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Etiqueta: justicia social

Sostenibilidad y sustentabilidad como conceptos complementarios en el desarrollo contemporáneo: Una propuesta (Énfasis en la participación ciudadana)

Alberto Salom Echeverría

Marco Conceptual

1. Introducción

En el debate contemporáneo sobre desarrollo, los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad ocupan un lugar central. Aunque a menudo son utilizados como sinónimos, existen matices semánticos y enfoques teóricos que permiten establecer distinciones relevantes entre ambos términos. Esta propuesta parte de la premisa de que, si bien dichos conceptos pueden ser diferenciados en su énfasis y alcance, deben ser entendidos como complementarios y no excluyentes, especialmente al momento de formular estrategias de desarrollo inclusivas, duraderas y contextualizadas. A esta distinción se suma una tercera dimensión esencial: la participación ciudadana como eje transversal y articulador del desarrollo.

2. Valor semántico de los conceptos

Las palabras no son neutras: encierran significados que orientan las políticas, definen prioridades y reflejan visiones del mundo. En este sentido, es útil revisar el valor semántico de sostenibilidad y sustentabilidad como parte de un análisis crítico del discurso sobre el desarrollo.

• El término sostenibilidad proviene del verbo sostener, asociado con la capacidad de mantener un equilibrio en el tiempo. En el contexto del desarrollo, se refiere comúnmente a la capacidad de una sociedad para crecer y evolucionar sin comprometer los recursos y derechos de futuras generaciones.

• Por otro lado, sustentabilidad, derivado de sustentar, connota apoyo, base o fundamento. Su uso en América Latina ha adquirido una connotación particular que enfatiza no solo la continuidad temporal del desarrollo, sino también la equidad social, la inclusión de los sectores históricamente marginados y la preservación del entorno local.

3. Marco teórico de la sostenibilidad

El concepto de desarrollo sostenible fue popularizado por el Informe Brundtland (ONU, 1987), que lo definió como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. Desde entonces, ha sido adoptado por organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial.

Este enfoque se articula en torno a tres pilares fundamentales:

1. Crecimiento económico: generación de riqueza y empleo.

2. Equidad social: mejora de la calidad de vida y reducción de desigualdades.

3. Protección ambiental: uso racional de los recursos naturales.

La sostenibilidad, desde esta óptica, es una estrategia de equilibrio estructural, que busca garantizar la estabilidad sistémica a largo plazo.

4. Enfoque crítico de la sustentabilidad

En América Latina y otros contextos del Sur Global, ha emergido una lectura crítica del desarrollo, que ha resignificado el término sustentabilidad.

Autores como Arturo Escobar, Enrique Leff y Boaventura de Sousa Santos han planteado que la sustentabilidad no puede limitarse a mantener un modelo económico viable, sino que debe implicar una transformación estructural basada en:

• Justicia ecológica y social.

• Respeto a la diversidad cultural y territorial.

• Participación ciudadana de comunidades locales.

• Autonomía en la gestión de recursos.

La sustentabilidad incorpora una ética del cuidado y un compromiso con la equidad intergeneracional e intrageneracional, particularmente en contextos históricamente afectados por la desigualdad, el extractivismo y la marginalización.

4 bis. La participación ciudadana como eje articulador del desarrollo sostenible y sustentable

Tanto la sostenibilidad como la sustentabilidad, en sus distintas aproximaciones, requieren de un componente esencial para su realización práctica: la participación de la ciudadanía en forma activa. Sin esta, cualquier modelo de desarrollo corre el riesgo de volverse tecnocrático, excluyente o desconectado de las realidades territoriales.

Participación y sostenibilidad

Desde el enfoque institucional, la sostenibilidad requiere mecanismos de gobernanza participativa para que las decisiones de largo plazo respondan a las necesidades reales de la población. La Agenda 2030, por ejemplo, destaca que los ODS deben ser alcanzados con la implicación de todos los actores: gobiernos, sector privado, academia y, fundamentalmente, la ciudadanía enfatizando en este caso en los sectores populares tradicionalmente excluidos. Han de buscarse con denuedo mecanismos de organización y capacitación para involucrarlos en las tareas del desarrollo.

Participación y sustentabilidad

En el enfoque más crítico y transformador de la sustentabilidad, la participación adquiere un carácter aún más central. Se entiende no solo como consulta o validación, sino como cogestión, empoderamiento y ejercicio de poder colectivo. La sustentabilidad implica que las comunidades tengan capacidad real para decidir sobre el uso de sus recursos, sus territorios y su futuro.

Tipos y niveles de participación

Es importante distinguir entre participación simbólica o consultiva y participación sustantiva, en la cual los actores sociales inciden efectivamente en el diseño, implementación y evaluación de políticas. Esta última requiere:

• Transparencia en la gestión pública.

• Acceso equitativo a la información.

• Espacios institucionalizados de diálogo y deliberación.

• Mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas.

Implicaciones en el contexto latinoamericano

En América Latina, la participación ciudadana ha sido clave para impulsar agendas ambientales y sociales alternativas, desde asambleas territoriales hasta presupuestos participativos. En países como Costa Rica, donde existe un cierto grado de organización civil y ambientalismo activo, profundizar la participación es esencial para garantizar que las estrategias de desarrollo no solo sean técnicamente viables, sino también socialmente legítimas y ecológicamente justas.

5. Implicaciones prácticas en América Latina

En la región latinoamericana, los términos se han aplicado de forma diferenciada según contextos institucionales y culturales:

• Sostenible es más usado en el ámbito internacional y tecnocrático, en planes nacionales y en la adopción de los ODS.

• Sustentable aparece con mayor frecuencia en el discurso académico, comunitario y ambientalista, con un enfoque más crítico y territorial.

Lejos de ser términos contrapuestos, pueden entenderse como dos niveles complementarios:

• Lo sostenible como estructura de largo plazo que garantiza viabilidad.

• Lo sustentable como proceso transformador que garantiza equidad y arraigo social/ecológico.

• Y la participación ciudadana como el vínculo que articula ambos enfoques y permite su legitimidad democrática.

6. Aplicación sugerida al caso costarricense

Costa Rica había conseguido importantes avances en la incorporación de ambos enfoques:

• A nivel institucional, había adoptado formalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y había empezado a establecer mecanismos de gobernanza para su implementación. Sin embargo, en estos últimos tres años y medio, merced al populismo y autoritarismo del gobierno, tales iniciativas se detuvieron y se vieron reemplazadas por decretos verticales, mediante los que se buscó manipular a sectores populares con poses demagógicas y gritos estentóreos.

• A nivel local y comunitario, diversas iniciativas se habían impulsado por medio de prácticas sustentables, como la agroecología, la conservación comunitaria, el turismo rural y la gestión participativa de los recursos naturales.

