Este martes 16 de marzo a las 5 p.m. se realizará el foro “contexto de violencia en Salitre desde la investigación y la vivencia”, en las voces de jóvenes investigadores/as – En honor a la memoria de Sergio Rojas Ortiz.
Se contará con la participación de:
Louise Branco Gomes Caroline, Antropóloga – Mujeres recuperadoras en lucha contra la violencia. • Alejandro Alcázar Alvarado, Sociólogo – Las relaciones Estado-Pueblos Indígenas en Salitre. • Jimmy Vargas Alvarado, Sociólogo – Movilización y acción político-territorial en Salitre. • Jorge Morales Elizondo, Bibliotecólogo, estudiante de Sociología, del territorio indígena de Salitre y representante del Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica (MIITU). • Modera: Dennia Román Solano, UCREA- Escuela de Antropología y Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN).
Organizan: Proyecto Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales y la Escuela de Geografía UCR; Escuela de Antropología UCR; CIAN-UCREA UCR; CICDE-UNED; Cátedra Agenda Nacional de la Escuela de Ciencias Sociales del ITCR; DITSO; Voces Nuestras y Coordinadora de Lucha Sur Sur.
¡Contra la impunidad y el olvido, Sergio Rojas vive!
El coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) Pablo Sibar envió un audio al presidente de la República Carlos Alvarado, en el cual, expone los fundamentos de la lucha que llevan adelante por la recuperación de sus tierras y la defensa de su identidad ancestral.
Este llamado que hace el dirigente indígena al mandatario se produce luego de ser objeto de muchas amenazas a su vida, como la que compartimos en recorte, y cuya copia completa está en poder de los organismos nacionales e internacionales que velan por la integridad de las personas de pueblos indígenas.
Les invitamos a escuchar el llamado hecho por Pablo Sibar al presidente Carlos Alvarado.
“Buenas noches a todas y todos para informarles que mañana tenemos juicio en la finca recuperada Crun Shurin antigua Poto Mak, a la 1:30 pm.
Yo espero que el juez se apegue al derecho indígena y que mañana se termine este calvario que hemos llevado por 3 años.
Muchos nos tildan de ladrones, vagos, inútiles, por decir solo las cosas bonitas que nos dicen, pero es muy duro sostener una recuperación y hoy con orgullo decimos esta tierra nos pertenece. Pero sería muy importante que los tres Poderes de la Republica hicieran algo para que las tierras nos sean entregadas.
No es posible que se nos siga humillando, que sigamos viviendo un racismo solo por recuperar nuestras vidas, vivencias, autonomía.
El Estado nos ha negado derechos y desprotegido,
Veremos qué sucede mañana, pero de lo que si estamos seguros es que los procesos de recuperación por la vía de hecho continuarán y el Estado será el único responsable y culpable de lo que los finqueros nos hagan.
También les decimos que estamos cansados de sufrir tanto atropello y que solo nosotros tenemos macheteados, marcados, ranchos quemados, fincas quemadas, baleados, golpeados, y dos asesinatos que siguen impunes.
Creemos que ya basta de tanto sufrir. Espero que con las nuevas recuperaciones no seamos los indígenas los que llevemos la peor parte, y de esto también responsabilizo al Estado.
Les solicito que entiendan que se habla de la deuda histórica de más de 40 años, pero en la realidad esa deuda es mucho más vieja yo espero que mañana sea un gran día para los Shurines y para los pueblos indígenas que estamos en nuestras luchas por nuestros derechos.
La lucha sigue, sigue y se extiende. Sergio vive y vive”.
¿Cómo es la vida de las mujeres indígenas recuperadoras de tierras?
La situación nos lleva, necesariamente, a establecer un panorama muy doloroso, pues no se puede olvidar que nacen con dos condiciones preestablecidas, estructuralmente, para la opresión.
