trámite parlamentario pasan por un trámite interno, que lo califica y termina ubicándolo en una de las comisiones legislativas para su discusión y eventual aprobación.

En ese trámite y en esa discusión los diputados pueden invitar especialistas sobre la ley en discusión, pueden solicitar asesores y expertos que les brinden información para su mejor trámite, y sobre todo para convencerse de la necesidad y oportunidad de la ley que tramitan. Esa discusión puede llevar su tiempo. Aprobado el Proyecto de Ley se pasa al Plenario legislativo, para que todos los diputados lo conozcan y decidan finalmente su posible aprobación.

El Reglamento legislativo tiene la posibilidad de que el Plenario Legislativo pueda convertirse en una Comisión, donde actúan todos los diputados como miembros de ella, para conocer un Proyecto de Ley en específico.

Con el trámite especial que se ha establecido para esta discusión se ha evitado todo el trámite de las comisiones parlamentarias, sin invitaciones de especialistas, sin consultas que a veces las Comisiones hacen a organismos especializados o conocedores de la temática, como las Escuelas de Derecho de las Universidades, las Cátedras de Derecho laboral, el Colegio de Abogados, La Asociación de Abogados Laboralistas, la sede costarricense de la Organización Internacional del Trabajo, jurisconsultos o personas especializadas en esta materia, desde distintos ángulos, organismos como el Colegio de Médicos, el Colegio de Sicólogos y el Colegio de Trabajadores Sociales, a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que estoy seguro podrían decir profesionalmente muchas cosas en contra de la jornada de 12 horas diarias de trabajo, cuando en el mundo europeo, y en otros países, la tendencia es a disminuir la jornada semanal a 36 y 35 horas, y con ello también la jornada diaria.

Durante la jornada de trabajo diario de las 8 horas los patronos están obligados a dar tiempo de descanso y tiempo de almuerzo, que en términos generales ronda en una hora, como parte de la jornada. Con la jornada de 12 horas diarias cínicamente están diciendo que darán hora y media, dentro de las 12 horas, como descanso y tiempo de almuerzo o café, con lo cual no se trabajarían las 12 horas sino tan solo 10 horas y media. Eso es cinismo puro. Porque las 12 horas son también las 12 horas de encierro en el establecimiento laboral. Son las 12 horas que un trabajador debe permanecer dentro de su establecimiento de trabajo.

Se ha argumentado a favor de la jornada de trabajo de 12 horas diarias que no es para los trabajadores del sector público. Eso es cierto. Eso solo afecta a 200.000 trabajadores. La jornada de 12 horas pende sobre la cabeza de más de 2 millones de trabajadores, que no trabajan para el Estado ni las instituciones públicas, ni para las empresas extranjeras. Eso lo dicen constantemente para no asustar, especialmente, a los trabajadores públicos que tiene mayor capacidad de movilización y resistencia. Los trabajadores del sector privado están como burros amarrados frente a tigres sueltos. Sin poder protestar ni movilizarse contra este proyecto de ley por temor a perder sus trabajos.

Dentro del sector privado se ha dicho que este proyecto de ley solo afectará a trabajadores de ciertas empresas de zonas francas y extranjeras, que no suman más de 200.000 trabajadores en el país. Pongámoslo en sencillo. Si es solo para ellos, que se haga una ley solo para ellos, pero no para todos los trabajadores del sector privado. Ante los diputados se debería informar cuáles empresas extranjeras están pidiendo la jornada de 12 horas. Ese es un argumento falaz si no se indican cuáles son las empresas que necesitan esa jornada. Lo que hay que indicar son las empresas concretas no los sectores productivos o ramas de producción que podrían “beneficiarse” de la jornada de trabajo de 12 horas diarias.

Esto trae otro problema importante. En los Estados Unidos la jornada de trabajo oficial es de 8 horas diarias o 40 semanales. Las empresas norteamericanas en Estados Unidos, o fuera de su territorio, están obligadas a cumplir esa legislación. Si aquí empresas norteamericanas quieren aplicar jornadas de explotación del trabajo superiores a las 8 horas pueden ser denunciadas en Estados Unidos, y ante los sindicatos norteamericanos, como la Federación Americana del Trabajo, la AFL, que tiene sede en Washington, y pueden ser objeto de campañas internacionales por el abuso y explotación que realizan del trabajo humano, así como se hacen campañas contra las que emplean trabajo infantil para que no les compren sus productos.

Una abogada obviamente del sector patronal, el pasado domingo, en el programa de televisión de Canal 7, Debate Nacional, afirmó que en Costa Rica hay empresas que aplican ya la jornada de trabajo de 12 horas. Debe informarse a los diputados de cuáles empresas en el país ya están con esa jornada, que se investigue si pagan horas extras o no, si tienen autorización de alguna institución nacional para esa jornada, si están sujetas a inspección laboral.

La inspección laboral en Costa Rica, de paso es risible. El Ministerio de Trabajo no tiene capacidad para inspeccionar nada, literalmente nada. No tiene los suficientes inspectores, ni los autos, para realizar esa labor. En un pasado que conocí los inspectores de trabajo, en las empresas, eran muy bien atendidos por el Jefe de Personal de las empresas y no entrevistaban ni consultaban trabajadores.

La discusión de la jornada de 12 horas diarias de trabajo debería servir para valorar cómo en todo el país se trabaja, cuáles son las causas principales de juicios laborales. Esto es sumamente interesante para entender cómo se violan los derechos y beneficios laborales, constitucionales y legales, de los trabajadores.

A los diputados se les debe suministrar la estadística anual de los juzgados e instancias laborales, de todo el país, que les permita ver cuáles son las principales causas de demanda de los trabajadores. Eso puede darles una idea de condiciones de trabajo. También pueden solicitar cuántos de esos juicios los ganan los trabajadores y cuántos los ganan los patronos por su cuantía, y se sorprenderán de sus resultados.

La discusión de la jornada de trabajo de 12 horas debe servir para discutir de cómo se organiza y realiza el trabajo, el mundo del trabajo en el país, con todas sus aristas, entre ellas la seguridad e higiene ocupacional.

El mundo de los accidentes de trabajo en el país. Con jornadas de trabajo de 8 diarias los accidentes de trabajo anual es de más de 100.000 accidentes, con alto índice de fallecidos y de personas afectadas con incapacidades permanentes. Con jornadas de trabajo de 12 horas, ¿aumentarán los accidentes de trabajo?