• A través de programas como la Red Cantones Promotores de los ODS y el Pacto Nacional por los ODS, el país ha de generar experiencias de gobernanza compartida, que, a partir de lo que se había logrado, deben ser ampliadas y profundizadas mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Esta dualidad puede ser aprovechada para diseñar nuevas políticas públicas que integren lo estructural con lo local, lo económico con lo ecológico, y lo técnico con lo ético.

7. Conclusión

Distinguir entre sostenibilidad y sustentabilidad no implica contraponer modelos, sino enriquecer el análisis del desarrollo desde múltiples dimensiones. Mientras la sostenibilidad se enfoca en la viabilidad estructural y temporal de los sistemas sociales y ecológicos, la sustentabilidad aporta una mirada ética, inclusiva y transformadora, orientada por la justicia ambiental y social.

La participación ciudadana, en este marco, constituye el puente necesario para que ambos enfoques se traduzcan en procesos reales, democráticos y enraizados en los territorios, garantizando legitimidad, corresponsabilidad y capacidad de transformación.

Historias de un caminante – Solidaridad con Palestina

Edison Valverde Araya

Recibo una llamada de la compañera Narcissa Carrera, quien me invita a ir a la Embajada de Colombia, a un acto de solidaridad con Palestina, junto con Marta Eugenia Mora Corrales, ambas amigas y mujeres luchadoras por la justicia, la solidaridad y el Buen Vivir de su cantón Desamparados, la Patria Grande y la Humanidad.

Fuimos recibidos por el señor Embajador, hubo presentación de todas las personas presentes y se leyeron mensajes de varias organizaciones dirigidos al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, en apoyo por su discurso y acción en la ONU y en las calles de Nueva York.

El dilema del 57%: más allá del voto útil y el voto castigo

JoseSo (José Solano-Saborío)

La cifra es elocuente y define la coyuntura: el 57% de la ciudadanía costarricense se declara sin partido o candidato definido (CIEP-UCR). Este no es un dato de apatía, sino el síntoma de una profunda desilusión y una crisis de representatividad. Para este electorado pivotal, la elección de febrero no es una simple contienda entre partidos, sino un complejo plebiscito sobre el rumbo del país, donde la disyuntiva parece reducirse a un oficialismo percibido como populista y autocratizante y una oposición fragmentada que ofrece cambio, pero con rostros múltiples y a veces contradictorios.

Ante este escenario, el votante indeciso debe tomar una decisión que trasciende el candidato individual. Se trata de elegir una estrategia de país, sopesando tres dimensiones críticas: la preservación de la democracia liberal, la consecución de la justicia social y la modernización del Estado Social de Derecho para hacerlo viable en el siglo XXI.

El oficialismo: ¿Continuidad o consolidación de un riesgo?

La opción oficialista se presenta como la defensora de la integridad y la transparencia, “único mal que nos aleja de convertirnos en una potencia regional”, aunque se tenga que sacrificar la justicia social y los logros del Estado Social de Derecho. Su argumento se centra en culpar a las instituciones sociales que califica como “corruptas e ineficientes” e “instrumentos de la élite”, por lo que hay que eliminarlas, algo así como la versión tica del “Estado Profundo” del QAnon de los gringos.

Que atractivo tiene el chavismo que ofrecer al 57% de indecisos o “sin partido”.

Pros para el votante indeciso: Ofrece una aparente estabilidad y continuidad en políticas macroeconómicas como la reducción de la deuda pública. Apela a la “modernización” de un modelo que, en el pasado, dio prosperidad al país, pero que fue corrompido. Para quien prioriza evitar un shock económico sobre una regresión en derechos sociales, puede parecer atractivo.

Contras fundamentales: El gran riesgo radica en la deriva autocrática. Las constantes pugnas con otros poderes del Estado, la retórica confrontativa y las prácticas que erosionan los controles y equilibrios democráticos son una alerta máxima. Un voto por el oficialismo puede interpretarse como un aval a este estilo de gestión, que podría consolidar un modelo de concentración de poder incompatible con la democracia costarricense histórica. Además, en el caso de los partidos más viejos o tradicionales, su discurso a menudo se muestra resistente a las reformas modernizadoras pero progresivas urgentes que el país necesita en materia fiscal, de empleo y de eficiencia estatal.

La oposición fragmentada: oportunidad y desconfianza

La oferta opositora es plural, pero su fragmentación es a la vez su fortaleza y su mayor debilidad. Una parte de nuevas opciones política y coaliciones representan la alternativa de cambio, pero sin una visión unificada, ni convincente hasta ahora.

Pros para el votante indeciso: Encarna la posibilidad de restaurar los equilibrios democráticos y frenar la concentración de poder que pretende consolidar el chavismo. Diversos sectores opositores proponen agendas de modernización del Estado, atracción de inversión y generación de empleo, abordando problemas económicos críticos que afectan la calidad de vida. Un voto por la oposición es, en esencia, un voto por la alternancia y la renovación del sistema.

Contras fundamentales: La falta de unidad genera incertidumbre. ¿Un gobierno de coalición por un posible consenso para la eventual segunda ronda? ¿Será viable o será ingobernable? Existe el temor fundado de que, una vez en el poder, las facciones opositoras repitan viejas prácticas clientelistas o impulsen reformas sin los consensos necesarios, generando conflictividad social. Para el votante que valora la justicia social, el desafío es discernir si la “modernización” propuesta no será un eufemismo para desmantelar conquistas sociales.

Estrategias de voto: ¿El voto útil o quebrar el voto?

Aquí es donde la decisión del 57% se vuelve táctica.

El voto útil: Consiste en apoyar al candidato opositor con mayores posibilidades de derrotar al oficialismo en una eventual segunda ronda, aunque no sea la opción preferida. Es una estrategia pragmática cuyo objetivo principal es garantizar el cambio de gobierno y la defensa del sistema democrático.

Pro: Maximiza la probabilidad de evitar la reelección del oficialismo. Es una respuesta contundente a la polarización.

Contra: Sacrifica la expresión de una preferencia ideológica más afinada. Puede perpetuar un sistema bipartidista de facto y desincentivar la oferta de propuestas más innovadoras y específicas.

Quebrar el voto (o voto estratégico distinto): Implica votar por una opción opositora que, aunque no lidere las encuestas, represente mejor los valores e intereses del votante (por ejemplo, una opción más centrada en la modernización tecnocrática o, por el contrario, en una justicia social renovada). La esperanza es que una buena votación para estas opciones fuerce al eventual ganador opositor a incorporar sus agendas en un gobierno de coalición y consensos.

