Ir al contenido principal

Etiqueta: institucionalidad pública

Respuesta a Editorial de La Nación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Yamileth González García, ex rectora UCR

El martes 2 de marzo, frente a un conocido diario, recordaba otros tiempos en que daba gusto leer a buenos periodistas en la prensa nacional, y cómo hoy es deplorable la calidad o falta de ella en que han caído algunos de estos medios. Leyendo el editorial del que, hasta hace unos pocos años, era un diario, y aunque no participáramos muchas veces de sus ideas, reconocíamos que se comportaba de manera bastante profesional en cuanto a la seriedad de las fuentes en que se apoyaba. Lamentablemente, de un tiempo para acá, no solo ha perdido en lo profesional sino, inclusive, en lo ético.

El editorial en mención (La Nación, 2 de marzo) se basa en la opinión sesgada y mal intencionada de un actor que, dicho sea de paso, formaba parte del gabinete de la administración que luego intentó criticar. Opinión, además, descontextualizada dado que él omitió tendenciosamente la información completa de los estudios actuariales y otros documentos y eso es lo que aprovecha el editorialista con igual actitud. Todo eso hace poco confiable la opinión que, además, proviene de quien es responsable de una desacreditada administración.

De todos es bien conocida la campaña que este periódico viene emprendiendo contra la institucionalidad pública, la cual le ha dado al país importantes condiciones que sobresalen en el contexto latinoamericano, y de esa campaña no han escapado las universidades públicas, cobijadas bajo el fuero constitucional de la autonomía, un logro esencial para su importante misión.

Se afirma, en ese editorial, que las medidas que se tomaron, en el año 2010, en la Universidad de Costa Rica (UCR) y que aumentaron la anualidad al 5,5% se hicieron sin estudios técnicos, y eso es absolutamente falso: el incremento de la anualidad no fue una ocurrencia peregrina, estuvo sustentada en sólidos estudios técnicos, jurídicos y financieros. Y ya sea que la memoria falla, o por mala intención, es bueno recordar que ese incremento se inicia por una resolución (2007-000760) de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007) que obligó a la UCR a subir la anualidad al 5,5% al personal de la Facultad de Odontología que había interpuesto el recurso para exigir el cumplimiento de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas y que tuvieron que ser reconocidos de manera retroactiva al 7 de junio de 1982. Tratar de detener esa aprobación en los tribunales fue una lucha de casi 25 años, de quienes estuvimos al frente de la institución. La resolución sentó un precedente que obligó a su implementación, ya que cualquier funcionario del área de salud podía presentar el mismo recurso con la seguridad de reclamar pago retroactivo y de costas a la UCR.

La disposición de la Sala, además, provocaba una injustificada desigualdad en las remuneraciones salariales. El análisis jurídico hacía ver que la Constitución Política, en su artículo 57, establece que “… el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”. Así el fallo de la Sala generaba injusticia y, paradójicamente, de alguna manera, también inconstitucionalidad, al darse un trato salarial desigual para el resto de los funcionarios de la institución y abría la posibilidad de que cualquier persona que trabajara en la UCR y que no recibiera ese incentivo podía interponer un recurso alegando la violación de sus principios y derechos constitucionales y laborales. Como se desprende, el análisis legal estuvo en la base del proceso de toma de decisiones que llevó a la aprobación del aumento de la anualidad.

La decisión estuvo acompañada por otros estudios, entre ellos, uno de la Oficina de Planificación Universitaria (Oplau) sobre el impacto y la sostenibilidad financiera que tendría ese aumento (“Costos proyectados de la relación de puestos 2010-2049, con la aplicación del incremento de la anualidad de un 3% a un 5,5%”). Sobre la base de este estudio, Oplau concluía que la aprobación de ese cambio de anualidad era sostenible financieramente. Al mismo tiempo se hicieron dos estudios actuariales: el primero lo realizó el reconocido actuario Rodrigo Arias, profesor de la Escuela de Matemáticas, “Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad del gasto salarial de la Universidad de Costa Rica” (2010), y el segundo estudio, basado en el mismo modelo pero ampliando el número de escenarios, lo realizó Arias en conjunto con los economistas Max Soto Jiménez y Pablo Sauma Fiatt del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.

Es claro que la medida no fue ilegítima, como lo pretende el editorialista: fue aprobada por el Consejo Universitario, sin objeciones de la Oficina Jurídica, Contraloría Universitaria, ni de la Contraloría General de la República cuando aprobó el presupuesto. En ese tiempo, la UCR seguía teniendo un rezago salarial en relación con las demás instituciones autónomas, como lo demostró un estudio de aquella época de la Contraloría General de la República, que indicaba que el salario promedio de la UCR era el más bajo de las entidades públicas que había analizado.

Una vez más puedo afirmar con toda certeza que las medidas implementadas durante mi administración estuvieron sustentadas en los criterios técnicos de los estudios actuariales, financieros y jurídicos para respetar el bloque de legalidad que nos regula y el precepto estructurador del equilibrio financiero institucional.

Si bien es cierto los datos muestran un peso creciente de la anualidad sobre el salario base, se logra una estructura salarial que mantiene en proporción creciente el reajuste por régimen de mérito frente al salario base y también, que se sigue estando muy por debajo de la relación 80/20, un porcentaje que es considerado como el garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Ahora, si recordamos un poco de historia, el régimen de mérito o reajuste por carrera académica viene creciendo desde el 2008, cuando los salarios estaban estancados y eran los más bajos de los profesionales del sector público costarricense. Recordemos que, como su designación lo dice, los pasos para recibir estos reajustes están basados en el mérito y son acordes a criterios de excelencia académica, reconocidos por las universidades en el mundo.

No puedo dejar de resaltar que, en ese incremento de la anualidad, suman muchos otros factores externos a las decisiones universitarias, como son el Voto Constitucional No. 15460-08, que eliminó el tope de anualidad en el Sector Público y la Ley No. 8096, art. 85 que establece un reconocimiento del riesgo policial con un 18% adicional, entre otras.

Es bueno recordar, también, que la toma de decisiones con respecto al equilibrio financiero de una universidad requiere de análisis rigurosos y periódicos sobre los diferentes componentes del gasto institucional, lo que además de salarios comprende inversiones, becas y deuda, entre otros, junto con las expectativas de ingreso relacionadas con el financiamiento del FEES, y un principio estructurador del equilibrio financiero institucional que es la llamada relación 80/20; es decir, el parámetro fundamental que impone una contención del crecimiento en salarios y la operación de la institución.

Por otra parte, una obligación de las instituciones de educación superior en el mundo es mantener un talento humano de primera calidad, altamente formado e internacionalmente vinculado a redes de colaboración de primer orden y vigilar constantemente que esta comunidad de académicos tenga las condiciones de equipo y materiales para realizar sus labores de docencia, investigación y acción social. En la historia de nuestra universidad este principio ha guiado las decisiones de la política salarial universitaria.

En conclusión, después de estudiar los informes financieros, se demuestra que no está la Universidad en una situación deficitaria, contrario a lo que se ha señalado en múltiples ocasiones, desde diversos frentes y que la relación 80/20 no se ha visto afectada: los datos actualizados muestran decrecimiento del peso salarial en relación con los otros gastos institucionales (inversión, endeudamiento, becas y los gastos de operación) para el 2017 y el 2018 y un crecimiento moderado en el 2019 y 2020 pero inferior al 80%; un porcentaje, repito, garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Estos datos nos permiten destacar que el principio estructurador de la relación 80/20, que se mide regularmente en forma semestral por política de equilibrio financiero institucional, alerta una serie de mecanismos y controles actuariales, técnicos, financieros y jurídicos que sustentan las evaluaciones periódicas de la política salarial institucional, tal y como se refleja en los informes semestrales y en las diversas instancias universitarias y, esto, en la UCR, desde hace al menos tres décadas.

Al observar estos datos y el comportamiento de la masa salarial se evidencia que el equilibrio financiero institucional debe ser abordado considerando otros dos componentes fundamentales de la ecuación: por un lado la meta de que el FEES llegara, en 2015, al 1,5% del PIB y el mandato constitucional de ser quinquenal (pero ninguno de los dos elementos lo ha cumplido el Gobierno: el FEES no ha llegado, aún al 1,5% del PIB y no se han vuelto a firmar de manera quinquenal, desde 2010) única forma de garantizar un proceso de planificación racional de la inversión en educación superior pública y, por otro lado, los compromisos de inversión y de endeudamiento que afectan en el largo plazo ese equilibrio financiero.

Las universidades públicas están conscientes, como lo han asegurado sus autoridades actuales, de la conveniencia de analizar, corregir, mejorar cualquier situación que lo amerite, incluida, desde luego, una propuesta de empleo universitario, eso sí, dentro de las mismas condiciones que el mandato constitucional les otorga y les exige sin peligrosas injerencias ajenas, a veces desconocedoras de su imporatnte Misión.