El fraude de ley que impulsan en la discusión de la ley de las jornadas de trabajo de 12 horas diarias debe detenerse. Si el Plenario legislativo va a trabajar como una comisión parlamentaria, que se usen todas las reglas y procedimientos para aprobar un proyecto de ley, como se hace en la comisión legislativa.

Prisma Latinoamérica: El fraude del que no se habla

Prisma Latinoamérica compartió un vídeo en su página de Facebook titulado: “El fraude del no se habla en Costa Rica”, acerca del fondo para las pensiones de los docentes. En él, se expone lo siguiente: los docentes costarricenses cotizaron entre 1958 y 1992 para crear un fondo que atendiera sus pensiones, sin embargo, el Estado malversó esos recursos en actividades ajenas por ley, y no aportó a los fondos de los docentes como dicta la ley. 

Para cubrir con esta obligación, se creó el Régimen Temporal de Reparto, como si este fuera un fondo de gracia, y no como corresponde ante una indemnización por el daño causado por el desvío ilegal e inconstitucional de los fondos de la pensión de los docentes.

A pesar de ser víctima del desvío ilegal de los fondos por parte del Poder Ejecutivo y con la ayuda del Poder Legislativo y la Contraloría General de la República, los docentes de este régimen son tratados o acusados como los responsables de que no existan recursos para las demás pensiones.

Si desea observar el vídeo completo lo puede hacer al siguiente link: https://fb.watch/i_k1bBtuG-/?mibextid=2Rb1fB

 

Información compartida con SURCOS por Miguel Sobrado y por Carlos Sáenz.

Solicitan investigación penal por supuesta administración fraudulenta de Aldesa

Los miembros de la Junta Directiva de Aldesa deberán enfrentar una denuncia penal en su contra luego de que Flora Fernández, una de las afectadas, contó a la ANEP detalles de la denuncia que presentó ante un Tribunal Penal para que se investigue la eventual quiebra fraudulenta de Aldesa.

En declaraciones a los programas informativos de la ANEP, Flora Fernández Amón explicó que desde que se presentó al juzgado concursal la petición para acogerse a la intervención con administración judicial, todo inició cuando se revisó un expediente de Aldesa con casi 3000 folios, donde se detectó que no se tenían activos, propiedades, ni información del paradero del dinero, tanto así, que el perito que evaluó el caso determinó que la situación de ALDESA desde el año 2019 y principios del 2020 ya no es viable para la empresa, para Doña Flora, en ese momento se debió haber llamado a la quiebra, sin embargo, esto nunca salió a la luz. 

Ahora espera  que el poder judicial haga su trabajo ya que todos los elementos que da la jueza para aceptar la quiebra en la sentencia que ella emitió el pasado 22 de julio da suficientes elementos para determinar que la quiebra es fraudulenta. 

Algunos de estos elementos son: no tener la contabilidad al día, se le pagaba solo a un grupo de accionistas, sustraer u ocultar bienes que correspondan a la masa por venta de bienes, conceder ventajas indebidas privilegiadas a cercanos, se encontraron estados financieros sin auditar, además de haber sustraído, destruído o falsificado en todo o en parte, los libros u otros documentos contables, lo que los haya llevado de modo que se hace imposible la reconstrucción del patrimonio o el movimiento de los negocios. 

En la demanda y de acuerdo con el artículo 240 de la Ley Concursal, se solicitaron medidas cautelares a los acreedores privilegiados mientras se concluye el proceso de liquidación: 

  • Impedimento de salida del país (retención de pasaporte)
  • Inmovilización de bienes y propiedades en caso deban responder
  • Levantamiento del secreto bancario. 

Esto cómo parte del proceso y responsabilidad que deben enfrentar los involucrados. Según la sentencia de la jueza, habla de 645 personas físicas y jurídicas afectadas por estas acciones.

Si desea informarse más con respecto a este tema, lo invitamos a ver la entrevista con Doña Flora en:

 

Compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón.

El degradado universo político y social que nos asfixia

A la memoria de Rosa Cedeño Castro (1926-2008), una gran luchadora social.
Columna Libertarios y Liberticidas(8).

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Los procesos electorales en las llamadas “democracias formales” como la de Costa Rica y otros países de la región, con sus elecciones periódicas, y su aparente cambio de poderes cada cierto número de años, no son otra cosa que un colosal fraude, el que dadas las circunstancias, dentro de las que se plantea, resulta imperceptible para la gran mayoría de las gentes, los fuegos de artificio son tan atrayentes que muchos no logran darse cuenta de que se reducen a eso, pues el verdadero poder se encuentra en otra parte. Se trata de un engaño deliberado, que va mucho más allá del recuento “imparcial” (que estupidez más grande) de los votos y de toda la alharaca que se hacen los medios de comunicación social, propiedad de las minorías plutocráticas de nuestros países.

Desde hace ya varias décadas en nuestro país, tanto como en casi todo el resto de América Latina no existen los partidos políticos, entendidos en estricto sentido como unos conglomerados sociopolíticos, a los que se asocian una serie de gentes con el propósito de llevar sus iniciativas y sus proyectos de sociedad, los que solían presentar y proponer al conjunto de la población. Así nacieron partidos como el APRA peruano o Alianza Popular Revolucionaria Americana, primero en escala regional y luego como un partido peruano, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, la Falange Socialista Boliviana (que de socialista no tenía nada y más era una agresiva agrupación de la ultraderecha fascista durante los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado), el partido Acción Democrática de Venezuela y otros de ese país, el Partido Liberación Nacional de Costa Rica y muchos otros que claudicaron y vinieron a menos, tal y como ha sucedido con el APRA peruano cuyos restos, hoy convertidos en bandas fascistas que actúan al lado de la ultraderecha totalitaria del fujimorismo, con lo que terminaron siendo la negación absoluta del ideario de su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre(1895-1979), quien murió pobre y apegado a sus principios, no sin antes dejar una avanzada constitución política, la que fue sustituida por una de corte neoliberal, a través de un golpe de estado, en abril de 1992. El traidor y comediante de baja estofa, Alan García Pérez, acabó de llevarlos por ese abismo junto con los fujimoristas y su líder. Hoy en el Perú, al igual que en Costa Rica, al no haber partidos verdaderos, los medios al servicio de la ultraderecha totalitaria los han sustituido: El Comercio de Lima y La Nación de San José de Costa Rica coludidos con la mayor parte de las televisoras y estaciones de radio, en ambos casos de su propiedad.

