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Etiqueta: justicia social

El Telar, voces del tejido comunitario / edición 36

En el programa radial edición #36 de «El Telar, voces del tejido comunitario» se contará con participaciones que contarán sobre las resistencias en diversos territorios y sus luchas por la dignidad, la justicia social y contra el racismo y la desigualdad, y hablarán de las realidades socio políticas en China Kichá (Costa Rica), Colombia, Palestina, Honduras y El Salvador.

Día: jueves 27 de mayo
Hora: 6 p.m. hora de Centroamérica
Transmisión por radiocronia.jaquerespeis.org

 

Enviado a SURCOS por Diego Molina.

DEI se manifiesta ante ocupación ilegal de Palestina

Desde el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) nos manifestamos contra la ocupación ilegal del territorio Palestino, que ha provocado que miles de personas palestinas sean asesinadas, desplazadas de sus hogares, privadas de su libertad y vulnerados sus derechos humanos, por la ocupación militar del gobierno israelí.

Es nuestro deseo como organización ecuménica que todos los pueblos del mundo sean libres de opresión, guerras y desigualdad. Pedimos que la justicia social y la paz sea posible. Una paz donde las personas no sean discriminadas por su edad, clase, género, raza, religión o nacionalidad. Donde haya bienestar y dignidad para todes.

#PALESTINALIBRE

Dignificación de la memoria de 116 niñas y niños mártires de Chiul

El 21 de mayo de 1988, elementos del Ejército de Guatemala en complicidad con autoridades de Gobierno tomaron control de la Aldea Chiul, Cunén. Durante varias horas los soldados torturaron a las y los detenidos y violaron a las mujeres.

Las niñas y los niños fueron secuestrados, torturados y tirados en un pozo lleno de agua y de las heces de los soldados, donde poco a poco fueron muriendo ahogados.

Ese día 116 niñas y niños murieron en aquel pozo en Chiul. Un niño logró sobrevivir.

Desde el año 2000 Arnulfo Oxlaj, el niño sobreviviente, viene exigiendo justicia ante las instancias de gobierno. Pero el caso avanza poco, mientras los responsables de la masacre continúan viviendo en la impunidad.

Carta abierta a la Comunidad Nacional e Internacional – Universidad de Caldas

SURCOS recibió el siguiente documento:

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Departamento de Desarrollo Humano – Universidad de Caldas

1056
H3.6-TD-007
Manizales, 6 de mayo de 2021

La larga noche no cesa en nuestro país y nosotros como profesores y profesoras de la Universidad de Caldas del Departamento de Desarrollo Humano, el Programa de Trabajo Social, el CEDAT y la Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz, no nos podemos silenciar, por eso queremos manifestarnos conscientes de nuestra responsabilidad ética y política que asumimos no sólo con la formación de nuestros estudiantes, sino con realidad social en la que habitamos.

Expresamos nuestro respaldo a la movilización social y la protesta popular en defensa de los derechos humanos y el reclamo de justicia social. Sabemos y sentimos que nuestro país está cansado de las múltiples situaciones de inequidad, reformas injustas, corrupción al más alto nivel, asesinatos de líderes y lideresas sociales, políticas ajenas a la realidad, irrespeto a los acuerdos de paz, ampliación de brechas sociales y un gasto público centrado en la guerra y no en la salud y educación como derechos fundamentales.

Escribimos en medio de acontecimientos dolorosos que han sido vividos en las calles de Colombia: asesinatos, desapariciones, personas heridas, mutiladas y violentadas de distintas formas en el marco del Paro Nacional, muchos de ellos y ellas jóvenes, estudiantes incómodos e indignados por la realidad del país. En nuestro país se ha militarizado la vida, nuestras ciudades se han convertido en campos de combate, donde los jóvenes, la comunidad civil se ha visto afectados directamente por la fuerza pública, y se generan enfrentamientos donde la vida se pone en juego. Lamentamos profundamente que los manifestantes que han decidido salir a las calles para exigir un país diferente no tengan asegurada la vida y la integridad para ejercer un derecho constitucional.

