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Etiqueta: José Solano Saborío

¿La política por encima de la Constitución? El trasfondo del choque entre el Congreso y la Sala IV

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

Por qué las sentencias constitucionales no pueden ser «ilegales», la regla matemática que valida la lista de 18 candidatos de la Corte y el peligro de subordinar la justicia a las mayorías de turno.

El presente texto constituye una síntesis articulada basada en las reflexiones y criterios jurídicos expuestos por el analista José Solano Saborío en su programa «Entre Verdades y Opiniones», así como en las tesis constitucionales desarrolladas por el jurista Jaime Ordóñez.

La democracia costarricense no se debilita únicamente por la violación flagrante de sus leyes, sino también cuando se pretende reinterpretarlas de manera oportunista al servicio de intereses políticos circunstanciales. Costa Rica atraviesa uno de los episodios institucionales más delicados de sus últimas décadas. El conflicto en torno al nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional ha desatado enfrentamientos de discursos que, en muchos casos, solo han contribuido a aumentar la polarización y la confusión de la ciudadanía.

En este complejo escenario, el analista y abogado José Solano Saborío ha desarrollado en su programa Entre Verdades y Opiniones una exposición detallada de la controversia. Su fundamentación, complementada de forma nítida por las tesis académicas del jurista Jaime Ordóñez, recuerda un principio republicano elemental: los conflictos entre los poderes del Estado no pueden resolverse mediante la imposición de las mayorías, sino a través del derecho y del respeto absoluto a las reglas del orden constitucional.

El punto central de la discusión radica en determinar si la Asamblea Legislativa puede devolver discrecionalmente las nóminas enviadas por la Corte Suprema de Justicia y negarse de forma indefinida a efectuar las designaciones. Tal posibilidad no se encuentra contemplada en la Constitución Política ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Admitir que el Poder Legislativo pueda bloquear de forma reiterada e indeterminada las ternas remitidas por la Corte hasta forzar la aparición de nombres afines a su preferencia política erosionaría la independencia de los jueces, subordinando la judicatura al interés del gobernante de turno.

Bajo esta misma línea de rigor normativo, el argumento político que acusaba a la Corte Suprema de Justicia de enviar una nómina incompleta por remitir dieciocho candidatos en lugar de veinticuatro carece de sustento legal. La razón jurídica es aritmética y categórica: el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece de forma taxativa la obligación de enviar estrictamente dos candidatos elegibles por cada plaza vacante. Al existir exactamente de forma oficial nueve plazas vacantes a magistraturas suplentes en ese momento, la Corte cumplió de manera milimétrica con la ley al estructurar una lista final unificada de dieciocho aspirantes, haciendo que la exigencia de veinticuatro nombres fuese un sinsentido normativo.

Frente al preocupante impasse y punto muerto jurídico generado entre el Congreso y la Corte, la Sala Constitucional no solo tenía el derecho de resolver, sino la obligación y el deber de hacerlo. Como nos lo recuerda Ordóñez, el artículo 10 de la Carta Magna es taxativo al asignarle a esta magistratura especializada la competencia exclusiva de dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado. Como bien argumenta Ordóñez, al dictar su resolución provisional, el tribunal actuó en resguardo del bienestar de las personas, el fin supremo de todo sistema democrático.

Para destrabar el sistema, Ordónez nos hace ver que la Sala IV aplicó de forma unificada cinco principios medulares del derecho constitucional: el principio de continuidad del servicio público de justicia —que evita que miles de personas vulnerables vean suspendida la tutela de sus recursos de amparo en salud o acceso al agua—, la integración constitucional frente a omisiones del Estado, la plenitud hermética del ordenamiento, la prohibición del vacío de tutela y la doctrina de la inconstitucionalidad por omisión.

Esta jurisprudencia integradora no es una anomalía costarricense; es la misma herramienta de funcionamiento del orden constitucional (Funktionsfähigkeit der Verfassungsordnung) que aplica el Tribunal Constitucional Federal en Alemania, o las llamadas sentenze additive empleadas por la Corte Constitucional italiana cuando las omisiones del parlamento amenazan con dañar los derechos fundamentales de la sociedad.

Por esta razón, la narrativa impulsada desde sectores políticos que tachan de «ilegal» la resolución del tribunal denota una alarmante carencia de rigor técnico. Por esencia y naturaleza jurídica, jamás una sentencia de un Tribunal Constitucional puede ser catalogada de ilegal. Al ser el órgano supremo de interpretación de la Carta Magna, sus resoluciones se ubican en la cúspide de la pirámide normativa de Hans Kelsen y poseen un rango superior a la ley ordinaria. Sostener lo contrario es incurrir en un contrasentido conceptual insostenible.

Lo verdaderamente lamentable, y en lo que confluyen de forma categórica las críticas de Solano Saborío y Ordóñez, es observar a diversos periodistas y medios de comunicación repetir y amplificar estas ligerezas jurídicas, confundiendo a la población. Cuando la conveniencia política pretende sustituir al derecho, la institucionalidad democrática se resiente, y cuando el equilibrio de poderes se debilita, es toda la sociedad la que termina pagando las consecuencias.

100 días de Laura Fernández: ¿Gestión Pública, Espejismo populista o Campaña Permanente?