Créanme o no lo crean amigos lectores, yo lo vi con mis ojos y lo oí en boca de sus líderes cuando todavía era un niño y durante mi juventud, ese PLN o Liberación Nacional de Costa Rica existió, tal y como lo dije en días pasados, con su ideario socialdemócrata y reformista, con un proyecto de identidad nacional solidaria, una serie de figuras tan importantes como José Manuel Salazar Navarrete y su hermano Fernando, Daniel Oduber Quirós, Luis Alberto Monge Álvarez, Alfonso Carro Zúñiga, Fernando Volio Jiménez, Joaquín Garro Jiménez, Enrique Azofeifa Víquez, Carlos Luis Jiménez Maffio, José Rafael Cordero Croceri, Rodolfo Solano Orfila (de grata memoria) y muchos otros, a quienes tuve la dicha de conocer, entre ellos a Rodrigo Carazo Odio formado en esas filas, de las que nunca se alejó del todo, y de aquella generación de la Juventud Liberacionista de mediados de los sesenta, de la que formaron parte al inicio el sociólogo José Luis Vega Carballo (de grata memoria) y John Saxe Fernández un catedrático de la UNAM, dos científicos sociales y pensadores de avanzada hasta el presente. Esa generación de la que me gustaría hablar algún día, si el destino lo permite, estuvo conformada por gentes como mi amigo Gerardo Trejos Salas, Manuel López Trigo quien fuera de muy joven una pluma notable, con reflexiones muy agudas y el inolvidable Jorge Salazar Solís, un hombre muy apegado a los principios socialdemócratas de entonces, sobrio y hacedor hasta su deceso hace pocos años, entre quienes ya nos dejaron en años recientes. Aquello de verdad fue un partido político hasta los años ochenta, como lo fueron los partidos de la “otra izquierda”: la de los llamados “comunistas”, los grandes rivales de los glostoras en la década del cuarenta en lucha por el mismo espacio político, a quienes el PLN en gran medida y por presiones imperiales, mantuvo en el ostracismo durante las décadas de los cincuenta y sesenta, cosa que cambió en la década de los setenta, en especial el Vanguardia Popular, el así llamado Partido Comunista el espantajo que todavía asusta a muchos tontos e ignorantes de solemnidad que abundan en este país. pero que en realidad fue una parte decisiva en la concreción, a través de las luchas callejeras y la organización popular, de muchas de las conquistas sociales del pueblo costarricense, debido a la persistencia y determinación de lucha de muchos de sus combativos militantes de la clase trabajadora y artesanal, encarnada entre otros sectores, en aquel sindicato de zapateros, una verdadera trinchera de lucha que hizo historia, de la que formaron parte gentes tan valiosas, combativas y leales, cuyo recuerdo nos conmueve aún, al evocar la memoria de gentes increíbles por su bonhomía como Víctor Mora, Juan Rafael Morales, Elmo Arias (muy amigo de mi madre), Manuel Badilla y Marcos Lemaire de quienes, entre otros muchos, acabo de ver una foto, publicada recientemente por mi amigo Lenin Chacón Vargas. Todos ellos eran una parte esencial del tejido social de un país y de una generación increíblemente generosa y solidaria, la que se perdió en los meandros del tiempo, en el largo camino hacia el olvido.

En Costa Rica existieron partidos políticos de verdad y se intentó jugar a la democracia, al menos un poco más auténtica que la fraudulenta mascarada del triste presente histórico de este cambio de siglo, donde una falsa centroizquierda del PAC y su pata “izquierda” terminó por entregar al movimiento social atado de pies y manos, lo que le ha permitido darle los últimos zarpazos al pacto social de hace setenta años…en el Perú, donde la derecha se apresta a darle el zarpazo final a la precaria democracia existente, nos encontramos con que esa estirpe limeña y reaccionaria decidió que si no son ellos los que ganan las elecciones, entonces hay fraude electoral y hay que desconocer el mandato electoral que el pueblo peruano le otorgó al profesor Pedro Castillo Terrones, un político de una izquierda andina y provinciana que los derrotó en unas elecciones fraudulentas, pero no por el recuento de votos como afirmó falsamente la ultraderecha y su prensa mentirosa, sino por la perversa campaña electoral que llevaron la gran mayoría de los medios en su contra. Volveré sobre estos temas de la memoria histórica…y sus trampas.

Posicionamiento político sobre las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua 2021 – Articulación de Movimientos Sociales (AMS)

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil AMS-OSC, hace del conocimiento público su posición de rechazo a las elecciones fraudulentas del 7 de noviembre, convocadas por el régimen Orteguista.

La AMS llaman al desconocimiento del circo electoral, incluyendo sus predecibles resultados dejando en el poder a los ORMU y reitera la necesidad de una concertación contra todo el pactismo y el zancudismo que pretende legitimar no solamente el fraude que se perpetúa, sino la repetición de prácticas políticas donde prevalecen las componendas a espaldas de la ciudadanía.

Seguimos creyendo en el derecho al libre sufragio y a las elecciones como uno de los métodos que pueden conducir al cambio político, pero hoy, en las actuales circunstancias, consideramos gire estas elecciones fraudulentas organizadas y controladas por Ortega y Murillo no reúnen las mínimas condiciones contempladas en los estándares internacionales para ser consideradas como libres, justas y creíbles.

La larga lista de vejaciones y violaciones al derecho de decidir por medio del sufragio inicia con la elección ilícita de Ortega del 2006, resultado del pacto con el exmandatario Arnoldo Alemán. El dictador se fue adueñando de los poderes del Estado, incluido el Consejo Supremo Electoral. Seguidamente, se aprobaron leyes inconstitucionales que tuvieron por objetivo perpetuarse en el poder, sacando del juego político al liderazgo opositor de diversas tendencias, a aspirantes a cargos de elección, a militantes de organizaciones sociales, siguiendo con periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

A más de las 130 prisioneras y prisioneros políticos, se agregan 20 personas secuestradas en las dos últimas semanas, entre ellas, cinco precandidatos/as presidenciales, lo cual resulta insólito en la historia de los procesos electorales en el mundo. ¿Qué valor pueden tener unas elecciones en las que hasta quienes aspiran a la presidencia pierden sus libertades más básicas? Con estas últimas acciones, la dictadura ha dinamitado el proceso electoral.

