La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, expresa su más profunda preocupación y rechazo ante el reciente aumento en la persecución y hostigamiento contra diversos liderazgos sociales en nuestro país.
En las últimas semanas hemos sido testigos del incremento en las acciones que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la participación ciudadana y el rol fundamental de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en especial, destacamos los siguientes casos:
La destitución de la señora Martha Rodríguez, representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), acción promovida desde el Poder Ejecutivo. Esta decisión constituye, una vez más, un grave precedente que vulnera la autonomía de la CCSS y un profundo debilitamiento de los espacios democráticos de representación social.
La persecución contra liderazgos ambientalistas, específicamente los casos de Juan Bautista y Javier Adelfang, activistas digitales que han denunciado la crisis ambiental que atraviesa nuestro país y en específico Playa Panamá, quienes actualmente atraviesan un embargo interpuesto por una empresa hotelera, la cual, ha emprendido acciones judiciales en su contra, en represalia por sus publicaciones en defensa del ecosistema de Playa Panamá
La violencia territorial sobre los territorios indígenas, en específico el caso de la Comunidad Térraba Bröran en el Pacífico Sur, contra el compañero Pablo Sibar y la persecución que vive a raíz de la defensa del derecho a tierra en su territorio indígena, el cual ha sido llevado a la CIDH.
Estas acciones no son aisladas, forman parte de una tendencia de criminalización y hostigamiento contra ambientalistas, líderes indígenas, sindicalistas, lideresas feministas y otros actores sociales que alzan la voz y fortalecen y promueven nuestra democracia participativa.
Históricamente, se ha reconocido a Costa Rica a nivel internacional por la protección de los derechos humanos, su democracia y su institucionalidad. Sin embargo, estas acciones reiteradas y cada vez más comunes en nuestra sociedad socava nuestro legado histórico y abre la puerta a un modelo de gobierno autoritario, contrario al diálogo social.
Por esto, desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo exigimos el cese inmediato de cualquier forma de persecución, intimidación y hostigamiento contra liderazgos sociales, además, realizamos un llamado a promover las vías del diálogo social y la democracia participativa, siempre en defensa del bienestar colectivo y la justicia social.
Reiteramos nuestro compromiso de continuar articulando esfuerzos entre sectores sociales y productivos para defender la democracia participativa, la justicia social y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
¡Defender a quienes defienden es defender la democracia!
Pbro. Luis Alejandro Rojas A. Arquidiócesis de San José 18 de agosto de 2025
Estimados miembros de la Corporación Arrocera Nacional e invitados especiales:
Con motivo del Décimo octavo Congreso Nacional Arrocero, 2025, el señor arzobispo de San José, Mons. José Rafael Quirós, agradece la atenta invitación para compartir este momento de encuentro anual de productores arroceros y de agroindustriales. En esta ocasión no podrá acompañarlos físicamente. No obstante, se une a este acto con su oración, rogando a Dios, Creador de todas las cosas, que, a semejanza de la parábola del Sembrador, la buena semilla caiga en tierra fértil y produzca el ciento por uno.
De gran interés para la Iglesia, serán las deliberaciones y acuerdos de todos ustedes, ya que el sector arrocero soporta un “temporal”, con abundante lluvia y rayería, que pone en alto riesgo la soberanía y seguridad alimentaria de nuestra población, con la llamada “Ruta del arroz”.
Rumbo que está conduciendo por senderos oscuros a los productores costarricenses del grano y abriendo brechas injustas entre productores nacionales e importadores. Para los neófitos en este asunto, la matemática se nos complica, al constatar que el erario requiere de captar el dinero necesario para invertir en educación, salud, vivienda popular, obra pública, seguridad ciudadana y más, y curiosamente los aranceles a la importación del arroz de cualquier origen se redujeron al 4 % para el arroz blanqueado y al 3,5 % para el arroz en bruto.
Entonces, ¿quién o quiénes se dejaron casi ₡27.000 millones al 2024, que habrían tenido que pagar al Estado si no se hubieran disminuido los aranceles en los decretos que dieron comienzo a la “Ruta del Arroz”?
Nuestra “matemática” es de acumulación, que acentúa el egoísmo; la “matemática” de Dios es la lógica del amor. En palabras del querido y recordado Papa Francisco, de feliz memoria; “la matemática de Dios es extraña: ¡se multiplica solamente si se divide!»1 Es decir, en la lógica divina el compartir vence el egoísmo y acrecienta el bien común.
Se necesita volver al equilibrio entre producción nacional del grano en beneficio de nuestros arroceros y las importaciones para compensar los faltantes del arroz necesario, en aras de la seguridad alimentaria. Sumado a la urgencia de contar con políticas públicas en defensa del productor nacional y para el fortalecimiento del sector agroalimentario.
El pasado 2 de agosto, con motivo de la Celebración en honor a nuestra Patrona Nacional la Virgen de los Ángeles, el señor arzobispo de San José, en su homilía dijo: “Que nuestros agricultores tengan certeza que venderán sus cosechas, porque los costarricenses preferimos lo que se produce en nuestra tierra”.
En el pensamiento y en el corazón de Mons. José Rafael Quirós, procedente de una familia de agricultores de la Zona Norte de Cartago, también estaba el clamor de los paperos y cebolleros de nuestro país.
Por eso, no es justo que se siga inundando el mercado agroalimentario con productos de baja calidad y sin controles fitosanitarios, tal como lo ha denunciado la Corporación Hortícola Nacional y otras organizaciones de agricultores. Tampoco, es justa la voracidad de algunas cadenas de supermercados que compran al agricultor con precios ruinosos y venden desde la codicia del mayor beneficio en prejuicio de los consumidores.
