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Etiqueta: fuerzas armadas

El general Zúñiga en su laberinto

Por Vladimir Huarachi Copa

Desde hace mucho tiempo, el general del ejército Juan José Zúñiga Macías, venía trazando su camino en forma de laberinto y fue hasta el miércoles 26 de junio de 2024, que no pudo salir del mismo. La forma como se iba exponiendo en distintos eventos civiles donde era invitado, no era común de un militar de su rango que se muestre como un político en campaña, al menos no de este tiempo. Pese a ello, nadie de su entorno cercano ni mucho menos sus inmediatos superiores le explicaron que estaba entrando a un túnel aparente de proselitismo político, que con el paso de los días empezó a perderse en su accionar.

De algunos días hacia acá, pasó de posarse en eventos civiles a verter comentarios sobre un político en particular, Evo Morales, y, peor aún, se puede decir, a confundir algunos artículos, 245 y 246, de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, referentes a las fuerzas armadas (FF.AA.), que le catapultaron a la movilización de los medios de comunicación tradicionales y digitales, donde sus argumentos fueron tomados como acertados y desacertados para la población. Tras generar este hecho, al encontrarse en un retorno sin salida dentro de su laberinto, aparentemente, optó por seguir vías trazadas por aquellos que no le limitaron su accionar frente a la población civil.

Ya encontrándose en situación de afronte con aquel que le había dado el camino de salir de su laberinto por la fuerza, aparentemente, desistió tras un cruce corto de palabras, que luego de su retiro de Palacio Quemado (gobierno), donde se encontraba Luis Arce, presidente de Bolivia, a quien se lo sindica de ser posible autor intelectual del golpe de Estado; alcanzó a exponer que su hecho se fundaba en contra del deterioro de la democracia a causa de la elite política, que por esa razón y otras más, las FF.AA. iban a tomar el gobierno del país. Pero esta aventura golpista, como luego lo llamó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el más convencido de su papel de titán con el país, terminó con la toma de un nuevo alto mando militar.

Con la toma de este nuevo mando militar de las tres fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana, aquel general de ejército, que se dice que vino forjando su carrera militar desde muy abajo de su promoción, hoy, quedó en la soledad de su laberinto. Con ello, el país al que en su imaginario trató de “salvar”, de nueva cuenta volverá a enfrentar sus desavenencias políticas, económicas y sociales, con una desprestigiada FF.AA. y una democracia decadente.

Sobre el asesinato de un niño y otro joven que intentaban robar ropa

Por Carlos Meneses Reyes

Lo sucedido el pasado viernes 08 de octubre, en el municipio colombiano de Tibú, zona fronteriza con Venezuela, en el que fueron asesinados un niño y un joven de nacionalidad venezolana y dejados sus cuerpos baleados en la cabeza, en la carretera de salida, en un barrio de esa localidad; fue un claro y escueto linchamiento, iniciado en un local comercial al que presuntamente entraron, el niño de 11 años y el joven de 17 años dizque para robar ropa.

Las secuencias fotográficas existentes registran que ambos salen de los vestuarios con ropa del almacén puestas y presumible iban a huir sin pagarlas. Así expuesto, se trataría de un intento de hurto, al no mediar violencia alguna. No de robo, en el que el elemento violencia es lo determinante. Impetuosamente, esa si en forma violenta y grave, el propietario o encargado del almacén, procede a retenerlos, impidiendo que huyan o se salgan. Se forma la trifulca y en medio del alboroto aparece un justiciero, quien con infundada autoridad los condena y con ayuda de un secuaz los filman con un celular y habla: “Vamos a entregar a estos muchachos a las autoridades, para que se hagan cargo de los individuos estos, lamentablemente son muy jovencitos, no queremos verlos mañana tirados en la orilla de la carretera, bajo nuestra responsabilidad están”. Falso. El motivo o causa del suceso estaba determinado desde el momento en que inició la arbitraria retención. No digamos que se desvaneció la intención de entregarlos a las autoridades; sino que el sujeto incriminado relató el modus operandi de finalidad in si tu (en el lugar del hecho). En unos minutos, sujetos armados que se movilizaban en motocicletas, llegaron al almacén y se llevaron -a ojos vista- a los dos jóvenes. Minutos más tarde, los jóvenes fueron encontrados asesinados, con disparos en la cabeza, en Barrio Largo, en la vía que conduce a El Tarra. Un oficial de la Policía explicó que en momento alguno recibió llamada del propietario o encargado del almacén de ropas, ni ningún reporte por parte de la comunidad, ni se enteró del tumulto ocasionado por lo que estaba ocurriendo a las dos víctimas, vilmente asesinadas.

Versiones publicadas relatan que en la retención de los jóvenes también acudieron algunos habitantes, comerciantes y mototaxistas, de esa población de El Catatumbo, que les ataron las manos y les colocaron carteles que decía “ladrones”. Dizque al parecer las autoridades policiales no se enteraron de tamañas violaciones a sus derechos y todo ese proceder reprochable.

Desde el primer momento el niño y el joven fueron objeto de un linchamiento, resultado de ejecución tumultuaria, con claros sujetos individualizados y reconocidos, con la intención de aplicar justicia por mano propia. Colocados en una situación de indefensos al que fueron sometidos; con desconocimiento total de su condición notoria de menores; descartando cualquier emulación a la protección especial conque cobija la ley a los menores de edad. Ya el que hayan aparecido asesinados, es una relación concomitante que acompaña la acción delictiva, desde el inicio mismo de la retención de los menores.

Destaca un factor de distracción en todo este entramado: un oficial de la Policía resaltó que no tuvo ningún reporte, por parte de la comunidad o interesados, sobre el hecho que estaba ocurriendo con las dos víctimas asesinadas.

Como sujetos activos del linchamiento y ejecución de los dos menores de edad, están involucrados: el propietario y /o empleados del almacén. El autor de los vídeos que graba a los niños y al justiciero que adelanta sentencia, ni siquiera sumaria, al hacer apología del delito y entregar al niño y al joven a la muerte segura. Quienes les ataron las manos y colocaron los letreros. A la Policía del lugar que no se hizo presente y que con su omisión permitió la incursión de los sujetos armados; en un acto de sinceridad narrativa, ante la protuberante pestilencia y corrupción por acusaciones de vínculos con el para militarismo que asiste a la institución de las fuerzas armadas en Colombia. Los mismos medios de difusión oligárquicos reseñan, que precisamente, el doble asesinato hoy tiene en apuros a los policías de Tibú, pues varias personas que estuvieron presentes cuando los jóvenes fueron atrapados, presuntamente, robando en un local de ropa, denunciaron que llamaron más de una docena de veces a las autoridades para que se hicieran cargo de ellos, pero que jamás les contestaron.

HIPÓTESIS: El Terrorismo de Estado imperante en Colombia, ha dado instrucciones a los colaboradores paramilitares, para mantener “el orden” y la “seguridad”. Resalta una permisividad de actuar manifiesta. El tratamiento contra insurgente dado a la protesta social ha agudizado el problema de inseguridad en el país. Se asiste a un Estado inviable. Difunden la especie que las insurgencias colombianas armadas impulsan la tal “limpieza social”, dizque para obtener adeptos o aceptación en las comunidades y dizque tal fenómeno se agudizara hasta después de las elecciones del año 2.022… Tamaño despropósito no tiene cabida. Solo a un montaje de la inteligencia militar se puede explicar el que en días pasados aparezca un panfleto atribuido al EJERCITO POPULAR DE LIBERACIÓN (EPL) en el que anuncia que pondrá en práctica la tal “limpieza social” matando bazuqueros, traficantes, ladrones, en todo el país. Es decir, a un reducto que actúa principalmente en El Catatumbo, la Provincia de Ocaña y el Sur del Cesar, le dan a gratuito una cobertura nacional. Por el solo análisis de prensa de la región, inducen a que están siendo duramente golpeados y de buenas a primeras aparecen actuando con presencia en todo el país. De otro lado, la mediática falsaria difundió, de buenas a primeras, que los autores de los asesinatos del niño y el joven venezolanos, son las Nuevas Farc, que operan en Tibú, todo el Departamento de Norte de Santander y se a extienden al Magdalena Medio, bajo el mismo nombre de Frente 33 de las antiguas farc, como resultados de los incumplimientos oligárquicos a los Acuerdos de La Habana. De por sí, las guerrillas colombianas son anticapitalistas y no van a maquillar a una sociedad corrupta y en decadencia. Eso explica la no sintonía de la lucha armada con la solución inmediata a los graves problemas sociales y políticos, que genera el dominio de la corrupción y el destrozo de la cosa pública en Colombia. Ellos esperan que el Estado se auto destruya y en modo alguno contribuirán a que en forma alterna y sabia aplicación política, se pueda remediar el ejercicio del poder político en Colombia.

Que la opinión internacional y la comunidad mundial sepan de la grave situación y carencia de intervención estatal en Colombia, para recuperar el respeto a los Derechos Humanos en todos sus grados y generaciones. No se puede continuar con el solo registro de cifras.

