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Etiqueta: inversión

El caso de Turrialba, Jiménez y Alvarado

Carlos Carranza

Estamos en un país hermoso, pero con grandes brechas económicas, sociales y territoriales. Hay una diferenciación con el Gran Área Metropolitana y lugares como el complejo turístico de Guanacaste (una parte de la provincia y el crecimiento acelerado de Zona Norte).

Muchas tareas hay que efectuar, pero hay tres para todos en el caso de Turrialba. El actual espacio urbano está saturado con grandes riesgos, con infraestructura inadecuada, con una relación muy limitada con las vías nacionales y con un rezago histórico único.

Además, es también necesario plantear un agotamiento de la matriz socio económica, que, si lo analizamos, ya tiene el peso de otras épocas. Nos referimos a la producción azucarera tradicional y una parte de la producción cafetera que no tienen ya el peso de otras épocas. Así mismo, la necesidad de contar con la modernización empresarial de la producción lechera. Hay que pensar en nuevas formas como el modelo de clúster y un nivel empresarial que lleve a formas corporativas con ventajas competitivas.

El crear nuevas matrices donde casos como Firestone y Rawlings son parte de un nuevo esfuerzo, pero se requiere otros para avanzar a las nuevas formas de economía de servicio con talento humano de primer orden.

Pensar en esto es un esfuerzo necesario para situar a esa subregión en nuevas condiciones con formas de economía de mercado, con producción que camine hacia la cuarta revolución y encamine a la quinta revolución económica.

Si no se toman acciones económicas y en la formación del talento humano con niveles de inversión y de atracción de las nuevas formas, el atraso puede ser mayor. La necesidad de un acuerdo cantonal y subregional es fundamental.

Dar los pasos correctos hacia el siguiente cuarto de siglo es primordial. Esto, con un programa subregional y un plan con prospectiva es fundamental.

Por qué se archivó el Proyecto Terminal Pacífico

Juan Manuel Quesada

Juan Manuel Quesada

Presidente de Recope

Algunos siguen poniendo en duda la decisión de archivar el proyecto Terminal Pacífico de Recope. En ese contexto, deseo explicar las razones que nos llevaron a tomar esa decisión.

Objetivo del proyecto: El proyecto buscaba desarrollar un sistema para la importación de gas licuado de petróleo (GLP), diésel y gasolinas en el Pacífico, que permitiera descargar estos productos en aquellas ocasiones en las cuales no fuera posible hacerlo por el litoral Caribe como consecuencia de eventos naturales (como terremotos y huracanes) o sociales (como huelgas). El principal objetivo era entonces la reducción de los riesgos de desabastecimiento de combustible asociados con desastres naturales y sociales que enfrenta el Sistema Nacional de Combustibles por disponer solamente de puertos en el Caribe.

Al respecto, debe indicarse que esta nueva administración de Recope comparte, por supuesto, ese objetivo. Las preguntas que nos hicimos al iniciar nuestras funciones fueron las siguientes: ¿de verdad ese proyecto permitiría reducir los riesgos de abastecimiento de combustibles de manera significativa? ¿Qué tan grande sería el costo que tendrían que pagar los costarricenses para alcanzar tal reducción de riesgos?

Análisis del proyecto: La evaluación realizada por esta nueva administración mostró que el estudio había sobreestimado la capacidad del proyecto para reducir los riesgos mencionados por varias razones. Una de ellas es que aún con el proyecto operando, las importaciones de combustible seguirían haciéndose por la costa del Golfo de México. Es decir, los barcos que hubieran atracado en el muelle del Pacífico hubieran tenido que venir de Estados Unidos, principalmente, y atravesar el Canal de Panamá para llegar a su destino. Por esa razón, los riesgos de desabastecimiento asociados con las tormentas y los huracanes que surgen en el Caribe se hubieran seguido presentando. Aún así, habría una reducción de riesgos si se comprara en el Pacífico, aunque los combustibles provenientes de ahí serían mucho más caros que los que se compran actualmente.

Otra razón es que el surgimiento de eventuales huelgas en la empresa podría afectar cualquiera de sus procesos, incluyendo los que se fueran a establecer en el litoral Pacífico, así que tampoco es claro que el proyecto podría reducir riesgos asociados a fenómenos sociales.

Pero además, ¿cuál sería el costo de abrir una terminal en el Pacífico? Para empezar, hay que decir que existe una desproporción entre el monto de inversión del proyecto y el porcentaje de la demanda total de combustibles del país que este busca satisfacer. El proyecto buscaba satisfacer el 30% de la demanda de GLP, que representa apenas un 3,4% del volumen de ventas de la empresa, en el año 2021, y un 1,7% de las ventas totales en colones. Por otra parte, la inversión hubiera representado cerca de un 30% de la inversión total en infraestructura de la empresa y alrededor de tres (3) veces el valor de los activos asociados al GLP. Además, según establece el estudio de factibilidad, la Terminal Pacífico tendría apenas un 24% de utilización, por tanto, la magnitud de la inversión ociosa sería muy alta.

Teniendo en cuenta estos datos, no es de extrañar que el proyecto no resultara rentable desde el punto de vista financiero, según se indica en el mismo estudio de factibilidad. Una vez que se llegó a esta conclusión, el estudio optó por justificar la rentabilidad del proyecto, a partir de cuantificar el riesgo de desabastecimiento. Y, como mencioné anteriormente, la valoración de este riesgo estuvo sobreestimada.

La evaluación detectó otras limitaciones importantes del estudio de factibilidad. Por ejemplo:

  1. A) La estimación de la demanda fue realizada con una metodología inadecuada para un proyecto como este.
  2. B) A pesar de que se indica la necesidad de contar con inversiones adicionales, no fueron estimadas ni incluidas en el análisis financiero del proyecto.
  3. C) Hubo errores metodológicos en la evaluación del impacto tarifario del proyecto, derivados de la forma en que se estimó su costo. Y, como si fuera poco, no es posible fondear la inversión requerida para el proyecto dentro de las restricciones impuestas por la regla fiscal.

Adicionalmente, se encontró que el estudio de factibilidad no analizó las inversiones asociadas al proyecto dentro de un análisis integral de las inversiones que Recope requerirá en el largo plazo. Por esta razón, no es posible ubicarlas dentro de un marco de prioridades que las justifique.

Nuestro compromiso: Esta nueva administración ha asumido un verdadero compromiso con el país: hacer a esta empresa eficiente, que genere beneficios para los costarricenses y que contribuya a la competitividad del país. Apostar a proyectos mal formulados, que no son rentables y que además se traduciría en tarifas más altas e injustificadas es un asunto que no podemos dejar pasar. Recope es una empresa que se debe a Costa Rica, a sus ciudadanos, a la industria y al comercio que la hacen grande. Es nuestra responsabilidad actuar en consecuencia y por eso no podíamos dejar que nos metieran ese gol.