Por: JoseSo | Entre Verdades y Opiniones | Para: SURCOS

En política, los primeros cien días de una administración funcionan como el escaparate que define la ruta y el tono del cuatrienio. El reciente balance presentado por la presidenta Laura Virginia Fernández Delgado desde Zapote prometía ser un corte de caja de gestión ejecutiva, pero terminó convirtiéndose en un guion continuista donde la confrontación institucional sigue siendo la verdadera protagonista de la agenda nacional.

El anuncio del nuevo paquete de proyectos de ley es, en el fondo, un déjà vu. Si bien incluye iniciativas de corte económico y social, el plato fuerte de la narrativa vuelve a ser el intento de limitar las competencias de la Contraloría General de la República. Insistir en reciclar el espíritu de la fallida “Ley Jaguar” —cuyas pretensiones de alterar el control preventivo ya fueron frenadas por la Sala Constitucional— plantea una interrogante ineludible: ¿estamos ante un esfuerzo técnico genuino por hacer más ágil el aparato estatal, o ante la construcción de una coartada política para que el Congreso rechace los textos y poder mantener vivo el discurso del bloqueo?

Sin embargo, el punto más crítico de este informe, analizado desde el rigor de la administración pública, es el anuncio de “100 obras concretas en 100 días”. Apropiarse de megaproyectos como el nuevo Hospital Max Peralta de Cartago, el Hospital Tony Facio de Limón o la Punta Sur de la carretera a San Carlos como logros de la actual administración —o de su predecesora chavista— es un espejismo comunicacional, para su base dura.

Estos son proyectos estructurales de instituciones como la CCSS y el MOPT, que llevan décadas de maduración, diseños y estudios técnicos heredados de gobiernos anteriores. En la gestión pública hay que ser precisos: mezclar intenciones con realidades es un error. Un proyecto en papel, que aún busca financiamiento o está entrampado en apelaciones de adjudicación, no es una obra terminada. Vender el avance de un trámite burocrático de transición como si ya se estuviera cortando la cinta inaugural es un artificio publicitario que subestima al ciudadano.

La cereza del pastel de este evento la puso el hoy ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves. En un intento por marcar una superioridad moral frente a la oposición, Chaves afirmó con vehemencia que en el oficialismo no piensan como “los de la acera del frente” que viven calculando las próximas elecciones, sino que ellos piensan en “las próximas generaciones”. Una frase profunda y de antología, si no fuera porque segundos después, en ese mismo micrófono y casi sin respirar, apeló al más puro cálculo electoral: le pidió al pueblo que notara la diferencia para que en los próximos comicios les den “31, 40 o 45 diputados”.

Esa monumental disonancia en el discurso confirma el diagnóstico que hoy hacen diversos sectores independientes: este Gobierno no ha logrado salir del modo de campaña permanente. Se sigue operando desde la lógica del choque y el titular, midiendo fuerzas para la próxima contienda en lugar de consolidar puentes para gobernar hoy, y anunciar que lograron encontrar tela anaranjada para uniformes penales o quitar tomacorrientes y los hornos de microondas en Cárceles no ayudan para nada.

El capital político de ¿la mandataria? Fernández sigue siendo considerable gracias a su contundente victoria en las urnas, pero la luna de miel de los cien días ya expiró. El reloj no perdona, y la paciencia ciudadana frente a urgencias como el embate del narcotráfico, el costo de vida y las listas de espera de la CCSS, tiene un límite. A partir de ahora, queda en el Ejecutivo demostrar si este mandato se traducirá en la ejecución real de políticas públicas, o si nos mantendremos atrapados en un círculo interminable de verdades a medias y opiniones polarizadas.

Los reyes de barro y su cínica frase: «ticos con corona»…

Por JoseSo (José Solano Saborío)

Resulta tristemente «fascinante» observar cómo el antes sabio pueblo tico ha trocado su histórica prudencia por una adicción al espectáculo, aplaudiendo con fervor mesiánico a quienes, desde el trono de diamantes que ilustra la imagen, les venden el discurso de la austeridad, cambio y honradez, mientras blindan sus propias pensiones de lujo y reparten los activos del Estado a los mismos mercaderes de siempre, con los que fingen pelear. Es una danza cínica donde el gobernante desprecia la inteligencia colectiva con un doble discurso diseñado para el aplauso fácil, mientras que una ciudadanía, anestesiada por la ingenuidad y un analfabetismo político que raya en lo dócil, sostiene la corona de un sistema que, lejos de ser el cambio prometido, es apenas la versión más recargada y costosa de los vicios que juraron exterminar.

Al final, lo que queda es un pueblo que, habiendo olvidado la valentía de sus ancestros, prefiere comprar la ilusión de ser «ticos con corona» antes que reconocer que los han convertido en el accesorio desechable de un teatro donde los mismos actores de siempre siguen repartiéndose la función.

El Jaguar, políticos que orinan agua bendita y la estafa de la división / Entre Verdades y Opiniones

Por JoseSo (José Solano Saborío) – para SURCOS

La política costarricense ha mutado hacia un teatro de sombras donde la verdad es la primera víctima. El juego es antiguo, pero los actores han perfeccionado la técnica: mantener al pueblo en una guerra civil de redes sociales, etiquetando al crítico como “perico” o “zurdo”, mientras en las sombras se orquesta el desmantelamiento del Estado social.

Esta es la “crema de rosas para la chimazón”: un sedante discursivo para que usted no cuestione quién está realmente manejando los hilos.