Si de veras los que se han empeñado en esta campaña, como el susodicho periódico, entendieran y quisieran favorecer a las universidades públicas y su indiscutible servicio al país, no deberían proponer que estén “a expensas de decisiones políticas, sin sustento técnico” como dice el editorialista, permitiendo que intereses políticos, económicos y empresariales ajenos al verdadero espíritu de ellas las pongan “en la ruta al despeñadero”, como han dado al traste con el desempeño de algunas universidades, principalmente en el contexto latinoamericano.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

 

Publicado en https://semanariouniversidad.com/

Encuentro multisectorial contra el Proyecto de Empleo Público y por la Defensa del Estado Social

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Información de BUSSCO

El pasado 25 de febrero se llevó a cabo un encuentro multisectorial que tenía como finalidad establecer estrategias de acción para la defensa del Estado Social. Contó con la participación del movimiento sociales y algunos funcionarios de instituciones públicas del país, el objetivo general de este programa es conocer el Proyecto de Ley de Empleo Público, la forma en la que está propuesto con respecto a la institucionalidad pública y la forma en la que se maneja la gestión laboral.

En esta reunión de carácter multisectorial se establecieron propuestas y planes de acción para la defensa del Estado Social, entre ellas destacan acciones movilización y propaganda:

  • Manifestaciones en horario no laboral contra el FMI y Proyecto de Ley de Empleo Público. (viernes 05 de marzo a las 5:00pm)
  • Piquetes en la Asamblea Legislativa (1-5 de marzo)
  • Movilización Nacional contra el FMI y Proyecto de Ley de Empleo Público. (sábado 13 de marzo)
  • Preparación de materiales de concientización por parte de organizaciones. (mes de marzo)
  • Campaña audiovisual con videos contundentes, alianzas con oficinas audiovisuales universitarias y organizaciones asociadas.
  • Conversatorios virtuales públicos sobre Empleo Público y acuerdo con el FMI en horarios no laborales (mes de marzo).
  • Definir reuniones periódicas de coordinación y planificación de acciones.

A continuación, compartimos algunas fotografías del evento:

¡En defensa de la institucionalidad pública!

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Federación de Estudiantes de la UCR:

Se convoca a una concentración en la Asamblea Legislativa este miércoles 24 de febrero a las 10:00am.

Esta manifestación presenta los siguientes ejes de discusión:

  1. Reforma al empleo público responsable.
  2. Garantías otorgadas a la institucionalidad pública.
  3. Derechos laborales.
  4. Soluciones alternativas.

Nota importante: Se está coordinando desde las sedes y recintos el habilitamiento del transporte que facilitará la participación.

Adjuntamos invitación formal:

Carta Pública al Rector de la UCR: La lucha debe ser por toda la institucionalidad solidaria, no solo por las universidades

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector, Universidad de Costa Rica
Presente.

Reciba un saludo atento. Quienes suscribimos la presente, todos, todas integrantes de la comunidad de docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de Costa Rica (UCR), queremos manifestarle, de manera muy atenta y respetuosa, pero también enfática, las siguientes inquietudes.

Por medio de noticias de prensa, entre las que se incluye información publicada en el Semanario Universidad el pasado 16 de febrero, nos enteremos de que los rectores de las universidades públicas, entre ellas la UCR, se encuentran haciendo “lobby” para intentar “conciliar con los diputados una moción con la que se buscaría dejar por fuera del proyecto de Ley Marco de Empleo Público a las universidades estatales” (Zúñiga, Adrián, 16 de febrero del 2021, “Universidades promueven moción para ser excluidas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público”; en: Semanario Universidad).

Entendemos que esta gestión se da como reacción ante la inclusión de las universidades públicas en el mencionado proyecto. A su vez, tenemos claro que, con dicha iniciativa de ley, los sectores conservadores, amparados en la gestión del actual gobierno y en las bancadas de los partidos de línea conservadora con los que ha conformado alianza en la Asamblea Legislativa, aspiran a apuntalar el proceso neoliberal de desmantelamiento y pauperización de las instituciones solidarias del Estado Social de Derecho en el país, así como a configurar un mecanismo autoritario y antidemocrático de control político para el sector público. Hacemos eco de estas consideraciones en virtud de que se desprenden tanto del texto del proyecto como de los muchos intercambios y reflexiones que se han generado en diversos foros alternativos sobre el tema.

Sin duda, coincidiremos en que la UCR —al igual que las demás universidades públicas— forma parte sustantiva de toda esta institucionalidad solidaria a la que se intenta asestar un golpe definitivo en la actual coyuntura. En el caso de la UCR, el fundamento solidario de su institucionalidad se pone de manifiesto en su Estatuto Orgánico, particularmente en lo expresado en los artículos 3, 4 y 5. No es casual que la UCR fuera, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, una de las primeras instituciones creadas en el marco del proceso de reforma social que, con perspectiva solidaria, se gestara en los años 40.

Como todos sabemos, gracias al impacto social agregado de todas las políticas y de todas las instituciones creadas en esa época, fortalecidas y complementadas en el devenir de la implementación del modelo de desarrollo que las sustentaba, nuestro país llegó a lograr y a ostentar, por décadas, elevados índices de desarrollo humano. La UCR y las universidades públicas —a la par del resto de instituciones estatales—, no solo aportaron cualitativamente a esos logros, sino que han servido como elementos de “contención” ante el evidente y progresivo deterioro institucional y social generado por la paulatina radicalización de la “contra reforma” neoliberal, de la cual el proyecto de ley Marco de Empleo Público constituye un evidente punto de llegada.

A todas luces, no es solo la UCR ni es solo la educación superior pública lo que está en juego en este momento, es toda la institucionalidad pública en su conjunto, la paz social y la perspectiva de futuro de la nación.

Por lo tanto, en una coyuntura tan crítica como la presente, y ante una acción tan contundente de parte de los sectores conservadores, promotores del deshumanizado proyecto neoliberal, sorprende sobremanera ver que los rectores acuden, al margen del resto de instituciones, fuerzas y movimientos sociales, a tratar de negociar por su cuenta, de manera exclusiva, una supuesta salida o salvamento para las universidades públicas. En un momento histórico que, más que nunca, demanda la mancomunidad de esfuerzos para contrarrestar la arremetida neoliberal, la sociedad costarricense y quienes componen los movimientos sociales miramos anonadados a las autoridades universitarias hacerse a un lado para intentar salvarse a sí mismas, de manera exclusiva, mientras dejan al resto de instituciones a su suerte, con todo lo que eso implica.

Y sorprende aún más cuando el principal recurso argumentativo al que se apela es la “autonomía universitaria”, como si dicho principio constituyera un fin en sí mismo, al margen de las condiciones y circunstancias de la realidad social. La autonomía universitaria sin justicia social es un principio vacío y expresa más una suerte de defensa de «privilegios» que un valor social. No hay duda de que la autonomía universitaria está en juego, pero esta autonomía solo tiene sentido y contenido en función de una sociedad en la que prevalezcan el Estado de Derecho, la solidaridad, la justicia y la paz social. Apelar a la autonomía universitaria para protegerse individualmente y volver la mirada hacia “otra parte” mientras se deja a la suerte al resto de instituciones públicas, mientras se pisotean las estructuras solidarias y se compromete el futuro del país, es una completa incoherencia con los funda-mentos de la Universidad Pública.

Con este accionar, las autoridades universitarias apelan a una “táctica” que poco o nada tiene de estratégica: no solo dan la espalda al resto de la institucionalidad pública y al modelo de sociedad por y para el cual fueron creadas, sino que, además, se dejan llevar por la consabida estratagema, tan propia de los sectores conservadores, de dividir para vencer, con el inminente riesgo de que, al final, se pueda perder todo, incluyendo el supuesto “salvamento” propio.

Además, se dejan tentar por focalizar la discusión en el tema de los salarios, lo cual, si bien es un asunto significativo que hay que enfrentar y resolver, sobre todo desde la perspectiva de las inequidades internas, de ninguna manera refleja la cuestión de fondo, que es el intento de los sectores conservadores de desmantelar la institucionalidad solidaria del Estado Social de Derecho.

Así, toda la pertinencia de la Acción Social, la Investigación y la Docencia, asentados en las lógicas del pensamiento crítico, se ponen en “entre dicho” ante este tipo de procederes de parte de las autoridades universitarias.

Una parte significativa de la “buena imagen” que han tenido nuestras instituciones de educación superior en las últimas décadas se ha asentado en su relativamente coherente y consistente vinculación con la sociedad. Sin embargo, esta imagen ha venido sufriendo un deterioro progresivo. Y, si bien es cierto que esta desmejora se debe en parte a la narrativa conservadora que se reproduce de modo sistemático contra la educación superior pública, también es claro que se suman otros aspectos relacionados con un paulatino inconsecuente accionar social de las universidades en los últimos años.

Destaca de manera especial la gregaria y poco solidaria actitud adoptada por las autoridades de las universidades públicas durante el movimiento social contra la Reforma Fiscal, a finales del 2018, que llevó a las organizaciones sindicales de las instituciones públicas a sostener el movimiento de huelga más largo de la historia del país. En aquella ocasión, mientras esas organizaciones se expusieron al sesgado juzgamiento social —en un contexto de informaciones parcializadas, así como de narrativas políticas y mediáticas plegadas a los intereses del gobierno y del sector empresarial— en el caso de la UCR solo se “concedió” permiso para acudir a un par de marchas, convocadas para caminar “por la acera”, como si la movilización social no tuviera en su carácter disruptivo uno de los principales sustentos para procurar presión y generar cambio en la política pública.