La primera se refiere a ser mujer en una sociedad patriarcal. La culpa nos recibe con los brazos abiertos para acunarnos como “pecadoras”, responsables de la perdición del varón y la expulsión del “paraíso”. Solo para nombrar el baño bautismal, sin profundizar en todos los viacrucis por los que atravesamos o atraviesan, sobre todo, las mujeres pobres.
La segunda señala a su origen étnico. Ni siquiera se les preguntó si querían ser llamadas indias o indígenas. Así recibieron el segundo bautismo por el “insigne” varón que, en un desvarío histórico, creyó llegar a las “Indias”. Una herencia colonial y racista les cae encima por pertenecer a su población.
Elides Rivera, territorio indígena Térraba.
A esas determinaciones hay que sumar la decisión dejar de jugar el papel asignado por la historia occidental y convertirse en sujetas de su propia vida, para reclamar lo que legítimamente les pertenece: la tierra donde vivieron y murieron sus antepasados. Entonces, las herencias patriarcales, coloniales y racistas se multiplican cotidianamente para vivir bajo amenazas de muerte, violación, insultos denigrantes, el acoso y el terror constante causado por terratenientes y sus colaboradores que operan y matan con impunidad total. Es cosa de todos los días que les quemen sus viviendas, les destruyan sus cosechas o el PANI amenace con quitarles los hijos por tenerlos con ellas en una recuperación.
Su realidad es cada vez más cruel. No podemos retomar la voz de todas ellas. Presentamos aquí una voz muy significativa, la de una lideresa:
Doris Ríos Ríos
Indígena cabécar del territorio de China Kichá. Ella nos cuenta que este territorio fue reconocido como territorio indígena en 1957; derogado, después, en 1982, por un decreto ejecutivo; en el 2001, fue establecido nuevamente como territorio. En 1957, el territorio era de 7000 hectáreas; en el 2001, la extensión reconocida fue de 1100 hectáreas. En veinte y ocho años, fueron despojados, aproximadamente, de casi 6000 hectáreas.
Es una mujer joven, a las herencias señaladas más arriba, se agrega haber nacido y crecido en medio de la memoria de un gran despojo. ¡Otro de los tantos que su población ha sufrido!
En el 2018, iniciaron la lucha por la recuperación de sus tierras. Para la población indígena, recuperar la tierra no es adquirir una propiedad. La lucha integra la tierra, la cultura y la espiritualidad. Son componentes de un todo:
“El delito nuestro, como pueblo, es por nuestra Madre Tierra. Desde el 2018 hasta el 2020, se han recuperado cinco fincas. La primera recuperación fue de doce hectáreas, la segunda fue más grande de 350 hectáreas. Hay una diferencia desde el 2018 hasta el 2020, porque, en este momento tan difícil del COVID, no se sabe qué hubiera pasado si nosotros, como pueblo, no hubiéramos hecho estas recuperaciones de tierra; ahorita lo que nos garantiza que nuestros hijos tengan algo, en la mesa, que comer, porque estas tierras las hemos puesto a trabajar, a cultivar. Ahora tenemos arrocito, frijoles, todo lo básico, porque el gobierno si no nos ha resuelto la tierra, tampoco nos ha asegurado lo más básico como es la seguridad alimentaria”.
Cuando inician la lucha, descubren otro país:
“Esta lucha nos ha traído vivencias reales. Uno piensa que la colonización fue hace quinientos años. Pero, esto, nos vuelve a la realidad de que simplemente se ha maquillado, que esa colonización sigue existiendo. El racismo a esta altura es igual. El 7 de marzo de este año tuvimos un ataque directo al territorio, porque todo el territorio fue atacado. Se quemaron casas de personas, se quemaron cultivos; hubo ataque con químicos, como que nos quisieron matar. El presidente de nuestra asociación fue agredido feamente la semana pasada. Estamos asediados a cada momento con insultos, con amenazas. Pareciera mentira, pero es verdad que, a cada momento, estamos recibiendo amenazas de que nos van a agredir. Hace como quince días nos quemaron una casa importante, un rancho importante para nuestra cultura, porque es de celebración espiritual. Nos había costado demasiado construirlo y no tenía ni una semana de construido y nos lo quemaron. Eso nos dice que estamos haciendo algo que es importante para nosotros. Es nuestro derecho, nuestra reivindicación como pueblos indígenas. Es hora de que los pueblos indígenas perdamos el miedo y no nos dé miedo por las amenazas.