Al respecto, la Encíclica Laudato Sí, manifiesta: “el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social” (# 109).
Los criterios de una economía de mercado en la que se beneficia a unos pocos excluyendo otros, se encuentra distantes del espíritu evangélico del bien común, la solidaridad, la justicia social y el amor fraterno.
En palabras del mencionado Papa Francisco: “la realidad es superior a la idea”. No matemos actividades agrícolas exitosas como la siembra del arroz, papa, cebolla y otros productos, donde somos competitivos por área de siembra y producción. Sin ser experto en economía agraria, pero sí un cura observador en mis labores pastorales en Cipreses de Oreamuno hace varios años, el problema principal sigue siendo el mercado.
Mi experiencia frustrante, al sembrar con un grupo de feligreses en una asociación de agricultores que nació en la Casa Cural un día, fue arrancar la cosecha de zanahorias y por precio de mercado no retornó ni el costo de inversión.
Es una grosería que algunos políticos de turno pretendan enseñar a nuestros agricultores a sembrar. Ahí no está el problema. Mejor que los políticos serios resuelvan la injusticia social para los pequeños y medianos productores agrícolas que son víctima del mercado y las escasas políticas públicas para el sector agroalimentario. Solo un favor basta, que no estimulen las importaciones masivas de lo que producimos bajando aranceles aduaneros, y que tengamos dignidad como costarricenses al oponernos al ingreso de algunos productos agrícolas sin los respectivos controles fitosanitarios. Asimismo, que el consumidor obtenga un mayor beneficio en calidad y precio.
Particularmente, después de leer el Proyecto de Ley 24.211, denominado: Ley para la creación del Fondo de Competitividad y Auxilio arrocero (FONARROZ), considero que las señoras y señores diputados tienen un excelente texto legislativo para ofrecer medios y recursos mínimos que resguarden la seguridad alimentaria de la población costarricense “mediante el fomento de la actividad arrocera y la protección de las hectáreas de cultivo necesarias, priorizando a los productores de arroz micro, pequeños, medianos y grandes, para disponer de una base de producción de grano nacional y la capacidad de escalamiento, que garantice la disponibilidad del grano ante cualquier contingencia internacional”. Tal como reza el artículo # 2, respecto al objetivo de la ley propuesta.
Estamos en una encrucijada para los arroceros, paperos y cebolleros, o desaparecen como la mayoría de los frijoleros o los rescatamos de la presente situación injusta.
Al salvar a nuestros agricultores y sus familias, también redimimos el alma del costarricense que está apegada al campo y le da identidad cultural al tico. Los arquetipos de nuestra tierra en el inconsciente colectivo nos hacen vibrar cuando escuchamos: “Y cuando caen los fuertes aguaceros es como si yo fuera la semilla me huele a tierra fértil el sendero llenando de ilusión mi alma sencilla”.
Queridos arroceros y agricultores todos, que no desfallezca la esperanza de un mañana mejor. Gracias por la noble misión de labrar la tierra para depositar la semilla por el fruto de mañana. Y así, procurar que no falte el alimento de cada día en la mesa de la familia costarricense. Recuerden lo que dice el Salmo 126, 5-6: “los que sembraban con lágrimas recogen entre cantares”.
Finalmente, felicitaciones por el décimo octavo Congreso Nacional Arrocero, 2025. Que la fraternidad, la esperanza y la alegría, en búsqueda del bien común se manifieste en estos días para el fortalecimiento de la Corporación Arrocera Nacional y del sector agroalimentario. ¡Qué Dios el Creador de todas las cosas les ayude!
1Papa Francisco, Mensaje a los pobres, refugiados y detenidos. Visita pastoral a la diócesis de Bolonia, el 1 de octubre de 2017.
Vivimos un momento de profundo dolor en la historia de la humanidad. Las imágenes, las noticias y los testimonios que nos llegan desde Palestina son un espejo roto que refleja una realidad desoladora e indigna. Día tras día, informes inquietantes del sistema de Naciones Unidas y de diversas organizaciones humanitarias nos confirman que no se trata de exageraciones ni de percepciones aisladas: lo que ocurre es real, inmediato y devastador. No podemos —como seres humanos, como miembros de una comunidad global y como universidad comprometida con la verdad— mirar hacia otro lado.
En Gaza, la desesperación tiene rostro y tiene nombre. Rostro marcado por el hambre y la sed, por la infancia arrebatada a miles de niños; nombre de familias que han perdido todo, incluso la esperanza. Allí, el tejido social se desgarra bajo el peso de la destrucción, la escasez de ayuda humanitaria y la dolorosa inacción de una comunidad internacional que, con su tibieza, permite que la tragedia continúe.
No podemos ni debemos acostumbrarnos a este nivel de violencia. El término “genocidio” es grave, y por eso estremecen las palabras del Comité Especial de Naciones Unidas, que en noviembre de 2024 afirmó que la guerra en Gaza reúne las características de un genocidio. Expertos independientes, basados en pruebas contundentes, coinciden. Este no es un juicio improvisado: es una advertencia seria, que nos interpela a todas y todos.
Desde 1945, la humanidad intentó aprender de sus sombras. Se levantó un andamiaje jurídico —el Derecho Internacional Humanitario, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, los principios universales de derechos humanos— con la promesa solemne de que nunca más el odio, el racismo y la deshumanización marcarían el rumbo de los Estados. Y, sin embargo, aquí estamos, contemplando el incumplimiento flagrante de esa promesa. El fracaso no es solo de las instituciones: es un fracaso de nuestra humanidad.
