Etiqueta: justicia social

Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense

Escrito en 29/10/2025. Publicado en Derechos.

Comunicado

Las universidades públicas, organizaciones sociales, sindicales, agropecuarias, comunales, ambientales, estudiantiles, laborales, de mujeres y de la sociedad civil de todo el país convocan al pueblo de Costa Rica a participar masivamente en la Gran Marcha Nacional por la Democracia Costarricense, este martes 11 de noviembre de 2025, bajo el lema: “Sí a la democracia, no a la dictadura.”

La marcha saldrá a las 8:00 a.m. desde el Parque Central de San José y concluirá en la Casa Presidencial, Zapote.

El 11 de noviembre de 1949 marcó el retorno de la vida constitucional en Costa Rica con el nacimiento de la Segunda República, cuando la Junta Fundadora entregó el poder a Otilio Ulate. Setenta y seis años después, en esa misma fecha simbólica, el pueblo se moviliza nuevamente para defender la democracia y rechazar tendencias autoritarias que amenazan las libertades.

El rumbo de nuestro contrato social se ha visto amenazado por la confrontación, la concentración del poder y el desprecio hacia las instituciones democráticas y la prensa libre desde el Poder Ejecutivo. Ante ese avance autoritario, las organizaciones sociales reafirman su compromiso con la defensa del Estado social de derecho, las libertades y los derechos que sustentan nuestra democracia.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado vehemente y urgente por políticas públicas integrales que fortalezcan los pilares de nuestra convivencia democrática y el desarrollo nacional: el agro, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la energía y el empleo digno.

La defensa de la producción nacional debe protegerse, no sacrificarse. Hoy más que nunca se exige un rescate integral del campo, que garantice no solo mejores políticas públicas, sino un compromiso real frente al abandono, el endeudamiento y la competencia desleal de la importación, como lo han sufrido los paperos y cebolleros, colocando la producción hortícola en jaque mate.

Además, el Gobierno avanza sin escuchar al sector agropecuario al suscribir el Tratado Comercial Transpacífico, que afectará productos como café, lácteos, avícola, porcino, bovino, frijol, flores y follajes, oleaginosas, pesca y arroz. Asimismo, la ejecución del Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT, sobre la trazabilidad y areteo del ganado bovino, afectará a pequeñas y medianas producciones, empeorando la situación del sector agropecuario y constituyendo una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la soberanía y la economía rural.

La educación pública, pilar del Estado social de derecho, debe fortalecerse con el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB, la dignificación del magisterio nacional y la defensa del régimen de pensiones del Magisterio. La educación debe seguir siendo el principal instrumento de movilidad social y equidad.

La salud pública es un derecho humano fundamental. Se exige el resguardo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional. Ante los intentos de debilitamiento y privatización, se demanda financiamiento justo, respeto al personal profesional y gestión transparente que garantice la seguridad y protección social de toda la población.

Se exige también atención integral a la seguridad ante la creciente violencia que amenaza la paz y convivencia. La inseguridad y violencia, que golpea especialmente a las mujeres, las juventudes y las comunidades más vulnerables, requiere acción inmediata del Estado y políticas integrales de prevención y justicia social.

Ante la polarización y fragmentación que vive el país, las organizaciones convocantes hacen un llamado a la unidad patriótica, democrática y comunal, para defender los derechos constitucionales, las libertades públicas y las instituciones que han garantizado la paz y la convivencia democrática de Costa Rica.

“Sí a la democracia, no a la dictadura.”
¡La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo!

Contacto: mesa.nacioaldedialogo@gmail.com

Asociación Jubilados en Acción lucha por la justicia del sistema de pensiones del sector público

Escrito en 24/10/2025. Publicado en Trabajo.

Pronunciamiento ante pretensiones el proyecto de ley 24786 (Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público)

Asociación Jubilados en Acción

La Asociación Jubilados en Acción señala irrespeto a la legalidad, contradicciones y falacias en el proyecto de ley 24786, que propone equiparar los montos netos de las pensiones de regímenes especiales al del IVM-CCSS sin postergación (1.7 millones de colones).