Como docentes de la Universidad de Caldas no podemos permanecer indiferentes ante los complejos problemas sociales y políticos que se viven en la actualidad, rechazamos la estigmatización de la protesta social y la dura represión que se ha ejercido sobre ella. Reconocemos y apoyamos los motivos que movilizan la lucha y la necesidad de preservar la democracia y la humanidad en tiempos difíciles. La violencia no puede quebrantar las voluntades de quienes soñamos con un país diferente.

Rechazamos los actos de violencia, la represión policial, las extralimitaciones de la fuerza pública y la vulneración del derecho a la protesta, que en los últimos días ha cobrado más de 20 vidas, 107 desapariciones, y un gran número de heridos. Exigimos la defensa de la vida, el derecho a la movilización social y la escucha del pueblo colombiano desde sus exigencias.

Hacemos un llamado a nivel nacional e internacional que orienten sus miradas, sus corazones, sus propuestas al pueblo colombiano, a que se reconozca las políticas avasallantes del modelo neoliberal que prioriza la propiedad privada, el gasto público para la guerra. Llamamos a la solidaridad a través de la difusión y de la comunicación de la grave situación de riesgo y vulneración de los derechos humanos que está viviendo la ciudadanía colombiana en estos momentos.

¡Por el respeto por la vida y dignas garantías para la protesta social en Colombia!

Departamento de Desarrollo Humano – Programa de Trabajo Social – Maestría en Justicia Social y Construcción de paz – Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia social- CEDAT
Universidad de Caldas

 

Imagen tomada de Semanario Universidad.

Acción de inconstitucionalidad contra el establecimiento de la Terminal de Contenedores de Moín

Francisco Guevara Matarrita

He presentado una acción de inconstitucionalidad contra el establecimiento de la Terminal de Contenedores de Moín concesionada a la multinacional holandesa APM Terminals, fundamentado en el hecho de que esta concesión se ha realizado con violación de los artículos 9°, 11, 33, 46, 50, 68, 74, 89, 176 y 191 de la Constitución Política y en evidente contradicción y compromiso de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, los cuales devienen en parámetros de constitucionalidad.

Son tres los actos que vulneran la normativa constitucional:

  1. Los oficios SJD-126-2014 y SJD-170-2014 y su Criterio Legal AL-214-2014 del Instituto Costarricense de Turismo,
  2. El Decreto Ejecutivo N° 38172-MINAE-MOPT que declara de Conveniencia Nacional e Interés Público el Proyecto denominado Construcción de la Ruta Nacional N° 257, Sección Sandoval Moín en la Provincia de Limón,
  3. Y las Cláusulas 4.1.1-22), 5.2.2 INCISOS 11) y 12), 8.5.2 y 9.1 y la Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín.

Mediante los oficios SJD-126-2014, SJD-170-2014 y el Criterio Legal AL-214-2014, así como la Cláusula 5.2.2 incisos 11) y 12), y la Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del Contrato de Concesión se justificó y autorizó la donación al MOPT de terrenos que fueron utilizados para la construcción de la ruta nacional 257 por CONAVI y el préstamo de terrenos a la concesionaria APM Terminals, de un área creada especialmente como zona de recreo y turismo mediante la Ley N° 2906, de 24 de noviembre de 1961.

Ley Nº 2906 del 24 de noviembre de 1961 prescribe que se declara zona de recreo y turismo la faja de doscientos metros de ancho, desde la pleamar ordinaria, comprendida dentro de la Milla Marítima entre el límite Norte de la zona urbana de la ciudad de Limón, o sea Portete, y el sitio conocido con el nombre de «12 Millas» o «Swamp Moth», al Norte de la ciudad de Limón, así como la zona comprendida dentro de los 100 metros de ambos lados del Río Moín en la sección paralela a la playa. De la referida zona se reservan veinte metros para una carretera panorámica en los sitios en donde en la actualidad no existe. Esta zona sería destinada fundamentalmente a la construcción de casas, hoteles, cabinas, balnearios y otros centros de esparcimiento, que necesariamente contribuyan al fomento del turismo.