La supuesta renovación política no es más que un cambio de vestuario para los mismos intereses de siempre. Nos venden una narrativa de “nuevas caras” mientras las agendas neoliberales —la venta del ICE disfrazada de “Armonización Eléctrica”, el BCR, el INS y la asfixia de la CCSS— permanecen intactas. El caso de Freddy González, nuevo secretario general de Pueblo Soberano, es ilustrativo: un pasado muy reciente como liberacionista de la facción de los aristas de toda una vida, que hoy impulsa el “Combo del ICE 2.0” con el texto redactado por la anterior fracción perica liderada por Rodrigo Arias, ahora redimido bajo la bandera turquesa. O el caso de Calixto Chaves, financista de esta estructura, cuyo historial se remonta al cierre del Banco Anglo y deudas que el país aún no olvida.

La estrategia es clara: si usted cambia de bandera, se convierte en “santo varón”. Y si es santo, tiene licencia para exigir que usted se pelee con sus amigos o su familia si osan recordar quién era ayer. Nos inventan etiquetas para atomizarnos. Mientras nosotros nos desangramos en discusiones bizantinas, ellos se reparten el botín.

No nos engañemos: la verdadera división no es ideológica. Somos dos bandos. Por un lado, la clase trabajadora, los emprendedores, los asalariados, los que pagamos cuentas y vivimos encerrados tras rejas mientras los delincuentes andan sueltos. Por el otro, la élite que se financia con nuestros impuestos, que vive en Monterán, que se paga escoltas millonarias mientras recorta presupuesto a la educación y salud pública para justificar sus políticas de “mano dura”. Su “Economía Jaguar” no es más que un espejismo que el FMI ya empezó a desmentir, y cuando el dinero no alcance para sus despilfarros, seremos nosotros, otra vez, quienes pagaremos la factura.

Nos quieren divididos porque saben que juntos somos un problema para sus negocios. La próxima vez que en una mesa familiar o en el trabajo intenten usar la “crema de rosas” del insulto para silenciar su crítica, no caiga en la trampa ni se enoje: exija datos. Defienda la casa. Pregúntele a su diputado, o al líder comunal Jaguar o de oposición por qué apoya la venta de nuestros activos o por qué recorta presupuesto a las escuelas de su comunidad. Involúcrese, vigile en qué gasta su municipalidad y no regale su voto a los mismos que ayer nos estafaron y hoy se cambian el nombre.

Ellos tienen la bandera que cambian a conveniencia, pero nosotros tenemos la realidad… nos toca a los verdaderos ticos con malicia de la buena, pellizcarnos y no volver a ser sus tontos útiles.

Cerrando la puerta al Autoritarismo Populista

Cuando la manipulación y la demagogia no tienen ideología

JoseSo (José Solano-Saborío)

La historia política del último siglo nos ha dejado un catálogo inquietante de líderes que, desde trincheras ideológicas opuestas, han coincidido en algo esencial: la habilidad para seducir, manipular y someter a sus pueblos bajo un relato cuidadosamente diseñado. El fenómeno inicia en el Siglo XX y se sigue consolidando, con líderes carismáticos como Mussolini y Hitler, con su estética marcial y su retórica de destino nacional; Stalin, con su culto al proletariado y su maquinaria de terror; Bolsonaro, con su nostalgia militarista y su cruzada contra “enemigos internos”; Daniel Ortega, con su revolución convertida en feudo personal. Todos, a su manera, han entendido que el poder no se sostiene solo con armas, sino con narrativas que colonizan la mente colectiva. Y en esto, la psicología social tiene mucho que decir: la construcción de un “nosotros” virtuoso frente a un “ellos” corrupto o peligroso activa mecanismos tribales ancestrales, reforzados por la repetición constante y la simplificación de problemas complejos en consignas fáciles de digerir.

La politología observa que, más allá de la etiqueta ideológica, estos liderazgos comparten un patrón: concentración de poder, debilitamiento de contrapesos institucionales y uso estratégico de crisis —reales o fabricadas— para justificar medidas excepcionales. La sociología añade que, en contextos de desigualdad y frustración, el líder fuerte se presenta como el atajo emocional frente a la lentitud de la democracia deliberativa. Y la antropología recuerda que el mito del caudillo salvador es tan viejo como las primeras aldeas: siempre hay quien promete orden a cambio de obediencia, y siempre hay quien acepta el trato.

En el plano histórico, la popularidad inicial de estos personajes suele estar anclada en un momento de quiebre: la humillación de Versalles para Hitler, la crisis del liberalismo italiano para Mussolini, la devastación de la guerra civil rusa para Stalin, el colapso institucional brasileño para Bolsonaro, la transición fallida en Nicaragua para Ortega. El guion se repite: identificar un enemigo común, desacreditar a la prensa y a la academia, monopolizar la interpretación de la realidad y, cuando es necesario, reescribirla.

En este punto, resulta inevitable que algunos analistas tracen paralelismos con líderes contemporáneos, incluso en democracias consolidadas. En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves Robles ha sido señalado por especialistas por su estilo autoritario, confrontativo y por el uso de la posverdad como herramienta política. Al igual que otros líderes populistas, ha atacado de forma sistemática a la prensa independiente, desacreditando a periodistas y medios para erosionar la confianza ciudadana en las fuentes de información verificable. La estrategia es conocida: si el mensajero es percibido como enemigo, el mensaje deja de importar. Además, su confrontación con otros poderes del Estado y su retórica de “yo contra la élite” encajan en el molde clásico del outsider que, paradójicamente, se convierte en el centro absoluto del poder.