1. El proyecto no impulsa estrategia alguna para hacer justicia en el tema de pensiones. Su justificación persigue atizar el ataque mediático a supuestos privilegios y a la caprichosa e imprecisa expresión de pensiones de lujo. Como demostraremos, de justicia no tiene más que el nombre.

2. En afán de escandalizar, reitera frases, manipula datos y culpa a pensionados de regímenes especiales, entre ellos el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio (RTR), a cargo del Presupuesto Nacional, por considerarlo una carga desproporcionada, abusiva, elemento de desigualdad y desconfianza en el contexto de seguridad social costarricense. Esto sin más prueba que un estudio estadístico, al que llaman actuarial y que usan para apoyar su discurso. Centra su ataque en las pensiones consideradas altas simplemente por ser superiores a las del IVM de la CCSS, sin detenerse al explicar el porqué de su existencia y particularidades.

3. El proyecto obvia las diferencias jurídicas y operativas entre los diferentes regímenes especiales de pensiones en cuanto a aportes, fondos de pensión, montos jubilatorios según el bloque de legalidad, y los ataca cual si fueran un solo sistema al que debe aplicarse un correctivo uniforme. Ignora que el carácter solidario de los regímenes es incompatible con cuentas individuales de ahorro, lo cual explica el mayor crecimiento de fondos previsionales y montos jubilatorios en esos regímenes. No se aprecia que los proponentes se ocupen de aquilatar las diferencias entre los diferentes regímenes y el de IVM – CCSS, ya que la intención es homologar, si o si, todas las pensiones existentes a los montos del IVM sin postergación, al tiempo que se mantienen incólumes otras reglas de juego propias de cada régimen, lo que es abusivo y desproporcionado.

4. El régimen de pensiones del Magisterio estuvo sujeto a leyes previo a 1958, año en que se ordenó el funcionamiento del sistema con la ley 2248. La ley 7531 de 1995, una reforma total, fue producto del desvío de las cotizaciones de los trabajadores de la educación a gasto corriente por parte de diferentes gobiernos y del impago de cuotas patronales y aporte estatal definido por ley. La ley 7531 dividió al régimen en dos segmentos: el Transitorio de Reparto (RTR) para aquellos educadores nombrados antes de julio de 1992, con cargo al presupuesto nacional, quienes deben seguir cotizando activamente y pagando contribuciones especiales, y el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), agrupando a los nombrados posteriormente a la fecha supra citada, administrado en su totalidad por JUPEMA el cual se ha convertido en el más exitoso del país, lo que demuestra el potencial de las cotizaciones desviadas por el Estado y que habrían evitado los problemas presupuestarios asociados al pago de las jubilaciones del RTR.

5. El supuesto reporte actuarial en el que se sustenta el proyecto 24786 contiene limitaciones, inexactitudes y falacias evidenciadas en el estudio del actuario Luis Guillermo Fernández titulado “Análisis Técnico del informe Cooperación Técnica Reducción del Gasto Público- Estudio Actuarial”. Es obligatorio plantear la interrogante de cómo se puede hablar de un estudio actuarial sin un fondo que sirva de sujeto de análisis, como sucede en el RTR, o por analogía, cómo se puede hablar de autopsia sin un cadáver sujeto de procedimiento.

6. Se demuestra en el análisis mencionado que el “Estudio Actuarial” no es más que una proyección y análisis de costos, lo que invalida las conclusiones que pretenden equiparar las pensiones netas del RTR a las del IVM-CCSS, con el agravante de que no se ofrece ninguna simulación de impacto que permita apreciar el efecto real de lo propuesto en el proyecto 24786. Ante la ausencia de este elemento crucial, el economista y exviceministro de Planificación Francisco Esquivel hizo el ejercicio, demostrando que, debido a la redacción de la propuesta de ley y de los límites que impondría a las deducciones totales, las únicas pensiones del RTR que podrían limitarse al neto de 1.7 millones de colones del IVM, son aquellas que oscilan entre los 3 y 4.5 millones nominales. Las que sobrepasen los 4.5 millones nominales percibirían obligatoriamente montos mayores a 1.7 millones debido al máximo de deducciones totales de 60% que impone el mismo proyecto 24786.