Ya en su oportunidad, la Procuraduría General de la República había advertido al ICT, al MOPT y a JAPDEVA que debían respetar la decisión de la Asamblea Legislativa en cuanto al destino de los inmuebles a que se refiere la Ley N. 2906 y que el principio de legalidad y el de jerarquía de las normas determinan que dicho destino sólo puede ser modificado por ley y en el estado actual del ordenamiento, esa reforma legal no existe.

La DECLARATORIA DE CONVENIENCIA NACIONAL E INTERÉS PÚBLICO AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 257, SECCIÓN SANDOVAL- MOÍN, EN LA PROVINCIA DE LIMÓN con la construcción de la Ruta 257 hacia la Terminal de Contenedores de Moín, contraviene el ordenamiento jurídico al exponer al Humedal Cariari a un perjudicial y franco impacto, violando lo dispuesto por la Constitución Política en sus artículos 50 y 89, así como lo que la Asamblea Legislativa objetivó como principio en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995 y sus reformas, al establecer que la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida.

Que dichos estudios técnicos deben ser previos a la promulgación de la ley y que, en todo caso, aun cuando el legislador no hubiese establecido en norma legal alguna ese deber, ello se deriva del contenido del artículo 50, Constitucional.

Por último, las Cláusulas 4.1.1-22), 5.2.2 incisos 11) y 12), 8.5.2 y 9.1 y la Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del Contrato de Concesión crean un odioso monopolio a favor de una empresa transnacional extranjera al trasladar la operación de carga, descarga y almacenamiento de contenedores de Puerto Limón y Puerto Moín a la TCM y transferirle todos los barcos portacontenedores – fully cellular container ships- destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica.

Esto va en perjuicio de los principios de igualdad ante la ley, de libertad de comercio, de libertad de contratación, de libre competencia, de elección de los consumidores y no discriminación en el trabajo, así como en lo que respecta a las máximas de razonabilidad y proporcionalidad respecto del manejo de recursos públicos, violando también los principios de igualdad y no discriminación en el trabajo, ya que JAPDEVA y sus trabajadores quedan sin poder realizar el trabajo que tuvieron a su cargo a lo largo de sesenta años.

Puede descargar el documento de la acción de inconstitucionalidad:

 

Foto: Semanario Universidad.

Alfabetización Informacional, discursos religiosos e información

Amanda Rodríguez Vargas

Una de las más desgarradoras desigualdades es la informacional, la cual se ve reflejada no solo en el acceso a la información, sino además, en los procesos educativos para discernir y manejarla. Las personas reciben información de manera constante por medio de una gran diversidad de formas: discursos, mandatos, publicidad, entretenimiento, etc, pero el poco acceso a la alfabetización informacional merma las herramientas para reconocer el tono, las intenciones y el campo de acción de dicha información.

Una de las más desgarradoras desigualdades es la informacional, la cual se ve reflejada no solo en el acceso a la información, sino además, en los procesos educativos para discernir y manejarla. Las personas reciben información de manera constante por medio de una gran diversidad de formas: discursos, mandatos, publicidad, entretenimiento, etc, pero el poco acceso a la alfabetización informacional merma las herramientas para reconocer el tono, las intenciones y el campo de acción de dicha información.

La alfabetización mediática e informacional (AMI) es considerada por la UNESCO como un elemento crucial para consolidar la libertad de expresión y la promoción de una comunicación pluralista, ya que nos facilita los instrumentos para preguntarnos sobre la autoría de la información, nos ayuda a reconocer los espacios a los que pertenecen y nos motiva a ser criticos ante los posibles debates. Esto convierte a la AMI en un elemento indispensable para la democracia y el diálogo, por estos motivos no debería ser sorpresivo considerarla como protagonista en un contexto donde diversos actores se preguntan, cada vez más, por el papel y la influencia de los discursos religiosos en la esfera política. La crispación alrededor de discursos religiosos que promueven la violencia y los recientes debates entre el espacio público y religioso, debe ser también señal de alerta sobre las desigualdades en la alfabetización mediática.