El método es casi artesanal en su eficacia: conferencias de prensa convertidas en monólogos, interrupciones y descalificaciones públicas a colaboradores para reafirmar jerarquía, uso de un lenguaje que mezcla tecnicismos con frases coloquiales para proyectar simultáneamente autoridad y cercanía. El resultado, como en los casos históricos, es una polarización creciente que fortalece la base leal y margina a los críticos. Y aunque las circunstancias costarricenses distan mucho de los escenarios de represión abierta de un Stalin o un Ortega, la lógica subyacente —controlar el relato, debilitar contrapesos, personalizar el poder— es inquietantemente familiar.

La ironía, claro, es que muchos de estos líderes llegan al poder prometiendo devolverlo “al pueblo”. Pero, como bien sabe la historia, el pueblo rara vez recibe la factura completa hasta que es demasiado tarde. Y entonces, el “salvador” se revela como lo que siempre fue: un hábil narrador de epopeyas que, entre líneas, escribía su propio manual de permanencia. Porque, al final, la ideología puede ser de izquierda o de derecha, pero el molde del autócrata populista aspirante a dictador es universal… y, por desgracia, atemporal.

¿Y si…?

Pericos, jaguares… y su mismo libreto

JoséSo (José Solano‑Saborío)

¿Y si ver a Calixto Chaves y Bernal Jiménez no fuera más que la confirmación de que la élite histórica del PLN ya entendió que su ciclo vital está en cuidados paliativos y decidió mudarse de casa electoral, alquilando habitación en la pensión política de Rodrigo Chaves Robles?

Ahí están: Calixto Chaves, exministro de Industria en tiempos de Monge, empresario avícola con capítulo propio en Panama Papers, hoy brazo financiero del chavismo; y Bernal Jiménez Chavarría, importador de arroz e hijo de un patriarca verdiblanco, que admitió haber donado ₡32 millones a la campaña de Chaves, aunque —según él mismo— “había una intención para que no se supiera que estuviera donando” y fue uno de los principales beneficiados de la “Ruta del Arroz”.

Uno, comprando bonos con descuentos del 40 % que le dejaron jugosas ganancias; el otro, aportando a un fideicomiso paralelo a la estructura formal del partido.

¿Y si la guerra contra “los últimos diez gobiernos” siempre excluyó a los amigos de cartera?

¿Y si la crítica de Chaves a Laura Chinchilla, y viceversa, llegara —a pesar de los insultos— hasta un eje transversal que los modula y que se llama Mario Zamora?

Zamora fue ministro de Seguridad en la última administración liberacionista y lo es también en la actual. La propia Chinchilla reconoció ante diputados que nombró a Celso Gamboa como viceministro “por recomendación del actual ministro”. Gamboa, hoy con solicitud de extradición de EE. UU. por presunto narcotráfico, fue descrito entonces como “funcionario diligente”.

¿Y si la mutación de perico a jaguar no fuera zoología política, sino un simple cambio de pelaje para seguir en la misma selva?

¿Y si Freddy González —cooperativista, más que cercano al PLN, inhabilitado por la Contraloría para cargos públicos y ahora jefe de logística chavista— fuera solo el primero de una estampida de lobistas cooperativistas?

Don Freddy ha convertido actos oficiales en tarimas pro‑continuidad, como en la inauguración de un Ebais en Desamparados, transmitida por Casa Presidencial, donde pidió “garantizar la continuidad de este Gobierno”. También organizó marchas contra el fiscal general con transporte pagado por cooperativas.

¿Y si cada regidor o alcalde que cruza la calle acelerara la crónica de una muerte partidaria anunciada, como en el refrán de los animalitos que huyen de un barco que se hunde, pero son rescatados por la embarcación chavista?

¿Y si el PUSC hubiera tenido más afinidad que choques con el chavismo en estos cuatro años?

No lo digo yo: ahí están las votaciones conjuntas para enterrar la reforma que permitiría confiscar capitales emergentes, y las palabras de su candidato Juan Carlos Hidalgo, admitiendo que “es posible que la mayor fracción legislativa sea del chavismo” en 2026.

¿Y si la oposición legislativa fuera más bien una alianza oficialista neoliberal discreta?

¿Y si las coincidencias legislativas entre el oficialismo y el ala más neoliberal del PLN, el partido de Eli, Nueva República y el PUSC —en proyectos contra trabajadores y consumidores como Jornadas 4×3, la llamada “Armonización Eléctrica” (que favorece a los Arias y los Figueres), o la venta del BCR y el INS— fueran más que simples azares?

Pilar Cisneros ha defendido con uñas y dientes la vía rápida para 4×3, mientras comparte en chats de diputados documentos de Rodrigo Arias sobre otros proyectos estratégicos. Luego, en el “circo” de los miércoles en Casa Presidencial, fustiga a la “vieja política” con la que, en privado, parece coordinar.

¿Y si el libreto fuera uno solo, pero con distintos actores ensayando el mismo parlamento?

¿Y si la crisis interna del PLN en San Ramón —instigada por los Álvarez Desanti y Johnny Araya Monge y sus hermanos (uno de ellos, fan número uno del presidente Chaves)— fuera ya la muestra del cambio de taxi electoral de esas élites?

¿Y si todo fuera una puesta en escena mal actuada?

Un teatro donde el público cree ver pelea, pero tras el telón se reparten financistas, asesores y utilería. Donde el perico y el jaguar no se enfrentan: se turnan el papel estelar.

