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Etiqueta: institucionalidad pública

Electricidad pública y solidaria para Costa Rica – Manifiesto contra el proyecto de “Armonización”, No. 23.414 – para firmar

Señora Daniela Rojas, Presidenta
Señores y señoras diputadas Comisión de Energía
Señores y señoras diputadas Asamblea Legislativa, República de Costa Rica

  • Un vehemente llamado a defender nuestra institucionalidad pública.
  • El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS, y la EDUCACIÓN PÚBLICA, SON INSTITUCIONES NUESTRAS, Y SON FUNDAMENTOS DE NUESTRA SOCIEDAD.
  • A ustedes, que tienen la obligación de representarnos y cumplir nuestros mandatos e intereses en la Asamblea legislativa, LES EXIGIMOS DEFENDER AL ICE COMO INSTITUCIÓN PÚBLICA Y DE SERVICIO SOCIAL Y SOLIDARIO.

MANIFESTAMOS:

  1. El proyecto de ley “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”, expediente n°23.414 tiene como objetivo liquidar el modelo eléctrico público y solidario de Costa Rica. Gobiernos y empresarios privados han buscado esto desde antes de que aprobaran la Ley 7.200 el 18 de octubre de 1990 y su reforma, conocida como Ley 7.508, el 9 de mayo de 1995. A estas leyes han seguido al menos otros 8 proyectos de ley con la misma finalidad.
  2. La esencia del proyecto 23.414 es afianzar los ya ilimitados privilegios de lucro para generadores privados de electricidad, que según el comunicado del ICE “Generación privada no abarata las tarifas eléctricas” en menos de una década hasta el 2018, acumulaban “más de ₡850.000 millones, un monto superior a la inversión para construir la Planta Hidroeléctrica Reventazón”.
  3. Según la Contraloría General de la República (Informe DFOE-SOS-IAD-00011-2023) sólo entre el 19 de enero y el 31 de agosto de 2023, el ICE pagó a 10 generadores privados, “sobrepagos” por US$ 3.6 millones (unos 1.910 millones de colones en julio de 2024). Esos sobrepagos se dieron con la complicidad directa de la Administración superior del ICE, empezando por el presidente ejecutivo, Marco Acuña Mora, lo cual implicó ”mayores costos y erogaciones en la compra de energía eléctrica a dichos generadores” (p.21) y bajo esquemas que ”fueron propuestas por los propios generadores privados” a los cuales el ICE se adaptó “para no afectar el flujo de caja de las empresas generadoras” (p.26).
  4. La creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, ECOSEN, que se propone en el  artículo 21 del proyecto 23.414, permitirá que hasta 5 entidades privadas, sumadas a las direcciones políticas cómplices del mismo ICE y el MINAE, sean quienes tomen decisiones políticas sobre la electricidad en el país, en vez de aplicar criterios sociales, técnicos y científicos de planificación y desarrollo del mercado eléctrico nacional como lo ha hecho el ICE.
  5. El objetivo de convertir el servicio social de electricidad en un negocio regido  por el lucro privado, se reafirma con la subasta del Mercado eléctrico regional (MER) al cual podrán exportar electricidad todos los “agentes” privados, con el privilegio adicional de que “…las redes de transmisión y distribución nacionales serán de libre acceso para los Agentes del Mercado Eléctrico Nacional así como aquellos del Mercado Eléctrico Regional…” (artículo 27), y entre estas empresas están algunas que declaran todos los años “cero utilidades”, como el Ingenio Taboga.
  6. A diferencia del servicio PÚBLICO Y SOLIDARIO que el ICE ha garantizado en todo el país, el proyecto 414 amenaza todas las inversiones en territorios indígenas y rurales de más difícil acceso, que suman 5.110 instalaciones, pues no serán atractivas en el “mercado de subastas” que establecerá las reglas.  Es decir, se elimina el carácter incluyente y solidario del ICE.
  7. Además, provocará una presión total sobre todos los ecosistemas, empezando por los ríos y el agua, y abre la posibilidad de explotar petróleo, minerales y otras fuentes energéticas no renovables (artículos 3 y 16); todo lo contrario de lo requerido en esta época de crisis climática
  8. Este proyecto es un traje perfecto para los negociantes privados de la electricidad que junto con el Gobierno, la cúpula del ICE y las diputaciones que lo impulsan, buscan la destrucción del ICE.  Excluye a todas las instituciones, organizaciones sociales, comunidades y plantea un modelo de electricidad privado para la sobreexplotación de los ecosistemas para consolidar las ganancias de una reducida élite de empresas privadas nacionales y transnacionales.
  9. Nadie, ni el Gobierno, ni partidos como el PUSC, Liberal progresista y Nueva República y otros diputado.as que favorecen a los generadores privados, han podido dar una sola evidencia de que bajarán las tarifas eléctricas, lo cual demuestra su plan demagógico y falaz.
  10. Nuestro Sistema Eléctrico Nacional actual, con una capacidad instalada de más de 3.307 MW, nos da la seguridad de que no tendremos apagones, contrario a las mentiras del Gobierno.  Esta seguridad nos la brinda el ICE gracias a las plantas públicas de energía firme.
  11. A cada persona diputada le pedimos hacer un ejercicio de responsabilidad, estudio y memoria histórica y comprender que la construcción de una sociedad justa no se logra privilegiando élites, si no asegurando inversión en servicios sociales fundamentales, como la electricidad pública.  Les exigimos, por tanto, que no destruyan el bastión histórico de Costa Rica que es el ICE y que eviten quedar en la memoria colectiva como las personas que demolieron al ICE.
  12. El 23.414 es un proyecto pensado y creado para un grupo minúsculo y privilegiado.   No beneficia a la mayoría de la gente consumidora de electricidad, incluidas las personas trabajadoras y productoras que la necesitan para atender sus necesidades indispensables. La electricidad debe seguir siendo un servicio social, solidario, al costo y de acceso seguro y justo para toda la población.

