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Etiqueta: justicia social

Pronunciamiento del Encuentro Democrático sobre procesos que competen exclusivamente al orden constitucional costarricense

Desde el Encuentro Democrático consideramos necesario exponer, de manera clara y responsable, nuestra posición ante las recientes declaraciones emitidas por actores políticos extranjeros sobre procesos que competen exclusivamente al orden constitucional costarricense.

Costa Rica es una República Libre, Democrática y Soberana, forjada en una tradición cívica que se afirma desde hitos históricos como la Gesta de 1856, y consolidada gracias a instituciones que han sabido sostener nuestra vida política sin interrupciones ni tutela externa. Esa soberanía —política, jurídica y moral— no puede relativizarse según conveniencias coyunturales ni trasladarse al arbitrio de poderes extranjeros.

Reafirmamos nuestro respaldo al Tribunal Supremo de Elecciones, una institución central en la estabilidad democrática del país. Su trabajo ha sido clave para garantizar elecciones confiables, y es fundamental recordar que el procedimiento de levantamiento de inmunidad presidencial no equivale a destitución, sino a un paso legal previsto para asegurar el debido proceso.

Asimismo, es importante señalar que algunos actores nacionales han amplificado afirmaciones provenientes del extranjero que no solo carecen de rigor, sino que exageran y distorsionan la situación de forma descarada. Lo afirmado por un congresista no representa al Congreso de los Estados Unidos; ni siquiera constituye la posición de una comisión, subcomisión o instancia oficial. Convertir declaraciones individuales en supuestas posturas institucionales extranjeras es irresponsable y atenta contra la inteligencia del debate público.

Desde este espacio ciudadano, académico y progresista, insistimos en que los asuntos nacionales deben resolverse en Costa Rica, con apego a la Constitución, con serenidad democrática y sin concesiones a narrativas que buscan confundir o erosionar la confianza en nuestras instituciones.

Llamamos a una discusión política seria, informada y respetuosa, que coloque la dignidad humana, la igualdad de género, la justicia social y la sostenibilidad ecológica en el centro de la vida política. Trabajamos, como siempre, por una Patria Inclusiva, una Patria más justa, humana y comprometida con la paz.

Mesa Coordinadora del Encuentro Democrático

San José, Costa Rica

Conversatorio sobre la memoria y el legado de Adolfo Pérez Esquivel

El Centro de Amigos para la Paz (CAP) será el punto de encuentro este sábado 22 de noviembre, a las 6:00 p.m., para una nueva sesión de los Conversatorios de Memoria, Justicia y Paz, espacio dedicado a la reflexión crítica y a la defensa activa de los derechos humanos en la región.

La actividad estará a cargo de Gustavo Cabrera Vega, de SERPAJ Costa Rica–Latinoamérica, quien guiará un diálogo centrado en la vida, la incidencia y el compromiso ético de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Su trayectoria continúa siendo referente para los movimientos de defensa de los pueblos, las luchas por la justicia social y la resistencia pacífica frente a las violencias estructurales que persisten en América Latina.

Los organizadores destacan que el legado de Pérez Esquivel recuerda que la dignidad humana y los derechos de los pueblos deben defenderse cotidianamente. Por ello, el encuentro será también un espacio para conversar sobre la coyuntura actual en Costa Rica y en la región latinoamericana, con un diálogo colectivo desde una perspectiva de memoria, reflexión y acción.

Información de la actividad

  • Conversatorios de Memoria, Justicia y Paz

  • Expositor: Gustavo Cabrera Vega (SERPAJ Costa Rica–Latinoamérica)

  • Fecha: Sábado 22 de noviembre

  • Hora: 6:00 p.m.

  • Lugar: Centro de Amigos para la Paz (CAP), calle sin salida oeste de Tribunales, San José

Sobre los límites morales de la mercantilización de la vida como cuestión política

Alejandro Guevara Arroyo

Los mercados son un conjunto de prácticas humanas colectivas e interrelacionadas. Mediante estas prácticas producimos y distribuimos bienes de mercado: cosas sociales que apreciamos adquirir y poseer. Los mercados son, más específicamente, instituciones sociales (como también lo son las familias, los jueces o los sistemas de tránsito). En un sentido que aquí no interesa profundizar demasiado, puedo agregar que las decisiones que se dan en dichos espacios parecen estar regidas por lo que solemos llamar “negociación” (no es, por cierto, la única forma de tomar decisiones colectivas).

