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Etiqueta: justicia social

Partido Vanguardia Popular se solidariza con diputados, diputadas y funcionarios que recibieron amenazas de muerte

Este 15 de octubre del 2024, el Partido Vanguardia Popular publicó el siguiente comunicado, para expresar su solidaridad con los y las diputadas y funcionarios que recibieron amenazas de muerte, el cual compartimos abajo:

Nuestra solidaridad con los diputados y funcionarios que han recibido amenazas de muerte

Nos solidarizamos con la diputada de la Republica, Sofia Guillen, asi como con otros diputados y funcionarios, quienes denunciaron haber recibido amenazas de muerte, donde se menciona incluso el terrorismo como medio para acabar con sus vidas. A la vez nos solidarizamos con cualquiera que sea amenazado por pensar distinto a determinado grupo de poder. No hay duda de que el crimen organizado también mueve los hilos de la administración Chaves-Cisneros. 

Denunciar la infiltración del narcotráfico en el Estado, luchar contra el desmantelamiento de las instituciones del pueblo, así como combatir la corrupción y abusos gubernamentales no puede ser motivo de situaciones tan lamentables como las que hoy vivimos en nuestro país, convirtiendo a Costa Rica en un territorio dominado por el miedo, la violencia, y el fascismo.

Costarricenses, aún estamos a tiempo de salvar nuestra patria, de construir el país de paz y justicia social que soñaron quienes nos antecedieron y lucharon por las conquistas sociales que hoy nos arrebatan los corruptos multimillonarios.

El gobierno de Rodrigo Chaves es responsable de estas acciones anti-costarricenses y de convertir a Costa Rica poco a poco en un manicomio lleno de muerte y dolor.

Apoyar al narcogobierno es alimentar la ruina de nuestro país y el sufrimiento de nuestra gente.

“Si no luchamos juntos, nos mataran por separado.”

Ernesto Guevara

Partido Vanguardia Popular

¿Por qué nacimos en Costa Rica y no en Ghana, África?

Bernardo Archer Moore

Esa es la primera pregunta que todo afro-costarricense debería hacerse.

Recordemos, que durante el período de la trata transatlántica de esclavos (1517-1857), más de 12 millones de africanos fueron traídos por la fuerza a las Américas y Europa, incluyendo a nuestros propios antepasados, donde los afortunados sobrevivientes  lograron su emancipación a través de muchos sacrificios, luchas, la unidad, solidaridad y  sobre todo empatía entre ellos.

Tras la emancipación, hubo casi un siglo de servidumbre, que también fue superado mediante esfuerzos colectivos dentro de las comunidades.

Sin duda, esto fue posible dentro de un modelo económico global diferente al actual Nuevo Orden Mundial de economías globalizadas, donde el supra citado desplazamiento histórico representa un obstáculo mucho mayor para el progreso y el desarrollo que nunca antes.

Sin embargo, han surgido durante los últimos años  acusaciones de usurpación de la Zona Maritima Terrestre (ZMT) y del  Patrimonio Natural del Estado (PNE) contra los afro-descendientes en la costa caribeña, lo que inevitablemente trae a memoria  uno de los capítulos más vergonzosos de la historia costarricense: El haber sometido  a los «negros» a una vida de esclavitud y servidumbre durante la era de la trata de esclavos.

Es relevante destacar que nuestra presencia en las zonas costeras del Caribe no fue una elección de nuestros antepasados, sino una imposición de las autoridades gobernantes de la época.

Desde esa perspectiva, considero que tales acusaciones son absurdas y carentes de sentido, elaboradas para encubrir la perpetuación del abuso por parte de los líderes gubernamentales. Es evidente que en la actualidad, buscan condenar una vez más a las generaciones presentes y futuras de los descendientes de africanos desplazados de su tierra natal hace más de 400 años, a la pobreza y la ruina, repitiendo así la injusticia cometida con sus antepasados.

¡Esto es injusto!

Vida y defensa del pueblo brörán – invitación

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo extiende una invitación a la actividad «Vida y defensa del pueblo brörán», que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de octubre de 8:00 am a 4:30 pm en la Casa de Mayores Ü Tla’la’ (Blöràn), ubicada en Térraba. Este evento es un espacio de encuentro y reflexión en el que se abordarán temas cruciales relacionados con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la situación actual en torno al caso de Jehry Rivera.

El conversatorio tiene como objetivos principales:

  1. Analizar el estado del caso de Jehry Rivera Rivera y su evolución en el sistema judicial costarricense.
  2. Debatir sobre los desafíos y obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos humanos en la actualidad.
  3. Expresar el rechazo de la comunidad de Térraba y sus aliados al fallo judicial emitido el 19 de septiembre, que absolvió al asesino confeso del líder indígena.

La actividad contará con la participación de representantes de organizaciones locales, activistas de derechos humanos y especialistas en la defensa de los pueblos originarios, como la abogada Natalia Ulloa, quien dará detalles sobre las posibles acciones judiciales a seguir.

