El Parlamento Cívico Ambiental invita a la presentación del capítulo de Ambiente del Informe del Estado de la Nación, una actividad bimodal dirigida a personas interesadas en comprender la situación ambiental del país y los principales hallazgos del informe más reciente.
La sesión se realizará este jueves 20 de noviembre, a las 10:00 a.m., en el Auditorio de la Asamblea Legislativa (Edificio A, piso -3). La exposición estará a cargo del Magíster Leonardo Merino Trejos, politólogo y coordinador del Informe Estado de la Nación en la sección correspondiente al diagnóstico ambiental.
Según la convocatoria, las personas interesadas pueden inscribirse mediante el formulario oficial disponible en línea o por los canales de contacto habilitados por el Parlamento Cívico Ambiental. La modalidad virtual estará disponible exclusivamente para las organizaciones que integran el Parlamento Cívico Ambiental, mientras que la participación presencial está abierta mediante inscripción previa.
La actividad forma parte del esfuerzo del Parlamento Cívico Ambiental por fortalecer el acceso público a información rigurosa y promover el debate informado sobre la situación del ambiente en Costa Rica.
Desde el Observatorio compartimos nuestro análisis sobre la situación ambiental del país, basado en el capítulo 4 del Informe Estado de la Nación. Los hallazgos muestran retrocesos significativos en la gestión ambiental de Costa Rica y un debilitamiento de los bienes comunes que debería preocuparnos a todos.
Algunos puntos clave del análisis:
🔹 Reformas regresivas: cambios normativos que reducen la protección del agua potable, flexibilizan el registro de plaguicidas y aumentan la presión turística en áreas protegidas.
🔹 Debilitamiento del Sinac: recortes presupuestarios, pérdida de personal y mayor centralización del poder ambiental en el Minae.
🔹 Conflictos territoriales: casos como Gandoca-Manzanillo y el Pacífico Norte muestran privatización de facto del litoral, presiones del turismo e inequidad en el acceso al agua.
🔹 Tendencia crítica: el país transita de un enfoque ambiental público a uno orientado por intereses privados, afectando el acceso a la costa, al agua y a la biodiversidad.
Este análisis aporta claves importantes para comprender el rumbo socioambiental del país y la defensa de los bienes comunes. 🌎💧
La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría en el que señala deficiencias significativas en la gestión del riesgo de corrupción dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que realiza la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
El documento evidencia que la gestión institucional frente al riesgo de corrupción es débil, inoportuna y carece de un enfoque integral, lo que afecta la calidad y trazabilidad de la información técnica utilizada para aprobar proyectos con impacto ambiental.
Según la auditoría, en algunos casos se otorgaron viabilidades ambientales basadas en estudios técnicos correspondientes a otros proyectos, lo que compromete la objetividad y fiabilidad de las evaluaciones. Además, el 90% de los casos analizados fueron aprobados sin inspección de campo previa por parte de la institución.
La Contraloría también determinó que el seguimiento que realiza la SETENA sobre las viabilidades otorgadas es principalmente reactivo, limitándose a responder solicitudes del desarrollador o de terceros. Esto deja en manos de profesionales externos la responsabilidad directa del cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos, reduciendo la capacidad institucional para fiscalizar efectivamente los impactos reales de los proyectos.
Entre los hallazgos más relevantes, se reporta que el 74% de las evaluaciones revisadas presentan debilidades de control, y que el 60% de las inspecciones de cumplimiento planificadas no se ejecutaron. Asimismo, un 25% de los estudios de impacto ambiental no fueron publicados en el sitio web institucional, afectando la transparencia y el acceso público a la información.
Un caso destacado es el de un proyecto en Quepos (ver infografía adjunta), que recibió viabilidad ambiental pese a encontrarse en una zona con cobertura boscosa. Posteriormente, se detectaron 16 incumplimientos a las condiciones establecidas, con daños graves al ecosistema local, lo que evidencia las consecuencias reales de no aplicar controles efectivos.
La Contraloría subraya que, por el alcance de las decisiones que toma la SETENA y los intereses económicos que involucra, es esencial fortalecer los controles internos, garantizar criterios técnicos y verificables, y fomentar la rendición de cuentas. El informe señala que una gestión ambiental transparente no solo protege los ecosistemas, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El próximo lunes 8 de septiembre a las 6:00 p.m., se realizará el foro “Manejo de desechos sólidos: ¿cuáles son las soluciones?”, un espacio de diálogo y análisis sobre alternativas para enfrentar uno de los principales retos ambientales del país.