Fondos de pensiones: Los entretelones de una pérdida anunciada

Por Dr. Luis Paulino Vargas, Economista / Investigador CICDE-UNED

Las voluminosas pérdidas que los regímenes de pensiones complementarias han registrado en los últimos meses, surgieron, no exclusivamente, pero sí principalmente, de las inversiones realizadas en los casinos de la especulación global, o sea, en las grandes bolsas de valores del mundo. Eso es algo que ha quedado claramente demostrado en los reportajes de la excelente periodista Natalia Díaz, que el Semanario Universidad han venido publicando.

Al respecto, comparto con ustedes algunas breves consideraciones:

  • El problema tiene facetas diversas e interconectadas: éticas e ideológicos, normativas e institucionales.
  • Lo ético se manifiesta de diversas formas. Por ejemplo, en el grave conflicto de intereses que plantea la “puerta giratoria”: hoy vemos a una persona que es gerente o tiene una importante posición en alguna poderosa empresa financiera, y mañana esa misma persona tiene a su cargo importantes responsabilidades en alguna de las entidades a cargo de la vigilancia y regulación de esas empresas financieras. El claramente el caso de Rocío Aguilar Montoya, quien en el pasado estuvo vinculada al Banco Banex, la Corporación ALDESA y la Asociación Bancaria Costarricense, y hoy preside tanto la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). También plantea una seria interpelación ética, el que nuestros fondos de pensiones se inviertan en empresas vinculadas a actividades muy cuestionables, como es el caso de la industria bélica y de armamentos.
  • Lo ideológico se hace manifiesto en la ligereza con que se cede al embrujo de la especulación financiera, aparentando sofisticación y modernidad donde solo hay impericia y ligereza. El caso es que estos sistemas de pensiones fueron diseñados bajo el influjo cultural del neoliberalismo, y ello inevitablemente se refleja y reproduce en la forma tan desprolija como se les gestiona. Téngase en cuenta que, en la práctica, son regímenes privados, centrados en cuentas de capitalización individual y extraños a cualquier criterio de solidaridad.
  • La normativa y la institucionalidad vigentes, no solo reflejan muy bien esa laxitud ética y esa torpeza ideológica, sino que las propician y facilitan, e incluso las premian, puesto que ni siquiera contemplan ninguna penalización para casos como los actuales, donde la imprudencia ha traído graves perjuicios. La ligereza con que se ha propiciado que una parte creciente de nuestros ahorros, se destinen a inversiones especulativas fuera de Costa Rica, y la evidente desidia con que las entidades regulatorias miran todo esto, no solo es producto del sesgo ideológico desde el cual actúan y trabajan, sino que es algo que la ley y la institucionalidad activamente promueven.
  • Las pérdidas sufridas no se recuperarán jamás. Usted y yo, debíamos haber tenido durante estos meses una ganancia, así fuera pequeñita, y en su lugar tuvimos grandes pérdidas. Esa diferencia negativa inevitablemente pesará en nuestra futura pensión.
  • Siendo cierto que entre 2010 y 2020 las bolsas de valores del mundo tuvieron un comportamiento expansivo bastante sostenido, y que ello pudo tentar a nuestras operadoras de pensiones y alimentar sus fantasías ideológicas y la ligereza de sus decisiones, también debe entenderse que las condiciones están cambiando: las bajísimas tasas de interés y las políticas monetarias súper expansivas, que alimentaron esos auges bursátiles, se fueron y, al menos por unos años más, no volverán. Estamos entrando en una fase de tasas de interés más altas y políticas monetarias más contenidas, lo que significa que los grandes bancos centrales del mundo dejarán de poner a disposición de los bancos, las enormes reservas excedentarias que alimentaron los auges especulativos de las bolsas de valores.
  • Tengamos claro que este problema sobrepasa por muchos las personas, individualmente consideradas. Podría forzarse que renuncien, en pleno, todas las autoridades que, de una u otra manera, por desinterés, ineptitud o venalidad, han propiciado que ocurra este desastre. Pero ello no evitará que luego venga otra gente que actúe de forma similar. El problema es estructural: está enraizada y circula en la ideología desde la que esto se gestiona, y se cristaliza en normas, instituciones y organizaciones. Solo si estas últimas cambian, podremos lograr que aquella ideología deje de ejercer su dañino influjo, y que otras personas, técnica y profesionalmente solventes, aporten nuevas formas de hacer las cosas, desde valores comprometidos con el bien de la gente y el beneficio de Costa Rica.
  • En conclusión: necesitamos cambios de fondo en la normativa y en la institucionalidad vigentes: hay portillos que deben cerrarse, obligaciones que deben quedar claras y objetivos que hay que replantear. Urge que el sistema financiero se ponga a trabajar en serio para diversificar, sobre bases sólidas y confiables, las posibilidades de inversión. Es absolutamente descabellado que nuestras operadoras de pensiones saquen del país cantidades enormes de capitales, mientras múltiples y urgentes necesidades de inversión pública, que podrían ser inversiones seguras y rentables, permanecen desfinanciadas. Como también es un grosero pleonasmo, aducir que el mercado financiero costarricense es “pequeño”, y que por ello el gobierno debe financiarse con deuda externa ¿Cómo que es “pequeño” mientras los fondos de pensiones lanzan tales correntadas de dinero hacia las ruletas de la especulación global? Hay en todo esto, serias anomalías y múltiples contradicciones y falacias, todo lo cual convoca obligatoriamente a profundas reformas.

En adelante, los intereses nacionales, y, a su lado, los intereses de las personas cotizantes, deben primar sobre los intereses del negocio financiero y lo de las burocracias a cargo de la regulación.

Fuente:

Fondos de pensiones: Los entretelones de una pérdida anunciada

Compartido con SURCOS por el autor.

La reactivación económica en el ámbito local y regional, ¿es posible?

German Masís

Diversos sectores políticos, sociales y empresariales han reclamado a la Administración Alvarado una estrategia o al menos una agenda de reactivación económica del país, frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia del covid-19.

No obstante, aunque en algún momento el Gobierno actual ha mencionado la posibilidad de la reactivación económica, no ha propuesto un plan en esa dirección, pero sí impulsa actividades y proyectos a nivel local y regional, que las autoridades de varias instituciones ubican en el camino de la reactivación económica.

Estas acciones y proyectos son ejecutadas por varias instituciones como el IMAS, el INDER, el ICAA, el MIVAH, la CCSS y el CNP, implican una cuantiosa inversión de recursos y son parte de la acción institucional en cada región o de los programas de desarrollo impulsados por la presente administración en varias regiones.

En el mes de febrero, se han difundido varias informaciones con respecto a la inversión estatal en el desarrollo local y comunal en diferentes regiones del país, como parte de las acciones institucionales para el desarrollo social y productivo y la reactivación económica post-pandemia.