El ICE, la CAJA y la EDUCACIÓN, SON INSTITUCIONES NUESTRAS Y LAS DERFENDEREMOS ENTRE TODO.AS.

En representación de organizaciones sociales firmantes:

Osvaldo Durán Castro, Mariana Porras Rozas, Sergio Ortiz Pérez

Buenos Aires y Pérez Zeledón, 20 julio 2024.

Súmese a la defensa del ICE y de la “ELECTRICIDAD PÚBLICA Y SOLIDARIA PARA COSTA RICA” firmando en: https://chng.it/nRr7CHPM6z

Régimen autoritario en Costa Rica

Martin Rodríguez Espinoza

No cabe duda de que el viejo refrán de «Zapatero a tus zapatos» tiene mucho sentido cuando vemos casos como el de Marta Esquivel al frente de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, la institución más emblemática e importante de Costa Rica.

Durante más de 70 años, nuestro país se exhibía ante el mundo entero por la institucionalidad pública. La columna vertebral del desarrollo, pero también de la redistribución de riqueza que Costa Rica producía, estaba compuesta por la salud pública, CCSS y el Ministerio de Salud, MS, la educación pública, el sistema de agua potable de Acueductos y Alcantarillados, AyA, la banca nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL, y el Instituto Nacional de Seguros.

Aparte de estas instituciones, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, la Fábrica Nacional de Cemento, muelles, puertos y aeropuertos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, CNP, la Fábrica Nacional de Licores, FANAL, entre otras, constituían la fortaleza sobre la cual el desarrollo nacional podría ser más optimista para el pueblo costarricense. Redistribución de la riqueza que, además, proveía de fuentes de empleo extraordinarias, a la vez que brindaba seguridad alimentaria y Soberanía Nacional al país.

Desde el gobierno de Oscar Arias Sánchez, su primer gobierno, en 1986 y hasta nuestros días, Costa Rica fue empujada al abismo neoliberal que, junto al narcotráfico, tienen hoy al país en la oscuridad social, el hambre, la pobreza, la miseria y la muerte.