Por ejemplo, una pensión neta de 3 millones de colones pasaría a percibir, según proyecto 24786, 2 millones 400 mil colones, no un millón setecientos mil. Esto es regresividad pura y simple, que nace de la falta de rigor y análisis por parte de los proponentes del proyecto. Además, dicha propuesta establece una deducción máxima del 60% a las pensiones del RTR, a pesar de que ya la Sala Constitucional determinó que el máximo deducible debe ser del 50%. Este es el lamentable resultado de formular un proyecto de ley sin evaluación de impacto.

La regresividad y arbitrariedad inherente al proyecto 24786 conduce a una inequidad evidente, lo que se ve claramente en el siguiente caso: un pensionado del IVM con postergación, quien cotizó entre 2.5% y 4% durante su vida laboral, percibiría un neto de pensión de 2.2 millones de colones, mientras que un pensionado del RTR, con una pensión nominal de 4 millones (y líquida de 2.19 millones), percibiría un neto ajustado al del IVM sin postergación de 1.7 millones, habiendo cotizado muchísimo más (entre 7% y 16%) durante toda su vida laboral. Tal inequidad pone de manifiesto la injusticia que en realidad caracteriza al proyecto 24786 y que justifica su archivo.

7. Si bien la CCSS ha fijado montos jubilatorios y topes ordinarios y con postergación, lo ha hecho a partir de su realidad y aportes de sus afiliados a su propio fondo de pensión. Entonces, ¿cómo es que se pretende ajustar a la fuerza a otros trabajadores que han aportado más, con otras reglas y expectativas, a su fondo de pensión? Con ello se estarán violentado derechos y rompiendo el contrato de afiliación que establecieron los trabajadores con su régimen de pensión especial desde el inicio de su vida laboral.

8. Cabe agregar que las disposiciones del proyecto contravienen pronunciamientos constitucionales y convenios internacionales sobre derechos adquiridos y respeto a la jurisprudencia nacional que abriga a cada uno de los sectores afectados. En atención a lo expuesto es que solicitamos que el proyecto 24786 sea archivado por chocar con principios constitucionales y legales. Las pensiones del RTR ya han sido limitadas gracias a distintas leyes y de acuerdo con límites máximos reconocidos por la Sala Constitucional.

JUPEMA llama al Magisterio Nacional a defender el derecho a una pensión digna

Escrito en 23/10/2025. Publicado en Trabajo.

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) hizo un llamado a las personas afiliadas a no permanecer en silencio ante la reciente decisión de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que rechazó el proyecto de ley N.º 24.353, destinado a restituir los ajustes por costo de vida a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), congeladas desde el año 2020.

La entidad calificó esta decisión como una injusticia que afecta directamente a más de 30.000 personas jubiladas, quienes han visto reducida su capacidad adquisitiva en hasta un 10% durante los últimos cinco años.

Impacto en las personas jubiladas

De acuerdo con el comunicado, esta medida ha provocado que miles de exdocentes, funcionarios administrativos y profesionales del sector educativo enfrenten dificultades para cubrir sus necesidades básicas, mientras el costo de vida continúa en aumento.

JUPEMA advierte que el congelamiento de los ajustes vulnera el derecho humano a una pensión digna, reconocido en convenios internacionales como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Las personas jubiladas del RTR aportaron debidamente al sistema, pero el Estado no creó el fondo correspondiente. La ley exige que las pensiones se ajusten conforme al costo de vida, lo cual no ha ocurrido. Esta situación representa una violación a los principios de seguridad social y justicia”, señala el comunicado.