Sergio Rojas fue una semilla que brotó aquí en China Kichá y que se está multiplicando en esta lucha. Ese es el camino a seguir.
Hemos tenido dos desalojos seguidos en China Kichá; eso nos dice que tenemos un sistema violentador; un Estado corrupto donde los pueblos indígenas no tienen acceso a la justicia.
Yo solo quiero decirle al pueblo de Costa Rica que nuestro delito simplemente es pelear por algo que es nuestro, por una vida digna, por una vida llena de justicia, que nuestra población, nuestros hijos, nuestra juventud, nuestros mayores tengan esa vida digna a que todos los seres humanos tienen derecho.
China Kichá, hace algunos años, estaba a punto de desaparecer, si seguimos callando como pueblo. Nosotros amamos nuestra forma de ser, nuestra práctica. Nuestra identidad es nuestra tierra, porque de ahí se asienta nuestra existencia; se asienta nuestra sobrevivencia como pueblo.
Nosotros lo que pedimos es que se nos respete. Que se nos dé ese respeto que nos merecemos.[i]
La entrevista fue del 9 de noviembre del año 2020. A la fecha, continúan las amenazas y las agresiones en todos los territorios. El 2 de marzo a las 5.32 p. m. circuló un comunicado de prensa del Li Uroteca Maleku Marama para denunciar las acciones de usurpadores. Un audio de una mujer indígena señala el mismo tipo de acciones en Guatuso, al otro extremo del país. El 6 de marzo hubo una alerta. Las recuperaciones Kono Jú y Yuwi Senagló, en el territorio Cabécar de China Kichá, fueron incendiadas.
¡Con el gobierno del Bicentenario, día con día, nuestro país retrocede, a pasos agigantados, a situaciones aberrantes de la colonia!
Mariana Delgado, territorio indígena de Salitre.
[i] El testimonio completo puede consultarse en: Sra. Doris Ríos, lideresa indígena de la Comunidad Cabécar de China Kichá – Costa Rica. Videoteca CFPTE-UTN
También se puede conocer tres testimonios muy desgarradores de ella y otras dos lideresas indígenas en: Foro: Las recuperaciones indígenas del territorio: la experiencia desde los pueblos en el 2020
La Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur (1) y la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe (2) manifiestan su preocupación por la limitada acción estatal en el abordaje de los episodios de violencia contra las personas cabécares recuperadoras de China Kichá.
El pueblo cabécar de China Kichá como otros territorios indígenas a los cuales pertenecemos¸ ha sufrido una violencia estructural mediante la cual se le ha privado del acceso a la tierra incluso antes de su constitución del territorio como tal.
Ante la inacción estatal para garantizar el acceso a un derecho tan fundamental dentro de las cosmovisiones originarias como la relación con Sä ªmi ishäkä; nuestra madre tierra; se han desarrollado procesos legítimos de recuperación de nuestros territorios, y por tanto, de elementos de los mismos como lo son nuestras tierras, nuestros idiomas, nuestras tradiciones, artes y formas de relacionados con la naturaleza.
En el ejercicio genuino de volver a nuestras tierras se han exacerbado diferentes manifestaciones de violencia, violencia psicológica, violencia simbólica, violencia física, violencia territorial, violencia jurídica y cultural, que incluso ha llevado a la hospitalización de compañeros y compañeras; y los dolorosos asesinatos de nuestros compañeros Sergio Rojas y Jerhy Rivera.
En el marco de las celebraciones del Bicentenario promovidas por el gobierno actual deseamos llamar la atención que para los pueblos originarios de este país los beneficios de ser un país independiente aún son insuficientes, pues se nos siguen negando derechos vitales, para nuestros pueblos la colonización no ha terminado.