En la Universidad de Costa Rica creemos que el conocimiento y la conciencia no pueden permanecer en silencio. Nos debemos al pensamiento crítico, al debate ético y a la reflexión profunda. Hoy, más que nunca, es imperativo analizar las raíces de este conflicto y comprender sus impactos —humanitarios, sanitarios, socioeconómicos, políticos, culturales y ambientales— tanto en el presente como en las generaciones futuras. No se trata solo de cifras y estadísticas: se trata de vidas.
Como universidad pública, tenemos un deber moral ineludible: alzar la voz contra toda forma de violencia y opresión, y hacerlo desde nuestra identidad y vocación. Nuestra misión no es únicamente formar profesionales; es formar seres humanos con capacidad mirar el dolor del otro y responder con acción, con ciencia, con cultura y con compromiso social. La verdad, sustentada en el conocimiento y humanismo, es nuestra mayor herramienta para construir una sociedad más justa.
Por eso, hoy hacemos un llamado firme a solidarizarnos con el pueblo palestino, en Gaza y Cisjordania. Invitamos a toda nuestra comunidad a multiplicar las acciones académicas, científicas, culturales y sociales que promuevan el diálogo, la reflexión crítica y la construcción de propuestas para una convivencia pacífica y duradera.
Reiteramos nuestro compromiso con los principios universales de la dignidad humana, el respeto al derecho internacional, la defensa de la vida y el reconocimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino. El conocimiento solo cumple su propósito cuando se pone al servicio de la justicia y de la paz. Y en tiempos como estos, callar no es neutralidad: es complicidad.
Dr. Carlos Araya Leandro Rector Universidad de Costa Rica
Saludamos a toda la comunidad nacional e internacional en esta XXXI conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a 15 años de la toma del Salón de Benemérito de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
A 15 años del Desalojo Violento (arrastrada) de 27 Indígenas de diferentes territorios y pueblos de la Asamblea Legislativa, arrastrados por las fuerzas de seguridad legislativas (encabezadas por Magaly Camacho, jefa de Seguridad) y la policía, tirados a la calle, por solo el hecho de exigir que aprobaran la Ley de Autonomía Indígena. De los 27 compañeros/as, 3 fundadores de FRENAPI, que ha hoy han retornado al espacio espiritual, con los ancestros: Esperanza Jurado (Ngöbe), Mariana Delgado y Sergio Rojas (Bribris), quién fuera asesinado y se mantiene Impune.
Celebramos la vigencia de los 8 pueblos indígenas, presentes en Costa Rica y reafirmamos nuestro compromiso con la agenda de los pueblos indígenas: espiritualidad, tierra, estructuras propias, salud y educación propia, ambiente e idioma.
Nuestro proyecto de VIDA, basado en la espiritualidad propia trasciende de las coyunturas electorales, discursos vacíos y la folclorización del saber y las celebraciones.
Por su parte el Estado, mantiene pendiente justicia para los compañeros Sergio Rojas y Jerhy Rivera, asesinados impunemente por usurpadores y con la complicidad del Estado por omisión e inacción programada de manera sistemática.
Repudiamos la nefasta práctica de los gobiernos, que han realizado acciones aisladas, haciendo politiquería por coyuntura electoral, utilizando los derechos de los pueblos, consagrados, por decretos, leyes y convenios, como indicador, de que asume un compromiso, mientras viola y omite muchas de sus responsabilidades e impone sus políticas públicas, homogenizando la sociedad y realidades.
El Estado costarricense no tiene una proyección real y planificada, que sea construida, desde las comunidades, para sanear los territorios, por el contrario, impone negocios de carbonos REDD+, desfinancia planes sobre las necesidades, impone planes como el RTI sin resultados significativos, ni financiamiento, la falta de adopción de medidas administrativas y la falta de acciones afirmativas.
Este colectivo insistimos y seguiremos en la ejecución de la agenda propia construido desde el I COIN– Congreso Indígena Nacional 2019, construido desde la palabra, propuestas y recomendaciones de las comunidades de los pueblos, en espacios denominados PreCOIN – Precongreso.
Fundamentado en la autonomía y autodeterminación, anunciamos la preparatoria e instalación de los PRECOIN 2025, desde el corazón de las comunidades, vísperas al II COIN – Congreso Indígena Nacional 2026.
Este proceso será desarrollado desde la palabra, participación y representación de las estructuras propias, con soporte de los idiomas propios, tiempo y contexto de los territorios y pobladores.
Inspirados en el Proyecto de VIDA de los pueblos, consagrados en los derechos y legislaciones sobre los pueblos, nuestra lucha es colectiva, es por el bien común, es por la VIDA, es por las mínimas condiciones y respeto a los derechos, seguiremos reafirmando y posicionando, nuestros sueños que tenemos derecho a tejer con la sabiduría de ancestral.
Faltan seis meses para las elecciones nacionales conducentes a elegir presidente, vicepresidentes de la República y 57 diputados. Hay un debate nacional que no ha madurado, quizás porque falta mayor precisión entre las partes. La discusión está pues pendiente en lo medular. Quiero echar mi cuarto de espadas.
¿Qué tan inclusivo es el crecimiento económico actual?
Costa Rica ha registrado cifras macroeconómicas positivas en los últimos años: crecimiento del PIB superior al 4%, baja inflación, aumento en la inversión extranjera y estabilidad fiscal. El gobierno de Chaves ha presentado estos datos como evidencia de una gestión eficiente y orientada a resultados.
Sin embargo, ¿reflejan estas cifras un bienestar colectivo o se trata simplemente de un avance para ciertos sectores privilegiados? El crecimiento se ha concentrado en zonas francas y exportaciones, dejando de lado la economía informal, que sigue abarcando más del 40% del empleo nacional. Esto implica que, aunque el desempleo abierto ha bajado, la calidad del empleo se ha deteriorado, con más personas sin acceso a seguridad social ni derechos laborales.
