Mientras que la riqueza que genera el país aumenta, la sociedad costarricense se empobrece aceleradamente; tremenda incongruencia que ha creado la ideología imperante.
Mientras las autoridades políticas señalan con bombos y platillos que la producción del país crece fuertemente, que la inversión extranjera rompe récords, que las exportaciones siguen dinámicas; el ministro de Hacienda anuncia que la recaudación fiscal disminuye y que recortará aún más el dinero para arreglar las vías públicas, para la salud de la población, para educación, para los Cen-CINAI, para la Red de Cuido, etc. Descomunal contradicción salta fuera del sombrero de los magos de la política económica.
La riqueza crece, pero el Estado se empobrece, la riqueza crece, pero las personas con ocupación disminuyen, la riqueza crece, pero la pobreza no cede, la riqueza crece y Costa Rica vive un serio problema ético de injusticia social que ya no se puede disimular. Y los líderes políticos de turno optan por no discutirlo siquiera, lo toman como si fuera una consecuencia inevitable del destino.
En Costa Rica los impuestos son altos para las Pymes, para los empleados, para los que trabajan por cuenta propia. El ciudadano paga impuestos cuando compra, por el salario que percibe, por las viviendas y los bienes inmuebles, por el combustible que utiliza, entre otros pagos. Sin embargo, no es igual para cierta élite que disfruta de exoneraciones plenas, creadas por leyes.
Cuando revisamos las estadísticas tributarias todos los rubros de cobro de impuestos suben (ver cuadro adjunto), el que disminuye bruscamente es el “Impuesto a los ingresos y utilidades”, que presenta una caída de ¢79.579 millones, al compararse el acumulado de mayo del 2024, con el mismo periodo del año anterior. Pero en ese renglón se recogen los impuestos al salario, a las ganancias de las personas que trabajan por cuenta propia (emprendimientos), ganancias de las Pymes y las ganancias de las grandes empresas. Por lo que es necesario desglosar ese rubro con el fin de darnos cuenta quiénes son los que están haciendo caer la recaudación.
Como podemos apreciar en el cuadro adjunto, los impuestos a los ingresos y utilidades de las personas físicas crecen, esto es, los impuestos a los salarios, la parte de quienes trabajan en sus propias actividades, en lo referente a las remesas también ha aumentado la recaudación.
Son los impuestos a las ganancias de las personas jurídicas donde la recaudación disminuye en ¢105.031 millones en solo 5 meses del 2024. Y más aún, si entráramos con más detalle, son las grandes empresas las que están pagando menos, no son las Pymes, a pesar de que crecen sus utilidades.
Ese resultado, es consecuencia de que ha habido un fortalecimiento legal de los mecanismos para eludir impuestos, un deterioro significativo en la gestión tributaria y aduanera, una mayor laxitud para que las empresas grandes que están en el régimen definitivo se trasladen al régimen exonerado.
Ha habido una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa “a propósito”, que abren portillos a la elusión y a la exoneración tributaria para las grandes empresas. Como ejemplo señalaré tres casos recientes:
– Ley 10.381, con la excusa de sacar a Costa Rica de la lista de Paraísos Fiscales, amplió el concepto de territorialidad para exonerar a decenas de empresas que pagaban impuestos en Costa Rica y ahora no tendrán que hacerlo más. Aunque operan en el país y carguen los costos de producir como gastos tributarios en Costa Rica, los ingresos no deben reportarlos porque esa nueva ley los exoneró.
– Ley N°10.234 que estableció nuevas categorías en el régimen de zona franca, beneficios adicionales, cambios en los criterios de la inversión requerida, así como otros beneficios fiscales respecto a las cargas sociales sobre las planillas. Dicha ley fue impulsada por la Asamblea Legislativa y ha erosionado groseramente la base tributaria.
– Ley que rebajó el cobro del marchamo se aplicó indistintamente a los autos de lujo y a los autos populares.
Estas leyes y otras recientes violentan, incluso, la Constitución Política de Costa Rica que en su Artículo 179 señala: “La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos”, pues la interpretación inversa de este texto es igualmente válida: no puede la Asamblea Legislativa reducir los ingresos de la hacienda pública sin señalar las fuentes que los compensen.
Socialmente no es aceptable que los grupos económicamente más pudientes del país tengan una posición de privilegio en lo tributario, pues son quienes más se benefician de la infraestructura pública, de la educación y de los servicios públicos en general; sin embargo, han ido tomando paulatinamente una posición cada vez más parasitaria en cuanto a la vida del Estado.
La caída de los impuestos de ¢105.031 millones es el equivalente a 12 veces el presupuesto del Ministerio de Economía, o el equivalente a 3.501 bonos de vivienda de ¢30 millones cada uno. No obstante, debido a que es una disminución recaudatoria, eso significará esa cantidad de bonos menos, más infantes padeciendo hambre, más ancianos sin techo; mientras tanto, seguirán apareciendo en las portadas de los diarios las listas de “Grandes Contribuyentes” con pérdidas y cero ganancias a perpetuidad, los escándalos con Panama Papers, ¿hasta cuándo? Y el PIB creciendo y la inversión extrajera rompiendo récords, y las exportaciones en ascenso, y al gobierno y al pueblo yéndole cada vez peor.
