Etiqueta: justicia social

Peores escenarios se avecinan para el agua

Escrito en 15/12/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo-ITCR

Hoy, 15 de diciembre 2020, el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, Expediente 20.212, podría ser archivado. Se discute en un momento crucial de ataque a la humanidad y a los ecosistemas por parte del sistema corporativo mundial, ya que están consumando sus aspiraciones de mercantilizar el agua en la Bolsa de New York/Wall Street. Llegamos al momento aciago que el poeta Silvio Rodríguez cantara hace años: “Me pregunto qué negocio es este, en el que hasta el deseo es un consumo, qué me haré cuando facturen el sol”. En ese pantanoso escenario, es más que indispensable y de primerísimo orden que Costa Rica asegure las más estrictas medidas de protección del agua y evite su explotación comercial sobrepasando los ya perniciosos márgenes que tenemos hoy día.

Son muchísimos los aspectos por analizar pero ahora hago un resumen sobre lo público-privado y ausencia de participación. El texto como tal no reza que se vaya a privatizar el agua, pero sí contempla mecanismos que consolidan prácticas de explotación privada y crea otras que la propician. Las experiencias de control y manejo del agua con participación y privilegio del sector privado nunca han generado resultados positivos para lo pueblos. En 2003 analizamos los caminos diversos del agua privada y aunque no nos ocuparemos de este gran tema ahora, si debemos reiterar que lo público y lo privado no se dibujan en blanco y negro, ni como opuestos dado que la privatización es un ejercicio normado desde los Estados neoliberales como parte de las estrategias corporativas para trasladar servicios públicos al sector privado (ver Agua: Lucha mundial entre capital privado y justicia https://doi.org/10.15359/rca.25-1.5 y otros textos del autor relacionados). Privatizar no consiste únicamente en entregar la operación de sistemas de distribución de agua a empresas privadas de manera directa, como ocurrió en Bolivia, Argentina, Chile, México, Canadá, etc. Las alianzas público-privadas y las concesiones, que ocupan un lugar del privilegio en esta propuesta de ley, son una de las vías principales usadas en todo el mundo para estimular la competencia entre lo público y lo privado, en detrimento de lo social, colectivo y solidario.

El proyecto 20.212 no se acerca a la aspiración de regular en favor de lo público, justo y solidario. La sola y contundente propuesta de convertir a las ASADAs en concesionarias y colocarlas como competidoras por el agua, es suficiente para advertir el sesgo anti-público del proyecto. La propuesta crea todo un abanico de riesgos mediante múltiples propuestas como las concesiones (ver Capítulo III. Concesiones), las “sociedades de usuarios” (artículos 102-104), el “Uso colectivo de las aguas en condominio” (artículo 105), la posible consolidación del negocio privado de exportación de agua (artículo 57) y la reconcentración de poder en la DINA para la toma de desiciones técnicas y políticas sobre el agua (múltiples artículos).

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, en su “Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de la escazes: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, fue contundente al advertir sobre los riesgos de crear espacios de control del agua por parte del sector privado: “La característica distintiva del agua reside en su rol fundamental en los medios de sustento de los individuos y el medio ambiente de un país. Esta propiedad excepcional señala la necesidad de implementar sistemas de normas e instituciones altamente desarrollados que permitan garantizar que los objetivos de política pública fundamentales como la justicia social y la sostenibilidad ecológica no estén subordinados a la búsqueda de beneficios privados”.

Lo público debe primar en una legislación que a futuro procure blindar el agua ante los riesgos que desde hace años advirtió el PNUD, y repetimos, sobre todo ahora que llegamos al extremo previsible y ansiado del mundo privado de tranzar el agua en Wall Street. Sobre este particular podemos adelantar que Costa Rica debería contar una política pública que prohiba elevar los niveles actuales de lucro con el agua y, de manera absoluta, evitar la exportación de agua incluso a nivel de rango constitucional. Si el agua sale del país debería ser únicamente por fines humanitarios y nunca para negocios públicos ni mucho menos privados. La realidad actual de Costa Rica enseña que el agua ya es un elemento sujeto a la explotación y lucro privados. Ante eso lo que se esperaría de una nueva ley es que estableciera regulaciones que limiten, inhiban y prohíban los usos y explotación privada del agua y aseguraran una visión o nuevo paradigma orientado sin ambigüedades al bien común. Pero esa no es la visión del proyecto.

Si reconocemos, como debe ser, que la privatización no es sólo transferir directamente a entes privados la operación de un servicio o empresa, si no entregarlo por concesión o mediante la creación nuevos entes operadores, aunque sea para segmentos reducidos que los aprovechan en beneficio privado, este proyecto apunta a fortalecer los espacios de control no públicos del agua. Ese debate sobre las vías para disminuir lo público, entendido como el control demanial, social, colectivo, solidario y justo en precio y acceso del agua, que se ejerce desde el Estado y desde lo social-comunitario a través de organizaciones de base, como las ASADAS, seguirá pendiente más allá de lo que ocurra con este proyecto.

Más exclusión y menos participación social-comunitaria

Si hubiera que evaluar este proyecto de ley con un criterio básico y fundamental como la participación efectiva y la garantía de inclusión real de las personas a través de sus organizaciones de base comunitaria en la gestión del agua; habría que rechazarlo.

Desde que el 31 de marzo del 2014 a media noche y con extraño sigilo fue aprobado en primer debate este proyecto, sabíamos que se había liquidado cualquier vestigio de participación incluida en la iniciativa popular, contenida en el Expediente legislativo 17.742. Un segundo debate y aprobación sellaría el ataúd con el cadáver de la participación efectiva de la ciudadanía en el manejo democrático del agua (el proceso del proyecto de iniciativa popular del agua puede consultarse en trabajo de Barquero Mata, Sofía. (s.f.). Leyes de Aguas: análisis completo. Sobre el procedimiento de la iniciativa popular).

En el texto del proyecto que circulaba antes del 3 de diciembre 2020 ni siquiera se mencionaba a las ASADAS, y posiblemente por tan desmesurado error, fue que en la versión que empezó a circular ese día ahora fueron incorporadas en el artículo 5 indicando que el “sector hídrico del Estado…está constituido por la Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado y las asociaciones administradoras de acueductos comunales (ASADAS), que tengan dentro de sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua”.