Actualmente en las discusiones del campo de lo religioso y lo político hemos visto la constante exposición de falsas dicotomías (religión o ciencia), así como títulos con fines publicitarios o electorales, conspiraciones, ficciones y opiniones personales malinterpretadas como posicionamientos oficiales de grupos de fe e instituciones religiosas. Un caso que quiero exponer para ilustrar esta problemática es el manejo de la supuesta “objeción de conciencia católica con las vacunas contra el COVID-19”. La citada controversia tiene como punto de inicio un video publicitado en redes y servicios de mensajerías, correspondiente a un fragmento de la entrevista realizada por Luis Román al Monseñor Athanasius Schneider,[1] en el canal de youtube:[2] Conoce Ama y Viví tu Fe, publicada el 22 de setiembre de 2020.

La entrevista original supera las dos horas y los temas Covid-19, vacunas y aborto, nunca fueron ejes centrales de la misma, más bien la entrevista se centra en las dudas teológicas de Athanasius sobre la encíclica Fratelli tutti. Sin embargo, en esta conversación se presenta una vaga preocupación en torno a la vacunación contra el COVID-19, en donde Athanasius dice: No se puede descartar la posibilidad que se imponga a todas las personas de este mundo una vacuna obtenida a partir de células de niños abortados. De una forma viral este fragmento del video fue compartido y entendido por muchos como un argumento sólido contra la vacunación y por otros como una especie de evidencia que retrataba una iglesia católica opuesta a la ciencia y la salud. Ambas resonancias cumplían el objetivo de publicitar el canal de Youtube de donde procedía dicho video, sin embargo estas controversias alarmistas solo fueron posibles al ignorar muchos de los aspectos del video original: desde su origen, autoría y forma de ser difundido.

Es mi hipótesis que la viralidad del tal video se sostiene por una estrategia publicitaria de dicho canal, sin embargo se vuelve problemático cuando los discursos y debates públicos se fundamentan en comunicados de este tipo. Las posibles preocupaciones de fondo son transpuestas a la aceptación o no del mensaje de Atanashius Scheneider y el debate es reducido a compartir o cancelar dicho video. En consecuencia, el debate ciudadano es simplificado a la forma de consumir un videoclip omitiendo discusiones necesarias.

Esta forma de consumir la información ayuda a la proliferación de videos que refuerzan la controversia más allá del debate. En el caso analizado vivimos el surgimiento de un segundo video mucho más polémico y redituable para el canal de Youtube. En este segundo video encontramos a Monseñor Atanashius realizando casi un monólogo donde se exacerban los temores y cuestionamientos acerca del carácter inmoral de la vacunación por ser “negocio, que solo fueron posibles debido al asesinato, la destrucción y profanación del cuerpo del niño”[3]. Es necesario decir que las palabras de Atanashius son cuestionamientos y advertencias personales que parten de homologar el uso de líneas celulares embrionarias para la investigación médica con la aceptación moral del aborto. Bajo este razonamiento aceptar una vacuna desarrollada con esta tecnología implica apoyar el aborto. En primer lugar, es necesario decir que la preocupación sobre la investigación de líneas celulares en relación a la vacunación es recurrente en los movimientos antivacunas, sin embargo no lo es en la oficialidad de la Iglesia Católica, quien se ha pronunciado en el año 2005[4],concluyendo que su uso es moral ante la carencia de alternativas tecnológicas. Segundo, que tanto la objeción de conciencia como la libertad religiosa son temas de fondo que merecen una discusión ciudadana a profundidad, que garantice la escucha de la diversidad de sectores.

Las entrevistas de Athanaius Schenieder esparcidas en una población que carece de herramientas de alfabetización informacional fueron interpretadas por muchos como una crítica tajante desde la oficialidad de la Iglesia Católica contra la vacunación. Para otros grupos fue una evidencia que mostraba el falso dilema de religión o ciencia. Incluso páginas como #Nocomocuenta del periódico la Nación[5] se apresuraron a “desligar” el supuesto llamado del Monseñor Athanasios de la conferencia episcopal costarricense. En el tema que tratamos en esta breve reflexión podemos apuntar como los receptores o consumidores de publicidad son tratados. En este caso se han sobresaltando declaraciones polémicas para redirigirlos al sitio de Youtube de una forma paternalista. Y los temas como consentimiento informado, espacio religión-civil, vacunación e investigación de líneas celulares son utilizados como excusas para la polémica, pero sin una intención de fondo por su discusión.