Respaldo legislativo y continuidad del proyecto

JUPEMA agradeció el respaldo del diputado Jonathan Acuña, quien presentará un dictamen afirmativo de minoría, permitiendo mantener el proyecto en la corriente legislativa. Esta acción se considera clave para continuar la lucha por la revalorización de las pensiones del Magisterio Nacional.

La institución reitera que su gestión ha sido firme y constante en la defensa de los derechos de las personas jubiladas, exigiendo al Estado el cumplimiento de sus obligaciones legales y financieras con el régimen.

“La pensión digna no es un privilegio, es un derecho”

El llamado de JUPEMA se dirige no solo a las personas jubiladas, sino también a todas las trabajadoras y trabajadores activos del sistema educativo, recordando que la defensa del derecho a una pensión justa es una causa colectiva y solidaria.

“Esta lucha no es solo de quienes ya se han jubilado, sino de todas las personas que hoy trabajan en las aulas, en las oficinas, en las comunidades educativas. Defender el derecho a una pensión digna es defender el futuro de todas y todos”, expresa la institución.

JUPEMA insta a su membresía a mantenerse informada, activa y movilizada, y a respaldar públicamente el proyecto de ley N.º 24.353, como parte de una acción conjunta en defensa de los derechos adquiridos del Magisterio Nacional.

“Desde JUPEMA seguiremos trabajando incansablemente para que se corrija esta injusticia. Contamos con ustedes para que esta lucha sea colectiva, firme y esperanzadora.”

PVP condena a la actitud guerrerista del imperio norteamericano contra la paz en Nuestra América

Escrito en 23/10/2025. Publicado en Solidaridad internacional.

El Partido Vanguardia Popular condena con firmeza las provocadoras declaraciones del general Eric Smith, comandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, quien en el pasado aniversario de la fundación de esa fuerza expresó con tono entre altanero y quejumbroso: “El próximo combate se acerca, créanme, está cerca”. Añadió que sus tropas “estarán tan preparadas como lo estábamos cuando Corea, Irak y Afganistán”. Estas afirmaciones —lejanas de ser una simple retórica militar— constituyen una advertencia explícita a los pueblos del mundo y, en particular, a Nuestra América.

Al declarar que un nuevo combate se aproxima y que sus fuerzas están listas “como en Corea, Irak y Afganistán”, el general Smith no sólo reivindica las invasiones pasadas de Washington, sino que anuncia nuevas operaciones bajo la lógica del saqueo, la dominación y la imposición militar. La referencia a Corea e Irak implica la justificación de ocupaciones prolongadas; la mención de Afganistán equivale a reconocer el fracaso de una guerra que se prometió corta y terminó en retirada tras décadas de sangre. ¿Qué significa que se preparen “como antes”? Que el patrón de agresión y desgaste prolongado permanece intacto.

Resulta reveladora la omisión de Vietnam. Allí, el imperialismo estadounidense sufrió una derrota categórica ante el pueblo vietnamita, un hecho que demuestra que la maquinaria militar hegemónica no es invencible. Al no mencionarlo, el general Smith busca borrar la derrota que evidenció los límites del poder estadounidense y pretende dar paso a una versión “renovada” del intervencionismo global. En ese sentido, sus palabras dejan claro que la promesa de poner fin a las “guerras eternas”, ha sido un engaño porque mientras se habla de retiro, los mandos castrenses planifican nuevas invasiones y muerte.

Nuestra América, la patria grande de los pueblos latinoamericanos y caribeños, no puede aceptar el retorno de viejos cantos de guerra. Las declaraciones del general Smith son una amenaza directa a la paz, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Cuando alguien desde el cuartel mayor militar estadounidense dice que “el próximo combate se acerca”, no se trata sólo de palabras; se trata del anuncio de que los intereses de dominio global siguen vigentes, y que la muerte, la destrucción y el terrorismo de Estados Unidos, tomarán las tierras de nuestro continente.

