Hoy son insuficientes, un sistema poco efectivo, mientras los feminicidios y la violencia siguen sin freno.
La Defensoría de los Habitantes hizo hoy un llamado al Poder Ejecutivo para que dote de recursos suficientes a la institucionalidad pública, con el propósito que permita enfrentar con mayores herramientas el flagelo de la violencia hacia las mujeres.
Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios y en lo que va de este año, los números tienen tendencia al alza, es decir, más mujeres son asesinadas a manos de sus compañeros y en condiciones que claramente muestran mayor crueldad y desprecio por sus vidas, así como indolencia ante el impacto en sus familias y sus propios hijos e hijas.
Para la Defensoría esta situación es cíclica y nos advierte que la prevención se ha quedado relegada y la efectividad en la atención y la justiciabilidad es limitada. Toda esa violencia hacia las mujeres, así como hacia las niñas y adolescentes es prevenible y, por ende, demanda la ejecución de los mayores esfuerzos para evitarla.
Pese a la emisión de nuevas disposiciones y protocolos para el abordaje técnico de este tema, se evidencia que las metas de las instituciones resultan exiguas en relación con la dimensión de la problemática, y su alcance es limitado, siendo también que los recursos presupuestarios con que cuentan las instancias llamadas a la coordinación interinstitucional e intersectorial son insuficientes tanto en lo material, recurso humano, cobertura territorial, seguimiento y sostenibilidad.
Sirva de ejemplo, que precisamente en el marco del decreto N° 41240-MP-MCM, se estableció, bajo el liderazgo del INAMU, la Estrategia de Atención Itinerante para llevar servicios de atención especializados a las mujeres afectadas por violencia en comunidades de difícil acceso a servicios de seguridad, protección, acceso a la justicia, atención en salud y la atención psicosocial. Ello como una extensión de los Comités Locales de Atención Inmediata (CLAIS). No obstante, estrategias tan pertinentes en lo técnico, se sustentan en la capacidad y disposición personalísima de funcionarias y funcionarios, que requieren ser dotadas con urgencia de los recursos presupuestarios necesarios.
El día de ayer, un grupo de señoras Diputadas de la Asamblea Legislativa le hicieron un llamado en procura de la dotación de recursos para la atención de esta problemática, siendo importante que el Poder Ejecutivo proceda a explorar todas las alternativas posibles, para la consecución del aumento de la inversión en prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Es oportuno que entre otras, se considere la posibilidad de proponer a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la regla fiscal a las instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar (en adelante Sistema Nacional), particularmente, las de atención directa, así como las posibilidades derivadas de la propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635; como la cesión entre instituciones de espacio de crecimiento en el gasto corriente impuesto por dicha regla fiscal.
Ante este panorama, la Defensoría solicitó al señor Presidente de la República enviar un informe sobre las acciones que se adoptarán para la dotación de los recursos presupuestarios indicados, incluyendo la priorización de esta inversión social y de seguridad y los mecanismos para su pronta ejecución.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Entre todo lo que nos debe preocupar para no dejar que una democracia que ha sido ejemplar se debilite o muera, algo de lo más importante es el contrato que contrajo un presidente con la ciudadanía, es decir con su pueblo, el soberano. Es el programa de gobierno, de donde deben emanar sus promesas de campaña. Por ahí comienza todo; porque ese es el contrato, es la carta de navegación que nos dice hacia dónde nos vamos a dirigir; el contrato es un compromiso que debería ser sagrado. Solo es aceptable que se deje de lado aquello que, por circunstancias completamente ajenas a la voluntad del gobernante, no puede ser realizado. Pero cuando, como ocurre con frecuencia en la contemporaneidad, lo que se desdeña y se deja botado es todo o la mayor parte del contrato que el gobernante estableció con la ciudadanía, se puede decir que el gobernante es un falso, es un político engañoso, y conduce sus pasos a debilitar las bases del sistema democrático que pretende defender. Peor aún cuando verificamos que, nunca hubo carta de navegación; todo fue un fraude, una cháchara, frases huecas basadas en datos falsos, es decir un falseamiento completo de la realidad, demagogia, paja o pura hojarasca. En cualquiera de estos casos la democracia, por sólida que sea está en verdadero peligro.