Una de mis conclusiones es que la viralidad de dicha entrevista corresponde más a la eficiencia de estrategias publicitarias que a la preocupación real de aclarar los temas sobre los que opina. Estas controversias benefician a medios sensacionalistas y a la vez impiden o nublan discusiones importantes de fondo acerca de la objeción de conciencia en las sociedades democráticas y la fe. En conclusión, no podemos ignorar la importancia de aprender a escudriñar las informaciones como fuentes diversas para lograr al acceso a espacios de reflexión equilibrados, que se centran en problemas fundamentales, convirtiendo a las AMI también en un eje fundamental para el diálogo y la correspondencia de lo civil y lo religioso.

 

Imagen tomada de YouTube (OLCAMI).

Compartido con SURCOS por Isabel Ducca Durán.

Fuente: https://blog.ubl.ac.cr/2021/02/38/alfabetizacion-informacional-discursos-religiosos-e-informacion?fbclid=IwAR0Obx20Fqg0tXAdSqM9vbhYh2usdhXcL6hDldhUUt3IcMwmnzFhzxohkoc

Por la segunda independencia

Arnoldo Mora

Desde los inicios mismos de su gobierno, el Presidente Carlos Alvarado calificó su administración como la del “Bicentenario de la Independencia”. Es precisamente en el año actual que se cumplen los doscientos años de que tan maravillosa como sorpresiva noticia llegó a Cartago, capital colonial de nuestra provincia. Poco después se esclarecerían los “nublados del día”, que habían obnubilado la mente de nuestros antepasados, pues les resultaba difícil, por no decir, inverosímil, que las cadenas coloniales se hubiesen roto sin que, en tiempos recientes, se hubiese movido un dedo para lograrlo. La noticia de nuestra independencia era algo así como el bíblico maná que bajó del cielo; si bien es cierto no fue un regalo de lo Alto, si auscultamos las amarillentas páginas de la historia patria; nuestros pueblos indígenas, desde los primeros días de la colonización y liderados por Garabito, se habían sublevado contra el yugo colonial; otro tanto y aún más heroicamente, hizo el prócer Pablo Presbere; los josefinos imbuidos de ideas liberales, habían quemado los estancos de tabaco hacía una docena de años, negándose a someterse al monopolio de la Corona en materia de comercio exterior; fuera de nuestro territorio, en Las Cortes de Cádiz, el gran Florencio del Castillo abogó por la total igualdad de los habitantes de ambos lados del Océano, sin distinción de ninguna especie; si bien, estos dos últimos casos no mostraban explícitamente una voluntad de soberanía plena frente a la metrópoli colonial, su posición implicaba un paso hacia la plena independencia política, pues no puede darse independencia en lo económico si no se es independiente en lo político. Pero eso es tan sólo un paso histórico que nos permitió poner los fundamentos de nuestra soberanía, la cual sólo se logró gracias a la construcción del Estado Nacional en el siglo XIX, su connotación de Estado de Derecho en las primeras décadas del siglo XX y del Estado Social en la década de los 40s. Tales son los principales jalones realizados por nuestros mayores en nuestra historia. Es lo que le da sentido a las celebraciones de nuestra independencia en el presente año; pues sólo se es libre cuando se usa de la libertad para configurar nuestra propia soberanía como nación, cuando se ejercita la soberanía popular al decir de Juan Jacob Rousseau, el principal ideólogo de la Revolución Francesa, cuyo ideario inspiró la construcción de nuestra república, incluso en la expresión de los símbolos patrios. La democracia de la que hoy nos ufanamos, es producto de estos procesos políticos que se han escenificado en las etapas históricas que he mencionado. Pero hay que recalcar que esos logros no se han dado sin grandes luchas, a veces teñidas con sangre; pero, también hay que destacarlo, siempre nuestro pueblo ha salido victorioso.

