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Etiqueta: IDELA-UNA

Universidad Nacional rechaza tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel y solicita su archivo inmediato

  • Consejo Universitario aprobó un criterio institucional que advierte sobre los impactos económicos, políticos, ambientales y de derechos humanos del acuerdo comercial.

  • La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA aportó un análisis sobre las obligaciones internacionales de Costa Rica, la protección de los territorios y la ausencia de mecanismos de debida diligencia y participación ciudadana.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) rechazó de forma vehemente el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y el Estado de Israel, expediente legislativo N.° 25.542, y solicitó a la Asamblea Legislativa su archivo inmediato. La posición quedó establecida mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-382-2026, aprobado en el artículo 5, inciso 5.3, de la sesión ordinaria N.° 55-2026, celebrada el 29 de octubre de 2026.

El pronunciamiento institucional es resultado de un análisis multidimensional que incorporó criterios de distintas instancias académicas y técnicas de la Universidad Nacional: la Asesoría Jurídica, la Escuela de Historia, la Escuela de Relaciones Internacionales, el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), la Escuela de Sociología, el Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) y la Escuela de Filosofía.

A partir de estos aportes, el Consejo Universitario concluyó que el tratado no puede valorarse exclusivamente desde sus posibles beneficios comerciales, sino que debe considerar sus implicaciones para la soberanía nacional, la política exterior, los derechos humanos, la protección ambiental y el cumplimiento del derecho internacional.

Un tratado que trasciende lo comercial

Entre los principales cuestionamientos recogidos en el acuerdo universitario se encuentra la existencia de importantes asimetrías entre ambos países en las condiciones negociadas.

El análisis señala que, mientras Israel liberaliza inmediatamente el 90,7 % de sus líneas arancelarias, Costa Rica lo hace en un 82,2 %. Sin embargo, las principales exclusiones y protecciones israelíes se concentran precisamente en el sector agrícola y los alimentos frescos, áreas en las que Costa Rica tiene capacidades productivas y potencial exportador.

El acuerdo también cuestiona que el intercambio comercial entre ambos países representa apenas alrededor del 0,2 % del comercio total costarricense, lo que pone en duda los beneficios económicos que justificarían su aprobación.

Asimismo, se advierte sobre posibles efectos en la recaudación fiscal, el empleo, la producción nacional y las pequeñas y medianas empresas, así como sobre la falta de garantías suficientes para proteger los intereses productivos del país.

Otro aspecto señalado es la inclusión de disposiciones relacionadas con telecomunicaciones, servicios digitales y tratamiento de datos, que requieren mayores garantías para proteger los derechos fundamentales, la privacidad y las libertades democráticas.

Los derechos humanos ambientales y las obligaciones internacionales de Costa Rica

Uno de los aportes específicos al análisis institucional fue el criterio de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales (SIA 0290-26) del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA-UNA).

La Clínica señaló que el tratado carece de mecanismos específicos para evaluar, prevenir y dar seguimiento a sus posibles impactos sobre los derechos humanos, los territorios y el ambiente. También advirtió sobre la falta de mecanismos de debida diligencia empresarial, trazabilidad de los productos provenientes de territorios ocupados y participación de las comunidades y la sociedad civil en el seguimiento del acuerdo.

A partir de las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de derechos humanos y ambiente, la Clínica recomendó no aprobar el proyecto en su forma actual y planteó la necesidad de incorporar evaluaciones integrales de impacto, mecanismos de participación y transparencia, debida diligencia y seguimiento permanente.

Coincidencias entre los criterios académicos y el acuerdo institucional

Varios de los planteamientos de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales coinciden con las consideraciones finalmente incorporadas en el acuerdo del Consejo Universitario. Entre las principales coincidencias se encuentra, en primer lugar, la ausencia de garantías específicas en materia de derechos humanos y ambiente. El acuerdo institucional señala la falta de disposiciones sobre derechos humanos, trabajo decente, género, protección ambiental, participación y denuncia ciudadana, mientras que la Clínica profundizó en la ausencia de mecanismos para prevenir y atender posibles afectaciones.

El acuerdo institucional también recoge otros cuestionamientos provenientes de las instancias consultadas, relacionados con la política exterior costarricense, las asimetrías comerciales, la protección de la producción agrícola nacional, la desgravación de armas y sustancias peligrosas, y las implicaciones políticas de establecer un acuerdo comercial con Israel en el contexto internacional actual.