¿Cuál es el caso en Costa Rica hoy?
Cuando un presidente se comprometió a vitalizar el sistema democrático, eliminando o al menos reduciendo la burocracia y la corrupción, pero en el lapso de dos años de gobierno, se pone en evidencia que el 42% del gasto en remuneraciones para el sector público se concentra en el Gobierno Central, y que por lo tanto la planilla estatal aumentó en 34.106 puestos en tan solo un año, según datos del INEC, sin que haya mejorado la eficiencia y eficacia en el rendimiento gubernamental, estamos en serios problemas. Advierto que no es que esté yo de acuerdo con la política de reducir la institucionalidad estatal “a troche y moche”, no. Lo que sucede es que cuando una planilla crece en esas proporciones, sin un plan serio de por medio, y el presidente se había comprometido a hacer lo contrario, la credibilidad del mandatario se reduce drásticamente, y, el único responsable por ello es él.
Cuando el presidente de los costarricenses, hace poco más de un año, dejándose llevar por el autoengaño y el entusiasmo infantil, dijo en una conferencia de prensa que “El ICE está volando” y que, “una institución que perdía miles y miles de millones al año, hoy es una institución robusta y sólida”, una de dos, o no era cierto que el ICE se había debilitado al ritmo que el presidente quiso dar a entender, o las frases expresadas por el jerarca eran puro espejismo, cháchara otra vez, y demagogia.
Cuando el presidente ejecutivo del ICE, con desparpajo se precipitó a expresar hace unos pocos meses que: “Tomamos las previsiones, tanto financieras, técnicas, comerciales, desde el año pasado, desde julio y antes, cuando sabíamos que el niño se iba a extender (…) yo puedo decir que el equipo ha hecho el trabajo necesario para que Costa Rica tenga el servicio eléctrico continuo en los meses bastante críticos, que son los que vienen”, o estamos en una “torre de Babel”, donde el lenguaje ha sido vaciado de su contenido, o el funcionario cree que puede engañar a todo el mundo impunemente, y que todos aquí nos estamos “chupando el dedo”. Una de dos, otra vez, o por falta de planificación el ICE no estaba volando, como se nos aseguró, o al mandatario lo pusieron a planear por encima de todo el territorio nacional, en un mágico ensueño dorado destinado a un brusco despertar, un forzoso aterrizaje en la realidad. Agrega el periodista Fernando Lara: “Una administración distinta del vital líquido en el 2022 habría dejado más agua en el embalse Arenal y otros embalses del ICE en el 2023, para evitar la condición crítica a la cual se llegó este año, cuando el ICE anunció racionamientos nacionales de electricidad a partir del lunes 13 de mayo.” (Cfr. véase el artículo “El ICE está volando, aseguró Rodrigo Chaves hace un año.” La Nación, 12.05.24 Pp. 15).
Cuando a estas alturas el gabinete de Chaves ya ha perdido a 15 jerarcas del equipo que empezó con él, y, de los 41 funcionarios que comenzaron el 1 de mayo del 2022, solo le quedan 26, esto constituye un porcentaje sin precedentes que evidencia inestabilidad y autoritarismo. Cuando además hay ministerios como el de comunicación e instituciones como el PANI, que pasaron largos meses sin jerarca, se revela una alta incapacidad administrativa que quien la paga es Costa Rica. Además, se muestran los datos de seis entidades públicas, por las que han pasado en un corto lapso, tres jerarcas, lo que pone al descubierto una supina improvisación en lo administrativo. Cuando tres de esas entidades son nada menos que los ministerios de Salud, trabajo y vivienda, y una de las instituciones es Acueductos y Alcantarillados, ocasionando un grave perjuicio a sectores importantes de la sociedad costarricense, la responsabilidad fundamental recae en el presidente que es el jefe del gabinete, no debe, no puede trasladársela a nadie más, la debería asumir él con todas las consecuencias del caso.
