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Etiqueta: gasto social

CGR señala que estados financieros del Gobierno no son confiables y advierte caída en los ingresos tributarios

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un conjunto de documentos relacionados con la gestión financiera del Gobierno de la República, conforme a la normativa vigente, que constituyen un insumo para la toma de decisiones y que buscan fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Los documentos evidencian situaciones que la CGR califica de urgentes en los registros contables, la gestión financiera y la recaudación tributaria del país.

Dictamen adverso sobre los estados financieros del Gobierno

El primero de los documentos es el Dictamen sobre los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República al 31 de diciembre de 2025 (DFOE-FIP-IAA-00005-2026), dirigido al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, y firmado por Julissa Sáenz Leiva, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas, junto con Karen Garro Vargas y Daniel Zúñiga Picado. En este dictamen, la CGR emite una opinión adversa, es decir, concluye que los estados financieros consolidados —que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Rendimiento Financiero, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo— no presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Gobierno al 31 de diciembre de 2025, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Entre los principales hallazgos que sustentan esta opinión adversa, el dictamen señala:

  • De las cuatro entidades principales que integran el consolidado (Poder Ejecutivo, FODESAF, Poder Judicial y CONAVI), únicamente el Poder Judicial y CONAVI incluyeron la declaración expresa de cumplimiento de las normas contables internacionales exigida por la NICSP 1.

  • La Dirección General de la Contabilidad Nacional (DGCN) no realizó ni documentó de forma integral el análisis de control exigido por la NICSP 35 para determinar qué entidades deben incorporarse al consolidado, y cuatro entidades (SINAC, Casa de la Cultura de Puntarenas, Museo de Arte Costarricense y Museo Histórico Cultural Juan Santamaría) fueron excluidas por incumplimientos o inconsistencias en sus estados financieros individuales.

  • No se ha determinado si corresponde consolidar la información de al menos 11 fideicomisos pertenecientes al Poder Ejecutivo, a Órganos Desconcentrados y a otros Poderes.

  • Durante 2025, el proceso de eliminación de transacciones y saldos recíprocos entre entidades presentó eliminaciones incompletas, incorrectas u omisas, generando inconsistencias cuantificadas en ¢6.909.439 millones.

  • Las cuentas por cobrar a corto plazo, con saldo de ¢3.362.408 millones al cierre de 2025, presentan omisiones y diferencias no conciliadas; entre ellas, una diferencia de ¢137.675 millones entre lo registrado por cuentas por cobrar tributarias (¢521.669 millones) y la cartera morosa reportada por la Dirección General de Tributación (¢659.344 millones).

  • Existe una diferencia no conciliada de ¢1.285.261 millones entre lo que FODESAF registra como cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda (¢2.251.051 millones) y lo que el Poder Ejecutivo registra como cuenta por pagar a FODESAF (¢965.790 millones); además, la DGCN eliminó incorrectamente esa cuenta por pagar en el proceso de consolidación, lo que sobrevaluó activo y pasivo de FODESAF en ¢965.790 millones.

  • El saldo de bienes concesionados y no concesionados, de ¢17.554.232 millones, presenta omisiones y clasificaciones incorrectas. Entre otros casos, al menos 3.518 inmuebles vinculados a centros educativos no están registrados en los sistemas contables ni inscritos a nombre del Ministerio de Educación Pública en el Registro Nacional; 234 terrenos —principalmente del MINAE, CEN-CINAI e Instituto Costarricense sobre Drogas— no están registrados contablemente; y 1.492 terrenos del MOPT carecen de identificación uniforme que permita conciliarlos con el Registro Nacional.

  • Un saldo de ¢5.776.261 millones reconocido como «revaluación de bienes» carece de sustento técnico por una metodología que no reúne las condiciones requeridas para determinar de forma fiable el valor de esos activos.

  • Existe una diferencia no conciliada de ¢3.233.213 millones entre las cuentas por cobrar que reporta la CCSS al Estado (¢4.645.669 millones, con corte a mayo de 2025) y las obligaciones registradas por el Poder Ejecutivo y FODESAF (¢186.147 millones y ¢1.226.309 millones, respectivamente).

