Etiqueta: institucionalidad pública

¿POR QUÉ DESTRUCTORES Y MALANDRINES? (I)

Escrito en 15/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias*

Circula la noticia de que la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSNCR) dejará de existir por falta de recursos financieros. Lo mismo sucede con el Ministerio de Cultura y Juventud, el cual, de seguro, será clausurado. Es la crónica de una muerte largamente anunciada, como trataré de evidenciar en este y dos artículos más. Lo cierto es que la contrarreforma neoliberal, iniciada hace más de cuarenta años, cuya ruta es la desestructuración del Estado Social de Derecho, está culminando su arremetida ingresando por las áreas más sensibles del alma patria: la cultura y la educación. Para ello ha diseñado gobiernos como el actual, plagados de incompetencia, ignorancia, charlatanería y un odio esquizofrénico hacia lo público. Es la cultura de la cancelación y de las anti humanidades.

La OSNCR fue fundada el 31 de diciembre de 1940 gracias a los oficios de la entonces primera dama de la República, Ivonne Clays Spoelders, los hermanos Reyes Calderón, el músico uruguayo Hugo Mariani y el violinista Alfredo Serrano. En ese año, bajo la batuta del mismo maestro uruguayo Mariani y con cuarenta músicos, la así bautizada “Orquesta Nacional” realizó su primer concierto en el Teatro Nacional. En 1942 el presidente de la República, Rafael Ángel Calderón Guardia, le otorga una subvención mensual a la agrupación, así como el rango de Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, luego de agudas carencias financieras en los primeros años de su existencia.

En 1970, con la creación del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) durante la tercera administración del presidente José Figueres Ferrer, maduran las condiciones para que la entidad adquiera el perfil y el rango artístico de auténtica orquesta sinfónica profesional, mediante la reforma y reorganización impulsadas por don Alberto Cañas, primer ministro de Cultura, apoyado por su viceministro Guido Sáenz. Actualmente es considerada una de las mejores orquestas de Latinoamérica; en noviembre del 2017 fue galardonada con el Grammy Latino en la categoría de “Mejor álbum de música clásica” por su disco Música de Compositores Costarricenses Volumen 2. Sus álbumes Bossa Nova Sinfónico y Música de Compositores Costarricenses Volumen I también fueron nominados al Grammy Latino en los años 2013 y 2014.

La orquesta está integrada por setenta y dos músicos profesionales, 87 % de los cuales son costarricenses, la mayoría como estudiantes de su Programa Juvenil. Ha efectuado giras nacionales e internacionales por Asia, Europa, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La agrupación realiza cerca de ochenta conciertos al año, cuenta con once producciones discográficas y es una de las instituciones culturales más prolíficas del país. En el año 2022 más de veintisiete mil personas asistieron a las presentaciones que ofreció en diversos escenarios costarricenses. Recientemente se ha presentado con el conocido cantante italiano Andrea Bocelli, el violonchelista Gary Hoffmann, el violinista Philippe Quint y la flautista Jasmine Choi, así como con los directores Shlomo Mintz, Giancarlo Guerrero, James Judd, Mark Laycok y José Serebrier, entre otros.

He allí la institución que el actual gobierno, recipiente, resultado y disparador de las políticas neoliberales de los últimos cuarenta años, desea clausurar alegando la cacareada y falaz crisis fiscal. Pero no es sólo la OSNCR lo que desean clausurar (¿y privatizar?). También se cerraría el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) creado en el 2007 y ratificado mediante decreto en el 2010 con el afán de estimular el desarrollo humano a través de la música. Es un órgano de desconcentración mínima del MCJ, con personería jurídica instrumental, encargado de promover la creación y el desarrollo de escuelas de música, programas orquestales y programas especiales de promoción de la música. Al día de hoy cuenta con veinte escuelas distribuidas en el territorio nacional con los siguientes programas especiales: Atención de Primera Infancia, Música con Accesibilidad para Todos – para personas con necesidades educativas especiales – y Programas de Atención Prioritaria, ubicados en diversos puntos del país.

Como se ve, la contrarreforma es una auténtica contrarrevolución cultural. Desea cerrar las instituciones artísticas y culturales existentes con el ánimo de hacer tabula rasa sociocultural y educativa para continuar martillando con el discurso único del mercado total, léase totalitario. La voracidad de un pequeño grupo no repara en la salud emocional y espiritual de una población que, hasta hace poco, se ufanaba de presentar como la “más feliz del mundo”. Ni se diga de la salud física porque lo mismo sucede en el mundo productivo y laboral. He allí el verdadero significado de la malhadada y grotesca frase “comerse la bronca”. La meta es convertir a Costa Rica en el país desigual y pobre de la primera mitad del siglo XX, pero ahora con una población cinco veces mayor.