¿Puede llamarse sólido un crecimiento que excluye sistemáticamente a buena parte de la población trabajadora?
¿Se ha reducido la pobreza o solo su contabilidad?
El gobierno celebra la reducción de la pobreza al 18%. ¿Es esa baja estadística un reflejo de mejoras estructurales o simplemente una distorsión temporal vinculada a indicadores como una inflación baja?
Muchos hogares apenas superan la línea de pobreza, pero siguen en condiciones precarias y sin acceso estable a servicios básicos, empleo formal o crédito. Además, las desigualdades regionales persisten, con zonas como Limón y Guanacaste aún muy rezagadas.
¿Puede considerarse una victoria la reducción de la pobreza si no cambia la exclusión estructural de millones de personas?
¿Puede haber seguridad sin justicia social?
El aumento exponencial de homicidios -más de 2.500 muertes violentas en dos años- es una de las principales contradicciones del discurso gubernamental.
El gobierno impulsa una política de seguridad basada en mano dura, cárceles de máxima seguridad y militarización del discurso-, tomando como modelo a países autoritarios. Pero los datos muestran que la violencia sigue creciendo, alimentada por el crimen organizado, la pobreza y la exclusión.
¿Es sostenible un modelo que abandona la prevención social, prioriza la represión y deja intactas las causas profundas de la violencia?
¿Puede ser legítima una gestión con más de 60 causas abiertas?
Rodrigo Chaves ha mantenido altos niveles de popularidad, pero ¿puede una alta aprobación popular validar una gestión plagada de conflictos con el orden constitucional y hasta con la violación de la ley ordinaria?
Más de 60 causas se tramitan en el Ministerio Público contra el presidente y su entorno -incluyendo acusaciones por financiamiento ilegal de campaña y abuso de poder-, junto con la expulsión o renuncia masiva de ministros, revelan un poder ejecutivo marcado por la inestabilidad, la falta de transparencia y de auténtica rendición de cuentas.
¿Es aceptable hablar de “liderazgo fuerte” cuando este se sostiene sobre el debilitamiento de los mecanismos de control y la concentración del poder?
¿Es responsable legislar debilitando la institucionalidad?
Numerosos proyectos promovidos por el Ejecutivo -como la llamada y malhadada “Ley Jaguar”- han sido duramente criticados por intentar reducir los controles al poder ejecutivo, limitar la fiscalización presupuestaria y de la política pública en general o, por intentar concentrar competencias clave.
¿Puede un crecimiento económico ser sostenible cuando se erosiona la arquitectura institucional que garantiza el equilibrio de poderes, la transparencia y los derechos fundamentales?
Entonces… ¿de qué vale el crecimiento?
Si el crecimiento económico no mejora la equidad, no reduce la inseguridad estructural, no fortalece las instituciones democráticas y no protege los derechos de todos, ¿para quién está creciendo el país?
Los datos macroeconómicos deben analizarse a la luz de su impacto social real y sostenido. De lo contrario, corremos el riesgo de validar un modelo que beneficia a pocos, excluye a muchos y erosiona la base democrática de Costa Rica.
Conclusión
Costa Rica no necesita solo crecer: necesita hacerlo con equidad, democracia y derechos humanos. De no ser así, estaremos construyendo una fachada de éxito sobre una base cada vez más frágil.
Si nadie se los ha dicho antes, permítanme ser claro: Aunque algunos prefieran silenciarlo por vergüenza o conveniencia, esta es una verdad que llevo grabada en el alma, como un sello tribal destinado a transmitirse a las generaciones futuras.
Hasta bien entrada la década de 1940, las personas negras del Caribe, como mis padres, mis hermanos y nuestros antepasados, a pesar de haber nacido en el país, eran legalmente consideradas personas indeseables en Costa Rica
Esta no fue una categoría simbólica: Tuvo consecuencias reales y devastadoras. Se tradujo en el despojo sistemático de tierras, en la negación de derechos básicos y en una exclusión deliberada por parte del Estado. Solo quienes han vivido esa experiencia pueden dimensionar el profundo dolor que conlleva.
En este contexto no caben los rodeos, la corrección política ni los discursos tibios. El mensaje debe ser claro y firme:
Exigimos la devolución de nuestras tierras
Sin importar quién las posea hoy, el Estado debe asumir su responsabilidad histórica:
Devolver lo que aún conserva en su poder (Administrados por INDER, SINAC, etc.) o expropiar a quienes se beneficiaron de aquella injusticia.
Que continúen siendo humedales y áreas de protección, pero propiedad de las familias originarias afrodescendientes en calidad de Reservas Privadas.
Por otro lado, la convivencia en nuestros territorios no es un derecho automático, sino un privilegio que debe merecerse a través del respeto mutuo a nuestras costumbres, cultura y modo de vida. Pero jamás la imposición de culturas foráneas.
Es cierto que muchos de nuestros mayores se vieron obligados a vender a precios ínfimos. Pero pocas veces se reconoce el papel activo que tuvo el propio Estado costarricense en ese proceso. No fue solo omisión; fue acción directa:
El abandono sistemático de la región, un cuasi apartheid de la región caribeña, que continúa hasta el día de hoy.
La negación persistente de inversión pública y promoción de inversión privada. Así como el frecuente redireccionamiento de las pocas existentes.
El respaldo tácito y expreso a invasiones de nuestras tierras por precaristas.
La obstaculización del derecho a titular nuestras propiedades.
Y, finalmente, la titulaciónmasiva a favor del Estado, de políticos y de sus allegados.
En síntesis: Nuestras familias fueron empujadas a la marginalidad porque el Estado decidió que éramos inmigrantes no deseados.
