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Etiqueta: Ley Indígena

Pablo Sibar ofrece informe del Consejo Brörán e invita a participar en un convivio de hermandad

Quiero contarles un poquito de lo que estábamos haciendo en nuestro Consejo Brörán.

Terminamos el año pasado con una muy buena noticia de la Sala Constitucional sobre la acción de inconstitucionalidad que habían presentado los finqueros contra la ley indígena.

Además, un informe del relator de la ONU donde consta que nosotros no reconocemos a la Asociación de Desarrollo Integral como gobierno local, ya que es la culpable de que las tierras estén en manos de no indígenas.

Y este año, que, aunque duele, se da el primer juicio que hace justicia, porque siempre la justicia nos ha invisibilizado. Las resoluciones del señor juez Céspedes ahora habla de los derechos indígenas.

Como Concejo Brörán logramos hacer el Cuarto Congreso de la Nación Brörán , también programamos varias caminatas a los sitios sagrados, iniciamos el 21 de enero.

Hubo muchos audios de odio hacía nuestras recuperaciones.

Para la luna llena de marzo estamos programando la segunda caminata a la laguna de Karsi.

Nos aprobaron la construcción de un rancho cultural, para el cual estaremos empezando la corta de la madera y palma desde la primera menguante de febrero, así que esta invitación es para los no indígenas que han compartido nuestras luchas y vivencias y se han solidarizado con nuestros derechos siempre en el mutuo respeto.

Así que les invito a poner un granito de arena para que nuestro Concejo Brörán siempre siga adelante. Los días que estemos trabajamos los convertiremos en un convivió de hermandad.

Y recuerden que las puertas del UTLALA siempre están abiertas para todas y todos los Brörán y los no Brörán solidarios y respetuosos en nuestras luchas, por lo que los invitamos a compartir con nosotros.

La lucha sigue y sigue. Sergio y Jerhy viven y viven. Adelante con nuestras recuperaciones.

Pablo Sibar Sibar.

UCR celebra fallo que anula compraventa de tierras indígenas por parte de personas externas

La promulgación de la Ley Indígena en 1977 marca un precedente para la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas. Imagen con fines ilustrativos: comunidad indígena guaymí, Alto Conte, Golfito. (Foto: Anel Kenjekeeva, ODI)

Alejandra Amador Salas, Periodista

Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario a finales del año 2022, la Universidad de Costa Rica (UCR) celebró el fallo de la Sala Constitucional que declara la nulidad de todas las compraventas de tierras por parte de personas no indígenas dentro de los territorios de estas poblaciones, realizadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley Indígena en 1977.

Esta Ley establece en su artículo 3 que Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas.

Pese a la claridad de la legislación, el señor Rodrigo Aráuz Figueroa interpuso en el año 2021 una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, en relación con dicho artículo. Sin embargo, el 19 de octubre 2022, la Sala Constitucional declaró sin lugar esta acción, por mayoría.

Ante esta situación, la UCR considera que la normativa nacional e internacional, los derechos humanos de los pueblos originarios y la resolución de la Sala Constitucional reflejan la necesidad de que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial intervengan con celeridad y procedan con los desahucios correspondientes para que estas poblaciones recuperen sus tierras y que no haya violencia durante el proceso.

Desde hace más de 10 años, el Consejo Universitario ha visibilizado las situaciones que han vivido los pueblos indígenas costarricenses con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras y recursos. Asimismo, ha instado al Gobierno de la República a tomar medidas contundentes para proteger a esta población tan vulnerable.

Un fallo que honra la vida de Sergio Rojas Ortiz

Por Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo ITCR-ecologista FECON

El fallo No. 2022024725 de la Sala Constitucional del 19 de octubre de 2022 reafirma lo que la Sala Primera había reconocido con total claridad en al menos catorce sentencias: que dentro de los territorios indígenas desde la entrada en vigencia de la Ley Indígena N° 6172, publicada en La Gaceta N° 89 del 10 de mayo de 1978, cualquier “venta o compraventa de propiedades es absolutamente nula», como dijo el magistrado Fernando Castillo. La Sala IV reconoce el derecho de los pueblos originarios al rechazar un recurso contra algunas resoluciones de la Sala Primera, mediante las cuales esta Sala había rechazado la pretensión de ocupantes ilegales de consolidar esos negocios de “mala fe”.