Pro: Fortalece la democracia al mostrar el peso real de distintas corrientes de opinión. Envía un mensaje claro sobre las prioridades de la ciudadanía (medio ambiente, transparencia, economía social solidaria, etc.).

Contra: Es un riesgo calculado. Si el voto opositor se fragmenta demasiado, podría facilitar el paso a la segunda ronda del oficialismo, frustrando el objetivo común de cambio.

Un voto por la gobernabilidad democrática futura

El ciudadano del 57% no debe sentirse presionado a elegir entre democracia y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. La verdadera elección es cómo construir una gobernabilidad que garantice ambas.

La pregunta clave es: ¿Qué escenario ofrece más posibilidades de reconstruir un pacto social que modernice el Estado Social de Derecho sin destruirlo?

Un voto por el oficialismo, en la percepción mayoritaria, parece condenar al país a otros cuatro años de polarización y estancamiento en las reformas urgentes, con el riesgo latente de una mayor erosión democrática y concentración del poder e, incluso, la venta o desmantelamiento del ICE, la Banca Estatal, el INS y demás ‘joyas de la abuela’.

Un voto por la oposición, a pesar de su desorden, abre la puerta a la incertidumbre, pero también a la oportunidad. La responsabilidad del 57% no termina el primer domingo de febrero. Su verdadero poder será exigir, vigilar y participar para que, cualquiera que sea el resultado, el próximo gobierno entienda que su mandato no es imponer una ideología, sino facilitar un diálogo nacional que reconcilie la justicia social con un Estado eficiente, la sólida con una economía pujante. El voto no es el fin, es el primer acto de una ciudadanía que despierta para reclamar su futuro.

Sin hablar de seguridad pública, seguridad alimentaria y el agro, la recesión turística, por ahora me voy prometiendo hablar de esto y qué oferta hacen los movimientos políticos, en la próxima.

Saludos desde el este.

La deuda a la CCSS es un crimen social del neoliberalismo

El Partido Vanguardia Popular (PVP) denuncia con firmeza la política neoliberal que alienta el abandono institucional de los sectores sociales más desprotegidos de nuestro país. El reciente recorte presupuestario anunciado por el Gobierno, que deja a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sin recursos suficientes para pagar las pensiones no contributivas, es un crimen social inadmisible.

I. Lo que está ocurriendo

Para el año 2026, el Gobierno asignará ¢163 mil millones al Régimen No Contributivo de la CCSS, lo que supone un recorte de ¢29.413 millones con respecto al presupuesto de 2025.

Específicamente, las pensiones para adultos mayores pasarán de ¢102 mil millones en 2025 a tan solo ¢71 mil millones en 2026.

Se proyecta un déficit superior a los ¢60 mil millones para poder cumplir obligaciones ya existentes, lo que hace que no haya dinero suficiente ni para pagar lo que actualmente se adeuda, ni para otorgar nuevas pensiones que el Plan Nacional de Desarrollo estipula (unas 5.000 pensiones nuevas).

Además, el Estado planea cubrir solo el 55 % de lo que debe transferir a la CCSS en el concepto del Seguro de Salud, generando un faltante de más de ¢400 mil millones adicionales.

II. Nuestra condena

El Partido Vanguardia Popular considera que:

Este recorte presupuestario es responsabilidad directa de un modelo neoliberal que prioriza los intereses financieros por encima de los derechos sociales fundamentales. Es inconcebible que en un país con los niveles de desigualdad e injusticia que vivimos, se recorten recursos que garantizan la dignidad y la subsistencia de quienes más lo necesitan.

El abandono de la CCSS, en temas de pensiones, salud, pensiones no contributivas, falta de especialistas, infraestructuras sanitarias y personal, constituye una violación del deber del Estado de garantizar el bienestar y la protección social. El recorte anunciado intensifica la crisis de acceso a servicios esenciales.

La multimillonaria deuda del Estado con la CCSS, que incluye obligaciones pendientes en salud, IVM, pensiones no contributivas y obligaciones legales, agrava la situación y pone en riesgo la salud pública, las vidas de miles de personas adultas mayores, con discapacidad o de bajos ingresos, así como la estabilidad institucional de nuestra Caja.

La corrupción y los escándalos recientes, particularmente el Caso Barrenador y el ERP-SAP, deben investigarse con rigor. No basta con mencionar estos casos, hay vidas humanas que pagan el costo del desvío de recursos y la ineficiencia, cuando se deberían invertir esos fondos en salud, pensiones, servicios básicos, personal y especialistas.

III. Demandas del PVP

Exigimos al Gobierno y a la Asamblea Legislativa que actúen con urgencia:

Restablecer el presupuesto necesario para que la CCSS pueda cumplir con el pago completo de las pensiones no contributivas para adultos mayores, sin recortes arbitrarios.

Garantizar los recursos para la atención de salud, para el Seguro de Salud, para el IVM, para personal, especialistas e infraestructura sanitaria adecuados.

Saldar la deuda pendiente que mantiene el Estado con la CCSS, como un acto de responsabilidad con quienes más lo necesitan.

Apertura inmediata de investigaciones independientes con transparencia plena sobre los casos de corrupción (Caso Barrenador, ERP-SAP, otros), y sanción efectiva para quienes resulten responsables.

Implementar políticas económicas y fiscales progresivas que redistribuyan equitativamente la riqueza, en lugar de recortar derechos sociales esenciales.

IV. Nuestro compromiso

El PVP reafirma su compromiso con la justicia social, la solidaridad, y la defensa de los derechos humanos. No permitamos que el neoliberalismo siga relegando al olvido a las personas más vulnerables. Estaremos vigilantes, movilizándonos y proponiendo alternativas que garanticen que todos los costarricenses tengan acceso a una vida digna, con salud, pensiones, vivienda, educación y bienestar.

Este gobierno tiene la responsabilidad política, moral y legal de responder ya. Ninguna persona debe quedar sin pensión, sin atención médica, sin dignidad, ni sin esperanza.

Llamamos a la ciudadanía a defender la salud pública, la CCSS, como pilares fundamentales para la salud y la vida de nuestro pueblo. Organización y lucha es la única alternativa contra este despojo.

Partido Vanguardia Popular

23 de setiembre 2025

«Su batalla cultural y la nuestra» de Fernando Buen Abad

Henry Mora Jiménez

La disputa por los significados

Hasta hace algunos días pude leer el artículo “Su batalla cultural y la nuestra”, del filósofo mexicano Fernando Buen Abad (publicado a inicios de julio pasado en LaRedH). Creo que la propuesta de Buen Abad merece al menos un comentario de nuestra parte.

¿De qué hablamos cuando hablamos de «Batalla Cultural»?