*Escritor

Mesa de diálogo de sectores sociales y productivos cuestionan decisión de gobierno sobre CINDE

Escrito en 05/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

¿Qué hay detrás de la ruptura del gobierno con CINDE?

El día miércoles 03 de mayo 20203, se dio a conocer mediante un comunicado oficial de Casa Presidencial, que el señor presidente de la República y su ministro de Comercio Exterior han tomado la decisión de rescindir, UNILATERALMENTE el convenio que permite al gobierno transferir anualmente un porcentaje importante del presupuesto del COMEX a CINDE.

Los criterios de desaprobación de dicha decisión no se han hecho esperar, desde sectores empresariales vinculados a la atracción de inversión extranjera directa (IED) hasta el mismo presidente de la Asamblea Legislativa el Sr. Rodrigo Arias, quien solicitó revertir el rompimiento de convenio de atracción de inversión extranjera con CINDE.

Para los liderazgos de la Mesa de Diálogo Social y Productiva las razones para esta ruptura no han quedado claras. Sobre todo, cuando se presume de supuestas ‘’limitaciones presupuestarias’’. Mientras tenemos una Regla Fiscal que ahoga la institucionalidad pública, donde se manifiestan los mejores egos y narcisismo desbocados, y una creciente falta de transparencia en las razones y argumentos de dicha decisión, a lo que surgen dudas como:

¿Un estilo errático de gobernar?
¿Conflictos entre diversas élites empresariales?

¿Un poco de todo eso? No lo sabemos, pero la medida ha tomado a muchos y muchas por sorpresa, descontento, desaprobación y hasta preocupación sobre el futuro de convenios y acuerdos bilaterales en cooperación que benefician el desarrollo del país.

Sin embargo, no necesariamente hemos acuerpado siempre el modelo y la estrategia de atracción de IED que promueve CINDE, ya que, si bien es una realidad de éxito en la expansión de lo que conocemos como Zonas Francas en Costa Rica o de las exportaciones de este régimen, desconocemos el mismo resultado éxito en la generación de empleos indirectos, ni la transferencia e innovación tecnológica como resultados positivos.

Lo que si reconocemos, es que en este momento, medidas de tal naturaleza, sin siquiera detallar cómo el espacio que dejaría CINDE puede ser ocupado por una estructura igual o mejor, sólo crea desconfianzas a nivel nacional e internacional para el país, y en eso perdemos todas y todos en el país.

Pareciera que el discurso del 02 de mayo del Sr. presidente no coincide con medidas como esta, ya que, en su discurso en la Asamblea Legislativa, valoró muy positivamente el papel de la confianza en la institucionalidad pública, pero medidas UNILATERALES e INCONSULTAS sólo incide negativamente en el ambiente político nacional.

Por lo anterior, desde la Mesa de Diálogo Social y Productiva por una Costa Rica Próspera Inclusiva, y Solidaria hacemos un llamado al señor presidente a recapacitar, o en su defecto que demuestre abiertamente las verdaderas razones de su decisión.

Imagen: https://www.cinde.org/

Este Primero de Mayo en defensa de la jornada histórica de ocho horas

Escrito en 27/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Roberto Zeledón Arias
26 de abril de 2023

Cada Primero de Mayo recordamos la gesta heroica de los mártires de Chicago, quienes lucharon por reivindicar la jornada laboral de ocho horas, desde ese día del año 1886.

Este Primero de Mayo la clase trabajadora del campo y de la ciudad, obreros, profesionales, técnicos y científicos, maestros y profesores, tenemos muchas razones para marchar y conmemorar la gesta de los trabajadores que forjaron con sudor, lágrimas y sangre, el camino de la emancipación.

Las políticas públicas y las leyes neoliberales aprobadas por más de tres décadas propiciaron una enorme concentración de riqueza en muy pocas manos, mientras que la pobreza crece. La dimensión es tal magnitud que Costa Rica se ubica en la oprobiosa lista de los diez países más desiguales del planeta.

La agenda neoliberal se ha obsesionado por debilitar la institucionalidad del bien común que heredamos de nuestros abuelos. De esta forma han causado un enorme daño social y han colocado en el centro de su mira al empleado público para destruirlo.

No satisfechos con esto, pretenden aprobar un proyecto de ley para abolir la jornada histórica de trabajo de ocho horas, jornada conseguida con la sangre de las personas trabajadoras.

La clase política costarricense no ha escatimado esfuerzos en medios, recursos, mentiras y engaños para cumplir sus propósitos neoliberales. Han ofrecido al pueblo trabajador el oro y el moro, a fin de convencerlo de los parabienes de leyes y políticas públicas de las que finalmente el pueblo sale trasquilado. Basta con recordar que hace pocos años nos ofrecían motos y vehículos de gran marca con tal de aprobar su TLC.