Este evento se enmarca en un contexto de protesta y solidaridad, en el que la comunidad de Térraba se ha movilizado para expresar su indignación por la decisión del Tribunal Penal de Pérez Zeledón, la cual, según los habitantes y defensores del pueblo brörán, no considera el contexto de represión sistemática hacia los pueblos originarios.

Se invita a la comunidad en general, a organizaciones de derechos humanos, ya cualquier persona interesada en apoyar la causa indígena, a participar en este importante evento.

Para más información, pueden comunicarse al 8419-0156.

Reflexión sobre la corrupción política en Costa Rica

Por Sergio Ortiz Pérez

En un relato personal, Sergio Ortiz narra cómo en 1994 el partido Unidad Social Cristiana fue a su casa a pedir el voto de su madre a cambio de un bono de vivienda, el cual era válido únicamente si Miguel Ángel Rodríguez quedaba de presidente, Sergio cataloga esta acción como corrupción y aprovechamiento de las necesidades ajenas; dice que a través de los años estas prácticas han ido evolucionando y que hoy en día las redes sociales son el medio de manipulación para conseguir votos.

En el video Sergio hace un llamado a fiscalizar, a exigir cuentas y honestidad a los políticos y representantes del país, sin dejar pasar por alto las acciones por fanatismo. 

Recalca que Costa Rica merece representantes que estén comprometidos a luchar contra la corrupción, contra la pobreza y a hacer valer la justicia; que una vez que Chaves deje la presidencia quedará un país con rezago educacional, en seguridad y equidad social por lo que el siguiente representante debe ser algo que esté a la altura para rescatar el país.

El video con la narración completa se puede ver a continuación: 

Llamamiento a la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas

Roberto Salom E.

Comparto esta propuesta para consensuar y procurar un gran apoyo en la sociedad civil.

Una reflexión inicial sobre la crisis política

Costa Rica se caracterizó por una gran estabilidad política, después de la guerra civil de 1948, sobre todo con la constitución del bipartidismo.

Después de la guerra civil del 48 y hasta la consolidación del bipartidismo, se impulsaron y recrearon muchas reformas institucionales que complementaron las conquistas sociales de los años 40, cuyo régimen se plasmó en la Constituyente que dio paso a la Segunda República.

Sin embargo, como se dice, “en la virtud estuvo el pecado”, desde que se consolidó el sistema bipartidista empezó un declive en las políticas públicas que habían garantizado el progreso en la educación, la salud, la redistribución de la riqueza y la estabilidad democrática.

A partir de allí se inició un proceso, más o menos acelerado de ensanchamiento de la brecha social, al punto de que nuestro país llegó a ser, si no el más, uno de los más desiguales del subcontinente más desigual del mundo, cual es América Latina.

Por su parte, la prevalencia del bipartidismo se blindó con el sistema de financiación de los partidos políticos, hasta que, en el año 98 del pasado siglo XX se inició el declive de los dos partidos llamados tradicionales, cuando en las elecciones de ese año, aún cuando fueron ganadas por uno de esos partidos, disminuyeron sintomáticamente la suma de los votos que obtuvieron ambas agrupaciones políticas. Aunado a ello aumentó dramáticamente el abstencionismo, al pasar del 18% promedio a más del 30%, sin haber bajado nunca más desde entonces.

La sociedad civil mostraba cierto hartazgo con las élites dominantes, evidenciado en el inicio de una progresiva proliferación de nuevas agrupaciones políticas, a la derecha y a la izquierda de los partidos tradicionales, que fueron capaces de disputar con más o menos éxito, el acceso al Poder Ejecutivo, forzando en varias ocasiones la segunda vuelta en algunos procesos electorales, en un sistema en el que alcanzar el 40% de la votación para obtener el triunfo electoral, en las condiciones prevalecientes hasta entonces, era una tarea menos difícil que en otros países, en los que el triunfo electoral se obtiene con el 50% de los votos.

Esta tendencia a la proliferación de partidos políticos, producto del descontento con las élites en el poder, se agudizó después de dos gobiernos sucesivos de un partido alternativo, al que el elector le volvió la espalda en las elecciones del 2022.

En ese último año las elecciones las ganó, de nuevo en segunda vuelta, un partido que adoptó como candidato a la presidencia a un exfuncionario de un organismo financiero internacional, que tenía treinta años de estar fuera del país y que había sido cooptado por el gobierno de Carlos Alvarado para administrar la hacienda pública, el cual finalmente fue cesado tras algunos meses de desempeño y de desencuentros con el Presidente.

Este exfuncionario internacional convertido ya en presidente de la República, la emprende contra todo el andamiaje institucional, esgrimiendo para ello una confrontación con quienes llama la “clase política tradicional corrupta”, procurando recrear su ascendiente sobre quienes llama “la gente de a pie”, haciendo gala de un lenguaje chabacano, soez y confrontativo en sus frecuentes intervenciones públicas, pese a la infertilidad de su gestión, producto de su desconocimiento de la institucionalidad, así como de la ausencia de una “carta de navegación” que oriente el rumbo del gobierno.