Los tres poderes de la República deben encarar con urgencia esta situación de crisis en las finanzas públicas y formar una comisión para resolver está aberración. Hay que encontrarle una salida al absurdo creado a través de las políticas públicas desafortunadas desde hace bastante tiempo para acá. Es necesaria la presencia de los tres poderes porque la Asamblea aprueba la legislación, el Ejecutivo tiene mucho que mejorar en gestión tributaria y aduanera, y el Poder Judicial debe entender la importancia de la correcta interpretación de las leyes en esa materia.
En esta charla, se expone esta idea innovadora que le permitiría obtener pensión sin excepción a todos los costarricenses, esto por medio del consumo, y sin que el Estado, patronos y trabajadores pongan más dinero. Por lo tanto, inicialmente se observa un importante cambio de paradigma, que podría colocar a Costa Rica con un aporte de significación mundial.
La presente iniciativa de ley tiene como finalidad la creación de un nuevo régimen de protección denominado “Pensión – Consumo” para contribuir a universalizar la cobertura de las pensiones de vejez, invalidez y muerte de la población nacional, para lo cual se asignaría una proporción de lo recaudado con el impuesto sobre las ventas, a la creación de fondos individuales de ahorro.
Específicamente se propone la creación de Fondos de Pensiones mediante una contribución social equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor de las compras de bienes y servicios sujetas al impuesto sobre las ventas. Adicionalmente, mediante un transitorio único, se aumenta la tasa vigente del impuesto sobre ventas al 14%, destinando durante el primer año de aplicación un 13% al impuesto de ventas y un 1% de dicho impuesto en forma de contribución social a la pensión-consumo. Durante el segundo año se destinará el 12% al impuesto ventas y 2% a la pensión-consumo. A partir del tercer año se destinará un 10% al impuesto de ventas y un 4% de ese impuesto se transferirá con carácter de contribución social a la pensión de consumo.
La idea es que, mediante la devolución de un porcentaje de lo pagado por dicho impuesto, se fomente una cultura tributaria, que, al incrementar la recaudación general por reducción de la evasión, se generen recursos suficientes para crear fondos de ahorros destinados a complementar los existentes regímenes de retiro (pensión).
Finalmente, para observar y escuchar mas a profundidad los objetivos y procesos que conllevaría esta ley, compartimos el video:
Recientemente se ha escrito sobre si están pagando impuestos como deberían, pero pareciera que ese es el único aspecto que importa. Nadie cuestiona la utilidad de que existan y la cantidad de basura que ingresan a un país en donde el manejo de esta es más que deficiente. Cierto que se encuentran algunos productos de regular calidad, pero la mayoría son basura.
¿Qué sucede con los productos que no se venden, cómo se desechan, en dónde y por quiénes?
Existen países en el mundo depositarios de enormes cantidades de desechos en donde se extraen de celulares y computadoras metales y otros componentes reutilizables quedando al final montañas de basura que perdura.
¿Queremos convertirnos en uno de esos países?
Dado el número de ellos, se debería cuestionar si son negocios legítimos o son como las peluquerías vacías, dos por cada cuadra, salones de belleza y uñas, lavacarros por todo lado cuya función podría ser legitimar dinero.
– La posición de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad se da en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró este lunes 29 de mayo.
Ante las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, señor Nogui Acosta Jaén, en diversos medios de comunicación, sobre la propuesta del gobierno de aplicar impuestos a productos de apoyo que son vitales para la funcionalidad y la autonomía de las personas con discapacidad, tales como sillas de ruedas y bastones, la Seccional ANEP Personas con Discapacidad manifiesta su desaprobación y rechazo absoluto ante estas declaraciones, con base en los siguientes aspectos:
Somos nosotros la primera seccional a nivel nacional conformada por Personas con diversas situaciones de discapacidad, que nos enfocamos en trabajar en la defensa de los derechos de las Personas en situación de discapacidad, que se encuentran laborando en el sector público, privado, independiente, informal o bien, que actualmente se encuentra desempleado.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica en el 2008, establece en su artículo 4: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
Con relación a este punto, es importante recalcar que es obligación del gobierno consultar y verificar antes las consecuencias de gravar los productos de apoyo, pero directamente con la población afectada, en este caso, las personas con discapacidad y no basándose en criterios sin fundamento y sin una noción de la realidad.
De igual forma, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 20: “Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.”
El mayor porcentaje de personas con discapacidad de Costa Rica lo representa las personas con discapacidad física y discapacidad visual, que son entonces los principales usuarios y usuarias de productos de apoyo como sillas de ruedas, camas ortopédicas y bastones y por ende, los más perjudicados con estos nuevos impuestos.
La mayoría de las personas con discapacidad visual adquieren su bastón con recursos propios, debiendo pagar un mínimo de ¢15 000 y hasta ¢35 000 por un bastón, que muchas veces, tiene una vida útil demasiado corta, gracias a las condiciones en que se encuentran las calles, aceras y zonas públicas de nuestro país.
Hay muchas personas con discapacidad que viven en áreas rurales, que no pueden acceder a los programas sociales que les permitan obtener una silla de ruedas o un bastón, ya sea por la distancia o porque muchas instituciones se encuentran centralizadas en el Gran Área Metropolitana únicamente.