Ya la comunidad internacional no puede seguir confiando en un proceso viciarlo, con «condiciones mínimas legales y operativas para llevar a cabo elecciones creíbles democráticas y competitivas». El régimen de Ortega Murillo no cumplió ninguno de los acuerdos contraídos en la negociación con la OEA, ni adoptó ninguna de las recomendaciones de las organizaciones de DDHH. Es cada vez mayor el repudio internacional al proceso electoral fraudulento que intenta realizar el régimen, un régimen que ha sido claramente identificado como autor de delitos de lesa humanidad.

Ortega ya optó por un modelo de elecciones fraudulentas y sin competencia, para continuar imponiendo un partido hegemónico, con o sin el eventual concurso de los partidos zancudos, nuevos y reeditados y el apoyo del empresariado que, pese a la persecución actual, confía en rehacer su esquema de «negocios y consenso», ignorando la total ausencia de institucionalidad democrática en el país.

El gran capital y los partidos políticos evalúan que participar en unas elecciones sin condiciones es una opción, pero esta opción significa un alto riesgo para la población y no incluye la justicia social ni la refundación de Nicaragua, que nuestro pueblo demanda y merece.

Algunos liderazgos y fuerzas políticas están dispuestas a aceptar que el régimen las deje como una segunda o tercera fuerza en estas elecciones fraudulentas de noviembre. Ya desde tiempo atrás hemos mantenido que estas elecciones, lejos de resolver la crisis nacional, solo conllevan a legitimar la farsa montada por Ortega, y, por consiguiente, la consolidación del régimen en el poder.

No se le debe pedir al pueblo nicaragüense votar por una candidatura que participe en la disputa a la presidencia, en las actuales condiciones, a cambio de algunos escaños para su partido en la Asamblea. No se debe seguir el juego de Ortega, para que presente internacionalmente a los participantes colaboracionistas como prueba de que hubo una competencia electoral democrática.

El argumento de que «nos vamos con el último gire quede», a todas luces se traduce en «vamos con el candidato que Ortega no inhiba y que le convenga». Tampoco podemos esperar que la comunidad internacional decida por nosotros y nosotras.

La AMS continúa abogando por la concertación de las fuerzas sociales y políticas, nacional e internacionalmente, haciendo énfasis en el desconocimiento del ejercicio electoral actual y del resultado ya anticipado de la votación y la demanda de otras elecciones, esta vez libres y observadas, con términos renegociados, sin represión ni persecución, sin presas ni presos políticos, sin personas exiliadas, sin inhibiciones, con observación nacional e internacional y sin estado de sitio policial y parapolicial.

Reconocemos el derecho ciudadano de cada nicaragüense al ejercicio individual y consciente del voto, nuestro llamado NO es al «no-voto» o a la abstención, sino a que las fuerzas políticas opositoras no legitimen mediante su participación un proceso viciado y amañado. La resistencia cívica, incluyendo la resistencia electoral en condiciones limpias, continúa siendo la base para lograr una verdadera transición, preferiblemente por la vía electoral, pero ya no serán las elecciones de Ortega de noviembre 2021.

INVITAMOS A LAS FUERZAS DE LA OPOSICIÓN AL REPUDIO CLARO Y SIN AMBIGÜEDADES DE TODO EL CIRCO ELECTORAL.

La Articulación de Movimientos Sociales mantiene su compromiso de continuar resistiendo en todo el territorio nacional y en el exilio, sumando voluntades y fortaleciendo los lazos de comunicación, concertación, alianzas y solidaridad con todas las fuerzas Azul y Blanco y la población autoconvocada y sus organizaciones, para avanzar en el derrocamiento de la dictadura.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

La situación de los derechos humanos en Centroamérica es lamentable

Por Giovanni Beluche V
Sociólogo

Es inadmisible la persecución que hace el gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores políticos en vísperas de las elecciones en ese país hermano. Una clara maniobra para proscribir las candidaturas de sus adversarios, tan burda como la inhabilitación que hizo el gobierno de Lenín Moreno para sacar de la contienda a Rafael Correa o la realizada por la derecha brasileña para quitar del camino a Lula Da Silva y que Bolsonaro tuviera vía libre.

La diferencia es que sobre lo ocurrido en Ecuador y Brasil no escuchamos el coro de condenas orquestado por los Estados Unidos y el séquito de gobiernos marionetas que abundan en América Latina.

Repito, es inaceptable, injustificable y condenable la persecución contra los opositores nicaragüenses.

Llama la atención que los grandes medios de comunicación dan escasa cobertura sobre el creciente autoritarismo del gobierno encabezado por el señor Bukele, que controla los tres poderes del Estado a sus anchas. El bravucón de Bukele que no toca a los criminales de la guerra civil que sufrió ese heroico pueblo durante los ochenta.

Tampoco hacen campaña sobre los posibles vínculos del gobierno de Juan Orlando Hernández de Honduras, surgido de un escandaloso fraude electoral, cuyo hermano está preso por narcotráfico en los Estados Unidos. Cuesta pensar que el reo no haya puesto dinero para la campaña electoral de su hermanito Orlando. Muy poco de esto se habla en los medios de Centroamérica.

Ni hablar de Guatemala, donde la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y la violencia de todo tipo contra las niñas, los niños y la gente humilde, cuenta con la complicidad de un Estado inútil. Sobre esto tampoco hablan en los medios.

Costa Rica no se queda atrás, los sectores hegemónicos están desmontando el Estado social de derecho y han arremetido contra las clases asalariadas y la pequeña producción urbana y rural, cargándole todo el peso de la crisis que viene desde antes del Covid 19. Los políticos y buena parte del empresariado costarricense, que gustan de criticar a Ortega, no dudaron en criminalizar la protesta social y proscribieron el derecho a huelga. Mientras, siguen rampantes escondiendo fortunas en paraísos fiscales, evadiendo y eludiendo impuestos de forma escandalosa.

En Costa Rica se mantienen impunes los asesinatos de dos líderes indígenas, recuperadores de tierras y cuidadores de la naturaleza. El Estado no solo no los protegió, como lo exigieron organismos internacionales, sino que ahora cubren de impunidad a sus asesinos.

Así las cosas, nuestra región se acerca a la celebración de su bicentenario de independencia, con muchas cuentas por saldar en materia de derechos humanos y de acceso libre a la información.