El foro contará con la participación de:
Gina Borrero, ingeniera agrónoma, máster en Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de Producción, docente del INA.
Dayana Rojas, ingeniera en Biotecnología, máster en Responsabilidad Social Corporativa y presidenta de la Asociación Civil Pro Natura.
Ronald Arrieta, doctor en Biotecnología Ambiental, profesor jubilado de la UCR y especialista en manejo ecológico de desechos sólidos.
Te invitan:
Alianza por una Vida Digna
SURCOS digital
Kioscos Socioambientales
Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica
Este espacio forma parte de una serie temática sobre desechos sólidos y su impacto en los territorios, que ya ha desarrollado dos conversatorios anteriores, disponibles para consulta:
Rellenos sanitarios: Territorios de sacrificio y resistencia a la «basurización»Ver aquí.
Rellenos sanitarios: Territorios amenazados por la «basurización»Ver aquí.
La invitación queda abierta para sumarse a esta transmisión mediante Facebook Live de SURCOS y reflexionar colectivamente sobre las alternativas posibles hacia una gestión más responsable y justa de los residuos.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe DFOE-SOS-IAD-00004-2025, en el que advierte sobre deficiencias graves en el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), específicamente en las áreas de conservación Osa, Pacífico Central y La Amistad Caribe.
El informe concluye que los procesos y controles del SINAC no cumplen, en aspectos significativos, con el marco legal y técnico vigente. Entre los principales hallazgos destacan que más del 83% de los permisos revisados incumplen controles técnicos y de gestión documental, y que 32 de los 49 permisos analizados carecen de informe de regencia de cierre, aun cuando sus contratos ya vencieron.
Asimismo, se reporta la inoperancia del sistema digital de gestión forestal, con un 90% de los expedientes aún sin digitalizar y sin integración adecuada de módulos. A pesar de haberse presupuestado $325.000 para su desarrollo en 2024, estos fondos fueron redirigidos a otros gastos. También se señala la ausencia de un modelo institucional para fomentar la ética, la falta de gestión de riesgos de corrupción y errores graves como la autorización indebida de la tala de 59 árboles en el Refugio Gandoca-Manzanillo.
De acuerdo con la CGR, estas deficiencias comprometen la capacidad del SINAC para garantizar una conservación forestal sostenible, lo que representa un incumplimiento directo de la Ley Forestal.
Mediante capacitaciones mejorarían productividad forestal
Por: Johnny Núñez Z. O.C-UNA
Alrededor de 140 pequeños y medianos productores de las asociaciones de desarrollo integral de las comunidades indígenas de Salitre, Boruca, Osa, Ujarrás y Rancho Quemado en la región Sur del país, fortalecen su productividad forestal y economía rural mediante una serie de capacitaciones impartidas por tres universidades públicas.
La iniciativa, Extensión forestal como estrategia del mejoramiento y fortalecimiento de la gestión ambiental y de la economía rural en la región Brunca de Costa Rica, iniciado a mediados de 2023, pretende implementar una estrategia de extensión para mejorar la productividad del cultivo de la madera, el paisaje y la economía rural en beneficio de pequeños y medianos productores forestales, así como funcionarios públicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y la Municipalidad de Osa, entre otros.
Las responsables del proyecto en la Universidad Nacional (UNA) son las académicas de la Sede Regional Brunca de la UNA Sharon Torres, Geizel Araya y Guiselle Mora, junto con un grupo de investigadores del Instituto tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Técnica Nacional (UTN), cuya coordinación general recae en Luis Diego Camacho, investigador del TEC.
En territorio indígena
Guiselle Mora, investigadora y arqueóloga del Campus Pérez Zeledón de la UNA, comentó que el proyecto nace con la idea de establecer mecanismos que motiven a productores locales en la producción de especies maderables nativas como la teca, melina, gallinazo, amarillón, pilón y balsa, tanto para una potencial fuente de materia prima, sino también en procesos productivos con el fin de dar un uso integral a la madera. “Trabajamos en un proyecto de vivienda en la comunidad indígena de Cabagra, donde promovemos el uso de especies forestales nativas, pues la mayor parte de las casas de bono de vivienda se construyen con maderas importadas de Chile como el pino”, explicó Mora.
La académica detalló que en este momento se capacitan las asociaciones de desarrollo de territorios indígenas en temas de innovación tecnológica; como el caso de Boruca donde se ofreció la capacitación en manejo de drones y Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). Fundamentalmente, estas herramientas son de utilidad para que los pobladores identifiquen las especies arbóreas y posibles puntos de incendios forestales.