¿Y si el verdadero cambio de época no fuera ideológico, sino solo de “taxi” pero este el definitivo donde ya no aplique la necesidad de un Estado Social de Derecho ni democracia?

¿Y si la élite chavista fuera perica?…

Al final, puede que no haya ni pericos ni jaguares, sino solo actores de reparto cambiando de vestuario entre actos. Y que el bosque no sea más que un escenario donde la fauna, vieja o nueva, siempre encuentra un árbol… con frutos conocidos.

¿Somos ya un Narco Estado? La administración Chaves-Robles en la mira

Por JoseSo
José Solano-Saborío
Analista Político

Por décadas hemos sido testigos de casos de personajes políticos, judiciales y empresariales ligados al narcotráfico internacional y local. Pero nunca habíamos llegado a la dimensión de la actual crisis, pues durante los últimos tres años, en la administración Chaves Robles, se ha asistido a un curioso desmantelamiento de las capacidades de control marítimo y fronterizo en Costa Rica que ha dejado en evidencia una peligrosa desconexión entre las promesas de protección y la realidad de los hechos. A mediados de 2023, el viceministro Manuel Jiménez Steller, quien se especula tiene relación cercana con el extraditable Celso Gamboa, ordenó cerrar de manera verbal las estaciones de Guardacostas en Sixaola y Bahía Drake, contra el criterio de sus propios mandos y sin respaldo escrito, despojando a esas puertas de ingreso de la droga de la presencia de la policía marítima más especializada del país.

Simultáneamente, se emprendió el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de su sede histórica junto al mar en Quepos a las instalaciones de Pococí, a casi 300 kilómetros de la costa, obligando a instructores y cadetes a recorrer más de cinco horas de carretera para capacitarse en ejercicios básicos de navegación y rescate acuático que deberían impartirse al nivel de la brisa marina, no en piscinas lejanas del agua salada.

En paralelo a estas decisiones, durante 2023 y 2024 se instalaron escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín como parte de la llamada Operación Soberanía, sin embargo, los decomisos de cocaína siguen en caída libre: en sólo tres años las incautaciones pasaron de 47 a 21 toneladas, una disminución del 55 % que demuestra que la tecnología por sí sola no basta cuando las estructuras policiales se debilitan o se desplazan de los puntos críticos de fiscalización. Quizá por eso, mientras las autoridades locales confirman esa severa contracción, las agencias europeas reportan cifras récord de cocaína originaria de Costa Rica. Sólo en los últimos ocho años, contenedores de fruta llegaron al Viejo Continente con casi 15 toneladas de droga oculta, una señal inequívoca de que las rutas de narcotráfico no han hecho más que multiplicarse y diversificarse pese a las promesas de mayor vigilancia portuaria.

Estos recortes operativos no nacen en el vacío presupuestario. Varios diputados han advertido de una rebaja en el financiamiento de la policía y del Organismo de Investigación Judicial y proponen fórmulas de financiamiento sostenible, como el proyecto de ley que crearía un fideicomiso alimentado con el 2 % de las primas de seguros, para dotar de recursos estables al OIJ y al Ministerio Público ante la evidente insuficiencia de partidas en rubros esenciales para la lucha contra la criminalidad organizada.

En la misma línea de desarme estratégico, la Policía de Control de Drogas —la unidad especializada en la investigación de red de narcotráfico—fue retirada de aeropuertos y fronteras internacionales, cediendo esas misiones a otros cuerpos sin la misma experiencia ni adiestramiento, lo que ha motivado un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional, por entenderse que se compromete la seguridad ciudadana en zonas críticas de tránsito de estupefacientes.

Mientras tanto, en el remoto Refugio Gandoca-Manzanillo —punto de encuentro entre la selva y el mar Caribe— la Fiscalía Ambiental investiga la aparición de una presunta pista clandestina de aterrizaje que habría sido construida en los últimos dos años para facilitar el envío de cargamentos de droga, un esquema que, de confirmarse, demostraría cuán lejos llegan los tentáculos del narcotráfico frente a una desprotección efectiva de los ecosistemas y la soberanía nacional.

Frente a todo ello, ni la instalación de “gadgets” de alta tecnología ni algunos incrementos puntuales en plazas policiales parecen haber servido para contener el récord de asesinatos por sicariato que ya supera los 2 600 en tres años y sigue creciendo: Costa Rica cerró 2023 con 907 homicidios y 2024 con 880, y lleva más de 260 asesinatos por encargo en lo que va de 2025, un volumen de violencia sin precedentes en nuestra historia moderna que amenaza la paz que tanto hemos valorado como nación.

Todo indica que los vacíos de poder y de presencia estatal en los puertos, aeropuertos y costas no han hecho más que alentar al crimen organizado. La falta de un mando coherente, el debilitamiento de las unidades especializadas y la aparente desconexión entre presupuesto y necesidades operativas han creado la tormenta perfecta para que el narcotráfico encuentre un patio de recreo en territorios que deberían ser custodios de nuestro bienestar.

Camina como Pato, tiene alas de pato, hace cuack…… ¿Será un pato?

El chavismo tico: cuando el poder es el fin, no el medio

Por JoseSo
Analista

¡Qué desilusión, maes! Ese “chavismo tico” que nos vendieron hace tres años y medio no es más que un Frankenstein político: toma prestadas las tácticas más peligrosas de populistas como Daniel Ortega en Nicaragua, las mezcla con promesas imposibles, y nos lo presenta como helado de sorbetera. Pero al abrir la tapa, solo hay aire. Puro poder por el poder mismo, sin ideología, sin plan serio, y con un montón de consecuencias para nuestra democracia.