 

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

Trump, las elecciones de noviembre y el COVID 19. La apuesta por el caos y la limpieza étnica

Vladimir de la Cruz

Con asombro se ha visto, como desde el principio del desarrollo y expansión de la Pandemia del Coronavirus COVID 19, el Presidente Trump, en Estados Unidos, le ha restado importancia, ha retado a las autoridades científicas, de su propio país, en las medidas que hay que tomar, de carácter público y privado para enfrentar la expansión y controlar a los infectados.

Ha impuesto cambios en los mandos científicos que se han atrevido a cuestionarlo, o que sencillamente dan declaraciones científico médicas, que por su naturaleza desdicen lo que el propio Presidente afirma y alardea.

Trump ha desdibujado, sin que la realidad se lo confirme, el impacto de la pandemia, el número de contagiados y el de fallecidos. Para el día de las elecciones, el 3 de noviembre, se calcula que los infectados por la Pandemia, estarán en Estados Unidos alrededor de los 7 millones con casi medio millón de muertos.

Son las propias autoridades de algunos de sus Estados las que se han impuesto la tarea de enfrentar, con decisiones estatales, desde las Gobernaciones o desde las Alcaldías, especialmente las que están en manos del Partido Demócrata, que ha asumido un compromiso con la ciencia, la lucha por detener el impacto de la pandemia, por disminuir contagios y muertes, y por la vida.

Llevamos, desde diciembre hasta hoy, desde cuando se anunció el virus, casi 10 meses, de dicho impacto. Hasta marzo no se llegó a tener claro el impacto mundial, especialmente por la parálisis económica que empezó a producir, por el impacto en el desempleo que generó, por el rompimiento del encadenamiento mundial de las relaciones productivas y comerciales, por la parálisis del movimiento de mercaderías y de personas, con el cese durante semanas de medios de transporte internacional de todo tipo, debido a que esta es una de las fuentes más importantes de transmisión del virus.

Vimos como Trump utilizó, frente a la ciencia, el discurso de usar medicamentos que nada tenían que ver con la detención de la pandemia, y por el contrario, estimuló el uso de medicamentos que, en algunos casos, podían generar otros problemas a quienes los emplearan.

Finalmente, Trump ha tenido que ponerse el bozal, el tapa bocas, para algunos actos, en tanto se acerca el final de la campaña electoral, a escasas siete semanas, con cuatro partidos principales, el Republicano, el Demócrata, el Libertario y el Verde, y 16 partidos más de menor significado, sabiendo que no debe contagiarse ni enfermarse, de manera que lo incapaciten por varios días severamente.

Sin embargo, el bozal y el tapa bocas no le ha impedido seguir hablando, ahora exagerando, de que tendrá la vacuna para millones de personas antes del 3 de noviembre, día de la votación presidencial, de 34 senadores y de toda la Cámara del Congreso, donde arriesga a perder la mayoría que tiene su partido en el Senado. También anunciando que comprará, si pudiera hacerlo, todas las vacunas que se produzcan para su uso inmediato en Estados Unidos.

Con la elección presidencial también hay elecciones legislativas y de gobernadores en algunos Estados. Además, en algunos Estados se ha autorizado para que jóvenes de 16 años puedan votar por primera vez. Por ahora, su esfuerzo en el campo electoral, está en debilitar hasta donde pueda el proceso electoral mismo, restarle confianza a las elecciones, amenazar de que hay en marcha un gran proceso de fraude por parte de los demócratas, por el llamado a votar que hacen, de acuerdo a lo que la ley en Estados Unidos permite, por medio del voto llamado “ausente” y el voto “adelantado”. Estos votos se pueden emitir por correo.

El voto emitido por correo es una opción real y existente en todos los Estados de los Estados Unidos. Se necesita una excusa válida para solicitar esta forma de voto. La excusa válida existente hoy en Estados Unidos es la expansión de la Pandemia, de sus contagios y sus muertes, que es el principal país afectado en toda su magnitud, y la necesidad de no convocar ni hacer aglomeraciones humanas. En los Estados se tiene clara esta causa, para justificar las solicitudes que se hagan, para emitir el voto por correo, y no necesariamente en forma de voto presencial.

El Partido Demócrata ha llamado a quedarse en casa, para resguardar la salud y la vida de los norteamericanos, pero llamando a los electores a emitir su voto por correo, a ejercer el voto ausente y el voto adelantado. El Presidente Trump ha lanzado la gente a la calle. Para las elecciones quiere que menos gente vote por correo. Y promueve, con sus convocatorias y mensajes, reuniones masivas, con el efecto real del contagio, y de muertes.

En el voto adelantado no se requiere una justificación por parte del votante, pero en algunos Estados se requiere que este voto se haga en persona en la Oficina local donde se reciben estos votos. También los ciudadanos norteamericanos pueden votar desde el extranjero.

La dificultad electoral mayor es que en los Estados Unidos cada Estado tiene sus propias reglas electorales, particulares, junto a estas formas nacionales de emitir el voto. Lo que es real es que el Coronavirus ha impuesto la necesidad de que todos los Estados acepten, y faciliten que los ciudadanos puedan emitir su voto en ausencia por medio de Correo.

El Servicio Postal en Estados Unidos es de lo más seguro, eficiente, y rápido que hay. Es un organismo federal independiente. Los delitos que se cometen en este servicio se consideran delitos federales. Su organización es de lo más efectivo, creíble y preciso. Por correo es usual que se hagan pagos y se envíen cheques de cualquier monto. Es tan importante y seguro el Servicio Postal que las direcciones en Estados Unidos se dan y reconocen por las que tiene establecido el sistema postal, en ese país, de la misma manera como operan las licencias de conducir para la identidad de las personas. El servicio de correos es de lo más valorado y sagrado de la vida cotidiana de los estadounidenses, y emplea casi un millón de personas.

Trump ha puesto en duda su credibilidad y confianza, diciendo que por correo lo que se planea es un “fraude por el voto universal”, con todo el propósito de sabotear las elecciones, su resultado. A ello ha agregado que el voto por correo será “catastrófico”, “que nunca se va a saber cuando acaba la elección”, “que el resultado de las lecciones no se va a conocer” en “meses o años” porque las “papeletas se van a desaparecer”, Incluso ha maniobrado con la intención de posponer las elecciones, lo que se ha señalado que constitucional y legalmente no puede hacer.