Pese a ello, su prestigio ha ido decayendo, pero no se ha desvanecido en caída libre en las encuestas de opinión más confiables, como resultado de que sus seguidores se atienen más al discurso que a los alcances de la obra de gobierno, y al hecho de que la oposición al gobierno se encuentra dispersa, sin liderazgo y sin voz a un año y cinco meses de las elecciones del primer domingo de febrero del 2026.

En consecuencia, con lo anterior, la situación actual, desde el punto de vista político, se puede caracterizar al menos por tres tendencias: 1) una crisis del sistema de partidos, evidenciada en su inestabilidad; 2) una situación anómica desde el punto de vista político; y 3) una orfandad política de las masas

Por su parte, el actual gobierno se ha erigido en una amenaza contra la institucionalidad democrática, atentando contra el sistema de frenos y contrapesos, en particular buscando controlar a la Asamblea Legislativa, arremetiendo contra la independencia del Poder Judicial y buscando afectar las potestades de control de la Contraloría General de la República; es decir, haciendo gala de un comportamiento autoritario, confrontativo y desestabilizador de la sociedad costarricense en su conjunto.

Hacia una convergencia democrática

Por lo anterior, es necesario, desde la efervescente sociedad civil, hacer un llamado a las fuerzas vivas, sociales y políticas, para emprender decididamente una convergencia de todas las fuerzas democráticas y progresistas.

Debe ser un agrupamiento plural en lo ideológico, con la condición que prevalezcan la tolerancia, el respeto y la amplitud de miras que las circunstancias exigen, para la construcción de un muro de defensa de la institucionalidad democrática, que a su vez sea la base para continuar la ruta por la senda de la paz y la justicia social, en procura de más solidaridad, mejor distribución de la riqueza, ética en la función pública, más democracia, en garantía de un avance hacia una sociedad de derechos.

Lo anterior pasa necesariamente, por garantizar el respeto y fortalecimiento, si es del caso, del sistema de frenos y contrapesos que la división de poderes exige en una democracia.

Ello constituye un requisito indispensable para ampliar la democracia y dar un combate decidido a la pobreza y la inequidad social, territorial, de género, y propiciar el avance en derechos ciudadanos, de manera que se garantice la inclusividad que a su vez permita continuar construyendo una sociedad en la que quepan todas las personas habitantes del territorio.

Hay que darle la importancia debida a la rendición de cuentas en todos los poderes públicos para combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, que favorece a muy pocos y perjudica a la mayoría, y que tiene un efecto profundamente desestabilizador de la sociedad y del sistema político.

También las agrupaciones políticas deben rendir cuentas de sus actuaciones, de manera que se garantice un régimen de partidos políticos accesible, democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes de la República.

Debe revisarse el régimen de financiamiento de las agrupaciones políticas, para garantizar condiciones de equidad en la participación electoral, y evitar la intromisión en los partidos políticos de recursos financieros mal-habidos.

Es necesario fortalecer una legislación que regule el régimen de partidos políticos para garantizar la existencia de agrupaciones políticas estables, permanentes y participativas, verdaderamente comprometidas con sus planteamientos y propuestas, así como con el respeto a la Constitución y las leyes de la República.

Por otra parte, el Estado costarricense debe ser garante de condiciones mínimas de vida, más abajo de las cuales no viva nadie, así como de un régimen distributivo y tributario de naturaleza progresiva que procure la equidad en las condiciones de vida de toda la población.

Hoy día es necesario renovar las garantías de respeto absoluto al régimen de libertades públicas: libertad irrestricta de elección de las autoridades públicas, de expresión y de prensa, de movimiento dentro y hacia fuera del territorio, de asociación y el derecho a huelga y a la protesta.

Igualmente, debe enfatizarse de nuevo en el respeto a los valores patrios que articulan la nacionalidad y la identidad costarricense.

Frente al rezago educativo y otros problemas de la educación, deben darse verdaderas garantías de acceso al sistema y que la misma educación garantice a todas las personas estudiantes, una formación integral, humanista, de alto contenido científico y de respeto absoluto a los valores de la nacionalidad costarricense. De igual manera es imprescindible luchar también por respetar la Constitución de la República en forma estricta en lo conducente a las universidades públicas, para garantizar el régimen de autonomía especial por el que se rigen y consecuentemente, su seguridad financiera. Es imperativo que se respete la asignación del 8% del PIB, establecido por la Constitución Política para todo el sistema de educación pública.

De igual forma debe asegurarse el derecho a la salud a todas las personas que habitan el territorio nacional, y realizar un esfuerzo especial por saldar la deuda pública con la Caja Costarricense del Seguro Social, y vigilar permanentemente por la adecuada financiación de esta imprescindible institución.

