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Etiqueta: justicia tributaria

La crisis del Covid en Costa Rica: una reflexión desde la geografía crítica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Antonio Mora Calderón
Alberto Gutiérrez Arguedas

El presente documento es resultado de las reflexiones expuestas en el Foro “La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19”, realizado el 10 de junio de 2020, en el marco del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (GT-PGCL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como tal, el texto está estructurado en forma de una secuencia de ideas, a partir de las tres cuestiones/interrogantes que fueron levantadas en dicho Foro: (1) ¿Cómo ha sido la respuesta de cada gobierno? (2) ¿Cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno y cómo se complejiza en esta coyuntura? y (3) ¿De qué forma la geografía en general y la geografía crítica en particular contribuye o puede contribuir a enfrentar esta crisis?

  • 1) Respuesta del gobierno/Estado costarricense
  • Desde el punto de vista meramente técnico-epidemiológico, la respuesta del Estado y la sociedad costarricense para contener la pandemia del Covid ha sido bastante eficaz y satisfactoria. Los números así lo revelan: 1.375 personas infectadas y 11 personas fallecidas -al 9 de junio-. Un dato revelador es el hecho que han muerto casi el doble de costarricenses en Estados Unidos (20), que dentro del territorio nacional. No obstante, en la última semana (1-7 junio) se ha visto un aumento inusitado de los casos, localizados principalmente en la Zona Norte, asociado a los enclaves agroexportadores. Vale aclarar: a pesar de que los números son en apariencia “buenos”, no queremos ser fríos y restar importancia a esta situación, pues la misma ha provocado sufrimiento a cada una de esas personas afectadas y sus familias.
  • Las medidas tomadas por el gobierno, y especialmente ordenadas desde el Ministerio de Salud, han buscado aminorar la cantidad de casos, evitar el llamado contagio comunitario, y al mismo tiempo desacelerar la velocidad de propagación del virus, con el fin de que el sistema de salud no colapse. Estas medidas han sido el teletrabajo en el sector público, cierre de escuelas, colegios y universidades públicas trasladando la educación a una modalidad virtual, la cuarentena voluntaria, así como la obligatoria para las personas que han venido del extranjero durante el estado de emergencia, el cierre de playas, parques nacionales y parques urbanos y metropolitanos, cierre de bares y espacios de confinamiento como teatros y cines, restricción vehicular y partes sanitarios, y otros.
  • Otro aspecto a destacar en esta coyuntura es la propuesta realizada por el gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud -OMS-, para crear un repositorio de acceso público en donde se faciliten conocimientos y tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del Covid. Si bien es una iniciativa admirable, el peso político que esta puede tener es bastante limitado, tomando en cuenta el papel de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo.
  • El principal factor que explica este “éxito” es la existencia de un sistema público de seguridad social aún bastante sólido y funcional, a pesar del debilitamiento que ha sufrido durante cuatro décadas de neoliberalismo, lo cual demuestra su enorme resiliencia. Han tenido un papel protagónico, en primer lugar, la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- y el Ministerio de Salud, pero también, todo un conjunto de instituciones públicas solidarias (Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, universidades públicas, Fábrica Nacional de Licores -FANAL, encargada de la producción de alcohol en gel-, Consejo Nacional de Producción -CNP-, entre otros).
  • En ese sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más claros que nos deja esta crisis es la importancia de defender las instituciones públicas, las cuales han sido víctimas de hostigamiento y de un ataque fraudulento y sistemático por parte de los grupos de poder político-económico, que abogan por su privatización. Todas las instituciones mencionadas anteriormente sufren graves desequilibrios financieros, así como un deterioro de su imagen en la opinión pública.
  • 2) Contexto político y presiones económicas
  • La crisis sanitaria del Covid ocurre en un momento de profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región, en Costa Rica el proceso de neoliberalización no se ha caracterizado por “políticas de shock”, sino por una implementación gradual y progresiva durante casi 40 años, con algunas fases de aceleración, como la que vivimos actualmente. Otros ejemplos pueden ser los tres Programas de Ajuste Estructural (1985, 1989 y 1995), así como la firma del TLC con Estados Unidos (2008).
  • Como antecedente político más inmediato, tenemos la aprobación de una reforma fiscal de clara vocación regresiva, en 2018. Dicha reforma fue impuesta por el gobierno actual de forma vertical y autoritaria, a pesar de la masiva oposición por parte de diferentes sectores sociales. Entre algunas de sus medidas más cuestionables está la regla fiscal (que abre las puertas a recortar e inclusive cerrar instituciones públicas) y el Impuesto al Valor Agregado -IVA- (que recarga sobre la base social el mayor peso de la recaudación fiscal), al mismo tiempo que perpetúa privilegios fiscales sobre grandes capitales y no corrige los graves problemas de evasión y elusión.