Los expertos en las votaciones norteamericanas señalan, por los estudios que se han hecho de esos procesos electorales, que la posibilidad de fraude, por voto presencial, es de un 0,0001%, y de voto por correo, es de un 0.0002%, lo que no altera en nada prácticamente ningún proceso electoral.

En su campaña contra el Servicio de Correos Trump ha debilitado sus fondos públicos, hizo despedir miles de trabajadores de esa institución, ha propuesto aumentar las tasas de envío de paquetes hasta un 400%, ha recortado el pago de horas extras, ha establecido interrupción de repartos de paquetes y correspondencia, ha retirado buzones de correos de las ciudades, ha retirado máquinas clasificadoras automáticas de correspondencia de algunas oficinas, y en forma deliberada ha llamado a perder la confianza pública en el servicio de correos, y hasta ha hablado de privatizar el servicio.

Ha nombrado un director en el Servicio de Correos que intencionalmente ha hecho que no funcione bien, con el efecto inmediato de que no puedan cumplir a cabalidad para el día de las elecciones con su trabajo postal, y afectar de esa manera a los votantes que, obligados por la Pandemia no quieren ir a emitir su voto en persona, pudiéndolo hacer por correo, y exigiendo que lo hagan presencialmente, a la par del envío de su voto por correo, provocando de previo, lo que sabe Trump, un atascamiento en el conteo de votos, para que eso, el resultado, en caso de ser parejo, o con poco margen de ventaja para Biden, el resultado que impugnará él, señalando fraude, pase finalmente a la Corte Suprema de Justicia, que tendría la última palabra en definir el resultado, como ya lo hizo, en contra del partido Demócrata, en procesos electorales atrás.

Trump domina, con jueces republicanos la mayoría de la Corte. La reciente muerte de la Jueza demócrata lo está haciendo correr para asegurar su sustitución antes del 3 de noviembre, y fortalecer más la mayoría de jueces republicanos y conservadores.

Esta es quizá la carta que está jugando Trump con más fuerza. Provocar tal incertidumbre en el resultado para que eso lo decida la Corte.

El elector norteamericano no tiene la cultura política electoral de los electores latinoamericanos o europeos. Es baja y por ello casi no se presentan a votar. La Pandemia es un desincentivo para presentarse en urnas, de allí la importancia del voto por correo. Por ello la lucha de Trump por debilitar el Servicio Postal y cuestionarlo desde ya, de antemano, de que es el vehículo del posible fraude que puede sufrir, sabiendo que las encuestas le colocan hasta en 10 puntos de desventaja con Biden, aunque tenga sus zonas fuertes de votantes, a las que motiva a movilizarse el 3 de noviembre. El mismo Trump tiene que usar el voto por correo porque tiene su inscripción electoral en Florida y no en Washington.

El impacto de la Pandemia en la población norteamericana es principalmente en la población pobre, hispana, negra y afroamericana. De todos estos sectores la afroamericana es la mayor afectada. ¿Por qué? Porque tienen las peores condiciones de salud, de habitación, forman parte del desempleo, por la segregación histórica que han sufrido que los ha alejado de las posibilidades reales de servicios públicos buenos y satisfactorios, porque no hay inversiones en las comunidades afroamericanas, por las inequidades sociales a que son sometidos, porque tienen menos seguros de salud, menos ingreso y menos ahorros, porque los trabajadores negros o afroamericanos se ven obligados a seguir trabajando en las calles, en empleos que se realizan en las calles, haciendo trabajos duros y pesados. En este sentido se ha cuestionado la calidad de datos, sobre la Pandemia, que el gobierno de Trump ha saboteado, que no son claros y son manipulados.

Situación similar a la de los afroamericanos sufren los latinos o hispanos en Estados Unidos. A esto suman los ilegales o indocumentados, en Estados Unidos, que son millones. La cifra de muertos en Estados Unidos la disputan latinos y negros. Por número de casos de enfermos los latinos llevan la delantera, seguidos de los negros. Los “blancos” de Estados Unidos representan poco menos del 25% del total de enfermos y de fallecidos.

En la composición poblacional de los Estados Unidos, sobre casi 330 millones de habitantes, 196 millones se consideran blancos, 62 millones hispanos, 48 millones negros y 24 millones de otros grupos étnicos. Entre los hispanos el 62% son mexicanos, 9% centroamericanos y 8 % portorriqueños.

En general, los daños colaterales de la pandemia son la pérdida de empleos, el subempleo, el incremento de trabajos informales, la reducción y pérdida de ingresos y de ahorros, quiebra y cierre de empresas, inseguridad, desatención de las enfermedades crónicas, se han interrumpido parcial o completamente servicios para el tratamiento de la hipertensión; para tratamiento de diabetes y complicaciones relacionadas con la diabetes; para el tratamiento del cáncer y para emergencias cardiovasculares entre otros daños.

Para el Presidente Trump su indiferencia frente al problema de la Pandemia en Estados Unidos, calza con su visión de limpieza étnica que puede ocurrir con la Pandemia, enseñoreándose con negros, afroamericanos, latinos, mexicanos, portorriqueños, estos dos últimos grupos a quienes ha venido atacando, y refiriéndose a ellos despectivamente, desde que asumió la Presidencia. La pandemia le puede disminuir población, no importa en cuanta cantidad de millones, si es necesario, si lo que mueren son negros, afroamericanos, latinos, mexicanos, portorriqueños, y pobres, sobre todo si mueren votantes de estos grupos poblacionales. El aumento de muertos en la población blanca significa apenas un 10%, mientras que en negros es un 32% y en latinos o hispanos un 45%.

A esto apuesta Trump, limpieza étnica como daño colateral de la Pandemia. Es su cifra oculta de muertos. La convocatoria a la apertura y obligatoriedad del curso lectivo, valorando a los maestros como “trabajadores esenciales”, y teniendo claro que los niños serán propagadores silenciosos del Coronavid. La Asociación de Maestros de Estados Unidos ha denunciado que los quieren poner a trabajar sin garantizarles los recursos y las protecciones necesarias para hacerlo de manera segura, sabiendo que los están exponiendo, a maestros y estudiantes, al contagio, la enfermedad y la muerte.