Es necesario también garantizar el derecho de la ciudadanía y de todas las personas que habitan el territorio nacional a disfrutar de un ambiente sano, combatiendo las causas de la depredación del medio ambiente y comprometiéndose con el desarrollo sostenible y sustentable con la naturaleza y con la vida, que fortalezca la tradición de Costa Rica como un país verde, que abra el camino progresivamente a la sustitución del combustible fósil por energías limpias, buscando hacia el 2050 la carbono neutralidad.

En las actuales circunstancias y frente a las amenazas que se ciernen sobre la institucionalidad pública debe respetarse el régimen de autonomía de estas instituciones en todos sus alcances, de manera que se impida cualquier pretensión de imponerles desde afuera y arbitrariamente, políticas ajenas a sus fines y a su constitución.

Es necesario velar sobre la salud de las finanzas públicas, redoblando los esfuerzos por la adecuada recaudación de los impuestos, sobre la base de un régimen progresivo, de manera que la atención de la deuda pública no sofoque la financiación adecuada de las instituciones públicas.

Para garantizar la defensa del Estado Social de Derecho, así como las reivindicaciones sociales y políticas que respaldan esa iniciativa, debe consolidarse y estimularse la democracia participativa en comunidades e instituciones, procurando el avance de la ciudadanía en la conciencia sobre las responsabilidades y derechos que ello implica y para contribuir a vigilar la no intromisión del narcotráfico y el crimen organizado en la vida social y política de nuestro país.

Costa Rica: “Trabajadores uníos” … O terminaremos en el patíbulo

Rafael A. Ugalde Quirós*

La época de falsos salvadores del pueblo costarricense terminó. La hora de las verdades y las decisiones políticas ganan terreno frente a las excusas y los viejos sofismas de desarrollo social, con dignidad y justicia social. La democracia la elevamos a la participación de la gente, sin trampillas legalistas ni mañosos intermediarios, o nos seguimos hundiendo.

a.-Las “medias tintas” se acabaron. No es fácil en la región, por consiguiente, tampoco en Costa Rica, pasar de un “pueblo masa” disperso, desesperado y destrozado por la “politiquería” a sueldo, pero aún con enormes reservas morales, a un “pueblo politizado”, articulado y, sobre todo, con un camino unitario por construir sin recovecos; subidas y bajadas, para dejar atrás treinta y ocho años de saqueos, despojos y simulaciones groseras, por las élites del poder.

Ello pareciera difícil en nuestro país cuando hacen agua el congreso, el poder judicial, el ejecutivo, las instituciones autónomas, la educación pública, la seguridad social, la agricultura, nuestra soberanía y, la credibilidad, en general, de quienes fueron jefes de la política nacional, desgastados y carentes de la más mínima moral e imaginación, con pocas excepciones a la regla.

Lo anterior implica una oportunidad real de rectificación por parte de los trabajadores y sus organizaciones populares, porque irremediablemente se ahondarán las contradicciones sociales y los diversos relatos oficializados, en torno a un modelo de desarrollo económico y social absolutamente inhumano y evidenciado, desde hace tiempo, como una estafa sin precedentes para millones de jóvenes, obreros, empleados públicos, amas de casa, jubilados, pequeños y medianos ahorrantes, empresarios honestos, entre otros.

Quizá, cuando comprendamos que, la democracia pertenece directamente a un soberano llamado “pueblo”, encargado de poner y quitar a sus servidores como parte de su “institucionalidad”, asimilaremos que las grandes marchas y protestas sociales quedan reducidas a manifestaciones de fuerza, sí los trabajadores carecemos de un horizonte claro y definido hacia el cual todos caminamos.

La experiencia histórica en otros lados así ha sido. A los mexicanos, para poner un ejemplo, costaron 42 largos años de ver como su Seguro Social era saqueado, su educación pública, en todos los niveles, era prolegómenos de los negocios y privilegios privados más sui generis, su poder judicial y legislativo era un verdadero templo de mercaderes modernos, controlados por los dos partidos tradicionales, el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Aquello no fue obra de generación espontánea. El presidente Miguel de la Madrid (1982 – 1988) inició las humillaciones para su pueblo. Los tecnócratas siguientes, sin excepción alguna, como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), blindaron luego legal y constitucionalmente todos los caminos para que sus sucesores, hasta 2018, hicieran creer a los votantes que cambiando de caballo cada seis años seguirían por el camino correcto trazado por ellos.

b). – Entre el viejo caballo y la construcción de un nuevo camino.

(F. de la página del PLN en https://www.plncr.org/paes).

La idea que la miseria y la pobreza de millones de costarricenses están causadas por las pérdidas acumuladas por las empresas del entonces llamado “Estado social ” o “capitalismo del bienestar”, caló hondo y sigue calando profundo en nuestro país, gracias a un eficiente grupo de opinólogos y politiqueros a sueldo – paradójicamente la mayoría de ellos nunca trabajaron y vivieron a expensas del Estado- que posesionaron en las mentes mayoritarias la necesidad imperiosa de la disminución estatal para ser felices y dignos.

