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Etiqueta: justicia de género

Conversatorio sobre teologías feministas ante los fundamentalismos

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

¿Qué lugar ocupan los feminismos en nuestras formas de vivir y comprender la fe? Con esta pregunta, Fe y Democracia, el Centro de Amigos para la Paz y el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) invitan al conversatorio «Fe subversiva: teologías feministas ante los fundamentalismos».

El encuentro busca reflexionar sobre las relaciones entre género, feminismos y espiritualidades. También abordará cómo las teologías feministas cuestionan las estructuras patriarcales, disputan los discursos fundamentalistas y abren posibilidades para vivir una fe desde la igualdad, la libertad y la justicia de género.

Participarán las teólogas feministas Silvia Regina de Lima Silva y Marilú Rojas Salazar.

La actividad será el jueves 5 de noviembre a las 6:00 p. m. en el Centro de Amigos para la Paz, en San José: avenida 6A, calle 15, entre avenidas 6 y 8, costado oeste de los Tribunales de Justicia. Para más información, puede llamar al teléfono 2222-1400.

Pronunciamiento oficial ante la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados

La Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados, conformada por docentes e investigadoras de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, celebra la notificación pública de la Opinión Consultiva OC-31/25 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos.

Esta resolución constituye un avance histórico al reconocer el cuidado como derecho humano autónomo y, a la vez, relacionado con otros derechos, expresado en tres dimensiones inseparables:


  1. El derecho a cuidar



  2. El derecho a recibir cuidados



  3. El derecho al autocuidado


Este reconocimiento responde a una demanda histórica de los movimientos feministas y de los estudios críticos, y visibiliza el aporte fundamental de millones de mujeres que, dentro y fuera del hogar, han sostenido la vida en condiciones muchas veces invisibles y desiguales.

La Opinión Consultiva OC-31/25 no solo valida el cuidado como pilar esencial de las sociedades, sino que plantea un desafío claro al sistema interamericano y a los Estados de la región: definir estándares y diseñar políticas públicas integrales que garanticen el ejercicio pleno de este derecho en la vida cotidiana.

Desde la Red reiteramos nuestro compromiso académico, político y ético con la transformación de los cuidados como dimensión central de la justicia social y de género. Esta resolución de la Corte nos convoca a seguir construyendo marcos normativos, políticas públicas y prácticas sociales que reconozcan el cuidado como un bien común, una responsabilidad colectiva y una base para la justicia social y de género. Reafirmamos que el cuidado es un bien común y una responsabilidad colectiva.

San José, 7 de agosto de 2025.

Integrantes

Ana Lucía Fernández Fernández, CICDE-UNED

Natalia Dobles Trejos, CICDE-UNED

Marcela Pérez Rodríguez, CICDE-UNED

Juliana Martínez Franzoni, CIEP-UCR

Nancy Piedra Guillen, Posgrado Centroamericano en Sociología, UCR

Laura Rivera Alfaro, Escuela de Trabajo Social, UCR

Adriana Monge Arias, Sede de Occidente, UCR

Ana Cecilia Escalante, Posgrado Centroamericano en Sociología, UCR

Irma Sandoval Carvajal, IDESPO-UNA

Sharon Rodríguez Brenes, IDESPO-UNA

María Leonela Artavia Jiménez, Escuela de Economía, UNA

Rocío Chamorro Tasies, Sede de San Ramón-UCR

Mariángel Sánchez Alvarado, Escuela de Trabajo Social, UCR

Ana Rosa Ruiz Fernández, Oficina de Equidad de Género, TEC

Mariela Campos Lizano, Escuela de Economía, UNA

Iliana Espitia Sutachán, Maestría Evaluación de Programas y Proyectos EVAPRO, UCR

María José Herrera Madrigal, Escuela de Economía, UNA

Jimena Zeledón Pérez, Programa Desarrollo Educativo, Vicerrectoría de Extensión, UNED

Sharling Hernández Jiménez, Oficina de Equidad de Género, TEC

¿Dónde está la voz del INAMU ante el proyecto de jornadas 4×3?