Michael Sandel sugiere una hipótesis socio-histórica plausible. Según él, durante las últimas décadas las sociedades occidentales han ampliado considerablemente los ámbitos de la vida en los cuales las decisiones se toman siguiendo las reglas y valores característicos de los mercados. Hoy todo parece estar a la venta o a punto de estarlo: nuestro espacio público, nuestros servicios básicos, nuestros cuerpos, etc. Da la impresión de que estamos a un paso de ese “pound of flesh” que escribe Shakespeare en El mercader de Venecia. Incluso en aquellos casos en donde no aceptamos exactamente que un ámbito de la vida se rija como un mercado, nos descubrimos pensando y actuando en términos característicamente mercantiles (por ejemplo, de costo-beneficio). Así, hemos ido mercantilizando cada vez más espacios de nuestra vida.

Ahora, ¿por qué deberíamos preocuparnos por ello? Desde cierta forma de visión economicista, no hay nada malo en ello. En tanto se amplía la producción de bienes y se alcanzan equilibrios económicos estables, no deberíamos, como sociedad, preocuparnos mucho por esta transformación.

Existe, sin embargo, otra manera de ver el asunto. Pensadores contemporáneos como Debra Satz y el ya citado Sandel piensan que este proceso tiene relevancia ético-moral y, también, que la cuestión de los límites morales del mercado es de índole política. Sandel señala dos razones fundamentales por las que deberíamos reconsiderar la mercantilización de nuestra vida.

La primera razón es que la mercantilización agrava el peso moral de la desigualdad económica y marca la injusticia de las condiciones sociales que la causan.

A primera vista, si el abolengo económico sólo determina el acceso a bienes de lujo, como yates o autos de oro, no hay en juego asuntos morales demasiado importantes. Eso es asunto de cada quien. Como mucho, podríamos decir con Adolfo Bioy Casares que “en todo lujo palpita un íntimo soplo de vulgaridad”. Empero, si el abolengo económico determina el acceso a los bienes que configuran las condiciones indispensables para construir una vida digna, la desigualdad en la distribución de las oportunidades de acceso a ellos se transforma en un asunto de prioritaria importancia en términos de justicia social (y de interés ético-político).

Aquí podemos pensar, ante todo, en aquellos bienes que conforman las precondiciones para que una persona contemporánea pueda florecer, es decir, llevar una vida con plenitud (me viene a la mente la palabra griega eudaimonía, que a veces se traduce como felicidad).

El disfrute de estos bienes conforma, además, un umbral mínimo de ciudadanía: un piso básico de derechos imprescindibles para que la persona pueda integrarse y actuar, en tanto ciudadana, como miembro pleno de una comunidad política democrática. Acá la premisa normativa de fondo es clara: si un bien es condición para el ejercicio efectivo de la ciudadanía democrática, entonces su acceso no debería depender exclusivamente de la capacidad de pago en el mercado. Debería estar constitucionalmente garantizado.

En el listado necesario de dicha clase de bienes, incluyo:

(a) El acceso oportuno a servicios de salud de calidad, que permitan a la persona llevar su vida sin sufrimientos internos graves;

(b) El acceso a una educación que no sólo construya capacidades profesionales idóneas para el ‘ascenso material’ sino, también, las disposiciones necesarias para elegir las maneras en que cada quien concibe y busca construir una vida buena y para posicionarse en las cuestiones sociales de interés político;

(c) Un espacio saludable en el cual descansar y gozar de la privacidad suficiente para llevar adelante esas dimensiones de la vida buena que la requieren, incluyendo el diálogo y la reflexión cívica.

Por supuesto, este listado es una cuestión ético-política debatible. Pero el punto central es que su acceso a todas las personas no puede quedar librado a las prácticas de mercado, sino que la asignación de estos bienes debe apelar a criterios no mercantiles de distribución y contar con garantías institucionales y jurídicas de cumplimiento.