El término «Batalla Cultural» se ha vuelto central en el discurso de políticos, medios de comunicación y redes sociales a nivel global. Originalmente, es un concepto que las derechas y los sectores conservadores utilizan para describir su lucha contra lo que ellos llaman una «hegemonía progresista» o «dictadura progre» que, según alegan, domina espacios como la educación, los medios, el arte y las leyes. Afirman estar resistiendo para defender «valores tradicionales» como la familia, la patria y la libertad, que sienten amenazados. El artículo analiza esta estrategia no como una defensa genuina, sino como una poderosa ofensiva ideológica para mantener el control sobre los significados que estructuran nuestra sociedad.

El análisis de la «Batalla Cultural» de la derecha y la propuesta de respuesta

Fernando Buen Abad explica que, desde un punto de vista de izquierdas, esta «batalla» es en realidad una disputa por el poder simbólico: es una guerra por controlar el significado de las palabras, las narrativas y las emociones que dan forma a nuestro sentido común.

¿Cómo funciona la estrategia de la derecha?

Se presentan como «rebeldes»: Aunque suelen detentar el poder económico y político, se pintan a sí mismos como víctimas de una élite cultural progresista dominante. Esto es una inversión del concepto de «hegemonía cultural» de Gramsci.

Usan palabras cargadas y emocionales: Emplean significantes como «libertad», «adoctrinamiento», «ideología de género» o «marxismo cultural» de manera flexible. Estos términos no tienen un significado fijo, sino que se llenan de contenido emocional (miedo, indignación, nostalgia) para movilizar a la gente. Por ejemplo, «libertad» puede significar para ellos libertad de mercado o de no pagar impuestos, no la libertad social o la libertad de expresión.

Construyen un «enemigo»: Crean la figura de un «Otro» negativo (la feminista, el migrante, el maestro «adoctrinador», el «comunista») que funciona como una amenaza unificadora para su base.

Dominan las redes sociales: Su batalla se libra eficazmente en plataformas como TikTok, YouTube y con memes. No apelan a la razón con datos, sino a la afectividad y las emociones con relatos simples, gestos e imágenes virales, ganando terreno especialmente entre audiencias jóvenes.

La propuesta: Nuestra batalla cultural
Frente a esto, Buen Abad argumenta que la izquierda no puede limitarse a denunciar hechos o defender instituciones. Debe aprender a disputar el sentido. Esto significa:

– Producir símbolos, relatos y prácticas alternativas y emancipadoras.

– Romper las asociaciones de ideas que impone la derecha (ejemplo: feminismo = destrucción de la familia).

– Apropiarse de los lenguajes populares y generar contra-narrativas deseables, no solo verdaderas.

– Entender que la política es, también, una lucha por los significados que organizan la vida social.

La importancia de este análisis para entender la realidad de Costa Rica

Este tipo de análisis es también de enorme importancia para Costa Rica porque nos permite decodificar la política actual más allá de la superficie. El país no es ajeno a esta «batalla cultural» global. Discusiones intensas y polarizadas sobre la educación sexual, el lenguaje inclusivo, el papel de la religión, las instituciones, la identidad nacional (Tercera república) o la figura de los sindicatos son reflejo de esta misma disputa por el sentido común.

Entender que detrás de eslóganes emocionales y campañas en redes hay una estrategia semiótica organizada para resemantizar conceptos como «familia», “liderazgo” o «libertad», nos ayuda como ciudadanos a:

No caer en polarizaciones simplistas: Permite analizar críticamente los mensajes, identificando los intereses reales que hay detrás de un discurso que se vende como «rebelde» o «antisistema».

Comprender la raíz de los conflictos: Muchas tensiones sociales no son solo sobre leyes o economía, sino sobre qué valores y significados queremos que definan nuestra sociedad.

Exigir una disputa de ideas más robusta: Empuja a quienes defienden propuestas progresistas, de justicia social o de emancipación humana a comunicarlas mejor, con narrativas potentes y emocionalmente resonantes que conecten con la gente, yendo más allá de los informes técnicos y las declaraciones académicas.

En esencia, este marco analítico nos da herramientas para ser ciudadanos más críticos de la información que nos ahoga y participantes más conscientes en la vida democrática costarricense, reconociendo que la lucha por el poder pasa, inevitablemente, por la lucha por el significado de las palabras con las que entendemos el mundo.

Género, poder y democracia en la academia

III Congreso Universitario “Universidad y Sociedad”. Fuente: AUROL ¡Los académicos no deben voltear la mirada!

Rosaura CHinchilla-Calderón
Rosaura.chinchilla@ucr.ac.cr
Docente a.i. en la Facultad de Derecho

Nuestro país transita un campo minado: se ha erosionado el pacto social que nos sostuvo y se dinamitan pilares como la autonomía universitaria. El regateo de recursos del FEES, las leyes de empleo público y la desvalorización de la educación superior son síntomas de un desgaste estructural que también se refleja en la propia comunidad universitaria. El mundo tampoco ofrece un respiro. Autoritarismos renovados, neofascismos, guerras y genocidios ignominiosos asedian democracias frágiles y penetran los espacios académicos. En ese marco, los derechos se negocian a la baja y retroceden. Mientras tanto, en casa, los feudos internos de poder impiden acciones de avance.

Congresos con deuda pendiente

La UCR, aunque fue el primer centro educativo superior moderno y formalmente laico del país —al suceder a la pontificia Universidad de Santo Tomás que, además de Letras y Derecho contaba con Facultad de Teología— absorbió parte de las unidades académicas de aquella y las unió a otras nuevas, pero sin generar una unificación integradora. De allí que el quehacer universitario se fuera ajustando mediante la reflexión intra-orgánica por medio de los congresos universitarios los cuales se convirtieron en espacios de autocrítica y reforma. A esta fecha suman siete y un octavo está en curso. Algunos marcaron hitos, como el tercero (1971-72), que transformó la estructura académica. Solo en el quinto (1990) se instauró una comisión para reflexionar sobre “la (sic) mujer universitaria”.

Democracia universitaria: el ángulo olvidado

El VIII Congreso se desarrolla bajo el lema: “La construcción de la Universidad del futuro en respuesta a las necesidades nacionales y globales”. Una consigna esperanzadora que quedará en palabras si no se aprovecha la coyuntura para afrontar la deuda histórica con la democratización universitaria tanto externa —para llevar aún más oportunidades educativas de calidad a diversas zonas del país— como con la interna a fin de disminuir las brechas que hoy caracterizan el quehacer universitario. Entre estas se encuentran distorsiones como

  1. el desigual peso de las voces en la deliberación interna según se provenga del sector académico, administrativo o estudiantil;

  2. las desigualdades entre el personal académico de la sede central frente a las sedes regionales;

  3. la infravaloración del personal en condición de interinazgo frente al adscrito a régimen académico.