La clase política del nuevo cuño; esta que anteriormente ejercía desde los púlpitos de la comunicación o desde los altos puestos de la banca imperial; no es muy distinta; para desgracia de nuestro pueblo engañado y vilipendiado otra vez más; a la clase política del viejo cuño. Esta clase política, la añeja y la que aparenta ser nueva, son lo mismo con distintos ropajes para la engañifa teatral.

La nueva gran estafa; deviene del cuatrienio anterior, de la creación de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional, otrora socialdemócrata, apoyada por las fracciones, también del viejo cuño. Es adoptada en esta legislatura por el gobierno y la fracción del Partido Progreso Social Democrático y que apoyan TODAS las fracciones legislativas, salvo el Partido Frente Amplio; corresponde al Expediente 21182 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142 Y 144 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 145 BIS Y 145 TER DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS”, conocido como flexibilización laboral o jornadas 4 x 3.

Nos ha dicho la periodista ahora diputada, que hay muchas empresas esperando que se apruebe esta ley para venir a instalarse a Costa Rica y que así se crearían miles de nuevos empleos. Suena como cuando nos prometieron que viajaríamos en mejores vehículos con tal de aprobar su TLC. No aporta, la diputada ni ninguna otra diputación, un solo dato ni siquiera una lista de empresas que esperan ansiosas la aprobación de esta ley para venir a Costa Rica a dejarnos sus bondades laborales. A la comunicadora – política – diputada no le preocupan el trabajo decente, ni la concentración de la riqueza ni la expoliación a la mujer trabajadora, tampoco les importa a los políticos del viejo cuño y los que hoy aparentan ser de nuevo cuño.

Lo cierto es que Costa Rica ocupa un vergonzoso lugar en la lista de los diez países más desiguales del planeta. Eso es que muy pocos, menos del 1 % de la población, ganan mucho, muchísimo y la gran mayoría, el otro 90 % de los ciudadanos, apenas llegan al final de la quincena, cuando se tiene ese privilegio, pues un enorme porcentaje araña las paredes de la pobreza y la miseria.

Lo cierto es que este proyecto de ley lo que pretende es NO PAGAR LAS HORAS EXTRAS, y que lo NO PAGADO llene los bolsillos de los empresarios, esos que han salido ganadores por muchos años de políticas públicas y leyes neoliberales.

Lo cierto es que no han querido darle protección a la mujer, a la madre en especial a la mujer cabeza de familia, tampoco han querido incluir en la ley la creación de centros de cuido para niños de la mujer trabajadora, ni han querido incluir el tema del transporte considerando las extensas jornadas propuestas, el cansancio y la fatiga. Tampoco han querido extender los espacios para el descanso, cual, si se tratara de máquinas, esa es la verdad. Ni que decir de bajar un poquito la extensión de la jornada.

Lo cierto es que no quieren PAGAR LAS HORAS EXTRAS concentrando aún más la riqueza.

Este Primero de Mayo la clase trabajadora tiene mucho que conmemorar, pero sobre todo mucho por qué luchar, recordando al poeta Isaac Felipe Azofeifa “De veras, hijo, ya todas las estrellas han partido. Pero nuca se pone más oscuro que cuando va a amanecer”.

Homicidio machista y austericidio institucional

Escrito en 24/03/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Cruz Barrientos, comunicador social

El fallo emitido el miércoles 22, en el caso de la señora María Tacsan, se las trae. La primera reacción es de bronca, indignación e impotencia frente a la injusticia, por un fallo que sin duda sentará un peligroso precedente en favor de los femicidas. Es precisamente por eso que hay que hurgar más allá de la bronca para tratar de encontrar explicación racional a las circunstancias que rodearon dicho fallo.

Tal y como lo señalan los profesionales en materia penal, “a una persona se le juzga por lo que hizo y no por lo que es, aunque sea la peor persona del mundo”. Si la relación de indicios o pruebas no demuestra el delito, procede el fallo de absolución de los cargos por “falta de pruebas”. Eso, a juicio de los juristas, quiere decir que “existe la posibilidad de que el marido asesinara a la señora Tacsan pero que el Tribunal no contó con prueba suficiente para condenar al imputado”.

Dicho lo anterior, surge la duda sobre la pericia del personal judicial, a la hora de recabar y sistematizar las pruebas, que le permitieran a la Fiscalía, llegar al proceso judicial con una acusación bien sustentada y que no diera margen a fallos por duda, como el del miércoles.

Al respecto, la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres, denunció en un comunicado hecho público el mismo día del fallo, que “hubo falencias en el proceso de investigación a cargo del OIJ y del Ministerio Público, pues, a pesar de que el caso fue asignado a una fiscalía especializada de género, este enfoque y la aplicación de los protocolos de investigación de las muertes violentas de mujeres estuvo ausente desde el inicio de la investigación”.