Hoy iniciamos un nuevo ciclo de nuestra historia; ya no tenemos cadenas coloniales que romper, pero sí tenemos muchos otros obstáculos que nos impiden sentirnos verdaderamente libres como ciudadanos y soberanos como nación. El mayor de los impedimentos lo constituye la creciente desigualdad social, que se refleja en la exclusión político-social y la explotación económica que han acrecentado la pobreza en cifras enormes, de amplios sectores de la población. Las reformas sociales de la década de los 40s y algunas otras reformas puntuales que se lograron en los años posteriores, han configurado una sólida clase media, base de nuestra estabilidad política de las últimas décadas. Hoy todo ese hermoso y ejemplar edificio se ve seriamente amenazado por las medidas neoliberales, que se han venido imponiendo e implementando de manera inflexible por los gobiernos sucesivos desde 1984; la pandemia provocada por la Covid-19, no ha hecho sino acrecentar de manera intolerable para los más amplios sectores de la población, el abismo de explotación y marginación que esas espernibles políticas han provocado en la mayor parte de nuestra población. Lo que acabo de señalar explica lo que hoy se vive en nuestra vida política, como es el acercamiento entre sectores empresariales y los sindicatos del sector público, los más beligerantes de las últimas décadas, para enfrentar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y apoyadas, de manera rígida, por los sectores oligárquicos del país. Como consecuencia de lo anterior, se da un creciente y cada vez más duro enfrentamiento de clase, el cual ha pasado del campo económico-social al campo político.

No hay duda de que estos hechos marcarán el rumbo de la próxima campaña electoral; la cercanía de las elecciones se hará sentir cada día con mayor fuerza en el panorama político nacional, hasta convertirse en la segunda mitad de este año en el acontecimiento político que marque todas las manifestaciones de los más variados actores de la vida política nacional. Frente a esa realidad, los partidos políticos se muestran particularmente débiles y desorientados; el gobierno cada día se debilita más, hasta el punto de que la figura del Presidente Alvarado es la más desteñida, por no decir, desprestigiada de las últimas décadas; Carlos Alvarado ha sido el gobernante más débil y más oscilante que hemos visto en mucho pero en mucho tiempo, da la impresión de ser un improvisado; su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, a la que se vio compelido a pesar de su reiterada reticencia, no hace sino acrecentar ese desprestigio que lo rodea, como la negra boca de un abismo en que se sumerge cada día; en la hora actual no hay posibilidad de que logre evitar verse lanzado en las fauces del desprecio generalizado que se reflejará, sin duda, en las próximas elecciones; los partidos políticos, cada vez más desdibujados ideológicamente y carentes de auténticos líderes, despiertan tan sólo suspicacias en una creciente mayoría de ciudadanos; incluso los medios costarricenses que solían imponer su tiranía ideológica, se ven disminuidos fuertemente en su influencia y poder político debido al auge de las redes sociales. Más allá de nuestras fronteras, el panorama político internacional cambia vertiginosamente con evidentes muestras de decadencia del poder imperial yanqui y el auge de China; Occidente se ve obligado a dialogar o negociar con un Oriente cada día más influyente en todos los campos; los bloques regionales se consolidan como focos de poder que determinan la escena mundial, de manera particular, en nuestra región latinoamericana. Frente a este panorama inquietante, nuestros políticos tradicionales se enconchan en una rígida posición, que demuestra su fosilización en el tiempo y su incapacidad de responder a los retos de la época actual.

En vista de lo anterior, considero que se impone la forja de un nuevo contrato social, que nos permita lograr una segunda y plena independencia que nos dé una base de justicia social y una a los sectores productivos del país. Se requiere acabar con la hegemonía del capital especulativo y de los bancos privados que están vinculados con el lavado. De manera particular, los capitales sospechosos de lavado deben ser investigados; los impuestos deben ser pagados por los sectores de una minoría plutocrática cada día más pequeña y cada día más avara. Los sectores productivos, sobre todo del agro, han sido fuertemente golpeados, por lo que deben unirse con los sectores de clase media y con los sindicatos para formar un frente patriótico que busque profundizar las reformas sociales y consolidar el Estado Social de Derecho. A los partidos políticos que aspiran a conformar el nuevo gobierno, hay que exigirles la elaboración de un programa de gobierno que refleje las posiciones y reivindicaciones de las mayorías. Este gobierno constituye una de las mayores traiciones que se han visto en nuestra historia. Un presidente que se convierte en rehén de algunos grupos económicamente poderosos que gobiernan sin haber sido sometidos al escrutinio popular como es exigencia fundamental de la democracia, no debe repetirse en nuestra historia. Construir una democracia real, una soberanía real, una independencia real, constituye el mayor tributo que den nuestras generaciones a quienes nos dieron la Primera Independencia; porque hoy debemos al Bicentenario y al inicio de nuestra segunda y plena y definitiva independencia ese tributo. Sólo así tienen sentido las celebraciones patrias.