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Por Enid Cruz Ramírez
Trabajadora social, activista por los derechos de las mujeres

En medio de una discusión nacional crucial sobre el futuro de las condiciones laborales en Costa Rica, llama profundamente la atención el silencio de la actual ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández y la presidenta ejecutiva del INAMU Yerlyn Zúñiga Céspedes, respecto al proyecto de ley que busca implementar la jornada laboral 4×3, es decir, 12 horas diarias durante cuatro días consecutivos, sin pago de horas extra.

El debate no es menor. Las implicaciones de este proyecto van mucho más allá de lo laboral: afectan la vida cotidiana, los derechos sociales, los tiempos de cuidado, el acceso a la educación y la salud integral de miles de personas, en especial de mujeres que viven en condiciones de desigualdad estructural, madres solas, mujeres trabajadoras informales, jefas de hogar, cuidadoras no remuneradas y mujeres de zonas rurales.

Desde una perspectiva interseccional, resulta urgente señalar que las condiciones laborales injustas no se distribuyen por igual: sus impactos se intensifican en las mujeres atravesadas por múltiples opresiones; género, clase, territorio, raza, edad, condición migratoria o discapacidad.

¿Qué ha dicho el INAMU?

El Foro Nacional de Mujeres del INAMU, instancia participativa y consultiva, sí se ha pronunciado en contra de la jornada 4×3. Sus argumentos son consistentes y reflejan una lectura feminista de las desigualdades sociales:

  • Afecta desproporcionadamente a las mujeres que realizan trabajo de cuido no remunerado.
  • Reduce el tiempo disponible para educación, participación social, autocuidado y vida familiar.
  • Viola derechos constitucionales relacionados con la salud, la protección a la familia y el trabajo digno.
  • Contraviene convenios internacionales que protegen a las personas trabajadoras, como los de la OIT.

Sin embargo, las actuales jerarcas del INAMU, no han emitido una postura clara y pública sobre el tema. Esta ausencia de voz institucional desde el INAMU genera confusión, resta legitimidad a la labor del Instituto y profundiza el desencanto social frente a la aparente desconexión entre las instituciones públicas y las realidades urgentes de las mujeres trabajadoras.

¿Por qué importa su postura?

El INAMU no es un actor cualquiera. Como ente rector en materia de igualdad de género, su papel es incidir en las políticas públicas para garantizar los derechos de todas las mujeres, particularmente las más vulnerabilizadas. En un contexto como el actual, donde la violencia patriarcal se expresa no solo en el ámbito doméstico, sino también en el mercado laboral, guardar silencio es políticamente grave.

La falta de posicionamiento ante una medida que representa un retroceso en materia de derechos laborales y justicia social es una forma de violencia institucional por omisión. El silencio no es neutral; es una forma de consentimiento pasivo ante políticas que reproducen la desigualdad.

¿A qué responde este vacío institucional? ¿Presiones políticas? ¿Falta de voluntad? ¿Un enfoque tecnocrático desconectado de la vida real de las mujeres?

Lo que está en juego

La eventual aprobación de la jornada 4×3 no es solo un tema técnico. Es una disputa ideológica sobre el tipo de país que queremos construir: uno que reconozca el valor del tiempo de vida, del descanso, del cuido, de la corresponsabilidad, o uno que normalice la explotación laboral como sinónimo de “eficiencia”.

Sabemos que las mujeres ya viven jornadas dobles y triples. ¿Cómo se supone que vamos a sostener familias, educarnos, cuidar, participar social y políticamente, si el Estado legaliza turnos de 12 horas sin pago adicional?

Urgimos una voz clara y comprometida

En tiempos donde lo estructural golpea la vida cotidiana de las mujeres, el silencio institucional es inaceptable. Se requiere con urgencia que la jerarca del INAMU, así como el propio gobierno, se posicionen de forma clara, crítica y con enfoque de derechos humanos y justicia de género ante este proyecto.

El cuido no puede seguir siendo invisible. El tiempo no es una mercancía. Y los derechos laborales no se pueden negociar como si fueran privilegios.

Costa Rica necesita un INAMU activo, no decorativo. Necesitamos una institucionalidad que se atreva a alzar la voz, aunque incomode.

