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Dr. Fernando Villalobos Chacón*

Durante buena parte de los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando en Costa Rica se hablaba de las relaciones Iglesia-Estado, el concepto remitía exclusivamente al vínculo entre el Estado costarricense y la Iglesia católica. No podía ser de otra manera. La religión católica constituía no solo la fe mayoritaria de la población, sino también el eje espiritual y cultural sobre el cual descansaba buena parte de la vida pública nacional. Desde la colonia hasta bien entrado el siglo XX, la Iglesia católica ejerció una influencia determinante en la educación, la moral pública, los rituales cívicos y la legitimación simbólica del poder político.

La Constitución Política de Costa Rica reconoció históricamente a la religión católica como la religión oficial del Estado, condición que aún conserva en el artículo 75 constitucional. Sin embargo, las relaciones entre ambas instituciones nunca estuvieron exentas de tensiones. La historia política costarricense del siglo XIX estuvo marcada por múltiples episodios de conflicto entre los gobiernos liberales y la jerarquía eclesiástica. La secularización de los cementerios, la creación del Registro Civil, la laicización de la educación pública y las vacantes episcopales producto de disputas políticas evidenciaron una relación compleja, marcada por momentos de acercamiento, ruptura y negociación permanente.

A mediados del siglo XIX el presidente Juan Rafael Mora Porras abolió el cobro del diezmo y desató un agrio enfrentamiento con el obispo Anselmo Llorente y la Fuente, que desencadenó en su expulsión del país en 1858. Posteriormente la llamada era liberal del último tercio del siglo XIX impulsó reformas orientadas a disminuir la influencia eclesiástica sobre la vida pública. El Estado buscó consolidar su autoridad administrativa y política mediante instituciones civiles independientes de la tutela religiosa. Aquellos conflictos no fueron exclusivos de Costa Rica; respondían a un fenómeno latinoamericano más amplio en el cual los proyectos liberales intentaban modernizar las estructuras estatales y redefinir los límites del poder clerical.

Dentro de ese contexto histórico también surgieron restricciones a la participación política directa del clero católico. La Constitución de 1949 estableció limitaciones para que sacerdotes ocuparan cargos de elección popular, procurando evitar que la autoridad religiosa se confundiera con la autoridad política. Tales disposiciones estaban claramente pensadas para el clero católico, pues en aquella época las iglesias protestantes tenían una presencia mínima en el país y carecían de peso electoral significativo.

No obstante, el panorama religioso costarricense comenzó a transformarse aceleradamente durante el último cuarto del siglo XX. El crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes modificó profundamente el mapa de las creencias religiosas tanto en Costa Rica como en América Latina. El antiguo monopolio cultural del catolicismo empezó a ceder terreno frente a una diversidad creciente de expresiones cristianas, especialmente pentecostales y neopentecostales, que encontraron gran receptividad en amplios sectores sociales.

Así, el concepto tradicional de relaciones Iglesia-Estado dejó de referirse únicamente al vínculo entre el Estado y la Iglesia católica para ampliarse hacia una interacción más compleja entre el aparato estatal y múltiples iglesias de orientación cristiana (judeo-cristiana). La pluralidad religiosa pasó a convertirse en un elemento central del debate político contemporáneo.

El avance del protestantismo en América Latina ha sido notable. Países como Brasil, Guatemala, Honduras, Colombia y El Salvador muestran hoy porcentajes muy elevados de población evangélica, con una incidencia creciente en la vida electoral y parlamentaria. Costa Rica no ha sido la excepción. Aunque el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria, el crecimiento de otras confesiones cristianas ha reducido considerablemente la hegemonía religiosa que mantuvo durante siglos.

En el caso costarricense, las iglesias evangélicas han logrado construir estructuras organizativas con gran capacidad de movilización política y social. Algunas operan como microempresas, otras como empresas y algunas como verdaderas corporaciones. Las hay de capital nacional, algunas de corte familiar, otras tipo cooperativa y también algunas operan como transnacionales y responden a organizaciones con presencia en varios países bajo la figura de filiales, similar a una franquicia.