Festival regional: “Un abrazo solidario por las comunidades Del Bajo Aguán»

SURCOS comparte la siguiente invitación:

El domingo 21 de febrero a las 7:00pm se estará llevando a cabo un festival que lleva por nombre: “Un abrazo solidario por las comunidades Del Bajo Aguán” y tiene la finalidad de 

entrelazar vínculos de solidaridad entre nuestros pueblos. La transmisión será a través de la página de Facebook del colectivo: “Solidaridad con el Pueblo hondureño” https://www.facebook.com/Solidaridad-con-el-pueblo-de-Honduras-101688735303846

El Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras-Costa Rica expresan que a partir que tienen confianza en que nada ni nadie detendrá el objetivo de lograr construir un mundo de verdadera justicia social, libre de presos y presas políticas, libre de toda represión, libre de feminicidios.

Invita: 

Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras-Costa Rica

Ana Cecilia Jiménez Arce, Presidenta de ACODEHU

Para más información:

colectivodesolidaridadhn@gmail.com 

derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

Adjuntamos la invitación formal al evento:

Independencia judicial: de las palabras a los hechos

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado y Profesor Catedrático UCR

            Con frecuencia oímos discursos, reflexiones, conferencias; o bien se organizan debates, seminarios y congresos; o se escriben artículos, tratados, listas de mandamientos, tesis de graduación y un sinnúmero de manifestaciones académicas en torno al tema de la independencia judicial. Todas esas palabras están bien. Pero no son suficientes. Hacen falta las actuaciones y los hechos.

            Lo cierto, digo yo después de una vida profesional dedicada a la función pública y a la carrera judicial, es que el juez independiente es aquél que, por vocación, por valores y por integridad personal decide serlo. Hay muchas tentaciones y amenazas ahí afuera. No hay protecciones legales, constitucionales ni materiales que puedan detener la debilidad o el oportunismo de quien, desde la privilegiada posición de la judicatura, decide traicionar la misión esencial o el rol social decisivo que le corresponde jugar.

            Las principales amenazas a la independencia judicial vienen de los otros poderes, los formales y los de facto. El poder de los políticos, los personajes influyentes social, económica o religiosamente; el poder de los superiores dentro de la estructura misma del Poder Judicial; y ni qué decir la poderosa influencia de los medios de comunicación que presionan en uno u otro sentido. Y de otra parte, están también los poderes informales o de facto, el de los delincuentes comunes, y los peores, los de la delincuencia de cuello blanco o las mafias del crimen organizado. Venderse es la tentación más frecuente y fácil en la cual caer. Y no se trata sólo de la manera más pedestre o vulgar recibiendo dinero a cambio de favores. Están las formas sutiles como archivar una denuncia, dejar que prescriba la causa, absolver al culpable, condenar al inocente. Hay gente tan vendida que el agente poderoso no necesita ni siquiera llamarla, insinuarle o hacerle el depósito bancario. Su servilismo olfatea, adivina, intuye lo que se espera de él (o ella).

            Una tentación peligrosísima es trazarse una carrera judicial ascendente dispuesto a pagar cualquier precio; llegar a la cima con una encomienda que cambie la jurisprudencia para servir a los señores que prestaron ayuda; meterse en el mundillo de las cámaras y reflectores para ganar protagonismo público (pasando información a ciertos periodistas para contar con “buena imagen” y favores), o ser capaces de la infamia y la calumnia en los procesos de nombramientos (“si no soy lo suficientemente virtuoso inventaré vicios inconfesables en mis contendientes”; “si tengo que olvidarme de los amigos de ayer, pues cultivaré nuevas amistades”).