El segundo motivo es que, al mercantilizar una dimensión de la vida, se corre el peligro de corromperla. Para comprender este punto, basta notar que las prácticas y concepciones que dan forma a nuestras vidas tienen ciertas características y tienden hacia ciertas finalidades. En otras palabras, podemos ver nuestras prácticas como aspirando a realizar ciertos valores. Prácticas y valores se integran así en un todo bastante compacto.

Pues bien, al mercantilizar una práctica no mercantil, se rompe esa fina unidad y se corre el peligro de que se transforme en otra cosa. “Los mercados dejan su marca”, dice Sandel, sobre los bienes y prácticas. Las formas de vida mercantilizadas podrían conservar una apariencia semejante a la de las prácticas no mercantiles, pero debajo de ella habrá cambiado mucho y, a veces, todo. En particular, ciertas prácticas (como la amistad, la actividad cívica, el buen trato a otras personas) poseen un valor intrínseco o cívico cuyo significado se deforma cuando es reinterpretado sólo en clave mercantil.

También por esta razón vale la pena, entonces, reconsiderar la mercantilización de nuestra vida. Por supuesto, qué prácticas en particular merecen ser preservadas de dicha corrupción mercantil no es algo obvio. Hay razonables desacuerdos sobre cuáles valores merecen ser protegidos y qué es característico de cada práctica. En una comunidad política democrática, decidir sobre estos asuntos es propio del debate político ciudadano.

Discutir los límites ético-morales del mercado probablemente nos lleve a la conclusión de que resultaría deseable revertir, en muchos ámbitos, ese proceso. O sea: deberíamos desmercantilizar nuestra vida (la noción de “desmercantilización”, hasta donde sé, fue originalmente formulada por Esping-Andersen). Lo que debe quedar claro es que la mercantilización no es una fuerza de la naturaleza, algo inevitable. Decidir razonablemente sobre estos asuntos es, por ello, materia de reflexión política y rediseño institucional.

Nota: Este documento recibió una corrección ortográfica y de coherencia gramatical mediante el instrumento chatgpt. El autor revisó el producto de manera íntegra.

Seminario internacional abordará los derechos humanos y el crimen organizado en América Latina

La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de la Rectoría, invita al Seminario Internacional “Derechos humanos y crimen organizado en América Latina: un desafío regional y global”, que se realizará los días 13 y 14 de noviembre en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía.

El encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales en derechos humanos, seguridad, justicia y políticas públicas, para analizar los retos que enfrenta la región ante el crecimiento del crimen organizado y sus impactos sociales, económicos y políticos.

El miércoles 13 de noviembre, el seminario se desarrollará de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con la inauguración oficial y varios paneles temáticos.
El jueves 14 de noviembre, las actividades continuarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., con la entrega del Premio Monseñor Leonidas Proaño 2025 y la continuación de los paneles temáticos.

La actividad es organizada en conjunto con la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), y busca generar un espacio de reflexión y articulación sobre la defensa de los derechos humanos frente al avance de las estructuras criminales y los desafíos de la cooperación internacional en esta materia.

Las personas interesadas pueden consultar la agenda completa y realizar su inscripción en:
👉 rectoria.ucr.ac.cr/eventos o con el código QR de la imagen.

Importancia de la celebración del 7 de noviembre en Costa Rica y el apoyo al solidarismo costarricense desde la provincia de Heredia

Lic. Efraín Mejía Vindas
Vicepresidente
Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría

Lic. Alberto Martén Chavarría Creador y Fundador Solidarismo Costarricense

Introducción

Al llegar al penúltimo mes de cada año, el 7 de noviembre se destaca como una fecha de especial relevancia para Costa Rica. En esta jornada se celebran varias efemérides que exaltan la democracia nacional y conmemoran el surgimiento de importantes hitos del Solidarismo Costarricense, reflejados en decretos y leyes que fortalecen nuestra identidad cívica y social.

  1. Día de la Democracia Costarricense

Según el Decreto Ejecutivo N.º 18 del 6 de noviembre de 1942, se declaró el 7 de noviembre de cada año como el Día de la Democracia Costarricense. Con esta disposición se honra a los costarricenses que defendieron el proceso electoral de 1889. En aquel entonces, los candidatos Ascensión Esquivel Ibarra, por el Partido Progresista, y José Joaquín Rodríguez Zeledón, por el Partido Constitucional Democrático, se enfrentaban en una elección decisiva. Ante los resultados favorables para Rodríguez Zeledón, el presidente Bernardo Soto Alfaro intentó ceder el poder a Esquivel Ibarra, pero el pueblo se levantó para exigir el respeto a la voluntad popular. Finalmente, Soto Alfaro entregó el poder al tercer designado, Carlos Durán Cartín, quien concluyó el periodo presidencial de 1889-1890.