La violencia generada por la usurpación de los territorios originarios y el no reconocimiento de la Ley indígena y de otras leyes nacionales, lo mismo que de convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, han impedido poner en práctica lo que con toda claridad señala el artículo 3 de la Ley indígena: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.

El fallo de la Sala IV limpia la dignidad de Sergio Rojas Ortiz, pisoteada y vilipendiada en razón de su lucha. Reconfirma que Sergio en esta materia siempre tuvo la razón, que ninguno de sus argumentos estaba errado, que tenía total conocimiento de la legislación nacional e internacional en la que respaldaba cada una de sus acciones, que el derecho consuetudinario y cultural de los pueblos originarios también era y sigue siendo válido, y que su muerte no fue más que una expresión de todas las formas de violencia que han soportado los pueblos originarios.

Este fallo reivindica la lucha que Sergio mantuvo por décadas con cientos de personas indígenas en medio de descalificaciones de los gobiernos y de la institucionalidad. Y tal vez, uno de los aspectos al que más hay que poner atención, es que cuando Sergio fue encarcelado por 7 meses sin que nunca se le hiciera una acusación formal, estaba enfrentando clara y directamente el racismo, el odio y la persecución que alguno.as funcionario.as del Poder Judicial descargaban contra él y contra los pueblos originarios. Es por racismo que se siguen negando los derechos de la gente indígena y se juzgan las usurpaciones como disputas ordinarias de derecho agrario.

La inteligencia de Sergio se fundía con su sabiduría y su paciencia segura y silenciosa ante las agresiones, y esto resultada desconcertante para sus enemigos abogados, jueces, carceleros y terratenientes usurpadores; y hasta para la gente indígena que no compartía su trabajo. Sin embargo, esas fueron las cualidades que le dieron arrojo hasta el último minuto de vida en las montañas de Yeri donde lo acribillaron. De alguna manera el odio con que lo mataron se empequeñece con este fallo de la Sala Constitucional. Sergio y la gente indígena que sigue defendiendo sus derechos siempre han tenido la razón, y su muerte, y la de Jerhy Rivera Rivera, sólo se explican por el racismo que con distintas expresiones persiste en una parte de la sociedad costarricense y, desgraciadamente, en alguna parte de la institucionalidad insensible e deliberadamente negligente.

Otra de las hazañas de Sergio Rojas Ortiz fue trabajar por los derechos legítimos de sus pueblos desde la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre. Llegar a presidir esa ADI fue por sí sólo un reto que siempre había sido impensable para la mayoría de la gente indígena, aun cuando querían desprenderse de los controles “sikuas”/no indígenas. Esos eran tiempos en que, sin tapujos, las ADIs de los territorios indígenas eran manipuladas, controladas y dirigidas sin el menor cuidado por entidades como la Comisión nacional de asuntos indígenas (CONAI), DINADECO, ministerios, partidos políticos y hasta terratenientes ocupantes ilegales de tierras indígenas. “Hubo muchos casos en que los mismísimos finqueros eran presidentes de las ADIS dentro de nuestros propios territorios, y nosotros estábamos por debajo de ellos, como aplastados, la mayoría de la nuestra gente estaba con miedo y sin fuerzas para hacer alguna resistencia”; así lo reconocen Pablos Sivas Sivas y otras personas que estuvieron con Sergio por décadas pero mucho más luego del 2010, cuando las recuperaciones se convirtieron en la acción directa de hacer valer derechos jurídicos y culturales en su propia tierra.

Romper con el dominio sikua de las ADIs era romper con un cimiento del colonialismo viejo y moderno. Eso supuso enfrentamientos con todo en “andamiaje” del Estado, y también con mucha gente de los propios pueblos. De hecho, hasta hoy persisten las confrontaciones entre ADIs y Consejos de Mayores que son la forma cultural de organización indígena, sobre si son o no legales las recuperaciones. En esa disputa está quedando claro que los Consejos de mayores que siguen la línea de trabajo de Sergio Rojas tienen la razón.