  • El Poder Judicial mantiene ¢298.089 millones en la cuenta de Fondos de Terceros y Depósitos en Garantía cuya composición no pudo ser verificada por la CGR, debido a que el Sistema de Depósitos Judiciales no opera como un sistema contable histórico con el nivel de detalle requerido.

  • El Poder Ejecutivo no ha reconocido ni cuantificado el pasivo por beneficios post-empleo (como el auxilio de cesantía por jubilación) mediante un estudio actuarial, como lo exige la normativa contable aplicable.

  • Los ingresos presentan incorrecciones derivadas de que el Poder Ejecutivo los reconoce sobre base de efectivo o cuando inicia el cobro, en lugar de reconocerlos cuando surge el derecho de cobro (base de devengo), lo que subvalúa los ingresos del período; además, existe una duplicidad de ingresos entre FODESAF y el Poder Ejecutivo al reconocerse dos veces las contribuciones patronales.

Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria al 30 de junio de 2026

El segundo documento es el Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria al 30 de junio de 2026 (DFOE-FIP-MTR-00003-2026), publicado el 28 de agosto de 2026 en el sitio de monitoreo de la CGR (#MonitoreoCGR). Según lo señalado en el comunicado de la CGR, este informe analiza la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026, caracterizada por un estancamiento de los ingresos corrientes, una reducción del gasto social y un aumento de la deuda del Gobierno, asociado a las necesidades de financiamiento y a altos saldos de liquidez.

Certificaciones sobre la efectividad fiscal de los ingresos

Los otros dos documentos corresponden a certificaciones de la CGR sobre la razonabilidad de la efectividad fiscal de los ingresos del Presupuesto de la República, remitidas por el Ministerio de Hacienda:

  • La certificación DFOE-FIP-0296-2026, del 13 de agosto de 2026, avala la reestimación a la baja de los ingresos tributarios para el ejercicio 2026. Según el detalle técnico del propio documento, la reestimación total de ingresos para 2026 asciende a ¢5.217.000.000.000 (9,7% del PIB), monto que representa una reducción de ¢373.391 millones (0,7% del PIB) respecto a la estimación original, lo que reduce la carga tributaria proyectada de 13,3% a 12,6% del PIB. La CGR advierte que esta certificación se emite en un contexto de «elevada incertidumbre internacional» y enumera varios factores de riesgo adicionales: la posibilidad de eventos negativos sobre la economía mundial, limitaciones de información derivadas de la implementación del sistema TRIBU-CR, la incertidumbre sobre el efecto de leyes y decretos recientes (como la Ley N.° 10667 y los Decretos 44712 y 44921) y la eventual aprobación de proyectos de reforma tributaria en discusión.

  • La certificación DFOE-FIP-0310-2026, del 24 de agosto de 2026, avala la estimación de ingresos para el ejercicio 2027, por un total de ¢7.738.811.942.326 (13,89% del PIB), de los cuales ¢6.847.888.956.872 corresponden a ingresos tributarios (12,29% del PIB, para una carga tributaria total proyectada de 12,3% del PIB según lo indicado en el comunicado). La CGR enumera factores adicionales de riesgo para esta proyección, entre ellos cambios en las perspectivas macroeconómicas globales, la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, la fluctuación de la elasticidad tributaria y la incertidumbre sobre el efecto de eventuales reformas al sistema tributario.

La CGR compartió además un video con declaraciones de Julissa Sáenz Leiva, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas:
https://www.youtube.com/watch?v=oaefMKpaedU

Gatos desatan en Costa Rica masacre desde los techos

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.

Desde sus tejados de zinc comido por la bruma, los gatos sin collar observan el banquete. No perdonan. Sus presas, criaturas tan cándidas que olvidaron cómo huir, ya son apenas un eco transparente en los portones de las fábricas. Solo los grandes dinosaurios de su misma sangre se salvan del zarpazo, flotando en el aire espeso del privilegio.