  • Por detrás del “éxito” en la contención de la pandemia, se esconde un escenario social y económico muy preocupante, el cual se ha visto agravado y profundizado por esta crisis. Costa Rica ya está dentro de los diez países con mayor desigualdad en el mundo (el 20% más rico percibe 13 veces más ingresos que el 20% más pobre); el desempleo ha alcanzado uno de sus máximos históricos (12,5%) y apunta a seguir creciendo; hay una precarización económica y laboral acelerada (47,1% de la población económicamente activa en el sector informal), retroceso en derechos laborales; así como profundas asimetrías territoriales y regionales.
  • Los impactos económicos suscitados por el Covid han recaído mayoritariamente sobre aquellos sectores que ya, de por sí, estaban precarizados: pequeños productores y comerciantes, trabajadorxs informales, trabajadorxs del sector privado (el turismo sufrió un fuerte golpe), mujeres, jóvenes, entre otros. Cada vez más, importantes segmentos de la población enfrentan grandes dificultades y angustias para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda, trabajo y acceso a servicios. En muchas comunidades, rurales y urbanas, el hambre toca la puerta (encuesta reciente revela que una de cada tres personas se ha visto en la necesidad de disminuir tiempos de comidas).
  • Al mismo tiempo en que destacamos la importancia del Estado Social y las institucionalidad pública, criticamos el abandono histórico y sistemático que ha sufrido un conjunto de grupos sociales subalternos, por parte de ese mismo Estado. Campesinxs, pescadorxs, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante y refugiada, entre otras, han sido víctimas de exclusión y violencia estructural por décadas, y hoy, son algunos de los grupos en condición más vulnerable frente a la pandemia. El reciente brote de Covid en los enclaves agroexportadores -cuya mano de obra es mayoritariamente migrante- es clara muestra de ello.
  • Es precisamente a partir de estos grupos en condición de subalternidad que vemos algunas de las estrategias y alternativas más interesantes para encontrar salidas a la crisis social, económica y política del Covid. Frente al abandono y exclusión histórica, agravada en la coyuntura actual, se fortalecen los vínculos de solidaridad y reciprocidad, el autocuidado comunitario, muchas veces al margen del Estado, e inclusive, del mercado. Las comunidades fortalecen sus vínculos con el territorio, en busca de garantizar la reproducción de la vida.
  • En la coyuntura actual, el gobierno -y el Estado en general- se ha visto sometido a fuertes presiones por parte de grupos de poder político-económico. Si bien las medidas de contención de la pandemia han sido bastante eficaces, pareciera que hay sectores sobre los cuales el Estado prácticamente no tiene poder de injerencia, como el agronegocio. Las clases dominantes buscan aprovechar el estado de excepción provocado por la crisis del Covid para profundizar aún más el modelo, como quedó evidente en el documento publicado por Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado -UCCAEP- el pasado 5 de junio, titulado “Un pacto por el empleo”, en donde abogan, de manera cínica y autoritaria, por la eliminación y flexibilización de regulaciones laborales, fiscales y ambientales, para “reactivar la economía”.
  • 3) Aporte de la geografía crítica para enfrentar la crisis
  • La geografía crítica puede ayudarnos a visibilizar la centralidad del territorio como parte de la construcción de un modelo de organización societeria alternativo. Ha quedado en evidencia la grave vulnerabilidad de tener una economía tan liberalizada y abierta a los circuitos de acumulación globalizados (por ejemplo, el agronegocio y el turismo), por lo tanto, es un momento oportuno para problematizar este modelo y apostar en otros usos del territorio, buscando una mayor equidad social, autonomía y justicia ambiental, “desde abajo y hacia adentro”. Propuestas como la agroecología y la economía social solidaria toman fuerza y se muestran como horizontes alternativos posibles. La soberanía/autonomía alimentaria es fundamental.
  • No obstante, creemos que a pesar de lo central que se ha vuelto el territorio para comprender y pensar en alternativas, la discusión de pensar la pandemia desde la lógica del territorio de gobernanza (Estado-nación) también puede invitar a fortalecer los nacionalismos, queriendo compararse con otros países. Esto puede llevar a que se pierda la perspectiva crítica en cuanto a la construcción social e histórica de los territorios, las territorialidades y los estados-nación. Pensamos esto porque nos preocupa el aumento del discurso de odio, xenofobia y chauvinismo, que se está dando en Costa Rica, por el aumento de casos en la Zona Norte.
  • Las escalas geográficas han cambiado enormemente a partir de esta pandemia. En este contexto, hablar de conceptos básicos de la Geografía como desplazamientos, distancias y localizaciones se vuelve un enorme reto, principalmente por el aumento del uso a los mecanismos digitales de comunicación. Además de ello, el confinamiento ha implicado desde doble a triples jornadas de trabajo en las mujeres, y esto no se puede naturalizar. La gigantesca ola de desempleo que desató esta pandemia tiene y tendrá repercusiones sociales que aún no logramos imaginar. La violencia y el consumo de alcohol en las casas se ha disparado y en general han cambiado muchísimo las escalas desde donde la gente está produciendo y reproduciendo su vida, en la medida de sus posibilidades. Por todo ello, nos surge la pregunta de cómo será la actual Geografía del Confinamiento en medio de esta pandemia. ¿Cómo podríamos cartografiar más allá de los casos activos por cantón, sino más bien lograr evidencias todas estas otras dinámicas sociales que se han desarrollado?