Lo personal es político, y el trabajo también lo es.
#JornadaDigna #TiempoParaLaVida #4x3NoVa #INAMUHable

Oxfam alerta: la justicia de género está en riesgo ante el avance de los movimientos antiderechos

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

A 30 años de Beijing, Oxfam alerta: el contrato social está en juego

En marzo de 2025, Oxfam lanzó un informe contundente que analiza el incumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Treinta años después, el panorama es alarmante: no se ha cumplido ni uno solo de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 sobre igualdad de género. El retroceso es evidente, y no solo por falta de voluntad política: la desigualdad estructural, el auge de movimientos antiderechos y un sistema económico extractivista están en el centro del problema.

Los hallazgos clave

  • Desigualdad estructural persistente: Las mujeres y personas LGTBQIA+ continúan enfrentando sistemas patriarcales y racistas que limitan su autonomía corporal, acceso a la salud sexual y reproductiva, y participación equitativa en la vida pública.

  • Retrocesos legislativos y violencia institucionalizada: Desde el resurgimiento de políticas como la «Ley Mordaza Global» hasta el debilitamiento del financiamiento a organizaciones feministas, los derechos conquistados están en riesgo.

  • Crisis y austeridad como excusa: La reducción del gasto público, el aumento de la deuda y las políticas de austeridad están erosionando los sistemas de protección social, afectando particularmente a las mujeres pobres y racializadas.

  • Trabajo de cuidados invisibilizado y no remunerado: Las mujeres continúan subvencionando la economía global con 12.500 millones de horas diarias de trabajo no remunerado, una situación que perpetúa la desigualdad.

  • Amenazas digitales y narrativas conservadoras: Las redes sociales se han convertido en campo fértil para difundir discursos antiderechos, promoviendo la radicalización y normalizando la discriminación.

¿Y ahora qué?

El informe propone cuatro líneas de acción urgentes:

Reconstruir un contrato social feminista, con políticas públicas centradas en la redistribución del poder y los recursos.

Reconocer los cuidados como un derecho y un bien público, no como una carga impuesta a las mujeres.

Garantizar derechos sexuales y reproductivos universales, incluyendo el aborto seguro y el acceso a servicios integrales de salud.

Financiar y proteger a los movimientos feministas y queer, reconociendo su rol clave en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

El desafío democrático

La consolidación de movimientos antiderechos amenaza con quebrar el contrato social entre los Estados y la ciudadanía. Esta ofensiva busca apropiarse del lenguaje de los derechos para avanzar agendas excluyentes. En este contexto, defender la igualdad de género no es un tema sectorial, es una cuestión central para la salud de nuestras democracias.

Democracia tenemos que hablar… porque sin igualdad de género, sin justicia reproductiva y sin respeto a la diversidad, la democracia se convierte en una promesa vacía.

Pueden descargar el informe aquí.

Para más información pueden visitar: https://www.oxfam.org/

Conceptos clave del informe «De lo personal al poder de lo colectivo» (Oxfam, 2025)

Concepto Definición / Explicación
Justicia de género Proceso transformador que busca eliminar las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas LGTBQIA+, garantizando derechos, redistribución de recursos y autonomía sobre el cuerpo y la vida.
Autonomía corporal Derecho de todas las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, sin coerción, violencia ni discriminación.
Movimientos antiderechos Conjunto de actores políticos, religiosos y económicos que buscan restringir derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y diversidad sexual, apelando a valores “tradicionales”.
Contrato social Acuerdo implícito entre ciudadanía y Estado sobre derechos, deberes y acceso a recursos. El informe plantea reconstruirlo desde una perspectiva feminista, redistributiva e inclusiva.
Cuidados como bien público Reconocimiento del trabajo de cuidados como una responsabilidad social compartida, no como una carga impuesta a las mujeres. Requiere inversión pública y políticas de redistribución.
Ley Mordaza Global (Global Gag Rule) Política de EE.UU. que prohíbe financiar a organizaciones que ofrezcan información o servicios de aborto, incluso si lo hacen con fondos no estadounidenses. Tiene impacto mundial.
Smart economics Enfoque que instrumentaliza a las mujeres como medio para alcanzar objetivos de desarrollo económico, sin cuestionar las raíces estructurales de la desigualdad de género.
Educación sexual integral (ESI) Proceso de enseñanza que aborda la sexualidad desde un enfoque científico, laico, de derechos humanos y adecuado a la edad, clave para el ejercicio de la autonomía corporal.
Bienes comunes Recursos y prácticas gestionados colectivamente para la sostenibilidad de la vida (agua, tierra, saberes, cuidados). El acceso y gestión de los comunes tiene un profundo vínculo con la justicia de género.
Interseccionalidad Enfoque que reconoce cómo distintas formas de opresión (género, raza, clase, sexualidad, discapacidad) se entrecruzan y afectan de forma diferenciada a las personas.