Mora comentó que en el caso de Boruca se cuenta con un invernadero, donde se cultivan árboles de balsa para la creación de máscaras, bajo el manejo de la asociación de desarrollo, la cual se encargará de distribuir las especies a los mascareros de la región.
La arqueóloga de la UNA indicó que para este semestre se capacitará a un grupo de habitantes de Rancho Quemado en el marco de una iniciativa del manejo y protección de las dantas y saínos, de ahí la importancia de conocer el bosque por medio del dron y el GPS. A la vez, como complemento se brindará un taller de arqueología sobre las riquezas de la región en esta materia.
A futuro se espera contar con un equipo de asistencia regional forestal para fomentar temas como la interpretación de senderos boscosos en la región de Osa.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
En medio de crecientes preocupaciones sobre la gestión ambiental en el Cantón de Talamanca, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha presentado una solicitud formal ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Consejo Nacional Ambiental (CNA). La petición, respaldada por pruebas documentales, plantea inquietudes sobre presuntas irregularidades en la entrega de humedales del litoral de Talamanca a la administración municipal local.
La solicitud, dirigida a la Licda. Natalia Díaz Quintanilla, Ministra y Presidenta del CNA, detalla una serie de hechos que sugieren una violación de los derechos constitucionales de los costarricenses y un posible incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de conservación ambiental.
Entre las preocupaciones planteadas se encuentran:
La entrega ilegal de humedales a la Municipalidad de Talamanca por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), presuntamente en violación de disposiciones constitucionales y normativas internacionales.
La omisión por parte del SINAC de considerar el patrimonio natural del Estado ubicado en la zona marítima terrestre, a pesar de las obligaciones legales que lo respaldan.
La emisión de una gran cantidad de permisos de uso de suelo y de construcción por parte de la Municipalidad de Talamanca, posiblemente contraviniendo disposiciones constitucionales y poniendo en riesgo importantes ecosistemas y sitios de anidación de especies protegidas.
La solicitud de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas para proteger los recursos naturales del país y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.
Esta acción resalta la importancia de una gestión ambiental responsable y transparente, así como la necesidad de salvaguardar los ecosistemas naturales para las generaciones presentes y futuras.
De izquierda a derecha, Susana Méndez, coordinadora del programa UNA-Campus Sostenible, Fabián Chavarría, coordinador del PGAI-UNA y Magda Protti de la Unidad de Producción y Consumo del Minae.
Por sexto año consecutivo la Universidad Nacional (UNA) recibió el reconocimiento a la “Excelencia Ambiental”, premio otorgado por la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), por su destacada gestión ambiental.
Dicha distinción obedece a las acciones ejecutadas por la comisión de gestión ambiental institucional del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), conformada por; UNA-Campus Sostenible (coordinador), Apeuna, Programa de Servicios Generales (Sección de Transportes), Oficina de Comunicación, Prodemi, Programa de Gestión Financiera, Proveeduría Institucional y representación estudiantil (estudiante asistente), así como las comisiones ambientales por edificio, facultad o centro y las comisiones PGAI de los campus regionales (Liberia, Pérez Zeledón, Coto, Sarapiquí y Nicoya).
Para la Universidad Nacional este es un reconocimiento al trabajo que se realiza en materia ambiental, el cual es una motivación a seguir mejorando e implementar acciones ambientales como, por ejemplo; ser carbono neutro, tener comisiones ambientales por facultad, edificio o campus regional, la implementación de campañas de ahorro, la concientización mediante educación ambiental a estudiantes y funcionarios, así como la eficacia en el cambio de nuevas tecnologías eficientes para el ahorro y gestión de los recursos.
Fabián Chavarría, coordinador del PGAI-UNA, resaltó que este esfuerzo tiene como objetivo el uso más racional del agua, papel, energía eléctrica y combustible fósil, así como realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos, el tratamiento de las aguas residuales y emisiones de gases de efecto invernadero, buscando minimizar los impactos ambientales que se generan en el quehacer institucional.
Chavarría agregó que esta distinción se extiende a la población universitaria que se encuentra comprometida con el ambiente, así como las personas que colaboran en estas comisiones ambientales. “Estas acciones han venido a consolidar la gestión ambiental de la UNA en el grado de excelencia y debido a esto es que la UNA en seis años consecutivos ha recibido el galardón a la Excelencia Ambiental”, subrayó la funcionaria.