La mayoría de las instituciones que mencioné anteriormente han desaparecido, fueron destruidas, aniquiladas y los servicios que antes brindaban, hoy son el negocio de los saqueadores del país.

La CCSS es, con toda seguridad, la institución más fundamental. Sin salud pública no hay nada más. Junto a la salud pública, la educación, piedra angular sobre la cual se forjan los ciudadanos del presente y el futuro. Tanto la salud como la educación se encuentran hoy al acecho de quienes pretenden destruirlas completamente. Pero ¿para qué?

Precisamente es «el puñal en el corazón» de la Patria, no solo pretenden convertirlos en negocio de los estafadores políticos, corruptos y narcos, sino que además pretenden desaparecerlas.

La designación, no por capacidades de acuerdo con la institución en que se nombra, sino por la obediencia ciega y torpe de la presidencia ejecutiva de la CCSS, es una muestra de que no solo es incapaz de responder al mandato tanto de la Constitución Política, como de las leyes nacionales, es también absolutamente consciente de estas violaciones, amparada en la protección del Régimen imperante. A como se manejaba cuando era empleada de la empresa bananera transnacional, cree que se debe manejar una institución pública, «látigo, pan y agua».

Y es que el Régimen imperante en Costa Rica no es sólo el prepotente y «pichón de dictador» Rodrigo Chaves, no podría actuar de la forma que lo hace si estuviera solo, sino tiene la complicidad de los otros poderes políticos y del sector narco empresarial. Tiene el respaldo de los partidos políticos más corruptos de Costa Rica, el PLN, el PUSC y el hijo de estos, el PAC, con la complicidad de pseudo cristianos y los liberales (obvio). Pero además del Poder Judicial y Legislativo en conjunto.

Aquí, un presidente no se puede destituir o encarcelar por violar flagrantemente la Constitución Política, las Leyes y todo el Estado que llaman «Social de Derecho», no, no se puede, porque quienes debería hacerlo, son sus cómplices o son cobardes, que para el caso es lo mismo.

Dice la Constitución Política de Costas Rica, en el Artículo 9, que «El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.»

Pero hay un 4to Poder, que no son los medios de comunicación, estos son de los empresarios que están en el poder por medio de sus partidos políticos. Ese 4to Poder, y debe ser el primero, que es el Pueblo Costarricense, este es el que debe rebelarse y DEFENDER la Constitución Política que está siendo violentada y ultrajada.

Es el pueblo costarricense quien debe defender y recomponer la balanza del Poder en Costa Rica, poniéndola a favor suyo, del Pueblo y contra quienes la ultrajan y saquean, ¿Cuándo?, para mañana será tarde.

17 de julio de 2024

¡Borrón y cuenta nueva es autoritarismo!

La Constitución Política de 1949 condensa en su articulado acuerdos que le permitieron a nuestro país fortalecer su institucionalidad pública. Tal pacto político, consecuencia de una confrontación armada, ha marcado, de manera profunda e ininterrumpida, la vida democrática costarricense.

Quienes hemos vivido en este país y puesto un grano de arena para hacerlo cada día mejor, sabemos que el nacimiento de las instituciones, programas y presupuestos públicos son resultado tanto de luchas como de negociaciones.

En 70 años de vida democrática, los y las costarricenses hemos elegido libremente la opción política de nuestra preferencia, sin obstaculizar la participación de representantes de otras opciones. Una mezcla de pensamientos y actores culturales, económicos y políticos moldean nuestra democracia conforme enfrentamos nuevos desafíos nacionales y globales.

Sin duda, nuestra institucionalidad requiere ser revisada y remozada. Enfrentamos retos que deben atenderse con seriedad, criterio técnico y sin dejar de lado la pluralidad de enfoques que han logrado posicionarse en democracia en estas siete décadas. Hacer “borrón y cuenta nueva” no es posible en una democracia como la costarricense, reconocida mundialmente.