Mueven los hilos del oro extranjero y secan los arroyos de la ayuda pública con un parpadeo, mientras abajo, en el asfalto, la gente paga por el aire que respira. Las estructuras del tributo son de piedra milenaria y a los dueños del reloj nadie los toca. Que pague el rebaño, rezongan los gatos desde la luna, si de todos modos ya nacieron con el yugo al cuello.

La pequeña casta de felinos invisibles administra el compás de la miseria exacta. Miden la desigualdad con números fríos y urnas de cartón, convertidos en dueños del tiempo y de la sombra. Dejo constancia, que aun así, la dignidad existe.

III.- El talón de Aquiles: Este es definitivamente uno de los frentes de fragilidad más preocupantes del modelo económico costarricense, si seriamente pensamos en un ‘plan país’ después de 40 años de paquetazos y paquetitos fiscales.

La innegable y alta dependencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) y, dentro de ella, la abrumadora concentración en un solo socio, mantienen a nuestro país en una posición de vulnerabilidad extrema.

El vínculo económico de Costa Rica con Estados Unidos constituye una realidad estructural profunda que se manifiesta de forma primordial en su IED, rubro en el cual el país ostenta un liderazgo mundial al captar un 58 % de sus proyectos de capital estadounidense.

En 2024, el flujo desde EE.UU. representó el 78% de toda la IED que recibió el país. Incluso en 2025, tras una caída, sigue siendo el origen del 51%.

Sectores de oposición atrincherados históricamente en el neoliberalismo repiensan ya otra reforma fiscal que omite la participación directa de diversos actores sociales y productivos avasallados en los últimos 40 años. (Ver Universidad 26/7/2026). Esta propuesta ignora un aspecto central: la falta de atención a las dinámicas del comercio cautivo.

En 2024, el 46.7% de las exportaciones y el 40.6% de las importaciones costarricenses fueron con Estados Unidos. La brecha en las tasas de interés entre ambos países puede originar cambios abruptos en el tipo de cambio, con impactos directos en la competitividad y el bolsillo de los costarricenses más humildes

Otro verdadero desafío no radica meramente en la importación de las debilidades estructurales de Estados Unidos, sino en cómo estas se intensifican al traspasarse a nuestra economía. Lejos de actuar como un ancla de estabilidad, el modelo estadounidense transmite y potencia sus propias fragilidades hacia nuestro entorno.

Dichas vulnerabilidades estructurales inciden negativamente en el proteccionismo y la política arancelaria. Un ejemplo evidente es la aplicación de un arancel del 10% a las exportaciones de Costa Rica, elevado al 15% en 2025.

Esta situación altera de forma estructural las condiciones del intercambio comercial de bienes. Asimismo, la volatilidad geopolítica asociada a este proteccionismo introduce un factor de riesgo que repercute negativamente en la estabilidad económica nacional.

De esta manera, el aumento de los conflictos geopolíticos y su expresión geoeconómica, como la agresiva política arancelaria de Estados Unidos, generan incertidumbre y frenan la inversión.

Igualmente, debemos considerar la reconfiguración de las cadenas globales de suministros. Esto incluye la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, las tensiones petroleras impulsadas por la guerra de Trump en Medio Oriente y la volatilidad del bloque regional al que insisten en mantenernos ligados.

Todos los paquetes fiscales dieron duro a los más vulnerables. (Foto tomada de colectivo La kanaya).

El 10% más rico del que nos hablan las publicaciones especializadas en el tema, es el resultado de los beneficios sin parar otorgados desde hace 40 años. Acumulan aproximadamente entre el 50% y 51.5% de los ingresos y la riqueza total disponibles, mientras que el 1% más rico acapara por sí solo cerca del 35.3% de la prosperidad del país.. Los datos son públicos. Es cuestión de consultarlos.

Manejan nuestro dinero a su antojo, incluyendo los sagrados fondos de pensiones. Les sobra para financiar al gobierno central con un generoso 13,98%, consentir a los acreedores extranjeros con un 3,89% y dejar que las empresas en el exterior ayudadas con plata tica se olviden de pagar impuestos acá. Para rematar semejante obra maestra, los premiamos regalándoles 36 mil millones de colones al año por estar cómodamente fuera de nuestras fronteras.