Cuando en materia cambiaria, cada vez que el tipo de cambio ha caído de manera indefinida, los jerarcas se lo atribuyen a “las fuerzas del mercado”, pero si el mismo tipo de cambio se aprecia y sube, se admite que lo frenarán las fuerzas del Central, nadie puede entender semejante contradicción, todo un galimatías. Se trata de un gobierno, cuyos jerarcas acomodan la realidad a sus intereses particulares; ocurre así como cuando Procusto se acostó en su lecho y como le faltaba cama y le sobraban pies, optaron por cortarle los pies sin más. Qué pena, conciudadanos, da pena ajena.
Cuando se han cometido toda clase de tropelías en este gobierno contra la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo una de las faltas más graves contra esta institución emblemática de nuestra democracia, que el gobierno de un pronto al otro, decidió suspender el pago a la Caja con el que ella atiende a personas en pobreza y pobreza extrema, nos dejó a todos los demás con la boca abierta, estupefactos, por la ausencia total de valores costarricenses de que adolecen y hacen gala muchos de los funcionarios de este gobierno, empezando por el presidente de la República. Más atónitos quedamos, al enterarnos que la Contraloría General de la República en el 2023, afirmó que FODESAF disponía de 36.715 millones de colones para pagarle a la Caja por los asegurados por cuenta del Estado. Pero, está de Dios que la partida como por arte de magia, experimentó modificaciones presupuestarias que la redujeron hasta 2.715 millones de colones (si, así como lo están leyendo), pero, solté una risa antes verme abocado a las lágrimas, ese remanente tampoco le fue transferido a la Caja. Además de lo dicho ¡caigámonos todos de espaldas!!!, el gobierno también incrementó su deuda en cuanto al pago de las cuotas para las pensiones de los trabajadores.
Cuando en la campaña electoral del 2022, se nos aseguró a todos que bajaría el precio de las medicinas, pero en su lugar subieron (¿se acuerdan?); cuando se nos dijo también que se controlaría el precio del arroz, defendiendo a los pequeños y medianos productores, pero eso no ocurrió, sino todo lo contrario; cuando se prometió que la seguridad volvería a las calles costarricenses y se controlaría a las bandas, pero el crimen organizado continúa presente y está a la orden del día, algo muy malo está ocurriendo entre los personeros del gobierno central, nuevamente, del presidente de la República para abajo. Algo pernicioso acurre también, cuando Chaves pomposamente prometió que las sesiones del consejo de gobierno se harían públicas, y, en vez de eso tenemos un gobierno opaco, que actúa las más de las veces bajo la sombra, o en la penumbra. La obra pública, que se había dicho que, su manejo sería ejemplar, es hoy un perfecto desorden y sufre de los peores atrasos.
Tenemos un presidente autoritario, que ni siquiera respeta la división de poderes, ni la libertad de prensa, y un día sí y el otro también amenaza con desbaratar las instituciones de la seguridad social, o atrabiliariamente vender el Banco de Costa Rica, o ponerse a explorar, para después explotar el petróleo y el gas natural, y salirse así con las suyas y las de sus amigotes.
No, nuestra democracia es sólida, pero no es indestructible. Ciertamente ahí permanece indemne a pesar de los embates recibidos principalmente por el gobierno, pero debe ser defendida por todos. ¿Se han hecho obras buenas? Lo digo sin ambages, sí; pero los desafueros, la falta de planificación y de decoro para reconocer los yerros son a la vez demasiados como para dejarlo pasar como si éste, fuera un gobierno más. ¡NO! No es un gobierno más, es el gobierno de la inflexión que nos empuja al autoritarismo, al desorden y la antidemocracia, y ¡ya basta, ya fue suficiente de prepotencia y de torerías!!!
Por Lenin Hernández Navas. Secretario general de SINAE Afines y presidente del Directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Hoy es un día histórico para nuestro país, para nuestra Seguridad Social y nuestra Democracia, la construcción del nuevo Hospital de Cartago se aprobó por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS.
Este gran logro, no es un hecho fortuito o aislado, es el resultado de la articulación de actores y liderazgos de diversos sectores, que han sabido anteponer el bienestar común, por encima de agendas que nos dividen o dispersan.