Ahora aparece foto del joven asesinado en Tibú

Los nombres completos y verificación de nacionalidad y datos personales de los dos asesinados, pareciere un misterio. Esta clara la identidad del niño de 11 años, de origen indígena wayuu, y la penosa espera de su madre por recuperar su cadáver; pero del segundo, de cerca de 17 años- conforme a la denominada edad corporal, diferente a la edad real- no se sabe. Surgen especulaciones para deslustrar su minoría de edad. Entonces opera la mediática falsaria: difunden, según medios venezolanos de oposición, que la familia de Jackson Enrique-de quien informan es un desaparecido-vive en el sector Las Virtudes del municipio Tulio Febres Cordero, del Estado Mérida, en Venezuela; pero que no contarían con dinero para trasladarse a Cúcuta a identificarlo plenamente y solicitar la entrega del cuerpo para llevarlo y sepultarlo al otro lado de la frontera. Anuncian que Jackson Enrique Arriaga Parra, en medio del atroz hecho que se dio la mañana del viernes 08 de octubre y que ha causado rechazo, conmoción y la motivación del presente artículo, es un hombre, de 23 años, que al parecer es padre de una niña… Las fotografías lo muestran saliendo del vestidor con camisas que se estaba midiendo… No indica esto hasta ese momento acción delictiva. Así fueron apresados con las ropas puestas… Las mismas con las que fueron encontrados sus cuerpos acribillados… Un medio como el diario La Opinión, se presta al montaje. Da por cierta la identificación del “otro” asesinado, cuando corresponde es al forense venezolano identificarlo y que la inexistencia de unas relaciones exteriores, impiden que se aclare la identidad del occiso y por ende la carga de esa identidad la asuma el Estado colombiano.

Un análisis de las dos fotografías que aparecen en ese diario, en la edición del 14 de octubre, de la faz izquierda del occiso, atinente a la morfología de la oreja derecha, tanto la del joven encontrado asesinado como el del “desaparecido” Jackson Enrrique, permiten destacar y determinar: 1. El tuberciulo de hélice- elix- conocido como Pabellón de la oreja- no coinciden en absoluto, en las dos fotografías. La del asesinado es más protuberante y en modo alguno el pabellón de la oreja de Jakson esta aprisionado por la orilla de la gorra, conque aparece en la fotografía. La raíz de hélice que penetra al oído interno no logra preciarse en las dos tomas fotográficas; pero si por el trago (no trazo), que da al orificio auditivo, se puede apuntar una coincidencia; impera la guía de los expertos: “la naturaleza nunca se repite así misma” y es diferente hacia la concha, o parte interna del pabellón la figura, forma, hechura o configuración de esa dos orejas. Y en cuanto a la zona de la oreja llamado antitrago, que está al frente del trago, denota forma diferente, en ambas fotografías. Qué no resaltar del lóbulo de la oreja que son totalmente diferentes y que significan el elemento de mayor identificación forense. De manera, que, a simple vista, se trata de dos orejas diferentes y por ende de distintas personas… A la inteligencia popular no se le mete el dedo en la boca… El militarismo de derecha narco en el poder, quiere o aspira a confundir en la minoría de edad de los dos asesinados, por sus aliados paramilitares.

Al momento de concluir la redacción de este artículo, el diario La Opinión de Cúcuta en edición de domingo 17 de octubre de 2021, anuncia que la Familia del joven asesinado en Tibú llegó a Cúcuta. En tanto, la fallida política e inexistente diplomacia del gobierno títere colombiano, para con la soberana República Bolivariana de Venezuela, le da plena jurisdicción a la Justicia Internacional, en este aberrante caso.

¿Impeachment contra Bolsonaro?

El “escenario teleológico” sería aquel en el que “la finalidad” de los procesos creativos era planeada por modelos finitos que podían intermodelar o simular varios futuros alternativos y en los que primaba la intención, el propósito y la previsión, pero tras el triunfo de Bolsonaro asistimos a la irrupción del “escenario teleonómico” que vendrá marcado por dosis extremas de volatilidad.

Germán Gorraiz López*

Triunfo de Bolsonaro

Tras el khaos surgido en una sociedad brasileña corroída por la corrupción y que alcanzó al entonces Presidente Temer, se produjo el triunfo en el balotaje del ultraderechista Jair Bolsonaro quien conformó un Gobierno tutelado por la Administración Trump con el objetivo confeso de convertir a Brasil en el paradigma del nuevo orden geopolítico y económico del establishment neocon de EE.UU en América Latina y el Caribe. Dicho plan se basaría en lo económico en la absorción por la Alianza del Pacífico de las actuales estructuras económicas supranacionales (ALBA y MERCOSUR) y en lo político en sustituir a los Gobiernos refractarios a los dictados de Washington (Nicaragua y Venezuela) por Gobiernos que gravitarán en la órbita de EEUU. Asimismo, la Administración Trump consideraba a Brasil como un potencial aliado en la escena global al que podría apoyar para su ingreso en el Consejo de Seguridad de la ONU tras la asunción por Brasil del papel de «nuevo gendarme neocon” en Sudamérica. Así, se preparaba la entrada de Brasil en la OTAN como “socio global” como ya hiciera en su día Colombia, con lo que se estaba tejiendo la telaraña que intentará la invasión de Venezuela en el horizonte del 2022 y de lo que sería paradigma la apertura conjunta con EEUU, Perú y Colombia de una base militar en pleno corazón del Amazonas, proyecto conocido con el nombre de Amazonlog 17, proyecto que tras la victoria de Joe Biden quedará en el olvido.

Bolsonaro y la herencia trumpiana

El ideario de Bolsonaro incluyó los puntos esenciales del ideario trumpista: Maniqueísmo, uso de las fake news, culto al líder y finiquito de lo “políticamente correcto”. Así, el pensamiento de Bolsonaro sería rígido e incorregible: no tiene en cuenta las razones contrarias, sólo recoge datos o signos que le confirmen el prejuicio para convertirlo en convicción y sufre de un delirio de grandeza que provoca que “el individuo se crea dotado de un talento y un poder extraordinarios debido a que las deidades le han elegido para una alta misión” (Derrotar al Socialismo). Asimismo poseería un ADN dotado de la triple enzima trumpista (autocracia,instauración del paraíso neoliberal y retorno al “pensamiento único heteropatriarcal”) y perseguiría la instauración de un sistema autocrático, forma de gobierno ejercida por una sola persona.

La autocracia, del griego autos (por sí mismo) y kratos (poder o gobierno), sería la forma de Gobierno ejercida por una sola persona con un poder absoluto e ilimitado, especie de parásito endógeno de otros sistemas de gobierno (incluida la llamada democracia formal), que partiendo de la crisálida de una propuesta partidista elegida mediante elecciones libres llegado al poder se metamorfosea en líder Presidencialista con claros tintes autocráticos (inflexible, centralista y autoritario), lo que corrobora la tesis de Lord Acton “El Poder tiende a corromper y el Poder absoluto, corrompe absolutamente”.

Los sistemas autocráticos (gobiernos de facto), serían pues una especie de dictaduras invisibles sustentados en sólidas estrategias de cohesión (manipulación de masas) y represión social (promulgación de Decretos-Leyes que rozarían la constitucionalidad pero que quedarán revestidos por el barniz democratizador del Tribunal Constitucional), síntomas evidentes de la deriva totalitaria del Gobierno de Bolsonaro tutelado por las Fuerzas Armadas. Como en el caso de Trump, la propaganda de Bolsonaro estuvo dirigida no al sujeto individual sino al Grupo en el que la personalidad del individuo unidimensional se diluye y queda envuelta en retazos de falsas expectativas creadas y anhelos comunes que lo sustenta y su estrategia electoral se basó en el lema de Trump (Ley y Orden) y en la defensa a ultranza del neoliberalismo fascista como último reducto de las libertades individuales frente al “Estado Totalitario Socialista de Lula”.

¿Se prepara el impeachment contra Bolsonaro?

Bolsonaro se habría convertido en el vivo reflejo de la incongruencia trumpiana que consigue desarbolar cualquier estrategia opositora que sea mínimamente racional y como en el caso de Trump, sus controvertidas decisiones y manifestaciones rozarían la megalomanía, “entendido como delirio de grandeza que provoca que el individuo se crea dotado de un talento y un poder extraordinarios debido a que las deidades le han elegido para una alta misión” (implementar el paraíso neoliberal fascista en Brasil ). La paranoia de Bolsonaro se habría agravado al verse afectado por el llamado “sindrome de hydris” citado por el médico y político inglés David Owen en su obra “The Hybris Syndrome: Busch, Blair ant the Intoxication of Power”, término que procede de la palabra griega “hybris” y que significa desmesura.

Así, la frivolización del coronavirus por parte de Bolsonaro ( el coronavirus es una gripecilla) así como su negativa a adoptar medidas quirúrgicas en los principales focos de transmisión del coronavirus de Brasil, ha derivado en una auténtica pesadilla con sus consiguientes efectos colaterales en forma de reguero de contagios (cerca de los 14 millones); de muertos (más de 360.000 fallecidos), colapso de los servicios médicos, paralización de la actividad productiva y entrada en recesión de la economía, panorama dantesco ante el que Bolsonaro sólo es capaz de exclamar que “Brasil es un barril de pólvora” debido a las restricciones implementadas por Gobernadores locales como el de Sao Paulo, Joao Doria que ha calificado a Bolsonaro como “líder psicópata”. Sin embargo, Joe Biden habría dado por amortizado a Bolsonaro y busca su defenestración política y el primer movimiento sería la ratificación por la Corte Suprema brasileña de la creación de una comisión en el Senado para investigar la actuación de Bolsonaro en la actual pandemia, no siendo descartable un próximo impeachment contra él acusado de “dejación de funciones y no salvaguardar la vida de los brasileños” tras el que Bolsonaro quedará abandonado a su suerte y a merced de los futuros procesos judiciales que le aguardan.

* Analista

 

Foto: https://radio.uchile.cl

La mala sombra del innombrable

Carlos Meneses Reyes

Por la calidad del sujeto abordado, en modo alguno redactaré un libelo, que de por si es siempre injurioso; acomodándome a repasar un escrito a manera de diatriba, que en el arte de presentación redactada puede ser o resultar seria y/o respetable, bajo ningún parámetro elogiosa.