Cuando Sergio estuvo al frente de la ADI de Salitre se inició una fase histórica para los pueblos originarios. Su presidencia en la ADI le permitió a la gente indígena comprender que a pesar de que esas organizaciones se implantaron para sustituir sus organizaciones culturales, se podían usar para recuperar y defender sus derechos. Eso fue algo que jamás le perdonaron. Efectivamente, Sergio actuó con una determinación descomunal y una inspiración que estimuló a su pueblo. Desde esos años Sergio tuvo la claridad que hoy reafirman las instancias jurídicas de mayor rango en el país. Su ausencia de miedo y su certeza se podrían resumir en la pregunta que él mismo le hacía a la gente que quería sumarse a las recuperaciones: “¿Están dispuestos a morir?”. Esa misma pregunta se la siguen haciendo hombres y mujeres recuperadoras que hoy viven en vilo, “con un ojo cerrado y el otro abierto”, porque las agresiones no han terminado. Pero a pesar de la inseguridad, lo que sí se reconoce en los territorios recuperados es que hay muchas semillas de Sergio germinando.

Sergio no se esperó a resoluciones para ejercer sus derechos y estaría celebrando este fallo sin dejar de afilar las herramientas para recuperar más tierras. Con la sentencia de la Sala IV se reafirma que es correcta la acción de los pueblos que están ejerciendo justicia por su propia mano, recuperando su tierra en Saka Duwë Senaglo, Seglö Kaskä, Kono Jú, San Andrés, Crun Shurin, Yuwi Senaglo y Kelpego. Aunque el fallo no es el fin de este proceso, sí es una señal concreta de que se pueden recuperar la tierra y los derechos de los pueblos originarios que fueron negados por siglos.

Este fallo contribuye a limpiar la ultrajada vida de Serio Rojas Ortiz y ojalá sea un refuerzo para que la sociedad costarricense supere todas las formas de discriminación y racismos contra los pueblos originarios. Eso implica conocer los derechos de estas personas, como los establecidos en la Ley indígena. Ya no hay pretexto para que todas las tierras usurpadas desde que entró en vigencia la Ley indígena no sean devueltas a los pueblos originarios que son sus legítimos dueños. De nuevo se ponen a prueba la voluntad y la capacidad de la institucionalidad de Costa Rica, y especialmente de quienes deben actuar para hacer valer esos derechos. ¿Con qué fundamento un tribunal de menor rango podría juzgar en sentido contrario de lo sentenciado tantas veces por la Sala Primera y ahora por la Sala IV?

El fallo es un avance muy importante pero no elimina las dificultades, como se comprueba con el rechazo y las controversias que ya se exponen, por ejemplo, en un audio que circula en Buenos Aires de Osa, cuyo emisor desconocemos: “Si ese artículo (el 3) de la ley estuvo malo , la gente no tiene la culpa porque la mayoría de la gente no conoce las leyes y los abogados desconocen un montón de normas que no se deben aplicar…”

“…aquí no existe ningún poseedor de mala fe todos son de buene fe…,…entraron a ejercer derechos…todos comprados…”.

“…ya están llenando las arcas los Arburola y otro grupo ahí para pedirle plata a la gente para hacer otro juicio y perderlo”.

Manifestación contra la violencia y la impunidad

Concentración frente al Poder Judicial miércoles 26 de enero 12:00 mediodía

Más de 100 personas miembros de más de 50 organizaciones indígenas, ecologistas, feministas, culturales, académicas, agroecológicas, campesinas, estudiantiles, laborales, artistas, ecuménicas, etc., se pronunciaron contra la impunidad y la violencia a indígenas, ecologistas y mujeres mediante un manifiesto denominado: ¡Sin Justicia no hay Democracia! y se concentrarán mañana miércoles 26 de enero al mediodía frente al Poder Judicial en San José.