Fue cuando, empero, escogimos el camino de “vivir de fiado” para que los pocos miembros de una casta insaciable viviesen como príncipes y la mayoría pagáramos por el sendero delineado centímetro a centímetro por el Banco Mundial, mediante los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE).

Los PAES, según los hechos históricos, se establecieron durante los gobiernos liberacionistas de Luis Alberto Monge Álvarez (1985 PAE I); de Óscar Arias Sánchez (1989 PAE II) y de José María Figueres Olsen (1995 PAE III).

El PAE I suponía un cambio de paradigma en la política económica del país. (Puede consultarse https://www.plncr.org/paes) . Restructuraría el aparato productivo, diversificaría la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica, entre otros.

En cuanto a la política agrícola, prometía la implementación de un nuevo sistema de incentivos a la producción agropecuaria para la exportación, tanto de cultivos tradicionales como nuevos (aceite de coco, piña, jugos cítricos, nueces de macadamia y marañón); la reforma del CNP y el apoyo financiero a los agricultores; y el desarrollo de la investigación agrícola dirigida hacia productos exportables, etc.

Ya en elPAE II– citando la misma fuente – se hablaba de la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica.

Reformaría el sistema arancelario para reducir aún más la protección efectiva, que supondría la fijación del arancel máximo en el 40% y un nuevo sistema de incentivos a la exportación que incluiría una modificación de los Certificados de Abono Tributario (CATs).

Estos certificados alcanzaron relevancia cuando descubrieron una estafa por muchos millones de dólares con fondos públicos por parte de beneficiarios, calificándose ese hecho en la Asamblea Legislativa de entonces como “un asalto multimillonario a los dineros del Estado”.

La fuente citada, informa, que las reformas en el sistema financiero se centraron en la reducción de la cartera de préstamos vencidos de la banca pública; la modificación de las reglamentaciones bancarias para mejorar el control y la eficiencia del sector financiero y la creación de la Comisión Nacional de Valores, entre otros.

En cuanto a el PAE IIIrecordemos a groso modo aquella falta de acuerdo entre la Administración Calderón y la llamada oposición liberacionista, que prolongó su aprobación hasta 1995- estaba orientado hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado. La influencia del PAE III es sostenida por todas las siguientes administraciones, incluyendo los últimos dos gobiernos dirigidos por Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como el presente, encabezado por el ex funcionario del Banco Mundial y presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles.

Sí bien es cierto en el PAE III, estrictamente, sólo se hace referencia a el programa acordado con el Banco Mundial, hay tres acuerdos firmados con el BID, denominados “Programa de ajuste del sector público”, “Programa sectorial de inversiones” y “Programa de crédito multisectorial”, todos ellos enmarcados dentro de la misma línea de este PAE. Ninguno de los gobiernos dichos se ha apartado de ese derrotero.

(F. Wikipedia).

c.-País de grandes reservas morales. No sabemos con exactitud el porcentaje de sindicatos disueltos desde que la política fiscal empezó a golpear a aquellos gremios que se creían inmunes a los efectos desbastadores de los PAEs, por ser apéndice de éste o aquel partido. La realidad es que, los esfuerzos por debilitar o desconocer las organizaciones de los trabajadores son sostenidos hasta nuestros días. La existencia de siete centrales sindicales contabilizadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más otra de reciente fundación, demuestra un innegable activismo del sindicalismo costarricense; eso sí, hay que decirlo, con poca articulación entre sí, como para hacer pensar a las élites atrincheradas en sus doctrinas liberales, disfrazadas de socialdemócratas, izquierdas inoperantes, religiosas o socialcristianas, que están en peligro sus privilegios por un cambio de modelo con justicia social y participación popular determinante.

El redireccionamiento del trabajo de nuestros gremios, en busca de un modelo de desarrollo más digno, inclusivo, mayor equidad social y democracia abierta, entre otros, no parece fácil ni que esté a la vuelta de la esquina, sí comparamos cantidad de centrales sindicales, número de sindicatos, tamaño de territorio y fuerza de trabajo.

Sin embargo, por la misma dinámica social, no está lejano el día cuando se refuerce la labor de las actividades sindicales por TikTok, YouTube X, Whatsaap o Instagram, entre otras importantes redes sociales a nuestra disposición, con la experiencia acumulada por más de 75 años con faenas planificadas del “cara a cara”, casa por casa, calle por calle, vecindario completo, más allá de sí seguimos o no inmersos en el bonito oficio de la “reunionitis”,”seminaritis” y “encuentrotitis” ,fomentado por largos años por viejos líderes de la vieja guardia.

Según estos registros de la OIT, hablamos de más de 240 sindicatos, sin sumar 20 más aglutinados alrededor de la “Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical” de reciente inauguración. (Consúltese: Centrales Sindicales Costa Rica en (https://webapps.ilo.org/public/spanish/region/ampro/mdtsanjose/worker/sindi/cr.htm).