Sindicato de Hacienda llama atención al ministro sobre lenguaje y conocimientos

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

SURCOS recibió copia de este mensaje enviado por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional al ministro Elián Villegas Valverde:

Señor Ministro de Hacienda:

En SITRAHSAN comprendemos su posible temor, en virtud de la eventual caída por indicadores otorgados por las calificadoras, originado quizás por la actuación de su persona en tan importante MEGA Ministerio.

Es claro que; la escaza formación para asumir la rectoría de un Ministerio cuya actuación tiene implicación directa en la política económica, fiscal, y tributaria de esta gran Nación, además de la “pandemia”, generen los indicadores negativos.

Consideramos: que por ello le queda como “anillo al dedo”, hacer eco y atacar con el mismo lenguaje de los grandes consorcios empresariales de este país a los funcionarios públicos. Pero ignora; como jerarca de alto nivel, el conocimiento fáctico de las actuaciones que este Ministerio desarrolla y que es muy distinto a los años en los que disfrutó del confort en el INS.

Rezaba un estribillo de un gran jurista y litigante privado, para contender consideraciones de tipo legal, con la realidad y evolución del Derecho mismo: “mucho abogado de larga data, deja de estudiar y se convierte en un funcionario técnico” para justificar la diferencia entre el estudio cotidiano, en el ejercicio del Derecho, en el campo privado, versus la tranquilidad o confort que brinda a mucho profesional en Derecho desempeñarse en el Servicio Público; no obstante, esta premisa no es de aplicación generalizada, en virtud de que dichosamente tenemos muchos profesionales que día a día se están actualizando en diversidad de áreas y materias, y con ello poder ejercitar su profesión con la diligencia , probidad y decoro que el tiempo requiere.

Lamentamos, ese bache profesional que su persona soporta, ya que la interpretación de los números y el desconocimiento del manejo cotidiano de la Hacienda Pública, lo exponen como muy vulnerable y sujeto de riesgo, arrastrando a todo ciudadano costarricense. Esperaríamos equivocarnos, pero el nivel de riesgo que nos imponen las calificadoras internacionales, en mucho; está vinculado con la cabeza de este Ministerio.

Tener el conocimiento y la capacidad técnica y profesional nos hace fuertes, lo contrario nos debilita, y debemos tener esa madurez para aceptar nuestras debilidades.

El ataque a los funcionarios públicos no se vale, satanizar nuestra función, no se vale, eso es simple; porque no superamos un riesgo del 2,5% en materia de control fiscal, debido a la complacencia de los políticos de turno, que no nos blindan con normas fiscales fuertes, claras, precisas o concretas, que puedan brindarle una señal al contrabandista, evasor o elusor, o quién jinetea o roba los impuestos, de que lo meteremos a la cárcel si lesiona con su actuar el Estado que los abriga y que los hace acreedores de mucha riqueza, y muchos de los que “lloran” es porque tienen tanto dinero, que contribuir con el ESTADO no es de su interés.

Sr. Ministro, en finanzas hay razones financieras, que podrían construirse o bien vincularse, de tal manera que si observa el componente del impuesto de renta sobre el salario, observará que un empleado público, puede contribuir más en una quincena, que lo que grandes empresas contribuyeron en un año. Le invitamos a repasar las cifras.

Señor Ministro, debemos hacerle ver, que su desconocimiento integral de la materia en Ciencias Económicas lo debilita, y hace quizás, dependiente del buen consejo de nuestros compañeros de carrera, por lo que deberá seguirlos al “pie de la letra” de lo contrario va a quebrar al ESTADO mismo, y usted esperamos, vino a fortalecerlo no a debilitarlo.

Sr. Ministro, obsérvese la cuantía en mora tributaria, sólo en Aduanas alcanzó la nada despreciable suma de más de 76 mil millones, es decir, lo que pagó el INS a Hacienda, curioso pero cierto, medido, dejamos de cobrarle al importador, y se lo sacamos al INS, al fin y al cabo, hay recursos, protegemos la empresa privada, y que sea el ESTADO el que asuma el costo.

Sr Ministro, el costo social de un pequeño incremento salarial de 7,500 colones por funcionario, en nada socaban las finanzas del ESTADO, si hemos observado la cantidad de millones en “la trocha”, o en la deuda política, porque de este componente, no se toca un cinco, será que quieren tener con bien a los “Diputados”.