El vacío ideológico: hoy conservador, mañana lo que convenga

Rodrigo Chaves Robles no tiene brújula política —tiene radar electoral. Cuando vio que el 70% de los ticos rechazan el aborto y el 37% la homosexualidad, de repente abrazó una agenda ultraconservadora: eliminó protocolos contra el bullying LGBT+, las Guías Sexuales del MEP, endureció penas por aborto, y borró programas de educación sexual. ¿Coincidencia? ¡discurso dulce para pescar votos evangélicos y católicos! Hasta su exministra Laura Fernández lo admitió: “Defender la vida de los no nacidos es obligación del Estado”. Pero ¿no es este el mismo Chaves que en campaña dijo que quería en Costa Rica la marihuana recreacional?

Pero esto no es convicción: es puro cálculo. Como bien dice un analista: “Chavismo sueña con 38 diputados para ganar en primera ronda”. Su único principio es el poder.

La obsesión con el control total: “¡Denme 40 diputados y lo arreglo todo!”

Aquí está el corazón tenebroso del proyecto: Pilar Cisneros, gurú del chavismo, prometió que con 40 diputados construirán “Ciudad Gobierno”, la marina de Limón, carreteras y aeropuertos en 4 años. Pero bajo ese cuento de “eficacia” se esconde el verdadero plan:

Controlar el Poder Judicial: Chaves ataca sistemáticamente jueces y fiscales (“cavan la tumba de su credibilidad”, dice Cisneros). Con mayoría absoluta, nombraría magistrados afines para enterrar casos como el desvío de $32,000 del BCIE que hoy lo tiene acorralado.

Domar el TSE: ¡Exactamente como hizo Ortega en Nicaragua! Allí, el Consejo Supremo Electoral es un apéndice del régimen: magistrados afines anularon la prohibición de reelección en 2009, luego inhabilitaron a opositores en 2021, y hoy organizan elecciones sin observadores ni competencia real. Si el chavismo controla el TSE, adiós elecciones limpias en 2030.

Copar instituciones: Como Ortega, quien convirtió la Asamblea Nacional en un teatro de títeres. Tras encarcelar a 7 candidatos presidenciales en 2021, su partido obtuvo 75 de 92 diputados. Chaves ya lo ensayó: ¡quiere meter 10 proyectos de ley en un día para desmantelar órganos fiscalizadores!

Populismo con chequera falsa: “¡Hasta China nos envidiaría!”

Cisneros ofrece megaobras como si Costa Rica fuera Dubái con petróleo. Pero la realidad es otra:

– Deuda del 55,9% del PIB, la más alta de Centroamérica.

– Desigualdad del 0,49 según índice Gini, el segundo más alto de los países de la OCDE, solo por debajo de Sudáfrica.

¡Y así pretenden construir “ciudades gobierno”, cuando apenas vieron $32,000 de fondos del BCIE, se los gastaron en “cariñitos” del presidente para su asesor y amigazo tristemente célebre Choreco!

Es el espejismo populista: prometer lo inalcanzable (como si tuviéramos la maquinaria y los índices financieros de China) para distraer mientras desmontan frenos y contrapesos. Igual que Ortega, quien en plena crisis económica (24% de pobreza en 2021) prometió “prosperidad” mientras militarizaba ciudades.

El juego sucio: atacar, dividir y mentir

Chaves opera como Ortega: culpa a “élites corruptas” de todos los males. Sus herramientas:

Estigmatizar opositores: Tilda a críticos de “comunistas” o “criminales”. Ortega hizo lo mismo: llamó “golpistas” a los estudiantes de 2018 y justificó su encarcelamiento.

Golpear instituciones: Llama “dictadura perfecta” a 75 años de democracia (mientras en Suiza y Francia presume de ella), mientras prepara su tiranía personal. Como Ortega, quien desmanteló la independencia del CNE y la Asamblea.

Plan B para no soltar el poder: ¡Piensa renunciar 6 meses antes para ser diputado y controlar desde la Asamblea! Estrategia orteguista pura: tras perder apoyo en 1990, Ortega se aseguró cuotas de poder mediante pactos legislativos.

¿Vamos a cambiar lo ganado por un espejismo?

Nicaragua nos muestra el camino si cedemos:

Allí, Ortega pasó de revolucionario a dictador en 4 etapas: controló su partido (1990-2006), pactó con élites para bajar el piso electoral, cooptó instituciones (2007-2017), y finalmente instauró una dictadura cerrada tras reprimir protestas en 2018.

Hoy, Nicaragua tiene elecciones sin oposición, medios clausurados, y 1.794 presos políticos. ¿Queremos eso aquí?

Muchos se niegan a reconocer el riesgo, bajo el argumento de que a diferencia de Bukele en El Salvador y Ortega en Nicaragua, aquí no hay ejército, pero les recuerdo la amenaza de Chaves, cuando comparó el número de efectivos de la Fuerza Pública con los pocos agentes del OIJ, como si fuera un escenarios de guerra civil.

El riesgo es real: si el chavismo tico logra sus “40 diputados”, convertirá la Asamblea en un sello de goma, el TSE en un notario de fraudes, y la Corte en su guardaespaldas. Como advierte un estudio reciente: “La captura del Estado y el ‘legalismo autoritario’ son claves para perpetuarse en el poder”.