Los mecanismos mediante los cuales se podría hacer efectiva la participación de las comunidades, no son claros y más bien podemos decir que no existen como tal en el proyecto. El artículo 2 “Principios generales” indica “l) Participación: el sector hídrico del Estado promoverá la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico, en el ámbito nacional”. Esa es una generalidad que puede interpretarse como sea, y es claro que por vía reglamentaria no se asegurará esa participación. “Todos los sectores” es un postulado que coloca en igualdad de condiciones a todos los potenciales concesionarios que pretendan usar el agua para cualquier uso. No se podría augurar nada positivo si retomamos la competencia desproporcionada a la que someten, por ejemplo, los agronegocios y las hidroeléctricas a las comunidades, y las dificultades extremas de estas últimas para tener al menos acceso al diálogo con instituciones como el MINAE y particularmente con la Dirección de aguas y SETENA, que sistemáticamente las ignoran o anulan. De ninguna manera resulta suficiente la promesa contenida en ese artículo 2. Una legislación que verdaderamente busque garantizar el agua como derecho humano, de consumo humano y resguardada por el Estado en cualquier circunstancia o amenaza, debe establecerlo con claridad.

Lo más cercano a participación que el proyecto propone es el artículo 22 “Información y consulta pública”. Según el texto “Las propuestas del Plan Hídrico Nacional, el balance hídrico nacional y los planes hídricos de unidad hidrológica se someterán a consulta pública, a fin de que la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones a dichas propuestas”. Esa limitadísima participación es contradictoria con el optimismo que desde el 2017 había expresado la Directora de AyA Yamilet Astorga, quien “asegura que ley de aguas mantiene la esencia de la Iniciativa Popular”. La funcionaria se contenta con que la población “pueda formular observaciones, aclarar dudas o presentar modificaciones a dichas propuestas”. Para ella es suficiente que “podemos llegar a crear los Consejos de Unidades Hidrológicas, mediante decreto ejecutivo, como una forma de operacionalizar esta ley”, https://www.informa-tico.com/8-11-2017/presidenta-aya-asegura-ley-aguas-mantiene-esencia-iniciativa-popular) lo cual no pasa de ser una laxa promesa que no asegura, de ninguna manera la participación efectiva de las organizaciones sociales de base, como las ASADAS.

Es evidente que las decisiones técnicas, financieras y políticas seguirán siendo un ejercicio centralizado y controlado desde la nueva DINA, si se aprobara el proyecto. Limitar la participación a “Información y consulta pública”, es una debilidad absoluta e insalvable que desde la aprobación del proyecto en 2014 habíamos señalado como gravísima y suficiente por sí misma para rechazar el proyecto en su totalidad. Esa exclusión revela que el “lobby” local del agua que promueve el proyecto concilió con las presiones e intereses del sector empresarial, además de resellar un desprecio total por la participación democrática y efectiva de la gente en los procesos de diálogo, generación de consensos, negociación y decisiones colegiadas sobre el agua.

En el proyecto no hay una sola frase que busque fortalecer a las ASADAS como entidades que aseguren el manejo comunitario y democrático del agua. Tampoco nada que procure que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones. Ese aspecto está directamente asociado con principios como que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público y que genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares y privados.

La exclusión de las ASADAS y los riesgos asociados con la reducción de su perfil en el manejo del agua, valga decir en contraposición con la creación de espacios para entidades privadas, fue expuesta con claridad por el Colegio de Geólogos de Costa Rica (2020) que en su oficio 2020 CGCR 267-2020 dirigido a los y las diputadas, expresan: “Acerca de las ASADAS. Lejos de regular y fortalecer la situación actual de las ASADAS el proyecto de ley las excluye, les obliga a solicitar concesiones y pagar por ellas a pesar de ser entes que prestan el servicio mediante un Convenio de Delegación de Administración con el AyA (Art. 5 y Art. 58). Las ASADAS deben ser consideradas en cualquier legislación sobre el recurso hídrico debido a la importancia de la labor que realizan, ya que cubren un 33% de la población del país”.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es que el consumo humano es una prioridad cuestionable e incierta en el proyecto. Las definiciones son tan generales que abren la puerta para que cualquiera, sea público o privado, proponga, compita y obtenga concesiones. En el artículo 61, que como en muchos otros se norma el otorgamiento de concesiones, se indica: “Requisitos y procedimiento para otorgar concesiones. Toda solicitud de concesión para el aprovechamiento del recurso hídrico deberá cumplir los requisitos generales y específicos propios para cada tipo de aprovechamiento que se establecerán en el reglamento de esta ley; además, cumplir con el procedimiento aplicable para el otorgamiento”. Ni en este ni en otros artículos se enfatiza ni especifica el uso público, solidario y equitativo del agua, del tal manera que los concesionarios, de cualquier tipo, tendrán que “pujar” de acuerdo a sus intereses. Además, los requisitos quedan sujetos a nuevos reglamentos en cuya creación no está prevista ninguna forma de participación ciudadana. Como dijo una impulsora del proyecto, la Diputada Paola Vega, “se necesita una concesión independientemente de quien la pida”.

El único artículo del proyecto de ley que establece con claridad cuáles son los usos prioritarios del agua, es el 95 referido a la “Declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico”. Esa condición se declarará “cuando (la Dirección de aguas) haya constatado técnicamente la disminución atípica de la disponibilidad del recurso; valorará, entre otras, las condiciones meteorológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, hidrobiológicas, agrícolas, geográficas, sociales, ambientales, económicas y de calidad del recurso”. La realidad es que hasta hoy día muchísimas comunidades se han quedado sin agua y las autoridades no han hecho, por la razón que sea, los estudios pertinentes, ni mucho menos han declarado emergencia como corresponde. Esto ha sido así porque se han protegido los intereses privados sobre lo público y comunitario, y obviamente sobre los derechos de los ecosistemas, que más bien quedan desprotegidos con las definiciones y usos de los “caudal ambiental”.