Sr. Ministro, esperaríamos que el bache fiscal, que se llevó consigo con daño colateral, dos excelentes funcionarios de carrera, no se repita. En nuestro caso, estaremos vigilantes y accionaremos ante el Ministerio Público de ser necesario, señalando a quién realmente pueda sufrir la persecución penal.

Sr. Ministro, tiene sobre sus espaldas una grandísima tarea, por no decir “camisa”, la que esperaríamos, desarrolle de manera adecuada, sin requerir el consejo sólo el sector que ha resultado privilegiado y blindado en esta pandemia, nos referimos al sector empresarial.

Sr. Ministro, busque los errores legales, que mantienen la división del Estado mismo y todas, aquel capital que está disperso, faltando al principio constitucional de “caja única”.

Sr. Ministro, desearíamos señalarle tanto, y lamentamos, que venga a “hacer escuela” con el manejo de la Hacienda Pública, como muchos otros actores antes lo hicieron, y que de manera irresponsable simplemente visualizan incremento tarifario o recorte del gasto social, donde la historia nos ha demostrado que “el frío no está en las cobijas” y nos endosan el error de su actuar, son muy diestros y complacientes, en materia de amnistías y casi “cero” control fiscal, para que la fiesta siga.

Sr. Ministro, le invitamos a considerar empoderar al consumidor final, para reactivar la economía en un corto plazo, recomiende se libere los “cinquillos del ROP”, que pertenecen a los trabajadores, el FCL también, porque la pandemia muchas veces, no es sólo en materia de salud, la pandemia también en materia de finanzas a las que nos han expuesto desde muchos años, y la peor pandemia, consideración subjetiva, es la pandemia en conocimiento.

Los Empleados Públicos, no tenemos la culpa de la impericia y desconocimiento de nuestros jerarcas, pero sufrimos las consecuencias, porque somos los primeros en poner nuestro sacrificio.

Mujeres en Acción propone justicia fiscal para enfrentar la crisis

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

MUJERES EN ACCIÓN PROPONE:
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ÚNICA A GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y GRANDES EMPRESAS TERRITORIALES: JUSTICIA FISCAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS

¿Quiénes somos?

MUJERES EN ACCIÓN (MeA) es una articulación feminista que surge a la vida pública en el año 2018 para defender los derechos conquistados hasta entonces por las mujeres costarricenses en su búsqueda de la igualdad real frente a las amenazas conservadoras que emergieron en la campaña electoral presidencial de ese año. Desde entonces MeA ha continuado activa no solo en la defensa y promoción continua de los derechos humanos de las mujeres, sino también en el debate sobre las políticas públicas y el devenir de la sociedad costarricense en su conjunto que apreciamos en disputa permanente frente a la agenda neoliberal.

La tendencia decreciente de la economía -profundizada por la suspensión obligada de muchas actividades económicas – y la condición de desigualdad social preexistente en el país antes de la crisis sanitaria – amenazan con profundizar la pobreza de las mujeres y de la población en general y el desfinanciamiento del Estado, incluyendo los programas sociales.

Frente a ello es urgente una gobernanza fiscal que ejerza derechos y obligaciones bajo un contexto de justicia fiscal. Hasta ahora las respuestas brindadas tienden a recargar el costo de la crisis económica en la población contribuyente, principalmente trabajadora, y en el redireccionamiento de los presupuestos de las instituciones públicas. Estos recursos no solo son insuficientes sino que se agotan rápidamente frente a una crisis que se avizora larga, además de que también ponen en números rojos la continuidad de programas de desarrollo nacional de corto y mediano plazo. El ejemplo más concreto es la pretensión de utilizar los fondos de FONATEL, destinados a la reducción de la brecha tecnológica y de comunicación, para fines diferentes sin que a la vez se identifiquen recursos de recapitalización.

Como se ha dicho, la atención urgente de la crisis sanitaria ha implicado, a la fecha, un peso adicional sobre los presupuestos institucionales – principalmente los que brindan servicios de atención directa a la población. El caso más emblemático es el de la CCSS obligada a redireccionar recursos originalmente destinado a otros fines de desarrollo institucional y de la salud pública para responder a los requerimientos específicos de la pandemia. A esto se agrega la reducción de los ingresos de la CCSS en materia de cobro de las cuotas obreros patronales debido al aumento del desempleo y la reducción temporal de la contribución de patronos y trabajadorxs. Al igual que ésta, muchas de las medidas de atención de la crisis económica generada por la pandemia han volcado la balanza a favor de uno solo de los sectores sociales, la empresa privada, descuidando a la gran mayoría de los y las ciudadanos para los cuales solo hay respuestas asistencialistas e insuficientes.