Sin embargo, la brecha más persistente es la de género, a la que se suman condicionantes interseccionales que generan nuevas estratificaciones. Mujeres interinas, en sedes regionales, indígenas, afrodescendientes o con alguna condición de discapacidad, para citar solo algunos casos, estarán en el vértice de las discriminaciones. Aunque es vital reflexionar sobre todas las formas de democratización universitaria, me centraré en esta última.

Androcratemia”

Designaremos, caprichosamente, como “androcratemia” el estado patológico de una comunidad de saberes en donde el poder masculino se naturaliza, reproduce y legitima como si fuera parte de su funcionamiento vital. El término une las raíces griegas “andrós” (hombre, varón), “Kratos” (poder, dominio) y “-emia” (sufijo de patologías sistémicas, como en anemia o septicemia, y morfonema final de la palabra “academia”). Y este es, precisamente, el estado de las cosas en la UCR.

Baste mencionar que el sexismo en nuestra academia está tan naturalizado que en más de 80 años de historia solo ha habido una rectora propietaria; la cantidad de profesoras eméritas y catedráticas es escandalosamente menor respecto de sus pares varones; los salones y plazas llevan nombres masculinos; cientos de docentes sostienen el quehacer interno con sus interinazgos perennes y la composición de las Asambleas de Facultad, Consejos Científicos de Institutos de Investigación y de paneles académicos convocados sigue siendo mayoritaria o exclusivamente masculina.

Pese a ello, los acuerdos formales adoptados por las instancias administrativas y de gobierno de la UCR sobre la discriminación contra las mujeres universitarias han sido pocos, recientes y no exentos de resistencia. No fue sino hasta 2020 en que el Consejo Universitario (CU) aprobó el proyecto Mujeres en la bibliografía para: “1. Exhortar a la comunidad universitaria a desarrollar procesos reflexivos que permitan identificar las desigualdades de género presentes en la academia, para así tomar medidas concretas, a fin de erradicar las inequidades existentes…” También se comprometió a incluir la perspectiva de género en el trabajo cotidiano de la Universidad y a elaborar diagnósticos anuales sobre el estado interno de la igualdad de género. Más recientemente se han creado iniciativas como PUBLICARE para estimular la producción académica de mujeres y su ascenso en régimen académico; surgió la Unidad de género de la UCR y la Red de Mujeres en Ciencias, Ingenierías y Humanidades. Sin embargo, fueron las denuncias públicas las que propiciaron la depuración de la tramitología asociada a procesos por acoso sexual en la docencia y no se ha dado el paso principal: implementar acciones afirmativas que garanticen la igualdad en la academia.

Paridad de género: una obligación, no una opción

El VIII Congreso tanto como las actuales autoridades universitarias no deberían evadir más la cuestión. Se requieren reformas estatutarias que garanticen la paridad en órganos de decisión y que implementen medidas afirmativas claras: concursos y becas exclusivas para mujeres, criterios diferenciados de admisión para poblaciones históricamente marginadas (como ya aprobó el CU algunas) y políticas de contratación que eliminen carteles diseñados a la medida de unos, no pocas veces cercanos a centros decisorios.

Quien objete estas medidas bajo el argumento de “discriminación inversa” desconoce que tratados internacionales como la CEDAW o la Convención de Belém do Pará, ambos ratificados por Costa Rica, obligan al Estado —y, por ende, a la universidad pública— a aplicarlas. Estos tratados están por encima de la Constitución Política y de la autonomía universitaria la cual nunca puede usarse para justificar retrocesos sino para potenciar posiciones humanistas y nada puede recibir mejor ese calificativo que disminuir brechas entre seres humanos. Las acciones afirmativas no son concesiones, sino compromisos éticos y jurídicamente vinculantes.

La paridad de género como justicia democrática

El Estatuto Orgánico de la UCR establece que su misión es contribuir a la justicia social y al bien común. Hoy, esa misión exige que la universidad asuma con seriedad la paridad y la perspectiva interseccional de género.

No basta con sumar algunos nombres de mujeres a listas o fotos institucionales. Se trata de transformar las estructuras que las excluyen, de abrir espacios de poder real y de garantizar que la academia costarricense deje de reproducir las mismas desigualdades que critica.

El VIII Congreso Universitario o reafirma una universidad que se moderniza en el vacío, sin democratizarse, o inaugura un camino donde las mujeres universitarias dejan de ser satélites de focos de poder y para ser concebidas como parte esencial de la academia, en igualdad de condiciones que sus pares hombres.

Sociología Jurídico-penal – Lecciones de Teoría y Práctica Criminológica

José Manuel Arroyo Gutiérrez
25 de setiembre de 2024*.

Palabras en la presentación del libro

El libro que les ofrezco es una especie de ajuste de cuentas mío con el Derecho y la Justicia. Pero he procurado que no sea un ejercicio individual o ego-centrado, sino por el contrario, un testimonio en contra de esa idea que cunde en nuestros aciagos días, que ensalza al individualismo y sus supuestos logros meritocráticos, que llama a la lucha de todos contra todos y al sálvese quien pueda. Este es un libro que homenajea a los líderes del pasado que construyeron la educación pública, a todo nivel, a la que tuve posibilidad de acceder; a la ayuda económica que obtuve en la secundaria y como asistente en la Universidad; a todo lo que aprendí de mis maestras y maestros; y a todo lo que aprendí también durante cuatro décadas, de mis inteligentes, contestatarios y críticos estudiantes; es el resultado asimismo de quienes fueron mis maestros en la judicatura y la academia, los doctores Luis Paulino Mora Mora, Daniel González Álvarez, Mario Houed Vega, Fernando Cruz Castro, Sonia Picado Sotela, Wálter Antillón Montealegre, Elías Carranza Lucero, y otros que cometo la injusticia de no mencionar; así como los colegas jueces, letrados y asistentes en la labor de impartir justicia. Quien cree que todos sus logros son el resultado de su único esfuerzo y talento, y ebrio de prepotencia obra en consecuencia, se olvida que, como nos lo recuerda el sociólogo francés Bernard Laire, el concepto de individuo es una abstracción metafísica, inexistente, el ser humano es esencialmente el resultado de lo que hace o deja de hacer con-los- otros y, todo lo que pierde o gana en el camino, va a ser mérito o demérito de quienes le acompañan en el viaje.

Ya nuestros generosos comentaristas se han referido a los aspectos básicos de este libro. No voy a reincidir en más cuestiones metodológicas, de estructuras o contenidos. Más bien, permítanme compartir con ustedes en esta tarde-noche una reflexión más personal, íntima si se quiere, del iter existencial que me ha llevado a dejar este testimonio por escrito.