Una legislación verdaderamente orientada a la protección integral y ecosistémica del agua, lo mismo que a usos justos y solidarios desde lo público y comunitario, debe icluir algunos principios que este proyecto no contiene. Algunos de los principios son:

que el Estado, como garante de los derechos colectivos del pueblo, ejerza soberanía total para asegurar el control del agua para su uso en favor del bien común,
que la población tenga seguridad de que el agua será considerada efectivamente y sin manipulaciones, controles políticos ni económicos, en las decisiones sobre los usos prioritarios y su protección ecosistémica,
que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones,
que se tenga garantía de que por ser un derecho humano no esté sujeta de ninguna manera a la competencia comercial; mucho menos cuando se comprometan la salud de los ecosistemas y el acceso de la población,
que sea distribuida con equidad, solidaridad y hasta entregada de gratis a la gente más pobre que no pueda pagarla,
que haya seguridad absoluta de que será protegida frente a cualquier forma de explotación lucrativa y privada (esto sabiendo que en Costa Rica operan múltiples mecanismos de lucro con el agua),
que los usos prioritarios estén explícitamente estipulados y que no existan opciones, como las concesiones, sociedades de usuarios, etc, para que los usos públicos y colectivos tengan que competir con los negocios privados de cualquier tipo, como sucede ahora mismo en Costa Rica,
que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público, y en ese tanto no facilite su explotación privada,
que la institucionalidad genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares, y que respete y escuche a los actores sociales comunitarios,
que el Estado garantice los recursos económicos necesarios para que el sistema jurídico y operativo, la investigación científica y el seguimiento, permitan la efectiva protección ecosistémica del agua y su distribución equitativa.

¿Se cumplen esos atributos fundamentales en el proyecto de ley de agua número 20.212? Definitivamente no.

Imagen: Juan Pablo Ugalde

Autoritarismo y violencia neoliberal

Escrito en 07/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

A diferencia de Chile donde el neoliberalismo se impuso como política económica después de un golpe de Estado y una cruel y brutal represión por parte del ejército, encabezado por el general Augusto Pinochet, en Costa Rica se impuso después de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con impactos menos privatizadores pero siempre devastadores en lo social.

El filósofo Constantino Láscaris logró percibir que la oligarquía costarricense, sin seguir el patrón dominante en América Latina, había logrado someter a su pueblo sin necesidad de ejército. Efectivamente, en el país se desactivó el dispositivo militar pero se activó el ideológico y cultural, para contener los impulsos transformadores de gran calado. Se instauró, así, un sistema que privilegia la dominación cultural e ideológica. La violencia asume una dimensión predominantemente simbólica y política, propia de una “cultura autoritaria”.

Así lo constata el sociólogo Manuel Solís: “Ni la insignificancia del ejército ni su abolición pueden identificarse con la desaparición de la violencia política […] El fondo del asunto lo pusieron en palabras los jueces insubordinados del año 2.000, cuando hablaban de una institucionalidad marcada por una cultura autoritaria […] La arbitrariedad, la corrupción y las distintas formas de violencia civiles pueden convivir, e incluso escalar, con un discurso de paz cuando este apuntala una cultura autoritaria” (Solís A. Manuel (2006) La institucionalidad ajena. San José, Editorial UCR, p.529).

Efectivamente, en las últimas cuatro décadas, nuestra oligarquía ha sabido imponernos el derrotero del autoritarismo neoliberal con un discurso de paz. En su primera administración (1986-2000) el expresidente Oscar Arias mientras propiciaba la paz en la región impulsaba la privatización de las telecomunicaciones en el país y un proyecto que pretendía privatizar al ICE, al mismo estilo que hoy proponen algunos economistas, es decir, vendiendo acciones de instituciones públicas al sector privado. En su segundo mandato (2006-2010), enarboló el lema de “paz con la naturaleza”, mientras decretaba la explotación minera a cielo abierto de interés público e impulsaba la firma del TLC con Estados Unidos, para, al fin, lograr privatizar las telecomunicaciones y profundizar el pacto neoliberal.

Hoy la oligarquía y sus voceros persisten en un discurso que “llama a la guerra” contra la institucionalidad social y el empleado público. Nuevamente, apela a La violencia simbólica del discurso del miedo, ahora aprovechando el contexto de pandemia, para crear un enemigo del pueblo: el sector público, y legitimar, así, el rumbo privatizante para dar la última estocada al Estado Social de Derecho.

Se comporta con una alta dosis de desesperación porque se resiste a reconocer el fracaso rotundo de su apuesta neoliberal, que solo ha producido desempleo, empobrecimiento y una escandalosa desigualdad social. Una realidad que la pandemia se ha encargado de mostrarnos en toda su crudeza, y que debería conducirnos más bien a conjuntar voluntades políticas y sociales intersectoriales, para impulsar medidas y acciones alternativas dirigidas a fomentar la equidad para garantizar bienestar humano, social y cultural.

“En tiempos de epidemias es más fácil entender que un mundo construido sobre la indiferencia, la injusticia social y las profundas desigualdades es un mundo sin futuro» (Albert Camus, citado por Nuccio Ordine). Tal parece, que en este país no está resultando fácil hacer entender que llegó la hora decisiva de apostar por la solidaridad, la justicia social y la equidad, es decir, por la Costa Rica post-neoliberal.

Imagen: https://revistaconstruir.com/ice-electrifica-zona-rural-con-paneles-solares/

Educación para una patria justa

Escrito en 25/11/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Claudio Monge Pereira

Aseguraba Martí, que tan detestable es un pueblo que subyuga a otro pueblo, como aquel que es esclavo de sí mismo. Por lo tanto, parafraseándolo, podemos asegurar que aquella Educación que no libera, esclaviza. Y esto, más que en discursos y ponencias, se vivencia en la práctica permanente de la construcción social y la lucha por establecer una sociedad justa y digna, en la que la palabra mercado deje de ser la razón del desarrollo; y por el contrario, se fomente la práctica de la solidaridad, la cooperación y el amor.

La educación es un acto ineludible de amor, y en ese acto estamos involucrados los estudiantes, la familia y los educadores. El estado no se escapa y no puede eludir este mandato social. Concebida así, la educación es un proceso integral, dentro del cual, el amor es la levadura que le permitirá crecer sin complejos a todos los Seres Humanos. Aquí, el amor es la clave o la llave que permite abrir las puertas, no sólo del conocimiento y del saber, sino también de la liberación mental y espiritual para construir la justicia económica y social indispensables para mancomunar una Sociedad Completa. Por medio de la participación política decente, la práctica de la solidaridad y la paz; la defensa a ultranza del Universo; fortalecemos la tolerancia y no la sumisión, el respeto hacia las diferencias y la colectivización de las soluciones a los problemas de las mayorías pobres de las sociedades modernas.

La educación, se ha dicho y se ha escrito, es un arma; pero debe acotarse que en manos de mediocres y de arribistas casuales, es un arma peligrosa. Por ello, es preferible reafirmar como lo señalaran insignes educadores y educadoras del calibre de Omar Dengo, Carmen Lyra, Luisa González, Talía Rojas, Carlos Monge Alfaro, Joaquín García Monge y Paulo Freire entre otros, que la educación es un instrumento. Y un instrumento nos recuerda una pala o una hoz, un pico o un rastrillo, un martillo o un serrucho, una llave francesa o una inglesa; una guitarra, un piano, un Altar o un Cáliz; o si quisiéramos, una lira, que es instrumento de los Ángeles.