La situación que vive Costa Rica hoy puede ser la más crítica desde la fundación de la Segunda República en 1948. Entonces, José María Figueres Ferrer apostó por reconstruir instituciones tras la guerra civil. Hoy, nos encontramos al borde del colapso del Estado Social de Derecho y la democracia centenaria, amenazada por discursos autoritarios que desprecian conquistas sociales y derechos humanos.
La encrucijada de hace cuatro años
En las elecciones pasadas, una parte del centro y el progresismo optó por no respaldar a Figueres Olsen por sus cuestionamientos éticos. Temieron la vuelta del bipartidismo, sin medir que la alternativa era un discurso populista, autocrático y ultraconservador. Aquella decisión, más que un gesto de principios significó dejarle campo libre al político neoconservador, populista y autocrático, envalentonado por su exitosa manipulación de un pueblo agotado y desesperado, cuyo discurso maniqueo y violento ya tiene claros tintes neofascistas y ya, hoy, pone en jaque la estabilidad democrática.
El peligro real: de Federico Tinoco a un nuevo autoritarismo
Negociar con sectores políticos moderados y democráticos, por imperfectos que sean, no implica renunciar a la ética, sino reconocer límites infranqueables: aquí no caben proyectos que desprecien los derechos sociales y civiles. No podemos permitir el surgimiento de un “Federico Tinoco” moderno—más astuto y manipulador—que prometa orden a costa de instituciones y libertades.
Lecciones de la región
Tenemos muchos ejemplos cercanos a nuestra realidad latinoamericana, para tener el espejo que nos permita vernos reflejados.
En el Chile de 1973 el golpe contra Allende abrió dos décadas de represión y retrocesos sociales.
En la Argentina de Videla la erosión progresiva de la democracia terminó en el brutal autoritarismo militar, dejando heridas que no terminan de cicatrizar y hoy Milei ataca con todo a su frágil democracia post Videla.
En Nicaragua un traidor de Sandino, disfrazado de socialista, tiene a Nicaragua sumida en el caos desde 2007, donde la sombra de Somoza se aprovechó del discurso “revolucionario”, para volver al control absoluto del poder.
Estos ejemplos demuestran que el mal mayor no siempre irrumpe de golpe, sino por erosión lenta de contrapesos y libertades.
Reconocer al verdadero enemigo
Antonio Gramsci nos recordó que la hegemonía se conquista también por consentimiento pasivo: hoy, la indiferencia ante ataques a la justicia social y la libertad de prensa nos hace cómplices. Herbert Marcuse advirtió que la sociedad “unidimensional” pierde la capacidad crítica frente a mensajes de “seguridad” y “orden”. Noam Chomsky nos insta a identificar siempre quién controla la narrativa y con qué fines.
Voces progresistas y nacionales como guía
José Mujica nos enseñó que la democracia no es un logro garantizado, sino una tarea cotidiana de resistencia. En Costa Rica, Rodrigo Facio defendió la Constitución ante amenazas golpistas; Manuel Mora Valverde luchó por los derechos laborales que Chaves hoy amenaza con sus jornadas de 48 horas 4×3; y José María Figueres Ferrer construyó este modelo de Estado Social de Derecho. Su legado nos invita hoy a cerrar filas.
¡Llamado a la Acción! Oigamos a nuestra conciencia
Oposición progresista, socialdemócrata y de izquierda democrática: urgimos a mirar de frente la magnitud de la amenaza y a reencontrarnos en el terreno de la defensa de la democracia y la justicia social. Identifiquemos al verdadero enemigo: no son los matices ideológicos internos, sino el autoritarismo que se abalanza sobre nuestras instituciones. Si no actuamos unidos y con urgencia, corremos el riesgo de perderlo todo. Ahora más que nunca, valga el optimismo de la voluntad de Gramsci: solo juntos podremos resistir y reconstruir la esperanza en Costa Rica y tiene que ser antes que sea demasiado tarde.
Trabajo Digno | Derechos Laborales Equidad De Género | Salud Mental | Justicia Social
En coherencia con los principios de la Universidad de Costa Rica, su misión de resguardar los derechos humanos, laborales y sociales, así como de promover el pensamiento crítico y la transformación social desde una perspectiva interdisciplinaria, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica informa que, en la sesión N.º 132-2025, celebrada el jueves 10 de julio de 2025, acordó por unanimidad expresar su criterio a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y señores diputados sobre el Proyecto de Ley «Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados» (Expediente N.º 24.290), conocido como “jornadas 4×3”.
Consideraciones Generales
Este proyecto constituye una preocupante forma de desregulación del trabajo. Al permitir jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos sin pago de horas extraordinarias, consolida una lógica de precarización laboral que desvaloriza la función social del trabajo, lo subordina a los intereses del capital y debilita su carácter de derecho humano fundamental y pilar del bienestar colectivo.
Desde una mirada crítica en las Ciencias Sociales, esta iniciativa debe analizarse en el marco de transformaciones estructurales que afectan el mundo del trabajo y profundizan desigualdades históricas por género, clase, edad y territorio. Entre los principales indicadores que contextualizan este proyecto destacan: ◦ El debilitamiento del empleo público, tanto por la reducción en la creación de nuevos puestos como por el aumento de la tercerización de servicios. ◦ La diversificación de formas de empleo precarizado. ◦ El debilitamiento del sindicalismo y de las formas de organización colectiva. ◦ El aumento del subempleo y la informalidad. ◦ El fomento y la proliferación de discursos que deslegitiman el empleo formal y las conquistas laborales.
Desde una perspectiva histórica más amplia, este proyecto se suma a un conjunto de normas, políticas y acciones estatales que han venido precarizando la vida de miles de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos del país. Entre ellas:
Precarización de los contratos de trabajo.