Si bien, en el caso de la UCR, aquella situación se dio bajo la circunstancia de una administración claramente conservadora y poco proclive a apoyar acciones sociales como esas, lamentablemente, pese al advenimiento de una nueva administración que se presentó como defensora de una propuesta progresista, el mismo movimiento social que antes tuviera que ver a las universidades hacerse a un lado ante una lucha tan trascendente, ahora mira cómo los rectores intentan negociar por aparte, a espaldas de los demás.

En estas circunstancias, y ante todas las consideraciones planteadas, nos parece muy importante exhortar a las autoridades universitarias, y en particular las de la UCR, para que reconsideren su accionar, de cara a hacer frente tanto al proyecto de ley concreto como a las transformaciones institucionales que lo motivan.

En particular, recomendamos que las autoridades universitarias de la UCR, antes que promover acciones –negociaciones y marchas— de manera independiente, al margen del resto de actores sociales, apelen a un esfuerzo mancomunado y apunten a sumar esfuerzos con el resto de fuerzas vivas de la sociedad, pues solo de esa manera —sumando fuerzas, antes que dividiéndolas— podremos aspirar a salvaguardar la institucionalidad solidaria como un todo, y a mantener condiciones sociales e institucionales que permitan retomar el rumbo para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Suscribimos, atentamente:

1.Marvin Amador Guzmán, docente e investigador, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106730592.
2. Carmen Caamaño Morúa, docente e investigadora, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 105770718.
3.         Lucía Molina Fallas, docente, Escuela de Psicología, cédula 107930190.
4.         Adriana Rodríguez Fernández, profesora, Escuela de Psicología, cédula 1-11220442.
5.         Adriana Maroto Vargas, docente, Escuela de Psicología, cédula 2-0519-0760.
6.         Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), cédula 302200485.
7.         Roberto Fragomeno Castro, profesor catedrático, Escuela de Filosofía, cédula 8 0137 0052.
8.         Isis Campos Zeledón, docente e investigadora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106750974.
9.         Andrés Dinartes Bogantes, docente interino, Escuela de Psicología, investigador colabo-rador del Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 113010879.
10.      Helga Arroyo Araya, docente Escuela de Psicología, cédula 603030677.
11.      Eva Carazo Vargas, productora de Desayunos de Radio Universidad, cédula 108930621.
12.      Miguel Regueyra Edelman, docente, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 104910119
13.      Vilma Leandro Zúñiga, profesora, Escuela de Psicología, cédula 303360920
14.      Yorlenny Madrigal Vargas, Centro de documentación, Instituto de Investigaciones Socia-les, cédula 601590539.
15.      Amanda Mesén Badilla, profesora, carrera de Psicología, Sede Occidente, cédula 1-13950114.
16.      Maurizia D’ Antoni Fattori, docente, Escuela de Psicología, cédula 8-0119-0458.
17.      Ignacio Dobles Oropeza, docente, Escuela de Psicología, cédula 104330692.
18.      María José Masís Méndez, docente, Escuela de Psicología, cédula 304050372.
19.      María del Rocío Murillo Valverde, docente, Escuela de Psicología, cédula 106530858.
20.      Mauricio Castro Méndez, docente, Facultad de Derecho, cédula 107130156.
21.      Teresita Cordero, docente, Escuela de Psicología, cédula 401200379.
22.      Laura Chacón Echeverría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1512 278.
23.      Eduardo Bolaños Mayorga, docente, Escuela de Psicología, cédula 113860823.
24.      Ruthman Moreira Chavarría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1 1017 0869.
25.      Mario Andrés Soto Rodríguez, docente, Escuela de Psicología, cédula 1-1312-0325.
26.      Mirta González Suárez, profesora emérita, Escuela de Psicología, cédula 800480869.
27.      Vernor Arguedas Troyo, catedrático jubilado, Escuela de Matemática, cédula 90013012.
28.      Ana Patricia Maroto Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 204500764.
29.      Jesús Rodríguez Rodríguez, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205880957.
30.      Héctor Mauricio Barrantes González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205750207.
31.      José Adrián Moya Fernández, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206890333.
32.      Javier Francisco Morera Soto, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206440864. 
33.      Evelyn Alfaro Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206120068.
34.      Carlos Márquez Rivera, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 800750594.
35.      Andrés Cubillo Arrieta, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206620597.
36.      María Fernanda Vargas González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206560425.
37.      Imelda María Rojas Campos, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205820789.
38.      Jéssica Jiménez Moscoso, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206310569.
39.      Melissa Cerdas Valverde, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206530134.
40.      Bryan Gómez Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 113710405.
41.      Wendy María Araya Benavides, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 207020684.
42.      Priscilla Angulo Chaves, docente y estudiante, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 116750218.
43.      Sindy Mora Solano, profesora, Escuela de Sociología, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 1-1051-0573.
44.      Gustavo A. Jiménez Barboza, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1358-0886.
45.      Sergio Villena Fiengo, Director Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 8-0086-0259.
46.      Gabriela Jiménez Rodríguez, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B23510.
47.      Andrey Gerardo Carrillo Sánchez, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné A61235.
48.      Javier Cisar Arce, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B82248.
49.      Daniela Oconitrillo Calderón, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B95663.
50.      Wilder Johan Díaz Gutiérrez, estudiante, Educación Primaria, Sede de Occidente, carné B92608.
51.      José Armando Obando Vega, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede Rodrigo Facio, carné B85700.
52.      Tiffany Rodríguez Aragón, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B96581.
53.      Alex González Rodríguez, estudiante, Gestión de los Recursos Naturales, carné B83488.
54.      Julio Armando Villalobos Bermúdez, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B88482.
55.      José Pablo Ramírez Marín, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C06343.
56.      Luis Ernesto Aguilar Carvajal, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1025-0338.
57.      Héctor Ferlini Cartín, Sede del Pacífico y Escuela de Filosofía, cédula 113220032.
58.      Flory Chacón Roldán, docente, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 113900025.
59.      Adriana Vindas González, docente, Escuela de Psicología, cédula 108760608.
60.      Adriana Sánchez Lovell, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
61.      Silvia Azofeifa Ramos, docente, Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 402000281.
62.      Guillermo A. Navarro Alvarado, investigador, IIS, cédula 114190096.
63.      Amanda Alfaro Córdoba, docente e investigadora, Sección de Artes, Escuela de Estudios Generales, cédula 205590541.
64.      George García Quesada, docente e investigador, Escuela de Filosofía, cédula 901070687.
65.      Carlos Guillermo Calderón Tenorio, estudiante de la Maestría Académica en Teoría Psicoanalítica, cédula 115860293.
66.      Esteban Andrés Morales Solano, estudiante de Bachillerato en Sociología, cédula 305130524.
67.      Laura Pamela Gamboa Granados, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B93124.
68.      María Catalina Acuña Blanco, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B80053.
69.      Yeisy Dayana Varela Arroyo, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C08101.
70.      Joshua Rojas Zamora, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B66307.
71.      Andrea Molina Ovares, docente Escuela de Psicología, cédula 1 13060256.
72.      Andrés Cambronero Rodríguez, estudiante egresado de la Maestría en Psicología Comunitaria, UCR, cédula 1-1516-0984.
73.      Maricel Monge Chaves, estudiante de Geografía y Enseñanza de Estudios Sociales, cédula 115620858.
74.      Melissa Hernández Vega, estudiante, Maestría en Estudios de las Mujeres, Géneros y Sexualidades, cédula 1-1472-0652.
75.      Luis López Ruiz, docente e investigador, Escuela de Sociología e IIS, cédula 108030653.
76.      Josué Arévalo Villalobos, docente, Escuela de Psicología e INIE, cedula 109790015.
77.      Marisol Jara Madrigal, docente, Escuela de Psicología, cédula 109990220.
78.      María Andrea Araya Carvajal, docente, Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio y Sede de Occidente, cédula 1 1090 0787.
79.      Soledad Hernández Carrillo, docente, Escuela de Psicología, cédula 110900469.
80.      Roberto Herrera Zúñiga, docente, Escuela de Filosofía y Sede de Occidente, cédula 1 1146 0533.
81.      Damián Herrera González, docente, Escuela de Psicología, Sede de Occidente, cédula 206070116.
82.      Gerardo Cerdas Vega, docente, Escuela de Trabajo Social, cédula 108970131.

Puede ver el formulario en este enlace

Costa Rica no está en venta

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En 1972 el financista Robert Vesco, perseguido por la justicia de Estados Unidos y de Cuba por negocios financieros ilícitos, encontró acogida temporal como turista en Costa Rica. Se dice que sus pretensiones eran apropiarse de una isla caribeña para instalar su negocio, algo así como un “paraíso fiscal” de hoy. Pero, en el mientras tanto inscribió muchas de sus empresas en el país.

El periodista Julio Suñol, en ese contexto, escribió un libro que tituló “Vesco compra una república”. Por esos años, también se candidateaba el excéntrico G. W. Villalobos, quien haciendo alarde de su populismo barato, al estilo de algunos políticos de hoy, se fue hasta la casa del señor Vesco a lanzar disparos al aire retándolo a salir del país.