Luis Flores Jiménez, Presidente Seccional ANEP-Personas con Discpacidad se refiere al rechazo de impuestos a sillas de ruedas, bastones y cama ortopédicas.
También, hay personas con discapacidad que carecen de un Seguro Social o que presentan una condición migratoria irregular que les permite tenerlo.
El señor Nogui, menciona al principio de su entrevista hacia El Observatorio: “la gente que más compra implementos médicos de ese tipo son los de más altos ingresos, porque los otros los reciben de la caja”. Basándonos en tan severas palabras, las cuales reflejan claramente el desconocimiento del señor ministro de la situación en que viven la mayoría de personas con discapacidad de nuestro país, se vuelve necesario explicarle varios aspectos que hay que contemplar:
Según datos reflejados en el 2018 mediante la Encuesta Nacional en Discapacidad ENADIS, el 18, 2% de la población nacional mayor de 18 años posee algún tipo de discapacidad, de los cuales un 60, 9% corresponde a las mujeres y un 39, 1% de hombres; de los cuales un 74, 6% de esta población en condición de discapacidad requiere o utiliza algún producto de apoyo (dígase por dispositivos, servicios o asistencia animal) o humana.
Además se debe agregar que este mismo estudio muestra: “(…) se destaca que a pesar de que 43,6% de personas con discapacidad tiene algún trabajo o está buscando uno, se ubican en los quintiles de menores ingresos: más del 50% están en pobreza o pobreza extrema, según el INEC.” (Datos expuestos incluso en la misma página del Gobierno de la República, la cursiva y negrita no se muestra en el texto original).
Se debe recalcar que, esta situación de pobreza o pobreza extrema que enfrentan día a día las personas con discapacidad, se agravó con la pandemia ocasionada por el COVID 19 y que a la fecha, existe un gran rezago también en las listas de beneficiarios de los diversos subsidios que ofrecen instituciones del sector social, como IMAS, CONAPDIS, CONAPAM, entre otros, los cuales han tenido que disminuir los apoyos a las diversas poblaciones por los recortes presupuestarios que ha realizado el gobierno.
Además, muchas personas que se contagiaron del COVID 19 son ahora personas con discapacidad, debido a las secuelas que les dejó esta enfermedad, aumentando así las listas de personas que requieren de un producto de apoyo para realizar sus actividades diarias.
En términos generales, la realidad que vive toda la población costarricense se ha vuelto insostenible, con una tasa de desempleo de un 10, 6%, además posteriormente de la pandemia hemos identificado que la tasa de desempleo en la población en situación de discapacidad ronda más del 75%, esto se le debe tomar en cuenta el alto costo de la vida, los salarios reales que recibe la población en pobreza, en la era en el 2022 de un 23, 0%, en la que por ejemplo:
Según la ENAHO, el 23% total de hogares del país viven en situación de pobreza, que alcanzó ₡120.136 en julio del 2022 (monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias).
Los ingresos per cápita de aproximadamente 399.439 hogares del país no alcanzan siquiera para satisfacer correctamente sus necesidades básicas. Esa cifra presenta un incremento de 15.934 hogares (…). (UNA Comunica, 2022).
En cuanto a temas relacionados con la CCSS, debemos recordar:
Sus funciones se orientan a brindar atención integral de la salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, así como garantizar la protección económica a los diferentes grupos de la población del país, su accionar se ha organizado en las áreas estratégicas: Salud, Pensiones y Administración para la gestión. (MIDEPLAN, 2002).
Debemos recordar entonces que el plan de desarrollo de la CCSS, va enfocado en:
Agilidad y calidad de los servicios que se brindan.
La inclusión de la participación social.
Brindar atenciones integrales enfocadas en la prevención.
Régimen de Pensiones.
Atención Ambulatoria.
Desarrollo Político-Institucional.
Servicios de hospitalización y cirugía.
Desarrollo y protección del medio ambiente.
Vigilancia de la salud.
Investigación y desarrollo tecnológico. (MIDEPLAN, 2002).
Estas atenciones se brindan gracias a los aportes que se brindan en el pago de los seguros sociales y demás cargas, que es del conocimiento para el Ministerio de Hacienda, pero debemos de recordar, y citamos algunos ejemplos:
(…) para diciembre 2019, el Hospital Chacón Paut presentó el menor costo por concepto de estancia hospitalaria por el orden de ¢95.683,80 (noventa cinco mil seiscientos ochenta y tres con ochenta céntimos) y el costo más elevado en ¢771.282,49 (setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos con cuarenta nueve céntimos) correspondió al Hospital Nacional de Niños.
En el siguiente cuadro, se destaca que, a diciembre 2020, el Hospital México muestra el costo de estancia más elevado en ¢1.015.422,42 (Un millón quince mil cuatrocientos veinte dos con cuarenta y dos céntimos) y el Hospital Chacón Paut, continuó siendo el centro médico del tercer nivel con el menor costo por concepto de estancia hospitalaria, por el orden de ¢135.134,28 (Ciento treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro con veintiocho céntimos). (…) (CCSS, 2021).