¿Qué es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing?

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es uno de los acuerdos más ambiciosos y fundamentales a nivel mundial sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Fue adoptada por 189 gobiernos en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en Beijing, China.

Este documento reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y traza una hoja de ruta para eliminar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo.

La Plataforma de Acción se estructura en 12 esferas de especial preocupación, que incluyen:

  • La pobreza de las mujeres

  • El acceso a la educación y la salud

  • La violencia de género

  • La participación política y económica

  • Los derechos sexuales y reproductivos

  • La situación de las niñas, las mujeres indígenas y rurales

Uno de los compromisos más relevantes asumidos en Beijing fue el derecho de todas las mujeres a controlar su salud sexual y reproductiva, incluida su fertilidad, sin coerción ni discriminación. Además, el acuerdo insta a los Estados a tomar medidas urgentes y sostenidas para garantizar la igualdad sustantiva entre los géneros.

A treinta años de su adopción, el informe de Oxfam advierte que ningún país ha cumplido completamente con los compromisos de Beijing, y que los retrocesos actuales, impulsados por movimientos antiderechos y políticas de austeridad, amenazan con desmantelar décadas de avances.

Revisar hoy la Plataforma de Acción de Beijing no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado urgente a reconstruir un contrato social más justo, feminista e inclusivo.

¿Qué son los movimientos antiderechos?

Los llamados movimientos antiderechos son agrupaciones políticas, religiosas y sociales que se oponen a la ampliación y garantía de derechos humanos, en particular aquellos vinculados a la autonomía corporal, la igualdad de género y los derechos de las personas LGTBQIA+. Aunque se presentan bajo la defensa de los «valores tradicionales» o la «familia natural», sus acciones apuntan a restringir libertades fundamentales y revertir conquistas logradas por décadas de lucha feminista, decolonial y por la diversidad sexual.

Estos movimientos no son homogéneos, pero comparten algunas características:

  • Narrativas conservadoras y nacionalistas, que apelan a identidades culturales o religiosas como forma de excluir o perseguir a grupos minoritarios.

  • Financiamiento opaco y transnacional, muchas veces articulado desde redes de poder económico que ven en los derechos una amenaza a sus privilegios.

  • Apropiación del lenguaje de derechos humanos, para presentarse como víctimas de una supuesta «ideología de género» o «colonización cultural», distorsionando los principios democráticos.

  • Ataques coordinados a la educación sexual, los derechos reproductivos y la justicia de género, especialmente en contextos de crisis o retrocesos democráticos.

Lejos de ser fenómenos aislados, estos movimientos actúan de forma articulada en espacios nacionales e internacionales. Como señala el informe de Oxfam, su auge es también síntoma de un debilitamiento del contrato social: aprovechan el desencanto ciudadano, la desigualdad y las crisis para ofrecer soluciones autoritarias, excluyentes y regresivas.

Frente a esto, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad no puede postergarse. Reconocer y nombrar a estos actores como antiderechos es un paso necesario para fortalecer democracias inclusivas, justas y con verdadero pluralismo.

Bienes comunes y justicia de género: una relación inseparable

En la lucha por la justicia de género, hablar de bienes comunes —como el agua, la tierra, los saberes, los cuidados o el conocimiento— es hablar también de redistribución del poder y de resistencia ante el modelo extractivista y patriarcal que domina las decisiones económicas y políticas en gran parte del mundo.

Desde una mirada feminista e interseccional, los bienes comunes no son solo recursos materiales, sino espacios de vida sostenida colectivamente, donde se disputa quién cuida, quién decide, quién accede y quién se beneficia.

¿Por qué es esto clave para la justicia de género?

Las mujeres sostienen históricamente los comunes: ya sea gestionando el agua en comunidades rurales, cuidando de otras personas en redes barriales, o transmitiendo conocimientos ancestrales, las mujeres —y en particular las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes— han sido las principales defensoras y reproductoras de los bienes comunes.