Contrasta, lo anterior, según información emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el estado de las convenciones colectivas en el sector público, dónde se supone, está la mayoría de sindicatos con mayor actividad gremial. De 1994 a 2024 hay poco más de 43 convenios colectivos renovados, caducos o a negociarse este año. (Consúltese: https://www.mtss.go.cr/elministerio/ConsejosTripartitosyDialogosocial/Convenciones_Colectivas.html).

Es cuando, la afirmación que plantean no pocos sabiondos, en el sentido de que es “locura hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes’”, no tiene ninguna cabida dentro de las leyes de la Física, independientemente a quien atribuyan la frase. Para entender la falsedad de este axioma hay que mirar unos pocos ejemplos en nuestra región. En Argentina, los Fernández transitaron por el mismo camino marcado por Carlos Saúl Menemy Mauricio Macri, cabalgando con caballos distintos, pero luego dejaron la mesa servida para que un pueblo desarticulado, robado, engañado, mentido y herido en lo más profundo de sus entrañas, sentara a un grupo de fascistas de nuevo cuño. Otra cosa es que ahora quieran evadir responsabilidades.

Y sí hay un pueblo que sabe cómo los resultados nos fueron peores con el “hacer lo mismo” con idénticos efectos, es el costarricense. El proyecto de ley para imponer las llamadas jornadas4x3 está vivito y coleando a la espera de cualquier parpadeo de los trabajadores, como si fueran insipientes las horas de trabajo efectivo realizado por los ticos.

Hay un número creciente de adultos mayores, pensionados de la Caja, que están obligados a trabajar ocasionalmente para “redondearse” el 60% de la jubilación asignada, según consignaron una tarde de estos telenoticieros nacionales.

El faltante acumulado de vivienda digna en el país es de 759.055 casas. Citando datos del Colegio Federado de Ingenieros y el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, dados a conocer por el Semanario Universidad, la necesidad de casa representa un 42.7% del total de moradas en la actualidad.

En relación con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), todas las ultimas administraciones han arrancado “bocaditos” a la institución, en su afán de “normalizar” la sostenida desnaturalización de la seguridad social tripartita, solidaria y universal, frente a un modelo asistencial privado, que cada día gana terreno e impone sus condiciones.

Al 1ª enero de 2017, según registros de la CCSS, la deuda acumulada del Estado ascendía a ¢840.247,2 millones, monto que al 30 de abril de 2022 alcanzó la cifra de ¢2.758.332,0 millones, de los cuales ¢2.250.313,3 millones (81,6%) corresponden al Seguro Salud (SEM) y ¢508.018,8 millones (18,4%) al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), precisó la Contraloría.

(Foto: Katya Alvarado- Semanario Universidad).

d.- La democracia en profunda crisis: En cuatro décadas, los grupúsculos encargados de controlar el poder, lograron erradicar del costarricense promedio la más humanas de todas las reacciones: la capacidad de asombrarnos. Nos fue totalmente “normal” ver el chorro de dinero echado por el tubo controlado por estas élites: Los CATs, el cierre del Banco Anglo, del Crédito Agrícola, la “Trocha”, el “Cementazo”, “Asebanco”, “Cochinilla”, Caja Fischel”, “ICE Alcatel”, “Diamante”, “Banco Nacional”, “Coopeservidores”, “Aldesa”; la lista es larga, sí sumamos la evasión, subfacturación, amnistías tributarias y el contrabando.

Según el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Barrantes, la deuda pública costarricense es espeluznantes. Precisó que para atenderla se necesitan 16 mil millones de colones diarios o el equivalente a 31.200.000 dólares al día.

Esta central sindical sostiene que los trabajadores públicos llevan cinco años con los salarios congelados, producto de una serie de medidas fiscalistas. Se refirió a la llamada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, “Plan Fiscal” o simplemente denominado “Combo Fiscal”, aprobada en la administración de Carlos Alvarado

Débase recordar que la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se opuso férreamente en 2018 a la aprobación del “Combo Fiscal” porque, argumentó, precarizaría los salarios de la clase trabajadora, aplicaría impuestos a los principales productos de consumo diario y afectaría a las pequeñas y medianas empresas

En aquella ocasión, próxima a las navidades, votaron a favor del “Combo Fiscal” una mayoría de 35 diputados:16 del PLN, 10 del fenecido PAC, 7 del PUSC, 1 del PRSC y 1 autodenominado “Independiente”.

Los profesores de Segunda Enseñanza rechazaron el Combo Fiscal en setiembre de 2018. (F.APSE)

Hoy, el “combo fiscal”, aprobado por 35 diputados, está presente en los intentos de dar el zarpazo final a la educación superior universitaria, tras desamparar por años la construcción de escuelas y colegios públicos en todo el país.

Por eso, plantear en “abstracto” el financiamiento del 8% para las instituciones de educación superior públicas, sin mirar hacia atrás y cómo impactamos a los campesinos, los obreros, las amas de casa, los jóvenes etc., de todas las regiones, podía conducirnos a idénticos caminos transitados ya en Chile, Perú, Argentina, entre otras naciones, donde destrozaron la enseñanza humanista y la noble virtud de enseñar a pensar.