Hoy más que nunca se demuestra que el Diálogo Social es la ruta que tenemos para construir y hacer un verdadero contrapeso político, para defender nuestra Democracia y la Institucionalidad a favor de las personas.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados proclama su lucha sociopolítica y sindical para lograr justicia social y derechos laborales. Entre sus demandas principales se encuentran:
Un salario mínimo digno para los trabajadores del sector privado y el fin del congelamiento salarial para los empleados públicos.
Mejoras en las pensiones y seguridad social.
Defensa de las empresas e instituciones públicas frente a intentos de privatización.
Fortalecimiento de los derechos laborales como la negociación colectiva y convenios laborales.
Políticas públicas para combatir la exclusión social y económica, especialmente de los jóvenes y desempleados.
Promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción.
La ANEP busca articularse con otros sectores para lograr estos objetivos fundamentados en los derechos humanos y la justicia social.
El Frente Nacional de Lucha (FNL) llama a movilización nacional para el 24 de abril a las 9:00 horas, en el marco de la conmemoración del 54 aniversario del triunfo popular contra el contrato con ALCOA.
El llamado es por la defensa del Estado Social de Derecho y de las instituciones democráticas; por la NO venta del Banco de Costa Rica (BCR) y NO más desmantelamiento institucional; por la necesidad de garantizar de manera absoluta el derecho constitucional al acceso al agua potable; por la defensa de la salud pública y el pago de la deuda BILLONARIA que el Estado sostiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y por el rechazo a los recortes de la educación, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a la vivienda, a la cultura y a los demás programas de bien social.
La movilización además busca exigir soberanía alimentaria y tierra para quien la trabaja; también el respeto a la defensa de los derechos y las conquistas de las mujeres trabajadoras.
El Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, por medio de un video, hace un llamado a la acción, enfatizando el valor que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, y la capacidad de los egresados de la UCR que laboran dentro de la Caja. Con este mensaje, recalca la importancia de tener salarios competitivos dentro de la institución, que el gobierno cancele su deuda con la Caja, que se continúe con la construcción del hospital de Cartago y la reapertura del programa de servicio social obligatorio.
Grupos como: Mujeres por Costa Rica piden ¡Por la seguridad social, pública y universal! Centrales sindicales (Central General de Trabajadores, Confederación Unitaria de Trabajadores y Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos) piden marchar por la institucionalidad pública y constitucional, Agua para las comunidades y los servicios de la CCSS. La Unión Sindical de la CCSS marchan en busca de la defensa de la CCSS y la institucionalidad pública, además piden la salida de la jerarca Marta Esquivel.
UNDECA y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO, por ser parte del Frente Nacional de Lucha FNL, convocamos a la movilización nacional a realizarse el miércoles 24 de abril a partir de las 9:00a.m. en el parque la Merced.
Esta convocatoria tiene como propósito luchar contra las nefastas políticas económicas neoliberales que destruyen y debilitan las instituciones y los servicios públicos que favorecen el bienestar social y económico del entorno familiar.
Defender los servicios de salud de la CCSS, la educación, AyA, el ICE, el medio ambiente, la agricultura, el Banco de Costa Rica etc., es un deber patriótico.
Desigualdad económica: El neoliberalismo favorece la concentración de riqueza en las élites y grandes empresas mediante la desregulación financiera y laboral, marginalizando a los estratos más bajos.
Pobreza, precarización laboral y exclusión social: La disminución del rol estatal en la prestación de servicios básicos como salud, educación y vivienda, conlleva bajos salarios, desempleo, trabajo informal en el sector privado, inseguridad, delincuencia y drogadicción.
Deterioro de los servicios públicos: Las políticas neoliberales pretenden la privatización de servicios públicos como la electricidad, el agua y la salud, lo que resulta en un deterioro de la calidad y accesibilidad de estos servicios para la población, especialmente para aquellos de más bajos ingresos.
Impacto ambiental: El enfoque en el crecimiento económico a cualquier costo ha llevado a una explotación insostenible de los recursos naturales y a la degradación del medio ambiente.
