Por Giovanni Beluche V
Sociólogo
Es inadmisible la persecución que hace el gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores políticos en vísperas de las elecciones en ese país hermano. Una clara maniobra para proscribir las candidaturas de sus adversarios, tan burda como la inhabilitación que hizo el gobierno de Lenín Moreno para sacar de la contienda a Rafael Correa o la realizada por la derecha brasileña para quitar del camino a Lula Da Silva y que Bolsonaro tuviera vía libre.
La diferencia es que sobre lo ocurrido en Ecuador y Brasil no escuchamos el coro de condenas orquestado por los Estados Unidos y el séquito de gobiernos marionetas que abundan en América Latina.
Repito, es inaceptable, injustificable y condenable la persecución contra los opositores nicaragüenses.
Llama la atención que los grandes medios de comunicación dan escasa cobertura sobre el creciente autoritarismo del gobierno encabezado por el señor Bukele, que controla los tres poderes del Estado a sus anchas. El bravucón de Bukele que no toca a los criminales de la guerra civil que sufrió ese heroico pueblo durante los ochenta.
Tampoco hacen campaña sobre los posibles vínculos del gobierno de Juan Orlando Hernández de Honduras, surgido de un escandaloso fraude electoral, cuyo hermano está preso por narcotráfico en los Estados Unidos. Cuesta pensar que el reo no haya puesto dinero para la campaña electoral de su hermanito Orlando. Muy poco de esto se habla en los medios de Centroamérica.
Ni hablar de Guatemala, donde la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y la violencia de todo tipo contra las niñas, los niños y la gente humilde, cuenta con la complicidad de un Estado inútil. Sobre esto tampoco hablan en los medios.
Costa Rica no se queda atrás, los sectores hegemónicos están desmontando el Estado social de derecho y han arremetido contra las clases asalariadas y la pequeña producción urbana y rural, cargándole todo el peso de la crisis que viene desde antes del Covid 19. Los políticos y buena parte del empresariado costarricense, que gustan de criticar a Ortega, no dudaron en criminalizar la protesta social y proscribieron el derecho a huelga. Mientras, siguen rampantes escondiendo fortunas en paraísos fiscales, evadiendo y eludiendo impuestos de forma escandalosa.
En Costa Rica se mantienen impunes los asesinatos de dos líderes indígenas, recuperadores de tierras y cuidadores de la naturaleza. El Estado no solo no los protegió, como lo exigieron organismos internacionales, sino que ahora cubren de impunidad a sus asesinos.
Así las cosas, nuestra región se acerca a la celebración de su bicentenario de independencia, con muchas cuentas por saldar en materia de derechos humanos y de acceso libre a la información.
Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.