El trabajo de cuidados es un común invisibilizado: la economía global depende del trabajo de cuidados no remunerado, que recae mayoritariamente en mujeres. Reconocer este trabajo como un bien común esencial implica democratizar su gestión, redistribuir responsabilidades y garantizar servicios públicos de calidad.

El despojo de bienes comunes refuerza las desigualdades: la privatización de territorios, semillas, cuerpos de agua o sistemas de salud golpea de forma más dura a las mujeres y disidencias, al reducir su autonomía, su salud y su capacidad de acción colectiva.

La defensa de los comunes es una estrategia política feminista: frente a la mercantilización de la vida, las luchas feministas por el derecho al aborto, el acceso a la tierra, el agua, la educación sexual integral y los sistemas comunitarios de cuidados, son también luchas por el reconocimiento, la sostenibilidad y la gobernanza democrática de los comunes.

Reimaginar el contrato social desde los cuidados y los comunes

El informe de Oxfam plantea que construir un nuevo contrato social implica reconocer los cuidados como un bien público y redistribuir el poder y los recursos. Esta perspectiva se alinea con las propuestas feministas que defienden la reapropiación de los bienes comunes como condición para una vida digna y sostenible, donde la justicia de género no sea una promesa, sino una práctica concreta.

Pueden descargar la infografía aquí.

PDF – Imagen

Esta nota forma parte de la sección “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

Pronunciamiento Ecofeminista

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

El modelo extractivista que rige el desarrollo en Costa Rica se sostiene sobre una lógica de explotación que somete tanto a la naturaleza como a los cuerpos de las mujeres. La misma mentalidad que permite la destrucción de bosques, ríos, mares y territorios en nombre del «progreso» es la que reduce a las mujeres a meros recursos dentro de un sistema económico que invisibiliza sus aportes y precariza sus vidas. En este 8 de marzo, denunciamos que la devastación ambiental y la opresión de las mujeres son dos caras de un mismo sistema patriarcal y colonial que debe ser desmontado.

El derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental, pero su acceso no es equitativo. Las mujeres, especialmente en comunidades rurales, costeras y las mujeres indígenas en las recuperaciones de tierra, enfrentan mayores obstáculos para acceder a recursos naturales, tierras, mares y agua potable, a pesar de que son ellas quienes sostienen las economías de cuidado y la producción de alimentos. La justicia ambiental no puede lograrse sin justicia de género; por ello, exigimos políticas públicas que garanticen la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones ambientales y que reconozcan su rol esencial en la conservación de la biodiversidad y la protección de los bienes comunes.

Las mujeres en Costa Rica han estado al frente de innumerables luchas por la defensa del agua, los bosques, los mares y la soberanía de sus comunidades, enfrentándose a megaproyectos mineros, monocultivos y la expansión turística descontrolada. Sin embargo, muchas de ellas sufren amenazas, violencia y criminalización por resistir. Casos emblemáticos como el de María del Mar Cordero, asesinada en 1994 junto a otros ambientalistas de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), evidencian los riesgos que enfrentan las defensoras del medio ambiente en el país. De igual manera, la canadiense Kimberly Blackwell, reconocida por su trabajo en conservación, fue asesinada en su casa en Costa Rica en 2011.

La criminalización y las amenazas contra defensoras ambientales en Costa Rica son estrategias de intimidación utilizadas para silenciar la protesta y frenar la denuncia contra industrias extractivas. Casos como el de Sonia Torres, enjuiciada por la minera Posesiones Gran Galaxie S.A., o Marta Blanco, demandada por Ríos Minerales, evidencian esta realidad.

Las agresiones también incluyen ataques directos, como el sufrido por Erlinda Quesada, quien fue blanco de una bomba casera, después de una acción en la Ruta 32, tras denunciar el comercio ilegal de madera. Asimismo, activistas como Anacristina Rossi, Patricia Sánchez Lurueña, Marianela Fournier, Marta Castro Bolaños, y Kiana Waltraud, han recibido amenazas por su lucha en defensa del Refugio Gandoca-Manzanillo y la denuncia de proyectos destructivos.

Estos casos reflejan el riesgo que enfrentan las mujeres que defienden el medio ambiente y la urgencia de garantizar su seguridad y reconocimiento, y reflejan la impunidad que rodea la violencia contra defensoras ambientales y la urgencia de medidas de protección.