Entre los errores, la Red cita:

a) A la escena del crimen acude un oficial del OIJ sin certificación en el manejo de esta etapa de la investigación.
b) El investigador, evidentemente sin formación, acepta como válida la versión del imputado de que se trata de un suicidio y no aplica los protocolos que obligan a investigar como femicidios TODAS las muertes violentas de mujeres;
c) Patología forense no se hace presente para el levantamiento del cuerpo razón por la cual no se cuenta con certificación de la hora de muerte ni se documenta el estado del cadáver mediante las métricas protocolizadas;
d) No se toman rastros de pólvora en manos del imputado y se contamina la escena.

Tales ejemplos de impericia ocurren en un contexto de crisis en las instituciones judiciales, tal y como lo han denunciado las organizaciones gremiales del Poder Judicial, crisis que se expresa en problemas de sobrecarga de trabajo en la Fiscalía, por lo que cada fiscal debe atender una gran cantidad de casos, impidiéndoles dedicar el tiempo necesario al estudio de cada uno.

Los gremios han hecho público, también, el clima de incertidumbre y la desmotivación que existe a lo interno del Poder Judicial, en torno a salarios y sus futuras pensiones. Por ejemplo, los nuevos fiscales entran ganando mucho menos que el salario de entrada de quienes los antecedieron en sus puestos.

Hay una desbandada de personal que, ante la incertidumbre, se jubilaron o renunciaron. Esa situación implica, entre otras cosas, la pérdida de experiencia acumulada por el personal que se va y el ingreso de nuevo personal que a veces viene con debilidades en su formación.

De manera que, sin quitar el peso que tiene el machismo estructural que padecen nuestras instituciones y las personas funcionarias públicas, nuevamente, estamos ante la causa común de muchos problemas que aquejan a nuestra sociedad: el debilitamiento de la institucionalidad pública en aras de la austeridad fiscal. Otra vez, nos topamos con la rigidez absurda de una Regla Fiscal y una Ley de empleo público que impiden al Estado costarricense, contar con los mejores profesionales y en la cantidad necesaria para que las instituciones públicas cumplan con su cometido constitucional.

Lenin Hernández Navas se refiere a decisión del gobierno de remover integrantes de la junta directiva de la CCSS

Escrito en 13/12/2022. Publicado en Trabajo.

En el siguiente video el secretario general del SINAE Afines, el señor Lenin Hernández Navas, explica cómo la decisión del Consejo de Gobierno de remover a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja atenta contra la institucionalidad y la autonomía, pues esta decisión arbitraria va en contra del artículo 147 constitucional y a los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley Constitutiva de la Caja se determina cómo se nombran a los miembros.

Esta decisión, explica, deja a la Junta Directiva de la Caja sin la capacidad de sesionar, pues no cuenta con el quorum necesario, lo que ocasiona un atraso en las decisiones que no se están pudiendo tomar.

Se atribuye esta decisión por parte del Consejo de Gobierno como una medida revanchista por el justo y legal aumento salarial a los empleados de la Caja, medida a la que el gobierno se opuso.

A continuación puede observar el pronunciamiento completo.

**https://surcosdigital.com/suscribirse/**

Unión Médica Nacional: Gobierno violenta la autonomía institucional

Escrito en 09/12/2022. Publicado en Trabajo.

COMUNICADO DE PRENSA

La Unión Médica Nacional deplora la actitud del Gobierno Central, respecto a la Junta Directiva de la CCSS y al Expresidente de la misma, Dr. Álvaro Ramos Chaves quienes, cumpliendo con su deber, ejecutaron el aumento salarial de ley decretado desde el 2019, el cual estuvo congelado durante toda la pandemia.

En una actitud de revanchismo político, sin precedentes y violentando la autonomía institucional, el Presidente de la República y el Consejo de Gobierno toman una decisión a todas luces arbitraria y lejana de la actitud de diálogo que debe prevalecer entre el pueblo costarricense y el gobierno de turno. Este tipo de actuaciones riñen con la democracia costarricense.

Aduciendo la cercanía familiar de cinco miembros de la Junta Directiva con alguno de los más de 63.000 empleados que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Consejo de Gobierno toma una decisión que deja sin dirección a la CCSS en uno de los momentos más delicados de su historia, esto a pesar de que la Junta Directiva de la Caja no fue el ente que avaló el aumento, sólo lo ejecutó.

Consideramos que las actitudes de revanchismo que ha tomado este gobierno en contra de los empleados públicos costarricenses, representados en este caso por los 63.000 funcionarios de la CCSS, no tiene precedentes en nuestra historia moderna. Olvidó pronto este gobierno el sacrificio que los empleados públicos dieron de cara a la pandemia, incluso se sacrificaron vidas humanas, pero esto le parece poco.