En igual situación se encuentran otras instituciones, principalmente del sector social, cuyos presupuestos han sido drenados para tratar de atender y paliar parcialmente el impacto social y económico de la crisis sanitaria. En esta situación se encuentran programas tales como comedores escolares, CEN-CINAI, IMAS, INAMU, FODESAF, entre otros, con el agravante de que la fuente tradicional de ingresos de muchos de estos programas de asistencia social se ha visto afectada asimismo por el debilitamiento de la actividad económica nacional.

Esta visión cortoplacista le puede pasar al país una factura mucho más alta que la generada por el gasto específico de la atención sanitaria, compromete el desarrollo del país y nos puede hacer retroceder varias décadas de conquistas sociales. No podemos permitir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis social y económica de grandes dimensiones.

El comportamiento de la pandemia en otros países indica que hay que prever varios meses más de mayor y menor confinamiento en el cual la actividad económica será probablemente fluctuante y la recuperación del empleo será lenta e incierta para muchos sectores como, por ejemplo, el turismo cuya recuperación es altamente dependiente de la afluencia de personas con capacidad de consumo. Por consiguiente, es de esperar que continúe y se profundice el impacto ya existente en importantes segmentos de la población en materia de ingresos y consecuente empobrecimiento, necesidades alimentarias y de habitación no satisfechas, además de privación de servicios como el cuido o la educación.

En este contexto la asistencia directa del Estado a través de sus programas sociales será más urgente que nunca para impedir que estos impactos se tornen permanentes e irreversibles. No obstante, como señalamos arriba, estos programas se encuentran seriamente desfinanciados y no existe alternativa planteada que busque su recapitalización, incluyendo las finanzas de la CCSS a pesar de la inyección vía préstamos de algunos recursos que son, sin embargo, insuficientes.

Al igual que nosotras, otras agrupaciones sociales y académicas han estado planteando y urgiendo al Gobierno y a la Asamblea Legislativa identificar fuentes de recursos que no recarguen la crisis sobre la ciudadanía. La conclusión unánime es que hay que buscar el dinero donde éste exista y volcar la mirada hacia aquellas personas y empresas cuyo patrimonio ha mantenido un ritmo de crecimiento constante permitiéndoles en los últimos años acumular riqueza. Algunas incluso han reportado rentas brutas y activos con un valor económico muy alto, sin reportar impuestos o pérdidas. Lo anterior según la radiografía del impuesto a las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda y el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las Grandes Empresas Territoriales del 2018.

Son muchos los países donde se están discutiendo y en algunos casos aprobado medidas para gravar la riqueza y avanzar hacia mayor justicia fiscal. La misma OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) – a la cual el país ha ingresado recientemente – ha adoptado fuertes medidas en materia fiscal y anticorrupción como la Convención multilateral para prevenir la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios y, en particular, el Instrumento Multilateral (MLI) que contiene disposiciones de carácter obligatorio (estándares mínimos) y otras de carácter opcional para evitar la evasión fiscal.

Costa Rica ya es parte de la OCDE y debería asumir estos estándares con pleno compromiso.

Recuperamos aquí la acción desarrollada por el expresidente José Figueres Ferrer en el año 1948 cuando, ante un país devastado por una guerra, urge y exige que todas las personas

habitantes del territorio nacional aportaran de su propio peculio para poder sacar adelante al país.

En Costa Rica están identificados los sectores que tienen mayor riqueza, los que históricamente han reflejado una generación de grandes rentas y que no están aportando en forma proporcional al fisco.

Según la radiografía de las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda, del total de actividades lucrativas de personas físicas y personerías jurídicas (451 783 inscritas) un 55% solo declara, es decir, no contribuye en impuestos.

Entre las personas físicas (322 837), el 65,5% solo declara. De este grupo, un total de 117 641 reportan actividad lucrativa activa y “… 821 declarantes reflejaron una renta neta igual a cero que significa un 9,3% de ese total, cuyos ingresos brutos fueron superiores a los ¢10.000.000”. (Ministerio de Hacienda (2019, pág. 40)

La situación es aún más grave cuando se analiza la contribución de las personerías jurídicas. Un total de 128 946 personerías jurídicas están inscritas y el 40,6% del total de personerías solo declaran y no aportan al fisco. De este grupo, (52 262), un 3,3% (lo que representa 873 personerías jurídicas) declaran cero utilidades netas.

El Ministerio de Hacienda, obligado por un recurso de amparo, publicó en el año 2019 la lista de las empresas que declararon cero utilidades. La lista es de 194 personerías jurídicas, de ellas hay 115 empresas que son Grandes Contribuyentes Nacionales (según clasificación de la Dirección General de Tributación)..