Por lo que le preguntamos señor Nogui, viendo la verdadera realidad, ¿usted cree que una persona puede pagar una atención por día de hospitalización de ¢95.683,80, con el salario real que recibe la clase media o baja de la población costarricense, si no existiera un seguro social?, ¿cree usted que con el promedio de atenciones diarias que brinda la caja, y que para nadie es un secreto, la saturación de los servicios y la fuga de especialistas, sea posible, dentro de las funciones que se leyeron anteriormente de la caja, sea factible lo que usted dice tan vehemente de que la CCSS puede suplir a la población con discapacidad de los dispositivos y productos de apoyo que necesita?
Sandra Ribas Solano, Vicepresidenta seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la importancia del Día Nacional de las Personas con Discapacidad
Es claro y evidente que la CCSS no cuenta con la capacidad económica suficiente para poder brindar los implementos médicos que el señor ministro menciona que es obligación de la caja otorgar.
Es importante agregar que, aunque la CCSS ofrece productos de apoyo, no califican todas las personas que los requieren como candidatos para obtener uno de estos productos, debido a la gran demanda que existe en torno a ellos en comparación con el insuficiente presupuesto con que cuenta la institución, debiendo incluso esperar durante años las personas que sí califican para que se les realice la entrega de los mismos.
Lamentablemente uno de los mayores problemas que hay es la falta de información o conocimiento por parte de los altos mandos del gobierno, ya que la responsabilidad social realmente recae en ellos, pues:
La Responsabilidad Social como virtud o valor marca profundamente a los seres humanos, y nos lleva de un nivel a otro nivel al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en colaboradores, empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces desarrollar empresas socialmente responsables y por qué no, sociedades responsables. (RSS, 2019).
¿Y por qué debe recaer esta gran responsabilidad en el gobierno?
Porque está en ellos comenzar a promover el respeto y la enseñanza hacia la población costarricense sobre temas de discapacidad, y dejar de lado todos estos prejuicios y malos comentarios que se hacen hacia la población de personas con discapacidad.
Debemos de recordar las palabras que incluso la Asamblea Legislativa muestra sobre temas de equidad e igualdad, en la que dice:
La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y situaciones. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas, por lo tanto significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. (Asamblea Legislativa, 2021).
Recordemos que todas las personas, incluidos las personas con discapacidad, primero que todo somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos derechos, que son universales e inherentes para todos, sin importar la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.
Rita Corea Arazo, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la salud mental de esta población ante las adversidades que deben enfrentar día a día.
Con todo lo anterior, apoyamos y unimos nuestra voz a lo expresado por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y a lo manifestado por otros grupos organizados, exigiendo una disculpa pública por parte del señor Ministro de Hacienda y la presentación inmediata de su renuncia al puesto, y dejamos claro con nuestro pronunciamiento que las personas con discapacidad sí sabemos organizarnos y que seguiremos luchando para que se cumpla lo enunciado en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad:
A causa de la injusticia por la desigualdad en la paga de impuestos, donde existe una brecha creciente que favorece a los ricos y provoca que el 1% de la población más rica del mundo acapare casi el doble de dinero que el 99% de la población restante. El presidente de Estados Unidos Biden propuso un impuesto histórico a las personas con mega fortunas, por lo cual Avaaz realiza una recaudación de firmas, con el fin de recaudar un millón de firmas y exigir a los gobiernos del G20 que agraven ya las grandes fortunas de los megamillonarios y no puedan ignorar la propuesta de Biden en la cumbre de líderes mundiales.
El actual ministro de Hacienda y su antecesor mantienen actualmente una disputa con respecto a quién le corresponde la responsabilidad ante la decisión tomada por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), de incluir a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia fiscal. Ambos tienen una cuota de responsabilidad, pero la mayor parte la tienen algunos gobiernos y diputaciones de las últimas décadas, que no han aceptado la recomendación de eliminar el carácter cedular y territorial de los principios que rigen el impuesto sobre la renta en el país.
El carácter cedular se caracteriza por no gravar la riqueza en forma global, sino que la grava por secciones relativas a tipos específicos de ingresos, lo cual permite fraccionar de forma legítima la renta. En consecuencia, el sistema no tiene como eje el principio de capacidad económica de las personas contribuyentes y, por ende, atenta contra una premisa básica de todo sistema tributario, como lo es la equidad en el pago de impuestos.
Así, por ejemplo, si se cobra una tasa baja para los ingresos por concepto de intereses sobre inversiones y una más alta para los salarios – bajo el supuesto de que las personas con rentas más altas son las que tienen una mayor proporción de ingresos generada por intereses – el pago de los impuestos, como proporción de la renta total, podría ser menor para las familias de mayor poder adquisitivo. De esta manera el sistema resulta regresivo.
Por otra parte, el carácter territorial de esteimpuesto grava de forma exclusiva la riqueza producida dentro del territorio nacional. Es decir, los ingresos generados por ciudadanos costarricenses en otros países (por ejemplo, por consultorías, intereses o dividendos) están exentos.