Ay, democracia, divino tesoro: donde eliges entre la nada y los peores cada cuatro años.

IV.- Narcotráfico, pobreza y desigualdad:

No son simples felinos de callejón; Aquel plumaje dorado de la sospecha aleteó siempre sobre los escritorios de la fiscalía cuando el general Quintero perdió su libreta dorada, el sargento Gamboa, el capi Diablo y el teniente Campana, juraron haber visto en la entrada a misa a un gato persignarse con una pata de oro macizo.

Son gatazos de bigotes encerados y miradas felinas que ronronean en una frecuencia capaz de acabar con cualquier moneda de un manazo.

Durante calendarios enteros, estos animales de seda y alcurnia han enterrado sus fortunas bajo torres invisibles. Están allí por si alguien quiere ser como ellos. Sus activos, amasados con el polvo blanco de los sueños rotos, se esfuman en el aire como un aroma a azahar podrido cada vez que la ley intenta acariciar sus lomos.

Cualquier dato preciso sobre el narcotráfico en la economía no existe ni ha existido. Interesa cuidar el secreto bancario; ese sí importa como parte la institucionalidad.

¡Puro cuento! Esos números exactos sobre la plata sucia en la economía solo salen de la boca de los que ya se imaginan con puesto de diputado, juez, fiscal o asesor. Con exactitud no se conoce ni interesa, porque habría que investigar el verdadero negocio de la droga en Estados Unidos y Europa.

Cuando era ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, precisó y aclaró lo que había dicho en una entrevista anterior: en Centroamérica se lavan 14.000 millones de dólares y a Costa Rica le tocarían 4.359 millones. Como él mismo dijo: “Cambia la magnitud, pero no la importancia del tema”.

Asimismo, según el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, Costa Rica lidera Centroamérica en flujos ilícitos de capitales por tributación internacional y precios de transferencia. Basado en datos del Global Financial Integrity y un cálculo del Icefi para 2014, esto genera una evasión del impuesto sobre la renta del 6.0% del PIB, equivalente a 3.024 millones de dólares. (Diario Extra; 20/11/2019).

El 10% más privilegiado de la población concentra aproximadamente la mitad de la riqueza y de los ingresos nacionales, una disparidad estructural que evidencia la urgente necesidad de consolidar mecanismos de redistribución más justos y equitativos para el desarrollo nacional. Sin controlar las causas del faltante fiscal todo se reducirá a falacia económica.

Como queda planteado líneas atrás, la pobreza en Costa Rica no es un problema de todos por igual: es el resultado de un sistema favorecido por décadas de exoneraciones, evasión y contrabando. entre otros.

Solo como recordatorio, el «gasto tributario» —es decir, los ingresos que el Estado deja de percibir por exenciones y beneficios fiscales— se mantiene en un nivel crítico y debería ser un tema central en todos los debates públicos, dejando de pensar ya en este zutano o aquel fulano iluminado para venir a salvarnos. ¡No ocurrió en 40 años ni ocurrirá! Es tarea conjunta de los trabajadores y otros actores ser protagonistas en la reconfiguración del nuevo país que queremos.

Ya los verán. El municipio aguarda impasible la resurrección de los ríos secos y la bendición de los puentes cuánticos que solo existen en la cartografía electoral del 2030, mientras los benefactores de nuestra tierra infértil llena de rocas ya lustran sus mejores discursos para salvar su sagrado status quo con marchas de fantasmas bien desayunados con caviar de bueno y jamón serrano.

El 1 % más adinerado concentra aproximadamente el 35.3 % de la riqueza nacional, posicionando a Costa Rica entre los países de América Latina con mayor desigualdad en la distribución del capital.