Por ello, el Partido Vanguardia Popular hace un llamado urgente a los pueblos de la región, a no ser complacientes ni ingenuos. A repudiar con claridad la retórica de la guerra y a fortalecer nuestra construcción de un bloque geopolítico latinoamericano que priorice la paz, la solidaridad, la justicia social y la integración soberana.

Instamos a todos los movimientos políticos, sociales, culturales y populares a alzar la voz contra esta nueva escalada belicista.

Que la paz no sea simplemente un deseo, que la unión de los pueblos impida que los tambores de guerra vuelvan a resonar en la región.

Por la paz, por la soberanía, por la integración de Nuestra América.

Partido Vanguardia Popular
Costa Rica, 23 de octubre de 2025

Reencuadrar la política: claves para una campaña progresista en tiempos de enojo

Escrito en 21/10/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Juan Carlos Cruz

En las últimas semanas, los textos de José Pablo Cárdenas (Semanario Universidad) y Montserrat Sagot (Facebook) han puesto sobre la mesa una advertencia urgente para las fuerzas progresistas: no se puede construir una campaña electoral desde el desprecio a los votantes del chavismo ni desde la caricatura de su líder. Ambos coinciden en algo esencial: hay un malestar profundo que recorre a amplios sectores del país, y la izquierda no logrará disputarlo si sigue hablando desde la superioridad moral o la frialdad técnica.

Ese diagnóstico puede leerse a la luz de los planteamientos del lingüista y analista político George Lakoff, quien ha mostrado que toda disputa política es, antes que nada, una batalla por el lenguaje. Los marcos mentales —esas estructuras invisibles que organizan cómo entendemos el mundo— determinan el sentido del debate público. Repetir el marco del adversario, incluso para refutarlo, solo refuerza su hegemonía.

La derecha lo entendió hace tiempo: habla de “cargas” cuando se refiere a los impuestos, de “orden” cuando justifica la represión, de “libertad” cuando en realidad promueve la competencia sin límites. Cada palabra activa valores: disciplina, propiedad, autoridad. Frente a eso, la izquierda suele responder con datos, planes y cifras. Pero la razón, sin emoción ni relato, no moviliza.

Cárdenas, en Esa corriente feroz, describe el “chavismo social” como expresión de un malestar acumulado por décadas de exclusión. Ese río de rabia y frustración —dice— fue capitalizado por Chaves y sus aliados, pero no les pertenece. Lo que falta es una narrativa capaz de redirigir esa energía hacia la justicia, no hacia el resentimiento. Su lectura coincide con Lakoff: no hay que repetir la teoría de la inferioridad moral del adversario, sino comprender las emociones que lo sostienen y construir otro marco simbólico.

Por su parte, Montserrat Sagot recuerda que la gente no vota movida por la racionalidad técnica, sino por afectos: enojo, miedo, esperanza. Advierte que burlarse de figuras autoritarias o tratarlas como anomalías solo consolida su papel de “víctimas del sistema”. Y que, sin conexión emocional, toda campaña progresista está condenada a perder antes de empezar.

De ambos textos se desprende una lección: no basta con denunciar el neoliberalismo, hay que hablar otro idioma político. Uno que active valores de cuidado, equidad, comunidad y dignidad. La izquierda necesita abandonar el lenguaje reactivo —“defenderse del comunismo”, “justificar subsidios”— y empezar a reencuadrar los conceptos desde su propia visión del mundo. Seguridad puede ser cuidado colectivo, libertad puede ser autonomía popular, desarrollo puede ser bienestar común.

Esta tarea no se limita al discurso. Implica recuperar la tradición republicano-socialista que Antoni Domènech reivindicó: la libertad no como ausencia de interferencia, sino como no-dominación. Ser libre no es elegir entre marcas o empleos precarios; es no depender de favores ni de poderes arbitrarios. Es tener tiempo y recursos para vivir sin miedo y decidir en comunidad.