Se ha informado que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) invertirá ¢1800 millones en 24 iniciativas comunales y proyectos productivos que impactará al menos a 37 mil personas a lo largo de este 2021. Se estima que la construcción de las obras y el impulso de proyectos de impacto responde a los planes de recuperación económica y desarrollo territorial impulsados por el Gobierno de la República.

La mayor inversión se da en la región Brunca (¢662 millones), seguida por San José Rural (¢436 millones); Huetar Norte (¢395 millones); Guacimal de Puntarenas (¢121 millones); Santa Cruz de Guanacaste (¢90 millones); Río Cuarto de Alajuela (¢68 millones); y Bratsi de Talamanca, Limón (¢27 millones).

Entre los principales proyectos a impulsar en la Región Brunca, la cual históricamente ha mantenido rezagos importantes en sus principales indicadores socioeconómicos, se encuentran 10 de los 14 proyectos con una inversión de ¢494 millones y 37% de los recursos económicos asignados, dirigidos a apoyar a 3.585 productores de la Zona Sur, como las siguientes:

  • Construcción y equipamiento de una planta agroindustrial para los cultivos de maíz y frijol en el Águila de Pejibaye de Pérez Zeledón.
  • Planta procesadora de hongos para la Asociación de Damas Empresarias de La Libertad de San Vito.
  • Construcción y equipamiento de un centro de acopio para la recolección y producción de miel de mariola para las mujeres de la Asociación del Corredor Biológico Alexande Skutch, en el Área de Conservación La Amistad – Pacífico.
  • Mejoras del centro de acopio y compra de equipo para producción de granos básicos para los productores de Guagaral, en el cantón de Buenos Aires.
  • Equipamiento de la Sala de Capacitaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur (UTAGASUR), con equipo de cómputo y proyección en la Campiña de Corredores.

También, en la Región Brunca se encuentran la construcción de dos casas de salud ubicadas en Santa Lucía de Chánguena, en Buenos Aires, y en la Reserva Indígena de Altos de San Antonio del cantón de Corredores, para una inversión superior a los ¢168 millones que beneficiará a cerca de 826 personas.

En la Región Huetar Norte, alrededor de 5.590 personas se beneficiarán con la inversión de más de ¢395 millones en la construcción de un ramal del Acueducto La Virgen y El Coroso, en Los Chiles; un tanque de almacenamiento de agua de 500 m3 para Caño Negro y La Chompipera, en Yolillal de Upala; la construcción de un Centro de Formación Articulado Integral que se ubicará en Santa Rosa de Pocosol de San Carlos y una sala de terapia física, una planta de tratamiento de aguas negras y servidas y una batería de servicios completa para el Hogar de Ancianos de Bijagua de Upala.

Además, en esta misma región, se ampliará el apoyo al centro multifuncional del cantón de Río Cuarto, ya que sumará ¢68 millones en obras complementarias a dicho proyecto en el que el IMAS invirtió ¢85 millones para su construcción en el año 2017 y que beneficiará a 5.000 personas de esa comunidad.

Mientras que en Guanacaste se invertirán ¢90 millones en la construcción de un centro de formación integral, recreativo, social, cultural y educativo ubicado en El Socorro de Santa Cruz, facilitando las condiciones de vida de 125 personas aproximadamente.

Cerca de esa provincia, en Santa Rosa de Guacimal de Puntarenas, 350 personas de sus comunidades vecinas se verán beneficiadas con la construcción de un consultorio médico de visita periódica con una inversión de ¢121 millones.

Por su parte en Bratsi de Talamanca, en la región Atlántica se invertirán más de ¢27 millones en dos proyectos que tienen como objetivo promover el valor agregado en la producción de plátano en Bratsi de Talamanca, Limón, para facilitar las condiciones laborales de 104 personas aproximadamente.

Adicionalmente se menciona que en las Comunidades rurales de San José la inversión social será superior a los ¢436 millones distribuidos en cinco proyectos, entre los que destacan la construcción del edificio de la Cruz Roja en Acosta por ¢200 millones; el nuevo puesto de visita periódica de salud en La Legua de Aserrí con un presupuesto de ¢100 millones y se destinarán ¢90 millones para mejoras en la red de distribución de agua potable de Bijagual de Turrubares, estos proyectos contribuirán a mejorar la calidad de vida de 21.493 personas aproximadamente.

Todos los proyectos apuntados, representan acciones concretas con las que el IMAS contribuye al desarrollo social y productivo de algunas comunidades y en las que según el Presidente Ejecutivo de esa institución “con esta inversión buscamos oportunidades de reactivación económica e inclusión social, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y al aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y se inscribe en la visión “del desarrollo humano sostenible como una aspiración que construimos desde el territorio y de la mano de las comunidades.”(ElPaís.cr,9-2-2021)

Igualmente, la Mesa Caribe instancia multisectorial de diálogo entre el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada en la región Huetar Atlántica, proyecta para este 2021 una serie de inversiones en procura de mayor desarrollo, reactivación económica, fuentes de empleo y de mejores oportunidades para los habitantes de la región Caribe.

El vicepresidente Rodríguez coordinador de la Mesa citó una serie de proyectos en esa Región Caribe, que se entregarán a lo largo de este año, haciendo referencia a la pronta inauguración del puente binacional sobre el río Sixaola, fronterizo con Panamá, en el que se invirtieron $25 millones.

Asimismo, enumeró proyectos como las nuevas instalaciones del INA; la entrada en operación del Centro de Desarrollo Empresarial; la reactivación de espacios públicos financiados por JAPDEVA; los estudios de factibilidad del tren eléctrico de carga; la entrega de obras del BID cantonal 2, en Pococí, Matina y Siquirres; la inversión en obras deportivas y educativas en varios cantones; los proyectos de vivienda y la adquisición del terreno del nuevo Hospital de Limón.

El Ministerio de Educación Pública invertirá este año ₡12.800 millones, mientras que la proyección de inversión para 2021 es de ₡6.509 millones por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados proyecta invertir en la región para el período 2021-2022, ₡12.000 millones.

Por su parte JAPDEVA, aprobó un primer bloque de proyectos que promueven el desarrollo de la provincia por un monto de inversión de $10.5 millones de dólares (₡6.348 millones aproximadamente). Dichos proyectos se agrupan en tres ejes: ordenamiento territorial para la atracción de la inversión, fomento del turismo a través de la intervención urbanística en las comunidades e infraestructura.