En la Gaceta N.º 63 del jueves 12 de abril del 2018 la Dirección General de Tributación informa sobre las características de las empresas que son Grandes Contribuyentes y las Grandes Empresas Territoriales (GETES). Ambas tienen montos elevados de activos así como de renta bruta en colones, tal como se aprecia a continuación (en colones):

La Contraloría General de la República señala en un informe de fiscalización del 2018 (DFOE-SAF-IF-00002-2018) que el 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016. Del total de declaraciones presentadas (3.949) por los contribuyentes denominados GETES, un 21% (824) presentaban pérdidas y un 6% (238) cero impuestos. Es decir, un 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016, según este reporte. En estos dos últimos casos los ingresos brutos percibidos en el periodo de estudio, alcanzaron los 8.149.998 millones de colones y los activos totales alcanzaron los 15.580.099 millones de colones.

Estas pérdidas o cero utilidades se producen en la forma como se presentan los gastos. Según el informe supracitado, “Los contribuyentes pueden declarar gastos que no están siendo realmente en los que incurren y así disminuir su base imponible. Además, dificulta el análisis de inteligencia o riesgo fiscal e incide en los procesos de fiscalización, porque no hay certeza de la calidad de la información que contienen los formularios de declaración que se almacenan en las bases de datos tributarias”.

Las Grandes Empresas Territoriales (GETES) aportan un 4,6% del total recaudado por el Gobierno. En el 2016 eran 519 empresas cuyos activos totales eran de 5,2 billones de colones con una renta bruta de 4 billones de colones, según el informe señalado. Es decir: todas estas empresas han logrado alcanzar una capacidad de activos y generación de renta bruta significativa que ha sido posible por las condiciones económicas, políticas y sociales que este país les ha facilitado. Por tanto, la renta BRUTA debería aportar a la recaudación fiscal y no solo por solidaridad en esta coyuntura sino como aporte a la inversión pública que este país por medio del Estado realiza en infraestructura y servicios.

En este sentido, una política fiscal justa, equitativa y solidaria por parte de las Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales sería contribuir solidariamente para atender la actual situación de crisis.

NUESTRA PROPUESTA A LA CIUDADANÍA, AL SEÑOR PRESIDENTE Y A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS

  1. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que clasifican como Grandes Contribuyentes Nacionales (excluyendo “Holdings”) y de las Grandes Empresas Territoriales.
  2. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre las utilidades netas registrados en los últimos tres años de las personas físicas de la última categoría de recaudación de la Dirección de Tributación Directa, esto es: aquellas que reportan una utilidad o renta neta mayor a 20 millones de colones.
  3. Suspender durante el período de pandemia la aplicación de la Regla Fiscal con el fin de que las instituciones públicas se aboquen a la atención de ésta.
  4. Apoyar la propuesta del Expresidente José María Figueres para trasladar fondos del Banco Central colocados en el exterior e invertirlos en Bonos del Estado para financiar programas de atención de emergencia a la población afectada por las consecuencias de la pandemia.
  5. Crear una tasa equivalente de 3 colones por cada mil colones sobre todas las transacciones del sistema bancario nacional para capitalizar los programas sociales destinados a transferencias directas y servicios a la población, exceptuando los depósitos de planillas y pensiones hasta cierto límite de salario, pagos de tarjetas de crédito y retiros de cajeros automáticos. Todos las anteriores exclusiones señaladas por el señor Figueres a los cuales agregaríamos las transferencias sociales y depósitos de pensiones alimentarias.
  6. Acatar las disposiciones de la OCDE en materia tributaria – incluyendo lo señalado en el Instrumento Multilateral MLI, entre otros – específicamente las relacionadas con aumentar las tasas de tributos a quienes más riqueza, patrimonio e ingresos poseen. Construir una ruta para el cumplimiento de estas obligaciones en un plazo de 6 meses.

Los recursos obtenidos en las propuestas 1 y 3 se destinarán EXCLUSIVAMENTE para capitalizar programas de asistencia social, incluyendo los servicios de la CCSS, garantizando la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos.

¿Quiénes aportan y quiénes se agachan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Hernández Naranjo

Con cierta rimbombancia, un medio publicó hace unos días que empresas de zonas francas han hecho donaciones por 650 millones de colones para atender crisis del COVID-19.

Parece mucha plata, pero comparen con otra noticia sobre los 75.000 millones que aportará el Instituto Nacional de Seguros (empresa pública) para contribuir a las políticas públicas, frente a la misma crisis del COVID-19.

Este sencillo ejemplo muestra cómo los medios hacen bulla por cualquier peso que venga del sector privado y tienden a restarle atención al inmensamente más grande aporte y rol que está jugando la institucionalidad pública en esta crisis.

Pero más allá de la crisis actual, la gran brecha entre el aporte de la institucionalidad pública y los privilegios de algunos sectores privados se ha convertido en un problema político medular de nuestro país. Veamos algunos datos que lo evidencian:

– En el 2019, a partir de las utilidades del INS y en cumplimiento de diferentes disposiciones legales, esa institución hizo aportes por 33.500 millones de colones a diferentes áreas de nuestra seguridad social (CCSS, riesgos del trabajo, CNE, etc.) y a las finanzas públicas. Además pagó 8.691 millones de colones en impuesto sobre la renta.