Lo de sombra alude a una sensación o efecto bidimensional. Dejemos al Innombrable de una sola dimensión: de faceta intrascendente de algo. Las ramas, dan sombra. La sombra conlleva a un texto invertido. En el famoso cuadro del pintor renacentista.

Massacio (1.425), San Pedro cura a los enfermos con su sombra. Lo de texto político es más exigente que lo de texto literario. No. La acepción adecuada a desarrollar es la del imperio de las sombras, que aloja el sitio de los muertos. Para un personaje oscuro lo cubre es la sombra de la noche; las sombras del crimen. Media lo sombrío. No protección. Para el lector político, el que estuviese a buen recaudo por la justicia colombiana: pues al meterlo a la cárcel y reseñarlo, lo pusieron bajo la sombra.

Diversos artículos sobre el sombrío personaje destacan que “alentó una polarización radical en la sociedad”. “sus presuntos vínculos con grupos paramilitares…” (aunque a la sazón no ya tan presuntos). Paseaba por el país con un discurso de mano fuerte; sosteniendo que “la nación entera clama por reposo y seguridad” y a la sazón apoyando, con sospechoso afecto, a las Fuerzas Armadas. Su perseverancia en la seguridad, no es que lo lleve a ser un “un gran comunicador”; resulta ser un manipulador con acomodo a “su” verdad. Es autoritario por imponerse por pasión, venganza, odio; algo que no admite se le compare, por ejemplo, con Hugo Chávez; quien no perteneció a ninguna oligarquía tradicional y tampoco necesitó ser adobado con maquillajes publicitarios. jamás uso “gafas de seminarista” por lo que no tuvo que acudir a costosas monturas de Armani.

Los aúlicos del sujeto de marras resaltan la disciplina que practica: como el rasgo de meter los pies en hielo para no dormirse. Esto alude a la escena de la película del Código de Da Vinci, del coadjutor en el Vaticano que se auto flagelaba; puesto que al no explicar los alcances de esa auto tortura, deja que desear en lo subliminal del hecho.

En forma perniciosa es constante la glosa de su perseverancia en la seguridad como el camino de la paz. No mencionan para nada su caída como ídolo con los pies de barro, que resultó. No requiere aguda creatividad la emulación de una presentación como Mesías y su relación con el grupo paramilitar porque el que responde su hermano, denominado de los 12 Apóstoles. Sin embargo, predomina el modelo cívico- militar del para militarismo contra insurgente con las autodefensas y extendidas a comunas populares en ciudades. Al uso del “sapeo” y la compraventa de votos; así como a la malévola practica de las recompensas, como desangre del erario público.

En tratándose del perfil del sujeto objeto de estas apreciaciones resulta difícil no acudir a fuentes como la organización National Security Archive, que publica documentos en desarchivo de agencias de inteligencia y en ocasiones de agencias gubernamentales, que aluden a tratos y relaciones del Innombrable con grupos paramilitares, en curso de investigación y cargos específicos en su contra, también por masacres. No puede brillar por su ausencia, la nunca irrelevante cita del número 82 de la lista de vínculo con el narcotráfico y al que aluden siendo gobernador de Antioquia. Acusaciones que al propio hacen hasta antiguos compañeros suyos del partido liberal colombiano. Las aseveraciones del narco paramilitar Don Berna de su apoyo con grandes sumas de dinero para la candidatura de él y sus familiares, de al menos cita y referencia en su entorno familiar de su primo ex senador y condenado Mario Uribe.

En la actualidad se le conoce por los apodos.

Algo de suma importancia como es el que se haya adoptado como distintivo del sujeto analizado la generalizada y popular denominación del INNOMBRABLE. No se puede reducir a un pasaje anecdotario de trámite en el Senado, en sesiones del año 2014, en que al senador Iván Cepeda solo le permitieron adelantar uno de los tantos debates sobre paramilitarismo en ese recinto; permitiéndole el hacerlo en una comisión, bajo la exigencia de no mencionar el nombre de ese ex presidente y que aunque Cepeda ignoró esa prohibición se ganó el apodo de “el innombrable”. Castran la inventiva de la creatividad popular. El primer apelativo o alias a él asignado fue el de “Miniführer”. Y el del Innombrable obedece a la picaresca popular, dada su personalidad psicopática narcisista y para contrarrestar el efecto de culto a la personalidad por parte de sus sectarios. Surgió de cualquier analista de provincia al emularlo con el famoso inicio “de cuyo nombre no quiero acordarme…”. Posteriormente dada su tendencia a la litis-manía, optando por denunciar por injuria y calumnia a todo el que lo criticare y por ende mencionare, pues se acreditó con más énfasis el apodo. Esa manía por litigar o pleitear ha sido la causante de sus desvelos judiciales actuales que resultaron con efecto bumerán. Hasta el registro actual de desistir de las demandas de injuria y calumnia contra opositores parlamentarios, sobre el vago argumento de no encontrar garantías en los magistrados de la Sala Disciplinaria encargados de conocer. Fácil concluir que acudirá a la justicia por mano propia. Por ello también es dable concluir que el destino del Innombrable no es “la pelea”; como la del disidente contra todo lo establecido, que dice defender.

Estadio en el movimiento popular actual asociado con el innombrable.

En Colombia desdibujan lo de las oligarquías, conllevando a perdida de claridad y precisión. La hegemonía conservadora de finales del siglo XIX y parte del Siglo XX, trascendió lo de oligarquía tradicional de la capital, bifurcando a las oligarquías regionales, como grupos de poder (corporativamente: grupos de presión). Se formó la casta politiquera de los caciques regionales; afianzada durante el prolongado Frente Nacional excluyente impuesto en 1957, hasta la fecha, contra toda expresión de oposición y libre pensamiento. Esas castas en el poder afinaron lo de la representatividad política basado en un sistema electoral clientelista y corrupto, cual eficaz maquina aceitada; lo cual permitió asentarse a los clanes de la droga, que como antecedente traduce en la construcción de un Estado mafiosos o Narco Estado, de naturaleza y características materia de mayor detenimiento y análisis.

Al personaje no se le concede gratuidad. Algunos resaltan que simplemente no pertenecía a la oligarquía tradicional de la capital. Pasan por alto la década de enfrentamientos de fracciones internas de la oligarquía colombiana, dentro de su seno, como adalid del latifundismo agro industrial, bajo la privatización a ultranza en el acumulado ahorro de capital narco ganadero; con el perenne enfrentamiento con otra fracción oligárquica de los financistas transnacionales, tradicionales amigos del Club del Coutry, emparentados con J.ML Santos, quien paso a ser su contradictor luego de protegido y aliado en crímenes de Estado, como su ministro de la guerra; siendo ambos involucrados en los falsos positivos.

El alcance de hito histórico inocultable, radica en que experimentan con el oligarca regional, proveniente de campesinos ricos, aliado del narcotráfico, materializando las doctrinas militaristas en la conducción del Estado. Luego de una década de “horrible noche” prima una escogencia tacita de Centro, en el seno de la oligarquía, ante el fracaso del experimento paramilitar de guerra total contra la insurgencia; para luego resolver la contradicción interna volviendo al predominio del centrismo pacificador, encarnado en la búsqueda de la salida política al conflicto armado con las antiguas Farc y una vez obtenido su desarme y desmovilización, contribuir a la situación de desconocimiento e instalación del sucesor en el maquiavelista juego oligarca de perpetuación del poder. Todo bajo la característica de un Estado mafioso; manteniendo la alternante frente nacionalista, gracias a elecciones, bajo un sistema electoral corrupto y clientelista, de compra de votos, inyección de dineros narcos bajo la égida de mafias electorales, que dibujan el panorama actual de coordenada “institucionalidad” gubernamental. A este escenario político se le denomina en la actualidad Bloque de Hegemonía Oligarca Contrainsurgente.

La característica principal de este estadio es que se borran los linderos del Centro, puesto que predomina la derecha y el centrismo, como conservadurismo y por ende, el movimiento popular se encuentra ante la definición de una preponderancia de políticas de derecha o de izquierda. No hay términos medios, ni tibios. Esto lo entiende muy bien la izquierda legal (no la insurgente y armada). Pero corresponde asimilarlo, en lo estratégico, a la socialdemocracia, el progresismo humanista y/o reformista. Aunque predomina en lo nacional e internacional lo Alternativo, esta se fabrica sobre una concepción de tendencia hacia la izquierda, no al Centro.

Corolario de lo anterior es que predomina una tendencia militarista contra insurgente oligárquica, siendo esa la brújula del próximo debate electoral presidencial; lo cual augura la lejanía a una nueva búsqueda de salida política al conflicto armado interno colombiano y seria con el triunfo popular de un gobierno Alternativo en la que se obtendría una negociación política hacia la búsqueda definitiva del fin del conflicto armado en Colombia.

 

Enviado por el autor.

La mala-hora del conflicto armado en Cúcuta

Carlos Meneses Reyes

La situación de conflicto armado en la zona rural fronteriza de Cúcuta es aberrante. El Comunicado firmado por doscientas cincuentas organizaciones sociales, populares y políticas del país; así como por seis senadores, intitulado: “Se Agrava Crisis Humanitaria en El Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta”, de fecha 24 de julio de 2.020, centra la atención de denuncia pública nacional e internacional sobre el enseñoramiento del narco paramilitarismo y su uso como instrumento contra insurgente de la Fuerza Armada del Estado colombiano. El tribunal de Paz de Colombia ordena la protección de las víctimas de una de las peores masacres de la guerra.