Un instrumento se utiliza para construir, para crear o para recrear. La Educación es construcción y la construcción es eufórica, es decir, es alegre, dichosa, propositiva, creativa, entusiasta, proactiva, amable y amorosa. La amorosidad es la capacidad que logremos desarrollar para amarnos los unos a los otros, y la amabilidad es esa valiente decisión que asumimos para permitir que se nos ame y amar.

La Educación es un Poder, y el poder concebido y aplicado con justicia social y moral, es la esencia que debe alimentar a las educadoras y a los educadores. Este es el eje espiral a través del cual gira, desde la base hasta la cima, la consecución de una Patria dignamente pacífica y educadora; capaz de ofrecerle a la Humanidad Seres Humanos honrados, trabajadores, optimistas, pacíficos, justos, solidarios, de pensamiento crítico y eufóricos.

No existe Educación neutral, por ello no hay ni Escuelas ni aulas, ni educadores ni estudiantes neutrales. Lo anterior nos indica que tampoco el Magisterio pueda serlo, y estas aseveraciones nos conducen a reafirmar que la Pedagogía debe tomar partido, y hacerlo a favor de aquellas propuestas que la humanicen y la propongan como una guía para la formación de ciudadanos y ciudadanas constructores de espacios democráticos y libres en permanente perfección; preparados y dispuestos para promover y participar en las tareas de la transformación estructural de la Sociedad.

En esta concepción, el pedagogo es un poeta y un guerrero: un poeta porque crea y recrea, es decir, porque su trabajo y su entrega dignifican la Creación. Y un guerrero, porque lucha con valentía para que las utopías se transformen en realidades palpables; visibles y socializables: es un Guerrero – Poeta…un enamorado de la Creación, pero sobre todo, un enamorado incuestionable del Creador de todos los Seres y las cosas; es decir de la justicia. Ese Educador es un experto en su arduo recorrido por el DESIERTO.

Esto del desierto es una metáfora creada por el sacerdote y Educador suizo, Iván Illich. La mejor definición que yo conozco de metáfora es la que afirma que ella es una significación por ausencia. Y eso es precisamente lo que debemos enseñar a nuestros estudiantes: descubrir la maravillosa vida que existe detrás de todas las lacras que hemos creado por apartarnos del camino señalado por quien tanto nos ama con hechos reales.

Detrás de todo lo feo que nos rodea existe una alternativa: lo feo no podría saberse si no sabemos lo bello. El mundo fue construido con el más grande de todos los amores; no es un experimento para jugar, no es un divertimento del gran Señor del Cielo Azul. Es su Obra maravillosa…es el PAN más tibio y nutritivo jamás concebido.

Iván Illich se refiere a las tentaciones que nos ofrecen los modelos ideológicos que han tratado de imponerse a nuestros pueblos a través de su Historia. Nos ofrecían aquella tentadora Babel del Este, en la cual, se decía, se construía la sociedad más justa y equitativa. No puede haber justicia opacando la dignidad personal del Ser Humano; aunque este tenga el pan material en abundancia. Un cuerpo no vale nada ni es nada sin Espíritu libre. Y también nos siguen ofreciendo un estilo de vida que infla a la gente con chatarra hasta que no pueda caminar, pero que lo enferma y le transforma su alma en una adiposidad más. Ese crisol de extremos asesina al Ser Humano: lo descalifica igualmente para alcanzar la felicidad. Hoy se nos ofrecen «Tratados» que no garantizan nuestro desarrollo como país. Al igual que miles de inmigrantes en el mundo, nuestros pueblos se empobrecen más al aceptar sus gobernantes incondicionalmente instrumentos internacionales que ignoran el nivel que hemos logrado como país; no obstante nuestros problemas. Se dice que hoy tenemos menos pobres en Costa Rica, pero los ricos son cada vez más ricos. Suena irónico porque es difícil comprender cómo hay menos pobres habiendo mayor concentración de la riqueza en menos familias; y siendo nuestro país uno de los más desiguales del Planeta.

Illich nos esclarece la significación por ausencia de su metáfora del Desierto: este es inhóspito y cruel, acaba fácilmente con las esperanzas y los sueños si no se le conoce bien y no se tiene un ideal que nos inspire y fortalezca. ¿Quién puede sobrevivir en él?, ¿Quién logra salir de él y erguirse libre y poderoso? Moisés lo logra: lo atraviesa tan sólo con un cayado y se vuelve a erguir libre y poderoso. Y no sólo eso. Regresa y conociendo sus adversidades lo recorre de nuevo como faro de su Pueblo. Entonces, el significado de la metáfora es, que sólo es capaz de liberar a los demás, aquel que ya fue liberado y es libre como el que más.

Entonces, siguiendo la lógica de esa metáfora, sólo libera a sus estudiantes aquel maestro que ya fue liberado y por lo tanto es libre: libre para crear y construir con su ejemplo y su conocimiento; libre para luchar por la justicia y no conformarse con dar la limosna al desvalido. Libre para para transmitir el entusiasmo que desata los sueños y las acciones de y por la justicia.

El educador liberador es un Poeta porque la Poesía es creación inspirada, y la Pedagogía, por su lado, es la herramienta útil para el conocimiento educativo y formativo. Y es además, un Guerrero, no porque deba ser un rebelde sin causa, sino porque debe hacerle la guerra a la mediocridad intelectual y espiritual; porque debe combatir la ignorancia y la superstición, y porque debe entregarse en la lucha contra las desigualdades que minimizan al Ser Humano, despojándolo de su imagen y semejanza con lo Perfecto y rebajándolo a la condición de miserable.

Ese educador debe forjarse y poseer algunas características:

1) Sensible ante las desigualdades
2) Enamorado de la Justicia Social
3) Amable con la Humanidad y con el Planeta
4) Disponible como un médico, un bombero o un fontanero; una Enfermera
5) Valeroso
6) Honesto hasta decir basta
7) Humilde
8 – Solidario
9) Definido por una opción política que luche por la Justicia Social
10) Vocero de los que no tienen voz
11) Atento y servicial
12) Soñador
13) Estudioso
14) Creativo
15) Asertivo y proactivo
16) Pedagogo: científico social
17) Generoso
18) Justo y equitativo
19) Pensador
20) Inconforme consigo mismo
21) Crítico
22) Andariego
23) Inclaudicable
24) Denunciante, y
25) Anunciante.