Queremos resolver los desafíos en paz, con diálogo, participación ciudadana, respetando el debido proceso y la legalidad. La ruta está clara. No es cerrando programas e instituciones claves, recortando presupuestos, privatizando el patrimonio nacional y despidiendo a quienes adversan posiciones sin criterio técnico, como se van a resolver los problemas de inseguridad, pobreza y desigualdad. No es con mano dura, sin oposición, sin controles y sin contrapesos. Eso es autoritarismo.

27 de junio, 2024

Defensoría al Gobierno: Urge más recursos para enfrentar la violencia contra las mujeres

Hoy son insuficientes, un sistema poco efectivo, mientras los feminicidios y la violencia siguen sin freno.

La Defensoría de los Habitantes hizo hoy un llamado al Poder Ejecutivo para que dote de recursos suficientes a la institucionalidad pública, con el propósito que permita enfrentar con mayores herramientas el flagelo de la violencia hacia las mujeres.

Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios y en lo que va de este año, los números tienen tendencia al alza, es decir, más mujeres son asesinadas a manos de sus compañeros y en condiciones que claramente muestran mayor crueldad y desprecio por sus vidas, así como indolencia ante el impacto en sus familias y sus propios hijos e hijas.

Para la Defensoría esta situación es cíclica y nos advierte que la prevención se ha quedado relegada y la efectividad en la atención y la justiciabilidad es limitada. Toda esa violencia hacia las mujeres, así como hacia las niñas y adolescentes es prevenible y, por ende, demanda la ejecución de los mayores esfuerzos para evitarla.

Pese a la emisión de nuevas disposiciones y protocolos para el abordaje técnico de este tema, se evidencia que las metas de las instituciones resultan exiguas en relación con la dimensión de la problemática, y su alcance es limitado, siendo también que los recursos presupuestarios con que cuentan las instancias llamadas a la coordinación interinstitucional e intersectorial son insuficientes tanto en lo material, recurso humano, cobertura territorial, seguimiento y sostenibilidad.

Sirva de ejemplo, que precisamente en el marco del decreto N° 41240-MP-MCM, se estableció, bajo el liderazgo del INAMU, la Estrategia de Atención Itinerante para llevar servicios de atención especializados a las mujeres afectadas por violencia en comunidades de difícil acceso a servicios de seguridad, protección, acceso a la justicia, atención en salud y la atención psicosocial. Ello como una extensión de los Comités Locales de Atención Inmediata (CLAIS). No obstante, estrategias tan pertinentes en lo técnico, se sustentan en la capacidad y disposición personalísima de funcionarias y funcionarios, que requieren ser dotadas con urgencia de los recursos presupuestarios necesarios.

El día de ayer, un grupo de señoras Diputadas de la Asamblea Legislativa le hicieron un llamado en procura de la dotación de recursos para la atención de esta problemática, siendo importante que el Poder Ejecutivo proceda a explorar todas las alternativas posibles, para la consecución del aumento de la inversión en prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Es oportuno que entre otras, se considere la posibilidad de proponer a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la regla fiscal a las instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar (en adelante Sistema Nacional), particularmente, las de atención directa, así como las posibilidades derivadas de la propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635; como la cesión entre instituciones de espacio de crecimiento en el gasto corriente impuesto por dicha regla fiscal.

Ante este panorama, la Defensoría solicitó al señor Presidente de la República enviar un informe sobre las acciones que se adoptarán para la dotación de los recursos presupuestarios indicados, incluyendo la priorización de esta inversión social y de seguridad y los mecanismos para su pronta ejecución.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Cómo echar a perder la democracia