– Del otro lado ¿saben cuánto NO PAGARON de impuesto sobre la renta las empresas de zonas francas gracias al privilegio de la exoneración que disfrutan? En el 2018, según datos del Ministerio de Hacienda, ese sector no pagó 349.857 millones de colones, equivalentes a un 1.01% del PIB.

Les invito entonces a que hagan un gráfico para comparar las siguientes cifras (todas en millones de colones) y sobre todo, a tener muy presente quiénes las aportan y quiénes las dejan de aportar: 650, 8.691, 33.500, 75.000 y -349.857.

Pero, como son las grandes empresas y sus aliados mediáticos quienes construyen el marco de opinión pública, seguirán tratando de hacernos creer que los villanos de la historia son el Estado Social de Derecho y las personas trabajadoras del sector público, mientras que los héroes (o víctimas según convenga) son las grandes empresas y sus cámaras porque… “producen libertad”.

Y peor aún, nos inducirán a que aplaudamos las migajas que, por caridad, filantropía o “responsabilidad social”, caigan del jugoso banquete que disfrutan las grandes corporaciones nacionales e internacionales de zonas francas, gracias a sus privilegios fiscales.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado además en su espacio de Facebook.

SEC rechaza proyecto que elimina pago de las anualidades 2021 y 2022

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, es consciente de los efectos negativos de la Pandemia del COVID-19 los cuales han provocado una delicada crisis sanitaria y principalmente económica a nivel nacional y en el mundo entero.

Evidentemente, es urgente la búsqueda de alternativas que permitan la recaudación de fondos para confrontar esta situación, más, sin embargo, rechazamos el Proyecto de Ley, respecto a la suspensión del pago de la ANUALIDAD 2021 y 2022, como medida para reducir el gasto público y compensar los efectos del COVID-19.

Tenemos que dejar muy claro, que la ANUALIDAD no es ningún privilegio ni regalía, es un derecho social de Ia clase trabajadora del sector público. No somos responsables de los efectos ocasionados por la Pandemia tales como: Pérdida de puestos, suspensión de contratos laborales, reducciones de jornadas; efectos de un hecho social que la clase trabajadora, nunca provocó, más bien hemos sufridos sus consecuencias.

La propuesta presentada que incluye la eliminación de la ANUALIDAD a todo el sector público es una muestra clara de cinismo y deshumanización injustificada, afectando al sector que mantiene la dinamización de la economía afectada por esta Pandemia.

Mientras por otro lado hay empresas que exigen que se les exonere del pago de IVA y del Impuesto de Ventas. Es inaudito que EVASORES y ELUSORES de la Hacienda Pública, solicitan que se les exonere del pago de estos impuestos por tiempo indefinido. Y no sería de extrañar que algunas fracciones políticas de Ia Asamblea Legislativa estimulen esa idea y corran a proteger sus CAPITALES.

Dentro de la misma línea, el periódico La Nación, corresponsal de esos sectores ultraconservadores cita en una de sus notas «Eliminar gastos innecesarios del Sector Público”.

No podemos continuar con ese entreguismo, conducta irresponsable y servil coma la asumida por un Diputado quien señaló: «(No es justo que el sector privado asuma el costo de Ia crisis… mientras los pluses del sector público queden iguales») (La Nación, 21 de mayo, pág 7). Ante esto no tenemos ningún reparo en puntualizar que el sector privado nunca ha asumido el costo de una crisis, porque si fuera así no estaríamos en esta situación tan lamentable.

El SEC hará todo lo que esté a su alcance para tratar de evitar que se apruebe este Proyecto de Ley que pretende eliminar Ia ANUALIDAD a la clase trabajadora del sector público, porque ya dimos nuestro aporte con el aumento salarial que nos negaron.

Nos oponemos a estas intenciones porque consideramos que existen otras formas de mitigar el impacto de la crisis. Consecuentemente con esta preocupación presentamos una propuesta integral, justa y equilibrada como alternativa para resolver de inmediato el problema financiero y laboral de nuestra población. Lamentablemente no fue considerada porque prevalecía el compromiso de proteger el capital de las grandes empresas y otros actores que manejan los hilos del sistema financiero nacional.

NO MÁS ATROPELLOS AL SECTOR PÚBLICO ¡BASTA YA!

 

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La nueva moda

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

La OCDE es la nueva moda nacional. Los equipos económicos oficiales se parapetan detrás de sus postulados y recomiendan sus recetas como lo mejor y necesario para el país. Al fin y al cabo hemos entrado en el prestigioso club de los grandes países y de algo ha de servir la alta cuota de ingreso y mantenimiento. Por lo menos ha de ser para sacarle el jugo a lo que le interese a nuestros grandes capitales, pero solo lo que le interesa a este exclusivo grupo.