Esta caracterización no obedece a ningún orden específico. La propongo de la misma manera que se me inspiró, y probablemente reforzada por la praxis pedagógica que desarrollé durante más de 30 años de Amistad Pedagógica con mis estudiantes. Esa amistad me enseñó a no decirle jamás a quien aprende “alumno”, porque no existe absolutamente ninguna persona “sin luz”. Un alumno es aquel ser que no tiene luz; que está apagado, y semejante fenómeno lo logra , más bien, un sistema educativo vertical y enciclopédico…uno bancario que considera al estudiante una alcancía para embutirle certificados sin valor, hacer de él un ente pasivo: una tabula rasa.

Para construir una sociedad mejor, es decir, justa y bella, urgimos de una educación que invierta el axioma tradicional del educador como Rey Filósofo y del educando como Arcilla Maleable. Así, el educando será el Estudiante Filósofo y el Educador será el Molde Maleable. Aquel esquema rígido, hecho de yeso pedagógico, ese que sólo produce momias rígidas de pensamiento, será abolido y desterrado. El ser humano verá hermanos y solidaridad en su prójimo, y lo que haga lo hará en el nombre de Aquel que siéndolo todo, renunció a todo por AMOR; o de sus Principios más sagrados y nobles.

¿Acaso puede existir una Pedagogía que supere la que nos enseña a diario el Maestro de Maestros con su herencia de justicia, verdad y praxis? El resultado es, la Libertad Plena del Espíritu Creador y comprometido. De ahí vendrá una Patria con justicia y equidad en la cual los postulados enunciados en esta reflexión se practiquen.

San Isidro, Heredia
20 de noviembre 2020

ANEP – Declaración pública

Escrito en 23/11/2020. Publicado en Sin categoría.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Declara ante sus miles de personas trabajadoras asalariadas afiliadas de los sectores Público y Privado, así como ante las personas y organizaciones socio-políticas que ven con simpatía y con esperanza nuestro quehacer; así como también ante la comunidad de los movimientos sociales y sindicales internacionales de los cuales formamos parte,

Que mantendremos nuestra línea y posición política de total independencia con respecto a partidos políticos, gobiernos de turno y sector empleador.
Que no somos organización sindical gobiernista ni pro-patronal, pues nos mantenemos con férrea lealtad a los principios universales y eternos de la clase trabajadora, teniendo claridad acerca de la serie de transformaciones y de amenazas que la asechan hoy en día; invocando los conceptos de la política de Trabajo Decente promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en nuestro quehacer sindical de base de todos los días.
Que poseemos un amplio ideario-país construido durante los últimos años, lo cual nos garantiza tener un criterio sólido sobre los problemas nacionales, gracias a una militancia sindical activa y propositiva; teniendo el honor de recibir los aportes de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses de sólida trayectoria moral y ética, con procedencias filosófico, ideológicas y políticas diversas; inspiradas todas en la promoción del bien común y la integración social.
Que preferimos optar por la legitimidad y la legitimación que nos da una militancia leal y consecuente con nuestros objetivos estratégicos de total reivindicación obrera; mas no la procedente de las esferas político-ejecutivas de la hegemonía neoliberal dominante.
Que optamos por ser parte de la construcción y del surgimiento de una nueva hegemonía, que emerja desde las bases y entrañas mismas del pueblo trabajador y productor, explotado y estrujado, por un modelo económico propiciador de la exclusión socioeconómica, de la concentración de la riqueza y de la desigualdad, con cuyos operadores político-ejecutivo no hay nada que negociar.
Que, de cara a la llegada de la conmemoración de los 200 años de la independencia política del país con respecto a España, nos proponemos propiciar el reforzamiento de los valores y principios que animan nuestro accionar socio-político, cimentando aún más la lucha sin cuartel por el pleno Humanismo, la verdadera Justicia Social y el total respeto a los Derechos Humanos.
Que no compartimos que desde los sectores sociales y, específicamente, desde los sindicales, se legitimen las líneas político-ideológicas del fundamentalismo neoliberal anti-Estado, emitiendo “cheques en blanco” para avalar cruzadas extremistas recortistas irracionales del gasto y de la inversión públicas, cuando está sobradamente demostrado que el déficit tiene raíces estructurales que no son las del salario devengado por las personas trabajadoras estatales.
Que reafirmamos nuestro compromiso de lucha inclaudicable en defensa de la institucionalidad pública que nos fuera heredada para la promoción del bien común y de la integridad social; institucionalidad pública que, mediando transformaciones necesarias, es hoy día mucho más vital y estratégica que nunca antes, ante el avance de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria, de la exclusión y de la corrupción.
Que, precisamente, alertamos a todas las personas trabajadoras estatales, así como a sus familias, que todos sus derechos seguirán bajo ataque artero, pues anunciado ha sido que las amenazas al empleo público, a la integridad salarial, a los derechos constitucionales a la Negociación Colectiva (Derecho Humano universalmente reconocido), están dentro de la “otra agenda”, pactada en la sombra por el gobierno de Alvarado con los sectores del alto corporativismo empresarial.
Que las transformaciones estructurales que ocupa nuestro país para establecer una justicia social real y efectiva con democracia verdadera, solamente será posible si potenciamos la más amplia movilización popular bajo los conceptos socio-políticos de la Democracia de La Calle; mediando una organización local múltiple y activa que incline la balanza hacia el lado de la gente, no del capital financiero-neoliberal, controlador hoy en día de, prácticamente, todos los aspectos de nuestras propias vidas.

San José, lunes 23 de noviembre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Los derechos sociales y laborales están protegidos, amparados y consolidados en la legislación internacional ratificada por Costa Rica

Escrito en 23/11/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En estos últimos dos años por una combinación de factores, de luchas sindicales, de equivocadas y mal dirigidas huelgas, de movilizaciones de trabajadores y de ciudadanos, de discusión de derechos sociales, laborales y beneficios económico-sociales logrados históricamente por estas luchas, de una arremetida patronal, e institucional, contra estos derechos consolidados históricamente, aprovechando la debilidad organizativa sindical, la ausencia de partidos políticos que hoy no tienen como banderas los derechos sociales y laborales, que en el pasado agitaban, se han impulsado cambios severos a la legislación laboral y social nacional. A ello se ha sumado, como contexto que contribuye a estos recientes ataques, la situación generada por el impacto de la Pandemia del Coronavirus COVID 19.