Para Trump el escenario inmediato es el de la mayor apertura en la vida social, económica y educativa de los Estados Unidos, más muertes de afroamericanos y latinos principalmente, menos votantes en contra suya, caos electoral, cuestionamiento de las elecciones por supuestos fraudes ante la Corte Suprema de Justicia, posibilidad de que le atribuyan su triunfo si ese estudio de las elecciones se diferencia por poco margen en favor de Biden… una manera discreta, al estilo Trump, de hacer una autogolpe de Estado para permanecer en el Gobierno…

De resultar así, para el mundo, Trump simbolizará la pandemia mundial de la desglobalización, en todas sus facetas si sigue insistiendo en la ruptura de los procesos globalizadores que se han venido estableciendo de manera especial después de 1990, y tratando de imponerse mundialmente como única potencia, destruyendo el multilateralismo que se ha gestado. En pocas semanas sabremos cuál es el camino a seguir.

(Artículo publicado en Wall Street International Magazine el miércoles 23 de setiembre del 2020 y compartido con SURCOS por el autor).

La cantante y sonante afirmación del fraude electoral presidencial en Colombia

Por Carlos Meneses Reyes

 

El domingo 11 de marzo de 2018, se dispuso en Colombia para elegir la conformación del Congreso Nacional (Cámara de Representantes y Senado) y definida legalmente un ejercicio de democracia de una consulta para escoger candidato presidencial por dos partidos de inscripción electoral: una representada para escoger candidato presidencial de la derecha en la que competían tres aspirantes y otra para escoger el candidato presidencial de un sector progresista y de izquierda con dos aspirantes. Dos eventos de hondo calado para la suerte y vida política del país. Me dedicaré a conceptuar sobre la llamada consulta pública para que el elector colombiano escogiera sobre cuál sería el candidato a la presidencia de la República, bien fuere por la izquierda o por la derecha.

En horas de la mañana, en plena competición y desarrollo de las elecciones, se alteró la tranquilidad, se produjo ruido y desorden, generándose confusión por grupos cada vez más grandes de personas que hacían fila para votar, gritando a su vez que querían votar, que les dieran los tarjetones para decidir por quién votar, con relación a la escogencia del candidato presidencial de preferencia. Hablaban, gritaban y se movían exigiendo a los jurados de las mesas de votación que les dieran los tarjetones para escoger pues querían votar, en particular, por el candidato de la derecha, recibiendo como respuesta que se habían agotado los tarjetones, precisamente de la lista de la derecha. Esta situación se dio en varios puntos de concentración o centros de votaciones en la zona Norte del Distrito Capital Bogotá. En la odiosa distribución territorial por la inequidad reinante, el sector Norte de Bogotá, es clasificado como de estrato 4, 5 y 6, de las clases adineradas y sectores de la clase media arribista. El sector sur, occidental y cerros sur orientales corresponde a los estratos de miseria 0, 1, 2, 3, aglutinando a la Bogotá del “tercer mundo”. Pronto fue noticia nacional que, en otras ciudades del país, como Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, en varios centros de votación, se presentaba la misma u otra situación. El Registrador Nacional del Estado Civil, encargado de la logística, producción, distribución de tarjetones y material electoral ordenó que se supliera esa falta de tarjetones reproduciéndolos-sobre la marcha- mediante fotocopias. Se le entregara la fotocopia al elector que lo solicitara y que en el anverso de la fotocopia llevara la firma del jurado de dicha mesa. Así con esa medida perrata (expresión del Caribe colombiano de cualidad negativa que tiene o se le ocurre a cualquier persona) del funcionario público, toda la comunidad fue agraviada, ofendida. Con las declaraciones de ese funcionario se entronizó la infamia y resumió el oprobio que pesa sobre la dignidad del electorado colombiano. Ni la Tecnología de Punta CI3E, a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, bajo la protección del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral, trabajando en forma coordinada con 15 agencias del Estado colombiano para la protección de datos, archivos y material electoral, evitó la catástrofe de orden público nacional registrada. ¿Será posible superar ese oprobio de tantos más que se dan contra el pueblo colombiano?

Personalmente me correspondió sufragar en una de esas mesas donde faltaba el Tarjetón del candidato de la derecha. Al ver el montón de “tarjetones” burdos, toscos, mal impresos, casi ilegibles y con imágenes y nombres borrosos, exigí explicación y la del Jurado dijo: – “están firmados por mí”, con tan buena suerte que ese precisamente no tenía firma y en el acto plasmó su garabato o rayón. Le repliqué: – “! Se da cuenta. ¿Quién la ungió de autoridad para crear ese documento público de tanta importancia?”. Ya en el cubículo tardé en votar. Estaba indignado, por asistir a un Estado fallido, hasta en lo electoral.

LAS IMPLICACIONES DE LA FALTA DE TARJETONES

Se puede ventilar serie de argumentaciones de tipo legal y de tipo político. Valga desde ya he de aclarar, que, dada la naturaleza de esa consulta por escogencia de candidato presidencial, por más ilegitima que resulte, de por sí constituye un hecho político de relevancia para la derecha. Se dan tipificaciones de carácter penal, obvio; pero también derrotero y análisis de tipo político.

SITUACIONES PENALES

La Ley 599 de 2000 y Ley 184 de 2017, reseña los mecanismos de participación democrática electoral. El tipo penal se da al violarse el artículo 385, sobre perturbación del certamen electoral (democrático). Artículo 387, sobre constreñimiento al ciudadano al impedirle el libre ejercicio al derecho al sufragio. Artículo 387, el fraude al sufragante al darse la maniobra engañosa con votación parcializada, al momento de la elección, al candidato de derecha, en relación con de la contraparte de izquierda. Está dirigida la votación en “determinado sentido”. Artículo 393. Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. Artículo 394. Alteración de resultados. “El que…o introduzca documentos o tarjetones indebidamente incurrirá en prisión…”.

De otro lado se puede accionar en lo contencioso administrativo y tardarán cuatro años en resolverlo.

Los sujetos activos de este delito electoral, va desde la responsabilidad directa del Registrador Nacional del Estado Civil- Juan Carlos Galindo Vácha- hasta los Jurados de las mesas implicadas. Entre las mínimo treinta y dos formas de delinquir electoralmente en el espurio sistema electoral colombiano, está la designación, por tráfico de influencias, de Jurados y si no logran instalar sus fichas, acuden al mercadeo cual géneros vendibles en dinero. Y quienes firmaron “El Acta” entre el Registrador del Estado Civil y los delegados de los partidos, previendo que en caso de faltar material electoral se podría fotocopiar, pues decir que es a todas luces un documento espurio, sin garantía de fecha cierta anterior a las elecciones, sobre todo, monumental asociación para delinquir.