El vicepresidente afirmó que el 2021 es un año clave para la reactivación económica de la región. Hemos arado y sembrado el terreno y, con el apoyo de los clústeres, sabemos que vamos por buen camino. La pandemia nos golpeó fuerte, pero debemos seguir generando acciones que procuren una recuperación y protección del empleo” (ElPaís.cr,18-2-2021)

Así mismo, la inversión en infraestructura habitacional ha sido otra de las áreas en las que la administración Alvarado ha procurado generar alternativas de reactivación en las diferentes regiones del país, con ese propósito el Banco Hipotecario (BANHVI) aprobó nueve proyectos habitacionales en la Región Brunca, de los cuales cuatro ya han sido concluidos y cinco más se encuentran en su fase de construcción.

Dentro de los proyectos concluidos, se encuentran Kilómetro 20, ubicado en Golfito habitado por 65 familias en situación de extrema necesidad, y fue entregado en diciembre anterior por el presidente de la República y la inversión fue de ¢1.109 millones.

La población indígena, ampliamente arraigada en la Región Brunca, ha sido beneficiada con 231 viviendas, de las cuales 132 ya habitan sus casas, en poblados de los territorios Coto Brus (Ngöbe, etapa I), Salitre y en Curré (Rey Curré) de Buenos Aires de Puntarenas.

Las 99 viviendas restantes están en proceso constructivo, con diferentes porcentajes de avance. Se trata de la segunda etapa en Salitre (Buenos Aires) y en Ngöbe en Limoncito (Coto Brus); Boruca (Buenos Aires), y en Conte Burica (Golfito).

La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), destacó que estos proyectos no solo permiten que las personas tengan una vivienda digna, sino que contribuyen a reactivar la economía. “Este es uno de los principales aportes del BANHVI a los esfuerzos por lograr la reactivación económica y contribuir con la generación de empleo” (ElPaís.cr,20-02-2021)

En el ámbito de inversión productiva regional, el Gobierno autorizó recientemente al Instituto Nacional de Seguros a donar ₡1.500 millones al Consejo Nacional de Producción para la construcción del Centro de Valor Agregado (CVAA) de la región Huetar Norte.

Este proyecto -liderado por el CNP- estará ubicado en Santa Clara de Florencia de San Carlos y beneficiará de manera directa a 2.000 Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (PYMPA) de la región, con miras a desarrollar productos con agregación de valor, tanto para mercado interno como externo.

El CVAA se pretende construir en un terreno de 24,041 m2 con una inversión total de ₡2.600 millones, de los cuales ₡1.500 millones aportados por el INS para infraestructura; ₡1.040 millones entregados por el INDER para equipamiento y el resto por el CNP.

El Centro de Valor Agregado Agropecuario contará con una infraestructura moderna, tecnología de punta y equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento, específicamente en cinco áreas: panificación, lácteos, frutas y vegetales, cárnicos y mínimamente procesados

El presidente Alvarado comentó acerca del CVAA que “esta iniciativa se enmarca en la estrategia del gobierno de reactivar la economía de la región por medio de la innovación, la tecnología y la capacitación del sector agrícola. (ElPaís.cr,4-2-2021)

La información sobre la inversión institucional presentada, parece revelar que la reactivación económica en las regiones y comunidades del país se encuentra en marcha y que la apuesta global del Gobierno por el aumento de la inversión pública como mecanismo de mejoramiento de la infraestructura social y productiva y de la generación de empleo, pueden ser consideradas como parte de la necesaria reactivación económica; queda por constatar si es así o si sólo son actividades puntuales de la gestión gubernamental.

 

Imagen de cabecera tomada de Semanario Universidad.

Un acto de sensatez, con impacto global

Armando Vargas Araya, Embajador de Costa Rica en Australia

Palabras en la actividad «Adiós a las armas. Países sin ejército permanente.  Seminario web en ocasión del 72 aniversario de la abolición del ejército en Costa Rica», Centro Nacional Australiano de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional de Australia, Canberra, 1.° de diciembre de 2020.

El historial de 72 años sin un ejército permanente en Costa Rica, demuestra de manera fehaciente que es posible y positivo organizar un Estado sobre los principios de la confianza mutua, la paz y la no violencia. Aún más, es prueba coherente de que los estamentos militares, el dispendio en armamentismo y las guerras de agresión son incompatibles con la construcción de una cultura de paz. Las naciones pueden gozar de seguridad interna y defensa externa garantizadas por las instituciones de la democracia, el imperio del derecho internacional y los organismos multilaterales. La decisión de abolir el ejército es un acto de sensatez, de enaltecimiento civilizador y una apuesta al sentido común de cooperación humana.       

Al traspasar el cuartel Bella Vista al Ministerio de Educación para el Museo Nacional, el estadista José Figueres dijo el 1.° de diciembre de 1948: «Somos sostenedores del ideal de un nuevo mundo en América. A esa patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí, queremos hoy decirle: ¡Oh, América! Otros pueblos te ofrendan sus grandezas. La pequeña Costa Rica desea ofrecerte su amor a la civilidad, a la democracia».

Ese día luminoso se hicieron realidad ideales largamente anhelados. Cuatro años después de lograr la independencia de Imperio Colonial Español, el primer Jefe de Estado Juan Mora Fernández advertía en 1825: «La fuerza pública –que en otros Estados es un elemento indispensable del Gobierno– a veces ha sido un instrumento ominoso de tiranía, una fuente oscura de anarquía y desorden, o una plaga que ha devorado a los hombres y sus propiedades. Nuestro Estado se apoya en el libre consentimiento de sus hijos. Nuestra milicia está compuesta de ciudadanos honestos, labradores pacíficos, artesanos y trabajadores dedicados honesta y constantemente a sus tareas particulares… quienes no tienen otra aspiración que cumplir con sus deberes domésticos y defender al Estado cuando la autoridad los llame». Y en 1891, el dirigente del liberalismo radical Félix Arcadio Montero propuso: «No habrá ejército permanente, cuando reina la paz. Para mantener el orden y velar por la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, se establece la institución de la policía».

Aquel pueblo rural de 825 000 habitantes, auténtica república del café cultivado sobre las empinadas serranías del centro del país –donde la frecuencia de los obstáculos obliga a no apartar los ojos del camino y a mantener el pie siempre firme–, escogió el derrotero del trabajo y la paz. Así se hizo realidad la definición del historiador francés Fernand Braudel: «La montaña es el refugio de las libertades, de las democracias y de las ‹repúblicas› campesinas›.»

He aquí cinco, entre muchos, beneficios producto de la abolición del ejército. 

– Mayor inversión de recursos económicos en programas educativos y sociales: 7,4 % del PIB en educación, 7,36 % en salud pública, expectativa de vida de 80,4 años. 

– Una cultura civilista y pacifista, que se transmite a todos los aspectos de la vida cotidiana: 11,2 homicidios por 100.000 habitantes (2019), comparado con 25,9 en Centroamérica. 