Los salarios han sido y siguen siendo atacados con una visión de establecerlos con techo a la baja, cuando los salarios como ha dicho Kamala Harris, la próxima vicepresidenta de los Estados Unidos, no deben tener techo, tienen piso. Por ello también sus primeros anuncios de elevar salarios mínimos, y de aumentar el empleo en cuanto asuman el Gobierno, en enero, para estimular también la economía y la producción.

Igual sucede con las pensiones. No es el problema de las altas pensiones. Es el ataque a todas las pensiones, como a todas las escalas de salarios. Cuando se ha puesto techo a éstas se ha puesto una traba a los salarios que son los que originan la expectativa de pensiones, según los sistemas jubilatorios al que pertenezcan los trabajadores. Esto contribuye a fomentar el mayor desempleo profesional de los próximos años.

La ley de empleo público, que puede ser una necesidad, si los sindicatos no la asumen como una tarea propia, con su propia propuesta, contribuyendo en esa dirección a la discusión pública y legislativa, se la van a imponer al país, con el sello de quienes la impulsan hoy, los enemigos de la organización sindical, de los derechos de los trabajadores y de las convenciones colectivas, que son derechos constitucionales.

En el caso de las Convenciones Colectivas el límite que tienen en su ejercicio de negociación es el que pacten los sindicatos y los representantes patronales. Son los patronos los que aceptan los términos y alcances de esas Convenciones. Y, en esa discusión pueden abrirse los libros contables de las empresas para ver su posibilidad de cumplimiento de lo que llegue a pactarse o de lo que se nieguen a pactar.

Históricamente las convenciones colectivas que se critican, por lo que se estableció en ellas, como derechos y beneficios de los trabajadores, fue el resultado de la lucha, que en esos años había para evitar que sindicatos dirigidos por comunistas estuvieran dominando o llegaran a tenar presencia en instituciones públicas y del Estado. De esa manera, principalmente, el Partido Liberación Nacional, pactaba con sus organizaciones y dirigentes sindicales, esas Convenciones, dando derechos, beneficios y privilegios a trabajadores, beneficiándose también los mismos dirigentes empresariales de la institución que las negociaban, lo que era una irregularidad. No son así las pocas Convenciones existentes el sector privado.

Hoy no existe, como en el período de la Guerra Fría, el comunismo, ni partidos comunistas, ni de izquierda, que “amenacen” la estabilidad democrática nacional, ni hay sindicatos dirigidos por partidos políticos de izquierda o comunistas que tengan algún peso nacional. Militantes comunistas, socialistas y de izquierda, anti partidos tradicionales, formados y nacidos en el período de la Guerra Fría han sido miembros de Consejos de Gobierno, sin que eso haya afectado en nada el ejercicio de los gobiernos de los que han sido parte, ni los han “sonrojado” de ninguna forma. En mucho esos ministros pasaron o pasan inadvertidos públicamente.

Las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, ratificadas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, son una conquista social que enriqueció la Democracia Nacional, que le dio estabilidad y solidez. A quienes lo lograron se les ha distinguido con el Benemeritazgo de la Patria. La pérdida de esas Garantías y Derechos, acompañada de la caída del nivel de vida, del deterioro y empobrecimiento de la clase media, sí puede constituirse en un factor de inestabilidad social y política muy serio en el futuro inmediato.

Por eso es bueno recordar que la legislación nacional, social y laboral, en todos sus extremos, hoy está amparada también en Legislación Internacional aprobada y ratificada por Costa Rica. Recojo unos datos de esta legislación internacional.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, fue aprobada por la Organización de Estados Americanos, la que fue ratificada por Costa Rica.

La Convención reafirmó un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; justificados como protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el Derecho interno de los Estados americanos, como el de Costa Rica, principios que son consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, que también han sido ratificados por Costa Rica.

Todo esto para realizar el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, con condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

La tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, realizada en Buenos Aires, en 1967, aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales. Los Estados firmantes, entre ellos Costa Rica, convinieron y se obligaron en respetar estos Derechos, con medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

En el Capítulo II sobre Derechos Civiles y Políticos quedó establecido el Derecho a la Vida, y de manera contundente se señaló que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”, justo señalarlo para quienes en Costa Rica, de vez en cuando, claman por establecer esta máxima pena.

Del mismo modo, se señala que “en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos, y que no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez”, allí donde todavía exista este castigo.

También se estableció que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Con la Convención se ratificó, una vez más, la prohibición de la Esclavitud y Servidumbre, de modo que “nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas”, lo mismo “que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, declarando que no constituyen trabajo forzoso u obligatorio, los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente”.

Sobre el Derecho a la Libertad Personal se estableció que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, y que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. En materia de Derecho de Reunión “se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

En el Capítulo III sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención señala que “los Estados Partes, como Costa Rica, se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

En 1988, en El Salvador, se aprobó lo que se conoce como el “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”, también ratificado por Costa Rica, que es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este Protocolo bien podemos considerarlo una ampliación, consolidación y fortalecimiento del Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución Política, así como del propio Código de Trabajo, en lo que corresponda.

Entre las disposiciones que se establecen en este Protocolo, ratificado por Costa Rica, están el Derecho al Trabajo, el que “toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”, el que “los Estados se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo…”, donde “toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias”, con “una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción”; la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional”.

Se establece la necesidad de “la seguridad e higiene en el trabajo”. Este aspecto es frágil en el país, que tiene alrededor de 100.000 accidentes de trabajo por año.

El Protocolo establece “La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida”; “la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales.

Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos”; “el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales”. En materia de Derechos sindicales el Protocolo garantiza “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados Partes, como Costa Rica, permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección.

Los Estados Partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente”. Del mismo modo garantiza “el derecho a la huelga”, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, Derecho a un medio ambiente sano, Derecho a la alimentación, Derecho a la educación, derecho a los beneficios de la cultura, derecho a la constitución y protección de la familia, derecho a la niñez, Protección a los ancianos, a los minusválidos. A esto suman los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Costa Rica.

Resultado electoral en USA 2020: una democracia en pañales

Escrito en 10/11/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Ángel Salazar Oses

Si el Pueblo estadounidense quiere le dará carta de ciudadanía, eso sí, para lograrlo tendrá que dar muchas y durísimas batallas incruentas y quizá cruentas.