Pérdida de conquistas históricas en materia de bienestar, jornada laboral, organización sindical y movimiento social.
Modificaciones regresivas en los sistemas de jubilación: aumento de edad, cuotas y obligatoriedad de pensiones complementarias.
Deterioro de los servicios de salud y destrucción de sistemas de asistencia social. ◦ Desconfianza generalizada en la institucionalidad pública como garante de derechos tanto del sector público como privado.
Orientación normativa para favorecer intereses empresariales bajo el argumento de que ello generará empleo.
Elementos Críticos del Proyecto
1. Retroceso histórico en derechos laborales:
La jornada de ocho horas constituye una conquista histórica de los movimientos sociales en la mayor parte del mundo y un principio básico de justicia laboral moderna. Sustituirla por jornadas de hasta 12 horas representa un retroceso normativo, ya que altera el equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo, al descanso y a la vida personal. Esta modificación atenta contra el derecho al tiempo libre y debilita los mecanismos de protección frente a la sobreexplotación.
2. Abaratamiento de las horas extras y pérdida de derechos adquiridos:
La propuesta sustituye el pago de horas extra —actualmente regulado con recargos legales— por un recargo fijo calculado sobre el salario mínimo, lo que representa una desmejora significativa para muchas personas trabajadoras. Aunque se plantea un aumento porcentual, este no se aplica sobre el salario real devengado, sino sobre el mínimo legal, lo cual puede traducirse en ingresos inferiores respecto al sistema actual de pago por tiempo extraordinario.
Esta modificación desvaloriza el tiempo adicional laborado, elimina un incentivo justo por las jornadas prolongadas y debilita un derecho laboral históricamente ganado. Además, refuerza las potestades del empleador en un contexto donde la «voluntariedad» de aceptar jornadas extendidas está fuertemente condicionada por la necesidad económica y la vulnerabilidad laboral de muchas personas. En lugar de proteger el trabajo digno, la reforma institucionaliza una forma de desregulación que abarata la fuerza laboral y precariza las condiciones de empleo.
3. Afectaciones graves a la salud física y mental:
Las jornadas laborales extensas incrementan la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades musculoesqueléticas y el riesgo de accidentes. Diversos estudios internacionales coinciden en que tres días de descanso no compensan el desgaste físico y emocional acumulado durante cuatro días de trabajo intensivo. Estos efectos se agravan en contextos donde persisten deficiencias estructurales como los desgastantes desplazamientos, la sobrecarga de labores y las fallas del transporte público.
4. Impacto en la vida familiar, comunitaria y educativa:
Las jornadas extendidas reducen el tiempo disponible para actividades fundamentales como el auto cuido, la participación comunitaria, la vida familiar o la continuidad de estudios. Esta situación afecta de manera particular a personas jóvenes, jefaturas de hogar y personas trabajadoras en condiciones de pobreza, discriminación estructural o exclusión social, ampliando así las brechas de acceso al bienestar y al desarrollo personal.
5. Carga desproporcionada sobre mujeres y personas cuidadoras:
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEC), las mujeres dedican en promedio 36 horas semanales al trabajo no remunerado y de cuido, frente a 14 horas en el caso de los hombres. La reforma encarece los costos de cuido tanto en el sector formal como en el informal, y genera barreras adicionales para la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo formal. Esta intensificación laboral conlleva consecuencias personales y económicas directas, y profundiza desigualdades ya existentes.
6. Desigualdad en las relaciones laborales y falsa voluntariedad:
El proyecto parte de una premisa equivocada: que las personas trabajadoras pueden decidir libremente aceptar o rechazar la jornada extendida. Situación resultante de una relación que por su naturaleza es inequitativa. En un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la débil sindicalización, la «voluntariedad» está fuertemente condicionada por el temor a represalias, despidos encubiertos o la necesidad urgente de ingresos. Este desequilibrio reproduce relaciones laborales asimétricas y vulnera principios básicos de justicia contractual.
7. Débil institucionalidad para fiscalizar y proteger derechos:
El proyecto asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin prever un fortalecimiento institucional en términos de personal, presupuesto o capacidades técnicas. Esta institución ya enfrenta limitaciones estructurales para cumplir con sus funciones actuales de fiscalización y acompañamiento laboral. La omisión de instituciones clave —como el INAMU, el IMAS, la CCSS, entre otras— refleja un enfoque fragmentado y refuerza la permisividad frente a prácticas laborales abusivas, especialmente porque la reforma impactará los servicios públicos en salud, cuido y asistencia social.
8. Ausencia de garantías en las medidas compensatorias:
El proyecto plantea que las empresas ofrecerán servicios de cuido y transporte como mecanismos compensatorios, sin establecer obligaciones claras ni mecanismos de verificación. Esta promesa resulta inviable, especialmente en un contexto de debilitamiento del sistema nacional de cuidados. En 2023, cerca de 7 mil niñas y niños dejaron de recibir atención, y en 2025 el IMAS recortó en un 35 % el subsidio por persona menor atendida, afectando a más de 135 mil personas. Delegar estas responsabilidades al sector privado, cuando ni siquiera el Estado puede garantizarlas, constituye una omisión grave.
9. Impacto diferenciado por género:
Diversas investigaciones (CEPAL, OIT, OCDE) evidencian que las jornadas intensivas afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a jefas de hogar, madres solteras y cuidadoras, ampliando la brecha de género en el empleo y el ingreso. La OCDE (2018) destaca que la jornada laboral intensiva, aunque concentrada en menos días, genera dificultades para organizar el cuido infantil y otras responsabilidades familiares, especialmente para madres solteras o familias con menor red de apoyo.