– Reconocimiento mundial como nación libre, democrática y pacífica: dos invasiones armadas externas repelidas, sin restablecer el ejército. En la crisis centroamericana de seguridad de los años 80, se logró resistir presiones hegemónicas para restaurar el ejército. 

– Estabilidad institucional y política: desde 1948 se han registrado 71 golpes de Estado en Latinoamérica, ninguno en Costa Rica. Dieciocho elecciones presidenciales consecutivas y contando. 

– Atracción de inversión extranjera directa: US$ 2.764 billones (2018), octavo mayor receptor de IED en Latinoamérica.

La abolición del ejército no fue un hecho aislado sino la consecuencia de una trayectoria nacional. Y por ello mismo, un proceso dinámico que requiere ajustarse a las condiciones cambiantes. Desafíos tales como el aumento del nivel de los océanos por el cambio climático, las amenazas a la salud pública por pandemias virales, la explotación de nuestras riquezas marinas por flotas foráneas, la destrucción indiscriminada de la biodiversidad, el terrorismo y el crimen concomitante (ataques cibernéticos), el debilitamiento del multilateralismo y nuevas formas sutiles de hegemonía. Definir y actualizar una Doctrina Nacional de Seguridad y Defensa es tarea compleja pues no hay ejemplos a emular. La desmilitarización no es un lecho de rosas.

La trayectoria de Costa Rica prosigue con el desarrollo de instituciones jurídicas y derechos humanos vinculados a la paz. En las cuatro décadas más recientes, la república se comprometió legalmente ante la comunidad internacional a cumplir una neutralidad estricta, amplió los derechos fundamentales para incluir el derecho a la paz garantizado a cada habitante, prohibió la fabricación e importación de armamentos de guerra, decidió educar a las nuevas generaciones en una cultura de paz y confianza mutua, acogió la sede de la Universidad para la Paz. En foros multilaterales ha promovido iniciativas como el Tratado sobre Comercio de Armas, el Plan Centroamericano de Paz o el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Con razón, la candidatura presentada por académicos y parlamentarios escandinavos durante cinco años consecutivos prosperó, cuando al Pueblo de Costa Rica le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz 1987.

Estos 23 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas no tienen ejército permanente: el Principado de Andorra, la República de Costa Rica, la Mancomunidad de Dominica, Granada, la República de Haití, Islandia, la República de Kiribati, el Principado de Liechtenstein, la República de las Islas Marshall, la República de  Mauricio, los Estados Federados de Micronesia, el Principado de Mónaco, la República de Nauru, la República de Palaos, La República de Panamá, el Estado Independiente de Samoa, la República de San Marino, las Islas Salomón, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tuvalu, la República de Vanuatu y la Ciudad Estado del Vaticano. Quizá la hora sea llegada de reunir a estas naciones con objetivos como dar voz a posiciones contra la carrera armamentista y la guerra, fomentar el desarrollo de una cultura de paz y confianza mutua, promover estudios académicos e investigaciones comparativas sobre seguridad y defensa en países sin ejército permanente, compartir su experiencia con otros pueblos que opten por la misma vía pacífica, reconocer con un premio anual a quien se distinga en sus luchas por la paz y la comprensión mutua. La Grecia Clásica y la Federación Helvética han orientado los derroteros de la humanidad, como en el futuro podrían hacerlo también estas naciones ubicadas en el mar Caribe, Centroamérica, Europa, los océanos Índico y Pacífico.

Un filósofo mediterráneo adelantó: «Si la humanidad escribe el futuro, no con sangre, sino con el espíritu, Costa Rica, vaticino, contribuirá de manera valiosa al reencuentro, racional y razonable, de los hombres». Nuestra convicción es que, en el espacio de las ideas y la perspectiva de las iniciativas constructivas, no hay países grandes, medianos o pequeños: todos los Estados somos iguales. La guerra y la paz nos afectan a todos por igual. Benditos sean los hacedores de la paz.

Imagen ilustrativa, tomada de la BBC Mundo

San Lucas: Conservación y Patrimonio ¿para beneficio de quiénes?

El Gobierno de Costa Rica ha celebrado recientemente la reapertura de Isla San Lucas a la visitación turística, tras algunas remodelaciones. El Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas es un territorio recuperado por el bosque seco, luego de que se inhabilitara para uso penitenciario en 1991.

Una semana atrás, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la conversión del Refugio Nacional de Vida Silvestre en un Parque Nacional, incluyendo su perímetro marítimo hasta los 6 metros de profundidad. Se pretende con este proyecto mejorar la obtención de recursos económicos “para la conservación” de la Isla bajo la categoría de Parque Nacional.

Intereses comerciales sobre el RNVS Isla San Lucas

En el año 2008, siendo ministro de Turismo, el actual diputado Carlos Ricardo Benavides presentó una propuesta de Decreto para segregar un área de 25 hectáreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas para que la Municipalidad de Puntarenas la administrara con fines turísticos.

La fragmentación del área de patrimonio histórico y la playa Cocos, pretendía ser compensada con 210 hectáreas en el mar, un tema que ambientalmente no tenía ningún fundamento, y por lo cual se presentaron tres acciones de inconstitucionalidad que en su momento determinaron la improcedencia de su aplicación.

Parque Nacional ¿Oportunidad para las comunidades del golfo?

En el planteamiento actual, lo que se observa es un cambio de categoría de conservación, elevándose en importancia al nivel de Parque Nacional, pero con un fuerte componente de inversión en las infraestructuras como atractivo turístico, justificándose en la necesidad de aumentar la recaudación de recursos para conservar, ante el progresivo abandono y deterioro de la isla.

Para el ecologista Juan Figuerola, quien trabajó varios años junto con las poblaciones de las islas Venado, Caballo y Chira, es obligatorio evaluar la oportunidad que esto puede significar para los habitantes del golfo, que históricamente han sido excluidos de las decisiones políticas centrales y amenazados de desplazamiento.

Figuerola propuso en el 2010 la posibilidad de crear condiciones de participación prioritaria de personas locales como guías turísticos hacia la isla y en las estrategias de conservación del patrimonio natural e histórico, permitiendo que haya participación económica para estas poblaciones, que subsisten casi exclusivamente de la pesca tradicional con sus limitaciones. “La conservación no puede existir sin la gente”, concluye al consultársele sobre la creación del Parque.

Mientras tanto, el abogado Álvaro Sagot manifestó su preocupación por el componente del desarrollo en infraestructuras turísticas, al desconocer los criterios técnicos para justificar la capacidad de carga que garantice a futuro el cumplimiento del objetivo de conservación, recalcando los intereses inconstitucionales que han existido para abrir la isla al turismo y crear condiciones para beneficios particulares.

Necesidad de un enfoque de ecología social

Para la FECON es prioritario que se garantice la inclusión social de las comunidades del golfo de Nicoya en las actividades de conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio Natural e Histórico de Isla San Lucas, bajo la categoría de conservación que sea.