El Consejo Universitario también recordó el acuerdo UNA-SCU-ACUE-303-2025, mediante el cual la Universidad Nacional condenó el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino e hizo un llamado a detener las acciones militares en la Franja de Gaza.

En el nuevo pronunciamiento, la UNA advierte que la aprobación del tratado podría interpretarse como un respaldo político al Estado de Israel y como una forma de normalización de sus actuaciones frente al pueblo palestino.

El acuerdo señala que Costa Rica debe mantener coherencia con los principios históricos de su política exterior: la defensa de la paz, el desarme, la soberanía nacional, los derechos humanos, el derecho internacional y el desarrollo sostenible.

Mensaje de agradecimiento de Pablo Sibar Sibar después de la audiencia del 10 de noviembre

Pablo Sibar Sibar, líder indígena brörán de Térraba, comparte un mensaje de agradecimiento por la solidaridad y el acompañamiento recibidos durante el juicio agrario realizado el 10 de noviembre, en el que enfrenta un intento de despojo de una finca que posee desde hace 15 años.

En su mensaje agradece a todas las personas y organizaciones que han estado pendientes de su caso. Sin embargo, recuerda que el juicio todavía no tiene una resolución definitiva y que es importante seguir atentos a su desarrollo.

Este proceso tiene implicaciones que van más allá de la situación personal de Pablo. Su resolución podría sentar un precedente para Térraba y otros territorios indígenas que enfrentan procesos de recuperación territorial y numerosos juicios agrarios pendientes.

Durante el juicio, Pablo presentó documentación y testimonios para demostrar la posesión de la finca y explicó los acuerdos de intercambio de propiedades realizados.

Comunicado compartido por la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA.

SURCOS le invita a escuchar el breve mensaje de Pablo Sibar Sibar.

Pablo Sibar enfrenta en juicio a la ADI de Térraba

El dirigente indígena Brörán denuncia que la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba pretende desconocer sus derechos sobre una finca que adquirió hace más de 13 años. El terreno está destinado a la conservación ambiental.

Clínica de Derechos Humanos Ambientales
IDELA-UNA

El dirigente indígena Brörán y defensor de derechos humanos ambientales, Pablo Sibar Sibar, enfrentará un juicio agrario contra la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba, por un terreno de aproximadamente 10 hectáreas que adquirió hace más de 13 años mediante un acuerdo con otra persona indígena.

Según informó el dirigente a la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica (IDELA-UNA), la audiencia está prevista para el 10 de noviembre de 2026, a las 8:00 a. m., en la misma finca en disputa.

El conflicto se originó el 10 de agosto de 2025, cuando dos personas no indígenas ingresaron a la propiedad alegando contar con el respaldo de la ADI de Térraba. Según la denuncia, estas personas se ampararon en una certificación emitida por la asociación el 7 de agosto de ese año, pese a que Sibar había adquirido el terreno muchos años antes.

En la finca se desarrollan actividades de regeneración de la naturaleza, reforestación y conservación de agua.

En sus declaraciones previas al juicio, Pablo Sibar cuestionó que la actual junta directiva de la ADI de Térraba desconozca los derechos de las personas indígenas que defienden y trabajan sus tierras, mientras, según denuncia, mantiene una posición favorable a personas no indígenas.

«No somos, como se dice, peleones, agresivos o violentadores de derechos. Somos personas que defendemos derechos indígenas y que luchamos por una causa que está establecida en leyes, en decretos, en convenios y en un sinnúmero de jurisprudencia donde tenemos todos los derechos», manifestó Sibar.

El dirigente también hizo un llamado a la población costarricense a conocer directamente las condiciones de vida y producción de las comunidades indígenas: «Visítenos, vean cómo vivimos, cómo estamos y cómo producimos dentro de este proceso».

Un conflicto en un contexto de amenazas y agresiones

Este juicio ocurre con múltiples antecedentes de violencia y hostigamiento sostenido contra Pablo Sibar, quien es beneficiario desde 2015 de la medida cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante los hechos del 2025, presentó una petición urgente ante este organismo para reforzar su protección.

El 10 de agosto de 2025, Sibar denunció un incendio provocado por sujetos no identificados dentro de esa misma propiedad.