El documento señala que “el sistema judicial de Costa Rica además de ser inoperante: es racista, es machista, y es una vergüenza viciada de burocracia que ha abandonado a los grupos más desprotegidas y a las mujeres del país. La pandemia no nos detendrá para exigir justicia: con tapabocas y buena distancia social nos vamos para la calle a exigir la justicia que nos han negado”. 
Las personas manifestantes enlistan casos de impunidad en los asesinatos de los lideres indígenas Sergio Rojas, Jerhy Rivera, así como el reciente intento de asesinato a machetazos a Leonel García, indígena cabécar de Bajo Chirripó, además de una lista de al menos cinco lideres indígenas y catorce amenazados de muerte en los últimos años. Recuentan el caso emblemático de Alcides Parajeles, campesino ecologistas que lo han vuelto a amenazar, y su vida peligra por defender la naturaleza de Osa.

Les preocupa, además, la inseguridad para las mujeres y el repudiable aumento de los casos de violaciones y feminicidios, principalmente en el Caribe Sur y el Pacífico Norte, sin que la justicia resuelva de forma pronta y cumplida ninguno de los casos.

Exigen a la Corte Suprema de Justicia: “No más impunidad a los asesinos, agresores y violadores. Porque la impunidad propicia la repetición crónica de la violación a los Derechos Humanos. Solicitan que se esclarezcan los asesinatos de Jerhy Rivera y Sergio Rojas y se dicten sentencias que hagan justicia pronta y cumplida sobre los asesinos. Se considera necesario investigar estos asesinatos y el conjunto de agresiones sufridas por las comunidades indígenas como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Además, piden cárcel para el agresor de Leonel García y que se resuelva de forma expedita el expediente número 21000036-0465-AG-4, ya que la demora en este caso ha permitido mantener la ocupación ilegal del agresor de Leonel García dentro del territorio indígena cabécar.

Solicitan que se “esclarezca las violaciones que han sucedido en Nosara y Puerto Viejo en el 2021-2022 y se facilite de parte del Estado el apoyo a las víctimas para que puedan obtener justicia pronta y cumplida. Se considera investigar el conjunto de agresiones en cada una de estas comunidades como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre los distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Finalmente, solicitan que se “brinde protección y apoyo para la interposición de denuncias a las víctimas de violaciones, amenazas de muerte y agresiones sin que la víctima tenga que desplazarse. Que sea la Justicia quien llegue a la víctima de manera pronta en seguimiento de protocolos claros y oficiales”.

Organizaciones y personas firmantes

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Asociación Voces Nuestras, Bloque Verde, Buen Vivir Costa Rica, Buen Vivir, El Rodeo de Mora, Costa Rica, Coecoceiba-Amigos de la tierra CR, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Colectiva hijes de la mar Zulay Mora, Colectivo Comunicacional La Voz, Colectivo Radio Machete, Colectivo Vamos a Sembrar Comida de Campo verde Conte Burica, Comunidad Hierba Buena, Concejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Confederación Unitaria de trabajadores CUT, Coordinadora de Lucha Sur Sur, Corredor Biológico COBRISURA, Corredores Biológicos de Cartago, CR Solidaria, Departamento ecuménico de investigaciones, El Garaje de Tiquicia, Frente Ecologista de Cipreses, Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica, Grupo artístico Prisma ,Guanared Costa Rica, Handmaids Costa Rica, Huerta de Berta O Istmo Articulación Centroamericanista /GT CLACSO, Junta de Salud Tibás, Justicia Paz e Integridad de la Creación, Justicia Pronta y cumplida, Movimiento Ríos Vivos, Mujeres en Acción, Nuestra América Unida, AUNA, Programa de Gestión Local UNED, RALLT, Red Agroecología, Red de Coordinación en Biodiversidad, Representante de la ciudadanía civil, Garabito, Puntarenas,