Ya no basta denunciar un estado cosas inconstitucional (eci) en la Frontera de Cúcuta y parte del municipio de Tibú, con Venezuela; sino que, conforme a la redacción y contenido del citado Comunicado de agravamiento de una situación, totalmente apartada al funcionamiento lógico de un Estado, que así no se llamare estado de derecho, expresa una ilógica ausencia de forma de convivencia civilizada. Las amenazas, sometimientos, extorsiones y exigencias afectan a la población civil. Los constantes combates sucedidos en esa zona, con el instrumento contra insurgente utilizado por las fuerzas armadas estatales para enfrentar al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), se expresa en que desde hace varios meses las fuerzas estatales como tal no combaten en ese escenario fronterizo, sino que lo hace, como punta de lanza, el grupo paramilitar Los Rastrojos, de amplio conocimiento nacional e internacional por ser base de apoyo del opositor venezolano Juan Guaidó, erigido, mutuo propio, como presidente de Venezuela y apoyado por más de 50 países , en el gesto más dramático de aplicación de la Diplomacia de Las Cañoneras, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Denuncia el citado Comunicado, que los Organismos de Control Constitucional colombiano, no toman, ni han tomado, las medidas de urgencias demandadas. En forma cruda y categórica recuerdan, que al igual como en décadas anteriores, las autoridades de policía, militares, de la Fiscalía, colaboraban con las acciones criminales de los Bloque Frontera y Catatumbo lideradas por paramilitares, hoy vienen haciendo lo mismo. Que es latente la exigencia de los actores sociales, victimas del conflicto armado, defensores de la paz y de los derechos humanos e incansables propulsores de la aplicación y respeto a los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colon, reafirmando que esos Acuerdos, con las antiguas y desmovilizadas Farc, deben ser implementados. Dan cuenta de la omisión de los deberes y protección constitucional por parte de la Fuerza Pública, para con las comunidades, quienes han dejado a la población a merced de los grupos paramilitares en labor de vándalos, de reclutamiento forzado, homicidios y violencia institucionalizada. Ese Comunicado y su contenido de denuncias como tal es una fuerte lapidación, de lanzamiento de piedra airado, de un colectivo poblacional hastiado de tantos golpes padecidos y dirigida a la conciencia del movimiento popular para su reactivación en la resistencia y la movilización.

Causas y efectos

El calamitoso escenario de masacres en la zona rural de la fronteriza Cúcuta apunta al origen y las relaciones del para militarismo con la fuerza pública y engranaje con los intereses del ejercicio político en esa región del país.

Impera la mentira oficial en torno a la denuncia, como a la presentación de ese panorama de trágica desolación que conmueve por el salvajismo aplicado y la desidia en afrontar sus verdaderas causas, imperando la negligencia u omisión de las “autoridades”, invocando vehemente la causa en la falta de lo gobernable. Ante esa mentira la labor periodística se limita a los registros de los hechos, ausentes a toda profundización en abordar un análisis objetivo y verdadero, sin beneficio o deseo manifiesto profesional por producir un resultado de ventaja en la función de esa labor; limitándose todo solo a dar lo noticioso. Si eso se predica de la labor periodística, que decir de la conducta asumida por los funcionarios públicos, en una conducta insensible asumida y de guarda de silencio ante la barbarie. Pues ante eso corresponde asumir que no se está en momentos de callar; correspondiendo a los analistas exponer, al desnudo, la dramática situación.

Lo de la zona fronteriza y metropolitana de Cúcuta, corresponde asumirlo dentro del tema de la ofensiva contra insurgente aplicada. Desentrañar el porqué del ensañamiento contra esa población y el escoger prioritario de un escenario de confrontación allí, precisamente ubicado e identificado.

El proceso de terminación del conflicto armado con las antiguas FARC- que no proceso de paz- se limita a eso. Pero toda la causa objetiva, política, social, etc., continua inalterable. Lo que no logró el ejercito burocrático, Made in Usa, lo obtuvo la sagacidad del tahúr oligárquico en escena. Huelga discutir sobre la ganancia oligárquica y del imperio y el golpe a las expresiones de luchas del pueblo colombiano. Pero eso no es ganancia política, es oportunismo ventajoso. En la sucesión de poder oligárquico, el impuesto sub-presidente actual, aplicó el desconocimiento a lo Acordado y la No implementación. Por ello se impuso, al darse el triunfo ilegitimo y fraudulentamente obtenido, la sucesión de efectos como la de una contraofensiva contra insurgente, en el plano militar y en el político. Esto expresado en varias dimensiones o estadios, como la de intensificar los asesinatos selectivos, aumentar la acción deliberada contra líderes sociales; así como contra desmovilizados de las antiguas FARC, y toda expresión emanada de manifestación ciudadana y de la justicia. Todo lo expresado por el partido o secta de gobierno, cumplido, contra las aspiraciones populares. Sepultar cualquier asomo de soberanía y política autónoma exterior, supeditándose el “gobierno” colombiano, al plan militar para la región, elaborado por Trump y sus asesores, con relación a la suerte de la República Bolivariana de Venezuela. La inexistencia de una política, por el cierre de la frontera; la amenazante cabeza de playa para los potenciales 5.000 marines, en un momento álgido en el que el trampero Trump, puede acudir a la descabellada intervención directa, para asegurar ganancia de votos para su absurda e irracional reelección. Estos elementos, combinan lo exógeno, exterior, para incidir en los factores internos de lo “caliente” de una frontera, de peso en el juego perverso de los intereses de poder.

Nunca se había entramado una escena tan patética, para rechazar cualquier intento de acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN; intensificando las operaciones militares en la frontera colombo venezolana. Resulta indiscutible, que en tanto en la contra parte del territorio venezolano existe una pacificación regional fronteriza, en los mojones de frontera colombianos, impera un escenario de guerra, que no revierte, puesto que la estrategia militar del Estado colombiano consiste en no desgastar sus fuerzas de despliegue expansionista, manteniendo el uso de los irregulares paramilitares como escudo. “Plata es lo que hay” para eso…, resuena la expresión constante del general Villegas, quien actúa como un verdadero centurión o pretor romano, pisoteando la Constitución del 91, erigiéndose como autoridad civil y militar.

Registro de masacres en la zona fronteriza de Cúcuta

Para el pasado 20 de julio, había tres masacres registradas en la zona rural del área metropolitana de Cúcuta. Dejan un saldo de 18 muertos durante los meses de marzo a julio de 2.020. El 9 de marzo, se perpetró una matanza de ocho hombres en el corregimiento Palmarito y, el 5 de julio, de cuatro personas en Puente León. Tres poblaciones de la zona rural de Cúcuta: Banco de Arena, Puerto león y Vigilancia, son las que colindan con Tibú, Puerto Santander, que conectan con Boca de Grita, al lado venezolano.

Mantienen en un estado de alerta permanente a la población de los corregimientos Guaramito, Aguaclara, San Faustino, Palmarito, Banco de Arena, Puerto Villamizar y Ricaurte, donde ya no se puede hablar de la alteración del orden público, sino de una situación de guerra, dada la profunda crisis humanitaria en esa zona. El día anterior a la matanza asesinaron a Ernesto Aguilar Barreras, líder de la Asociación Campesina de El Catatumbo- ASCAMCAT- en la vereda Totumito, limite rural entre Tibú y Cúcuta. De 34 años, también era miembro de la Junta de Acción Comunal de Vigilancia. Iba con un amigo en su carro, a ver un ganado que tenía. Lo bajaron del carro, lo identificaron y lo mataron hombres armados que circulaban por allí, en Totumito. Encontraron su cadáver, torturado, con las manos cortadas y apuñalado a una hora del casco urbano de Vigilancia, muy cerca de Carboneras, por una vía que llega a Campo Dos. En el lado colombiano quedan las veredas de Totumito y Carboneras en cuyo lugar se presentó la masacre que dejó en el lugar, apilados, los cadáveres. Se generó un desplazamiento inicial de 120 personas. El hecho se atribuye al grupo paramilitar de Los Rastrojos.

Días antes se había registrado la masacre de cuatro personas que habían salido de Cúcuta a Tibú y en Banco de Arena fueron abordados por sujetos armados que tomaban cerveza. Los hermanos Juan Andrés y Jorge Sánchez Pacheco, viajaron para encontrase con su papá, que trabaja en una finca y al que no veían desde hace tres años. Al viaje se unieron un primo y una amiga. Fueron abordados en el sector de La Invasión, a menos de un kilómetro de Banco de Arena. Se supo que los habían desparecido para asesinarlos. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados en costales 22 días después.

Penosa la labor de estos recuentos y martilla cual agudo cincel en el ánimo y conciencia que no se arruga ante el reto de la denuncia. Todo ocurre en zona poblada. Extensa, sí, pero poblada. Con fuerte presencia de la Fuerza Pública, a un nivel de militarización regional. La Policía Nacional generalmente realiza operativos policiales individuales, en conjunto con las Fuerzas Militares y en unidades mixtas. Cuenta con Grupos de Operaciones Especiales «GOES», como son: Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal «GAULA», Escuadrones móviles de carabineros «EMCAR», (grupo con armamento bélico pesado, unidades contra guerrilleras Rurales y Urbanas), Compañía Jungla Antinarcóticos «JUNGLA», Comandos de operaciones especiales «COPES», Comando de Operaciones Rurales “C.O.R”, y Granaderos. Son las llamadas Fuerzas Especiales que aplican en dirección y objetivo: el pueblo. De sentimiento antipopular y violadoras de los Derechos Humanos (DDHH). En este escenario de guerra se erigen con trofeos a la desidia, por el abandono de sus funciones, la inoperancia, la omisión, la permeabilidad corrupta, en y por la aplicación soterrada de una adoctrina de guerra, en que impera la concepción del enemigo interno y el decir de anatema y maldición que se maten entre ellos. Endosan la aplicación de una macabra lógica: todo es producto de la guerra por las rutas del narcotráfico, el imperio de la droga y el dominio territorial por parte de grupos armados organizados, debidamente etiquetados y que reciclan en un mismo recipiente, para que las “honrosa” y “leales” fuerzas estatales sean los buenos del paseo. Lo demás: chusma y terroristas, sellando así la suerte del macabro juego geopolíticamente de intereses oligárquicos e imperiales, en toda esa extensa región.