Porque también la OCDE brinda cifras de cuánto representa en el PIB el tributo que se cobra a los que más dinero reciben. Para esa organización en Costa Rica en 2018 esa tasa era del 4,9%, que es lo que se recauda de los sectores con mayores ingresos.

En América Latina y el Caribe los sectores de mayores ingresos aportaban por año un promedio del 6.3%.

El promedio de los países de la OCDE es de 11.5%.

Resulta evidente que Costa Rica está situado por debajo de la media del Continente y muy por detrás del promedio de la OCDE.

Por eso Merkel se extraña de que en América Latina los ricos o poderosos económicos no tributan. Por eso también América Latina es la región más desigual del mundo.

Según CEPAL el 10% más rico de la región posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5.4% de su renta. En Dinamarca, por ejemplo, esos grupos lo que tributan es el equivale al 27.9% y el tributo sobre bienes y servicios (que podría ser el equivalente al IVA en CR) es del 14.7%. En nuestro país es totalmente al revés.

El Gobierno podría empezar por atender las indicaciones de la OCDE en el sentido de aumentar considerablemente las tasas de los tributos a los que más ingresos reciben antes de recortes al gasto, cierre de instituciones o más impuestos indirectos sobre los trabajadores y trabajadoras.

(Datos obtenidos del artículo de Leandro Lutzky en RT Noticias publicado el 28 de mayo de 2020).

Los cambios…

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Óscar Madrigal

En el ministerio de Comunicación se nombró a Agustín Jiménez que llegó a Zapote llevado por Rodolfo Piza. Durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez fue su jefe de prensa y una persona de su absoluta confianza.

El ministro de Ciencia y Tecnología destituido, Luis Adrián Salazar, es también una persona muy cercana al expresidente Rodríguez.

MAR, salió empatado. Pero con una gran diferencia: el nuevo ministro será una persona que debe trabajar a la par del presidente y le habla al oído.

Las salidas del gabinete no fueron pacíficas, sino que se deben a discrepancias internas.

El ministro de Hacienda saliente, Rodrigo Chaves deja claro que tiene una concepción diferente respecto a cómo se ha manejado la pandemia. No dice en qué. Pero por el contexto se deduce que está en contra del confinamiento y el tiempo que llevan cerrados los establecimientos comerciales y la economía. Probablemente es más partidario de la política de Trump u Ortega que la seguida por las autoridades sanitarias del país. Lo que es público es la discrepancia con el Presidente respecto al levantamiento de la regla fiscal para las municipalidades. El Presidente ejerció su autoridad y le pidió la renuncia por una diferencia, según lo dicho, de estilo.

El ministro de Ciencia, Salazar, discrepó con Hacienda y el Presidente por echar mano al fondo de telecomunicaciones para pagar deuda. El ministro tiene razón, eso significará un atraso de varias décadas en la creación de la infraestructura que acorte la brecha tecnológica.

El nuevo ministro de Hacienda, Eliam Villegas, ya declaró públicamente que no se apartará ni un ápice de la ley fiscal, lo que es decir que será inflexible con la aplicación de la regla fiscal. En otras palabras, seguirá la misma línea de Chaves y Rocío. Tal vez con un mejor estilo, sea no decir nada públicamente. Es el primer ministro de Hacienda que proviene de las filas del PAC y familiar cercano de Ottón Solís.

En síntesis: MAR mejoró su posición en el Gabinete, en Hacienda se seguirá la misma línea de recorte al gasto público y regla fiscal a troche y moche y se perderá un opositor al despropósito de liquidar los fondos para mejorar la infraestructura tecnológica.

Seguimos entre igual o peor.

Publicado en el espacio de Facebook del autor, compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Las élites frente a la crisis del COVID-19. La cuestión tributaria y el impuesto a los ricos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Conversatorio virtual: Las élites frente a la crisis del covid-19. La cuestión tributaria y el impuesto a los ricos.

Miércoles 27 de mayo
18:00 horas (Argentina/Uruguay)
15:00 horas (Costa Rica)

Exponen:
José Francisco Durand, Pontificia Universidad Católica del Perú
Mariana Heredia, Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Elisa P. Reis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, International Science Council, Brasil
Francisco Robles Rivera, Universidad de Costa Rica

Coordina:
Inés Nercesian, Co-coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO Élites empresariales, Estado y dominación (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Organiza:
Grupo de Trabajo CLACSO Élites empresariales, Estado y dominación

ACTIVIDAD ABIERTA, LIBRE Y GRATUITA CON INSCRIPCIÓN PREVIA. DETALLES PARA SEGUIR LA ACTIVIDAD POR F LIVE O YOUTUBE EN ESTE ENLACE:

Detalles para seguir la actividad

Información enviada a SURCOS por Mariano Sáenz.