Alexis Rodríguez Brenes, Allen Mora, Angélica Alvarado Barrantes, Antonio Arriaga Madrigal, Carlos Coto Rodríguez, Carmen Eugenia Quesada Vargas, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Carolina Mora Chinchilla, Clara Gabriela Meyra Segura, Daniel Reyes Pérez, David Solís Aguilar, Denia Román Solano, Edison Valverde Araya, Efraín Sebastián Rojas Artavia, Elizabeth Bravo, Fabián Figueroa Sánchez, Fabián Pacheco Rodríguez, Fabián Soto Marín, Fanny Reyes Ortiz, Flor Morales Segura, Flora Fernández Amón, Francisco Rodríguez Bejarano, Gabriela Chacón Madrigal, Gina Morales Garro, Guadalupe Urbina Juárez, Guido Barrientos Matamoros, Gustavo Oreamuno Vignet, Héctor Ferlini-Salazar, Henry Picado Cerdas, Hugo Soto Tapia, Isabel Méndez Garita, Israel Azofeifa Retana, Ivo Cussianovich Echeverria, Jaime E. García González, Javiera Aravena Bergen, Jeffrey Peytrequín Gómez, Joaquín Tapia Arenas, Johanna Solano Segura, Jordan Andrés Vargas Serrano, Jorge Osvaldo Calvo Rodríguez, José Andrés Zúñiga Chavarría, Jose Antonio Ramirez Aguilar, Juan Antonio Gutiérrez Slon, Juan Diego Caamaño Bedoya, Julio Madriz Núñez, Karol Montero Rony, Lucia Jara Garreta, Luis Monge Arrieta, Macarena Barahona Riera, Mauricio Alvarez Mora, Manuel Zumbado Arrieta, Marcela Dumani Echandi, María Estela Aguilar Corella, María Eugenia Román Mora, María Hernández, María Isela Arroyo Fuentes, María Nieves Barahona Riera, Mariano Sáenz Vega, Marta Chacón Mora, Melissa Chinchilla, Melvin Andrade Velásquez, Miguel Céspedes Araya, Miguel Cespedes Araya, Mónica Alvarado Barzuna, Natalia Chaves Vargas, Natalia Sandi Peña, Natalia Serrano Álvarez, Osvaldo Durán castro, Pamela Campos Chavarría, Paolo José Nájera Rivera, Pedro Salguero Aguilar, Rafael Barrantes Bonilla, Rebeca Arguedas, Renier Canales Medina, Ronulfo Morera Vargas, Selene Jiménez Valverde, Silvia Rodríguez Cervantes, Verónica Sheehan, Virginia Acuña Montero, Wilson Arroyo, Wilson Méndez Mora, Ximena Paz Cedeño de la Cruz, Xiomara Esquivel Vargas, Yasy Morales Chacón, Yuliana Reyes, Zeidy Rodríguez Guerra

Manifiesto completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemkCaTVER17WZLGvMNuN3ZVzYkStAItxweDKPV1z41rmYt6w/viewform

Video convocatoria: https://www.facebook.com/bloqueverdecr/videos/355685266483698

Pueblos indígenas sufren retroceso en derechos humanos

Luis Fernando Astorga Gatjens

En los últimos años, el país ha venido avanzando como el cangrejo en muchos campos, incluido el de los derechos humanos. Lo que ha sido motivo de orgullo y prestigio internacional se ha venido erosionando con el concurso de distintas administraciones gubernamentales, del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa.

De ese progresivo deterioro pueden dar cuenta los pueblos indígenas de Costa Rica, que han sido y son presa fácil de un racismo cada vez menos disimulado. Lo que hubo de sufrir Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó, el 30 de diciembre anterior, es un reflejo tan notorio como indignante de una grave violación de sus derechos, que se busca cubrir con el manto racista de la impunidad.

Dos hombres no indígenas de apellido León, padre e hijo, ajenos e intrusos en el Territorio de los Cabécar, que ocupan en forma ilegal terrenos en ese territorio, agredieron con machetes en mano a García Segura, propinándole múltiples heridas en todo su cuerpo, que lo llevaron a Cuidados Intensivos del Hospital Tony Facio. Pero mientras el brutalmente agredido luchaba por su vida, los dos agresores que ya le habían amenazado de hacerlo picadillo, se encontraban libres con la venia de las autoridades judiciales. Este hecho atroz, motivado por el odio y la discriminación, debe ser causa de repudio y de reclamo inmediato de justicia.

Existe un expediente judicial que debe dar la razón a Leonel García en contra de los usurpadores, que han mantenido la ocupación ilegal del terreno, pero ante la demora, negligencia e inacción de los responsables judiciales de apurar la resolución, los León han querido imponer su aberrante ley con una acción de extrema violencia. Ya antes lo habían amenazado con hacerlo picadillo. Cuando deberían haberse dictado medidas cautelares para proteger la integridad física y la vida de Leonel García, el proceso avanza con una pasmosa lentitud.