Y no nos estamos refiriendo a la tradicional, vetusta, legendaria y sobre todo mítica «Democracia Americana» que, -ráspese por dónde se raspe con un trocito de análisis riguroso-, lo único que queda al descubierto es plutocracia (gobierno de los grandes ricos) con una enorme dosis de cleptocracia (gobierno de los grandes ladrones), que por cierto, esta vez también ha quedado intacta, sino, a la que esta vez han parido por todo el país, mediante toda clase de laboriosas y dolorosas luchas, los sectores más despiertos, lúcidos, informados y honestos de la sociedad estadounidense, unificados circunstancialmente bajo el pendón partidario azul que, eso sí, mucho pero mucho más allá de votar por Biden y el partido Demócrata, han votado para dejar patente su fe y su empeño por un mundo integralmente mejor, fundamentado en la auténtica justicia económica, política, social, cultural y ecológica para la Humanidad en general y la Madre Naturaleza.

Lo especial de esta tiernísima y veraz Democracia es que, pigmentos más o menos, es la misma Humanitarista Ecologista y Participativa que también nace, tanto en Nuestra América -del Río Bravo a la Patagonia, Caribe incluido-, como en los demás Pueblos del mundo y que, más temprano que tarde se impondrá pues «el Pueblo unido jamás será vencido».

¿Y qué nos unifica y mueve? Una mezcla muy particular por lo dialéctica y humana, entre instinto de conservación y, racional lucidez.

Fascinante, multifacético, vital y por ende ineludible proceso en el que, cada vez más juntos hoy estamos empeñados.

«Algún día seremos un mismo Pueblo, algún día comeremos en la misma canoa» Filosofía Bibri.

Imagen tomada de https://www.informador.mx/

V Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo

Escrito en 15/10/2020. Publicado en Derechos.

“Con todos y para el bien de todos”
Del 25 al 28 de enero de 2022
La Habana, Cuba

FORO PLURAL Y MULTIDISCIPLINARIO CONVOCADO POR
El Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional

Auspiciado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde su creación en 2003 ha contado con el acompañamiento de la Organización de Estados Interamericanos para la Ciencia, la Educación y la Cultura (OEI) y otras instancias internacionales. Coordinado por la Oficina del Programa Martiano de Cuba (OPM), en sus casi dos décadas de trabajo, el Proyecto ha demostrado su alcance mundial gracias a sus múltiples iniciativas. Sobresalen el otorgamiento del Premio Internacional UNESCO/ José Martí, y la generación de un gran movimiento internacional, dirigido a expandir el legado del Apóstol de la Independencia y Héroe Nacional cubano y a respaldar las prioridades de la UNESCO.

LA PRESENTE EDICIÓN

Llamamos a todas las personas de buena voluntad, a los intelectuales, artistas, políticos y activistas; a educadores, escritores, periodistas, luchadores sociales, dirigentes políticos, sindicales y religiosos, a miembros de organizaciones no gubernamentales científicas, feministas, juveniles, campesinas, ecologistas… movidas por principios de justicia y equidad. Deseamos convertir este foro de pensamiento plural y multidisciplinario en un escenario donde se contribuya a sensibilizar a la opinión pública mundial para crear una conciencia contra los males que hoy aquejan a la Humanidad y ponen en riesgo la propia existencia de nuestra especie.

En la edición anterior, la Conferencia reunió a casi mil delegados de 63 países los días del 28 al 31 de enero del 2019 en La Habana, Cuba. En esta ocasión convocamos a la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO “Con todos y para el bien de todos” en conmemoración del 169 Aniversario del natalicio de José Martí, gran pensador universal de profundas convicciones humanistas, antimperialistas, éticas y de justicia social. Se abordarán en ella los más acuciantes problemas globales que afectan a la Humanidad en la época actual.

Esta Conferencia Internacional seguirá siendo una extensión de los debates del Congreso Mundial de Humanidades efectuado en agosto de 2017 en Lieja, Bélgica, auspiciado por la UNESCO y el Consejo Internacional para la Filosofía y la Ciencias Humanas.

Mediante conferencias magistrales, intervenciones especiales, comisiones, paneles, talleres, un espacio juvenil y otras modalidades de reflexión se abordarán temáticas variadas, como corresponde a un foro plural y multidisciplinario de esta naturaleza y magnitud. Como es habitual, el evento desarrollará una abarcadora agenda que incluirá:

Experiencias derivadas de la Pandemia del COVID-19.
El dialogo y la diversidad cultural.
Papel y desafíos de los movimientos sociales.
Necesidad de la solidaridad.
La impostergable lucha por la paz y el desarme nuclear.
La problemática del agua en todos sus aspectos.
Riesgos y esperanzas de las nuevas tecnologías de la información (TIC).
Noticias falsas, ética y redes sociales.
Responsabilidades del periodismo en la coyuntura presente.
El ecosistema y su defensa.
Políticas culturales e identidad nacional.
Las artes y las letras y particularmente la poesía en la formación de una espiritualidad y una cultura de resistencia.
El multilateralismo como mecanismo indispensable para el equilibrio mundial.
La integración como una necesidad para asumir los desafíos del mundo contemporáneo.
Desarrollo sostenible y equidad social.
El hambre y la seguridad alimentaria.
Educación y derechos humanos en el siglo XXI.
La lucha contra todas las formas de discriminación.
Igualdad de género en su expresión verdadera y real.
Los sindicatos en medio de la globalización neoliberal.
Diversidad religiosa, ecumenismo y espiritualidad.
El problema del consumo de estupefacientes y al narcotráfico.
El papel de la juventud y de las nuevas generaciones: hoy y mañana.
El combate al terrorismo en todas sus formas, incluido el terrorismo de Estado.
Construcción de una democracia participativa y efectiva.
La justicia como sol del mundo moral.
Aportes del pensamiento latinoamericano, -desde Simón Bolívar y José Martí- hasta los más relevantes pensadores de la contemporaneidad.

INFORMACIONES GENERALES

SEDE E IDIOMAS: A desarrollarse en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, los idiomas oficiales de la Conferencia serán: español, inglés y portugués, mientras que en plenaria también habrá traducción simultánea en francés y ruso.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Los participantes en la modalidad de Ponentes deben inscribir su trabajo en el Comité Organizador antes del 30 de noviembre del 2021, con el título de la ponencia, los datos del autor y un resumen de no más de 100 palabras (Arial 12) especificando qué medio audiovisual requiere para su exposición.

MEMORIAS DEL EVENTO: Al concluir este foro se publicará un libro en soporte digital para ser distribuido en universidades y en la amplia red de Contactos del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Por tal motivo, se pide a quienes se inscriben como ponentes que entreguen sus trabajos íntegros.

CRÉDITOS: Los delegados inscritos como ponentes o participantes recibirán diploma acreditativo con los correspondientes créditos académicos, según normas internacionales.