Uno de los mayores inconvenientes del principio de territorialidad es que impide a la Administración Tributaria gravar las rentas que perciben en forma recurrente ciudadanos y residentes, en particular profesionales liberales y cuerpos directivos de entidades privadas, a quienes eventualmente se les retribuye una parte de su trabajo en Costa Rica y otra en el extranjero. Como alternativa, existe el principio de universalidad, en el que se gravan los ingresos de los ciudadanos residentes independientemente de si fueron generados o no en el país. Este se aplica en la mayoría de países desarrollados.
La decisión de la Unión Europea (UE) de incluir a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia tributaria -con un evidente desprestigio para el país- se debe a la ausencia, en el sistema tributario costarricense, de una norma que grave las ganancias obtenidas en el exterior, producto de rentas pasivas, por ejemplo, intereses o dividendos.
Ahora bien, este tema no es nuevo, sino que forma parte de una discusión que se ha dado por más de veinte años. Hasta el momento no ha sido posible echar a andar una enmienda compatible con el principio de universalidad, a pesar de que tanto las reformas fiscales promovidas por las administraciones Pacheco de la Espriella y Chinchilla Miranda persiguieron este fin. En ambos casos, las reformas legales aprobadas por mayoría legislativa, fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a errores cometidos en el trámite legislativo.
En abril de 2002 una comisión ad hoc de exministros de Hacienda presentó al expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría un informe denominado Agenda de transformación fiscal para el desarrollo, en el que recomendó, en materia de impuesto sobre la renta, entre otros, dos elementos esenciales: por un lado la adopción de un sistema global de impuesto sobre la renta, en sustitución del actual sistema cedular; y por el otro lado, una base universal o mundial aplicada a todos los ingresos con independencia del territorio donde se generen.
La exigencia de la UE en materia tributaria representa una extraordinaria oportunidad para el país, pero en particular para el presidente Rodrigo Chaves Robles, de establecer una reforma legal que produzca equidad en el sistema tributario y que permita reducir las posibilidades de evasión y elusión fiscal, definidas por el presidente – en su anterior calidad de ministro de Hacienda – como un “deporte nacional”.
Cabe recordar que, en su primera intervención ante la prensa nacional, el entonces ministro Chaves Robles señaló, entre otros aspectos, que “tenemos que aumentar la recaudación de los tributos que ya son ley de la República, pero especialmente de los evasores que tienen recursos para pagar los impuestos y que tienen la obligación, pero no lo hacen” (La República, 26 de noviembre de 2019).
De igual forma, en la nota en que él le comunica al presidente de la República su renuncia al Ministerio de Hacienda, afirmó: “mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el Ministerio, es decir un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas” (El Observador, 28 de mayo de 2020).
Luego, en su condición de candidato presidencial, el señor Chaves Robles cuestionó al entonces presidente Carlos Alvarado Quesada en estos términos: “¿por qué no ha luchado por eliminar destinos específicos, regalos de las parafiscales, las exoneraciones a los grupos poderosos y reducir la evasión fiscal que nos cuesta casi $5 mil millones al año?” (La República, 21 de setiembre de 2021).
Según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2023), la recaudación por impuestos en Costa Rica es inferior al de la mayoría de países adscritos a esa organización. El promedio de recaudación en estos países alcanza el 33,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Costa Rica llega al 22,9 %, esto en contraste con Dinamarca, cuya recaudación es del 46,5 % del PIB.
Si bien es cierto el requerimiento que la UE le hace al país es eliminar el principio de territorialidad para rentas pasivas (intereses y dividendos), el momento es propicio para que la administración Chaves Robles promueva ante la Asamblea Legislativa una reforma integral al impuesto sobre la renta que elimine su carácter cedular y territorial. Esto daría paso a una renta global como sucede en la mayoría de los países del mundo y como lo han sugerido – desde hace más de dos décadas – sectores técnicos, políticos, académicos y el mismo órgano legislativo, en particular a propósito del informe sobre los conocidos “Papeles de Panamá”.
Una reforma en esta línea generaría un mayor nivel de equidad en el sistema tributario, cerraría portillos a la elusión y evasión fiscal, incrementaría la recaudación tributaria, reduciría el déficit fiscal y disminuiría la relación porcentual de la deuda pública respecto del PIB. Además, fortalecería los postulados y compromisos del presidente de la República de dar una lucha frontal contra la evasión y elusión fiscal y nos permitiría salir de la lista de países no cooperantes en materia tributaria de la UE.
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa de ANEP:
Se deben romper tabúes: el sector financiero-bancario debe aportar pues la gente ya no tiene de donde 692 mil 853 millones de colones (692.853.000.000), es el monto pagado por concepto de intereses de la deuda pública durante los primeros tres meses del presente año 2022. Sin duda, escandaloso y obsceno pago. Son datos publicados por el propio Ministerio de Hacienda.
Tenemos, entonces que, en enero anterior, se pagaron por intereses de la deuda pública, 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000). Cifra exactamente igual se pagó en febrero y en marzo pasados.
En cuanto a lo recaudado por concepto de impuesto único a los combustibles, en el pasado mes de enero, el monto es de 68 mil millones de colones (68.000.000.000).
EL Gobierno está pegando el grito al cielo ante la posibilidad de que le quitaran este impuesto, en todo o en parte. Dice que le quedaría un hueco fiscal y que nadie le dice cómo lo llenaría (lástima que no está gritando lo debido por el pago de intereses de la deuda pública).