Del gesto de Villalobos, aunque políticamente poco ingenioso y más bien torpe, puede rescatarse el espíritu de protesta e indignación al que apelaba. Asimismo, el título del libro del periodista Suñol, que hace mención a la venta de la república a un financista fugitivo, título que en la realidad correspondía más bien a una metáfora de una “novela” que buscaba retratar el favoritismo y complicidad del gobierno con los intereses privados extranjeros. En este sentido, cabe llamar la atención en dos direcciones.

Por una parte, los “Vescos” de hoy no necesitan refugio en ninguna isla; se mueven de manera fluida –lo propio de las élites transfronterizas en la “sociedad líquida” globalizada (Bauman)–. Algunos, vestidos con el traje de marca internacional “FMI”, “BID”, “BM”, entre otras, viajan con sus valijas llenas comprando países con el pretexto de sacarlos del estado de quiebra; ahora, también se presentan como mercachifles de “pomada canaria” –“vendedores de veneno de serpiente económica” (Krugman)– para aplacar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia producida por el Covid19.

Esta institucionalidad financiera internacional, que supuestamente está al servicio del desarrollo de los países empobrecidos del mundo, ha sabido vender este cuento de protectores y salvadores de estas naciones. En la realidad, lo que andan haciendo son buenos negocios para favorecer a sus pares en el sector privado, incluidas las grandes empresas evasoras que se ven favorecidas por las condiciones bajo las cuales negocian sus préstamos.

Efectivamente, favorecidas por partida doble: al contar con el “salvamento” de los préstamos, evitan la presión del Estado para que paguen los impuestos sobre sus ganancias reales –mientras ellas los evaden, los mismos de siempre seguirán pagándolos por los siglos…– y al privatizarse los activos más rentables del Estado se les facilita invertir en –o apropiarse de– esos jugosos negocios.

Valga un paréntesis, para destacar el descarado cinismo de algunas grandes empresas privadas, que siendo parasitarias de los recursos públicos, como La Nación S.A., usufructuando de los fondos de pensiones y recursos del sistema bancario nacional, lanza una campaña “guerrerista” contra la institucionalidad pública. Incluso, se atreve a ofrecer consejos para reformar los regímenes de pensiones, debilitando el sistema público del que recibe beneficios y favoreciendo los de perfil privado, como las pensiones complementarias y el ROP. No buscan otra cosa que la privatización, para acomodarse en nuevos nichos de negocios.

Por otra parte, el gobierno actúa al viejo estilo de las “repúblicas bananeras”, dejándose llevar dócilmente por los grandes intereses del capital financiero extranjero y nacional, cediendo en soberanía y dignidad. No atiende a las ´propuestas alternativas para no postrase ante esos intereses, que una vez más buscan socavar las bases de nuestro Estado Social de Derecho ¿Acaso queremos otra generación pérdida como la de la década de 1980, que hoy nos tiene recogiendo pobreza y desigualdad estructurales?

Pues bien, tenemos que decirles a los “Vescos” contemporáneos que Costa Rica no está en venta. Recordarle al gobierno que no es dueño de la patria, para servirla de festín en la mesa de los poderosos. Y también a los políticos y empresarios oportunistas, que esta vez “en río revuelto ganarán los peces”.

No hay que mendigar el abrazo cuando llega la noche de la soledad. La dignidad es la más sublime y excelsa de las virtudes que anida en el alma de cada ser humano, de los pueblos y de la naturaleza. No hay que permitir que sea mancillada por ningún mortal y frágil embustero, que pretenda adueñarse de nuestra voluntad y libertad a cambio de un “plato de lentejas”.

Covid-19 y crisis económica – Diez apuntes para un programa económico diferente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista. Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Dos preguntas básicas animan este artículo: ¿qué asuntos nos preocupan respecto del abordaje de la crisis económica y sus consecuencias sociales y humanas? ¿Qué respuestas alternativas deberían darse?

  • Es desatinado debilitar la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública, a través de la reducción de jornadas, el recorte de gastos y la aplicación de la regla fiscal:
    • Ahora, más que nunca, resulta necesario dotar a esa institucionalidad del músculo y la capacidad de respuesta, requeridas para atender la multiplicación de necesidades y demandas que la crisis trae consigo.
    • Por lo tanto, es desatinado y debe retirarse la propuesta de reducción de jornadas, que limitaría la disponibilidad de personal, incluso en áreas críticas como las de las instituciones de atención de la pobreza o las de implementación de las políticas de vivienda popular.
    • Debe asimismo desaplicarse la regla fiscal. Resulta irracional que, en medio de una crisis de tal gravedad, esa regla se mantenga en pie, en vista de las rigideces y restricciones que impone.
    • Deben reconsiderarse las políticas de austeridad fiscal. Se necesita más eficiencia y compromiso, no menos recursos. Y, sobre todo, el sector público tiene el deber de aportar un impulso positivo a la economía, en vez de sumar fuerzas contractivas, como resultaría de las políticas austeritarias.
  • Es claro que el reparto de los costos de la crisis sigue siendo inequitativo.
    • Es indispensable desarrollar un esquema muy progresivo de tributos y subsidios, bajo el criterio de que deben contribuir todos y todas quienes puedan hacerlo, y cada quien según sus posibilidades materiales, y de que se debe apoyar a todas y todos quienes realmente lo necesiten.
    • Un esquema tributario progresivo, apropiadamente diseñado, no desestimulará la inversión productiva y la generación de empleos, aunque sí el despilfarro, los lujos extravagantes, la especulación y las actividades ambientalmente dañinas.
    • Bajo las actuales condiciones de profunda recesión económica, un esquema muy progresivo de subsidios, dará poder adquisitivo a los sectores más carenciados, y ayudará así a activar el mercado interno y aliviar la recesión.
    • Este esquema de subsidios progresivos –que bajo el actual gobierno tiene el nombre de Bono Proteger, el cual urge ampliar y reforzar– debe ser el primer paso hacia el establecimiento de una “renta básica universal”.
    • Debe haber pasos firmes y una acción vigorosa de combate a todas las formas de fraude fiscal, bien si resultan de la evasión directa, o de los mecanismos, mucho más sofisticados y agresivos, de la elusión. En concordancia con lo anterior, debe haber un avance efectivo hacia la revisión y supresión de las exoneraciones (incluyendo las de zonas francas), de modo que se mantengan solo las que tienen justificaciones sociales muy sólidas.
  • Se habla de reactivación pero las propuestas en esa materia parecen naufragar en la indefinición. Por ejemplo: las cifras tan significativas dadas a conocer el 4 de mayo, acerca de los presuntos programas de inversión pública que se pondrían en marcha (en el orden de alrededor del 5% anual como proporción del Producto Interno Bruto, PIB), siguen sin tener ningún aterrizaje claro.
    • Entre otras acciones muy importantes, debe definirse prioridades y calendarios precisos del programa de inversiones a desarrollar, incluyendo un componente de corto plazo, de fácil ejecución, con gran potencial de generación de empleos (incluyendo explícitamente el empleo de mujeres), y beneficio para las regiones más rezagadas del país.
  • Confiarse a la “reapertura” para lograr la reactivación es engañoso: la incertidumbre y desaliento son hoy tan extendidos, y las fuerzas que deprimen la economía, tan poderosas, que se necesita un empuje mucho más vigoroso, el cual solo puede darse desde el Estado.
    • Se requiere, como ya se dijo, un programa de inversiones muy vigoroso y una serie de otras acciones cuyo liderazgo compete que sea ejercido desde el sector público. De ahí lo desatinado de las medidas recortistas que mutilan la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública-estatal.
  • En concordancia con lo antes indicado, y bajo las actuales circunstancias depresivas y de gran incertidumbre que rodean la economía, ni el crédito ni, más en general, la política monetaria, pueden ser eficaces en grado apreciable, para reactivar la inversión empresarial y la generación de empleos.
    • No obstante lo anterior, sí es urgente canalizar financiamiento en condiciones muy favorables, para proporcionar flujo de caja y capital de trabajo a muchas micro, pequeñas y medianas empresas, e incluso algunas grandes empresas, que lo requieren con urgencia. Ello no puede hacerse con arreglo a la actual normativa del sistema financiero. Se necesita poner en marcha mecanismos muy innovadores, incluyendo un amplio programa de avales y garantías.
  • Se insiste en recurrir a deuda externa para abaratar el costo asociado al pago de intereses, no obstante que hay mecanismos internos que podrían utilizarse con el mismo fin, sin incurrir en el riesgo cambiario y político asociado a una deuda externa incrementada.
    • En este, como en otros aspectos (inclusive el indicado en el punto 5 anterior), es urgente que el Banco Central se sacuda de la modorra que lo paraliza, y empiece a dar la contribución necesaria para estabilizar la economía, aliviar los efectos negativos derivados de la crisis y contribuir a crear condiciones para la posterior recuperación.
  • La crisis ha sacado a relucir los gravísimos problemas de exclusión y marginalidad existentes, lo mismo en zonas rurales –por ejemplo, en las plantaciones agroindustriales de la zona norte– que en áreas urbanas, en las cuarterías y en barriadas empobrecidas densamente pobladas. Esa realidad, que por tanto tiempo ha sido tercamente ignorada y negada, ha salido a luz dramáticamente, empujada por el Covid-19 y la pandemia.
    • En el contexto de la crisis actual, es urgente que desde el Estado se movilicen recursos que permitan atender esas situaciones de carencia y privación, primero, por razones morales y de compromiso humanitario y solidario, y, segundo, porque ello es indispensable para frenar el contagio del Covid-19.
    • Más allá de la crisis actual, y en perspectiva de mediano y largo plazo, el país debe reformular a profundidad sus estrategias de desarrollo, en relación con el empleo, la atracción de inversiones, la inversión pública, el impulso al desarrollo regional y las áreas o actividades productivas prioritarias.
  • Es un error confiarse a las exportaciones y el turismo como los mecanismos que saquen a la economía de la recesión. Ninguno de los dos tendrá una fácil ni rápida recuperación. En el caso del turismo será seguramente mucho más lenta.
    • Por lo tanto, es preciso reconocer que, al menos por un período que podría ser relativamente considerable, los mecanismos dinamizadores de la economía deben surgir desde dentro de ésta.
    • Lo cual significa recuperar, al menos en parte y con las reformulaciones que sean necesarias, la noción de “desarrollo hacia dentro”, originalmente planteada por la CEPAL.
    • Ello, a su vez, tiene dos implicaciones: primero, deben retomarse los objetivos de justicia social e igualdad, que en Costa Rica han quedado en abandono.
    • Y, segundo, implica revalorizar el mercado interno, y convertirlo en motor de dinamización de la economía nacional.
    • En concordancia con lo anterior, y aparte los programas de inversión pública propuestos, debe extirparse la retórica, comprobadamente hueca, para hacer efectivas y eficaces las políticas de fomento e impulso de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de emprendimientos solidarios, asociativos y cooperativos.
    • Tener una economía de alta productividad, diversificada, con densos encadenamientos productivos, que aproveche inteligentemente la dotación de recursos de que disponemos, es una meta de mediano y largo plazo, que en lo más inmediato pasa por un mercado interno fortalecido, mejores salarios y más justicia y equidad distributiva.
  • Con esta crisis han emergido los temores ante la posibilidad de desabastecimiento alimentario, lo cual, a su vez, refleja el abandono histórico de la agricultura tradicional productora de alimentos para el mercado interno.
    • Es necesario que el país redefina sus políticas en materia de soberanía y seguridad alimentaria, y reivindique el lugar que le corresponde a nuestra agricultura tradicional, y a nuestras agricultoras y agricultores. Un Plan Nacional de Producción de Alimentos, que incorpore medidas de ejecución inmediata, y con perspectiva de mediano y largo plazo, debe ponerse en marcha, incluyendo un componente que garantice la compra por parte de las instituciones del Estado, como la Caja del Seguro Social.
  • El Covid-19 y la necesidad del confinamiento, han venido a resaltar las inequidades de género que comporta la división sexual del trabajo, con el recargo de doble o triple jornada que ha debido sobrellevar la mujer trabajadora que hace teletrabajo, pero que es un problema generalizado, históricamente puesto sobre las espaldas de las mujeres.
    • Las políticas de cuido deben reforzarse y ampliarse, incluyendo la ampliación de la infraestructura de cuido, y la disponibilidad de más personal adecuadamente capacitado. El cuido debe ser una responsabilidad socialmente asumida, y no una obligación asignada, en casi su totalidad, a las mujeres.