Como gestores y gestoras locales conocemos e identificamos las problemáticas de nuestros territorios, por lo cual promovemos y participamos en procesos para mejorar las condiciones dentro los mismos, reconociendo y asumiendo nuestro papel y responsabilidad, a la vez que sumamos acciones de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de otros territorios indígenas. Desde este lugar, demandamos al Estado el reconocimiento también de sus responsabilidades que ha dejado de atender, donde inclusive en algunos casos nos atrevemos a afirmar que actúa mediante sus instituciones y jurisdicción de manera parcializada en favor de grandes empresas y terratenientes.
El Plan – RTI presentado por el gobierno de entonces en el 2016 no ha devuelto hasta el momento una sola tierra a sus legítimos poseedores, siendo el mismo sólo una promesa sin cumplir de campaña electoral.
De manera particular, queremos llamar la atención sobre la escalada de manifestaciones de violencia que en los últimos tres días se ha perpetrado en China Kichá, de parte de usurpadores no indígenas, donde denunciamos que el actuar de la policía y del gobierno en general, así como el abordaje parcializado de los medios de información masiva (Teletica), quienes brindan un apoyo simbólico a los terratenientes, a la vez que les envalentona y propicia más violencia, poniendo en alto riesgo a las compañeras y compañeros que se encuentran en la defensa de sus legítimos derechos.
Exigimos al gobierno la intervención inmediata en China Kichá y en todos los territorios donde se susciten acciones de violencia de parte de usurpadores que atentan contra compañeras y compañeros de pueblos originarios que se encuentran en la defensa de sus legítimos derechos. Así como, la atención seria, pronta e integral de la privación de derechos fundamentales que viven a diario todos los pueblos originarios en Costa Rica.
Instamos a quienes apoyan la lucha de nuestros pueblos a compartir información veraz de lo que sucede en nuestros territorios con otras personas, no prestar oídos a la mal información de las empresas de comunicación.
¡¡Demandamos justicia en los casos aún impunes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera!!
¡¡Nos solidarizamos con el pueblo cabécar de China Kichá y todos los pueblos originarios que luchan por la defensa de sus derechos!!
La Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur se compone por personas gestoras y gestores de los Territorios: Boruca (brunca), Térraba (brorän), Yimba Cajc (brunca), China Kicha (cabécar), Salitre (bribri), Ujarrás (cabécar), Cabagra (bribri), Abrojo Montezuma (ngäbe), Conte Burica (ngäbe), Altos San Antonio (ngäbe), la Casona (ngäbe)
La Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe se compone personas gestoras y gestores de los territorios: Talamanca Cabecar (cabécar), Talamanca Bribri (bribri), Kekoldi (bribri), Tayni (cabécar), Bajo Chirripó (cabécar), Nairí Awari (cabécar), Alto Chirripó (cabécar), Comunidad Ngäbe de Sixaola (ngäbe), Comarca Ngäbe Buglé de Panamá (ngäbe – buglé), Comarca Naso Tjer Di de Panamá (naso), Territorio Bribri de Panamá (bribri), Comunidad Miskita de Pavas (miskito).
Firmas responsables:
Carlos Zúñiga Zúñiga, ced. 110200969 Coordinador de la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Hugo Fernández González, ced. 602400769 Coordinador de la Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur, RIGELOPS
A Keyla Patricia Martínez R., una víctima más ASESINADA, por un sistema que controla un energúmeno narcotraficante.
A tí, compañera, porque en tu noble sonrisa, cautivas la música de las mujeres ultrajadas, violadas, asesinadas.
Serás simiente de nuevo tipo, en ese suelo fértil que crece la poesía en forma de yerba permanente y resiste la piel hasta el cansancio que tiene la libertad.
Un ejercicio de luz en la rutina del filo de un narcoestado, un Estado Nacional fallido cercano a las faldas del averno.
Si se camina después de un falso e injustificado toque de queda, harán que sangren los brazos, se doblen las piernas y la ternura de una suave piel se mancille en lo oscuro de esas sombras terribles que proyectan los militares.