Este panorama se refleja en el coeficiente de Gini, que históricamente ha oscilado entre 0.45 y 0.52. Esto evidencia los problemas estructurales de la democracia más antigua del continente, los cuales fueron expuestos en las líneas anteriores

Para los entendidos en la materia, el coeficiente Gini nos da a conocer el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos o de la riqueza dentro de una población. Se expresa en una escala del 0 al 1 (o del 0 al 100 si se multiplica por cien), donde 0 es la igualdad perfecta y 1 es la desigualdad máxima.

La desigualdad aumentó hasta 2020 y alcanzó su punto más alto con un coeficiente de Gini de 0.492 (en una escala de 0 a 1). Año a partir del cual se registra una reducción de la desigualdad, pasando desde su punto más alto (49.2 en 2020) hasta los 45.5 en 2025.

Esta propensión a la baja se confirma con los datos oficiales del INEC, que en 2024 reportaron el coeficiente de Gini más bajo desde que se tiene registro.

En América Latina y el Caribe, esta tendencia muestra una dirección incierta tras la pandemia. Aunque en 2019 se registró una mejora notable con 39.9 puntos, el indicador repuntó a 42.4 en 2024 y apuntaba a un nuevo incremento de 45.9 para 2025.

Como señalan diversos estudios, estas cifras evidencian una profunda divergencia regional en la recuperación postpandemia.

Sin pretender una única interpretación, esta mejora del Índice de Gini en Costa Rica — pasó de 0.492 en 2024 a una proyección de 0.455 para 2025— podría obedecer a un fenómeno real, pero a la vez limitado y frágil.

Se explicaría por factores coyunturales como la recuperación del empleo formal, el control de la inflación y el aumento del ingreso real en los estratos bajos y medios. El impacto de la economía ilegal en esta métrica es marginal y no cuantificable en las encuestas de hogares, donde solo se declaran ingresos lícitos; de hecho, las ganancias criminales tienden a concentrarse en cúpulas y ensanchan la desigualdad real.

La paradoja la resolvemos si comprendemos que el país mejora la distribución del ingreso mientras deteriora la calidad de sus servicios públicos.

Asimismo, tenemos que la bonanza reciente proviene de sectores como las zonas francas, que generan riqueza, pero no tributan de la misma forma, lo que ha llevado a que el gasto social caiga del 10.1% del PIB en 2020 al 8.5% en 2025. Ambas tendencias son dos caras de una misma moneda: un modelo que estimula el bienestar privado en el ingreso, pero desfinancia el bienestar público.

El llamado «ingreso en especie» (programas sociales) y los subsidios directos han sido históricamente un pilar fundamental para reducir la desigualdad en Costa Rica, y su reciente disminución ayuda a entender la paradoja que estamos planteando. Las transferencias monetarias y los subsidios (como becas, bonos de vivienda o apoyo a redes de cuido) tienen un efecto directo y potente en la distribución del ingreso.

Su impacto es doble: Incrementan el ingreso disponible al poner dinero directamente en los bolsillos de los hogares más pobres. Apaciguan la pobreza, porque sin estos ingresos, sería significativamente mayor. Un estudio de 2025 señaló que, sin los ingresos indicados la pobreza en Costa Rica sería del 77%, lo que subraya la importancia crítica de todas las fuentes de ingreso, incluidas las transferencias.

El problema es que, en los últimos años, estos programas han sufrido recortes significativos Los datos trascendidos en distintos momentos y procedentes de diversas fuentes, muestran una contracción clara y documentada en los principales programas de asistencia social durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

El presupuesto para programas de pobreza se redujo en aproximadamente ¢50.000 millones entre 2022 y 2023. La inversión social total pasó de ¢769.000 millones en 2022 a ¢718.000 millones en 2023, su nivel más bajo desde 2019

Esta tendencia a la baja ha continuado, ya que el gasto social como porcentaje del PIB pasó del 10,1 % en 2020 al 8,5 % proyectado para 2025. El Ejecutivo insiste que se ha dado un mejor uso a estas partidas sociales transparentando los excesos y lujos con los fondos públicos.