En resumen, el modelo neoliberal ha generado profundas inequidades sociales, económicas y ambientales, lo que ha llevado a un aumento del malestar social y por ello, apoyamos esta iniciativa y llamamos a los funcionarios públicos y pueblo en general a salir vehementes a luchar.
La democracia hoy en Bolivia sigue fundado en dos nociones básicas. La primera, en una forma de gobierno basada en el autogobierno del pueblo; y, la segunda, en instituciones libremente elegidas. Pese a que estas nociones responden a distintos tiempos, la primera, es la que se conoce más cuando se hace referencia a democracia, sin embargo, la segunda, no se deja de seguir al momento de elegir las instituciones del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Si bien la responsabilidad de estas instituciones democráticas está basada en una forma de vida bajo el supuesto de igualdad entre ciudadanos, no obstante, los dos principios fundamentales de libertad de asociación y opinión, hoy, aparentemente han aumentado sus límites, con ello el sistema democrático está siendo alterado; es decir, donde dos libertades son suprimidas, la democracia cesa de existir.
Por ejemplo, el aumento de los límites de la libertad de asociación y opinión se puede observar en la asociación de autos “chutos”, con el objetivo de legalizar vehículos indocumentados; ha ido más allá de los límites de las reglas del juego del sistema democrático establecido. Contrario a esta organización, otras asociaciones apuntaladas en la defensa y la promoción de los derechos fundamentales son reconocidas y toleradas hasta cierto límite con base en los principios fundamentales de la libertad de asociación y opinión.
En ese sentido, los principios fundamentales no pueden ser admitidos sin límites, como cualquier libertad. Por lo que, el cambio de límites, de aumento o reducción, determina el grado de democratización de un sistema. Por tanto, si bien la forma de hacer política mediante movimientos sociales o movimientos de opinión, como el caso de la asociación de autos “chutos”, entre otros, son conocidos y tolerados por el sistema democrático, sin embargo, no pueden tener efecto en la transformación del sistema, por lo menos hasta que el sistema tenga el poder de controlarlos o de limitarlos sin anularlos del todo.
El pasado 3 de noviembre, el programa Alternativas dedicó su espacio para conversar sobre el tema: Defensa de la institucionalidad pública de Costa Rica. En dicho programa se plantearon debates y argumentos de acuerdo con la temática de la institucionalidad en Costa Rica donde se generó un proceso reflexivo acerca de la realidad que cursa el país actualmente y cómo puede llegar a desarrollarse esta temática en el transcurso del tiempo.
Este sábado 11 se creó la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS) con el apoyo de 20 sindicatos. La asamblea constitutiva se realizó en el local de SINAE Afines.
En la Carta de Principios se destaca la frase En Defensa del Estado Social de Derecho.
La nueva organización apuesta por fortalecer y crear organizaciones en el sector privado, así como la defender el Estado Social de Derecho, en especial la CCSS y con ella la institucionalidad pública.
En los documentos recibidos por SURCOS se indica que la UAS representa la alianza del sindicalismo que incluye al sector público y al privado, por ello, el presidente nombrado es del sector público y el vicepresidente del sector privado.
“Es una apuesta para ir a organizar a los trabajadores del sector privado, como una forma de solidaridad, eso queda reflejado en la Carta de Principios de la UAS que fue aprobada”, se indica.
En una publicación en la página de SINAE Afines en Facebook se indica:
“Nos complace ser parte de esta gran agrupación que velará por el respeto de los derechos laborales de todas y todos los trabajadores del sector público y privado, además de la defensa del Estado Social de Derecho”.