Esta es otra pieza más del rosario de injusticias que han venido enfrentando los pueblos indígenas, sin que esta situación muestre cambio alguno.

Los antecedentes de este tipo de actos hay que situarlos en el año 1977, cuando fue aprobada la Ley Indígena de Costa Rica Nº 6172, a través de la cual se buscó regular temas como la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas. Mediante esta norma, el Estado costarricense reconoció el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios. En la ley que tiene ya 44 años, en su momento se delegó al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la resolución del problema de apropiamiento ilegal de tierras por parte de personas no-indígenas.

La devolución de los territorios indígenas a los pueblos originarios es un compromiso clave e ineludible contenido en esa ley. Sin embargo, los años han venido pasando y ese compromiso no se ha cumplido. Gobierno tras gobierno lo han venido posponiendo, fruto de las presiones políticas de terratenientes que usurpan ilegalmente esas tierras. La discriminación ancestral es la que ha marcado la pauta.

Pero el incumplimiento del Estado de una ley tan añeja en su promulgación, no se queda ahí. También se han venido incumpliendo un conjunto de disposiciones del Sistema de Naciones Unidas, contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio indica que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. Igualmente, este instrumento jurídico internacional fija que los Estados “deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios”.

La justa lucha por lograr que los territorios indígenas vuelvan a las manos de sus legítimos dueños ha generado dolor, luto y sangre de luchadoras y luchadores indígenas. Así lo testimonian los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, de Jehry Rivera y de varias tentativas de homicidio contra otros líderes.

Múltiples hechos que forman parte de esa injusticia han sido debidamente documentados y denunciadas ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, actuando la Defensoría de los Habitantes como testigo; empero todas estas denuncias han sido archivadas por la Inspección Judicial. No ha habido justicia, y cuando se insinúa, no ha sido ni pronta ni cumplida.

Con ello la impunidad le ha venido ganando la batalla a la justicia. Y de esta manera se ha alentado a los usurpadores a que sigan agrediendo a mansalva a los pueblos originarios y atropellando sus derechos. Mientras tanto las autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo siguen mirando para otro lado, haciéndose cómplices de una injusticia que pone en entredicho a la democracia costarricense.

Algunos en el país (incluidos candidatos presidenciales y candidatos a diputados) siguen viviendo en una Costa Rica paralela, en la que algunos logros y avances en derechos humanos, eran reales. Pero lo que fue ya no es. Los derechos humanos contenidos en normas nacionales o internacionales, se alejan cada vez más de su cumplimiento efectivo. Mucho ruido normativo y pocas nueces en su implementación.

No emerge otro camino que no sea el de la lucha social para que el brillo de un Estado Social de Derecho, respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, pero priorizando a las minorías perseguidas y discriminadas, vuelva a singularizar a este país que se nos está yendo de las manos.

(17 de enero, 2021)

Consejo iríria sat kök comunica

SURCOS comparte la siguiente información:

Al pueblo bribri del territorio ancestral Yabami- DI conocido como Cabagra. A los pueblos originarios, estados de Costa Rica y la comunidad internacional.

«Damos a conocer que al ser el día domingo catorce de noviembre del año dos mil veintiuno, hombres y mujeres reunidos en el lugar conocido en nuestros propios idiomas Sutb ketbeta perteneciente a los clanes originarios ancestrales:

1- Sulari wak
2- Duriwak
3- Diwó wak
4- Uni wak
5- Usekól wak
6- Túbol wak
7- Búlbo wak
8- kólki wak
9- Tuari wak

Pertenecientes al territorio Ancestral Yabami Di. donde cada uno tiene un significado importante en la cultura Bribri la cosmovisión milenaria.

Hemos decidido conformar una organización territorial bajo el nombre de Consejo Riña Satkok, como estructura autónoma propia amparado jurídicamente por los “convenios internacionales de la OIT. Número 169 y la Ley Indígena número 6172. El consejo territorial de acuerdo a nuestra cosmovisión y cultura Bribri, con la visión de restaurar la paz social y defender los derechos del territorio, de las indígenas y nuestra autonomía propia, como autogobierno del pueblo Bribri y los nueve clanes del territorio conocido como Cabagra.