10. Disminución de ingresos reales para las personas trabajadoras:
El esquema remunerativo planteado representa una pérdida en comparación con el pago actual de horas extra. Según datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Plantaciones (SITRAP, julio 2025), esta pérdida puede alcanzar los 587.373 colones anuales. Ello, lejos de mejorar la compensación económica, el proyecto reduce el ingreso real por trabajo adicional, afectando en especial a quienes actualmente perciben más del salario mínimo.
Ejemplo comparativo:
11. Normalización de prácticas injustas y arbitrarias:
En lugar de sancionar la aplicación irregular de jornadas extendidas sin fundamento legal ni constitucional, el proyecto busca legalizarlas. Esto vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, debilita el Estado de Derecho y normaliza condiciones de trabajo incompatibles con los marcos internacionales de protección del trabajo digno.
12. Menor productividad, no mayor:
Contrario a lo que plantea la iniciativa, las jornadas laborales extensas no garantizan el aumento de la productividad. Estudios de organismos internacionales como la OCDE y publicaciones académicas (ScienceDirect, 2023) demuestran que el exceso de horas reduce el rendimiento individual, afecta la toma de decisiones y eleva el riesgo de errores, accidentes y ausentismo. La productividad sostenible requiere condiciones laborales saludables, no jornadas intensivas.
13. Experiencias internacionales:
Las reformas laborales exitosas a nivel internacional tienden a reducir la jornada sin afectar el ingreso, promoviendo el bienestar y la eficiencia. Países como Alemania, Francia y Suecia han impulsado modelos de trabajo que priorizan el equilibrio entre vida personal y laboral. La propuesta costarricense, en cambio, promueve una flexibilización patronal sin garantías suficientes de supervisión ni mecanismos efectivos de defensa colectiva, lo que debilita la posición de la persona trabajadora.
Posicionamiento del Consejo Anterior:
Por las razones expuestas, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se posiciona en contra del Proyecto de Ley N.º 24.290 y su texto sustitutivo, por considerarlos un grave retroceso en materia de derechos laborales, equidad de género, salud mental y justicia social.
Asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno y con el debate democrático, plural e informado sobre el modelo de desarrollo que necesita Costa Rica. En este sentido:
Hace un llamado a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, así como a la ciudadanía, al sector académico, a los gremios y sindicatos, a reflexionar crítica y responsablemente sobre los alcances e implicaciones de esta propuesta.
Reitera su disposición para colaborar en la construcción de propuestas alternativas mediante espacios de diálogo y mesas de trabajo que promuevan condiciones laborales compatibles con la salud mental, la justicia distributiva, la sostenibilidad del cuido y la centralidad de la vida digna en las políticas públicas.
Suscriben,
Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales Dra. Claudia Palma Campos, directora, Escuela de Antropología Mag. Gréttel Aguilar Santamaría, directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva Dra. Tania Rodríguez Echavarría, directora, Escuela de Ciencias Políticas D.E.A. Pascal Girot Pignot, director, Escuela de Geografía M. Sc. Claudio Vargas Arias, director, Escuela de Historia Dr. Jorge Sanabria León, director, Escuela de Psicología Dr. Mauricio López Ruiz, director, Escuela de Sociología Mag. Carolina Navarro Bulgarelli, directora, Escuela de Trabajo Social Dr. Javier Tapia Balladares, director, Instituto de Investigaciones Psicológicas Dr. Francisco Robles Rivera, director a.i., Instituto de Investigaciones Sociales Dr. Anthony Goebel Mc Dermott, director, Posgrado de Historia y representante de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales Dr. Alonso Ramírez Cover, director, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), y representante de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
Aquí se puede uno esperar hasta 5 o 6 horas en Emergencias-CCSS, sin ser atendido, o sea, sin ser valorado por un médico. Luego vendrá el tratamiento. Una señora dice que espera desde la mañana, para ver a un doctor. (Uno o dos heroicos médicos para 45 o 50 personas).
Es la «otra» Patria invisibilizada. Es como un «Apartheid» interno. Una nueva y feroz cotidianidad.
Aquí el Estado Social de Derecho, junto al Salario Mínimo (que molesta a Pilar), se fueron a pasear. Y hay ausencia de justicia social, pero abundancia de gente hermosa, trabajadora, valiente, luchadora, y llena de amor al prójimo y solidaridad.
Cuando pidamos en las próximas elecciones, defender nuestra institucionalidad democrática, recordemos esta falta de Estado Nacional y la indecente e injusta exclusión social de nuestro pueblo trabajador en la periferia rural. Ni hablar del caos económico neoliberal heredado, y de la destrucción sistemática del sector agro, así como de los remanentes de nuestra maltrecha soberanía alimentaria.
Mientras en la noche la inseguridad ciudadana campea, la violencia y el narco aparecen, y el transporte público interno local no existe…
Aquí se impone la cruel narrativa, en la que se nos venden dos «héroes»: el Ja-Guaro y el tal Diablo. Así de simple. Estos viles antihéroes, personajes de caricatura dignos del mundo distópico de Trump o Bukele, son ejemplos a imitar.
Lo demás, es el clientelismo político que sobrevivió al brutal monocultivo extranjero, a décadas de abandono de lo público, y a la falta de legitimidad democrática.
La piña tóxica sustituyó a las bananeras. Los tubérculos para los pequeños campesinos.
Pero la exuberante belleza natural y su imponente clima tropical, aún se impone; y el talante rebelde y luchador de sus hombres y mujeres resiste.