  1. Día de la Constitución Política de la República de Costa Rica.1949

El 7 de noviembre de 1949 marca también la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución Política actual que consolidó el Estado Social de Derecho y Democrático de Costa Rica. Esta Carta Magna, la decimocuarta en la historia del país, es fruto de la última Asamblea Nacional Constituyente y permanece vigente como fundamento de nuestra institucionalidad.

  1. Ley de Asociaciones Solidaristas N.º 6970 (1984)

El 7 de noviembre de 1984 se promulgó la Ley de Asociaciones Solidaristas N.º 6970, 37 años después del establecimiento del Plan de Ahorro y Capitalización o Plan Martén. Esta legislación define a las asociaciones solidaristas como organizaciones sociales orientadas a promover la paz y la justicia social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de los asociados.

  1. Día Nacional del Solidarismo Costarricense

El Solidarismo Costarricense fue fundado por el ilustre pensador Lic. Alberto Martén Chavarría, reconocido como el Padre del Solidarismo Costarricense y declarado Benemérito de la Patria en 2009. Mediante la Ley N.º 8168 del año 2002 se instituyó el Día Nacional del Solidarismo, reconociendo su aporte a la sociedad desde 1947 por medio de las Asociaciones Solidaristas, las cuales fomentan una actitud de empatía y cooperación entre trabajadores y empleadores.

El aporte de Heredia al Solidarismo Costarricense

Edificio de ASOUNA, HEREDIA, COSTA RICA

Aunque Alberto Martén Chavarría nació en San José, la provincia de Heredia —conocida como la ‘cuna de educadores’— ha tenido un papel fundamental en la difusión del Solidarismo Costarricense. Desde la creación de organizaciones y proyectos académicos hasta la construcción de la sede de la Asociación Solidarista de Empleados de la Universidad Nacional (ASOUNA), Heredia ha sido un pilar en la consolidación del pensamiento solidarista a nivel nacional.

Principales actividades desarrolladas en Heredia a favor del Solidarismo Costarricense:

  1. En 1957 se constituyó en San Francisco de Heredia la primera organización solidarista en el sector agrícola: la Asociación Solidarista de Empleados de Sánchez Cortés Hermanos. Este hecho impulsó la creación de nuevas asociaciones y la conformación, en 1985, de la Unión de Asociaciones Solidaristas del Parque Industrial de Heredia y Alrededores (UNASOPIH).

  2. Con la creación de la Universidad Nacional (UNA) en 1973, el propio Alberto Martén Chavarría, como profesor, difundió sus ideas sobre el Solidarismo Costarricense, proponiendo el concepto de ‘Capitalización Universal’ para lograr una distribución más justa de la riqueza nacional.

  3. Durante la primera década del siglo XXI funcionó en la UNA el Centro de Estudios para el Desarrollo Solidarista (CEDESASOUNAEDUCA), difundiendo el pensamiento de Martén Chavarría.

  4. En 2006 se creó la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional (ASOUNA), que desde 2024 cuenta con el edificio más destacado del Solidarismo Costarricense.

  5. En 2013 se publicó el primer documento integral sobre el sector solidarista, titulado: ‘Hecho en Costa Rica’. Un año después se estableció el Centro de Documentación Alberto Martén Chavarría en la UNA, destinado a recopilar su obra.

  6. En 2015 se fundó la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, que promueve la investigación, educación y divulgación del solidarismo. Entre sus aportes destaca la publicación de los cuatro tomos: ‘Proyección del Pensamiento y Obras Selectas de Alberto Martén Chavarría’ (2023).

  7. En 2024 la UNA publicó el documento ‘Ideario de Costa Rica Bicentenaria – Diálogo Nacional’, que por primera vez incluyó al Solidarismo Costarricense dentro de sus reflexiones académicas.