La sabiduría del maestro abolicionista penal, el profesor holandés Louk Hulsman, nos puede inspirar e iluminar. Somos el resultado de nuestras experiencias existenciales; lo que meditamos se fragua en las vivencias que nos va ofreciendo la vida; biografía e ideología terminan siendo entidades estrechamente mezcladas e imbricadas. Una de las vivencias decisivas en la doctrina de Hulsman la refiere a ese momento en que, siendo todavía un niño, vivió la retirada del ejército nazi del suelo holandés, sin que aún hubieran tomado el control los ejércitos aliados. En ese interregno, aquel infante vivió la experiencia de un mundo momentáneamente sin Estado, sin Derecho ni derechos, sin obligaciones y sin policías preventivas o represivas, sin tutela de la vida, la propiedad, ni otros bienes jurídicos esenciales.

Aquella vivencia le enseñó a reflexionar sobre la relatividad de las leyes, a cuestionar las concepciones naturalistas o esencialistas del Derecho, y a contrario, su naturaleza fundamental como expresión de poder de quienes coyunturalmente tienen la fuerza o violencia oficial para imponerse; y finalmente, le abrió la posibilidad de soñar un mundo en donde fuera posible la resolución de los conflictos humanos, sin tener que recurrir al castigo propio del Derecho Penal, especialmente las penas corporales, la privación de libertad o la pena de muerte.

Así, todos los aquí presentes podemos hacer el ejercicio de reconstruir lo que nos ha definido como seres pensantes. Y en esta oportunidad me voy a permitir compartir con ustedes algunas de las experiencias que me marcaron indeleblemente y que definieron una trayectoria vocacional y una carrera que combinó la judicatura con la docencia, hasta querer plasmar esa trayectoria en el libro que hoy presentamos. Son cuatro breves anécdotas, pero determinantes en mi biografía.

1. El taller de juguetes.

Pocos años después de los hechos bélicos del 48, a mediados de los años cincuenta, a mi padre lo nombraron Primer Comandante de la Penitenciaría Central en San José, el equivalente a un director de Centro de Atención Institucional de Adaptación Social actual. Los días domingos se hizo costumbre familiar almorzar en el comedor para empleados de ese centro carcelario. Después, también se hizo costumbre llevar a aquellos hijos del Jefe al taller donde los presos construían juguetes como maromeros, camiones de carga, trompos, yoyos, matracas, entre otros. Para mí, aquel fue sólo un espacio mágico, lo más cercano a lo que años después pude ver en el taller de juguetes de Santa Klaus, en el imaginario fílmico de Walt Disney. La única diferencia constatable era que, en lugar de hombrecitos de cuento que ayudaban a preparar la Navidad, me tocó alternar con hombres rudos, acusados y condenados por todo tipo de delitos, que aliviaban su cautiverio con una actividad artesanal. Pero además, y ya pasados varios años después de esta anécdota, mi padre recibió con frecuencia la visita de algunos de aquellos ex presidiarios, casi todos con el estigma de “alta peligrosidad”, en la sala de nuestra casa, conversaban horas sobre todo tipo de temas, muchos se habían reivindicado y sobre todo, se habían convertido en buenas amistades familiares. No puedo dejar de ver que eran otros tiempos, otra Costa Rica, pero la experiencia perdura.

Las lecciones aprendidas fueron varias. Aquel campesino puriscaleño devenido en comandante de plaza, contra la tradición arraigada, se negó siempre a dar palizas a los indisciplinados, en lo posible dispensó un trato humanitario a los presos, se ganó su respeto y aprecio, y trató a aquellos delincuentes con mucha liberalidad, dando, por ejemplo, permisos de salidas temporales que le trajeron no pocos problemas cuando no regresaban. Pero en el fondo, la lección aprendida fue que era posible creer en el lado humano de los caídos en desgracia, era posible reivindicar o rescatar a las personas, y era posible aspirar a un sistema penitenciario respetuoso de los derechos fundamentales. Y todo aquello, sin haber conocido las teorías sobre resocialización de Krause, Dorado Montero o Concepción Arenal. Puro sentido común humanitario, puro compasión cristiana, y pura inteligencia de alguien que, como mi padre, salió del campo al Congreso de Diputados, pero también a lidiar con uno de los problemas sociales más álgidos de todas las épocas, el duro y violento mundo de las prisiones.

2. Un desventurado accidente.

Un desventurado accidente con un arma de fuego, también en la niñez temprana, hizo florecer en mi espíritu una profunda aversión hacia las armas, los militares, las guerras. Un marcado pacifismo, una admiración sin límite a Tolstoi, Gandhi y Luther King y todo ideario que promoviera la solución pacífica de los conflictos, de la mano del derecho, como no, y abominando la opción de arreglar esas diferencias a golpes o a balazos. Cuando vemos cómo la sociedad estadounidense se desangra por el uso irrestricto de armas de fuego, cuando constatamos mediante investigaciones especializadas que en esa misma sociedad mueren más personas por atentados y accidentes con armas, que en hechos de defensa propia, vuelve a aparecer la urgencia impostergable de restringir, por medio de las leyes, esos dispositivos de muerte para asegurar una convivencia pacífica y un futuro más seguro a las próximas generaciones. Un país civilizado es el que permite las armas sólo a sus cuerpos policiales y con un uso debidamente reglamentado para casos extremos.

3. La opción por el más débil.

Me tocó vivir la transición de la chiquillada jugando en la calle, antes de que la televisión y la luz de su pantalla nos hipnotizaran para siempre. Eran los tempranos años sesenta del siglo pasado. Sobre todo, cuando venían las largas vacaciones escolares, ocurrían experiencias extraordinarias. En la ciudadela de Hatillo No. 1 de aquellos tiempos, había una pareja de gemelos, no idénticos, los hermanos Blanco. Lo cierto es que este par de hermanos, con gran liderazgo, convocaban a las hordas desocupadas a un juego peligroso en las calles de aquel floreciente Hatillo, en el que todas las casas eran nuevas y casi toda la gente era joven. Lo cierto es que había que apuntarse con uno de los gemelos a bandos en contienda. Había que construir cuarteles, ranchos hechos de palos, ramas, zacate seco. Había que conquistar el cuartel enemigo, sobre todo haciendo uso de lanzas, flecas, pedradas. Pero he aquí que aquella dinámica bélica escondía una perversa truculencia: alrededor del gemelo más alto y fornido se congregaba la inmensa mayoría de los chiquillos y, los que en un gesto casi suicida nos adheríamos al gemelo más débil y esmirriado, quedábamos en franca minoría y condenados a morder, literalmente, el polvo de la derrota. No hace falta decir que la batalla duraba poco. Librados por milímetros de que un flechazo o pedrada nos mandara al hospital, el bando del gemelo debilucho corrió en desbandada, vio cómo ardía su cuartel y buscó refugio en los delantales seguros, de las distraídas madres.