Este accionar, no solamente es peligroso para nuestra democracia, sino llamativamente inoportuno, justo cuando está a punto de cumplirse con el Decreto de Ley de aumento del año 2019, que el mismo Presidente de la República, siendo Ministro de Hacienda, firmó. Esto no es democracia.

Desde la Unión Médica Nacional expresamos nuestra más enérgica protesta y nuestro apoyo total al Expresidente de la Junta Directiva de la CCSS, el doctor Álvaro Ramos Chaves, y a los cinco miembros de la Junta Directiva suspendidos por el Consejo del Gobierno, visto que considerarnos este acto alejado completamente del ser costarricense. No queremos pensar que este es el inicio para quebrar a la CCSS, institución emblemática de todos los costarricenses.

Imagen ilustrativa.

¡Limón se une por la institucionalidad costarricense! Marcha este sábado 29

Escrito en 28/10/2022. Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Limonenses, este sábado 29 de octubre les invitamos a usted y a su familia a una gran marcha patriótica en defensa de nuestra institucionalidad.

Saldremos de la Municipalidad de Limón a las 12:00 md con destino a la entrada de JAPDEVA, por el parque Vargas, para entregar un documento con propuestas y soluciones al señor presidente Rodrigo Chaves, que se le hará llegar por medio de los diputados que nos acompañarán. La finalidad es que Limón se enrumbe hacia la reactivación económica, la generación de empleo, la lucha contra la pobreza, la ejecución del canon de APM y mayor seguridad para las familias, instituciones, empresas y negocios.

Limón se une en una propuesta directa, que el ejecutivo debe negociar con las fuerzas vivas de la provincia de Limón para aplacar los grandes males que nos aquejan. Por esa razón es importante su apoyo, el de su familia y sus amigos para sumarnos en un clamor popular que llegue hasta Casa Presidencial.

A través de los medios de comunicación y redes sociales es hora de luchar y de sembrar semillas de esperanza.

Por el bien de todos este sábado 29 de octubre a las 12:00 mediodía, salida desde la Municipalidad de Limón.

¡Limón se une por la institucionalidad costarricense!

Compartido con SURCOS por Fedrick Patterson y María Miranda.

Esta en desarrollo un ataque en distintos frentes por parte del Gobierno

Escrito en 14/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
12 de octubre 2022

Las expresiones son:

Proyectos de ley
Recorte de presupuestos a los sectores más vulnerables para pulverizar instituciones
Alianzas en la Asamblea
Pactos oscuros por eurobonos
Asustar con narrativa tergiversada y con política de miedo
Desfinanciar el Poder Judicial en proyectos antidrogas, anticorrupción, debilitar OIJ, listas de espera en CCSS, privatización en sus distintas modalidades, tercerización, decisiones en sector educación, entre otros.

PERO el objetivo esencial es:

Completar la fase dos de los objetivos incompletos que escondían la ley 9635 de » fortalecimiento de las finanzas públicas»; la ley 9808, que elimina el derecho a la protesta social (incluida la huelga en el sector público y sus efectos e impactos en los sindicatos del sector) y la ley de empleo público.

En tal sentido está en pleno desarrollo un ataque a las autonomías constitucionales especiales creadas en la Constitución Política de 1949.

Es decir, el proyecto de Rodrigo Chaves Robles está centrado en aprovechar bien su cúmulo de popularidad y articularlo con los actores visibles e invisibles de la derecha más rancia del país y desde su táctica y estrategia de rasgos autoritarios y populistas, enterrar la pala más fuerte en la tierra y seguir cavando para enterrar la institucionalidad patria y con tal ejercicio herir aún más de muerte el Estado Social de Derecho.

O sea, estamos transitando como país hacia una peligrosa concentración del poder como la que existió antes de 1949.

El proyecto de “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” violenta la autonomía de las universidades públicas y la institucionalidad

Escrito en 14/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José María Gutiérrez
Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Se encuentra en la corriente legislativa el proyecto denominado ‘Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior’ (expediente N° 23.380), presentado por el Poder Ejecutivo. Dicho proyecto violenta de manera flagrante aspectos centrales de la autonomía universitaria y, de aprobarse, tendría serias consecuencias para la institucionalidad del país.

¿Qué es la autonomía universitaria?

Al calor de la discusión de este proyecto, conviene refrescar el concepto de autonomía universitaria. “La autonomía incluye la libertad académica o de cátedra, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios y para decidir sobre el uso de los recursos que les provee el estado. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión. En el caso de Costa Rica, la autonomía universitaria está claramente establecida en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política. El cumplimiento de la misión académica, cultural y social de las universidades públicas requiere del ejercicio de la plena autonomía, para que puedan ser un espacio de pensamiento y acción libres, no supeditados a los poderes fácticos, sino al servicio de toda la sociedad.” (Gutiérrez, 2021).