¡Diay, maes! ¿qué nos queda? Defender la democracia no es salvar “élites”: es proteger esa institucionalidad que nos ha evitado caudillos de por vida. Porque como gritan los nicaragüenses desde el exilio: “Sin contrapesos, Costa Rica podría seguir el camino de Nicaragua: décadas de Somoza, décadas de Ortega… y cada día peor.

Costa Rica: ¿Progreso o retroceso? La contradicción de un gobierno que prioriza horas sobre desarrollo

Por JoseSo
Analista Político

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y numerosos estudios en especial en países europeos, además de Colombia y México qué están avanzando en este tipo de legislación, demuestran que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales o menos aumenta la productividad porque mejora el equilibrio entre vida y trabajo, reduce el estrés y previene el agotamiento. Trabajadores más descansados y con mayor bienestar cometen menos errores, son más creativos y mantienen una mayor concentración. Países como Alemania, Dinamarca y Noruega, con jornadas más cortas que las de Costa Rica, registran altos niveles de eficiencia y competitividad, demostrando que no son las horas trabajadas, sino su calidad, lo que impulsa el rendimiento.

Además, la OIT sostiene que las jornadas excesivas generan costos ocultos en salud pública y rotación laboral. En Europa, experiencias como la de Islandia —que redujo la semana laboral a 35-36 horas sin bajar salarios— mostraron que los empleados mantuvieron o incluso incrementaron su productividad, mientras empresas reportaron menor absentismo y mayor retención de talento. Esto confirma que políticas laborales inteligentes no están reñidas con la eficiencia económica; al contrario, invertir en condiciones dignas es invertir en productividad sostenible.

Paradoja de la administración Chaves Robles y los partidos tradicionales que se les alían en esta contradicción

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una paradoja difícil de ignorar: mientras el país necesita con urgencia modernizar su infraestructura y servicios públicos para no quedarse atrás en competitividad, el gobierno insiste en impulsar políticas que, en lugar de avanzar, nos retrotraen a modelos laborales del siglo pasado. La convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar las Jornadas 12 horas 4×3 es un ejemplo claro de esta contradicción. ¿Por qué dedicar esfuerzos políticos a flexibilizar horarios laborales —un tema que erosiona derechos históricos— en lugar de priorizar proyectos clave como la Ley Marco de Asociación Público-Privada (APP), que podría dinamizar la inversión en carreteras, transporte y energía?

Las jornadas de 12 horas 4×3: Un paso atrás en el Estado Social de Derecho

El proyecto de jornadas 4×3 no es neutral: representa un retroceso en las condiciones laborales que por décadas han distinguido a Costa Rica en la región. El país construyó su estabilidad social sobre pilares como el salario digno, la jornada de 8 horas y el respeto a los derechos de los trabajadores. Estas conquistas no son solo un legado ético; son también la base de una mano de obra calificada y productiva. Flexibilizar las jornadas sin garantías sólidas —como sucede en la propuesta actual— no solo desgasta la calidad de vida de las familias, sino que puede aumentar el desgaste físico y mental, reduciendo la eficiencia a mediano plazo.

El argumento de “generar empleo” es engañoso: el empleo precario no desarrolla un país. Si el gobierno realmente quisiera reactivar la economía, debería enfocarse en crear empleo de calidad, vinculado a proyectos estratégicos que resuelvan los cuellos de botella que ahogan nuestra competitividad.

La APP: La deuda pendiente con el desarrollo

Mientras el Congreso discute cómo alargar la jornada laboral, otros temas urgentes duermen en la gaveta. La Ley Marco de Asociación Público-Privada lleva años postergada, a pesar de que el modelo actual de concesiones —heredado de los 90— ha demostrado ser lento, opaco e ineficiente. Basta ver el estado del transporte público, las carreteras colapsadas o la lentitud en proyectos de energía renovable para entender que el Estado solo no puede resolver estos problemas.

Las APP bien diseñadas —con controles claros y participación ciudadana— podrían ser una herramienta para atraer inversión, descongestionar la infraestructura y mejorar servicios esenciales. Pero en lugar de impulsar este debate, el gobierno prefiere enfocarse en una reforma laboral que divide a la sociedad y beneficia solo a ciertos sectores empresariales.

¿Dónde está la prioridad?

No se trata de satanizar la flexibilidad laboral o idealizar las APP, sino de cuestionar la coherencia de un gobierno que habla de progreso, pero invierte su capital político en iniciativas regresivas. Costa Rica necesita un plan integral que:

  • Proteja los derechos laborales sin caer en rigidices, pero sin sacrificar el bienestar de los trabajadores.

  • Acelere la inversión en infraestructura mediante mecanismos modernos y transparentes, como las APP.

  • Priorice lo urgente. El país no puede permitirse otro lustro de debates circulares mientras el transporte colapsa y las empresas pierden horas en tacos.

Mientras otros países de la región avanzan en alianzas estratégicas para modernizarse, Costa Rica arriesga su futuro discutiendo si es aceptable que un trabajador labore 12 horas seguidas. La pregunta no es solo técnica, sino moral: ¿qué clase de desarrollo queremos? Uno que recorta derechos, o uno que construye bases sólidas para crecer.

El gobierno tiene la palabra. O mejor dicho, la acción en el año que le queda, después de tres años de hacer lo contrario, pelear hasta con partidos afines a sus políticas, solo para poner excusas y quedar bien por estilo retórica y no legado permanente.