Junta Directiva de la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS)
Presidencia
Lenin Hernández Navas
SINAE AFINES
Vicepresidencia
Maikol Hernández Arias
FENTRAGH
Secretaria de Actas y Comunicación
Lucía Granados Picado
FETRAFI – SINEBACCR
Secretaria de Asuntos Económicos, Administrativos y Financieros
Jonathan Blanco Lizano
FETRAFI – UNEBANCO
Secretaria de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Sindicales
Xiomara Sánchez Rojas
SITECO
Secretaria de Organización y Comunicación
Dania Obando Castillo
FENTRAGH
Vocal
Omar Rodríguez Acevedo
FETRAFI – UNEBANCO
Fiscal
Yeneris Castillo Guadamuz
SITRAMUPL
SINAE AFINES: Sindicato Nacional de Enfermería y Afines
FENTRAGH: Federación Nacional de trabajadores de la agroindustria, Hotelería y Afines
FETRAFI: Federación de trabajadores financieros
UNEBANCO: Unión de empleados del Banco de Costa Rica
SINEBACCR: Sindicato nacional de empleados del Banco Central de Costa Rica
SITECO: Sindicato independiente de trabajadores estatales costarricenses
SITRAMUPL: Sindicato de trabajadores municipales de la Provincia de Limón
SURCOS comparte la Carta de principios de la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical UAS
Esta carta de principios constituye el marco ético y el horizonte estratégico que iluminan y orientan el camino que deberá transitar la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), en su accionar solidario nacional e internacional para la promoción y defensa del trabajo decente y el Estado social de derecho.
1) La representatividad: Nacemos como una organización en la cual están representados sectores estratégicos del mundo del trabajo, tanto del sector público como del sector privado costarricense. Nuestro mayor desafío es seguir creciendo, especialmente en el sector privado. Nuestra estrategia prioriza el crecimiento no por empresa, sino por sector o rama de actividad. De no resolverlo en el primer nivel de organización, promoveremos la creación de federaciones sectoriales o ramales. Somos conscientes, que en Costa Rica históricamente constituir sindicatos en el sector privado ha sido una tarea, sumamente difícil. Sin embargo, la UAS asume ese reto y lo convierte en principio constitutivo para que nunca se nos olvide que la organización de las personas trabajadoras en el sector privado es una prioridad estratégica en la organización. Nunca descansaremos en esa titánica labor. El fin de la representatividad es tener capacidad de movilización y presión en la defensa de los intereses de la clase trabajadora.
2) El diálogo social: Nacemos como una organización con vocación al diálogo social. Elaboramos propuestas y desarrollamos diversos mecanismos de presión con el fin de alcanzar un acuerdo, un pacto o una negociación, a través de las instancias de diálogo social, de negoción colectiva y de negociación sociopolítica.
3) Sindicatos inclusivos: Nos comprometemos a organizar a todas las personas trabajadoras. Nadie debe ser excluido. Todas las personas, sin distinción de raza, credo, sexo, capacidades diferenciadas y rama de actividad, están llamados a organizarse y participar en el sindicato.
4) La transparencia: Nos comprometemos a denunciar y atacar la corrupción en todas sus manifestaciones. El principio de la transparencia no solamente se debe aplicar a la administración pública, sino que también debe ser practicado por las organizaciones sindicales y sociales. Por ello en la UAS se promoverá una cultura de transparencia y anticorrupción. Se deberá informar y comunicar de manera completa, oportuna y permanente, de forma clara y confiable a sus afiliados sobre la situación financiera y contable de sus recursos económicos y activos, sobre la conducta de sus dirigentes, sobre las acciones de la UAS, planes, proyectos y los criterios que la sustentan.
5) Autonomía e independencia: El sindicalismo debe practicar la autonomía e independencia de cualquier partido político, gobierno, sector empresarial, sector religioso e ideologías particulares. Se respeta la afiliación partidaria de las personas que integran sus organizaciones miembros. También es cierto que la UAS, desde su autonomía, en su estrategia de incidencia y a través de su práctica sociopolítica, participa y promueve alianzas con sectores sociales y productivos, de carácter coyuntural, territorial, nacional e internacional, para defender los derechos laborales y el Estado social de derecho.
6) Trascender la conciencia gremial y transitar hacia una conciencia de clase: Todas las personas trabajadoras pertenecemos a la misma clase. Sin embargo, no todas las organizaciones practican en sus acciones la solidaridad de clase trabajadora. Es cierto que en un primer estadio nos afiliamos a un sindicato de empresa, rama o sector. Por tanto, nuestro primer nivel de conciencia es gremial y/o sectorial, es decir, defendemos, participamos y nos identificamos con las luchas de nuestro sindicato en la misma empresa, sector o rama de actividad. En ese sentido, el desafío de la organización es lograr a través de los principios, la formación y la lucha sindical, que la persona trabajadora, trascienda de la conciencia gremial a la conciencia de clase.