Alberto Salom Echeverría

Lo primero es lo primero

Entre todo lo que nos debe preocupar para no dejar que una democracia que ha sido ejemplar se debilite o muera, algo de lo más importante es el contrato que contrajo un presidente con la ciudadanía, es decir con su pueblo, el soberano. Es el programa de gobierno, de donde deben emanar sus promesas de campaña. Por ahí comienza todo; porque ese es el contrato, es la carta de navegación que nos dice hacia dónde nos vamos a dirigir; el contrato es un compromiso que debería ser sagrado. Solo es aceptable que se deje de lado aquello que, por circunstancias completamente ajenas a la voluntad del gobernante, no puede ser realizado. Pero cuando, como ocurre con frecuencia en la contemporaneidad, lo que se desdeña y se deja botado es todo o la mayor parte del contrato que el gobernante estableció con la ciudadanía, se puede decir que el gobernante es un falso, es un político engañoso, y conduce sus pasos a debilitar las bases del sistema democrático que pretende defender. Peor aún cuando verificamos que, nunca hubo carta de navegación; todo fue un fraude, una cháchara, frases huecas basadas en datos falsos, es decir un falseamiento completo de la realidad, demagogia, paja o pura hojarasca. En cualquiera de estos casos la democracia, por sólida que sea está en verdadero peligro.

¿Cuál es el caso en Costa Rica hoy?

Cuando un presidente se comprometió a vitalizar el sistema democrático, eliminando o al menos reduciendo la burocracia y la corrupción, pero en el lapso de dos años de gobierno, se pone en evidencia que el 42% del gasto en remuneraciones para el sector público se concentra en el Gobierno Central, y que por lo tanto la planilla estatal aumentó en 34.106 puestos en tan solo un año, según datos del INEC, sin que haya mejorado la eficiencia y eficacia en el rendimiento gubernamental, estamos en serios problemas. Advierto que no es que esté yo de acuerdo con la política de reducir la institucionalidad estatal “a troche y moche”, no. Lo que sucede es que cuando una planilla crece en esas proporciones, sin un plan serio de por medio, y el presidente se había comprometido a hacer lo contrario, la credibilidad del mandatario se reduce drásticamente, y, el único responsable por ello es él.

Cuando el presidente de los costarricenses, hace poco más de un año, dejándose llevar por el autoengaño y el entusiasmo infantil, dijo en una conferencia de prensa que “El ICE está volando” y que, “una institución que perdía miles y miles de millones al año, hoy es una institución robusta y sólida”, una de dos, o no era cierto que el ICE se había debilitado al ritmo que el presidente quiso dar a entender, o las frases expresadas por el jerarca eran puro espejismo, cháchara otra vez, y demagogia.

Cuando el presidente ejecutivo del ICE, con desparpajo se precipitó a expresar hace unos pocos meses que: “Tomamos las previsiones, tanto financieras, técnicas, comerciales, desde el año pasado, desde julio y antes, cuando sabíamos que el niño se iba a extender (…) yo puedo decir que el equipo ha hecho el trabajo necesario para que Costa Rica tenga el servicio eléctrico continuo en los meses bastante críticos, que son los que vienen”, o estamos en una “torre de Babel”, donde el lenguaje ha sido vaciado de su contenido, o el funcionario cree que puede engañar a todo el mundo impunemente, y que todos aquí nos estamos “chupando el dedo”. Una de dos, otra vez, o por falta de planificación el ICE no estaba volando, como se nos aseguró, o al mandatario lo pusieron a planear por encima de todo el territorio nacional, en un mágico ensueño dorado destinado a un brusco despertar, un forzoso aterrizaje en la realidad. Agrega el periodista Fernando Lara: “Una administración distinta del vital líquido en el 2022 habría dejado más agua en el embalse Arenal y otros embalses del ICE en el 2023, para evitar la condición crítica a la cual se llegó este año, cuando el ICE anunció racionamientos nacionales de electricidad a partir del lunes 13 de mayo.” (Cfr. véase el artículo “El ICE está volando, aseguró Rodrigo Chaves hace un año.” La Nación, 12.05.24 Pp. 15).