Una campaña progresista debería partir de esa idea: la libertad real requiere justicia social. No se trata de prometer más Estado, sino de reconstruir la noción de lo común. De hacer sentir que el bienestar de uno depende del bienestar de todos.

El desafío, entonces, es narrativo y político a la vez. En un tiempo donde el enojo se ha vuelto combustible electoral, las fuerzas progresistas deben disputar el sentido común no desde la confrontación moral, sino desde la empatía y la esperanza. En palabras que podrían resumir todo este debate: la dignidad no se mendiga; se construye desde abajo, con justicia y con memoria.

Bingo Unidos por la Justicia. Se busca apoyo para recaudar fondos y cubrir gastos legales del caso Mónica Chaves Solá

Escrito en 16/10/2025. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La familia de Viviana Solano Brenes organiza la actividad “Bingo Unidos por la Justicia”. El objetivo es recaudar fondos para cubrir gastos legales relacionados con el caso del feminicidio de Mónica Chaves Solá. El evento se organiza para el próximo 25 de octubre de 2025 a las 3:00 p.m. en el Salón El Alto, en San Rafael de Oreamuno. Cada cartón tendrá un costo de ¢1000 (mil colones) y existe una promoción de seis cartones por ¢5000 (cinco mil colones). Durante el evento, además del Bingo, se llevarán a cabo rifas y habrá premios, además de un ambiente de solidaridad comunitaria.

Se espera que el evento movilice el apoyo comunitario mediante la donación de premios y la compra de cartones para participar en el Bingo. Se destaca que toda contribución por pequeña que sea es una ayuda para el caso de Mónica Chaves Solá. Si usted es una de las personas que desea colaborar con donaciones, premios o adquiriendo cartones para el Bingo, puede comunicarse al número telefónico 6015-3163 con Viviana Solano Brenes. Se reitera que toda contribución, por pequeña que sea, representa un gesto de solidaridad y justicia. Y se agradece por la colaboración.

CSJMP-ANEP propone nueva metodología para fijar el salario mínimo en el sector privado

Escrito en 15/10/2025. Publicado en Trabajo.

La Central Social Juanito Mora Porras – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (CSJMP-ANEP) presentó ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS) una propuesta para que el cálculo del salario mínimo del sector privado para el año 2026 se base en parámetros que garanticen una vida digna, y no únicamente en indicadores macroeconómicos como la inflación o el crecimiento del PIB.

En su carta, fechada el 15 de octubre de 2025, la organización sindical reiteró su preocupación por la metodología actual de fijación salarial, la cual —según expone— “perpetúa estados de vulnerabilidad y ha condenado sistemáticamente a la población al endeudamiento y al estancamiento en los quintiles más bajos del ingreso”.

Crítica al modelo actual y necesidad de reforma estructural

La CSJMP-ANEP señala que los mecanismos actuales del Consejo Nacional de Salarios no reflejan la realidad del costo de vida ni las condiciones de los hogares de menores ingresos, ya que los cálculos se sustentan en datos generales de la economía nacional que “nada dicen sobre el consumo real ni la calidad de vida de las familias trabajadoras”.

El documento agrega que, pese a que la inflación haya disminuido, no se traduce en mayor poder adquisitivo ni en una mejor capacidad de consumo, mientras que las políticas gubernamentales han reducido la inversión en educación, seguridad social y programas públicos.

Propuesta sindical: implementar la metodología Anker

Como alternativa, la CSJMP-ANEP propone que el Consejo Nacional de Salarios adopte la metodología Anker, desarrollada por Richard y Martha Anker a través del Anker Research Institute, organización que produce referencias internacionales sobre salario e ingreso digno.