Gracias a los impuestos pagados por la gente más humilde, los empresarios honestos, los profesionales, e intelectuales etc., lograron muchos ser médicos, economistas, periodistas, veterinarios, abogados, sociólogos, bailarines, actores, poetas, nanotecnólogos, biólogos, entre una larga lista, a pesar que ya en la década de los ochenta sabíamos para qué servía la prueba de admisión.

¿Cuántos médicos, ingenieros, veterinarios, abogados, actores, economistas, pintores, músicos, arquitectos etc., procedentes de Talamanca, Liberia, la reserva indígena de Mora, Puriscal o Upala, solo a manera de ejemplo, graduaron las universidades públicas en sus sedes regionales en los últimos 20 años, contribuyendo así con el desarrollo nacional y en defensa del bien común? Es cuando se cumple aquello de “tus hechos os defenderéis” o la afirmación martiana: el deber cumplido sencilla y naturalmente.

Durante mi vida como universitario conocí a dos muchachos, uno proveniente de un selecto colegio al que no se ingresa sí no se cumplen ciertos requisitos extra materias, aunquetenga todo el capital del mundo, el otro decía que había cursado toda su primaria y secundaria en un colegio ubicado entonces en Moravia; ambos se jactaban que solo pagaban la cuota de bienestar estudiantil porque “no tenían nada inscrito a su nombre”

Hoy, las élites, desarrollan la misma estrategia inhumana con nuestra educación pública estatal. Es idéntica a la aplicada contra quienes madrugan desde la 4 a.m. para una cita en un Ebais, esperan dos años para una intervención quirúrgica en los hospitales o los padres de familia obligados a dar dinero para cubrir materiales en las escuelas y colegios estatales.

Dejaron de último la aplicación de esta malvada estrategia contra las universidades públicas porque, como dijo Günther Anders (1953) en “La obsolescencia del hombre”, estas clases sociales requieren idiotas. Palabras más, palabras menos: dijo que para sofocar cualquier revuelta al estilo de Hitler hoy resulta “arcaico”, pues basta con crear un condicionamiento colectivo reduciendo “el nivel” y la “calidad” de la educación.

Y 134 años antes de la publicación “La obsolescencia del hombre”, Simón Bolívar – el 15 de febrero de1819 –, como si se estuviera dirigiendo a los costarricenses de hoy y tuviera conocimiento de los planes actuales de nuestras élites, nos alertaba: “Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza”.

*Periodista, abogado y notario por la UCR.

Apertura de redes sociales de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de Costa Rica

La Mesa de Nacional de Diálogo Social y Productivo de Costa Rica invita a seguir sus redes sociales de Instagram, Facebook, X (Twitter) y Tik Tok, en las que estarán brindando información relacionada con temas pertinentes a los sectores sociales y productivos del país, así como actividades y proyectos vinculados a la búsqueda de la justicia social.

Pueden seguir sus perfiles en los siguientes enlaces:

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La democracia del crustáceo y el síndrome Shakira

Manuel Hernández

El Estado Social y Democrático, más allá del Estado Liberal de Derecho, no solo consagra las libertades civiles, sino que, además, reconoce las libertades democráticas y garantiza la realización de los Derechos Fundamentales, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Aquel modelo de Estado asegura el ejercicio de esos derechos, interviniendo el tejido social y económico, mediante la ejecución de políticas y acciones públicas, con la finalidad de alcanzar la libertad y la igualdad real de las personas, y resolver los conflictos sociales, desde la perspectiva de la solidaridad y la justicia social.

La legitimidad del Estado Democrático se radica en el cumplimiento de esos intereses y valores superiores.

Un Estado que no cumple esas expectativas pierde legitimidad democrática.

La educación, sin duda, constituye un derecho fundamental de cualquier ordenamiento democrático.

Nuestra Constitución Política no se limitó a declarar la gratuidad y obligatoriedad de la educación, costeada por el Estado.

Con el propósito que ese cometido no se convirtiera en una mera declaración poética, la misma Constitución instrumentó un dispositivo tendiente a darle sostenibilidad presupuestaria a la educación pública, a merced de las sucesivas reformas de su artículo 78.

En un primer momento, a finales del siglo pasado (1997), se enmendó esa norma constitucional, asignándose a la educación pública un presupuesto mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El legislador constituyente no se conformó con ese porcentaje, y varios años después, en 2011, con el objetivo de fortalecer la educación, volvió a reformar la norma constitucional, incrementando en dos puntos porcentuales la asignación presupuestaria, llevándola a un mínimo del 8% del PIB.

Desafortunadamente, la trascendental reforma ha sido impunemente violentada, año tras año, en virtud de que el legislador presupuestario nunca le ha fijado a la educación ni siquiera el porcentaje mínimo que ordena el precepto constitucional.

