Etiqueta: Ley Indígena 6172

Coordinadora de Lucha Sur Sur
Comunicado público
Jueves 16 de febrero de 2023

En las habituales conferencias de prensa de los miércoles, el día de ayer 15 de febrero el presidente Rodrigo Chávez emitió una serie de comentarios y aseveraciones que evidencian un desconocimiento profundo sobre el tema de la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas y de los procesos de recuperación de tierras – Territorios y ponen de manifiesto percepciones discriminatorias hacia estos Pueblos.

De cara a la gira que tendrá la comitiva gubernamental del viernes 17 al martes 21 de febrero a la zona sur donde viven 5 Pueblos Originarios en 12 Territorios, el mandatario aseveró que ningún gobierno hasta la fecha había puesto un solo colón desde 1977 de presupuesto para compensar a gente que compró con título, plano catastrado y con el aval de la Comisión de Asuntos Indígenas (CONAI) y del Registro Nacional, continúa el Presidente diciendo que van a negociar con ambas partes, que llevan un plan, dinero para compensar, que se estarían utilizando 1000 hectáreas para negociar con personas no indígenas de buena fe como las que describió.

Sobre este primer grupo de aseveraciones y promesas, se debe aclarar, que aunque de manera insuficiente, no sistemática y con problemas de corrupción desde la emisión de la Ley Indígena 6172 de 1977 distintas administraciones han indemnizado a personas no indígenas por tierras que estaban en los Territorios Indígenas así establecidos legalmente, lo cual consta en documentos públicos, investigaciones académicas y ampliamente conocido por las personas de Pueblos originarios o no de estos Territorios y de la zona sur en general; por supuesto que el Estado no ha cumplido al día de hoy con su obligación, pero, es absolutamente falso que este gobierno sea el primero que vaya a realizar tales indemnizaciones.

Que personas no indígenas hayan realizado compra y ventas de tierras dentro de los Territorios con escrituras, planos, con el aval de CONAI y el Registro Público, no los hace ser “poseedores de buena fe” aunque al mandatario así le parezca o así lo quiera hacer ver; suponemos que el mandatario y su equipo conocen el artículo 3 de la Ley indígena el cual dicta: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.

En este sentido el reciente fallo N. 2022024725 del 19 de octubre de 2022 de la Sala Constitucional establece: “carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida… Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible… la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico”.

Son varias las ocasiones en las que miembros del Ejecutivo y por medio de la Mesa Técnica Interinstitucional para Pueblos Indígenas indican que tienen un plan y que tienen recursos para atender el problema de la ocupación ilegal de los Territorios, sin embargo, hasta este momento no se ha dado a conocer ningún documento oficial a los Pueblos Originarios, ni a la ciudadanía en general; además es sabido por estos Pueblos, los habitantes de la región sur y así lo tienen que haber demostrado los estudios del Plan RTI, el problema fundamental no son los poseedores de buena fe, que son los mínimos, el problema fundamental es la ocupación ilegal de los Territorios por parte de personas y empresas poseedoras de mala fe según el bloque de constitucionalidad, la resolución de la Sala Constitucional citada y así señalado por los Relatores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2011 y 2022), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Medidas Cautelares 321-12 del 2015 sobre Costa Rica y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU; Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de la ONU para los derechos humanos, dijo en diciembre del 2022 en visita a Costa Rica que le preocupa que «una gran parte de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas siguen siendo ocupados por personas no indígenas», e instó al Gobierno a «acelerar» esfuerzos para restituir esas tierras.

Posteriormente el mandatario también emitió desafortunadas y racistas declaraciones que en resumen exponemos: “Les vamos a advertir a ciertos grupos indígenas minoritarios que están queriendo tomar la ley en sus manos, incitados por extranjeros y gente de ideologías contrarias a la de la mayoría de Costa Rica, a hacer tomas forzosas, matando ganado, macheteando ganado, incendios, ya ha habido dos muertes… Si alguien que va y le quema la casa a alguien en una recuperación forzosa de territorio, no se da cuenta que eso se judicializa…”

Parece ser que el discurso de odio, violencia y racismo de los ocupantes ilegales de los Territorios, sus seguidores y grupos violentos afines se instaló en Casa Presidencial; repite el Presidente las gastadas frases neocoloniales y preconceptos en las que los Pueblos Originarios son incitados o manipulados por otras personas, lo que en el fondo refleja un pensamiento discriminatorio según el cual estos Pueblos no pueden organizarse, pensar y ejercer sus derechos por sí mismos, sino que necesitan de terceros para ello.

Suponemos que el jefe del Ejecutivo tiene estudios para demostrar que las familias recuperadoras de los distintos Territorios, sus objetivos y esperanzas son minoritarios dentro de estos Pueblos y esperamos que si se atreve a decir que hay “extranjeros” no indica si personas o grupos, actuando ilegalmente, impulsando y forzando a las familias recuperadoras a cometer ilícitos, cumpla con su deber legal como funcionario público de brindar la información necesaria a las instancias administrativas y judiciales pertinentes para que estas actúen conforme al bloque de legalidad, de lo contrario, el ilícito lo estaría cumpliendo el mandatario mismo.

Por último, parece ignorar o le han ocultado al presidente de dónde vienen las agresiones y violaciones a los derechos humanos en los que los Pueblos Originarios han sido víctimas de racismo, discriminación y violencia estructural, sistémica y sistemática como lo han denunciado pública y judicialmente organizaciones propias de estos Pueblos y organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

En este sentido señaló el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU actual, en su Informe acerca de su visita a Costa Rica en el 2021, indica en el apartado de conclusiones y recomendaciones: “91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”.

Son múltiples las agresiones en contra de las familias recuperadoras que ante la inacción del Estado decidieron ejercer su derecho colectivo a la tierra – Territorio amparadas en su historia, cosmovisión, cultura, derecho consuetudinario, los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad; agresiones que han derivado en el asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y de Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térrba, numerosas tentativas de homicidio y de amenazas de muerte contra recuperadoras y recuperadores, así como quema de casas y cultivos, hechos denunciados publica y judicialmente y que siguen en una vergonzosa impunidad.

No son las familias recuperadoras las perpetradoras de actos violencia como irresponsablemente señala el mandatario, son grupos organizados que ejecutan ataques en turba o masivos como los ocurridos en el Liceo de Térraba en el 2012, en Salitre en el 2014 o en Térraba y China Kichá en el 2020, agresiones que denotan necesariamente organización y financiamiento para su ejecución.

Instamos al Presidente a que se informe y asesore de mejor manera para no repetir estas desafortunadas, racistas y discriminatorias declaraciones y que cumpla con sus obligaciones; que indemnice o reubique a los pocos poseedores de buena fe todavía existentes y que inicie con los procesos de desahucio administrativo contra los ocupantes ilegales priorizados por cada Pueblo, el cómo hacerlo está establecido en la Ley Indígena y su fundamento fue recientemente ratificado por la Sala Constitucional, así que solo es de tener voluntad política y actuar.