Los aullidos de los perros forman esa rutinaria memoria de los testigos de excepción, como las esquirlas intimidatorias para ajustar la palidez de las rocas en el mudo silencio de la complicidad abominable.
Cruzaba diariamente aquellas calles conocidas buscando, a veces, el beneficio de las dudas, o el asomo de una palabra para iluminar el denso aire que cuaja tanta lágrima derramada.
Se desdibujaron sus ropas interiores, su sonrisa, su garganta y colgaron su propio abrigo en los límites de su garganta para silenciarla, violarla, asesinarla.
Tengo hoy una lengua como metralla, el clamor de las yemas de mis dedos para maldecir hasta el cansancio su asesinato, pero en mis letras también otorgo mi verdad para darle al sacrificio de tus jóvenes manantiales la solidaridad que se cultiva en la patria de Honduras.
Sabemos que en las sucias paredes crece el absurdo de la noticia. No es posible cubrir de espejos la luna, cuando la verdad brota en miles de tintas verdaderas.
Militares asesinos, embriagados en el éxtasis de la estupidez, podrán colgar una, cien, mil mentiras para encallar la suciedad de sus actos, pero los absurdos de la ignominia dibujarán una vez más su rostros monstruosos, seres inhumanos inservibles, pero eficaces en el ejercicio de la maldad.
Hoy, la voz de Keyla, es luz es luz en el mundo, para seguir construyendo la marcha de la liberación de tu pueblo.
Este miércoles 10 de febrero a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) abordará el tema “Violencia e impunidad en los territorios indígenas”, con la participación de Xinia Zúñiga, investigadora de la UNED y del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) y Gustavo Oreamuno, abogado de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö.
Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM y participar por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.
Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones, comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.
Considerando que:
El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.
Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.
Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.
Llamamiento público
Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:
APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.
La filtración a la prensa del expediente penal 19-000178-0990-PE del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) da cuenta del clima de impunidad e intereses detrás del caso sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, asesinado el 18 de marzo del 2019.
Exigimos un alto a la impunidad y el acceso a la justicia a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
Viernes 29 de enero 2021. Los pasados 21 y 22 de enero, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente penal 19-000178-0990-PE. Expediente que refiere al caso penal abierto tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz y que fue realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires. Este expediente era confidencial tal y como lo demanda la Ley penal vigente.
Las notas periodísticas aportan una serie de detalles de la investigación judicial y son publicados días posteriores a que el Juzgado Penal de Buenos Aires rechazara la solicitud de desestimación del caso, solicitado por la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos. La filtración del expediente es ilegal y fuera de derecho. Pues, además de aumentar el clima de desconfianza respecto al caso de Sergio podría incidir en el buen desarrollo de la investigación, exponer a personas informantes y, finalmente, continuar con la impunidad reinante en el Territorio Bribri de Salitre.
Sobre ello, el 26 de enero el Lic Óscar Retana, abogado de la familia de Sergio Rojas Lázaro, presentó una denuncia ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, para que se investiguen las irregularidades que atentan contra los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso.
Por tanto:
Apoyamos la denuncia interpuesta por el Lic Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que se sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
Exigimos que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
La impunidad en los distintos Territorios Indígenas de la Zona Sur debe ser detenida. En menos de un año, dos defensores de los derechos de los Pueblos Originarios fueron asesinados y ningún responsable de los asesinatos y otras agresiones han sido judicializados. Los casos de Sergio Rojas y Jerhy Rivera no son aislados, sino que corresponden a un clima de tensión, violencia e impunidad que afecta a otros líderes, lideresas y a los Pueblos en general.
Es hora de que el Estado haga lo que corresponde: garantizar la integridad física, la vida y el disfrute de sus derechos a los Pueblos Originarios. Hasta entonces, como organizaciones estaremos vigilantes y en defensa de los Pueblos Originarios.
¡No más impunidad!