Publicado en el blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/07/covid-19-y-crisis-economica-diez.html?m=1

Compartido con SURCOS por el autor.

Las paradojas que evidencia la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Imaginar que los mercados urbanos seguirán siendo emporios para las ventas de mercancías y servicios, así como ser fuentes de fuerza de trabajo barata, son las elucubraciones de los empresarios, el gobierno y los nefastos entes internacionales, que se imaginan maltusianamente, una sociedad y un mundo con poblaciones muy inferiores a su origen manufacturero del siglo XVIII, pero dotadas de extraordinarias capacidades productivas gracias a los trabajadores que con su esfuerzo e imaginación crean nuevas tecnologías. Es comprensible un capitalismo con elevada producción y productividad para más y mayores mercados, pero nunca para reducidos mercados y poblaciones. No existe tendencia alguna que sustente una estructura productiva y distributiva para atender las necesidades ciudadanas y menos aún con tasas decrecientes de ganancias. Ello es un error de las expectativas, una visión contradictoria o una forma para eliminar a empresarios competidores.

¿Acaso estamos viviendo un proceso de concentración económica como nunca antes ha conocido la humanidad? ¿se pretende destruir a miles de productores y trabajadores, con la mediación viral pandémica, para concentrar y centralizar, en muy pocas empresas globales y en menos países, el abastecimiento de mercancías, servicios o insumos que el mundo requiere? ¿se construye un nuevo orden económico mundial? No es de orates ni es una especulación suponer la intencionalidad de estas prácticas, pues es una regularidad efectuada en toda la historia capitalista. Las guerras, invasiones, ocupaciones, los asesinatos, espionajes, expropiaciones, confiscaciones y adquisiciones han servido, en el pasado y el presente, para apoderarse de las riquezas, recursos y mercados del mundo, como tampoco es extraño, el crecimiento y expansión de las inmensas empresas que actúan en todos los mercados y espacios nacionales del planeta y menos aún, se puede desconocer la permanente destrucción de las empresas competidoras por parte de entes que anhelan el monopolio, o el control de la producción y la distribución mercancías del mundo.

El empobrecimiento generalizado de las poblaciones por los efectos económicos de la pandemia agudizados por las estructuras sociales y laborales excluyentes que, sin redistribución de los recursos generados, restringen el consumo, la educación, la sanidad pública, lo cual tienen como consecuencia la inhabilitación de las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores, aunque paradójicamente son imprescindibles para la valorización del capital. El capitalismo ha ampliado los mercados e integrado a todos los trabajadores del mundo en un proceso de reproducción global del capital. Es absurdo y contradictorio para el capital, atentar contra los trabajadores, porque es una evocación propia a tanatus.

La falsa conciencia y el hedonismo empresarial se embelesa en tener el poder capaz de crear una sociedad a la medida de sus intereses, sin la resistencia por parte de reducidos, supeditados y contestatarios trabajadores y sin institucionalidad alguna, para erigirse en una absolutista versión moderna del Estado de Luis XIV. Esos sueños utópicos ocultan sus pesadillas de no ser autosuficientes, de necesitar trabajadores, mercados y de un Estado que les garantice sus condiciones de existencia y vivir de los otros.

Los negociantes al imponer la reapertura productiva y mercantil, no reactiva la economía realmente, solo garantiza nuevas infecciones y muertes. Ante las evidencias, silencian sus voces, pero sin desistir ni enmendar la culpabilidad de sus acciones contra trabajadores y clientes. La vocinglería empresarial de tener la solución a las crisis, económica y pandémica, ha mostrado su incapacidad de dinamizar la economía, a la vez de ser un nefasto difusor de la pandemia en el país.

Los mercaderes creen que ofrecer mercancías, es suficiente para reactivar la economía, como si la causa de la crisis fuera por su carencia. Esa simpleza de pensamiento deriva suponer como lo hizo hace siglos Jean-Baptiste Say (1767-1832), que toda oferta crea su demanda, ignorando a John Maynard Keynes (1883-1946) que postulaba precisamente lo contrario, como si la economía fuera una relación mecánica entre dos variables. Pero, los empresarios no quieren ver ni entender que los asalariados-compradores han sido afectados por ellos, el Estado y la pandemia, en un contexto estructural inequitativo y excluyente. Esas mayorías despreciadas y pobres, son los que sustentan y garantizan la riqueza privada.

La producción capitalista no es para el autoconsumo de propietarios, no es para los millonarios, ellos no sustituyen el consumo de las poblaciones trabajadoras, a quienes no dan ninguna alternativa de consumo ni de sobrevivencia suficiente y digna. Los pobres, desempleados y enfermos, entre otros, no consumen. Tampoco los sectores medios y pobres poseen los recursos suficientes ni duraderos para afrontar un futuro inestable, incierto y crítico, no solo por el previsto colapso del sistema de salud, o un posible desabastecimiento alimentario, agravado por un medio gubernamental sin recursos y asfixiado por sus déficits y por los legisladores. Asimismo, la destrucción de la institucionalidad pública y la educación superior, compromete dramáticamente el futuro de la sociedad costarricense. La legalidad democrática costarricense, se transfigura en una dictadura ilegal.

Los parlamentarios contrarios a los intereses de la colectividad, son aliados y cómplices de demandas empresariales, inviables e imposibles para nuestra sociedad, además de que sus intereses electoreros los empuja a boicotear los presupuestos públicos requeridos para la asistencia a los desempleados formales e informales que ha provocado la pérdida de puestos laborales durante la actual coyuntura. Son los intocables amigos, no por enfermos, sino porque enferman y matan a los otros, con su inmunidad e impunidad económica y política, son los mismos que impiden la devolución total de los salarios acumulados para supuestas pensiones obligatorias, que nutren las finanzas privadas, con argumentos falaces que ocultan los desfalcos financieros y administrativos de los mismos, a pesar de la agudización de la pobreza y del hambre que comienza a azotar a los sectores vulnerables de nuestra sociedad.

Asimismo, uno de los entes generadores de miedo, el poder judicial, se ha convertido en un espectador de las tragicomedias de las transgresiones constitucionales, del derecho público y de la institucionalidad estatal.