El monto total recaudado por concepto de impuesto a los combustibles es, apenas, un 30 % (29.44 %, para ser exactos), de lo que hubo que erogar para atender ese obsceno y escandaloso pago de intereses de la deuda pública.
Dicho de otra manera: Tanto el Gobierno como la Asamblea Legislativa pueden tomar medidas para aliviarle la carga a la población del país, especialmente la conformante de la clase trabajadora, tomando dineros del pago de intereses de la deuda pública para reducir, sustancialmente, la cruel carga tributaria sobre el precio de la gasolina y del diésel, principalmente.
Sin tocar un centavo de los dineros tributarios destinados a las municipalidades que están establecidos dentro del impuesto a los combustibles, con la medida que estamos proponiendo se puede reducir, significativamente, la carga de impositiva actual del 28 % sobre el precio del litro de gasolina súper. En idéntico sentido, el 17 % de impuesto que pesa sobre el valor del litro de diésel, también se podría bajar sustancialmente.
Se trata de tomar una decisión extraordinaria para estos tiempos que no son normales. Se trata de indicarle a los sectores financiero-bancarios que, por ejemplo, durante un cierto período de tiempo, tendrán que contenerse en su avidez sin freno en cuanto a la acumulación abusiva que les representa el pago mensual de intereses de la deuda pública que, repetimos, es de 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000).
En vez de pagarles esa gigantesca cantidad cada 30 días, estarían recibiendo 162 mil 951 millones de colones (162.951.000.000) cada mes. Y no se “empobrecerán”.
Es más, se pueden diseñar mecanismos de reingeniería y de reestructuración financiera a nivel de intereses de la deuda pública, de forma tal que no perderían un centavo.
Este asunto del, repetimos, escandaloso y obsceno pago de intereses de la deuda pública fue mencionado en el programa de gobierno del hoy Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles.
La sola mención podría interpretarse como una decisión de romper un tabú: que es “entrarle” al negocio privado más rentable de todos los que se hacen a diario en el país, a juicio del economista de la Universidad Nacional (UNA), don Fernando Rodríguez Garro. ¿Se comerá, en serio, esta bronca el mandatario Chaves Robles?
En todo caso, es interés de la ANEP dejar en evidencia una de las razones de mayor impacto para graficar la espantosa realidad de la desigualdad social que amenaza, seriamente, ya no solamente la paz social sino la propia estabilidad republicana.
San José, domingo 5 de junio de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
En el mes de junio de 1995, dos partidos políticos, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, dos caras de un mismo proyecto político neoliberal, consolidan el “Pacto de la Vergüenza”.
Ambos partidos durante años han conducido nuestro país, a un mayor empobrecimiento y a una mayor desigualdad social.
Para la ANEP, las encuestas de opinión acerca del gobierno y del presidente “…dejan un claro descontento nacional con las políticas neoliberales y las acciones antipopulares de elevar impuestos, despido de empleados públicos y de entrega vergonzosa a los dictados de los organismos financieros internacionales…”
Caricatura alusiva al tema del Pacto Figueres-Calderón (En Marcha, junio 1995).
El pacto significó la eliminación definitiva de la banca nacionalizada -hoy totalmente cumplido-, además, la entrega de aquellas empresas rentables del Estado, como es la FANAL, hoy en proceso de desmantelamiento; pero además la reducción forzada del déficit fiscal, que conlleva el despido de miles de empleados públicos y el deterioro y cierre de muchas instituciones y servicios públicos; también agenda permanente de la política costarricense.
La ANEP denuncia “…la maniobra del Partido Unidad, al engañar a los costarricenses presentándose como opuestos al Paquete Tributario, pero comprometiéndose a no obstaculizar su trámite en la votación legislativa…”
Asimismo, el sindicalismo, considera y denuncia el doble juego del Gobierno, al aparentar negociaciones con diferentes sectores sociales y presentarse como dispuesto al diálogo, cuando en realidad hace yunta con la supuesta oposición para seguir promoviendo mayor pobreza a la gran mayoría de costarricenses.
Manifestación en 1995.
En el editorial de la “Prensa Libre”, del 15 de junio de 1995, se expresa: “…llamando a las cosas por su nombre, el acuerdo Figueres-Calderón es simplemente la crónica de la toma del poder perpetrada por el liberalismo radical, el que considera que la ley de la oferta y la demanda está moralmente por encima de los diez mandamientos, y que los pobres por su mala cabeza… tienen la culpa, de su propia condición… y que si alguna gente se muere de hambre eso forma parte de la selección natural que elimina a los más débiles…”
Liberación Nacional y la Unidad se comprometen con el acuerdo, a no obstaculizar según su turno la aprobación de cualquier impuesto futuro, en situaciones similares a la presente, la conclusión es desoladora.
El editorial del vespertino lleva el nombre sugestivo “La flor del cactus”, porque es posible que la macro economía costarricense crezca pronto brillante, colorida y espinosa, como la flor del cactus, pero la paz social está en tremendo peligro.