Resiste en una nube de confusión y distracción ideológica, entre el machismo atávico, el alcoholismo, el culto pandereta, los nuevos mitos antivacunas, las largas distancias, los malos caminos, la pobreza atroz, la desigualdad social, y el desarrollo social teratológico (E. Guevara), y el otrora llamado en la academia, desarrollo combinado y desigual.
Queda la nostalgia de las heroicas luchas populares y de los valientes dirigentes campesinos comunistas, en algunos nombres de las comunidades y barrios.
¿Será que, en estas nuevas circunstancias democráticas, sabremos honrar esa memoria, y construir un futuro más incluyente en igualdad y libertad? ¡El futuro es ya!
P.S. Entre hoy y anoche, mientras el suscrito iba a la letrina alrededor de 15 veces en una cabaña, en un hospital público de la CCSS, –bastión de nuestra salud pública y de nuestra imperfecta democracia–, partió físicamente, el Camarada Vladimir Barrantes, QEPD., hijo, padre, tío y abuelo de una heroica familia de campesinos comunistas moristas costarricenses, ligada a las más importantes luchas históricas nacionales e internacionales del partido de Manuel Mora Valverde, Carmen Lyra y CALUFA.
Vivimos en un mundo donde el ruido del espectáculo tapa el grito de los que sufren. Mientras las pantallas brillan con guerras retransmitidas en alta definición, mientras se lanzan bienes de lujo que cuestan lo mismo que alimentar a una familia durante un año, millones de seres humanos -los de abajo-siguen siendo invisibles. No por falta de existencia, sino por exceso de indiferencia.
Los de abajo no son sólo los pobres en dinero. Son también los despojados de educación, de tiempo, de tierra, de seguridad social, de derechos. Son quienes trabajan sin descanso y aun así no llegan a fin de mes. Quienes apenas pueden leer porque nunca tuvieron un libro. Quienes votan por odio, venganza o resentimiento o del todo no votan porque nadie los representa. Son los empujados al margen por un sistema que sólo mira hacia arriba, donde el brillo del poder enceguece y embrutece.
En este terreno de la política, la pobreza también reina. Pero no es la escasez de partidos o discursos eso no es el problema lo que empobrece la democracia es la banalidad de su contenido. La política se ha transformado en un circo de frases vacías, de insultos convertidos en estrategia de comunicación, de líderes que repiten eslóganes en vez de pensar proyectos. Se castiga la razonabilidad y se premia la vulgaridad. El debate de ideas ha sido sustituido por el espectáculo de confrontación de cantina. La política ya no educa sino polariza: alimenta al confeso para que odie.
Esta miseria política no es casual. Se cultiva a propósito para mantener entretenidas a las mayorías. Cuanto más superficial es la política, más se aleja de los problemas del pueblo. Cuanto más populista es el mensaje, más se oculta la estructura de dominación: “el cambio para no cambiar”. Los de abajo asisten entonces al simulacro democrático donde siempre ganan los de arriba, donde el poder cambia de rostro, pero no de lógica, y donde la esperanza verdadera se vuelve una rareza o una amenaza.
En esta época que idolatra lo superficial, la vida ha perdido profundidad. El éxito se mide por “likes”, la belleza se vende en píxeles, y la verdad es abaratada como una mercancía más. Se ofrece una libertad envasada que solo sirve para elegir entre marcas, no entre proyectos de país con visión de futuro. Se nos invita a consumir para olvidar, a reír para no pensar, a competir en lugar de compartir.
Mientras tanto, los de abajo cargan con el peso del mundo. Y no por destino ni por error: por diseño. Un sistema que produce pobreza como una fábrica produce autos no puede sorprenderse de su resultado. La desigualdad no es una falla: es una estrategia inducida como normalidad de los de arriba y los mismos organismos financieros internacionales encadenan (prestan) para que los países sigan atados a las deudas y hacen recomendaciones para que todo continue igual: sigan pagando los de abajo.
La manipulación de la mayoría es su garantía.
Los de abajo son más, pero compiten, están divididos. Están fragmentados por muros invisibles: miedo, desconfianza, soberbia, personalismo; los que ascienden quitan la escalera para que los demás no suban. Todo es ignorancia sembrada y controlada. Pero el día que se miren a los ojos y se reconozcan como iguales, el mapa del poder temblará.
No es que falten recursos. Es que sobran mezquindades y privilegios. No es que falte comida. Es que sobra especulación y codicia. No es que falte cultura es que se comercializa y se convierte en entretenimiento vacío. No es que falte inteligencia es que los mejores son aislados por la mediocridad, los amigos del narco desprecian la calidad por la lealtad. Se castiga al pensamiento crítico y se premia la sumisión.
Hoy más que nunca, necesitamos recordar lo esencial: que la dignidad no se mide en cifras, que el dolor no debería ser rutina, que el mundo no puede seguir siendo un espectáculo donde la mayoría solo actúa como público, esperando un milagro que no vendrá desde arriba.
La historia no cambia desde el circo ni desde las pantallas. Cambia desde abajo y con los de abajo. Con las manos que siembran, los trabajadores y trabajadoras que levantan con penuria la olla de comida diaria, con las voces que se atreven a rechazar la grosería, arbitrariedad y la prepotencia. Porque lo que está en juego es la democracia, la justicia y el destino de las nuevas generaciones.
Los de abajo no piden caridad. Exigen dignidad, respeto, justicia y oportunidades. No quieren ser espectadores en la democracia. Quieren ser protagonistas. No buscan odio, venganza ni confrontación.
Buscan vivir que quiere decir: seguridad, educación, empleo y no cárceles.
Y ese futuro empieza cuando uno -cualquiera- deja de mirar hacia el cielo esperando respuestas y comienza a mirar a su lado buscando compañeros y compañeras que estrechan manos en convivencia, paz y respeto entre hermanos.