Costa Rica en la actual coyuntura vive momentos contradictorios, sin alternativas económicas viables ni razonables, enfrentada a una frustrada omnipotencia o impotencia empresarial y legislativa de instaurar regresivamente el absolutismo totalitario, mientras que el Gobierno, ambigua y contradictoriamente, se ocupa y relativamente se sostiene políticamente por el sistema de salud existente, mientras que, por otro lado, destruye institucionalidad pública y liquida conquistas alcanzadas históricamente por la ciudadanía y su Estado Social, especialmente en materia de derechos y reivindicaciones laborales.

Los que se aprovechan de sus influencias para hacer negocios privados y contratos de obra pública, han multiplicado muchas veces sus riquezas y adquirido un saber que no emana de la ciencia, sino de procesos políticos corruptos del quehacer estatal y judicial. La ciencia y la investigación no les interesa ni forman parte de sus decisiones y prácticas, como tampoco les importa el ejercicio de la justicia social y la moralidad pública. Sin embargo, pretenden ser dictaminadores y fiscalizadores de la sociedad costarricense, del aparato estatal y de los intereses, necesidades y anhelos ciudadanos. Así, las visiones y prácticas de esos sectores privilegiados de la sociedad, ignoran la complejidad de los procesos sociales y también de la economía. Los negociantes creen que solo la reproducción del ciclo comprar, producir y vender, es suficiente y que ellos son los actores fundamentales, pero están muy equivocados. A ese economicismo, basta señalar que los “ticos” radicados y trabajadores en otros espacios nacionales, que regresan al país, no lo hacen porque carecen de trabajo y son pobres, sino porque Costa Rica es su espacio de vida con sus familias, en su sociedad y cultura, que les garantiza sobrevivencia social, más allá, del trabajo y situación económica. Este fenómeno también ocurre con los ciudadanos de otros países que vuelven a sus países y a sus pueblos para convivir y compartir solidariamente. El economicismo es una visión ideológica que emana de la preeminencia económica capitalista que impide comprender la complejidad de las realidades y la significación cultural, social, política e histórica de las relaciones económicas.

Las visiones simplificadas de las realidades suelen ser dogmáticas y creen que el devenir de las personas y sus contextos, están determinadas absoluta e inevitablemente, como ocurre con la economía y sus pretendidas leyes universales, pero también con la pandemia, a la cual le atribuyen cualidades de transformación de economías y sociedades. No obstante, son las relaciones sociales, políticas y económicas hegemonizadas con poderes concretos y tangibles que, encubriéndose en la pandemia, imponen sus intereses, intenciones y nuevas condiciones sobre las personas y pueblos de la aldea global. Tampoco los poderes sociales que dominan y sentencian son omnipotentes, son de barro en su vulnerabilidad y miedo ante los trabajadores-compradores en la pandemia.

[1] Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://concepto.de/mercantilismo/

Los salarios y el agro: claves contra la crisis pandémica

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Son muchas las voces en el mundo que prevén la necesidad de modificar las prácticas que los poderes han impuesto a las sociedades, no se trata de un asunto moral ni de justicia social, se trata de la supervivencia de la humanidad.

El capitalismo desde sus inicios hizo propio “las fuerzas y capacidades de las masas”, no para la transformación de las sociedades en aras de la construcción del bienestar y el progreso individual y colectivo, sino para seguir usándolas en guerras, invasiones y ocupaciones contra pueblos y también como objetos, como “mulas de carga” para labores en beneficio de quienes aún detentan el poder de disponer de sus trabajos y vidas.

Las sociedades se han transformado precisamente con la creatividad, imaginación y trabajo colectivo en las ciencias y las técnicas, se modernizaron los modos de elevación de la productividad del trabajo. Todos sin excepción, nos hemos visto involucrados en una gigantesca maquinaria de interdependencia nacional y mundial. La globalización capitalista masificó como nunca las labores de los individuos y sociedades. El gobierno del capital se estableció como un imperio en la historia, con armas y muertes, con tiranías y leyes, como en el pasado, pero también se crearon nuevas formas en ese imperio. Así, se prolongó la esperanza de vida, en muchos casos en no todas las sociedades, se vive en mejores condiciones y se trabaja con técnicas que elevan la efectividad, eficiencia y productividad, se creó la ilusión que somos gestores de nuestros propios gobiernos, que somos iguales ante la ley, el progreso y el bienestar. Pero, no se transformó el destino del trabajo de las masas, perdura la explotación de las capacidades intelectuales, la socialidad y las fuerzas físicas de las personas para seguir trabajando y haciendo más ricos a los ricos.

Asimismo, el capitalismo hizo de las capacidades de las masas, el medio no solo para seguir enriqueciéndose con la explotación del trabajo, pero a diferencia de otros tiempos, creó también nuevas y múltiples formas para apropiarse de los recursos, riquezas y salarios de las personas y las sociedades del mundo. En el esclavismo, el amo era el dueño del trabajo y vidas de esclavos, con el capitalismo esta relación se moderniza y transforma: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, su salud, su desarrollo intelectual y perfeccionamiento de su creatividad, habilidad y capacidades e incluso las formas de hacer sus labores, depende de los propios trabajadores. Los dueños del trabajo en las jornadas labores están eximidos de esas obligaciones y supuestamente deben ser suplidas por los Estados, que social, política y económicamente son incapaces o impedidos de realizarla. Esto es, la vida del trabajador depende cada vez del salario, pero no solo para su vida, también para los ingresos fiscales del Estado y para los empresarios que nos venden lo que necesitamos, lo inútil, lo deficiente o lo que afecta a la salud. El esclavismo se modernizaba con el capitalismo, sin desaparecer.

El salario se ha convertido no solo el medio de vida para los trabajadores, sino también en un recurso que tienen los gobiernos para obtener nuevos y mayores apropiaciones ilegales del ingreso por el trabajo realizado. Así, en Costa Rica y muchos otros países, permanentemente se confiscan salarios, se suprimen complementos salariales y se privatizan pensiones con leyes y decretos. Los legisladores, serviles e ignorantes, se arrogan ser dictaminadores y sancionadores los montos de los salarios, como si estos fueran ilegales o autodefinidos por quienes los reciben y denigran la función pública de legislar, irrespetando derechos y leyes incluida la propia ley de leyes: la Constitución de la República.

Pero, el salario acumulado a través de los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias, son usados para dinamizar e incentivar al sector financiero nacional y también para ser apropiado por las bolsas de valores que sus administradores privados determinan, con la venia estatal y sin injerencia de los trabajadores propietarios de esos dineros.

Las funciones que debe cumplir el salario que son propias, privadas e inalienables, se transformaron en recursos apropiables por los empresarios a través de precios especulativos de los negocios de bienes y servicios y de préstamos usureros, así como del Estado para paliar sus déficits y gastos corrientes, o las inversiones de las instituciones de servicio público, con la asesoría e imposiciones de los privatizadores del bienestar: las Cámaras de Empresarios y el Fondo Monetario Internacional.

Los salarios son la versión moderna de los “boletos de café”, “fichas” o “tokens”, que eran monedas privadas usadas para pagar el trabajo en las haciendas y que al cambiarse no alcanzaban a pagar los adelantos en especie recibidos, de este modo, esas monedas eran garantía para una eterna esclavitud y el empobrecimiento absoluto para aquellos trabajadores. Hoy, los salarios no garantizan poder adquirir lo necesario y pagar las deudas que compensan artificialmente la insuficiente capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios pagan salarios cada más próximos a los africanizados, los agiotistas privados y bancarios se apropian de parte de los salarios, así como los trabajadores que han reducido los salarios o han sido despedidos, están siendo sentenciados a ser víctimas del hambre, la enfermedad y la muerte. Los problemas de la pandemia se agudizan a partir de una estructura social y estatal que expone a sus peligros a muchos y protege a pocos.

Los que se dicen ser empresarios y los otros que se creen periodistas, repiten oligofrénicamente que solo eliminando las restricciones por la pandemia se resolverá la crisis. Abrir negocios sin compradores, es absurdo, como infame y cruel es agudizar la difusión del virus, la enfermedad y los fallecimientos. Imponer los intereses privados como necesidades de todos, evidencia que un poder privado no solo subordina lo público, también lo hace sobre la inteligencia. Paradójicamente las decisiones privadas agudizan la crisis y amenazan con el exterminio de los negocios, la sociedad y la propia humanidad. El poder en su inconsistencia política y económica condena sociedades y personas, suicidándose.