Si el proyecto en San Lucas no logra articular las economías locales, estaría gestándose un nuevo espacio de exclusión para las comunidades de base pesquera, que necesitan integrarse en la protección del golfo, en lugar de ser invisibilizadas y tener que enfrentar la negación sistemática de su espacio de vida histórico.

 

*Imagen: Entrada a zona patrimonial de San Lucas. Foto: Francis Cordero.

Ajuste económico: ¿Desempleo o Inflación?

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

El combate a la pandemia del Coronavirus Covid-19 ha provocado un deterioro grave del proceso económico. Todos nos preguntamos: ¿Qué es lo que hay que hacer para recuperar la economía?

En el cortísimo plazo el gobierno ha actuado para solventar las necesidades más apremiantes mediante el uso de financiación de organismos internacionales. Eso es está bien, pero no es suficiente.

Todos sabemos que el deterioro de la actividad productiva no volverá al estado anterior a menos que se haga un esfuerzo extraordinario. El peor flagelo a que nos vemos sometidos es el desempleo, causa de innumerables problemas sociales y el cual es imposible de subvencionar en solo en el largo plazo sino también en el corto y mediano plazo.

Ya en el año 2015, Mario –Dragui, presidente del Banco Central Europeo advertía del peligro de la histéresis, que sucede cuando el desempleo coyuntural se trasforma en desempleo estructural. Si la persona pasa un período largo desempleado se le hace cada vez más difícil reintegrarse al trabajo.

Eso no nos es extraño, ya tenemos un desempleo de larga data ¿Qué pasaría entonces si el desempleo coyuntural provocado por la pandemia también se nos vuelve endémico?

Veamos cual es la situación desde la perspectiva económica actual:

1. Hay sectores económicos paralizados.
2. El desempleo se incrementó peligrosamente.
3. Las transacciones económicas disminuyeron.
4. La velocidad de circulación del dinero ha disminuido.
5. Ha aumentado la morosidad en los créditos.
6. La mayoría de la población está endeudada.
7. Hay muy pocas oportunidades de inversión.
8. El gobierno tiene un déficit fiscal y una deuda creciente.
9. El valor de la moneda se mantiene estable.
10. El Banco Central tiene un acopio de moneda internacional muy importante.

¿Cuál es entonces el paso necesario para iniciar un proceso de reactivación?

La clave está en el Banco Central. Es el único actor económico que tiene posibilidades de impulsar la economía.

Por tres razones:

1. Es necesario generar inversión y para ello se necesita dinero. El BCCR es quien puede aumentar la emisión monetaria y financiar al gobierno y las instituciones públicas para generar inversión en obra pública.
2. El Banco Central tiene capacidad de monitorear la estabilidad de la moneda con los recursos que tiene como reservas de tal manera que si se produjera un aumento de los precios por variación en el tipo de cambio este fuera suave o moderado.
3. El aumento del circulante no produciría inflación porque siendo la velocidad de circulación muy baja los precios no subirían, lo que subiría serían las transacciones, dado también de que no hay pleno empleo. -recordemos la ecuación: MxV=TxP. Con el crecimiento de la producción se absorbe el exceso de liquidez.

El modelo de la política económica en los países de la OCDE:

Veamos cual es la política económica que están siguiendo las principales economías del mundo.

Francia: Estímulo Fiscal del 15% del PIB.

Reino Unido: 17% del PIB

Alemania: 14% del PIB

Estados Unidos de América: 10% del PIB.

Se calcula que el conjunto de países del G20 han aprobado estímulos de un 8% del PIB en promedio.

Conclusión lógica y práctica:

1. No estaríamos inventando nada diferente a las políticas que siguen los países más importantes. Es la respuesta necesaria ante lo que podría ser la recesión más grande del siglo
2. Estaríamos supliendo una necesidad básica, la inversión pública, para reactivar el proceso económico.
3. No hay peligro de inflación, desde ningún punto de vista, por lo tanto, la disyuntiva desempleo o inflación no existe. No hacerlo sería como negarle la medicina que salvaría al enfermo por la presunción de que la medicina produzca un efecto secundario.
4. Los grandes objetivos para lograr un crecimiento pos pandemia es fortalecer la capacidad de la población, capital humano, y mediante la inversión pública en infraestructura crear las condiciones materiales para desarrollar el proceso productivo.

Las oportunidades de inversión son muchas y están sobre la mesa, el país venía sufriendo un retraso de por lo menos veinte años en el desarrollo de su obra pública.

Veamos algunas posibles obras que han sido ya consideradas:

a. Las obras escolares que no pudieron terminarse por agotamiento de los recursos previstos y otras muchas para desarrollar el sistema de educación de la población.
b. Los hospitales de Puntarenas, Cartago, Turrialba, Blanco –Cervantes, Torres Médicas en los hospitales metropolitanos, y otros más que están previstos, además de los EBAIS que son necesarios, para lograr una salud optima de la población.
C. Las carreteras a San Ramón, Cartago, Limón (túnel y semi-tuneles), San Carlos, Lindora, Interamericana Sur, Puriscal, etc. con lo cual se obtendría un desbloqueo del trasporte de personas y cargas.
d. Los puentes en deterioro que no se han podido reparar (el de la Amistad y muchos más).
e. La ampliación del puerto de Caldera y la reconstrucción del ferrocarril eléctrico a Puntarenas, con extensión a Guanacaste.
f. El tren eléctrico metropolitano.
g. Un plan de construcción de vivienda popular para suplir el déficit habitacional.
h. El metro o tranvía metropolitano que conecte al Sur con el Norte
i. Otras muchas inversiones previstas que no se han podido realizar por falta de financiación.
j. El ferrocarril Turrialba-Limón y Quepos-Golfito.
k. El Canal Seco por las llanuras del Norte.
l. Crear un gran laboratorio para ampliar la producción y la gama de medicamentos e insumos hospitalarios en una asociación empresarial de la Caja con los laboratorios privados,
m. Recompra de la inversión en telecomunicaciones por parte del ICE a las empresas foráneas.
n. Inversiones de la empresa privada en proyectos de interés productivo nacional.

*Correo-e: johjibual@gmail.com
Curridabat San José

 

Imagen UCR.

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UCR: Inversión de ¢1 000 millones en el Recinto de Guápiles fortalece la regionalización universitaria

El Rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, y la Directora del Recinto de Guápiles, Rosa Julia Cerdas, realizan el corte de cinta con el cual se inaguraba oficialmente el nuevo módulo de aulas y el edificio de residencias estudiantiles. Los acompañan la señora Vice rectora de Docencia, Marlen León y el Vice rector de Administració Carlos Araya.