7) Avanzar de una democracia formal hacia una democracia participativa: La democracia formal es importante, pero ha demostrado ser insuficiente para asegurar la justicia social y la igualdad de oportunidades en las sociedades.
Por tanto, la UAS luchará por una democracia participativa, a través de incidir en la creación y participación de las personas que fungen como delegadas sindicales y de otras organizaciones sociales, en aquellas instancias e instituciones públicas donde se definen, toman decisiones y se ejecutan programas en material de política social, redistribución de la riqueza y generación de igualdad de oportunidades.
8) La formación sindical: La formación sindical debe responder a un plan estratégico de la organización y se debe desarrollar de manera procesual y con una metodología popular que promueva la interacción y el empoderamiento de las personas trabajadoras. La formación es un espacio y una herramienta para crear nuevos liderazgos y formadores sindicales en todas las estructuras y niveles de la organización. El fin principal de la formación es fortalecer la organización sindical. La formación sindical es indelegable, es decir es una tarea de las propias organizaciones sindicales, donde ellas reflexionan sobre su identidad y sus derechos como clase trabajadora y ciudadanía y en ese proceso construyen su proyecto sociopolítico.
9) Sostenibilidad financiera: La UAS, para su sostenibilidad que le permita cubrir sus gastos administrativos, operativos, organizativos y formativos, creará su estrategia financiera a partir del aporte de la cuota sindical de sus organizaciones afiliadas, colaboración externa de las organizaciones sindicales internacionales, de organismos vinculados al mundo del trabajo y también a través de proyectos de servicios o productivos que se desarrollan de manera conjunta con los gobiernos centrales o poderes locales.
10) Autonomía de los pueblos indígenas: La UAS, defiende la autonomía de los pueblos indígenas, ya que esta constituye la base principal sobre la que se fundamentan sus derechos, costumbres, cultura y su convivencia democrática costarricense. El Estado debe respetar sus estructuras y costumbres en el marco de la transparencia, democracia y respeto de los derechos humanos. Debe garantizar e impulsar la participación indígena, directa y activa, en la elaboración de políticas públicas y en la implementación de los diferentes instrumentos (leyes, tratados, convenios, declaraciones, convenciones, etc…) nacionales e internacionales vigentes, ya que solo así podrán ser elaboradas e implementadas teniendo en cuenta las bases de su cosmovisión y cultura ancestral.
En ese sentido, los espacios indígenas de representación y diálogo, tanto nacionales como internacionales, deben de ser ocupados por representantes auténticos de los pueblos indígenas y sus organizaciones sindicales; por lo cual, la UAS luchará para que esto se aplique.
Reconocemos la importancia de la lucha indígena y la abrazamos, principalmente sobre temas de alta relevancia como la tenencia de tierras, la usurpación de sus territorios, la eliminación de la violencia, el combate a la impunidad, acceso al trabajo decente, así como la promoción y vigencia de su cultura.
En la UAS continuaremos sumando esfuerzos y exigiendo el cumplimento de la Ley Indígena N°6172, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Pueblos Indígenas (ONU), la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como todos instrumentos que resguarden los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.
11) Alianzas sociales y patrióticas: Conscientes de la necesidad de defender el Estado social de derecho y de los cambios estructurales que se requieren para acabar con la desigualdad social, la UAS se compromete a promover la unidad con otras organizaciones sindicales, a realizar alianzas con otros sectores sociales, socio – productivos e inclusive a forjar alianzas patrióticas (coyunturales) con sectores empresariales.
12) Sindicalismo moderno y el uso eficiente de las TIC: La UAS se propone ser una organización que utiliza las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) como una herramienta en todas sus prácticas y acciones, en todos sus departamentos y áreas de trabajo: lo administrativo, comunicación, legal y en los espacios y programas de formación sindical.