“Debe ponerse en agenda la implementación de esta metodología, asumiendo que los datos que arroje el cálculo salarial sirvan de base para la fijación del salario mínimo del sector privado. A partir de ahí podrán desarrollarse acciones que acerquen al cumplimiento formal de garantizar ingresos que generen dignidad para las personas trabajadoras”, indica la carta.

La Central subraya que esta propuesta busca alinear la política salarial con los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la obligación constitucional del Estado costarricense de promover la justicia social y la vida digna.

Llamado al diálogo social y a la justicia económica

El documento concluye haciendo un llamado al diálogo tripartito entre trabajadores, empresarios y gobierno, con el fin de reducir la desigualdad y fortalecer el Estado social de derecho, articulando acciones conjuntas que impacten el acceso a bienes y servicios de la clase trabajadora.

“Creemos en una Costa Rica con servicios sociales públicos fortalecidos y con acciones que reduzcan las brechas sociales y fomenten la justicia social”, afirma el comunicado.

La propuesta está firmada por Albino Vargas Barrantes, en representación de la Central Social Juanito Mora Porras – ANEP.

El documento completo puede descargarse aquí:
Propuesta salarial 2026 – CSJMP-ANEP (PDF)

Foro Nacional de Vivienda denuncia uso político y clientelista de la política habitacional

Escrito en 14/10/2025. Publicado en Vivienda.

El Foro Nacional de Vivienda, movimiento social con representación en todo el país e integrado por más de 36 liderazgos comunitarios, activistas y representantes de asentamientos y territorios que históricamente han defendido el derecho humano a una vivienda digna, denunció ante la ciudadanía, la Asamblea Legislativa y los poderes de la República las prácticas de manipulación política y uso clientelar de los programas de vivienda por parte del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles y del partido Pueblo Soberano, en el marco de la actual coyuntura electoral.

En su comunicado, el Foro recordó que desde su creación se ha consolidado como un espacio de articulación social y política no partidaria, orientado a visibilizar las demandas de miles de familias en situación de exclusión, promoviendo el acceso equitativo y transparente a soluciones habitacionales a través de la institucionalidad pública. Sin embargo, advierte que en los últimos meses ha constatado acciones sistemáticas que atentan contra estos principios y contra la ética pública.

Denuncias principales

Uso político del BANVHI y del MIVAH.
El Foro señala la utilización del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI) y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) como instrumentos de coacción y clientelismo electoral, aprovechando la vulnerabilidad de las familias beneficiarias.
Entre los casos mencionados figura el Proyecto de Vivienda Santa Cecilia, en La Cruz de Guanacaste, donde se habría identificado la intervención directa de candidatos a diputación del partido Pueblo Soberano, quienes convocaron a reuniones con beneficiarios durante actividades institucionales, buscando capitalizar electoralmente el acceso a la vivienda, derecho humano garantizado por el Estado y no un favor político.
Instrumentalización de actos públicos.
El Foro también denuncia la utilización de entregas de viviendas y visitas regionales de la ministra de Vivienda como actos proselitistas y de promoción política, lo que califica como abuso de poder y violación al principio de neutralidad del Estado.
A ello se suma —indica el comunicado— la intención de la jerarca de eliminar el bono del artículo 59, herramienta histórica que permite a familias de escasos recursos acceder tanto al lote como a la construcción de su vivienda, medida que agravaría las condiciones de exclusión social.

Llamado a las instituciones

El Foro Nacional de Vivienda rechaza categóricamente la utilización del derecho a la vivienda como mecanismo de control político, coacción o chantaje electoral, y exige a la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa investigar de forma urgente y exhaustiva los hechos denunciados.

El movimiento enfatiza que la vivienda es un derecho humano, no un instrumento electoral, y hace un llamado a la transparencia, la justicia social y el respeto a la dignidad de las familias costarricenses.

“¡Por una política de vivienda justa, transparente y libre de clientelismo!”, concluye el comunicado.

El documento completo puede descargarse en el siguiente enlace:
Comunicado del Foro Nacional de Vivienda (PDF)