Un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) es un instrumento de planificación que parte de un diagnóstico ambiental del quehacer institucional que considera todos los aspectos ambientales inherentes a la organización, incluyendo los relacionados con eficiencia energética y cambio climático. A partir de este diagnóstico, se priorizan y establecen medidas de prevención, mitigación, compensación o restauración de los impactos ambientales, ya sea a corto, mediano o largo plazo; todo lo anterior bajo el principio de mejora continua.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La sobreexplotación del recurso pesquero, la contaminación de nuestros mares y la falta de opciones que generen nuevos ingresos empuja a los pobladores de las zonas costeras al desempleo, una cifra que hoy alcanza el 20 % en estas regiones.
Con el liderazgo de la Universidad Nacional (UNA) y el apoyo de otras instituciones del estado, desde hace 10 años se desarrolla el cultivo de ostras, iniciativa que beneficia a las comunidades del litoral Pacífico.
Este proyecto está a cargo de Sidey Arias Valverde, de la Estación de Biología Marina de la UNA, con el apoyo de Gerardo Zúñiga Calero y un equipo de especialistas multidisciplinario, altamente calificado, quienes han desarrollado el paquete tecnológico de producción de semilla de la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas), validando procesos en la caracterización de sitios basados en la calidad del agua e hidrografía oceanográfica, eventos de floraciones algales tóxicas, así como el comportamiento del crecimiento de la especie en mención.
Paralelo a estos aportes, las agrupaciones han recibido acompañamiento y asesoría desde la UNA en temas como: gestión ambiental, acompañamiento en la solicitud de permisos de concesión, floraciones de algas, taller para la elaboración de sistemas, asesoría en la realización de compras, ejecución de presupuesto y entrega de informe de cumplimiento al IMAS.
Asimismo, la UNA en conjunto con el Parque Marino del Pacífico y algunas instituciones como el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Ambiente y Energía, entre otras, trabajan desde hace casi dos décadas con el pargo manchado, un cultivo que se realiza en Paquera y que consiste en una granja marina con jaulas, donde se cultiva el pargo desde un gramo hasta que alcanza su talla comercial de 450 gramos. El objetivo es venderlo al sector turístico y eliminar así a los intermediarios, pues los beneficios son mayores.
También, tomando como base un proyecto piloto, el año anterior arrancó una iniciativa de cultivo de camarón en jaulas, con el mismo objetivo de desarrollar turismo complementario para optimizar los recursos y mejorar los ingresos de las familias. El proyecto de cultivo de camarón es desarrollado por Coopeacuicultores R.L de Isla Venado, quienes estiman producir anualmente unos 9 mil kilogramos de camarón de manera artesanal. Las jaulas están al lado de una plataforma flotante, habilitada para recibir turistas y brindarles alimentación.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Integrantes de la delegación de Chile durante la COP2 sobre el Acuerdo de Escazú, realizada del 19 al 21 de abril de 2023. Foto extraída de la red social de Twitter.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
(Una versión en francés de este texto está igualmente disponible en este enlace).
El pasado mes de abril, inició en Buenos Aires (Argentina) la segunda Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú, un tratado regional adoptado en Costa Rica en el 2018 (véase texto completo).
Esta cita, que se celebró entre el 19 y el el 21 de abril, también se denominó por sus siglas en inglés «Conference of Parties» o «COP2»: se trata en efecto de una reunión en la que participan los Estados Partes al Acuerdo de Escazú, y que suman a la fecha 15 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
La inauguración del evento contó con la presencia de Jefe de Estado argentino (véanse nota oficial y comunicado de prensa de la Casa Rosada) y se pudieron seguir todas las sesiones en directo, accesando el enlace oficial de la CEPAL previsto para este efecto (véase enlace).
Estados Partes y Estados no Partes invitados y eventos paralelos
Esta COP2 fue objeto de una reunión preparatoria previa, realizada también en Argentina el pasado 6 de marzo, en la que se precisaron los temas a discutir (véase informe): se indica (en páginas 15 y 16 del precitado informe) que fueron invitados a participar a esta reunión preparatoria representantes de Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, a saber: Brasil, Colombia y Perú. Un gesto de naturaleza política de los 15 Estados Partes hacia estos tres Estados, invitados a observar diversas sesiones, una de ellas muy esperada sobre las iniciativas de cada Estado Parte para implementar en el plano nacional el Acuerdo de Escazú.