Cuando a estas alturas el gabinete de Chaves ya ha perdido a 15 jerarcas del equipo que empezó con él, y, de los 41 funcionarios que comenzaron el 1 de mayo del 2022, solo le quedan 26, esto constituye un porcentaje sin precedentes que evidencia inestabilidad y autoritarismo. Cuando además hay ministerios como el de comunicación e instituciones como el PANI, que pasaron largos meses sin jerarca, se revela una alta incapacidad administrativa que quien la paga es Costa Rica. Además, se muestran los datos de seis entidades públicas, por las que han pasado en un corto lapso, tres jerarcas, lo que pone al descubierto una supina improvisación en lo administrativo. Cuando tres de esas entidades son nada menos que los ministerios de Salud, trabajo y vivienda, y una de las instituciones es Acueductos y Alcantarillados, ocasionando un grave perjuicio a sectores importantes de la sociedad costarricense, la responsabilidad fundamental recae en el presidente que es el jefe del gabinete, no debe, no puede trasladársela a nadie más, la debería asumir él con todas las consecuencias del caso.

Cuando en materia cambiaria, cada vez que el tipo de cambio ha caído de manera indefinida, los jerarcas se lo atribuyen a “las fuerzas del mercado”, pero si el mismo tipo de cambio se aprecia y sube, se admite que lo frenarán las fuerzas del Central, nadie puede entender semejante contradicción, todo un galimatías. Se trata de un gobierno, cuyos jerarcas acomodan la realidad a sus intereses particulares; ocurre así como cuando Procusto se acostó en su lecho y como le faltaba cama y le sobraban pies, optaron por cortarle los pies sin más. Qué pena, conciudadanos, da pena ajena.

Cuando se han cometido toda clase de tropelías en este gobierno contra la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo una de las faltas más graves contra esta institución emblemática de nuestra democracia, que el gobierno de un pronto al otro, decidió suspender el pago a la Caja con el que ella atiende a personas en pobreza y pobreza extrema, nos dejó a todos los demás con la boca abierta, estupefactos, por la ausencia total de valores costarricenses de que adolecen y hacen gala muchos de los funcionarios de este gobierno, empezando por el presidente de la República. Más atónitos quedamos, al enterarnos que la Contraloría General de la República en el 2023, afirmó que FODESAF disponía de 36.715 millones de colones para pagarle a la Caja por los asegurados por cuenta del Estado. Pero, está de Dios que la partida como por arte de magia, experimentó modificaciones presupuestarias que la redujeron hasta 2.715 millones de colones (si, así como lo están leyendo), pero, solté una risa antes verme abocado a las lágrimas, ese remanente tampoco le fue transferido a la Caja. Además de lo dicho ¡caigámonos todos de espaldas!!!, el gobierno también incrementó su deuda en cuanto al pago de las cuotas para las pensiones de los trabajadores.

Cuando en la campaña electoral del 2022, se nos aseguró a todos que bajaría el precio de las medicinas, pero en su lugar subieron (¿se acuerdan?); cuando se nos dijo también que se controlaría el precio del arroz, defendiendo a los pequeños y medianos productores, pero eso no ocurrió, sino todo lo contrario; cuando se prometió que la seguridad volvería a las calles costarricenses y se controlaría a las bandas, pero el crimen organizado continúa presente y está a la orden del día, algo muy malo está ocurriendo entre los personeros del gobierno central, nuevamente, del presidente de la República para abajo. Algo pernicioso acurre también, cuando Chaves pomposamente prometió que las sesiones del consejo de gobierno se harían públicas, y, en vez de eso tenemos un gobierno opaco, que actúa las más de las veces bajo la sombra, o en la penumbra. La obra pública, que se había dicho que, su manejo sería ejemplar, es hoy un perfecto desorden y sufre de los peores atrasos.

Tenemos un presidente autoritario, que ni siquiera respeta la división de poderes, ni la libertad de prensa, y un día sí y el otro también amenaza con desbaratar las instituciones de la seguridad social, o atrabiliariamente vender el Banco de Costa Rica, o ponerse a explorar, para después explotar el petróleo y el gas natural, y salirse así con las suyas y las de sus amigotes.