WILFRIDO CAÑIZARES, director de la Fundación Progresar, caracterizado y valiente defensor de los Derechos Humanos en el Departamento de Norte de Santander y quien ha enfrentado ataques y señalamientos por parte del coronel José Luis Palomino López, Director de la Policía Metropolitana de Cúcuta, advirtió que en los estudios hechos desde la Fundación han “localizado y mapeado” 12 estructuras armadas ilegales que operan a lo largo de la frontera con Venezuela, lo que hace sumamente complejo el panorama en esta zona del país. “El grupo paramilitar de Los Rastrojos viene en un proceso de expansión y trata de ejercer control en ocho corregimientos de cuatro municipios, tres del área metropolitana de Cúcuta y en Tibú. Viene en un proceso de expansión en 52 veredas de estos cuatro municipios: la zona suroriental de Tibú, Puerto Santander, El Zulia y Cúcuta”, aseguró. “y no va a parar mientras el Estado las autoridades locales y regionales, en dar una respuesta inmediata a la emergencia humanitaria no tome las medidas necesarias para proteger la vida, las libertades y los derechos de estas comunidades”.

Desde la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, también hicieron un enérgico llamado a las autoridades y le endilgaron una responsabilidad directa al Gobierno Nacional en las más recientes masacres para las más de 800 familias desplazadas. Al llamado se sumaron también Cisca, el MCP, Vivamos Humanos, Copaz, Indepaz, Corporación Cultura Democrática, Fundación Paz y Reconciliación, Poder Paz, la Mesa de Fortalecimiento de Población Desplazada, Marcha Patriótica, Campaña Colombiana Contra las Minas, entre otros y la Minga.

La confrontación en la frontera

Además del escenario de guerra relatado hasta el momento en la zona fronteriza metropolitana de Cúcuta y límites con el municipio de Tibú; otro frente “de operaciones” armadas sucede en el área fronteriza con el municipio de Villa de Rosario, La Parada Juan Frío. Falso que operen en San Antonio de El Táchira. Todo se da en territorio colombiano, puesto que el control territorial de las fuerzas armadas bolivarianas es incuestionable. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, ejerce control-históricamente reconocido, también en esa zona. 50 AÑOS DE TRABAJO POLITICO CLANDESTINO NO TRANSCURREN EN VANO. Pasan a retiro impune los generalotes y continua el conflicto. Con la misma lógica aplicada por la contrainsurgencia militar; originalmente el ejército no actúa. La punta de lanza tiene como protagonista para el enfrentamiento contra la guerrilla al grupo paramilitar, sugestivamente denominado Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela (AUCV); en inocultable muestra de la expansión intervencionista del paramilitarismo hacia la vecina República Bolivariana. Aparecen muertos a granel, con bandas como el Tren de Aragua, que se enseñorean en el sector y asentados en una invasión conocida como Quilombo, detrás de los Moteles y zona de influencia comercial del municipio de Villa de Rosario. Toda esa área, incluido, Boconó, está infectado de paramilitarismo y en permanente enfrentamiento con las guerrillas, sumándose a ello la presencia de unidades del Ejército Popular de Liberación, EPL. Al respecto conviene resaltar que el pasaje de enfrentamientos con estos es vuelta de hoja; sin que ello implique una colaboración o alianza entre ambas expresiones insurgentes colombianas, en el escenario de hechos motivo de estas redacciones. No obstante, el análisis manido de la Policía sigue siendo el mismo: “No es nada raro que el EPL quiera ganar terreno y por eso busca unirse con bandas locales para así poder atacar al ELN” agregando que les entregan armas y granadas a esas organizaciones delincuenciales para que sigan ganando terreno. Tal bagaje, gastado, vulgar y nada original, no admite consideración alguna de seriedad. Por el contrario, ratifica el interés expreso de permanencia de esas formas delincuenciales como muro de contención en el ataque contra insurgente.

Los asesinatos de líderes son crímenes políticos

De inocultable relevancia esta referencia. Ahora resulta que a las masacres las quieren denominar “homicidios colectivos”. Falso, son lo que son. En estas denuncias ha sido incansable el activista social y de Derechos Humanos Wilfrido Cañizares que al frente de la Fundación Progresar denuncia masacres, amenazas, extorsiones; así como la reciente pretensión de los narco Rastrojos, de iniciar una “limpieza social” en el municipio de Cúcuta, área metropolitana y zona limítrofe con Puerto Santander. Esto le valió la estigmatización por parte del coronel Palomino López, quien no solo ha sido objeto en los últimos días de duros cuestionamientos; sino que también tiene una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía y la Procuraduría de sus mismos policías. No escatima en anunciar la participación de 250 efectivos policiales, nuevos o reciclados, para afrontar la situación en estas lineas planteadas. Lo sintomático es que cuando esos anuncios de fuerza se hacen públicos, proliferan versiones, documentos con llamados falsos, iniciativas de conducción a la opinión pública, “comunicados” apócrifos del EPL, acciones o proyecciones falsas del ELN. Difunden que se harán reconocimientos de trochas y su destrucción en 164 kilómetros de frontera que unen al Táchira con el Norte de Santander, de acuerdo con levantamientos satelitales. Mencionan algo insulso como “prohibiciones territoriales” con fundamento en la realidad de los “embudos migratorios”, siendo la constante la inexistencia de una política de fronteras, precisamente por lo obtuso de cerrar las fronteras y las relaciones diplomáticas con el vecino país.

La confrontación en la frontera sacrifica hasta misiones internacionales. Felipe Muñoz, jefe de la Unidad Internacional de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde febrero de 2018, no salió de sus oficinas en Cúcuta. Sin pena ni gloria renunció. Destacan entre sus logros la recuperación de un balón a un niño que lo había perdido y el regalo de una bicicleta. Hace propia la incitativa de la medida presidencial “primero la niñez” garantizando el derecho fundamental de niños y niñas de padres venezolanos nacidos en Colombia y contar con una nacionalidad. Falso, además de exabrupto que no tiene soporte constitucional. Manejan cifras de cientos de miles de migrantes beneficiados en raciones de alimentos, millones de vacunas e incluidos en el sistema de salud. Cual sistema de salud si en Colombia todo ese andamiaje esta privatizado. No logró coordinar con entes burocráticos migratorios que persisten en Cúcuta, simple o solemnemente por el desconocimiento de una política diplomática hacia el vecino país.

Los asesinatos son selectivos. La movilidad para extraños a la región o zonas, son prohibidas. Se ha dado más de 800 desplazamientos en los últimos 4 meses y algunos sectores de población intentan retornar. No existe una tendencia de repoblamiento como en décadas anteriores en que “refundaron” la región con el consiguiente botín político electorero que ello implicó. A todas luces, les interesa a las fuerzas gubernamentales colombianas, en aplicación a su doctrina militar contra insurgente, la permanencia del foco paramilitar, que no puede subsistir sin el elemento de “lavada de cara” de las acciones armadas encubiertas. Todo un andamiaje de determinadores relacionados con las estructuras paramilitar contrainsurgentes. Es decir, Terrorismo de Estado puro, con fundamento en la Doctrina de Seguridad Nacional e identificación política con lo del enemigo interno. Todos esos crímenes son, sin lugar a duda, política de Estado. La aplicación de la llamada “paz con legalidad” en su lucha contra la “ilegalidad”, que amenaza la “seguridad interna”. Ufanarse de contar ahora con huéspedes instructores, como asesores militares USA, en las llamadas Zonas Futuro, como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII). Cada día que transcurre presenta situaciones nuevas de análisis. Baste solo mencionar que, entre julio y agosto del presente año, al fin aparecen logros del ejercito localizando depósitos ilegales de armas; capturando cerca de una veintena de miembros de Los Rastrojos y ahora último, la incautación de 47 fusiles de su pertenencia. Pero cómo registran esa confiscación: que efectivos iban tras la captura de dos individuos que resultaron escapándoseles misteriosamente y en cambio- así porque sí- hallaron la caleta con las armas. A otros con ese hueso duro de roer, a no ser que merezca reconocimiento que la veeduría de los asesores gringos les está aportando nuevas luces e iniciativas.

Como corolario a todo lo anterior tenemos: 1. El paramilitarismo que actúa en la región nororiental de la frontera rural del municipio de Cúcuta, comprende red de alistamiento, con suficientes recursos logísticos y licencia de movilidad de personas a ojos vistas de las autoridades colombianas. 2. La facilidad de utilización de lenguaje articulado de facinerosos paramilitares, por los medios de comunicación locales entreven una finalidad de intereses de conveniencia en la función contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales colombianas y en la reiterada aplicación de negar la salida a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, de conformidad a lo ya Acordado. 3. El fenómeno de los Falsos Positivos continúa vigente. 4. Manifiesta omisión, por complacencia del régimen, las clases dominantes, las fuerzas armadas y la propia institucionalidad, en el actual estado de cosas. 5.La ruptura de Conversaciones con el ELN que se traía desde el año de 2017, que pone en entredicho el futuro de Colombia, no en lo especulativo de la Paz, como para su construcción, con en el fin del conflicto armado interno. 6. La persistencia de un obstáculo a lo gobernable, por la permanencia de un sistema electoral corrupto, como ingrediente adicional a tantos males padecidos.