Las mayorías que ven como llevamos décadas esperando el cumplimiento de las promesas del PUSC-PAC, deben tener plena certeza que a Don Eliecer Feinzaig, no le hace falta, como dicen popularmente quemarse dando apoyos, lo cual aplica exactamente igual para otras banderas de inclinación conservadora que ocupan sillas en Cuesta de Moras.
Estos actores políticos tienen una cuota del pastel otorgada por la gente, misma que nunca tuvieron y con la cual van a jugar a más no poder.
Así dicho, lo que sí debe quedarle claro a la gente, es que en la oscuridad de los pasillos legislativos estas fracciones a las cuales le dieron su confianza apoyarán ideas ( proyectos de ley), que serán como un lobo con piel de oveja y que las mismas serán camufladas y distorsionadas por los medios de comunicación cuyos dueños tienen contrato firmado con sus marionetas legislativas, ya que estás son parte de un sistema que genera pobreza, informalidad, precariedad social, robo de impuestos y concentración de la riqueza.
Visto este panorama, desde las organizaciones sindicales, sociales y socioproductivas con mayor autonomía política debemos monitorear cómo evoluciona ese grupo legislativo de Don Eliecer y los otros debutantes, para ir viendo los signos del comportamiento a favor o en contra de los más pobres, para así ir definiendo nuestras acciones de lucha social en los distintos escenarios .
Ahora bien y para ser asertivos y objetivos, decimos, que mientras no se logre empezar a descarrilar mínimamente este tren neoliberal absurdo, dogmático y excluyente los excluidos y oprimidos de Costa Rica, seguirán como dice nuestro pueblo, llevando palo, realidad que empezará a cambiar un poco de manera más efectiva cuando se inicie una cirugía mayor en las direcciones sindicales y sociales o al menos se opte por mayor análisis político y se retome la autonomía política .
Por ahora nos es claro, que no todo es blanco o negro y que existen grises y otros colores, lo cual pone de relieve la remota posibilidad de futuras rupturas en determinados contextos dentro de este congreso inclinado sin duda a la derecha.
Así las cosas, si en esos grupos humanos legislativos la balanza se inclina por posiciones de muy antihumanas que riñan con arraigos puramente ticos, hay que sin dilaciones potenciar esas contradicciones dentro de los operadores políticos sistémicos del capital, para no perder la oportunidad de potenciar y ver posibles eventos de fricciones, que hay que aprovechar sin duda a favor de las mayorías empobrecidas.
Igual lectura debemos hacer de las demás fracciones legislativas, sin caer en la ingenuidad, claro está, todo esto, mientras no se logre modificar el estado de situación actual de los movimientos sindicales, sociales y socio-productivos, lo cual pasa dentro de otros ejes, por cambios en las direcciones.
Lo anterior impone igualmente no perder de vista que está en desarrollo una nueva especie de totalitarismo que ostenta un traje bastante invisible y que debemos visibilizar para orientar con contundencia, ya que observamos tintes de un discurso engañoso de antipolítica y de necropolítica, que es peor aún.
Lo anterior, si analizamos el discurso de Doña Pilar Cisneros sobre el sector cultura y esto sin olvidar los temas de campaña ya conocidos y que ayudaron a que algunos votos migrarán a la derecha y a la izquierda, respetando los enfoques que se tenga para ambos casos.
Al arribar a su final, se puede concluir que esta campaña electoral de cara las elecciones de este 6 de febrero, sigue sin mostrar la profundidad que ha debido tener ante la grave crisis múltiple que enfrenta Costa Rica en este duro y desafiante presente.
Casi todos los candidatos presidenciales se han dedicado a endulzar los oídos de los electores, practicando una comunicación política camaleónica. Sus estrategias de campaña se han centrado en ganar electores, o no perderlos si ya consideran que los han conquistado, evadiendo la apreciación diagnóstica rigurosa de la realidad del país. Consecuentemente, no han ahondado en soluciones que se ajusten a la gravedad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Ese abordaje tangencial apenas ha rozado el epitelio de los problemas, desafíos y propuestas de solución que demanda el país, según hemos notado en entrevistas y declaraciones de la mayoría de los candidatos, así como en los debates presidenciales.
Un ejemplo concreto de esta situación lo hallamos en el tema de un posible impuesto a las llamadas Zonas Francas; las cuales se han convertido en un componente importante de la economía costarricense. Al definir qué es una Zona Franca, el artículo 1 de la Ley N° 7210, expresa que “es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos.”
Los incentivos y beneficios que el país les otorga a diversas empresas que se han acogido al Régimen de Zonas Francas (RZF), han hecho que este sector –desde que se establecieron las primeras empresas en el año 1990–, haya crecido significativamente a los largo de los últimos 30 años. Valga destacar que durante el gobierno de Carlos Alvarado se sumaron 153, con lo que actualmente existen 546 empresas beneficiarias de este régimen.