Fue el 1 de setiembre del 2017 que las autoridades de la Universidad de Costa Rica se trasladaron al Recinto de Guápiles para el acto oficial de colocación de las primeras piedras del nuevo módulo de aulas y el edificio de Residencias Estudiantiles, que se unían a la inauguración, esa misma fecha, del Laboratorio Multimedia de idiomas, una cancha sintética de fútbol cinco, y un mural diseñado por estudiantes de la carrera de diseño gráfico.

Poco más de un año después, el Recinto de Guápiles de la UCR inaugura dicho pabellón de aulas y las tan esperadas Residencias Estudiantiles, el pasado 6 de diciembre durante una significativa ceremonia, a la que asistieron diferentes autoridades universitarias, autoridades de gobierno de la región de Pococí, así como estudiantes y funcionarios del Recinto. Estas nuevas infraestructuras propiciarán mejores condiciones para atender a los estudiantes de diferentes zonas de la provincia de Limón.

Las obras forman parte de una determinante inversión que la Universidad de Costa Rica está realizando en las Sedes y Recintos en diferentes regiones, con el objetivo de facilitar no solo el acceso a la universidad de un buen grupo de estudiantes que concluyen la secundaria, sino también su permanencia y el acompañamiento hasta la culminación de sus estudios universitarios.

Las nuevas edificaciones cuentan con muy buena iluminación natural y con techos altos para favorecer la salida del aire caliente, sobre todo por las condiciones climáticas de la región. El área total de construcción es de 500 mts. cuadrados el módulo de aulas y 796 mts. cuadrados las residencias estudiantiles.

La Directora del Recinto, Rosa Julia Cerdas, destacó que esta inversión viene a potenciar aún más el mejoramiento de la educación en la zona, beneficiando en forma directa a las comunidades de la región de influencia de este recinto universitario.

La Directora destacó en sus palabras que “al cumplir nuestro país 50 años de regionalización de la educación pública universitaria, se ven coronados los esfuerzos sostenidos de todos los Directores y Directoras del Recinto, quienes a lo largo de sus gestiones impulsaron los diferentes proyectos de crecimiento”.

Estas nuevas edificaciones en el Recinto de Guápiles conforman una inversión aproximada de mil millones de colones, con todo y equipamientos. Más de 450 estudiantes universitarios y 150 de educación continuase benefician con el módulo de aulas que consta de 6 espaciosas aulas climatizadas con capacidad para 40 estudiantes, pizarras, acceso a Internet, pantallas y proyectores de audiovisuales.

“Este módulo de aulas permitirá trabajar con moderno mobiliario, en clara contribución a una docencia a la altura de universidades de primer mundo. Una residencia estudiantil diseñada con altos estándares constructivos, que toman en cuenta el trópico húmedo y la historia arquitectónica de la región, y que será el hogar temporal de 26 estudiantes”, subrayó la señora Directora

Las Residencias estudiantiles cuentan con áreas de lavado, cocina, comedor, áreas de estudio y habitaciones para dos personas con el mobiliario incluido (mesas, sillas, armario) Estas residencias cuentan con áreas adecuadas al cumplimiento de la Ley 7600 (Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad) y se ha acondicionado un dormitorio con esas características.

El crecimiento de las instalaciones del Recinto de la UCR en Guápiles fortalecen cada vez más el empoderamiento de la población en los proyectos que la universidad propone y pretende desarrollar en conjunto, como un actor más de la comunidad.

 

María Encarnación Peña Bonilla

Periodista Oficina de Divulgación e Información.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Aclaración ante nota del Diario Extra titulada: «UCR gastaría ¢6 600 millones en salas de yoga»

La información fue publicada este jueves 18 de octubre

La información publicada en el Diario Extra no se ajusta a la realidad. Imagen: ODI-UCR.

El título que se consigna en la portada del Diario Extra para señalar gastos de la Universidad de Costa Rica (UCR) es falso, pues esta casa de estudios superiores no contempla dentro de su Plan de Inversión en Infraestructura construir salas de yoga ni ningún proyecto deportivo.

Además, los periodistas Sergio Jiménez y Bharley Quirós titulan la nota interna del Diario Extra de manera inexacta, ya que induce a las lectoras y a los lectores al error, pues la UCR no gastará ese monto ni ningún otro para construir un complejo universitario.

Ante la solicitud de información del periodista Sergio Jiménez, la UCR le aclaró que preliminarmente se valoró la posibilidad de desarrollar un complejo de vida universitaria, pero dado el contexto fiscal del país y las medidas para reducir el gasto implementadas por esta Universidad, se tomó la decisión desde hace seis meses de no construir dichas instalaciones y dar prioridad al desarrollo regional en sus sedes y recintos.

La denuncia que realiza la diputada Carmen Chan del Partido Restauración Nacional (PRN), y que es la fuente primaria de la nota que publica el Diario Extra, carece de veracidad en el momento actual, pues señala la construcción de un proyecto que no pasó de la etapa conceptual y que, por motivos de contención del gasto, la UCR –responsable como siempre lo ha sido del manejo de los fondos públicos– decidió no llevar a cabo.

Aunado a esto, tampoco es veraz la cifra que la diputada Chan del PRN aporta sobre la inversión en sedes y recintos de la UCR.

Finalmente, la Universidad de Costa Rica le recuerda a la prensa nacional su labor esencial de ofrecer información veraz y confiable, con apego estricto a la ética, profesionalismo, imparcialidad y responsabilidad.

Andrea Marín Castro

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Inversión para obras en la UNA debe ejecutarse

Con respecto a la información publicada por varios medios de comunicación, en relación con el presupuesto para las obras de la Plaza de la Diversidad y la Casa Estudiantil, Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA), aclara a la opinión pública:

El proyecto de Plaza de la Diversidad y Casa Estudiantil abre una gran oportunidad de proyección cultural y artística hacia la comunidad herediana y al país, estos por los espacios de vocación cultural con los que cuenta el proyecto. En relación con los recursos económicos, Salom indicó que se obtienen de la inversión ahorrada durante varios años para hacer obras imprescindibles en lo académico, artístico, cultural y recreativo, cuyos dineros, según mandato constitucional, no pueden congelarse en una cuenta bancaria o dedicarse a la cobertura de otros rubros, sino que deben ejecutarse.

  • Plaza de la diversidad: Esta obra incluye la construcción de Museo que contará con galerías, salas de exposición y proyección, bodegas, oficinas administrativas, centro de monitoreo de seguridad institucional, escenario con concha acústica, bosque urbano (rescatando 14 especies autóctonas), rampas y pasarelas con el fin de brindar adecuada accesibilidad a personas con discapacidad a diferentes edificios de los alrededores y de la plaza cumpliendo con la Ley 7600, contempla adecuación de zonas verdes y espacios de permanencia de estudiantes.
  • Casa Estudiantil: Dicha obra contempla bodegas, áreas de carga y descarga, soda universitaria, aula para danza, bodegas de instrumentos, sonido y vestuario, espacios para diferentes órganos estudiantiles, aula taller para la vida estudiantil, oficina de voluntariado, área de comedor estudiantil, espacios de plaza para actividades culturales (danza, teatro, música, etc ) y adecuación de áreas verdes y accesos para cumplimiento de ley 7600, comunicación con parqueo Uriche (existente) con ampliación de 34 espacios para parqueo de vehículos.