Costa Rica en el contexto geopolítico actual

Por JoseSo
Analista Político

Costa Rica, como democracia centenaria y país sin ejército, ocupa una posición única en América Latina. Su tradición pacifista, su neutralidad permanente y su histórico rol como mediador en conflictos regionales le otorgan un perfil estratégico diferenciado. Sin embargo, en un escenario global marcado por la competencia entre EE.UU. y China, la crisis climática, la inestabilidad en Centroamérica y la erosión democrática en la región, el país enfrenta el desafío de equilibrar sus principios con sus intereses económicos y de seguridad.

Neutralidad permanente y soft power: un activo estratégico

La neutralidad costarricense, declarada en 1983 por el expresidente y benemérito de la patria Luis Alberto Monge, ha sido un pilar de su política exterior. Esta postura le ha permitido actuar como mediador en conflictos regionales, como ocurrió con el Plan de Paz que le valió el Nobel a Óscar Arias en los años 80.

La neutralidad no solo refuerza la imagen internacional de Costa Rica como defensor de los derechos humanos, el desarme y la democracia, sino que también mitiga riesgos geopolíticos al evitar alineamientos explícitos con bloques antagónicos, especialmente en un contexto de tensiones entre EE.UU., China y Rusia.

El país debería institucionalizar su rol como facilitador de diálogos en crisis como las de Nicaragua, Venezuela o Haití, promoviendo foros multilaterales bajo el paraguas de la ONU o la OEA.

Relación con EE.UU.: dependencia comercial y presiones geopolíticas

Costa Rica depende económicamente de EE.UU., su principal socio comercial y fuente de inversión. Sin embargo, debe evitar un alineamiento automático con Washington en temas controvertidos, como las sanciones a Venezuela o Nicaragua, para no polarizar su política exterior y afectar sus relaciones con otros actores clave, como China o la Unión Europea.

Es crucial mantener el TLC con EE.UU., pero también aprovechar coyunturas —como la política arancelaria agresiva de Donald Trump— para renegociar términos que protejan al productor nacional y fomenten una economía más circular, sin depender exclusivamente de regímenes especiales como las Zonas Francas. Paralelamente, el país debe diversificar mercados, fortaleciendo lazos con la UE y Asia-Pacífico.

Además, Costa Rica debe buscar mayor asistencia estadounidense en seguridad cibernética y combate al narcotráfico, pero sin comprometer su neutralidad. También es clave exigir reciprocidad en temas migratorios y ambientales, como fondos para adaptación climática.

China: oportunidad económica vs. presión estadounidense

Preocupa que la actual administración evalúe retroceder en un tema ya superado: un posible restablecimiento de relaciones con Taiwán, seguramente por eventual presión del gobierno de Trump. Sería un error estratégico, pues implicaría darle la espalda a la mayor potencia económica emergente en un escenario geopolítico multipolar.

China es un socio comercial clave, con inversiones en infraestructura y tecnología, lo que hace inevitable la presión de EE.UU. para limitar su influencia en la región. Costa Rica ya rompió relaciones con Taiwán en 2007, y la lección aprendida debe ser evitar endeudamientos insostenibles y no caer en la trampa de deuda.

Mantener relaciones comerciales con China es deseable, pero con transparencia y evitando megaproyectos con altos costos o compromisos políticos. Además, es estratégico fortalecer alianzas con otros actores, como la UE, Corea del Sur o Japón, para equilibrar influencias.

La crisis centroamericana: migración, autoritarismos y narcotráfico

La inestabilidad en Nicaragua, El Salvador y Honduras amenaza la seguridad regional. Costa Rica debe fortalecer su diplomacia preventiva, promoviendo derechos humanos sin confrontación directa y evitando sanciones unilaterales que cierren espacios de diálogo.

Una agenda regional de desarrollo —como reactivar el SICA con enfoque en empleo y clima— es urgente. También es vital trabajar con EE.UU. y la UE para abordar las causas estructurales de la migración, no solo el control fronterizo.

Cambio climático y economía verde: liderazgo global

Costa Rica es un referente en sostenibilidad (carbono neutralidad, energías renovables). Por eso debe posicionarse como voz del Sur Global en financiamiento climático y atraer inversión verde (hidrógeno, ecoturismo, tecnología limpia).

Así como en el pasado, debe presionar a las potencias para que cumplan acuerdos ambientales, como el fondo de pérdidas y daños.

Hacia una «neutralidad activa»

Costa Rica debe adoptar una «neutralidad activa«, que incluya:

Ser un mediador confiable, aprovechando su prestigio pacifista.

Diversificar sus socios comerciales, sin depender excesivamente de EE.UU. o China.

Defender la democracia y el clima con diplomacia propositiva, no confrontativa.

Esto debe ir acompañado de políticas públicas que fortalezcan la seguridad ciudadana (no militar), mejorando la ciberdefensa, la policía fronteriza y la cooperación internacional contra el narcotráfico, un flagelo que ha dañado el prestigio del país como destino turístico en la era postpandemia.

Finalmente, es clave retomar la inversión en educación formal y técnica para cerrar brechas sociales y reducir la inequidad que empuja a muchos jóvenes hacia actividades delictivas y, al mismo tiempo, mantiene nuestra competitividad como destino de inversión.

Esta estrategia permitirá a Costa Rica proteger su soberanía, maximizar su influencia moral y asegurar su desarrollo en un mundo cada vez más inestable.