Este 8 de marzo, exigimos garantías para la seguridad de las defensoras ambientales, así como el reconocimiento de su labor como un pilar fundamental para la sostenibilidad del país. No puede haber justicia climática sin protección para quienes arriesgan sus vidas por el planeta.

El cambio climático no afecta a todas las personas por igual. En Costa Rica, las mujeres de comunidades costeras y rurales son de las más golpeadas por la erosión, la sequía y los desastres naturales que ponen en riesgo su seguridad alimentaria, su vivienda y su salud. Sin embargo, las estrategias gubernamentales siguen ignorando este impacto diferenciado, perpetuando la desigualdad de género en la crisis ecológica. Demandamos políticas climáticas con enfoque de género que atiendan las necesidades de las mujeres, fomenten su autonomía económica y garanticen su acceso a recursos esenciales.

Frente a la crisis ambiental y social, las mujeres han construido alternativas basadas en el cuidado de la vida, la agroecología y el manejo comunitario de los recursos naturales. Las redes de mujeres productoras, las guardianas de semillas y las defensoras de la soberanía alimentaria demuestran que es posible otro modelo de desarrollo, uno basado en la regeneración de la naturaleza y la equidad social. Apostamos por una economía feminista y ecológica que ponga en el centro la vida y no la acumulación de riqueza; una economía que valore el trabajo de las mujeres y su conocimiento ancestral para la protección de los ecosistemas.

Bloqueazul

Bloqueverde

Defensores de la Casa Común

Eco Bichotas

COVIRENA Caribe Sur

Costa Rica por el Océano

Grupo Organizado de Cabuya, Montezuma

Talamanca Siempre Verde

ProBae Cuencas Hidrológicas Ojo de Agua, Belén

Trabajo doméstico en Costa Rica – Tejido institucional para las labores de cuido

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

María Leonela Artavia-Jiménez y Fabiola Quirós Segura son las autoras de este documento publicado por la Fundación Friedrich Ebert.

En la presentación se explica:

“Las labores de cuido son de una importancia trascendental para la reproducción de la vida y el sostenimiento de los sistemas productivos, su reconocimiento es de urgencia para el mejoramiento de las condiciones en que se ejercen.

El caso particular del trabajo doméstico refleja la importancia de establecer acciones de política y el fortalecimiento de la institucionalidad para el mejoramiento de la calidad de esos empleos.

Se presenta en este documento una revisión del tejido institucional en materia de cuidados y trabajo doméstico, de la cual se desprenden un conjunto de recomendaciones para avanzar como país en corresponsabilidad, justicia de género, visibilización y reconocimiento de estos trabajos, calidad de empleo y en el cuidado a lo largo del ciclo de la vida”.

Le invitamos a descargar el documento, donde, además, podrá conocer más acerca de la Fundación Friedrich Ebert.

Trabajo-Doméstico-en-Costa-RicaDescarga

Las piñas de la ira

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Henry Picado Cerdas

(5/5/2020.) Hoy en el contexto de la Crisis Sanitaria el ministro Renato Alvarado pierde el apoyo de quienes incluso le han dictado y redactado decretos ejecutivos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo y porqué se rompió la alianza los agroindustriales y ministro?

Para tratar de responder a lo anterior debemos comprender que la agenda de uno y otro no son muy distintas, que convergen siempre en las mismas cosas: la defensa de la expansión piñera; la introducción de los agrotóxicos sin análisis eco-toxicológicos previos; la impunidad para la explotación laboral de peones agrícolas nacionales y migrantes; el ocultamiento de los casos de contaminación agrovenenos de acuíferos; una injusta amnistía fiscal para el agronegocio; la certificación y privatización de semillas; la ilegalización del uso de semillas criollas, entre otros.

Los gremios más radicales, defensores de neoliberalismo se enojaron cuando vieron a su ministro aliado diciendo por redes sociales que los tratados de libre comercio (TLCs) han llevado a la quiebra a la agricultura campesina nacional. Los dueños del agronegocio, contaminante y explotador, no tardaron en salir a la prensa a gritar aireadamente contra Renato Alvarado por recordar algo que se sabe desde hace muchos años: las reformas neoliberales han destrozado la agricultura y tienen al país al borde de una crisis alimentaria. Habría que agregar que este régimen económico ha beneficiado a muy pocos, puntualmente se sabe que en Costa Rica solo 10 empresas agro-exportadoras se llevan el 66,5% de todos los ingresos por la venta de productos frescos en el exterior.