Sobre el proceso de licitación

El Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional de la UNA, (Prodemi), la Proveeduría mediante la resolución inicial UNA-PI-D-RESO-0914-2017 del día 21 de agosto del 2017 de la Dirección de la Proveeduría Institucional se inició el procedimiento Licitación Pública 2017LN-000009-SCA para la “Construcción Nueva Plaza de la Diversidad y Casa Estudiantil”.

Dicha solicitud de (Prodemi-UNA), se basó en dos objetivos y metas del Plan Operativo Anual de la UNA del 2017, que es primero, mejorar la calidad y pertinencia de los servicios que brinda Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional de la UNA y segundo gestionar la contratación de 17 proyectos de obras civiles en el año 2017.

El procedimiento de licitación se declara infructuoso por medio de la resolución UNA-PI-D-RESO-1361-2017 18 de octubre del 2017, lo cual fue comunicado mediante aviso en la Gaceta del 26 de octubre del 2017, número 202, ya que para el mismo no se reciben ofertas para este procedimiento.

Con las mismas bases del concurso anterior se reinició la contratación de esta obra por medio de la Licitación Pública 2017LN-000012-SCA, según la resolución inicial UNA-PI-D-RESO-01677-2017 del 18 de octubre del 2017, en el cual mediante diario oficial La Gaceta del 02 de marzo del 2018, N°40, se indicó que el plazo final para la recepción de ofertas es a las 10:00 a.m. del día 19 de marzo del 2018, en el cual se presentaron a concurso las siguientes ofertas:

  1. Oferta 1: Constructora Navarro y Avilés S.A.
  2. Oferta 2: Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A.
  3. Oferta 3: P y P Construcciones S.A.

Una vez recibidas las ofertas se realizaron las siguientes etapas del proceso de contratación administrativa.

  • Análisis formal de las ofertas, en las que se determina que las mismas cumplan con aspectos formales y generales solicitados en el cartel de licitación, lo que se hace desde la Proveeduría Institucional de la UNA.
  • Análisis técnico, el cual se hace desde Prodemi-UNA, que busca determinar que las ofertas cumplan con todos lo solicitado técnicamente para la ejecución de la obra, además de determinar la razonabilidad del precio de las ofertas, esto además de determinar que el procedimiento este de acuerdo a los planes y metas establecidos en la decisión inicial, esto para cumplir con los fines de la contratación y satisfacer el interés público que le es inherente a la misma.
  • Análisis integral, que es un recopilación de los dos últimos, en el que además se realizan las justificaciones jurídicas y financieras de cada criterio dado en la Proveeduría Institucional de la UNA.

Con los análisis anteriores efectuados, se adjudicó el procedimiento de Licitación, 5 de octubre del 2018, por medio de la resolución de la Comisión de Compras número UNA-PI-D-RESO-1227-2018 y se pública la adjudicación en el periódico oficial La Gaceta del 9 de octubre del 2018 número 186.

Defensa y promoción de los valores

En vista de un vídeo que circula desde el martes, 9 de octubre de 2018, por la redes sociales, pretendiendo confundir a la opinión pública, en el sentido de que la institución construirá una “plaza de la Diversidad, denominada plaza Gay de la UNA”, esta Rectoría aclara que primer lugar, la Plaza de la Diversidad de la UNA, ubicada entre los edificios de las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras, en el Campus Omar Dengo en Heredia, se inauguró en 2006 por las autoridades universitarias de ese entonces, cuya creación involucra una definición mucho más amplia que el favorecimiento a determinado sector de la sociedad.

A la vez, respaldada en la “Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, aprobada por unanimidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el 11 de setiembre de 2001, la cual establece elevar la diversidad cultural a la categoría de “Patrimonio común de la humanidad”, tan necesaria para el género humano, como la diversidad biológica para los organismos vivos y se erige su defensa en imperativo ético indispensable respecto de la dignidad de la persona.

En relación con la definición que hace la persona del vídeo de que será una “plaza para los Gays”, esta Rectoría aclara que el nombre de la Plaza de la Diversidad se fundamentó en el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la UNA, según el ARTÍCULO TERCERO, INCISO II, de la sesión ordinaria celebrada el 1 de junio del 2006, acta No. 2762, que dice:

  1. El reconocimiento de la diversidad es intrínseco a la Universidad es así que su misión establece la defensa y la promoción de los valores que guían la vocación institucional y que están estrechamente relacionados con el concepto de diversidad: el compromiso social, el respeto y el diálogo, la equidad entendida como la condición de trato equitativo en oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos, de forma que se desarrollen plenamente sin discriminación por razones políticas, de sexo, condición social, edad, religión o etnia.
  2. La diversidad cultural se manifiesta en la diversidad política del lenguaje, de las creencias religiosas, en el arte, en la música, en la estructura social, orientación sexual y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana. Nuestra diversidad es también reflejo de valores tales como el pluralismo de ideas, el acceso y participación efectiva de las personas, así como la libertad de expresión y de elección.
  3. La convivencia de diversidades culturales, étnicas y religiosas, así como el diálogo entre civilizaciones y dentro de ellas, son esenciales para la paz, la comprensión y la amistad entre los individuos y los pueblos y naciones del mundo, mientras que las manifestaciones de prejuicios, intolerancia y xenofobia generan odio y violencia.

Dicho acuerdo agrega que el diseño de la plaza tiene como principio orientador el garantizar un espacio para la convivencia, la vida universitaria, la expresión de las diversas manifestaciones culturales y para una mejor interacción con la comunidad herediana y nacional.

Asimismo, que a partir de los elementos señalados se puede comprender la importancia que adquiere en la actualidad avanzar hacia sociedades cada vez más inclusivas, para lo cual se requiere de concepciones que partan de la diversidad como principio fundamental traducido en acciones que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Como Universidad Necesaria, promovemos una perspectiva de Universidad Abierta, siendo coherentes con lo establecido con el principio de transparencia que nos dicta nuestro Estatuto Orgánico y al derecho constitucional que tienen los habitantes al acceso a la información pública”.

***Mayor información con: Dr. Alberto Salom, Rector UNA (2277-3604), o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3464).

M.Sc. Efraín Cavallini Acuña.

 

 

*Imagen tomada del video de Youtube titulado Proyecto Plaza de la Diversidad y Casa Estudiantil – Mensaje Alberto Salom

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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