            Pero ante todo, esto de ser juez o jueza, tiene que ser una auténtica vocación. He visto jóvenes profesionales, competentes y valiosos, que tiran la toalla a medio camino. El trabajo judicial siempre es complejo y excesivo; exige muchas renuncias, sacrificios y ciertamente a veces es riesgoso, si es que se quiere hacer como es debido. La vocación auténtica, en el caso de los profesionales del derecho en general y particularmente respecto de los funcionarios judiciales, radica en el valor Justicia. Ese valor se refiere no sólo a la justicia del caso concreto, sino al valor de Justicia Social. No puede haber un buen juez que no recienta la desigualdad, la inequidad o la discriminación de seres humanos en su acceso a los derechos fundamentales. Serían como sacerdotes sin fe en Dios o como médicos a los que no les importe la salud de sus congéneres. Por cierto, que los hay, los hay.

            La última frontera de esa vocación auténtica está cuando el buen juez, llevado por sus principios y su integridad moral, enfrenta la amenaza, la descalificación, y hasta la agresión o violencia contra su vida, sin hacer concesiones, sin traicionarse a sí mismo ni traicionar el juramento de actuar conforme a la ley y sólo la ley. Es ahí cuando recuperamos la esperanza.

            La valentía no es un adorno más, prendido a la toga. Es un requisito sin el cual no hay justicia que valga.

Sabanilla, 17 de febrero de 2021.

Pronunciamiento en solidaridad con Kioscos Socio Ambientales ante recortes presupuestarios

Desde las Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad consideramos que:

  1. El papel que desempeña la Universidad de Costa Rica en materia de Acción Social para el país es de suma importancia para el fortalecimiento de la justicia social y ambiental del país. Este es uno de los pilares fundamentales de la Universidad en su estatuto orgánico.
  2. En contextos de crisis es fundamental que este rol de las universidades públicas se mantenga y se fortalezca; para que siga siendo un motor clave para la re-activación económica que pretende el país, pero además se genere de forma colectiva y con un profundo carácter humanista.
  3. El Programa Kioscos Socio Ambientales en más de 13 años de trayectoria ha sido un eje importante para múltiples procesos de defensa de los ecosistemas, la biodiversidad, los bienes comunes, el agua, los bosques, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
  4. En el contexto de crisis sanitaria se ha demostrado ampliamente que el país debe de potenciar aún más los esfuerzos comunitarios en busca de la sostenibilidad para mejorar sus territorios y defender la justicia ambiental.
  5. Que los procesos comunitarios de defensa ambiental han sido los que verdaderamente han sostenido, impulsado e innovado en materia de conservación de la naturaleza. Existen numerosos ejemplos de que sin estos procesos comunitarios la basta legislación ambiental de Costa Rica no hubiera sido suficiente para salvaguardar la riqueza ambiental. Son los procesos comunitarios y organizativos los que están íntimamente ligados a todos los méritos que el país pueda tener a nivel global.
  6. Que los procesos de criminalización, persecución y asesinatos de líderes sociales se dan en contextos donde muchas veces el Estado está ausente por completo. Por eso es importante que las universidades públicas no abandonen esos escenarios en los que se libran conflictos ambientales donde siempre hay un riesgo latente para las personas que defienden el ambiente.

Por tanto:

Nos pronunciamos en defensa del Programa Kioscos Ambientales; sus docentes, sus asistentes y sus estudiantes cuyo quehacer es importantísimo en este contexto nacional de crisis. Consideramos desacertada la decisión de parte de la Rectoría saliente de la Universidad de Costa Rica, de recortar un 60% de los nombramientos docentes de forma injustificada.

Solicitamos de forma vehemente a las autoridades universitarias que se restituyan todos los nombramientos del equipo docente.

Mariana Porras
Presidenta
Red de Coordinación en Biodiversidad

Dany Villalobos
Presidente
Federación Costarricense Para la Conservación del Ambiente (FECON)

https://feconcr.com/noticias/1587/