Esquipulas o la paz regional que nunca se construyó

Rogelio Cedeño Castro (*)

La frase tantas, veces repetida por Óscar Arias Sánchez, de que durante el conflicto armado centroamericano de los años setenta y ochenta del siglo anterior, los centroamericanos ponían los muertos y las superpotencias ponían las armas, no es más que un lugar común o verdad a medias cuyos alcances convendría examinar, con especial cuidado y atención. Aquel no fue simplemente un conflicto más de la no tan fría guerra que libraron la URSS y los EUA, a lo largo de varias décadas; más bien, cabe destacar que las causas de ese conflicto fueron endógenas y será, desde ese ángulo que intentaremos reflexionar sobre lo ocurrido, durante el cuarto de siglo transcurrido desde que empezaron a ponerse en ejecución los acuerdos de Esquipulas.

El mero hecho del cese del fuego, con el que se pretende muchas veces poner fin a un largo y cruento conflicto bélico, dentro de una determinada área continental, no puede ser confundido con la construcción de una paz positiva y duradera, basada en la superación de las causas profundas que le dieron origen, a partir de acuerdos cuya materialización debe conducir a profundas transformaciones sociales, políticas y económicas dentro de las sociedades y naciones donde han tenido lugar los enfrentamientos armados. Ese y no otro es el caso de la escalada de los enfrentamientos armados que tuvo lugar en el istmo centroamericano, a lo largo de varias décadas, como consecuencia de los graves problemas de legitimidad del poder de las elites regionales, originados en la crisis profunda de las formas tradicionales de la dominación, la que se puso de manifiesto a partir de las crecientes demandas de participación democrática efectiva y de una redistribución de la riqueza, el conocimiento y el poder, las que fueron cobrando presencia e intensidad crecientes, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, en la conciencia y en el actuar de las grandes mayorías centroamericanas.

Debido lo anterior, puede afirmarse que los acuerdos de paz de Esquipulas, Guatemala firmados hace veinticinco años, en el mes de agosto de 1987, no trajeron la paz a la región centroamericana, puesto que de lo que se trató de la ejecución del plan maestro de una contrarrevolución blanda (ver nuestro libro La desmovilización militar en América Central. Dice Libro Editores San José Costa Rica 2008), ejecutado a contrapelo de la fórmula reaganiana de intervención militar directa de la armada estadounidense en todo el istmo, todo un plan político a partir de cuya paulatina materialización quedaron a salvo los intereses de las oligarquías centroamericanas, a pesar de algunos cambios cosméticos en las formas políticas de la dominación. De esta manera, se pasó de la era de las dictaduras militares y las formas más groseras de la dominación tradicional a unas democracias de baja intensidad, a las que calificamos de esa manera, empleando una especie de paráfrasis de las guerras de baja intensidad (Low intensity conflct) promovidas por el Pentágono Estadounidense, durante la década de los ochenta y noventa. Es decir, democracias formales, con periódicas consultas electorales, pero con la condición de que, a partir de sus resultados numéricos, no se vieran afectados los intereses de las viejas élites regionales, las que salieron fortalecidas y parcialmente relegitimadas, al ponerse fin a los enfrentamientos armados en el transcurso de la década de los 1990.

El incumplimiento constante y reiterado de los acuerdos de paz en materia de derechos humanos, en su dimensión política, para no hablar de los de carácter económico y social que tienen sumida a la región en la violencia y la miseria más degradantes y extendidas, fueron una parte esencial de esa gran mentira que buscaba no sólo mantener intacto del statu quo regional, sino que a acentuar las políticas neoliberales en beneficio de ciertos intereses locales y con preferencia, en beneficio de algunas empresas transnacionales, lanzadas al saqueo de los recursos naturales. La impunidad para los criminales de guerra, en su mayoría integrantes de las fuerzas armadas de cada país y de algunos cuerpos paramilitares fue la nota dominante, a lo largo de las más de dos décadas transcurridas desde el inicio de la materialización del llamado plan de paz regional, habiendo sido llevados a juicio sólo unos pocos de los responsables. El reciente golpe empresarial-militar en Honduras, del mes junio de 2009, ejecutado en uno de los países más violentos del mundo, lugar que disputaba con El Salvador, no ha sido otra cosa que una exacerbación de las mismas políticas sociales y económicas, impulsadas por quienes consideran que ellos ganaron -por así decirlo- el conflicto armado, fue el inicio de una grave sucesión de eventos, caracterizados por su secuela de asesinatos sistemáticos de dirigentes populares, periodistas y funcionarios del derrocado gobierno del presidente Manuel Zelaya , todo ello dentro de la misma visión totalitaria de las derechas regionales y de la administración estadounidense de los Obama-Clinton, en su afán de recuperar el control de su patio trasero que se ha visto reducido, en cierta medida, en algunos países situados el sur del continente.

La otra cara de esta contrarrevolución blanda, hábilmente impulsada y ejecutada por la figura más relevante del régimen de la dictadura en democracia, a quien por estos días de conmemoración de los Acuerdos de Esquipulas, Guatemala, del mes de agosto de 1987, se ha pretendido canonizar por parte de algunos de sus más notables corifeos, ha sido la ejecución de los planes del Consenso de Washington con su acelerada destrucción regional del Estado de Bienestar Social o Welfare State. Todo ello con el propósito de hacer retornar a las mayorías centroamericanas, obreras y campesinas, por no decir incluso a muchos sectores empresariales, a las condiciones de vida de por lo menos un siglo hacia atrás, en vísperas de lo conoce ahora como la Primera Guerra Mundial (1914-1918), sin organizaciones sindicales, seguridad social, prestaciones, pago de riesgos del trabajo y otras conquistas sociales no menos importantes por las que hubo que luchar hasta con pérdida de vidas, de manera heroica y tenaz, a lo largo de las primeras décadas del siglo anterior.

El plan de paz de Óscar Arias Sánchez, para el caso de Costa Rica, una nación que tuvo participación indirecta en el conflicto armado fue apenas una fachada para la intensificación de las políticas neoliberales, con estrategias de mediano y largo plazo para acabar con instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Durante ese período se bajó el aporte del estado a la caja del seguro social del 3.25 al 0.25 y se comenzó a pagar esa mermada aportación en bonos, de baja denominación y redimibles hasta por períodos de quince años (Ver el libro de Luis Alberto Jaén Martínez El gran asalto del PLUSC al seguro social San José Costa Rica 2011), de ahí en adelante la estrategia de la contrarrevolución blanda, caracterizada por el saqueo de los fondos públicos y su mala administración, se basó en la negativa a comprar equipos médicos para favorecer la contratación de servicios con las clínicas privadas (católica y bíblica que empezaron a crecer de manera monstruosa, como un buen negocio para los integrantes de las elites del poder en Costa Rica), las compras irregulares y fraudulentas (préstamo español y finlandés, a comienzos de la primera década del nuevo siglo) y un deterioro generalizado de los servicios públicos de salud, dentro de lo que constituye otra forma de la guerra contra el enemigo interno , dicho de otro modo la población o los habitantes del propio país. La destrucción sistemática del ICE, a partir de proyectos como el Combo Energético del ICE del año 2000 o la reciente apertura en el campo de las telecomunicaciones, ejecutada a partir de la mal llamada agenda de implementación del Tratado de Libre comercio con los Estados Unidos (TLC-CAEU-RD), también fueron parte de estas estrategias de la contrarrevolución blanda, dentro de su rostro social y económico, el que convendría analizar y estudiar con detenimiento.

Tal y como habíamos señalado en nuestro libro La desmovilización militar en América Central, al que habíamos hecho mención supra, las presuntas políticas de paz llevadas a cabo en el istmo marcharon a contrapelo de lo que había indicado el economista inglés John Maynard Keynes , integrante de la delegación de Inglaterra en la conferencia de paz de Versalles de 1919-1920, en relación con la reconstrucción del tejido social europeo después del primer conflicto bélico, a escala mundial, cosa que no de no hacerse (tal y como ocurrió) llevaría a otro conflagración armada, al condenar a Alemania y Austria al pago de indemnizaciones de guerra a los vencedores. Las políticas económicas y sociales de shock, en el mejor estilo del neoliberal /neoconservador Consenso de Washington, no fueron otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios, sólo que, en contra de los vencidos, en este caso las grandes mayorías empobrecidas que habitan en el istmo centroamericano, lo que ha traído una exacerbación de otras expresiones de la violencia en la región, articuladas en las maras y toda clase de organizaciones del crimen organizado. En síntesis, el engaño de una paz que nunca fue otra cosa que un espectáculo para la platea de incautos, en ciertos casos o de interesados cortesanos, en otros.

(*) Catedrático de la UNA.

Parque de la Paz, Panabaj, Santiago Atitlán, Guatemala.

Al E.L.N. le piden mas que dar…

Calificando el hecho político del rompimiento de las conversaciones por parte del gobierno del presidente Duque, con el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia E.L.N. como el acontecimiento de un viraje o cambio de timón gubernamental en Colombia; es dable afirmar que el conflicto armado interno colombiano determina el acontecer del rumbo del ente estatal, así el gobierno de turno, en infundada consideración, estime que no existe ese mismo conflicto en el que por más de cincuenta años se enfrenta fuerzas rebeldes e insurgentes armadas buscando destruir al Estado y el orden constitucional imperante.

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El Tránsito de Poderes en Honduras

Marlín Óscar Ávila

Este es un período de negociaciones sobre las posibles formas de tránsito del poder político hondureño, de manera que se logre mantener cierto nivel de cordura social, con las menores alteraciones institucionales posibles. Las ambiciones de poder de los partidos políticos en oposición no dan ninguna garantía a este tránsito sin mayores sacrificios institucionales.