Su trayectoria como defensor indígena ha estado marcada por agresiones físicas, amenazas de muerte, intentos de homicidio, incendios en sus propiedades y campañas de difamación. Entre los hechos más graves se encuentran los ataques sufridos en 2012 y las amenazas recibidas en 2021, año en que también logró escapar de una turba armada con machetes que amenazaba con matarlo, un día antes de que asesinaran al defensor indígena Brörán Jerhy Rivera Rivera.

El juicio representa un nuevo episodio de una lucha que, como él mismo señala, ha tenido que enfrentar durante muchos años. En esta ocasión, el conflicto se desarrolla con una estructura que debería representar y defender los derechos de los pueblos indígenas.

Escuche las declaraciones de Pablo Sibar Sibar en este enlace:
https://drive.google.com/file/d/1N8VZ7pmNJ7hExU6lYsoAPCB1aWCkhhH2/view?usp=sharing

Más información y antecedentes

Organizaciones, pueblos originarios y personas de 15 países se solidarizan con el pueblo Ngäbe-Buglé frente al avance de la minería

Clínica de Derechos Humanos Ambientales
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Un pronunciamiento regional reúne 137 adhesiones y expresa preocupación por los intentos de abrir paso a la minería en la Comarca Ngäbe-Buglé, donde la Ley 11 de 2012 prohíbe la exploración y explotación minera.

Organizaciones indígenas, ambientales, comunitarias, académicas y sociales, junto con personas de 15 países, expresaron su solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé de Panamá y su histórica defensa del territorio frente a los proyectos mineros.

El pronunciamiento, titulado Solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé y contra el avance de la minería en nuestros territorios, reúne 137 adhesiones de al menos 50 organizaciones, redes, colectivos, comunidades e instituciones. Los apoyos proceden de América Latina, el Caribe y otras regiones, y reflejan la diversidad de pueblos indígenas, movimientos sociales, organizaciones ambientales, universidades y personas comprometidas con la defensa territorial.

Entre las adhesiones hay organizaciones y representantes vinculados a pueblos indígenas de Costa Rica, Panamá, Honduras, México, Colombia, Guatemala, Venezuela, Bolivia y otros países, así como personas y colectivos de Argentina, Brasil, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, Francia y España.

El pronunciamiento recuerda que la defensa de la Comarca Ngäbe-Buglé es resultado de décadas de organización y resistencia frente a proyectos mineros e hidroeléctricos. Las movilizaciones de este pueblo han estado marcadas por la represión y la pérdida de vidas humanas, pero también permitieron conquistar garantías legales fundamentales, entre ellas la Ley 11 de 2012, que prohíbe la exploración y explotación minera dentro del territorio comarcal.

La preocupación actual se relaciona con actividades de consulta y acercamiento vinculadas a un eventual desarrollo minero en Cerro Colorado. Según el testimonio de Weny Bagama, delegada del Congreso General Ngäbe-Buglé, estas actividades se habrían impulsado mediante una empresa consultora y con recursos vinculados a intereses mineros. El pronunciamiento también cuestiona las condiciones en que se convocó un Congreso Extraordinario en septiembre de 2026 y la participación de las organizaciones de base.

Ante esta situación, las personas y organizaciones firmantes advierten que los mecanismos de diálogo, consulta y consentimiento no deben convertirse en instrumentos para debilitar decisiones colectivas, desconocer las instancias legítimas de gobernanza de los pueblos ni abrir paso a proyectos que estos han rechazado históricamente.

Como expresa Weny Bagama: “Nadie más va a respetar nuestra ley si no somos nosotros mismos”.

Entre las adhesiones destacan mensajes de representantes de los pueblos Bribri, Boruca, Maleku, Lenca, Triqui, Ka’apor y Maya K’iche’, así como de la Nación Indígena Mojeño Trinitario. Sus palabras relacionan la defensa territorial con la identidad, la autonomía y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) expresa su solidaridad y recuerda los vínculos territoriales que unen a ambos pueblos: “El Pueblo Ngäbe-Buglé es un Pueblo transfronterizo. Su Territorio y el nuestro se encuentran, y su defensa nos concierne”.

Desde Honduras, José Santos Portillo Guzmán, del Consejo del Indígena Lenca de Sazagua de Santiago Puringla, La Paz, llamó a continuar la lucha y defender los derechos, sin dejarse silenciar por las autoridades ni por las redes sociales.

Jacqueline Reyes Gaona, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en Colombia, envió “un abrazo de armonía y resistencia” y recordó que “somos un solo territorio, ABYA YALA nos necesita”. Desde México, Palmira Flores García, de la Comunidad Triqui de San Luis Potosí, manifestó: “La fuerza y la resistencia serán siempre infinitas cuando se trate de proteger la vida y el territorio”.