Sin embargo, la inteligencia, esfuerzo y compromiso existentes en algunos, en todos los sectores sociales, son quienes hacen ingentes esfuerzos por paliar el hambre de los más vulnerables de la sociedad. No obstante, es insuficiente, como también lo fue, el regalar alimentos, dinero y el pago con sobreprecios a mercancías, por el Estado norteamericano, para proteger a consumidores y productores en momentos previos a la gran crisis mundial de 1929. La superación de aquella crisis se resolvió con el New Deal, como revelaron estudios, entre ellos el Myrdal Keynes en 1936, que básicamente proporcionaba trabajos, en apariencia inútiles, a los miles de desplazados, desocupados, despedidos y subocupados, fueron los salarios o, mejor dicho, los consumos de los trabajadores y los incrementos de las compras del gobierno, los que permitieron la reactivación económica. Este referente histórico exitoso muestra que no fue de modo alguno, despidiendo, confiscando y pauperizando salarios, destruyendo la institucionalidad pública ni contrayendo el gasto estatal como se solventó la crisis, en ese entonces. Sin embargo, es totalmente lo contrario a lo que proponen y hacen el gobierno, los legisladores y los empresarios de Costa Rica. La reedición contemporánea de las políticas de shock aplicadas en la década del ochenta y noventa del siglo pasado, mostraron ser contraproducentes y iatrogénicas para los espacios sociales latinoamericanos. Es un crimen social aprovecharse de la pandemia para aplicar tales medidas de dramáticas consecuencias contra todos.

El gobierno ya hace ajustes para reducir el gasto en 335,000 millones de colones para complacer las miopes visiones de los que se creen dueños del país y de los entes financieros internacionales que no abandonan sus afanes de colonialidad del poder, a pesar del fracaso económico de sus propuestas y acciones, así como de las nefastas consecuencias sociales en nuestra América. Dicha contracción del gasto afectará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas del país, en 65,000 millones de colones, así como liquidará gran parte de la institucionalidad pública. No cabe la menor duda, que la crisis pandémica está sirviendo de pretexto para continuar con la destrucción del Estado Social de Derecho, para liquidar los logros y conquistas alcanzadas en la historia nacional, así como, eliminar el pensamiento crítico y la práctica consecuente del pueblo que nutre nuestras universidades. Mientras que los ricos, los propietarios del capital, gozan de la inmunidad e impunidad para sus prácticas ilegales contra el erario público, contra el trabajo, privatizan la función pública y exigen incentivos, subsidios y exoneraciones. Las consecuencias de la crisis pandémica no solo son sanitarias, es también la consecuencia de las intolerables prácticas políticas y económicas de los poderes prevalecientes, de los que no pierden la oportunidad para atentar contra lo público, los derechos, la libertad y la democracia.

Los propietarios del capital nacional están muy alejados de la lucidez del empresario norteamericano Henry Ford, que aumentó de modo significativo los salarios, para permitir el aumento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores, que no quebraron a la empresa, sino que permitió su auge y la adquisición de los autos Ford. Pero remontémonos a ejemplos más cercanos en tiempo y espacio: aquí, en nuestro país podemos observar que, al incrementarse los precios internacionales del café, se mejoró la calidad de vida de los agricultores al adquirir las mercancías que necesitan, como también permitió el progreso de los comerciantes y mercaderes con quienes intercambian en sus espacios sociales.

La agricultura costarricense ha sido el ámbito donde surgió el capital en la circulación mercantil, para luego ser la fuente de la diversificación del capital productivo, así como fueron las relaciones y confrontaciones sociales en el agro, donde se gestaron y conquistaron derechos laborales y se crearon las bases sociales por la libertad e igualdad ciudadana. El agro fue importante en la modernidad de la historia nacional, como es importante en la actual pandemia, pues permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, ofrece mayor cabida laboral y crea esperanzas en un espacio rural igualitario, ante la desigualdad y el desprecio a los trabajadores y los prejuicios contra la vida rural existente en el espacio social urbano.

No es ninguna locura hacer del agro un emporio laboral, sostenibilidad alimentaria y fuente para reducir la desigualdad de las relaciones sociales, así como, el rescate y fortalecimiento cultural de las raíces sociales solidarias de nuestra historia. Es seguro que será imposible efectuar este reencuentro con el espacio rural con las finanzas privadas, tampoco será lograble con el liberalismo gubernamental, pero podrá ser una realidad con la labor colectiva, solidaria y transformadora de mujeres y hombres, que no han perdido ni reniegan de sus orígenes rurales y compromisos sociales, pero también podrá alcanzarse con las riquezas socialmente inútiles para el bien común, de propietarios identificados con el bienestar y el desarrollo nacional, riquezas que eventualmente podrían disminuir o desaparecer entre la pandemia y la voracidad competitiva y financiera urbana.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

La obsesión por el dinero

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Preguntarse por lo que quieren los empresarios, parece una pregunta ociosa, pero no se trata de buscar una respuesta simple y alienada al deseo empresarial por una riqueza sin límites, se trata de comprender los medios empleados para conseguirla califican la pertinencia social, económica, política, moral y cultural de esa ambición.

El enriquecimiento por los actos de saqueo en las invasiones y ocupaciones colonialistas que esclavizaban y diezmaban pueblos, no es una riqueza deseable ni posible para todos; los militares, mercenarios y sicarios, lo hacían posible en nombre y amparados por las potencias militares o por gamonales y caciques en las distintas épocas del pasado y el presente latinoamericano. Tampoco es admisible la riqueza obtenida por otros actos delincuenciales, sea por venta de drogas, asaltos, estafas, asesinatos, secuestros, robos, corrupción etc., como también es censurable que empresarios se enriquezcan apropiándose del bienestar colectivo y vendiendo mercancías y servicios que afectan la salud, la vida, el medio ambiente y la naturaleza, como también es cuestionable que  incumplan con sus obligaciones tributarias y como consecuencia los ingresos fiscales del Estado sean sostenidos por los sectores sociales vulnerables y medios de la sociedad. Las prácticas ilegales de los empresarios son conocidas, sin embargo, se incumplen por la complicidad estatal que afectan a la sociedad en su conjunto.

No se cuestiona a los propietarios del capital y sus representantes, por su riqueza, por su condición de vida, por sus éxitos o fracasos. No, se les cuestiona cuando transgreden el orden constituido, establecido para la convivencia y la interdependencia colectiva, porque los favores y concesiones que reciben y las ilegalidades que se les permite, violentan la condición y formalidad jurídica de igualdad ciudadana que perjudica al resto de la sociedad, así como condicionan la parcialidad de la actuación estatal.

Esto es, no se censura a los empresarios ni a los ricos por serlos, como especulan algunos de sus representantes. De ningún modo se critica a los negociantes que ofrecen mercancías y servicios de modo honesto, en razón del esfuerzo, dedicación y trabajo que realizan sin especular, ni apropiándose indebidamente de los recursos de los demandantes, tampoco se critica a quienes respetan el trabajo digno y no explotan a sus trabajadores más allá de lo establecido por el orden jurídico laboral y derechos establecidos, ni hacen elusión y evasión de sus obligaciones tributarias y cumplen con las disposiciones del Estado Social. Ellos serán respetados, no obstante, merecerán ser repudiados, censurados, demandados y sentenciados, quienes valiéndose de sus influencias y poder económico, político, legislativo y judicial atentan contra la naturaleza, el medio ambiente, la sociedad, la salud y la vida de trabajadores, así como de los consumidores y los ingresos fiscales.

Sin embargo, el presente revela la vulnerabilidad de la economía y su dependencia de los trabajadores, consumidores y del Estado, así como de quienes sustentaron las bases democráticas y sociales de nuestra nación: los campesinos. Sin ellos, los empresarios no habrían surgido ni enriquecido, como tampoco tendrían viabilidad alguna de existencia. 

La incesante invocación a los negocios, por parte de ricos y pobres, es el prejuicio de la época, que imagina ser el único modo posible, para vivir confortablemente sin penurias ni angustias de supervivencia y reproducción social. Derivado de este afán de promoción de los negocios, se ha generado una preocupante tendencia por la creación de micro empresas o “empresas” de autoexplotación, que frustran las ilusiones y esperanzas de pobres y desempleados que, sin lograr liberarlos de la voracidad financiera, se empobrecen rápidamente por las deudas crediticias que deben hacer frente.

El fetiche del dinero ha ponderado su magnitud como unidad de medida del crecimiento e inclusive del desarrollo, todo busca ser medido y comparado con las cantidades acaparadas y disponibles de dinero. Así, el Producto Interno Bruto (PIB), o el valor estimado de la producción anual nacional, la medida con que se juzga y califica a los países, como se evalúa a las empresas públicas, privadas e incluso las solidarias, del mismo modo como se segrega y excluyen a las personas. Por cantidades de dinero las instituciones públicas son satanizadas, porque “gastan” y no generan ganancias, no obstante, crean valor público para la vida social y las condiciones necesarias para la reproducción privada y nacional. Las visiones economicistas -cuantitativistas y fetichizadas-  distorsionan, simplifican y absolutizan las realidades, ignorando la historia, la cultura, las relaciones sociales y la propia humanidad.

En las diversas situaciones descritas, el dinero se ha convertido en un fetiche más allá de ser un medio para el intercambio mercantil, para otorgarle una significación de suficiencia, bienestar y poder, sin serlo, porque la capacidad adquisitiva se modifica cotidianamente, porque el bienestar trasciende a las magnitudes dinerarias y porque el poder es una relación social. La representación simbólica del dinero como capital, es el sustento ideológico del poder, como prejuicio popular y clasista de la sociedad capitalista.