En el escenario están, además, las Fuerzas Armadas, quienes se sabe, han estado involucradas en los delitos de mayor gravedad contra la democracia, incluyendo, los delitos contra la salud de la la ciudadanía estadounidense y de las naciones vecinas, como la nacional. Hay que tomar en consideración a las organizaciones juveniles, las denominadas Maras, quienes deben ser consideradas a negociar su menor involucramiento en un probable tránsito de poderes. No puede obviarse a ninguna fuerza social y menos política. Las mujeres organizadas, el pequeño y mediano productor, el empresario honesto, etc.

El departamento de Estado, la Casa Blanca, el PENTAGONO, saben que este tránsito es delicado y puede repercutir a su imagen política.

Medio mundo sabe que ante tanta delincuencia estatal, Honduras debe transformar su institucionalidad. Apoyar su continuidad es un absurdo desde cualquier punto filosófico, ideológico o doctrinario. Pero habiendo una fuerte y casi total dependencia de EUA, la mayor responsabilidad recaerá en ésa nación del norte.

Es una consecuencia lógica de su histórica relación.

El único partido que podría contradecir éste tránsito de poderes es el Partido Nacional, en el poder actual. Esta institución actualmente pasa por su peor momento y se espera una desbandada más pronto que tarde.

El consenso internacional para este cambio se podrá confirmar en dos o tres días en Buenos Aires, durante el G20. Seguramente Trump va a usarlo como un elemento más de sus usuales negociaciones.

Veremos.

 

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El voto en blanco de Yesid Reyes a la JEP

Por Carlos Meneses Reyes

 

El exministro de Santos, Yesid Reyes Triana, declinó posesionarse como Magistrado del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Su decisión es política no jurídica.

Son momentos en que a la JEP se le ha de rodear de máximo apoyo nacional y popular para que cumpla los fines altruistas que le han sido encomendados como es el juzgar los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad en que hayan incurrido miembros de las fuerzas armadas del Estado, de todas las ramas de poder público incursos en el conflicto armado interno contra las farc-ep, sus comandantes, guerrilleros y personas privadas que hayan cometido acciones, así calificadas, en el mismo.

En este acometido de objetivos y de concepción de la justicia transicional bajo una inspiración universal y no el atosigado reducto de estereotipo de una justicia especial, a acomodarla a las camisas de fuerza de un sistema de justicia ordinario en Colombia, como si nada en absoluto hubiere pasado puesto las insurgencias no derrotadas militarmente ya están desarmadas y sometidas al establecimiento. Ante ese, que es el panorama que la dictadura mediática impone, yergue enhiesta la concepción del Sistema Integral de Justicia Reparación y No Repetición (SIJRNR) pactado en los Acuerdos de la Habana y del teatro Colón en el año 2016.

Llega el momento de dilucidar ante la opinión pública nacional e internacional, que los innumerables sofismas de desvirtuar los principios de la justicia transicional universal con que la mediática alienadora ha presentado como logros para el estado de derecho en Colombia , el que la rama legislativa y posteriormente la judicial del poder público, hayan desempeñado una labor de injerencia y verdaderos instrumentos para hacer trizas los Acuerdos erigiéndose en suplantadores de la voluntad de las partes contratantes, debidamente representadas en el escenario internacional como plenipotenciarios del Estado colombiano y los rebeldes insurgentes.

Como resultado del triunfo del NO se impusieron más de 85 reformas al Acuerdo inicial de La Habana, en particular al logro de una verdadera reforma rural integral, al espejismo de la definición de una economía sustitutiva de cultivos ilícitos, el culto a las víctimas para revictimizarlas y dejar en el limbo sus reparaciones y al difuso entretejido de no imponer una implementación, acorde con la alteración de orden público que la reforma de raíz de un sistema electoral corrupto demandaba. Garantizaban así los del mandato del NO la no implementación de los tales Acuerdos.

Respecto al universo de la justicia transicional, expresado en la JEP, no lograron vulnerar su esencia de inspiración universal acorde con la fuente consuetudinaria y la normativa del derecho Internacional y El Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Lograron modificar el que los Magistrados(as) del Tribunal Especial de Paz no fueren extranjeros; pero a contrarréplica se acordó la inclusión de togados amicus curiae (amigos de la corte). Estos tienen una función de auxiliares del sistema de justicia creado y contribuyen con su voz y voto a dirimir conflictos en que en las salas de juicio o definición de situaciones en que no haya mayoría. Son verdaderos conjueces y en esta clase de definiciones de tales delitos de jurisdicción a los magistrados integrantes no se puede quedar en solo “salvar el voto”. Resulta que la enredadera jurídica para desnaturalizar e impedir la implantación de este instrumento de justicia especial, dispuso el “soberano” legislativo que esos amicus curiae serán unos invitados de piedra y no tendrían voz ni voto sino aporte de opiniones escritas. Esto traído a colación, como el que los terceros incursos en delitos de lesa humanidad opten voluntariamente a acogerse a esta jurisdicción especial, irrita al foro jurídico mundial y plasma la inquietud por la impunidad, sin ahondar en la asimetría aplicada para excluir de la comparecencia a la JEP y al deber de concurrir a la Comisión de la Verdad, a los altos mandatos de las fuerzas armadas y a la casta del generalato colombiano, activo en la implementación de la guerra contrainsurgente, cual arrodillados al mandato del Departamento de Estado USA, en el control y manejo de la guerra contrainsurgente en Colombia.

ILUSTRACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE LA JEP

De manera que el thema de contenido jurídico y político a abordar en su majestuosa independencia y soberanía judicial el Tribunal de Paz del SIVJRNR, podríamos resumirlo en:

-Definir sus verdaderas competencias internas, incluido su ordenamiento interno de funcionamiento, para lo cual no requiere de ley auxiliar procedimental del Congreso colombiano.

-Definir las normativas de procedimiento, que son de orden público y estricto cumplimiento y por no ser de contenido sustantivo, han de ajustarse al capítulo de las garantías y derechos constitucionales del ordenamiento vernáculo. Ello es posible hacerlo internamente, sin acudir a acto legislativo.

-Garantizar el dictado de las sentencias acorde con los principios de autonomía y de inescindibilidad del sistema universal de justicia transicional. Esta que es la función altruista y máxima responsabilidad de los togados de la JEP, tiene que asimilarlo pedagógicamente la ciudadanía que para su ejercicio – esos Magistrados (as)han de estar libres de agobio alguno. El criterio de no exigibilidad; la autonomía no vinculante de normativas existentes y nuevas creadas; lo no vinculante de la jurisprudencia de las altas cortes colombianas. Comprender, como cualquier colombiano raso, que mientras exista el artículo 93 de la constitución política, se explica la existencia invulnerable de la JEP y su fuente de respaldo constitucional lo fue el artículo 22 ibidem.

ERRADICAR LA IMPOSICIÓN MEDIÁTICA DE LO FEMENTIDO

No tiene fe ni palabra el que la JEP ha de estar sometida a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia. Mucho menos a los dictados del Congreso. Es falso y engañoso que a la competencia de la justicia transicional los incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra puedan decidir si optan o no someterse a esa jurisdicción especial. Sobre ellos caerá la implacable egida de esta justicia. En grado de discusión está el que los expresidentes de la república no queden vinculados a esta situación de aforo especial, por así haberlo pactado, expresamente, las Altas partes contratantes y plenipotenciarias de los Acuerdos logrados para el fin del conflicto ya conocido e identificado; pero ello no obsta para que sobre los mismos este latente – cual espada de Damocles- el veredicto de la Justicia Internacional.

LO ESQUIVADO POR EL MAGISTRADO DIMITENTE

Pues sin lugar a duda fue al desarrollo de estas definiciones en las que no deseo quedar inmerso el pusilánime Yesid Reyes Triana. Demuestra que era un alfil del grupo de poder oligárquico dominante en el seno de la JEP. Que como resultado del efecto electoral presidencial se impone la hegemonía de derecha en el país y en compromiso con sus intereses personales y de clase dominante otea que un escenario de opinión judicial magisterial no le conviene. Opta por el ejercicio de “contribuir” en la docencia, a sabiendas que su mensaje al Foro y a la Academia será engañoso y falso a ritmo con la hegemonía imperante de derecha.

A su vez, la onda sonora de repercusión de esa tal renuncia , pone en entredicho la improcedencia del Comité de Escogencia de optar por cuadros del sistema de justicia corrupto cuestionado en todo el mundo; aplicar en contravía la exigencia de la carrera judicial y el acumulado de pergaminos de especialización de sus designados; optar por la NO escogencia del juez sabio por su experiencia en el terreno de los padecimientos regionales y la edad; descartando a los innumerables juristas de localidades y provincias, a los abogados (as) “de pueblo”, a los activistas sociales del derecho, a los desplazados del sistema de justicia imperante en Colombia, abogadas y abogados con suficientes calidades humanas y de formación que fueron explicablemente descalificados.

Es en el acumulado de la reserva popular donde se encuentra su reemplazo.

 

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Una revolución por perderse

Marlin Oscar Ávila

 

Democracia

Los centros de poder en una nación con, al menos, democracia formal, son sus tres divisiones fundamentales, poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Pero además debe considerarse a las instituciones contraloras del Estado. Aparte de estos centros de poder, los analistas debemos ver las fuerzas sociales, económicas, académicas, religiosas y de las llamadas minorías. No se puede ignorar a las fuerzas armadas que en la historia y, la actualidad, juegan un papel significativo para la estabilidad e inestabilidad de los Estados, particularmente cuando en países como Brasil, Paraguay, México, Honduras y Guatemala, entre otros en menor dimensión, son garantes del sostén del poder ejecutivo por su alto nivel de impopularidad. Obviar a uno o varios de estos sectores para discutir asuntos medulares de un Estado, es fallar cualitativamente cuando se está procurando una verdadera democracia.