LOS EFECTOS POLITICOS

Sintomático que se diera esa situación de falta de tarjetones del aspirante presidencial de la derecha, en el Sector Norte de Bogotá. Se constituyó en verdadero proselitismo en pleno escenario de votación. El mensaje subliminal se cumplió, causó efecto y rompió las reglas del ejercicio democrático. Dejó al descubierto ante el mundo lo falsario del sistema electoral colombiano. Coloca en desventaja al candidato de la izquierda en relación con la primera vuelta. Consolida al Bloque de Poder Oligárquico en el que se incluyen los candidatos Iván Duque, Sergio Fajardo, De la Calle, Vargas Lleras. Todos aliados del Imperio y enfocados contra la República Bolivariana de Venezuela.

CASOS PUNTUALES DE SITUACIONES IRREGULARES EN LAS ELECCIONES DEL 11 DE MARZO 2018

1.- Denuncia Nacional e Internacional.

KEVIN CASAS ZAMORA- costarricense- Vocero Delegado de la OEA como Observador Internacional a las elecciones al Congreso (Senado y Cámara de Representantes) del 11 de marzo de 2018 en Colombia, y consulta electoral para candidatos presidenciales de izquierda y de derecha, es un compañero de curso en Oxford, del innombrable ex presidente colombiano con interés en imponer al candidato de la derecha a presidencia de la República. Generó escándalo mayúsculo en Costa Rica cuando el Referéndum en torno a firmar o no el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y USA. Siendo vicepresidente durante el mandato de Oscar Arias, junto con el Diputado Fernando Sánchez, suscribió un Memorándum dirigido al presidente Oscas Arias Sánchez, de la rancia oligarquía cipaya costarricense. Se conoce cómo el Memorándum del Miedo; impulsando una estrategia del miedo en el electorado costarricense mediante una circular que logró filtrarse y hacerse pública, en la cual disponía que la única manera de lograr el triunfo del SÍ al TLC era infundiendo miedo al electorado; propagando mentiras sobre la tragedia y desgracias cernida sobre los y las costarricenses, que significaría un triunfo del NO contra el TLC y con el “coco” del rompimiento de relaciones con EEUU y la pérdida de empleos, etc. También con el ofrecimiento de dadivas salariales al mínimo y escogiendo las compañías norteamericanas, mayoritariamente asentadas en Costa Rica, sobre el prurito de perder el empleo si votaban por el No al Referéndum por el TLC. En efecto triunfó el SÍ con un 1% de diferencia con los del NO.

Sin autoridad moral es un exponente de la pos verdad. Esas denuncias contra Kevin Casas fueron de conocimiento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), organismo de la OEA y le costaron el cargo a Kevin Casas Zamora.

Sorprende que hoy sea el delegado emblemático de Almagro en Colombia, para “supervisar” el desarrollo de unas elecciones regidas por un sistema electoral corrupto y que no permitió la implementación de una Reforma Electoral de Fondo, para las actuales elecciones de 2018. Kevin Casas representa los intereses de la CIA, los de los gobiernos neoliberales asentados en la OEA. Su iniciativa macabra constituyó inspiración intelectual para la campaña mentirosa, falsaria y espuria del NO en el plebiscitó contra el fin del conflicto armado interno con las Farc-ep.

La presencia de Kevin Casas Zamora, en Bogotá, obedeció a todo un despliegue publicitario y paralelo presentando las elecciones de 2018 coma las más pacificas en un país tan polarizado; apropiándose de un ambiente auspiciado por la OEA, a la cabeza de Almagro, y la difusión por la dictadura mediática imperante en Colombia, de estar dadas las condiciones para que en el mes de abril, es decir, antes de las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 2018, reñidas y competidas, el presidente Trump visite a Colombia y a verificar el funcionamiento de sus bases militares instaladas en la segunda patria de Bolívar. Esa visita anunciada no es más que la desestabilización para Venezuela y Colombia. Significa la consolidación del fraude electoral en términos prácticos, ante unas elecciones presidenciales reñidas y competidas. Nada mas inconveniente para la convivencia colombiana que la anunciada visita de Trump; que pudiere generar un rechazo de masas populares a semejanza del rechazo que inspiró la visita de David Rockefeller en 1968.

2.- EL VIDEO VIRAL de la entrega de dinero, en un Coliseo, luego de una reunión política de aspirantes al Senado y Cámara en la que se ve y escucha la promesa venal y que hay más dinero para la próxima reunión. El hecho ocurrió al cierre de la campaña electoral, es decir, una semana antes de los comicios, en un Barrio del Municipio de Tumaco, Nariño. Tan notoria situación no fue ventilada por el flamante delegado de la OEA, de Almagro. Ni mu.

3.- VALIENTE DENUNCIA EN CARTAGENA. En vídeo que circula prolíficamente, una activista popular anónima, se dio a la tarea de escarbar durante las horas de la noche del domingo 11 de marzo de 2018, la basura que acumulaban del Centro de Votaciones en Cartagena de Indias. Abriendo las bolsas de basura encontró que cientos de tarjetones marcados durante la Consulta Electoral a favor del candidato Gustavo Petro Urrego estaban rotos y arrojados. Cuidadosamente recogió todo ese material electoral que había sido marcado por los electores y lo llevó a su residencia. Todos tarjetones rasgados con la marca de selección de Petro. Además, tarjetones para mercar al Senado. La diligente activista encontró en medio de los tarjetones marcados a favor del candidato Petro, al menos la identificación de dos Mesas y actas de los jurados de esas mesas. Esto causa asombro, extrañeza, sorpresa. Es Inadmisible e inaceptable. Que tome nota el mundo de la verdadera situación de terror y de corrupción que asola al país. La comunidad internacional debe rodear de seguridad la integridad física personal, de esa activista, de su familiares y vecinos del y barrio popular donde vive. Que no la toque el Terrorismo de Estado, contrainsurgente y paramilitar imperante en Colombia. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, asuma gestiones oficiosas por decretarle medidas preventivas a su favor. Ya Basta. ¡Ni un líder social ni activista más asesinado en Colombia!

 

Enviado por el autor.

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