¿Por qué violenta este proyecto la autonomía universitaria?

El artículo 4 del proyecto propone la creación del Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que estaría constituido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y por cuatro ministros o ministras del gobierno.

El artículo 5 dice textualmente: “Corresponderá al Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal. Para estos efectos deberá elaborar un Plan de Desarrollo de la Educación Universitaria Estatal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, las perspectivas de desarrollo de la investigación y extensión universitaria al crecimiento económico, social y ambiental del país. Este plan deberá definir metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo. Para lo cual se elaborará un plan quinquenal y se definirán informes a los tres años del plan y al finalizar el quinquenio.”

En otras palabras, el proyecto propone crear un nuevo organismo, con la participación de cuatro ministros o ministras, el cual elaboraría un plan nacional de desarrollo universitario, definiría metas, indicadores y resultados esperados. Es decir, el accionar de las universidades públicas estaría supeditado a este órgano y, para efectos prácticos, pasaría a ser controlado en gran medida por las autoridades de los gobiernos de turno. Esto liquidaría, en la práctica, el ejercicio de la autonomía universitaria, con todas las implicaciones que esto tendría.

El texto del proyecto de ley refleja un desconocimiento enorme del concepto de la autonomía universitaria. Por ejemplo, se dice que “es evidente que la autonomía universitaria está circunscrita a la parte organizativa de las instituciones y a las facultades de autogobierno de las universidades públicas costarricenses”. La constitución política y diversas resoluciones de la Sala Constitucional muestran, por el contrario, que la autonomía va mucho más allá de la parte organizativa de estas instituciones, ya que incluye decisiones y ámbitos que involucran muchos otros aspectos de la vida institucional, como señala la definición al inicio de este ensayo.

Resulta paradójico que el texto del proyecto recurra a citas de la Sala Constitucional para apoyar la propuesta, tergiversando el espíritu de varias de ellas, e incluye una cita (Voto 1313-03) que más bien confirma que este proyecto contradice los pronunciamientos emitidos por dicha Sala. En dicho voto, con respecto a la autonomía, se indica que: “…significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas (se refiere a las universidades, aclaración nuestra) están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio”. Los artículos 4 y 5 del proyecto de ley arriba citados contradicen drásticamente este texto de la Sala Constitucional.

¿Por qué es esencial mantener la autonomía universitaria?

Las universidades públicas cumplen roles esenciales en la vida del país. Por un lado, generan amplios contingentes de profesionales de excelente calidad que nutren los espacios privado y público del país. Un reflejo de esto es la alta empleabilidad de las personas que se gradúan de dichas instituciones. Además, las universidades son el principal reservorio de ciencia y tecnología de Costa Rica. Son centros que tienen una enorme proyección a la sociedad a través de múltiples formas de extensión que llegan a amplios sectores de la población en todo el país. Esta multiplicidad de aportes ha sido posible gracias al ejercicio de la autonomía.

Tan importante como lo anterior es el hecho de que, gracias a su autonomía, las universidades públicas son centros permanentes de reflexión sobre la realidad nacional. Este ejercicio de análisis, ejercido de forma autónoma, es fundamental, pues genera insumos de pensamiento y conocimiento que iluminan amplios aspectos de la vida del país. El trabajo universitario no debe estar regido por decisiones que emanen de los poderes políticos, pues ello aniquilaría ese sentido de reflexión permanente para convertirse en simples ejecutoras de políticas emanadas de poderes fácticos. Ello no implica de ninguna manera que las universidades no tengan una coordinación activa y profunda con los planes nacionales de desarrollo y con las instituciones del estado. Esta relación existe y siempre ha existido. Pero debe darse en el marco de su autonomía.

Lejos de lo que algunos piensan, incluyendo sectores del actual gobierno, el país necesita, para garantizar un desarrollo próspero y con equidad, de la existencia de universidades autónomas, en las que se estudie la realidad nacional y se cultiven saberes diversos, en un permanente ejercicio de reflexión, investigación y formación. También necesita la forja de profesionales que no solo sean competentes técnicamente, sino que posean una visión amplia de la realidad y puedan ser personas creativas, innovadoras y solidarias. Y requiere instituciones de educación superior que no solo respondan a los intereses de sectores políticos y económicos específicos, sino que sirvan a toda la sociedad. Estas metas son posibles de alcanzar solamente en el contexto de instituciones verdaderamente autónomas.

Por este medio hago un llamado vehemente a las señoras diputadas, a los señores diputados, a los partidos políticos, a las comunidades universitarias y a la ciudadanía en general a rechazar de manera enfática el proyecto de la “Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior”. Nuestro país no merece semejante retroceso en su institucionalidad.