Credibilidad para mediar

No cabe duda que la iglesia católica nicaragüense se ganó el respeto y aprecio, más allá de su feligresía, de todos los diferentes sectores de este país centroamericano. Por ello, ha sido aceptado, tanto por el gobierno central como por los diferentes sectores para mediar, observar y atestiguar el diálogo para la democratización de Nicaragua. Este diálogo, que llegó hasta la tercera reunión, para luego ser suspendida por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), debido a la ausencia de consenso durante el miércoles 23 del presente mes, se mantiene pendiente de seguimiento. A final los obispos proponen una comisión, de tres por cada lado, que discuta los puntos torales del desacuerdo para luego volver a la mesa de diálogo.

En la mesa de diálogo están representados el sector académico, el estudiantil, donde se distinguen las centrales sindicales, la Asociación Nacional de Educadores y Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas, María Elena Cuadra; la empresa privada representada por COSEP, FUNIDES, UPANIC, AmCham y FAGANIC. El sector campesino, tiene su representante; además del gobierno central, por delegados y asesores de la presidencial. Pero también está la llamada sociedad civil representada por Azahalea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, Carlos Tünnermann, jurista y exdiplomático y Luis Sánchez Sancho, exdiputado y miembro de la sociedad civil. Tenuemente aparece alguien de los indígenas y de negros. Parece evidente que a los partidos políticos no los invitaron.

La primera reunión de la mesa fue una tormenta de acusaciones mutuas, como una catarsis necesaria por los acontecimientos ocurridos desde el 18 de abril. Ese día un pequeño grupo de estudiantes universitarios, más que todo de la UCA, fueron fuertemente reprimidos al solidarizarse por el maltrato recibido por un grupo de ciudadanos adultos mayores que protestaron por la retención de un 5% de su pensión. El uso de exceso de fuerza de la policía, contra los estudiantes, fue el detonante provocador de la escalada de protestas de varios sectores sociales, que en pocas horas se extendió por todo el país. Las autoridades policiales, de seguridad e investigación, actuaron, en coordinación con la Secretaría de Salud y otras instituciones gubernamentales, además de otras fuerzas de choque aliadas al gobierno de los Ortega, en contra de todo el creciente movimiento nacional de protesta. En menos de un mes ya había unos seiscientos heridos, setenta y seis muertos y presos políticos, que luego fueron liberados. El llamado al diálogo por parte del Episcopado tuvo el buen resultado de concluir con los altos niveles de protesta como de represión. Desde la primera reunión de diálogo se acordó una tregua de dos días, sábado 19 y domingo 20 de mayo. Esa calma que se respiró al no haber policías en las calles, aunque sí manifestaciones de protesta, se extendió hasta el miércoles 23, cuando se dio la tercera sesión de diálogo. En la segunda sesión del lunes 21, las partes integrantes de la mesa, aprobaron íntegro el informe y recomendaciones de la CIDH, que esa misma mañana publicó. Estos dos avances, especialmente el aprobar el informe de la CIDH, dieron muchas esperanzas a la población nicaragüense, puesto que denotaba claramente que el gobierno estaba aceptando sus responsabilidades por lo ocurrido desde el 18 de abril.

En esa misma segunda mesa de diálogo, los representantes del gobierno explicaron los avances para la reforma a la legislación electoral, la cual venían discutiendo con la OEA, e incluso, ofrecieron invitar a representantes del organismo multilateral a que explicaran lo logrado hasta el momento. Ya para finales de la tarde, la mesa de diálogo tocó el tema de los “Tranques” (obstáculos al paso de vehículos en calles y carreteras). Representantes del gobierno propusieron como moción el quitar los tranques por estar obstaculizando la movilización de la población nacional y dañando la economía del país, que hasta ese día se contabilizaba en muchos millones de dólares en pérdidas y como resultado, un impacto de arriba de 1.5% en caída del PIB, que hasta el año anterior era del 5%. Ya se detectaban efectos de desempleo, cierre de pequeños negocios e inflación. Los argumentos llegaron a calificar los tranques como violadores del derecho a la libre movilización, a las atenciones médicas y al derecho a la educación. El Episcopado hizo la propuesta a la mesa sin lograr consenso, por lo que pasó el punto a seguirse en la siguiente reunión del miércoles.

El mismo lunes, hubo reuniones de comisiones preparatorias de la agenda para el miércoles. El miércoles se inicia con lo siguiente: A) Propuesta del gobierno 1. Suspensión inmediata de todos los tranques del país que permita la libre circulación de la familia nicaragüense y su normalización y tranquilidad. 2. El cese inmediato de todo acto de violencia venga de donde venga. 3. Garantizar los empleos de todos los y las nicaragüenses. B) Propuesta de la Alianza cívica por la justicia y por la democracia: Que la Conferencia Episcopal de Nicaragua presente directamente al presidente Ortega los siguientes puntos de agenda: 1. Que la delegación del Gobierno acepte la discusión de los puntos 1,2,3 y B-11 de la agenda del 23 de mayo 2018, de acuerdo a las reflexiones de los grupos de trabajo del día lunes. Ambas propuestas no tuvieron consenso, por lo que la Conferencia Episcopal como mediadora y testigo, suspendió la mesa de diálogo, proponiendo una comisión integrada por tres delegados de cada lado que siguiera discutiendo hasta ofrecer un posible consenso.

No es sorpresa para nadie que las demostraciones de protesta, los tranques y demás acciones contra el gobierno se intensificaran de inmediato y los muertos vallan en aumento (79).

Durante las tres reuniones, los estudiantes universitarios, los miembros de la Alianza Cívica y el representante campesino, no dejaron de exigir la renuncia del presidente Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, su esposa. Fue muy reiterativo escuchar en los diferentes bandos hablar de establecer un proceso de democratización. Es decir, se aceptaba que la “democracia” en ejercicio distaba de satisfacer a los diferentes sectores. Así que no sorprende cuando al iniciar el tercer debate, la representación gubernamental denuncie que se está preparando un “golpe de estado” suave desde la mesa de diálogo. Algo que seguramente no agradó escuchar a la Conferencia Episcopal, quien así lo expresara de inmediato. Pero habría que ser muy inocente para no entender lo que se gestaba desde el inicio. Lo que no se escucha es cuáles son los grados de democratización que debe haber. La demanda, especialmente estudiantil, va al extremo, sin buscar un proceso intermedio.

Algunos Errores de las Partes

Los opositores al gobierno, con su Sociedad Civil, Alianza Cívica, empresarios y estudiantes, se dejaron llevar por las exclamaciones de victimización, protestas y hasta insultos de algunos de sus miembros, sin permitir ceder en algo, después de que ya habían obtenido bastante de sus opositores. La soberbia de la juventud arrastró hasta los más adultos y experimentados. Se declararon incapaces de quitar o reducir los tranques, lo cual evidenciaba una mentira a su beneficio, sin que se demostrara que tales tranques beneficiara al pueblo nicaragüense, pero si a su causa coyuntural. Tampoco se ha propuesto una democratización en fases o etapas. Puesto que no se parte de la nada para ir al todo. Ese extremismo no abona más que a los enemigos de Nicaragua.

La Conferencia Episcopal no llegó a la neutralización indispensable de los opositores para que mejoraran sus propuestas en la agenda, sin expresar una demanda que obligadamente debe pasar por seguir el marco legal y jurídico del Estado, dado que la Mesa de Diálogo, no es sustituto del Congreso Legislativo ni de ningún otro poder nacional o internacional. Al sugerir que el Secretario General de la OEA, Dr. Almagro, estuviese presente en la Mesa, no creemos que ignore que este señor es actualmente un Paladín de la ultraderecha continental, con fuertes vinculaciones en el Departamento de Estado, los republicanos más conservadores de EUA y conocido promotor del Grupo de Lima, quien ahora trabaja arduamente para derrocar al gobierno de Venezuela. Así que, sería inocente no sospechar de las intenciones de los Obispos.

El gobierno de los Ortega, dejaron de ser fieles representantes de los ideales sandinistas, de Carlos Fonseca Amador y del mismo Sandino desde hace unos años. Esto ha sido denunciado, incluso por algunos de los nueve comandantes del sandinismo nicaragüense. Su trayectoria en estos últimos años, contradicen la ética y el compromiso revolucionario de sus fundadores y de quienes lucharon por años hasta vencer a la dictadura somocista. Lo que ahora produce este lamentable hecho, es que la izquierda tenga obligadamente que sacudirse de sus implicaciones y reconstruir su proyecto nicaragüense. La misma historia del sandinismo, que viene desde inicios del siglo XX, desapareció de los textos de estudio en las escuelas y colegios del país, es por eso que, la juventud, ahora tirada en la calle, irrespeta las conquistas logradas con la sangre de miles de jóvenes, no solamente nicaragüense, sino centroamericanos, en décadas recientes. Desde luego, hay sandinistas auténticos dando su cara y dispuestos a rescatar su honor.

En el contexto en que se encuentra Nicaragua, lograr recuperarse económica, social y políticamente será muy difícil, no solamente porque deben salir del impase en la mesa de diálogo, pero por los intereses internacionales que están en juego y al asecho para destruir lo logrado hasta ahora. La bella, culta y acogedora Nicaragua no se merece menos que volver a la paz y seguir en su buen desarrollo socio económico. Las esperanzas están puestas en sus hijos e hijas sensatas, con mansedumbre, coraje e inteligencia.

 

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