No, nuestra democracia es sólida, pero no es indestructible. Ciertamente ahí permanece indemne a pesar de los embates recibidos principalmente por el gobierno, pero debe ser defendida por todos. ¿Se han hecho obras buenas? Lo digo sin ambages, sí; pero los desafueros, la falta de planificación y de decoro para reconocer los yerros son a la vez demasiados como para dejarlo pasar como si éste, fuera un gobierno más. ¡NO! No es un gobierno más, es el gobierno de la inflexión que nos empuja al autoritarismo, al desorden y la antidemocracia, y ¡ya basta, ya fue suficiente de prepotencia y de torerías!!!

Compartido con SURCOS por el autor.

Día histórico para la seguridad social

Por Lenin Hernández Navas. Secretario general de SINAE Afines y presidente del Directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Hoy es un día histórico para nuestro país, para nuestra Seguridad Social y nuestra Democracia, la construcción del nuevo Hospital de Cartago se aprobó por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS.

Este gran logro, no es un hecho fortuito o aislado, es el resultado de la articulación de actores y liderazgos de diversos sectores, que han sabido anteponer el bienestar común, por encima de agendas que nos dividen o dispersan.

Hoy más que nunca se demuestra que el Diálogo Social es la ruta que tenemos para construir y hacer un verdadero contrapeso político, para defender nuestra Democracia y la Institucionalidad a favor de las personas.

¡Que viva la CCSS y nuestras Garantías Sociales!

Proclama de la ANEP en el 75 aniversario de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados proclama su lucha sociopolítica y sindical para lograr justicia social y derechos laborales. Entre sus demandas principales se encuentran:

  • Un salario mínimo digno para los trabajadores del sector privado y el fin del congelamiento salarial para los empleados públicos.
  • Mejoras en las pensiones y seguridad social.
  • Defensa de las empresas e instituciones públicas frente a intentos de privatización. 
  • Fortalecimiento de los derechos laborales como la negociación colectiva y convenios laborales.
  • Políticas públicas para combatir la exclusión social y económica, especialmente de los jóvenes y desempleados.
  • Promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción.  

La ANEP busca articularse con otros sectores para lograr estos objetivos fundamentados en los derechos humanos y la justicia social.

Distintas fuerzas sociales y organizaciones llaman a marchar el 24 de abril

El Frente Nacional de Lucha (FNL) llama a movilización nacional para el 24 de abril a las 9:00 horas, en el marco de la conmemoración del 54 aniversario del triunfo popular contra el contrato con ALCOA.

El llamado es por la defensa del Estado Social de Derecho y de las instituciones democráticas; por la NO venta del Banco de Costa Rica (BCR) y NO más desmantelamiento institucional; por la necesidad de garantizar de manera absoluta el derecho constitucional al acceso al agua potable; por la defensa de la salud pública y el pago de la deuda BILLONARIA que el Estado sostiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y por el rechazo a los recortes de la educación, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a la vivienda, a la cultura y a los demás programas de bien social.

La movilización además busca exigir soberanía alimentaria y tierra para quien la trabaja; también el respeto a la defensa de los derechos y las conquistas de las mujeres trabajadoras.

El Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, por medio de un video,  hace un llamado a la acción, enfatizando el valor que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social,  y la capacidad de los egresados de la UCR que laboran dentro de la Caja. Con este mensaje, recalca la importancia de tener salarios competitivos dentro de la institución, que el gobierno cancele su deuda con la Caja, que se continúe con la construcción del hospital de Cartago y la reapertura del programa de servicio  social obligatorio. 

Grupos como: Mujeres por Costa Rica piden ¡Por la seguridad social, pública y universal! Centrales sindicales (Central General de Trabajadores, Confederación Unitaria de Trabajadores y Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos) piden marchar por la institucionalidad pública y constitucional, Agua para las comunidades y los servicios de la CCSS. La Unión Sindical de la CCSS marchan en busca de la defensa de la CCSS y la institucionalidad pública, además piden la salida de la jerarca Marta Esquivel.