Las lecciones de vida fueron fundamentales. Todavía no me explico de donde sale esta compulsión por apoyar a los más vulnerables, esta vocación de construir equilibrios, este afán, en fin, de justicia. No lo pude aclarar siquiera con años de psicoanálisis. Aquellas vivencias me prepararon, eso sí y para bien, a dar las batallas que escogía, preparado no para asegurarme un triunfo poniéndome a priori del lado con más fuerza, sino al contrario, preparado para perder mil veces, si fuera necesario, hasta asegurarme un poco de equidad y justicia en el mundo que me tocó vivir. Culminación de estas enseñanzas es que tampoco he pensado como piensan las mayorías, me ha tocado perder y ganar en este plano, y me ha corroído más el dolor de las dudas que el alivio de las certezas, pero en todo caso, sabiendo siempre que mi modo de pensar no va a ganar con facilidad elecciones generales.

4. ¡Alcoa No!

Era la tarde del 24 de abril de 1970. Llevaba puesta una boina para cubrir la cabeza recientemente rapada en el ritual de iniciación de ingreso a la Universidad de Costa Rica, según era tradición entonces. Una multitud de jóvenes colegiales y universitarios nos concentrábamos frente a la Asamblea Legislativa gritando al unísono ¡ALCOA NO! Se estaba dando el último debate para la aprobación de una figura jurídica sui generis: un contrato-ley entre el Estado costarricense y una empresa minera transnacional. Los acontecimientos se fueron dando súbitamente. La multitud intentó entrar al recinto parlamentario, las fuerzas de seguridad se lo impidieron, algunos manifestantes empezaron a jalar las alfombras rojas del pasillo de ingreso, otros comenzaron a volar pedradas contra los ventanales y alguien desconectó el interruptor de energía del edificio. Para entonces ya la policía había comenzado a usar sus porras, detener cabecillas y lanzar las primeras bombas lacrimógenas. Sin ninguna vocación heroica ni de martirio, -ya saben que no era la primera vez que corría en mi vida- comencé la estampida siguiendo el sabio consejo quijotesco de retirar no es huir, en medio de una multitud, Cuesta de Moras abajo, hasta ponerme a salvo.

Entre las enseñanzas de esta vivencia juvenil, la intuición de que el derecho gravita fuertemente, para bien y para mal, en toda comunidad humana; la curiosa figura jurídica de un contrato-ley que había que entender y cuestionar; la defensa de la soberanía nacional; los primeros atisbos de la necesaria invención de un derecho ambiental; y la impostergable prohibición de una explotación minera salvaje, a cielo abierto. Aquél fue mi bautizo político y la juventud costarricense tuvo su mayo en París del 68 y su Tlatelolco, México, también en ese mismo año. Luego vinieron años de estudio y activismo dentro del movimiento estudiantil de aquellos setentas llenos de organización y discusión política, noches y madrugadas para preparar exámenes, y al final, la inserción al mercado laboral en la judicatura y la academia. Pero para entonces, ya estaba forjada la brújela que me ha orientado, ya estaban fraguados los principios, las huellas y las cicatrices.

Este libro es sobre todo resultado de los apuntes que por años guardé de los cursos que impartí, en grado y posgrado, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional con sede en Heredia. Es una apuesta por encontrar una Sociología Crítica que, con el horizonte de los Derechos Humanos, le dé un rol a lo jurídico, en un avance constante para la conquista y consolidación de más derechos para todas y todos, más allá de si podemos, a corto o mediano plazo cambiar radicalmente el mundo, a través de políticas anti-sistema, estrategia que no parece estar a la vuelta de la esquina.

Este libro es también una apuesta por una Criminología Crítica que nos permita comprender la violencia criminal y todas las demás formas de violencia social, como un desafío en el que, según las respuestas que demos, aliviaremos o agravaremos los conflictos, asimetrías e inequidades de las sociedades actuales. Por siglos, la Criminología tradicional se ha ocupado en demasía del delito y el delincuente común, o más recientemente de formas de criminalidad más complejas como el cuello blanco o el crimen organizado. Pero muy poco se ha reparado en los más grandes crímenes de la modernidad: las guerras de conquista, el colonialismo, los genocidios, las estrategias de exterminio étnico y cultural, los crímenes de género o los crímenes contra la madre tierra, que un discurso criminológico renovado y crítico debe abordar.

Con este marco teórico, el libro aborda en tres ensayos, lo que ha sucedido en Costa Rica entre 1990 y el 2020. Hay una especie de imagen o retrato del país en el Capítulo III. En el Capítulo IV se da un seguimiento a la principal evolución de la legislación nacional en materia penal sustantiva, procesal penal, penitenciaria y leyes acordes con el modelo de economía de mercado que, a sangre y fuego, se nos ha querido imponer. Por último, en el Capítulo V, se ha querido resumir la principal jurisprudencia constitucional penal de este mismo periodo, donde pretendo demostrar, la hipótesis central de todo el trabajo: la transición en Costa Rica de un modelo de Estado Social de Derecho hacia un modelo de libre mercado, no sólo ha lesionado la institucionalidad democrática y agravado los indicadores de inequidad en el país; sino que ha echado mano al fortalecimiento del sistema punitivo como mecanismo de fuerza para tratar de paliar las asimetrías, desigualdades e inequidades que ese mismo régimen ha engendrado. Cuando a alguien se le ocurre levantar carpas en los centros penitenciarios –y esto es tan reciente que no está en el libro- para atender el problema de sobrepoblación penal, lo que tenemos al frente es una confesión de fracaso; un modelo fallido de sistema socio-económico que no ha podido resolver qué hacer con “los que sobran” en esta sociedad, un régimen que no sabe qué hacer con “la excedencia” de la que nos habla De Giorgie.

En fin, este libro es por último una apuesta por el principio de Razón. La Razón y las buenas razones como única fuente de legitimidad política de la actuación de las autoridades públicas en un Estado de Derecho. En tiempos en que se pretende alzar la voz y golpear la mesa como modelo de comunicación entre las personas; en una época en que los discursos de odio, miedo y discriminación ganan elecciones; en una época en que el eficientismo neoliberal pretende arrasar con instituciones y controles, el principio de Razón, esencia del derecho, se vuelva cada vez más necesario e imprescindible.

Muchas Gracias.

*Esta presentación se realizó hace un año, en setiembre del 2024.

¡No a las jornadas de 12 horas! ¡Exigimos dignidad laboral!