  8. La Cátedra Alberto Martén Chavarría en la UNA ha promovido la producción académica con trece libros publicados, seis de ellos en colaboración con la Academia Solidarista y ASOUNA.

  9. La Escuela de Música de la UNA apoyó la creación y ejecución del Himno del Solidarismo Costarricense.

  10. Finalmente, el Presbítero Claudio Solano Cerdas, quien ejerció su labor pastoral en Heredia, difundió el Solidarismo Costarricense en la zona Atlántica, fundando en 1971 la primera Asociación Solidarista en una finca bananera propiedad de un herediano, en Guácimo, Limón.

Conclusión:

Creación de la Asociación Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría (Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional, sábado 8 de agosto de 2015). En primera fila, familiares del Señor Alberto Martén, creador del Solidarismo Costarricense.

La conmemoración del 7 de noviembre reviste un profundo valor cívico y educativo para Costa Rica. Estas efemérides fortalecen la memoria democrática y resaltan el papel del Solidarismo Costarricense como modelo de armonía entre trabajadores y patronos.

Desde Heredia, epicentro de múltiples iniciativas solidaristas, se proyecta el compromiso con una sociedad más justa, solidaria y participativa.

Asimismo, se espera que el futuro Congreso Ideológico Solidarista, por realizarse en esta provincia, contribuya a renovar el pensamiento y las estrategias del solidarismo nacional.

Heredia, 7 de noviembre de 2025
efrain.mejia@academiasolidarista.com

Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense

Comunicado

Las universidades públicas, organizaciones sociales, sindicales, agropecuarias, comunales, ambientales, estudiantiles, laborales, de mujeres y de la sociedad civil de todo el país convocan al pueblo de Costa Rica a participar masivamente en la Gran Marcha Nacional por la Democracia Costarricense, este martes 11 de noviembre de 2025, bajo el lema: “Sí a la democracia, no a la dictadura.”

La marcha saldrá a las 8:00 a.m. desde el Parque Central de San José y concluirá en la Casa Presidencial, Zapote.

El 11 de noviembre de 1949 marcó el retorno de la vida constitucional en Costa Rica con el nacimiento de la Segunda República, cuando la Junta Fundadora entregó el poder a Otilio Ulate. Setenta y seis años después, en esa misma fecha simbólica, el pueblo se moviliza nuevamente para defender la democracia y rechazar tendencias autoritarias que amenazan las libertades.

El rumbo de nuestro contrato social se ha visto amenazado por la confrontación, la concentración del poder y el desprecio hacia las instituciones democráticas y la prensa libre desde el Poder Ejecutivo. Ante ese avance autoritario, las organizaciones sociales reafirman su compromiso con la defensa del Estado social de derecho, las libertades y los derechos que sustentan nuestra democracia.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado vehemente y urgente por políticas públicas integrales que fortalezcan los pilares de nuestra convivencia democrática y el desarrollo nacional: el agro, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la energía y el empleo digno.

La defensa de la producción nacional debe protegerse, no sacrificarse. Hoy más que nunca se exige un rescate integral del campo, que garantice no solo mejores políticas públicas, sino un compromiso real frente al abandono, el endeudamiento y la competencia desleal de la importación, como lo han sufrido los paperos y cebolleros, colocando la producción hortícola en jaque mate.

Además, el Gobierno avanza sin escuchar al sector agropecuario al suscribir el Tratado Comercial Transpacífico, que afectará productos como café, lácteos, avícola, porcino, bovino, frijol, flores y follajes, oleaginosas, pesca y arroz. Asimismo, la ejecución del Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT, sobre la trazabilidad y areteo del ganado bovino, afectará a pequeñas y medianas producciones, empeorando la situación del sector agropecuario y constituyendo una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la soberanía y la economía rural.

La educación pública, pilar del Estado social de derecho, debe fortalecerse con el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB, la dignificación del magisterio nacional y la defensa del régimen de pensiones del Magisterio. La educación debe seguir siendo el principal instrumento de movilidad social y equidad.

La salud pública es un derecho humano fundamental. Se exige el resguardo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional. Ante los intentos de debilitamiento y privatización, se demanda financiamiento justo, respeto al personal profesional y gestión transparente que garantice la seguridad y protección social de toda la población.