Organizaciones firmantes: Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc. Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska. Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö. Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö. Recuperador@s Broran de Crun Shurin. Recuperador@s Broran de Finca San Andrés. Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica. Asociación de Productores de Finca 10. Comité de lucha por la tierra de finca Changuina. Cootraosa. Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Correñdores. Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP). Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia. SOJUPANO de Palmar de Osa. Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA). SERBUSUR de Finca Puntarenas. Voces Nuestras. Ditsö. Coordinadora de Lucha Sur Sur. Proyecto TC635-Comunicación y Cambio para el Buen Vivir, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva-UCR. Proyectos ED-3526 Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica del Programa Kioscos socioambientales Asociación Proyectos alternativos PROAL.PACUARE. Radio Machete. EC-519 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, Programa Kioscos Socioambientales EC-3555 Coordinación General del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria Juan Antonio Gutiérrez Slon – Sociólogo e Historiador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE) de UNED. César Moya Aburto – Investigador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE) de UNED. EC-518 Observatorio Bienes Comunes Agua y Tierra Ríos Vivos Bloqueverde La Barriada Colectiva Caminando Departamento Ecuménico de Investigación (DEI) Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe Red Indígena de Gestores Locales del Pacifico Sur – RIGELOPS Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur Personas firmantes: Amilcar Castañeda Cortez, Responsable académico del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios, Rafael López Alfaro, Programa de Gestión Local de la UNED, Osvaldo Durán Castro Nery Chaves García. Pamela Campos Chavarría, Programa Gestión Local, UNED Carolina Somarribas Dormond, Programa de Gestión Local, UNED. Adriana Villalobos Araya, Programa de Gestión Local, UNED Zully Jara Méndez, Programa de Gestión Local, UNED. Xinia Zúñiga Muñoz Investigadora CICDE-UNED Contactos: Gustavo Oreamuno Vignet, Ditsö: 8527-0039. Oscar Retana, abogado defensor Familia Rojas Lázaro: 8561-7671.
Ante los groseros, desalmados e inhumanos comentarios y expresiones de diferentes personas en redes sociales y medios, el Grupo de Familias Sobreviviendo el Femicidio desea expresar su absoluta solidaridad y empatía con la familia de Alisson Bonilla Vásquez. Estas expresiones mezquinas de odio irracional y mofa no son nuevas y todos nosotros las hemos recibido y las seguimos recibiendo. Por esto declaramos:
Exigimos a los medios de comunicación un papel más activo de filtro a las expresiones injustificadas de odio y rencor. Propias de gente desalmada. Los medios tienen una responsabilidad de educar y direccionar el tono y el fondo de las discusiones que genera y que favorece en sus foros de opinión.
Imploramos a los dueños de los medios y sus juntas directivas a reconocer el problema del enfoque mediático en torno a los casos de femicidio. No queremos que nuestras hijas y madres sean un producto comercial, que sirva para vender o posicionar medios.
Pedimos a los anunciantes que tengan una actitud crítica y reflexiva con respecto en que medios y canales van a poner su inversión publicitaria. Lamentablemente al ser un problema de espectacularización y comercialización del femicidio y la violencia contra mujeres y niñas, los dineros de los anunciantes son premio a estas conductas y enfoques. Creemos que es hora de que los anunciantes asuman su responsabilidad en este discurso de odio y misoginia.
Consideramos que la pérdida irreparable y evitable de nuestras madres e hijas en una sociedad sana y solidaria, debería de generar empatía y llamados a la justicia y reparación de las familias que han pasado por este amargo evento. Nosotros como grupo procederemos a buscar las vías legales y administrativas para impedir que la memoria de nuestras víctimas sea mancillada y que algunos energúmenos proyecten su odio abyecto contra nosotros.
Finalizamos agradeciendo la solidaridad, la empatía, el amor y el cariño que recibimos de la gran mayoría de la población. Gracias a ustedes, nuestra lucha por justicia continúa firme y fuerte.
No más femicidios. No más impunidad. Nunca olvidar.