Manifiesto del Movimiento Trabajo Digno CR

En pleno 2025, la Asamblea Legislativa de Costa Rica insiste en mantener un debate que como sociedad habíamos superado hace más de un siglo: la extensión de la jornada laboral y los derechos de las personas trabajadoras.

Desde 1920 la jornada laboral de 8 horas fue conquistada en nuestro país y más adelante consagrada en la Constitución Política de 1949, el Código de Trabajo y en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado costarricense. Pese a ello, hoy se discute el Proyecto de Ley 24.290, impulsado por la diputada Daniela Rojas del PUSC, que pretende autorizar jornadas laborales de hasta 12 horas diarias sin el pago de horas extras durante cuatro días de trabajo con 3 días de descanso. Aunque incluso los días de descanso- prometidos como compensación- se ven amenazados, ya que el texto actual permite que dos de los tres días queden a disposición del patrono.

Nos encontramos frente a un proyecto de Ley que pretende modificar el Código de Trabajo, no para modernizarlo sino para despojar a la clase trabajadora de derechos fundamentales como el pago de horas extra. Esta propuesta representa un grave retroceso en las conquistas históricas del movimiento obrero costarricense y una amenaza directa a los principios de dignidad, justicia social y salud.

Nuestra oposición al proyecto de jornadas de 12 horas

Trabajo Digno CR, surge como un movimiento de oposición al Proyecto de Ley 24.290, reúne organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y personas de la sociedad civil. Nos une la urgencia de frenar este retroceso en derechos laborales, pero también la convicción de que Costa Rica merece un modelo de desarrollo que ponga en el centro a las personas y sus condiciones de vida y no los intereses empresariales.

¿Por qué rechazamos este proyecto de ley?

  1. Porque representa la legalización de la explotación y la precariedad laboral al extender la jornada sin condiciones dignas de descanso ni con una compensación real.

  2. Porque no crea empleos, solo reparte más horas entre menos personas, mientras miles de costarricenses se mantienen desempleados o en la informalidad.

  3. Porque rompe con el principio de progresividad, contradice la Constitución Política y los tratados internacionales e ignora la jurisprudencia y la historia del derecho laboral costarricense

  4. Porque expulsa del mercado laboral a las personas cuidadoras, que son en su mayoría mujeres, profundizando las brechas de género.

  5. Porque precariza la economía del hogar al eliminar el tiempo disponible para estudiar, capacitarse o emprender.

  6. Porque atenta contra la familia, vulnerando directamente el derecho de la niñez a crecer con adultos presentes y recibiendo un cuidado adecuado.

  7. Porque es insostenible: ni el cuerpo humano ni la economía de un país se puede sostener con la sobreexplotación laboral.

  8. Porque se disminuye salarialmente sin pago de horas extras.

El Colectivo Trabajo Digno CR, invita a toda la población costarricense a movilizarse, organizarse y a levantar la voz en contra de este retroceso en derechos laborales. De cara a los intentos existentes de legalizar la sobre explotación, alzamos nuestra voces. No permitiremos que se retrocedan más de 100 años en derecho laborales que costaron sangre, organización y lucha.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a rechazar este proyecto de ley, a defender lo conquistado y a construir colectivamente alternativas que garanticen un empleo digno, tiempo libre y equidad de género.

No hay justicia social sin un Trabajo Digno para todas las personas.

¡Paremos YA!, el proyecto de Ley 24.290.

Educación o cárceles: ¿Qué futuro estamos construyendo?

JoséSo (José Solano-Saborío)

En Costa Rica, el rumbo que está tomando el Estado en materia de inversión pública parece cada vez más desconectado de las verdaderas necesidades de la población. Mientras se destinan recursos millonarios a la construcción de una “Mega Cárcel”, se recortan fondos en áreas clave como la educación pública, la policía judicial, la Fiscalía y el Poder Judicial. Es decir, se debilita tanto la prevención como la atención del delito, y se abandona la inversión social que podría evitar que muchas personas lleguen a delinquir en primer lugar.

La educación pública no es un lujo, es una herramienta esencial para el desarrollo humano. Es el puente que conecta a las personas con oportunidades reales, especialmente a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Cuando se le quitan recursos, se cierran puertas. Y cuando esas puertas se cierran, el hambre, la desesperanza y la falta de opciones empujan a muchos hacia caminos que terminan en conflicto con la ley.

A esto se suma el abandono de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con una deuda estatal que no se reconoce ni se paga. Esto deteriora aún más el acceso a salud, otro pilar fundamental para el bienestar y la productividad. Si a eso le agregamos una política económica que favorece la importación y golpea a los productores nacionales, lo que se genera es un cóctel perfecto para el desempleo, la informalidad y la pérdida de empleos dignos.

Sin una educación pública fuerte, sin salud accesible, sin seguridad alimentaria ni apoyo a la economía interna, Costa Rica deja de ser atractiva para la inversión responsable. Y lo que es peor: se convierte en terreno fértil para el crimen organizado, que ofrece una “salida” a quienes el Estado ha dejado atrás.

Invertir en cárceles sin invertir en educación es como tratar de apagar un incendio construyendo más hospitales, pero sin apagar el fuego. Las cárceles no darán abasto si seguimos condenando a nuestros jóvenes a un futuro sin oportunidades. La educación no solo previene el delito, también construye ciudadanía, fortalece la democracia y abre caminos hacia una sociedad más justa.

Hoy más que nunca, necesitamos que la educación sea el eje de todas las decisiones públicas. Porque si seguimos apostando por el castigo en lugar de la prevención, estaremos construyendo cárceles para los hijos de nuestras propias decisiones. Y eso, más que una política de seguridad es una tragedia anunciada.

Gerardo Iglesias: Dania Obando Castillo nos inspira con su ejemplo de lucha y compromiso

En un mensaje compartido en redes, el secretario regional de la Unión Internacional de Asociaciones de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines (UITA), Gerardo Iglesias destacó la trayectoria y el compromiso de Dania Obando Castillo, a quien reconoció como una mujer que ha dedicado su vida a la defensa de derechos, a la organización comunitaria y a la búsqueda constante de justicia social. Dania es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Palma (SITRAPA).

Durante el video, Gerardo subrayó que la labor de Dania no solo ha impactado a su entorno inmediato, sino que también constituye un ejemplo para las nuevas generaciones, en especial para quienes creen en la fuerza de la participación comunitaria y la solidaridad como motores de cambio.

“Dania es inspiración viva, una voz firme que nos recuerda la importancia de mantenernos de pie y seguir adelante, aun frente a las adversidades”, señaló.

La intervención también resaltó la importancia de reconocer públicamente a liderazgos como el de Dania Obando Castillo, que no buscan protagonismo, sino que desde la acción colectiva contribuyen a sostener luchas históricas por los derechos de las comunidades.

Invitamos a ver el video completo.