Se exige también atención integral a la seguridad ante la creciente violencia que amenaza la paz y convivencia. La inseguridad y violencia, que golpea especialmente a las mujeres, las juventudes y las comunidades más vulnerables, requiere acción inmediata del Estado y políticas integrales de prevención y justicia social.

Ante la polarización y fragmentación que vive el país, las organizaciones convocantes hacen un llamado a la unidad patriótica, democrática y comunal, para defender los derechos constitucionales, las libertades públicas y las instituciones que han garantizado la paz y la convivencia democrática de Costa Rica.

Sí a la democracia, no a la dictadura.”
¡La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo!

Contacto: mesa.nacioaldedialogo@gmail.com

Asociación Jubilados en Acción lucha por la justicia del sistema de pensiones del sector público

Pronunciamiento ante pretensiones el proyecto de ley 24786 (Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público)

Asociación Jubilados en Acción

La Asociación Jubilados en Acción señala irrespeto a la legalidad, contradicciones y falacias en el proyecto de ley 24786, que propone equiparar los montos netos de las pensiones de regímenes especiales al del IVM-CCSS sin postergación (1.7 millones de colones).

1. El proyecto no impulsa estrategia alguna para hacer justicia en el tema de pensiones. Su justificación persigue atizar el ataque mediático a supuestos privilegios y a la caprichosa e imprecisa expresión de pensiones de lujo. Como demostraremos, de justicia no tiene más que el nombre.

2. En afán de escandalizar, reitera frases, manipula datos y culpa a pensionados de regímenes especiales, entre ellos el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio (RTR), a cargo del Presupuesto Nacional, por considerarlo una carga desproporcionada, abusiva, elemento de desigualdad y desconfianza en el contexto de seguridad social costarricense. Esto sin más prueba que un estudio estadístico, al que llaman actuarial y que usan para apoyar su discurso. Centra su ataque en las pensiones consideradas altas simplemente por ser superiores a las del IVM de la CCSS, sin detenerse al explicar el porqué de su existencia y particularidades.

3. El proyecto obvia las diferencias jurídicas y operativas entre los diferentes regímenes especiales de pensiones en cuanto a aportes, fondos de pensión, montos jubilatorios según el bloque de legalidad, y los ataca cual si fueran un solo sistema al que debe aplicarse un correctivo uniforme. Ignora que el carácter solidario de los regímenes es incompatible con cuentas individuales de ahorro, lo cual explica el mayor crecimiento de fondos previsionales y montos jubilatorios en esos regímenes. No se aprecia que los proponentes se ocupen de aquilatar las diferencias entre los diferentes regímenes y el de IVM – CCSS, ya que la intención es homologar, si o si, todas las pensiones existentes a los montos del IVM sin postergación, al tiempo que se mantienen incólumes otras reglas de juego propias de cada régimen, lo que es abusivo y desproporcionado.

4. El régimen de pensiones del Magisterio estuvo sujeto a leyes previo a 1958, año en que se ordenó el funcionamiento del sistema con la ley 2248. La ley 7531 de 1995, una reforma total, fue producto del desvío de las cotizaciones de los trabajadores de la educación a gasto corriente por parte de diferentes gobiernos y del impago de cuotas patronales y aporte estatal definido por ley. La ley 7531 dividió al régimen en dos segmentos: el Transitorio de Reparto (RTR) para aquellos educadores nombrados antes de julio de 1992, con cargo al presupuesto nacional, quienes deben seguir cotizando activamente y pagando contribuciones especiales, y el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), agrupando a los nombrados posteriormente a la fecha supra citada, administrado en su totalidad por JUPEMA el cual se ha convertido en el más exitoso del país, lo que demuestra el potencial de las cotizaciones desviadas por el Estado y que habrían evitado los problemas presupuestarios asociados al pago de las jubilaciones del RTR.

5. El supuesto reporte actuarial en el que se sustenta el proyecto 24786 contiene limitaciones, inexactitudes y falacias evidenciadas en el estudio del actuario Luis Guillermo Fernández titulado “Análisis Técnico del informe Cooperación Técnica Reducción del Gasto Público- Estudio Actuarial”. Es obligatorio plantear la interrogante de cómo se puede hablar de un estudio actuarial sin un fondo que sirva de sujeto de análisis, como sucede en el RTR, o por analogía, cómo se puede hablar de autopsia sin un cadáver sujeto de procedimiento.