Hay que señalar además que Renato Alvarado (hoy ministro de Agricultura) fue no hace mucho vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); gremio que hoy pide su cabeza como jerarca del MAG.

También hay que decir que Juan Rafael Lizano (actual presidente de la CNAA), fue exministro de Agricultura y Ganadería en el periodo de 1990 a 1994. Lizano representa al sector neoliberal más sórdido, defensor de intereses de las multinacionales e importadores de agrotóxicos. La doctrina política del agronegocio ha fracasado y en el contexto de la crisis por el COVID-19 se hace más que evidente.

Por eso este conflicto hay que entenderlo como una riña entre los mismos. Que las organizaciones del campo independientes, ecologistas y de mujeres rurales han sido sistemáticamente excluidas del debate y sus propuestas no han sido escuchadas en los últimos treinta años. En buena hora Renato Alvarado reconoce que el libre comercio significa ruina para el campo costarricense, ojalá el siguiente paso sea abrir el diálogo con el resto de los sectores agrícolas con todas las organizaciones y no sólo con los mismos de siempre.

La Federación Ecologista se ha dado a la tarea de reflexionar y proponer las acciones para buscar la soberanía alimentaria, garantizar la justicia económica y de género en el contexto rural, de esta manera caminar hacia la agroecología y la justicia ambiental.

Nueva estrategia para la igualdad mujeres y hombres de UE

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández (8M/2020)

La Comisión Europea presentó el 05 de marzo de 2020, la nueva Estrategia para la igualdad de género 2020-2025.

En la presentación de la Comunicación, la presidenta de la CE manifestó que “La igualdad de género es un principio fundamental de la Unión Europea, pero todavía no es una realidad.” La presidenta destacó que ningún país de la UE ha alcanzado la igualdad plena y que el avance ha sido muy lento.

Los miembros obtuvieron una puntuación de 67,4 sobre 100 en el Índice de Igualdad de Género 2019. Esta puntuación mejoró sólo 5,4 puntos desde 2005.

Conjuntamente con esta nueva Estrategia se presentó el informe relativo a la aplicación del Plan de Acción de UE-2017-2019: “Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres.” Este plan contempla los siguientes ejes de acción que interesa destacar:

1.- En materia de aplicación del principio de igualdad retributiva, la CE acordó la necesidad de adoptar medidas legislativas que mejoren las indemnizaciones a favor de las víctimas que hayan sufrido discriminación salarial.

Asimismo, una mejora sustancial de los salarios en los sectores económicos en los que exista sobre representación femenina, mejorar la información estadística y la necesidad de informar, visibilizar y alertar sobre la brecha salarial.

2.- Se propone impulsar medidas orientadas a eliminar los estereotipos acerca de la ubicación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, incluyendo las medidas que fomenten la participación de las mujeres en el ámbito científico.

3.- Con la finalidad de combatir la segregación vertical (techo de cristal) se propone apoyar las medidas afirmativas que mejoren la relación entre hombres y mujeres en los puestos de trabajo, fijando, entre otras, cuotas mínimas de personas de un sexo en los órganos de administración de las empresas.

4.- La promoción de acciones que fomenten el equilibrio entre la vida privada y laboral, tales como permisos por maternidad, paternidad, permisos parentales, cuidado de hijos menores o personas necesitadas de cuidado.

En la nueva estrategia se abordó, como elemento que amerita destacarse, la interseccionalidad, en virtud que las mujeres pueden sufrir discriminación por su condición de sexo o género relacionada, por ejemplo, con alguna discapacidad que puedan sufrir, por su condición étnica, por tratarse de trabajadoras migrantes.

Asimismo, la CE hace una instancia a los Estados miembros para que ratifiquen el Convenio N° 190 OIT, acerca de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que sin lugar a duda se trata de un convenio de la mayor trascendencia para combatir la discriminación y la hostilidad laboral contra mujeres y grupos que están en condición de vulnerabilidad.

Ya varios países de la EU anunciaron que estarán sometiendo a ratificación dicho Convenio, entre ellos, con especial interés, España.