Por contrario, principalmente, en los últimos cuatro años, la asignación presupuestaria decrece cada vez más, llegándose a fijar una partida muy por debajo, ya no de la última reforma constitucional, sino del 6% de PIB.

Para el próximo período 2025, se estima que la asignación será todavía más deficitaria, marcando ya un punto de inflexión inasumible.

Este insufrible retroceso de los recursos destinados a la educación pública tiene gravísimas consecuencias en el desarrollo económico, social y humano del país, afectando intensamente la condición de los sectores más vulnerables.

Por desventura, ese retroceso no solo erosiona dicho derecho fundamental, sino que también han corrido la misma suerte, otros derechos fundamentales y libertades democráticas, entre ellos la huelga y la negociación colectiva.

El Estado Social y Democrático se viene trasmutando en la democracia del cangrejo, cuyo proceso regresivo aceleró obscenamente la Regla Fiscal, manifiestamente contraria a la Constitución.

Pero, la democracia del crustáceo ha tenido de compañera de viaje, de la mano, sin la cual no hubiera sido posible que involucionara hasta ese punto de retroceso, la pasividad y hasta la indiferencia de la ciudadanía, como si la bronca no fuera con nosotros, contra nosotros, cuya ciudadanía está siendo disciplinada por un bellaco, “outsider” y esmirriado jaguar.

Una ciudadanía, desde el punto de vista político, que sufre el síndrome Shakira: ciega, sorda y muda.

Antón Chéjov respondiendo un cuestionamiento acerca de la “sociedad fallida”, manifestó que la democracia no se adecua a una sociedad de ignorantes, en la que la mayoría ignorante decide su porvenir.

¿Será qué nos convertimos en una “sociedad fallida?”

La pregunta que me formulo, y quiero compartir con ustedes, es la siguiente: ¿Estaremos aun a tiempo de recuperar la democracia?

Y hasta aquí llego, porque como se lamenta la canción de Shakira: “Se me acaba el argumento y la metodología.”

Mujeres Mano de Tigre a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El 9 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo, fecha en que se realizó la primera reunión de las Naciones Unidas sobre la población indígena, celebrada en Ginebra en 1982.

Reflexionando en este día por los derechos de los pueblos indígenas, es necesario revisar los desafíos que todavía enfrentamos después de 42 años. Los pueblos indígenas hemos luchado por el reconocimiento de derechos insolubles, únicos y exclusivos para la pervivencia y la co-creación de nuestros sistemas de vida, en un mundo que cada vez más niega esta realidad.

Las formas de vida únicas de los diferentes pueblos indígenas hoy sostienen al planeta, por su estrecha relación con la naturaleza y el universo, en este sentido podemos ver los bosques donde se ubican diferentes pueblos, nuestros sistemas de vida directos con el entorno, cuidando la tierra, el uso necesario de recursos sin el extremo de la explotación como las prácticas extractivistas del poder económico, emuladas por propuestas de un mal llamado desarrollo de los políticos de turno y los gobernantes.

Costa Rica como Estado de 200 años y con una democracia inigualable a nivel mundial, se ha caracterizado por promover los derechos humanos y como en este caso, los derechos de los pueblos indígenas. Es importante anotar que en nuestros territorios todavía contamos con suficientes recursos para el bien común del planeta y es ahí donde se centra la persecución del poder económico.

Dentro de este entramado sociopolítico las mujeres indígenas jugamos un papel preponderante, siguiendo el mandato de las abuelas y abuelos, para cuidar y transferir los conocimientos y saberes culturales del pueblo como nos corresponde. Seguimos tejiendo la vida, en la agricultura, en la filosofía de vida, la medicina ancestral, el uso de la madre tierra, exigiendo el derecho que nos pertenece como dueñas de las tierras pertenecientes al pueblo.

Desde la organización de Mujeres Indígenas Mano de Tigre exhortamos al Estado a través de sus instituciones a cumplir con la justicia que merecemos sobre todos los derechos que nos respaldan: educación, salud, economía, niñez, seguridad territorial, física y emocional de las mujeres indígenas defensoras de derechos humanos, gobernanza y sobre todo la justicia legal y social que nos corresponde.
Mujeres Mano de Tigre correo electrónico: mujeres.manodetigre@gmail.com

Campesinado en Finca Dos Ríos ¿Aún tiene relación la tierra y la justicia social?

Observatorio de Bienes Comunes

Conversamos con Bolívar Méndez para conocer de cerca el contexto que viven las personas campesinas en la Finca Dos Ríos en Guácimo de Limón (Costa Rica), él fue trabajador bananero, la empresa dónde trabajó hace más de 25 años se dio a la quiebra y le quedaron debiendo salario, vacaciones y prestaciones, a pesar de esta situación, decidió trabajar la tierra y producir el alimento que muchas personas se llevan a su mesa ¿Qué está pasando con estas personas campesinas? ¿Se reconoce el trabajo de estas personas y la deuda que se acumuló? Reflexionamos sobre justicia social y campo.

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.