En el caso de Centroamérica, no se observó presencia de delegados de El Salvador, Guatemala y Honduras, pese a la crítica situación que viven ahí quienes alzan la voz en defensa del ambiente. Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la dramática situación de los defensores del ambiente en El Salvador, Guatemala y Honduras (véase informe) evidencia la urgente necesidad de adoptar medidas y figuras legales previstas en el mismo Acuerdo de Escazú.
Cabe señalar que, de forma paralela a las reuniones de los representantes estatales durante esta COP2, se realizó una serie de muy variados eventos organizados desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones internacionales (véase programa de eventos paralelos).
El Acuerdo de Escazú favorece y fomenta la participación del público, y las COP constituyen un llamativo espacio en el que delegados estatales y organizaciones de la sociedad civil pueden interactuar con la mayor naturalidad: un esfuerzo en materia de transparencia que ameritaría ser replicado en el caso de reuniones similares relativas a otros tratados internacionales en materia de ambiente y de derechos humanos, sean instrumentos jurídicos universales o regionales.
En esta COP2, Chile (uno de los dos Estados que lideró las negociaciones durante más de 5 años y medio que culminaron en Escazú), participó esta vez como Estado Parte: véase entrevista a la negociadora chilena del Acuerdo de Escazú, publicada en País Circular, del 18/04/2023. Un reciente informe (véase texto) sobre el grado de cumplimiento de Chile con los estándares que propone el Acuerdo de Escazú analiza las diversas iniciativas tomadas por las autoridades gubernamentales chilenas, que deberían de poder replicarse en otras latitudes en América Latina. A su vez la sociedad civil presentó valiosas propuestas a los Estados Partes, tal como por ejemplo, entre muchas otras, este informe elaborado por OXFAM (véase documento).
Más generalmente, esta otra entrevista a un alto funcionario de la CEPAL (publicada en Diálogo Chino, edición del 14/04/2023) permite también apreciar los desafíos que para los Estados de la región significa la construcción de una verdadera democracia ambiental, y ello a partir de los principios enumerados en el Acuerdo de Escazú.
La COP 1 y la COP2 en breve
Como se recordará el Acuerdo de Escazú se adoptó en marzo del 2018 en Costa Rica, y el proceso de negociación fue co-liderado por Chile y Costa Rica. Este tratado regional entró en vigor en abril del 2021 al reunir las ratificaciones necesarias (en total 11, según lo establece el mismo tratado en su Artículo 22).
La primera COP se reunió un año después, en abril del 2022, en Santiago de Chile (véase programa y declaración final), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.
Desde entonces, el Acuerdo de Escazú ha sumado a tres nuevos Estados Partes: Chile (junio del 2022), así como las ratificaciones de Belice y de Granada registradas recientemente (marzo del 2023) que tuvimos la oportunidad de comentar (además de otros notorios avances del Acuerdo de Escazú en lo que va del año 2023), así como la persistente negativa de Costa Rica en aprobarlo (Nota 1). Sobre este último punto, ya en el 2020 tuvimos la oportunidad de advertir de la «llegada de los mitos» en contra del Acuerdo de Escazú, que se plasmaron en varios comunicados de influyentes sectores económicos costarricenses (Nota 2).
En días recientes, autoridades en Brasil señalaron su interés en acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa del 13/04/2023): cabe precisar que la titular de la cartera de ambiente de Brasil estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la COP2 (véase nota oficial). El triste paréntesis que significó para los derechos humanos y el ambiente, así como para las poblaciones indígenas brasileñas, la administración del Presidente Bolsonaro (2017-2022), permite augurar un renovado interés de las autoridades de Brasil en adherir al Acuerdo de Escazú. Organizaciones tales como Transparencia Internacional (véase documento) o Human Rights Watch (véase carta) han solicitado desde varios meses una pronta ratificación por parte de Brasil del Acuerdo de Escazú. El 11 de mayo del 2023 se informó del envío formal por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa).
Se espera además que próximamente Colombia concluya el proceso de ratificación, al haber sido aprobado el Acuerdo de Escazú por las dos cámaras de su Poder Legislativo en noviembre del 2022, una aprobación que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 3).
En América Latina, además de Colombia, los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo han aprobado: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Al tiempo que ni tan siquiera lo han firmado los siguientes: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.