6. Se demuestra en el análisis mencionado que el “Estudio Actuarial” no es más que una proyección y análisis de costos, lo que invalida las conclusiones que pretenden equiparar las pensiones netas del RTR a las del IVM-CCSS, con el agravante de que no se ofrece ninguna simulación de impacto que permita apreciar el efecto real de lo propuesto en el proyecto 24786. Ante la ausencia de este elemento crucial, el economista y exviceministro de Planificación Francisco Esquivel hizo el ejercicio, demostrando que, debido a la redacción de la propuesta de ley y de los límites que impondría a las deducciones totales, las únicas pensiones del RTR que podrían limitarse al neto de 1.7 millones de colones del IVM, son aquellas que oscilan entre los 3 y 4.5 millones nominales. Las que sobrepasen los 4.5 millones nominales percibirían obligatoriamente montos mayores a 1.7 millones debido al máximo de deducciones totales de 60% que impone el mismo proyecto 24786.

Por ejemplo, una pensión neta de 3 millones de colones pasaría a percibir, según proyecto 24786, 2 millones 400 mil colones, no un millón setecientos mil. Esto es regresividad pura y simple, que nace de la falta de rigor y análisis por parte de los proponentes del proyecto. Además, dicha propuesta establece una deducción máxima del 60% a las pensiones del RTR, a pesar de que ya la Sala Constitucional determinó que el máximo deducible debe ser del 50%. Este es el lamentable resultado de formular un proyecto de ley sin evaluación de impacto.

La regresividad y arbitrariedad inherente al proyecto 24786 conduce a una inequidad evidente, lo que se ve claramente en el siguiente caso: un pensionado del IVM con postergación, quien cotizó entre 2.5% y 4% durante su vida laboral, percibiría un neto de pensión de 2.2 millones de colones, mientras que un pensionado del RTR, con una pensión nominal de 4 millones (y líquida de 2.19 millones), percibiría un neto ajustado al del IVM sin postergación de 1.7 millones, habiendo cotizado muchísimo más (entre 7% y 16%) durante toda su vida laboral. Tal inequidad pone de manifiesto la injusticia que en realidad caracteriza al proyecto 24786 y que justifica su archivo.

7. Si bien la CCSS ha fijado montos jubilatorios y topes ordinarios y con postergación, lo ha hecho a partir de su realidad y aportes de sus afiliados a su propio fondo de pensión. Entonces, ¿cómo es que se pretende ajustar a la fuerza a otros trabajadores que han aportado más, con otras reglas y expectativas, a su fondo de pensión? Con ello se estarán violentado derechos y rompiendo el contrato de afiliación que establecieron los trabajadores con su régimen de pensión especial desde el inicio de su vida laboral.

8. Cabe agregar que las disposiciones del proyecto contravienen pronunciamientos constitucionales y convenios internacionales sobre derechos adquiridos y respeto a la jurisprudencia nacional que abriga a cada uno de los sectores afectados. En atención a lo expuesto es que solicitamos que el proyecto 24786 sea archivado por chocar con principios constitucionales y legales. Las pensiones del RTR ya han sido limitadas gracias a distintas leyes y de acuerdo con límites máximos reconocidos por la Sala Constitucional.

Entre amenazas y silencios: los obstáculos para defender derechos humanos en las Américas

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) presenta una nueva producción que analiza el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de las personas y comunidades defensoras en el continente. El estudio revela un panorama alarmante: defender derechos no debería costar la vida.

A lo largo de América, quienes protegen ríos, bosques, territorios y comunidades enfrentan amenazas, juicios injustos y campañas de odio. La CIDH advierte que estas prácticas se desarrollan en contextos de violencia e impunidad que buscan silenciar las voces críticas.

El informe también subraya que, sin las personas defensoras, la democracia se debilita y los bienes comunes no perduran; por eso, protegerlas es fundamental.

Puede leer la nota completa y conocer más sobre esta producción en el sitio del Observatorio de Bienes Comunes UCR: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/entre-amenazas-y-silencios-los-obstaculos-para-defender-derechos-humanos-en-las-americas/