Referencia citada

Gutiérrez, J.M. (2021) Reflexiones desde la Academia. Universidad, Ciencia y Sociedad. Editorial Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa, UCR.

Asociación de Empleados se opone a idea de eliminar al SENARA

Escrito en 14/10/2022. Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El Comité Ejecutivo de ASES acordó la elaboración de una circular en la cual se expongan los criterios por los cuales rechazamos la iniciativa de desaparecer al Senara.

Son momentos en que todos, indistintamente, estén asociados o no, y nos manifestemos en contra de las acciones gubernamentales que atentan contra la institucionalidad costarricense. Hay que unirse en una sola voz por Costa Rica.

Ante la rápida circulación y consulta de 4 horas para dar respuesta o emitir criterios con respecto ley orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del sector *agropecuario, pesquero y rural nuestra organización desea dejar manifiesto el total desacuerdo a dicha iniciativa, más aún tomando en cuenta que el artículo 20., PRETENDE Modificaciones de la Ley No 6877 ¨Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento) ¨.

Se modifican los artículos 1,2, 3 incisos a), b), f) y k), 4, 7, 12, 16, 17 y 18 de la Ley N° 6877 Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento) de 18 de julio de 1983 y sus reformas, para que en adelante dispongan:

“Artículo 1-. Créase la Dirección de Riego y Avenamiento en adelante (DIRA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería.”

ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la DIRA:

a) Fomentar el desarrollo agropecuario en el país, mediante el establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego y avenamiento.

“Artículo 3.- Son funciones de la DIRA:

a) Proponer y ejecutar una política justa de aprovechamiento y distribución del agua para fines agropecuarios, en forma armónica con las posibilidades óptimas de uso del suelo y los demás recursos naturales en los distritos de riego.
b) Desarrollar y administrar los distritos de riego y avenamiento

(…)

f) Adquirir conforme con lo establecido en la Ley 9286, de 11 de noviembre de 2014, bienes y derechos necesarios para establecer, integrar o modificar las áreas de distribución de riego y asentamiento de manera que a una justa distribución de la tierra corresponda una justa distribución del agua.

(…)

k) Orientar, promover y ejecutar programas nacionales de investigación y capacitación para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el riego y drenaje en coordinación con las dependencias afines de la enseñanza superior.

“Artículo 4.- Corresponderá a la DIRA promover la coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes, en las siguientes actividades:

a) Mejoramiento, conservación y protección de los suelos en los distritos de riego y avenamiento, así como en las cuencas hidrográficas del país.
b) Diseño, construcción y mantenimiento de las obras de riego y avenamiento.
c) Prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego.
ch) Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la evaluación de su uso potencial para efectos de su aprovechamiento en los distritos de riego.
d) Elaboración y mantenimiento de los registros actualizados de concesionarios de aguas en los distritos de riego.
e) Aprovechamiento múltiple de los recursos hídricos en los distritos de riego.
f) Construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la conservación y renovación de los mantos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias en los distritos de riego.

Ante tal situación, el Comité Ejecutivo de ASES considera que:

Desde la perspectiva institucional la propuesta de creación de la DIRA viene a representar un retroceso y desatención de los principios que sustentan la creación del SENARA.

Si bien es cierto hay aspectos de la propuesta que hoy no atiende el SENARA, estos pueden potenciar y ampliar su ámbito de acción, por lo que más bien podrían ser incluidos dentro de la ley de SENARA y de esta manera brindar un mejor servicio a la sociedad.

Dadas las condiciones actuales asociadas a cambio climático (requerimientos de riego, drenaje, control de inundaciones y gestión de recurso hídrico) lo ideal es fortalecer la institución con propuestas tecnológicas, financieras, técnicas, recurso humano y ampliación de la capacidad instalada.

La creación de la DIRA viene a separar y desconcentrar el accionar del país en los temas que atiende la institución y no garantiza un crecimiento en cuanto personal para atender la alta demanda de servicios que se tiene.

La condición del SENARA como entidad autónoma le ha permitido generar una rica experiencia en aspectos técnicos y legales, de alta eficiencia en los procesos de licitación y contratación de obra pública, que se puede perder. Situación que redundaría en amplios, extensos y tediosos procesos con la figura de la DIRA, al depender de la Proveeduría Nacional y la figura del ministro para desarrollarlos. Esta situación estaría en contra de las políticas de estado en temas de eficiencia, atención al cambio climático, seguridad alimentaria, gestión de recursos hídricos y otros.

Deben tomarse en cuenta los pronunciamientos de la sala IV en relación con los criterios del SENARA relacionados con la gestión del recurso hídrico. Lo establecido en la propuesta más bien debe ser considerado para ampliar y fortalecer los alcances y servicios institucionales para la atención y propuestas de soluciones a los problemas que se presentan en carreteras, zonas de alta vulnerabilidad y riesgo.