Cuc Uaco Matias Romero, de la Universidad Autónoma Comunal de México, expresó su apoyo a los pueblos en resistencia “contra el olvido, contra los megaproyectos de saqueo, destrucción y muerte”, y recordó que no están solos.

Desde Bolivia, Ramiro Zenteno, de la Nación Indígena Mojeño Trinitario de la cuenca Ichilo-Mamoré, envió un mensaje de unidad: “Yaja tenonde (Sigan adelante) pueblo Ngäbe-Buglé”. También advirtió sobre los efectos de los metales pesados en territorios de su país y llamó a defender el territorio ancestral.

Otras adhesiones refuerzan este llamado. Lorena López Mejía, del Colectivo Jael Be, Maya K’iche’ de Guatemala, expresó su mensaje de “fuerza, unidad y solidaridad”. Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, manifestó su respaldo a las luchas históricas del pueblo Ngäbe-Buglé con una consigna: “¡Sí a la vida, no a la minería!”. Desde Perú, María Elena Foronda, del Instituto Natura, expresó su reconocimiento a la defensa de los derechos territoriales y los conocimientos ancestrales frente a los intereses extractivos.

Por su parte, Benito Montezuma Montezuma, de la Asociación de Desarrollo Integral de Abrojo Montezuma, en Costa Rica, recordó el papel de este pueblo en la protección de la tierra: “Vamos adelante pueblo ngäbe, los ngäbes son los protectores de está madre tierra”.

Estas voces expresan una dimensión central del pronunciamiento: la solidaridad no se limita a acompañar una lucha ajena, sino que reconoce los vínculos históricos, territoriales y culturales que unen a los pueblos indígenas y sus procesos de resistencia.

El documento sitúa el caso panameño en un contexto regional de expansión minera y de cuestionamientos a derechos y decisiones comunitarias.

En Costa Rica, advierte sobre los intentos de reabrir la minería metálica a cielo abierto en Crucitas. En Honduras y Guatemala señala la extensión de las concesiones mineras y las presiones sobre territorios y fuentes de agua. En Nicaragua destaca las afectaciones a territorios comunitarios indígenas en un contexto de restricciones a la participación social. En El Salvador recuerda que la prohibición de la minería metálica, conquistada en 2017 tras años de movilización social, fue revertida con la aprobación de una nueva ley en diciembre de 2024.

Aunque cada país presenta condiciones políticas y jurídicas diferentes, las organizaciones firmantes identifican un problema común: las conquistas legales y las decisiones colectivas que protegen los territorios pueden volver a ser cuestionadas ante el avance de los intereses extractivos.

El pronunciamiento fue promovido por la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica (IDELA-UNA), una iniciativa orientada a generar espacios de encuentro, formación, acompañamiento, documentación e incidencia pública en torno a la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales en Costa Rica y América Latina.

Las organizaciones y personas firmantes solicitan el respeto pleno de la Ley 11 de 2012, rechazan la intervención de empresas con intereses mineros en los procesos de decisión de los pueblos y respaldan a las comunidades que defienden sus territorios frente a la expansión minera. También recuerdan a quienes han perdido la vida y a quienes han sufrido represión y persecución por estas luchas.

Desde Abya Yala, el mensaje es claro: la lucha del pueblo Ngäbe-Buglé no está sola.

Nuevas evidencias confirman la situación de vulnerabilidad que enfrentan familias Ngäbe-Buglé durante la cosecha de café

La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA da seguimiento a la denuncia pública y llama a fortalecer la respuesta institucional

San José, Costa Rica. Nuevas investigaciones, observaciones de campo y pronunciamientos de organizaciones indígenas y sociales confirman y amplían las preocupaciones planteadas en julio de 2026 sobre las condiciones que enfrentan las familias indígenas Ngäbe-Buglé que se desplazan desde Panamá hacia Costa Rica para participar en las cosechas de café.

En julio de este año, la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), junto con el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED) y el Observatorio de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la UCR, participó en un pronunciamiento público que alertó sobre la situación de esta población.

Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgada por Semanario Universidad, informó que entre 2016 y junio de 2026 habían fallecido 37 niñas, niños y adolescentes en la zona cafetalera de Los Santos, en su mayoría pertenecientes al pueblo Ngäbe-Buglé. De estas muertes, 23 correspondían a menores de un año. La investigación señaló además que 32 fueron clasificadas como muertes por causas naturales y que 23 estuvieron asociadas con bronconeumonía. El OIJ identificó que las muertes se concentraron entre septiembre y enero, coincidiendo con la temporada de cosecha, y llamó la atención sobre factores relacionados con el acceso a la salud, las condiciones de traslado y las condiciones de alojamiento. (Semanario Universidad)

Esta información se suma ahora a nuevos pronunciamientos y observaciones de organizaciones vinculadas con los pueblos indígenas y con la defensa de los derechos humanos.

Desde el territorio Ngäbe: la voz de Cultura Kare

El comunicado de Cultura Kare, organización agro-ecoturística de carácter familiar vinculada al territorio indígena Ngäbe de Conte Burica, aporta una perspectiva desde el territorio y coloca la situación actual dentro de una historia más amplia de desplazamiento, pérdida territorial y movilidad transfronteriza del pueblo Ngäbe-Buglé.

En su comunicado, Cultura Kare señala que: “Cada año, miles de familias de la población indígena Ngäbe-Buglé se ven forzadas a abandonar sus comunidades. No viajan por elección; se mueven empujadas por la necesidad económica, convirtiéndose en la mano de obra esencial que sostiene la recolección del café, un motor agrícola vital para la región.”

La organización también advierte sobre las condiciones que enfrentan las familias durante este recorrido y sobre la presencia de niñas, niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Dentro de su propio comunicado, Cultura Kare incorpora como documento de respaldo un informe elaborado por Roy Arias Cruz, director de SEPROJOVEN, a partir de un monitoreo de campo realizado durante agosto y septiembre de 2026 en el puesto fronterizo de Río Sereno, en Coto Brus.

El informe de Arias documenta, mediante observación de campo, entrevistas, fotografías y videos, las condiciones que enfrentan las familias indígenas Ngäbe-Buglé mientras esperan la documentación necesaria para continuar su viaje hacia las zonas cafetaleras.

Según ese monitoreo, durante agosto y septiembre ingresaron por Río Sereno aproximadamente entre 100 y 300 personas por día. Muchas viajaban en familias extensas, con niñas, niños, bebés y mujeres embarazadas. El informe registra esperas de dos o tres días y la permanencia de familias a la intemperie, sin espacios adecuados para descansar, alimentarse o acceder a servicios sanitarios.

Entre las necesidades identificadas se encuentran el acceso insuficiente a agua potable, la inseguridad alimentaria, la ausencia de espacios seguros para dormir, las deficiencias de los servicios sanitarios y la falta de vestimenta, particularmente para niñas, niños y bebés.

Estos elementos permiten ampliar la mirada sobre la problemática: las condiciones de vulnerabilidad no comienzan necesariamente en las fincas cafetaleras, sino que pueden presentarse desde el desplazamiento y los pasos fronterizos.

La voz de Prilaka

A esta información se suma el pronunciamiento de Prilaka, organización de base comunitaria que trabaja por los derechos colectivos de comunidades indígenas de la Mosquitia de Nicaragua.

Prilaka expresa su solidaridad con el pueblo Ngäbe-Buglé y llama la atención sobre las barreras burocráticas y los obstáculos que enfrenta esta población para tramitar y obtener salvoconductos en distintos puntos fronterizos.

En sus propias palabras: “Denunciamos las graves barreras burocráticas y los constantes obstáculos que enfrenta esta población para tramitar y obtener salvoconductos en los puestos fronterizos de Paso Canoas, Río Sereno, Sabalito en la zona sur y Sixaola en la zona del Caribe. La falta de documentación transfronteriza oportuna vulnera sus derechos fundamentales y condiciona el acceso a los servicios de atención médica y de salud integral en los cantones cafetaleros.”

Prilaka también plantea que la situación debe ser comprendida desde una perspectiva de derechos colectivos y dignidad indígena, y no únicamente como un problema administrativo o migratorio. Su pronunciamiento denuncia que, mientras se anuncian reformas y medidas relacionadas con los derechos indígenas, persisten situaciones de persecución, despojo territorial y afectación de la autonomía, las lenguas, las culturas y las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas.

Una denuncia que debe traducirse en acciones

Para la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA, los nuevos elementos conocidos durante estos meses refuerzan la necesidad de una mayor respuesta institucional coordinada entre Costa Rica y Panamá.