Los acuerdos alcanzados en la COP2
Más allá de los obstáculos de todo tipo que se han generado en algunos Estados para bloquear la aprobación del Acuerdo de Escazú y del desinterés de otros en (por lo menos …) firmar este acuerdo, son varios los temas sobre la implementación del Acuerdo de Escazú que se discutieron entre los Estados Partes a partir de este 19 de abril en Buenos Aires.
A ese respecto, llama la atención la escasa cobertura en medios de prensa costarricenses sobre las diversas iniciativas gestadas a partir del Acuerdo de Escazú en el 2022, y era previsible que esta COP2 en Argentina sufriera el mismo trato: ni una sola nota en la prensa costarricense publicada al respecto.
En abril del 2022, se compiló una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo) que puede desde ya ser usada para generar u orientar políticas públicas en diversos Estados, sean estos Estados Partes o no.
Entre los diversos temas a tratar en Buenos Aires, figuró también la designación de los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento que crea este tratado regional en su Artículo 18, así como la implementación del Fondo Voluntario de Contribuciones (Artículo 14). Esta entrevista al candidato de Argentina designado (véase texto) permite conocer mejor la tarea que se espera del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, cuyas reglas sobre su composición y su funcionamiento fueron adoptadas por los Estados Partes durante la COP1 del 2022 celebrada en Chile (véase documento). En el caso de la candidata de nacionalidad costarricense, fue designada por los demás Estados Partes para integrar este mismo Comité (véase nota de OjoalClima del 1/5/2023, única referencia que encontramos en Costa Rica mencionando su eleción).
Adicionalmente, se buscó la forma de darle seguimiento a las diversas recomendaciones y conclusiones del primer foro sobre defensores ambientales, reunido en Quito (Ecuador) en el mes de noviembre del 2022 (véase informe): un Plan de Acción (véase documento) ha sido puesto a consulta para las organizaciones de la sociedad civil con miras a contar con sus insumos y propuestas. Al respecto, un segundo foro sobre defensores ambientales tendrá lugar esta vez en Panamá, durante la última semana de setiembre del 2023.
Cabe señalar que desde el 27 de febrero del 2023 está circulando en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.588 en Costa Rica (véase texto): una propuesta de ley que pretende proteger a los defensores del ambiente. Al no observarse una sola referencia al Acuerdo de Escazú y al evidenciarse otras notables carencias y omisiones, somos de la opinión que se trata de una burda maniobra política (véase sobre este proyecto de ley nuestra nota titulada «El proyecto de ley 23.588 denominado ´Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente´: algunas breves observaciones«).
Finalmente, se adoptó una declaración final titulada Declaración de Buenos Aires (véase texto) por parte de los Estados Partes, en la que reiteran los acuerdos alcanzados y la necesidad que los Estados que aún no son Estados Partes aprueben el Acuerdo de Escazú «lo antes posible» (punto 14).
A modo de conclusión
Estas y muchas otras iniciativas confirman el paso firme y decisivo que están imprimiéndole al Acuerdo de Escazú los Estados Partes y la CEPAL, conscientes de la importancia de llevar con marcha sostenida la implementación de este tratado regional: un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, tal y como apuntado en varias publicaciones (Nota 4).
Es de notar que la próxima reunión de los Estados Partes (o «COP») se realizará nuevamente en Santiago de Chile, en el mes de abril del 2024 (confirmándose de paso el marcado desinterés de las autoridades de Costa Rica, al volver a la misma capital que para la primera reunión de este tipo): se considera que probablemente Colombia ya sea Estado Parte para esta cita, y (si se toma en cuenta los deseos externados por los representantes de Brasil durante esta COP2), que Brasil también lo sea o a punto de serlo.
Con relación a Costa Rica, los titulares de esta nota de la DW (Alemania) y de esta otra de France24 (Francia), o bien el título de este cable de la agencia internacional de noticias AFP replicado en un medio uruguayo, permiten apreciar el profundo desconcierto que, a nivel internacional, ha causado su ausencia entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú: a más de cinco años desde su adopción en suelo costarricense, el Acuerdo de Escazú avanza sin Costa Rica, y no se vislumbra mayor cambio de posición de sus autoridades para los próximos tres años.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: viento en popa«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., » ´Llegaron los mitos´: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 17/12/2020. Texto disponibleaquí. En el mes de abril del 2021, ante un comunicado de una cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase la emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. Luego, en el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase el foro en este enlace oficial de la UCR). Finalmente, en junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase el foro). Estos últimos reaparecieron en esta carta colectiva de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Colombia a pocos meses de ser oficialmente Estado Parte del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/11/2022. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la precitada guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).