A diferencia del clero católico, las limitaciones constitucionales históricas no alcanzaron de igual forma a los liderazgos protestantes, situación que facilitó la aparición de partidos políticos vinculados a sectores evangélicos conservadores. Estas agrupaciones alcanzaron representación legislativa significativa y llegaron incluso a presidir en dos ocasiones la Asamblea Legislativa.

Uno de los momentos más representativos de este fenómeno ocurrió en las elecciones presidenciales del año 2018, cuando un partido de fuerte inspiración evangélica logró avanzar hasta la segunda ronda electoral, evidenciando la capacidad de este sector para disputar espacios de poder nacional. En distintos momentos, estas fuerzas alcanzaron hasta nueve diputados, consolidando un protagonismo político impensable décadas atrás.

En las recientes elecciones nacionales de 2026, la representación política vinculada a sectores protestantes conservadores pareció insertarse de manera más directa dentro del partido oficialista triunfador, reflejando nuevas formas de articulación entre religión y poder político. Este fenómeno confirma que las dinámicas religiosas continúan influyendo de manera relevante en la configuración electoral costarricense.

Pero Costa Rica no constituye un caso aislado. En Brasil, por ejemplo, el voto evangélico ha resultado decisivo en varios procesos presidenciales recientes y en la integración del Congreso Nacional. En Honduras, Guatemala y El Salvador, sectores protestantes han logrado una influencia considerable dentro de las estructuras gubernamentales. En Colombia también se observa una creciente capacidad de incidencia electoral de las iglesias cristianas no católicas.

Desde el punto de vista ideológico, el panorama latinoamericano revela interesantes contrastes. Históricamente, parte del clero católico ha mostrado mayor afinidad con discursos sociales cercanos a posiciones progresistas o de izquierda, especialmente a partir de la influencia de corrientes como la doctrina social de la Iglesia y, en algunos momentos, la teología de la liberación. Sin embargo, ello no significa necesariamente que los votantes católicos reproduzcan electoralmente esas orientaciones.

Por otra parte, amplios sectores del protestantismo latinoamericano han desarrollado discursos conservadores en materias éticas, familiares y culturales, generando afinidades más cercanas con partidos y movimientos de derecha. En Costa Rica, durante las elecciones presidenciales de 2022 y 2026, el voto evangélico mostró importantes inclinaciones hacia candidaturas identificadas con posiciones conservadoras, fenómeno similar al observado en otros países latinoamericanos.

Las relaciones entre Iglesia y Estado, por tanto, continúan atravesando procesos dinámicos de adaptación. Ya no se trata únicamente de la antigua tensión entre liberalismo y catolicismo que caracterizó el siglo XIX, sino de una realidad mucho más diversa, donde distintos credos religiosos buscan espacios de influencia dentro de sociedades democráticas cada vez más plurales.

A lo largo de la historia costarricense, estas relaciones han transitado por etapas de conflicto, acercamiento, cooperación y distanciamiento. Han existido momentos de abierta confrontación y también períodos de convivencia armónica. Como ocurre con muchos procesos históricos, la relación entre religión y política rara vez permanece estática; evoluciona según las transformaciones culturales, electorales y sociales de cada época.

En la actualidad, pareciera que sectores del protestantismo político disfrutan de una etapa de cercanía con el poder gubernamental y mantienen afinidades ideológicas con corrientes conservadoras latinoamericanas, mientras muestran mayor distancia frente a proyectos políticos de izquierda. Sin embargo, la historia enseña que las alianzas entre religión y política suelen ser cambiantes y responden a circunstancias específicas de cada coyuntura nacional.

Costa Rica continúa siendo un laboratorio particularmente interesante para observar la evolución de las relaciones Iglesia-Estado en América Latina. La convivencia entre tradición católica, crecimiento evangélico y pluralidad democrática plantea desafíos inéditos para el sistema político y para la propia cultura nacional.

Al final, la historia demuestra que ni las alianzas políticas son eternas ni las hegemonías religiosas permanecen intactas para siempre. Como un péndulo que oscila entre acercamientos y distancias, la relación entre Iglesia y Estado seguirá transformándose conforme cambien las sensibilidades sociales, los liderazgos políticos y las creencias de la ciudadanía. El tiempo dirá cuánto perduran las actuales convergencias y qué nuevas configuraciones surgirán en el futuro de la democracia costarricense.

Historiador y especialista en Geopolítica Internacional:
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