Un incentivo que se vuelve muy atractivo para las empresas que se acogen al RZF, son las múltiples exenciones tributarias que ofrece el país. En este sentido, un dato publicado recientemente por el “Semanario Universidad”, es muy ilustrativo: En el año 2019, las exoneraciones en las Zonas Francas alcanzaron la suma de 375.784 millones de colones; lo que equivale a 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Cuando en los intercambios entre los candidatos y los partidos, lo mismo que en la propaganda prevaleciente, se ha asociado el crecimiento del RZF casi exclusivamente, a tales exenciones impositivas, se atisba un claro reduccionismo argumental. Siendo como lo es un atractivo muy importante, desde luego que no es el único. La histórica estabilidad política y social del país, los servicios que brinda, un Estado de Derecho robusto, la formación académica y técnica de un sector de la población, el bilingüismo que ofrecen muchos potenciales trabajadores y, desde luego, la cercanía sus con casas matrices, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, constituyen componentes (que combinados), han convertido al país en un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y para que muchas compañías se hayan acogido al RZF.
Como se ha indicado, aun cuando la economía costarricense sufrió los duros embates de la pandemia de la Covid-19, el sector de las Zonas Francas siguió creciendo, manteniendo un significativo dinamismo. El sector creció un 8 % en producción y generó alrededor de 20.000 empleos nuevos en 2020.
Todo indica que en este año 2022 y venideros, las empresas extranjeras atraídas por el RZF pueden seguir arribando al país por dos factores combinados. Por un lado, muchas empresas estadounidenses asentadas en China esterarían considerando su migración, porque en los últimos años los salarios en ese país se han incrementado entre un 10 y 15 %, con lo que el atractivo de mano de obra muy barata ha empezado a desvanecerse. Por otra parte, el altísimo aumento en los costos de los fletes en el transporte marítimo, están generando un incremento significativo en el costo de las mercancías al arribar a sus destinos de venta al por menor.
Así el llamado “offshoring” está convirtiéndose en “reshoring”; es decir empresas que tenían asentada la producción lejos de Estados Unidos, están desarrollando procesos de retorno. Este proceso se empezó a desarrollar con el gobierno de Donald Trump, cuando su administración decretó un paquete de medidas para incentivar la producción nacional y recuperar empleos perdidos. Eso tuvo un efecto breve pero no tan relevante como se esperaba. Mientras tanto la administración de Joe Biden ha buscado incentivar el “reshoring”, con el fin de resolver los problemas en las cadenas productivas, que han hecho que anaqueles de supermercados y almacenes, se hayan mostrado vacíos en los meses recientes.
Es dentro de este contexto que el propósito de seguir atrayendo IED y que compañías estadounidenses lleguen a las Zonas Francas, se convierte en una posibilidad real para el país, en el marco del denominado “nearshoring”, que es la alternativa a la repatriación productiva y que significa que las empresas desarrollen su producción en el “vecindario”. Y Costa Rica está relativamente cerca de Estados Unidos. Este es un factor a considerar seriamente a la hora de ofrecer las ventajas comparativas del RZF costarricense en la presente coyuntura.
Así las cosas, ofreciendo tantos atractivos, ¿Por qué casi todos los candidatos presidenciales no entran a considerar fijar un impuesto, justo y razonable, a las jugosas ganancias que obtienen las empresas ubicadas en las Zonas Francas? En entrevistas y debates, los candidatos reaccionan tan rápido como tensos resortes, rechazando la idea aun cuando la obtención de recursos frescos es un imperativo ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país y para poder estimular y desarrollar un sector económico tan alicaído como el conformado por los productores nacionales, medianos, pequeños y micro emprendedores, que no cuentan con ningún tipo de estímulos y exoneraciones de impuestos.
Sin duda que es necesario darle impulso a la estrategia de desarrollo del RZF, creando las condiciones para que éstas se ubiquen no sólo en la Gran Área Metropolitana. Es urgente y necesario que se sitúen también en zonas rurales y costeras, a fin de abrir oportunidades laborales en esas regiones. Por supuesto, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades educativas en carreras que hagan que trabajadoras y trabajadores de esas zonas, adquieran los conocimientos técnicos para aprovechas esas oportunidades.
Pero insisto: ¿Por qué prácticamente se sataniza la posibilidad de que se fije una tasa impositiva que permita que esas empresas contribuyan al desarrollo del país, en un aspecto que no sea solo la contratación de trabajadores?
Es bien sabido que habitamos un país donde la evasión fiscal, la elusión y el contrabando impiden la recaudación de los urgentes ingresos para atender las obligaciones de la deuda, las inversiones públicas, los programas sociales y, en general, el desarrollo del país. Hace falta un Gobierno que realmente le ponga coto al no pago de impuestos, de grandes empresas y personas sumamente ricas. Solo de esta manera, se puede reducir la desigualdad y la repudiable concentración de la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la necesidad de una reforma fiscal, progresiva y justa sigue siendo un tema pendiente.
Pienso, en suma, que desde las Zonas Francas podrían provenir recursos que ayuden al mejor desarrollo de Costa Rica, sin afectar en forma significativa los estímulos y condiciones favorables que el país ofrece mediante el RZF. No se trata de afectarlas sino buscar una solución justa y razonable para el país y las empresas, especialmente por los desafíos que impone el periodo pandémico y post pandémico que vivimos. Por eso no se justifica que en un tema de debate tan relevante en está gélida campaña electoral, casi todos candidatos, partidos y la mayoría de los medios informativos, lo hayan tratado como si se hablara de la soga en casa del ahorcado.