La cobertura de acciones que el SENARA realiza a nivel comunal y municipal parece ser desconocida en la propuesta, lo cual representa un riesgo para la defensa de la población en los temas asociados a la gestión del recurso hídrico.

Durante los últimos 20 años la institución ha asumido un papel importante en la solución de problemas asociados al control de inundaciones. Ha propuesto e implementado procedimientos que han dado resultados positivos, lo cual ha sido bien visto por la CNE y las comunidades beneficiadas. De ahí el nombramiento constante del SENARA como unidad ejecutora.

Si bien es cierto que también existe la Dirección de Obras Fluviales del MOPT, parece que su alcance es mucho más limitado que el de SENARA. Se requieren propuestas que permitan constituir en el SENARA la unidad de control de inundaciones y de esta forma, concentrar a nivel país todo el accionar asociado a esa temática.

El tema de control de inundaciones no se resuelve pasando a la CNE el personal calificado con la experiencia generada en el SENARA. Cada vez es más evidente la necesidad que tiene el país de una entidad que atienda al 100% este tema y el SENARA tiene el potencial para hacerlo.

Ante tal situación, el Comité Ejecutivo de ASES considera que:

El desmembramiento del Senara, institución de gran vigencia y relevancia en la actualidad por generar adaptación al cambio climático en un sector muy vulnerable, constituye un riesgo para la población al ser desatendidas las competencias institucionales y desprotegiendo los recursos hídricos.

El Senara tiene más de 40 años de experiencia en elaboración de estudios hidrogeológicos, investigación y caracterización de acuíferos y su relación con las aguas superficiales, con el objetivo fundamental de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico.

Por otra parte, SENARA ha elaborado los Planes de Aprovechamiento Sostenible (PAS), planes cantonales de gestión del recurso hídrico y apoyo a la gestión de líderes cantonales en el manejo y acceso a la información para la sustentabilidad acuífero ambiental que procure el desarrollo de actividades sociales y económicas para paliar los efectos de la pobreza en el país.

Los productos y servicios que genera el SENARA, son vitales y trascendentales para garantizar el derecho humano al acceso al agua en cantidad, calidad y continuidad y a un ambiente ecológicamente sostenible, principios fundamentales de todo el articulado y regulación ambiental de Costa Rica, esto no sería posible sin el arduo trabajo de investigación y gestión sostenible del recurso hídrico que realiza Senara, que por el cual se cuenta con importantes avances en estos temas, apuntando e incidiendo de forma directa y puntual en estrategias como el cumplimiento de los ODS, compromisos adquirido por Estado, e incorporando la Seguridad Hídrica para que todo costarricense cuente con el acceso a este recurso y por ende existan mejores condiciones de vida, oportunidades y desarrollo e inversión en igualdad de condiciones.

Adicionalmente, se identifican graves falencias y omisiones en la redacción de la propuesta:

El Transitorio V desconoce o subestima que el personal especializado en Control de Inundaciones es el mismo que está especializado en riego y avenamiento, ya que el personal humano de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, encargados de la ejecución de estas competencias, es el mismo.

No se hace un planteamiento claro y contundente, en el texto del proyecto de Ley, acerca del traslado o no del personal institucional, así como sus recursos materiales. El tema del personal solo se menciona en el Transitorio V y con referencia a personal técnico especializado.

El proyecto de ley no hace mención, en ninguno de sus artículos, al destino de las competencias y el personal de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Así también se desconoce la posición con respecto a todo el material documental y toda la información resguardada y producida por esta Dirección, la cual ha sido costeada con recursos públicos y ha costado millones al país.

El Artículo 16 hace mención del pago de una tarifa por parte de los productores que se encuentren dentro de los distritos de riego y avenamiento y la cual sería estimada por el SNE, el Servicio Nacional de Electricidad estuvo activa entre 1928 y 1996.

Estos comentarios son para visibilizar la ligereza y falta de información a la hora de su redacción, además de la falta de respeto y del poco dimensionamiento de su importancia al conceder tan poco tiempo a la institución para manifestarse. Dicha consulta se emitió el día miércoles 12 de octubre de 2022, fuera del horario institucional, y se concedió tiempo hasta las 11.30 de la mañana de hoy, lo que pone, más en evidencia, la improvisación de este proyecto de Ley el cual ya fue firmado por el presidente y el ministro para su ingreso a la corriente legislativa.

Siendo así las cosas, ASES rechaza de manera contundente este proyecto de Ley y hace un llamado a todos los funcionarios del Senara, sindicalizados o no, para unir fuerzas en defensa de la institucionalidad. Dejemos de vivir ya de este oscurantismo en el manejo de la información pública.

Oscar Centeno Viales.
Secretario General
Asociación de Empleados del SENARA (ASES)