Aquí en la Suiza Centroamericana, la democracia más pura vida, estamos a la espera que el Gobierno de Costa Rica someta a conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de ratificación del C190 OIT.

Ilustración: http://www.hablamosdeeuropa.es/

Las alertas que no duelen / 8M Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Allison Quintanilla Hernández
Planificadora Económica y Social
Colectiva Voces Violeta y Me Pasó En La UNA

En Costa Rica hemos entrado en la fase de alertas. Por un lado, en el espacio político del Estado, y otra de salud pública, las dos responden a hechos que constituyen una coyuntura compleja para los últimos acontecimientos en la región, hablamos de una crisis democrática y la poca transparencia política que viene desde los principales poderes de la república, hasta la praxis de manipulación en los titulares de medios de difusión que venden a conveniencia de los poderes fácticos.

Por otro lado, se activaron todas las alertas de salud pública en el país luego de que las autoridades de salud confirmaran los primeros casos de coronavirus en el país, estas dos últimas alertas han sido noticia rápidamente, generando no solo una gran expectativa en la sociedad costarricense, sino que plantea cambios en la coyuntura y las dinámicas cotidianas. Por supuesto, parece bastante vendible en los medios y hasta traumatizante para esta sociedad, ver una casa presidencial allanada o una persona que permanece delicada por COVID-19.

Sin embargo, parece que hay unas alertas que duelen menos, trauman menos y generan menos expectativa que estas últimas, y es que pese a que desde el 2007 al 19 de febrero de este año llevamos contabilizados 353 femicidios en Costa Rica, las alertas rojas no calzan en la constante guerra contra los cuerpos feminizados. Con esto, es preciso apuntar que ninguna de las alarmas anteriores es comparable o que son menos importantes, por el contrario, las alarmas que se encienden para atender una crisis política o de salud pública son totalmente necesarias, y por lo tanto no hay excusa en no plantear como urgente una alerta roja contra los femicidios en este país.

Recientemente, las redes sociales se llenaron de denuncias públicas sobre intentos de secuestros o agresiones sexuales hacia mujeres, hoy 9 de marzo seguimos a la expectativa de encontrar con vida a una joven de Cartago desaparecida la noche del miércoles anterior, y pese a esto las respuestas del Estado, y del Ministerio Público siguen siendo insuficientes y complacientes con la violencia, esto último les convierte en cómplices de cada uno de los femicidios que hemos registrado como país, donde solo el 26% de los casos son sentenciados.

Estas alertas parecen no doler en la sociedad, no remuerden, mucho menos responsabilizan, y la impunidad pareciera ser la respuesta de facto que muchas mujeres cargan ante la falta de justicia de género transversalizada a las políticas públicas del país. Una sociedad altamente machista y conservadora, que responde con violencia estructural, no nos deja más arma que la organización con nuestros cuerpos, y es por eso que las alertas que nos duelen a nosotras son las 353 compañeras que no están con nosotras, las alarmas de las mujeres trabajadoras de una empresa textil en 1857 iniciando la huelga de mujeres que hoy nos conmemora como el Día Internacional de la Mujer.

Seguimos luchando por las mismas desigualdades, unas más acentuadas que otras, donde hemos alcanzado algunos derechos políticos, sociales y económicos, pero no hemos alcanzado la plena libertad sobre nuestros cuerpos, pues aún sigue siendo satanizado el discurso que defiende nuestros derechos sexuales y reproductivos, es la violencia a nuestros cuerpos lo que declara una guerra de género. Ante esto, muchas mujeres en el mundo siguen construyendo desde la resistencia, la organización y la autonomía de los cuerpos feminizados, pero la guerra no ha terminado, no se detiene.

Por eso, nosotras acordamos nuestras propias alertas, esas que alertan sobre las violencias que pasan por nuestros cuerpos, es nuestra organización y denuncia la que tiene que estar dentro de la discusión coyuntural del país, nuestras agendas también son importantes. Las mujeres somos la mitad de la población mundial, y por lo tanto, no vamos a permitir que nuestras agendas sigan quedando en segundo plano, ni mucho menos que se conviertan en monedas de cambio. Somos una alerta morada, una alerta verde, y con o sin permiso del Estado vamos a seguir alertando que nos están matando.

Fuente: Observatorio de Género Poder Judicial