13) Luchar y promoción del trabajo decente: La UAS es consciente que el fin principal de la organización sindical es luchar por mejorar las condiciones laborales y de vida de las personas trabajadoras. Por lo que, aceptamos luchar de manera sostenida y permanente por el trabajo decente, para que siempre se realice respetando los principios fundamentales de la OIT: el respeto a la libertad sindical, la negociación colectiva, acceso al diálogo social, seguridad en el trabajo, protección social, oportunidad de acceder a un empleo productivo, un salario digno, igualdad de oportunidades y un trato igualitario para todas las personas.
La UAS, promulga por la implementación de mecanismos dirigidos a la promoción del trabajo decente en todos los sectores laborales, favoreciendo y proponiendo políticas públicas que permitan el desarrollo de la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección social, con principal énfasis en las cadenas de valor de las compañías multinacionales que operan en el país, considerando dentro de todos los espacios, las condiciones de las mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas y población LGBTIQ+.
Uno de los principales objetivos de la UAS, será la atención y propuesta para el mejoramiento de los salarios, que durante el tiempo se han venido desmejorando y precarizando.
14) Reducir la informalidad y precariedad en el empleo: Desde la UAS, impulsamos acciones y propuestas dirigidas a la atención de las necesidades adscritas a los trabajadores informales, así como los tercerizados, que enfrentan condiciones de trabajo que les vulnera sus derechos, exponiéndoles a permanentes riesgos en materia de salud, salario, seguridad social y exclusión social.
Todas las personas trabajadoras requieren una atención integral por parte del Estado y sus instituciones, por lo que promovemos en las diferentes instancias que se aplique la normativa e implementen las políticas existentes.
La organización de los sectores laborales informales, deben de contar con organizaciones sindicales que les represente y a la vez promueva acciones para la reivindicación de sus derechos en lo económico, laboral y social, situación que la UAS atenderá con propiedad.
La jornada de lucha que se vivió el pasado 25 de octubre fue un gran paso en el camino de organizar un frente común fuerte y combativo contra las políticas antipopulares que viene ejecutando el gobierno de Chaves. Fue una jornada que contempló una gran marcha en San José, así como manifestaciones regionales, entre estas en Limón y Pérez Zeledón.
Es claro que el gobierno de Chaves da continuidad a las políticas neoliberales que vienen siendo aplicadas en Costa Rica desde el año 1982, es decir, el gobierno liberaciones de Luis Alberto Monge. A partir de lo cual diversos partidos de los ricos han venido aplicando esas políticas; el PUSC, el PAC, así como los partidos religiosos, entre otros.
En el momento actual, el gobierno de Chaves se viene ensañando especialmente contra la CCSS no pagándole la billonaria de cerca de 3,4 billones de colones. Pero también diversas instituciones vienen siendo atacadas, como las Universidades, el BANHVI, el MEP, etc. Asimismo, continúan aplicándose las políticas contra los campesinos, indígenas, y sectores más vulnerables de la sociedad.
El 25 de octubre se pusieron en pie de lucha diversos sindicatos y agrupaciones articulados por dos grandes instancias el Frente Nacional de Lucha (FNL) y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. A pesar de lo positivo de la jornada de lucha del 25, no se ha dicho cuáles son los pasos a seguir de aquí en adelante.
Al respecto queremos proponer lo siguiente:
Hacer balances participativos por centro de trabajo, organización y comunidades que tomaron parte de la jornada de lucha del 25 de octubre.
Llamar a la Mesa Nacional de Diálogo y al Frente Nacional de Lucha a que presenten un plan de lucha conjunto para dar continuidad a este proceso de movilización. Una de las formas de lucha que se podría considerar es una jornada de paros cívicos regionales.
Incorporar a la lucha a otros sectores que no participaron el pasado 25 de octubre, tales como sectores no organizados en sindicatos, campesinos, indígenas, multiplicidad de comunidades.
¡A continuar la lucha en los centros de trabajo y comunidades!
¡Por un plan nacional de lucha!
Movimiento de Trabajadores y Campesinos, 30.10.2023