Los informes y pronunciamientos recientes muestran que la problemática abarca mucho más que la atención posterior a una enfermedad o a una emergencia. Incluye las condiciones de movilidad, los trámites fronterizos, el acceso a alimentación y agua, el alojamiento, la atención sanitaria, la protección de niñas y niños y las condiciones laborales en las fincas cafetaleras.

Por ello, la Clínica reitera el llamado formulado en julio de 2026 para que las instituciones responsables fortalezcan la atención primaria en salud, la vacunación, el seguimiento epidemiológico y la atención materno-infantil; realicen inspecciones efectivas de las condiciones de alojamiento, transporte y trabajo; garanticen el acceso a la seguridad social y a los servicios públicos; y establezcan mecanismos permanentes de coordinación con las organizaciones indígenas y las comunidades involucradas.

La producción de café no puede desvincularse de las condiciones de vida de quienes realizan la cosecha. Las personas Ngäbe-Buglé son pueblos indígenas con derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico costarricense y por instrumentos internacionales de derechos humanos.

La información conocida durante estos meses confirma la necesidad de que las instituciones públicas y los distintos actores vinculados con la actividad cafetalera adopten medidas efectivas que garanticen condiciones dignas, seguras y culturalmente pertinentes para las familias indígenas que participan cada año en las cosechas.

La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA continuará dando seguimiento a esta situación y llama a que las nuevas evidencias y testimonios se traduzcan en acciones concretas de protección y garantía de derechos.

Imagen: Minor Jiménez / Cultura Kare

IDELA-UNA expresa solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera

Heredia, Costa Rica, 8 junio de 2026. El Consejo Académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), en sesión extraordinaria 02-2026 celebrada el 4 de junio de 2026, aprobó un pronunciamiento de solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y la continuidad de la represión contra quienes defienden los derechos colectivos de sus pueblos.

El Instituto manifestó su profunda solidaridad con las comunidades indígenas y afrodescendientes que continúan resistiendo en sus territorios, así como con las personas que han debido exiliarse tras sufrir persecución, encarcelamiento, desapariciones forzadas, despojo territorial y otras formas de violencia ejercidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pronunciamiento destaca la gravedad de la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, reconocido líder miskitu y defensor histórico de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, quien falleció bajo custodia estatal luego de permanecer casi tres años en condición de detención arbitraria y desaparición forzada.

Durante décadas, Rivera impulsó la defensa de la autonomía de la Costa Caribe, la protección de los territorios indígenas y la reivindicación de los derechos históricos de los pueblos originarios. Su detención se produjo después de denunciar ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en abril de 2023, la situación de violencia, invasiones territoriales y violaciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Para el IDELA, la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto de persecución política, criminalización de liderazgos indígenas y afrodescendientes, invasiones territoriales, desplazamientos forzados y exilio. Diversas organizaciones indígenas han advertido que estas acciones amenazan la supervivencia física, cultural y territorial de los pueblos originarios de la Costa Caribe.

El Consejo Académico también manifestó su preocupación por la situación de otras personas indígenas que permanecen privadas de libertad o desaparecidas. En particular, exigió prueba de vida y la liberación inmediata de Steadman Fagot Müller y de los guardabosques mayangnas Celso Lino Argüello, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno, Ever Bruno Palacio, Tony Bruno Smith y Olivier Bruno Palacio.

Acuerdos del pronunciamiento

Ante estos hechos, el Consejo Académico del IDELA acordó:

  • Condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución, el encarcelamiento y la muerte de personas que demandan el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

  • Demandar la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas en Nicaragua.

  • Exigir una investigación independiente que esclarezca las circunstancias que rodearon la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y establezca las responsabilidades correspondientes.

  • Exigir prueba de vida y la liberación inmediata de las personas indígenas actualmente desaparecidas o detenidas arbitrariamente.

  • Reiterar su solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, especialmente con quienes viven en condición de desplazamiento y exilio forzado en Costa Rica.

El Instituto expresó además un mensaje de acompañamiento a las comunidades indígenas exiliadas en Costa Rica, reconociendo el dolor y la incertidumbre que enfrentan, pero también la larga memoria de resistencia construida frente al racismo, la colonización y el despojo territorial.

Finalmente, el Consejo Académico afirmó que la memoria de Brooklyn Rivera continuará presente en las luchas por la autonomía, la defensa de los territorios, la justicia y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y de toda Abya Yala.

Pronunciamiento completo.