La riqueza o el exceso de medios y recursos para una vida digna, no es una creación mágica, es una creación colectiva producto de la desigualdad de los términos del intercambio entre los actores económicos, que distorsionan el fundamento de la existencia del dinero. Así, la práctica bancaria especula y multiplica ficticiamente muchas veces el valor de cada bien, para formalizar valores inexistentes que terminan confiscando recursos y riquezas ajenos para beneficio exclusivo de algunos “inversionistas”. Sin embargo, ese dinero paradójicamente no representa riqueza, no generan bienes ni constituyen centros de empleo, la labor fraudulenta financiera se encubre con papeles y registros para apropiarse de las riquezas existentes. Así, entre papeles y cuentas han desaparecido miles de millones de los salarios de los trabajadores en las operadoras bancarias de pensiones obligatorias en América Latina que, con el pretexto de invertir y proteger los recursos y los futuros ingresos de los trabajadores, son sustraídos de modo premeditado e intencional de los medios de vida de los pensionados. Los dineros se pierden para parar en cuentas privadas de las redes financieras, sin ser recuperados, sin sancionar ni condenar a los funcionarios corruptos que parasitan dichos recursos, ni de los cómplices estatales que autorizan actos delincuenciales encubiertos de legalidad.

El dinero especulativo predominante o la apropiación de la riquezas, propiedades y recursos con dinero, es un estilo feudal de las relaciones económicas, que aun acompaña al capitalismo, fagocitándolo desde su propio seno hasta el fin de sus días.

Así, el afán por el dinero en una sociedad y mundo desigual y con crecientes niveles de miseria, hambre, insalubridad y muerte, es un medio ansiado no solo por los propietarios del capital, también necesario y deseado por los pobres, aunque con valoraciones profundamente diferenciadas, para unos es un medio para conseguir más dinero, mientras que para millones de personas es el medio para la subsistencia, la educación, la salud o la vida misma.

El uso consistente, pertinente y primigenio del dinero, a decir de Aristóteles y muchos otros, es efectuado por las inmensas poblaciones del mundo, al ser el medio para intercambio mercancías; mientras que el dinero empleado para hacer dinero o, dicho de otro modo, para enriquecerse y empobrecer infinitamente a otros, es una falsificación de su creación originaria efectuada por los ricos y entes financieros. Los 28 bancos que controlan las finanzas del planeta, la hydra mundial, como los califica Francois Morin, son la concreción de la regresión capitalista, que ha convertido a una institución de origen y funcionalidad feudal en el factor dominante del empobrecimiento y descomposición de la globalidad contemporánea.

La ponderación del dinero como unidad de medida del valor de las mercancías, ha sido transformado en un objeto de manipulación política internacional en por gran parte de las monedas del mundo. Las determinaciones políticas de los organismos financieros de Bretton Woods, creados en 1944, en momentos previos a la terminación de la II Guerra Mundial y en plena hegemonía norteamericana, y que ocho décadas después aún siguen definiendo la política monetaria y financiera internacional, así como los entes privados de la Reserva Federal y los conglomerados bancarios, son los entes que determinan el valor del dólar y la imposición de los precios de muchas monedas nacionales. Asimismo, la condición privilegiada de la moneda mundial de un solo país, posibilita la transferencia y apropiación de las riquezas a una economía frágil, pero prepotente y agresiva militarmente. Así, creer que las capacidades adquisitivas de las monedas se mantienen, en plena contracción económica mundial, es un error, como es la ilusión imperial norteamericana, de considerar al dólar como una moneda libre de las fluctuaciones económicas y de su crisis hegemónica.

La ponderación de mucho o poco dinero, es la magnificación de esos objetos incesantemente creados, recreados o inventados por los bancos que deciden su producción y definen privadamente su capacidad adquisitiva. La ponderación del dinero por el dinero mismo, es un contrasentido, pues es el medio de intermediación mercantil por excelencia para la satisfacción de necesidades, alcanzar el bienestar, la salud, la educación, el arte, la ciencia, de los medios de vida para las personas y las condiciones naturales para la sobrevivencia.

La inequidad, desigualdad y arbitrariedad en la asignación del valor de las mercancías, así como del valor de la fuerza de trabajo y del propio dinero, reproduce de modo ampliado la diferenciación social, la explotación y la apropiación de los recursos colectivos por la vía mercantil. Asimismo, el empleo del dinero para hacer más dinero esclavizando a individuos, organizaciones y países a pagar por deudas, muchas veces pagadas, es el modo dominante para transferir valores a los usureros y empobrecedores de los organismos financieros, de la banca y las potencias económicas mundiales.

Los dineros excedentes privados son inútiles para la adquisición y satisfacción de las necesidades para quienes no necesitan nada y todo lo tienen, es una contradicción, como lo es también, la imposibilidad de materializar o concretar las inmensas cantidades de dinero existente, ficticios o solo formalmente registrados. Las magnitudes excedentes de dinero para el intercambio deben ser redistribuidas a la sociedad, como una necesaria devolución a quienes los generaron y en los espacios sociales que son requeridos. En los años setenta del siglo pasado James Tobín (1918-2002), proponía tímidamente un impuesto conocido como tasa Tobín, del 0.1 ó 0.2% a las transacciones especulativas en la banca y las bolsas de valores, las cuales exceden los 2 billones de dólares diarios y cuya recaudación podría rondar entre los 200, 000 y 400,000 millones de dólares anuales, que serían empleados para paliar la pobreza y los desequilibrios causados por la desigualdad del intercambio internacional entre los países. Dicho impuesto ha sido rechazado en muchos países y aun se discute en otros, incluso el propio James Tobín (laureado con el premio Nobel en 1981) llegó a criticarlo por el apoyo recibido de los movimientos antiglobalización europeos.

La alienación del dinero por parte de los propietarios del capital en Costa Rica, se expresa presionando al gobierno con el apoyo de muchos legisladores, para eliminar las restricciones sanitarias, quebrar la institucionalidad pública, despedir y empobrecer a los funcionarios públicos, liquidar las universidades públicas y la Universidad de Costa Rica en particular, así como, eliminar las políticas sociales e inclusive vender los activos del Estado. Esto es, se repite la añeja cantaleta liberal del Consenso de Washington, de los programas de tres Ajustes Estructurales y los tratados de libre comercio. La eliminación de las restricciones sanitarias, es un pretexto para imponer la colonialidad del poder y del saber, destruyendo los vestigios de democracia, libertad y futuro de nuestro pueblo.

¿Qué pretende la liberación de las restricciones sanitarias? ¿dar trabajo? ¿continuar con el enriquecimiento privado con afectación pública? La agresividad del empresariado turístico, que dice ser el más afectado, quiere clientes y ojalá muchos, pero que puedan pagar, los pobres e incluso los sectores medios, no tendrán cabida porque han perdido sus trabajos, han reducido sus salarios, o los porque muchos están esclavizados por largas jornadas e intensas labores, como tampoco expondrán sus recursos, salud ni supervivencia por visitas de esparcimiento. ¿Entonces a quienes quieren como clientes? Los pudientes del país prefieren hacer turismo en otros países y los extranjeros que ven atractivo conocer nuestra tierra, aun no pueden hacerlo. ¿No será que aprovechando la pandemia se busque quebrar a los competidores locales de las empresas trasnacionales del turismo? ¿no será que se quiere que los riesgos e incrementos de infección pandémica y posibles fallecimientos, se pretenda deslegitimizar no solo las medidas sanitarias, sino también la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho?

Algunos empresarios reclaman que no existe plan gubernamental, que se imponen y suprimen medidas sin previsión alguna, que se carece de decisiones y acciones estatales que resuelvan el desempleo e incluso les parece indebido que no se enuncien las medidas sanitarias que se adoptarán contra la pandemia. Reclamos absurdos e irracionales que muestran la ignorancia de lo que es un plan, de la imposibilidad gubernamental de resolver el desempleo cuando precisamente han sido los negociantes privados quienes lo han agudizado por la sobreexplotación y la sustitución de trabajadores con software robóticos, así como, tampoco se pueden adoptar nuevas y permanentes medidas sanitarias, cuando no son previsibles los niveles y las tendencias de la infección pandémica. Estos empresarios del sistema están dispuestos a sacrificar la existencia de poblaciones por los negocios que generan riqueza para quienes no necesitan nada y millones de pobres que carecen de todo.

La actual pandemia está revelando de cuerpo entero a empresarios y sus representantes que, en razón de sus intereses y ambiciones individuales pretenden disponer de la salud y vida de las personas, que por subsistencia y necesidad deben trabajar y concurrir al mercado para vivir. Pero, esos propietarios del capital no satisfechos con ello, estrangulan las finanzas para el apoyo de los que despidieron y cercenaron salarios, así como con sus amigos legisladores, restringen recursos para la salud, la educación superior pública y la institucionalidad estatal. Asimismo, en su insaciable voracidad, exigen retribuciones estatales, condonar y prolongar deudas, amnistías tributarias, así como reclaman subsidios y financiamiento para sus negocios. Esas personas que desfalcan el bienestar y la riqueza colectiva para beneficio privado, que defraudan la moralidad y lo público, cometen delitos de lesa humanidad.

Creer que la democracia es complacer a los empresarios transgresores del bienestar colectivo, dispuestos a condenar al pueblo a miseria hambre y enfermedad en aras del crecimiento económico, que se imaginan ser aristócratas que deben ser servidos por la sociedad y el Estado, están equivocados, eso no es democracia, es totalitarismo.

[1] Catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Imagen: www.infopalancia.com