INSCRIPCIÓN

Delegados	120,00 USD
Estudiantes de pregrado	70,00 USD (presentar documento acreditativo)
Acompañante	50,00 USD

El pago puede hacerse a su llegada en el Palacio de las Convenciones, en el momento de la acreditación, o vía online a través del sitio web oficial del evento: http://www.porelequilibriodelmundocuba.com

CONTACTOS

Sitio web de la Conferencia:

http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/es/invitation

Comité Organizador

Correos electrónicos: hpardo@cubarte.cult.cu y jmarti@cubarte.cult.cu

Telefax (537) 833 9818 y/o (537) 836 4756;

Teléfonos (537) 838 2233 / 838 2297 / 838 2298.

Sede: Calle Calzada No. 803, e/ 2 y 4, Vedado, La Habana, Cuba. Código Postal 10400.

Organizadora Profesional de Congresos

Lic. Mireya Mesa Tamargo

Correo electrónico: mireya@palco.cu

Teléfonos: (537) 208 6176 / 202 6011 al 19, extensión 1512

Agencia de Viajes CUBATUR

Especialista Nelson Ramos Mesa

Correo electrónico: nelson.ramos@central.cbt.tur.cu

Teléfonos: (537) 835 5095 y (537) 836 4037; (535) 2420899

Agencia de Viajes Amistur Cuba S.A.

Especialista Principal de Ventas Yania Marrero León

Correo electrónico: ventas_ppal@amistur.cu

Teléfonos: (537) 830 1220 y (537) 834 4544 ext. 134

Paquete integral Palacio de Convenciones de La Habana

Departamento de Ventas Internacionales

Sc. Elier Alonso Montano

Correo electrónico: promoevento@palco.cu

Teléfono: 537) 208 4398; (537) 202 6011, extensión 1105

Sitio Web: http://www.eventospalco.com/es/eventos/

Señales políticas para no perdernos 3

Escrito en 08/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Hernández

En política no podemos asumir que las diferencias son absolutas y que no es posible construir acuerdos. Hay proyectos e intereses diferentes y hasta antagónicos, claro. Pero es aquello en lo que coincidimos lo que nos hace posible vivir junt@s.

BATIRNOS POR SAN JOSÉ O PACTAR EN OCHOMOGO

Aunque no estamos en una situación igual a la guerra civil del 48 y creo que no queremos llegar ahí, nuestra historia política ha dejado claras señales de que en medio de la conflictividad es posible llegar a acuerdos si hay voluntad y visión de un horizonte común.

La más conflictiva y hasta sangrienta década de nuestra historia contemporánea, fue la de los años 40’s del siglo pasado, en la que llegamos incluso a darnos de balazos.

Y al mismo tiempo, fue esa la década más fecunda en reformas sociales, políticas y económicas, que reforzaron políticas públicas de más larga data y al mismo tiempo sentaron las bases institucionales del Estado Social de Derechos.

Y no estoy romantizando nuestra historia, para tapar la sangre derramada, los dolores, las heridas, los rencores incubados, ni los posteriores desacuerdos y conflictos que derivaron, a su vez, de los grandes pactos y acuerdos construidos en esa década. No fue que todo el mundo quedó contento y feliz… ¡qué va!

Pero lo cierto es que a partir de ellos y también, no solo por ellos, Costa Rica transitó hacia una ruta de mayor estabilidad política, democracia, crecimiento económico, movilidad social, distribución de riquezas, modernización del Estado, inclusión social, entre otras dimensiones.

Hoy vivimos momentos diferentes y tenemos otros desafíos, pero como en aquellos años, necesitamos construir acuerdos, no perfectos pero suficientes, para garantizar la paz social, la justicia social, el crecimiento y la distribución de riquezas, la democracia y la sostenibilidad, que se nos han debilitado en las últimas décadas y por ello estamos donde estamos.

Evitemos llegar a mayores niveles de violencia, porque la tarea de la reconstrucción sería aún más grande y difícil.

Evitemos llegar al default, porque entonces los más poderosos barrerían con los restos del Estado Social de Derechos.

Distribuyamos más, antes de que la desigualdad, la pobreza y la acumulación, refuercen un remolino de retrocesos del que nadie se salve, ni siquiera los más ricos y poderosos, que también tienen mucho que perder, aunque no lo crean.

Son muchas las áreas en las que debemos reconstruir pactos sociales y multisectoriales, pero hay una particularmente urgente con la que debemos iniciar: un pacto fiscal orientado hacia la justicia tributaria. Equilibrar las cargas entre todos los sectores de la economía, encontrar la relación más adecuada posible entre ingresos y gastos en las finanzas públicas, para reforzar y actualizar nuestro Estado Social de Derechos.

Todos los sectores que podamos dar algo, debemos ceder algo, tanto por el lado de los ingresos y como de los gastos, incluyendo aquellos que tengan beneficios fiscales.

Hay otros que no pueden dar, los más débiles y vulnerables, que necesitan más bien recibir. Por ello el principio debe ser: de arriba hacia abajo la contribución, de abajo hacia arriba la distribución.

Hasta ahora solo hay demandas de unos sectores hacia otros y de todos hacia el Estado.

Si queremos avanzar hacia un gran acuerdo nacional, cada sector debe empezar por poner sobre la mesa en qué puede contribuir a incrementar las debilitadas finanzas públicas. Estoy seguro que hasta las empresas de zonas francas y grandes cooperativas pueden hacerlo.

Al mismo tiempo, cada sector puede plantear una propuesta hacia otros o hacia el Estado, para hacer más eficiente y eficaz el gasto público.

Esto constituiría un primer paso para conformar una agenda de reformas en áreas de coincidencia, donde, para ganar algo, sea necesario también ceder en algo. De lo contrario, la intransigencia nos sumirá en un caos y violencia de consecuencias irreparables, que sufrirán incluso las siguientes generaciones.

Como a don Manuel y a don Pepe, ahora con más participantes, hoy nos toca responder a la pregunta: ¿nos batimos por San José o pactamos en Ochomogo?

Etiqueta: justicia social

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Claudio Monge Pereira

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y PrivadosANEP

Vladimir de la Cruz

Luis Ángel Salazar Oses

“Con todos y para el bien de todos”Del 25 al 28 de enero de 2022La Habana, Cuba

Configuración de privacidad

Funcional

Preferencias

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

“Con todos y para el bien de todos”
Del 25 al 28 de enero de 2022
La Habana, Cuba