Así, el programa de becas para estudiantes en situación de pobreza pasó de ¢113.000 millones a ¢85.000 millones entre 2022 y 2023.Es decir, se eliminaron 113.739 becas en un solo año. En relación con la Red de Cuido, los críticos de Chaves señalan una caída en la atención a menores, bajando de 30.360 niños en 2020 a 26.000 en 2023, lo que representa una pérdida de 4.360 cupos.

Además, la cantidad de soluciones habitacionales entregadas se redujo de un promedio de 12.000 por año a 9.320 en 2024. Aunque las cifras maquillen el ingreso y reduzcan el Gini, los sectores vulnerables resienten servicios públicos en caída libre. La seguridad social se debilita, la educación se limita a suplir la demanda de las multinacionales y los recortes en ciencia, cultura y tecnología destruyen el ascensor social. Así, al sepultar el futuro de la niñez y blindar la pobreza hereditaria, Costa Rica se encamina a un abismo competitivo frente a la región.

Ahora que los dos grandes bandos del poder económico discuten un nuevo ajuste de impuestos, urge preguntar a quienes están fuera de toda ecuación: ¿cómo sería el proyecto de país que sueñan los sindicatos, la juventud, los barrios y los jubilados para los próximos 40 años? Algún día nacerá.

Los hechos históricos y económicos están allí. Muestran que tanto el oficialismo como la fragmentada oposición recurren a la misma estrategia: avivar el fantasma del comunismo y la dictadura. El agarrón de mechas es artificial, algo así como una cortina de humo para ocultar su responsabilidad compartida en la consolidación del modelo económico actual, evitando asumir un debate real sobre los problemas estructurales que afectan al país.

De momento, una verdad grita a voces: las reformas fiscales siempre fueron una trampa. Juraron que viviríamos mejor, pero solo nos usaron para exprimirnos el bolsillo. Esa es la verdad. Históricamente, los ricos y todos los gobiernos de turno se reparten el botín. ¿O acaso es falso?

Un verdadero desarrollo nacional – toda una generación extravío este postulado – no busca destruir la empresa privada ni frenar la creación de riqueza, sino reorientar el rumbo económico. Se trata que, así como el mercado enriqueció a estas cúpulas ahora el Estado articule ese mismo mercado con justicia social, priorizando a las mayorías vulnerables sin caer en falsas alarmas ideológicas con que nos tienen asustados desde 48. Alguien entendido en esas cosas dijo que este Macondo con mar y electricidad era una “dictadura democrática”.

¿Quiénes ponen este cascabel al gato?

LA FÁBULA DEL AHORRO

Óscar Madrigal

Introito (a 2 voces)

A los economistas neoliberales les encanta comparar el Estado con una familia, para manifestar que hay que equilibrar ingresos con egresos.

Drama (5 actores)

La familia Conejín está gastando más de lo que les ingresa. Entonces deciden dejar de comer carne y reducir sus gastos en educación y cultura.

Desde afuera otros vecinos los vitorean manifestándoles lo bueno de su actitud y disposición, porque ahora sí están AHORRANDO.

Otros les dicen que deben continuar haciendo ese esfuerzo y que tal vez deberían recortar algunos otros gastos. La familia Conejín deja de ir al cine y comprar mejores ropas.

Otras familias expresan su gran satisfacción: “Ve ahora si están ahorrando”. Así deben seguir por los próximos 10 años para que puedan equilibrar sus gastos.

Y por supuesto la familia Conejín paga puntualmente sus impuestos, que les rebajan del salario.

La familia Conejín está convencida de que ahora sí ahorran y colaborado con el resto de familias del vecindario y que tal vez dentro de una década pueda hasta aumentar su patrimonio. Además, está feliz porque otras familias del barrio las felicitan por estar AHORRANDO.

Moraleja (todos)

En estos términos está planteada la negociación del Gobierno con el FMI. Ahora sí vamos a AHORRAR, recortando al máximo el gasto social.

Lo que no toman en cuenta es que en la sociedad hay otras familias distintas a la familia Conejín a las cuales les sobra todo y que, lógicamente, no practican ese tipo de ahorro.