A su debido tiempo estaremos compartiendo información sobre el que hacer y forma de nuestra organización y cómo vamos a luchar y apoyarnos con organizaciones aliadas en apoyo a nuestra autonomía.

Dirección:

Correo electrónico: Consejoiniasalkok@gmail.com

Facebook: Consejo iririasatkok

Situación de los derechos humanos de los pueblos originarios del sur de Costa Rica

Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS comparte la invitación al Foro “Situación de los derechos humanos de los pueblos originarios del sur de Costa Rica”, a realizarse el martes 7 de diciembre de 2021 – 5:30 pm y a la conferencia de prensa el miércoles 8 de diciembre de 2021 – 9:30 am sobre la situación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios del Sur Sur de Costa Rica.

Ambas actividades se desarrollan en ocasión de la visita oficial a Costa Rica del Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Contaremos con la participación de:

– Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wákpa – Territorio Bribri de Salitre.

– Consejo Iriria SätKök – Territorio Bribri de Yabamí Dí (Cabagra).

– Personas voceras NasoBrörán de San Andrés y Crun Shurin en Térraba.

– Personas voceras Cabécares de China Kichá.

Las actividades serán en el Instituto Tecnológico, Campus San José (Calles 5 y 7, Av 9 y 11, Bo Amón).

Publicación en: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/418724833076254/

Festival de Cultura Cabécar

El pasado 28 de noviembre la Comisión Cultural Cabécar de China Kichá (Pérez Zeledón), realizó el Festival Cultural Cabécar China Kichá para celebrar las recuperaciones de tierra y compartir vivencias de luchas con otros hermanos y hermanas indígenas.

Se realizaron juegos tradicionales (picada de leña, la pesca, la jalada de tuca, la competencia de la chicha), talleres sobre la cosmovisión, cultura, medicina tradicional, exposición de artesanías y comidas tradicionales.

Publicación en: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/417261549889249/

Festival de Cultura Cabécar este domingo 28 de noviembre

La Comisión Cultural Cabécar de China Kichá (Pérez Zeledón), le invita al Festival Cultural Cabécar China Kichá para celebrar las recuperaciones de tierra y compartir vivencias de luchas con otros hermanos y hermanas indígenas.

El Festival se celebrará el 28 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Habrá juegos tradicionales (picada de leña, la pesca, la jalada de tuca, la competencia de la chicha), talleres sobre la cosmovisión, cultura, medicina tradicional, exposición de artesanías y comidas tradicionales.

Hay que recordar que las recuperaciones de tierra han sido procesos de lucha por parte de las personas indígenas para defender sus derechos, su cultura y sus territorios. Según las personas representantes de la comunidad “las recuperaciones comenzaron desde 2018 ante la falta de avances del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI), que en 2016 tenía un plazo para realizar los procesos”.

Ante el incumplimiento sistemático de la Ley Indígena y los planes para hacerla cumplir, en mayo del 2019, un grupo de 16 familias decidieron recuperar la primera propiedad de 250 hectáreas, y la bautizaron “Kono Jú” o “casa de tepezcuintles”.

Los habitantes de este territorio indígena explican: “éramos extranjeros en nuestro propio territorio”. Agregan que “hace como tres años no teníamos ni dónde poner una mata de maíz o de yucay  teníamos que alquilar nuestra propia tierra para poder hacerlo. En dos años hicimos lo que el Estado no ha hecho en 40”, refiriéndose al incumplimiento de la ley indígena de 1977.

Un estudio hecho por la organización Forest People Programme (2014), de las 1.100 hectáreas que conforman el territorio, el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población cabécar. Los cabécar apenas tenían 33 hectáreas en su poder.

Sin embargo, según la población indígena dice que esta cifra fue casi del 100%, “sólo nos quedaron los lotes donde están la mayoría de casas de la comunidad indígena”.

Hasta el momento se han realizado cinco recuperaciones que han permitido tomar posesión de más de 600 hectáreas, por lo que faltan unas 400 hectáreas para recuperar la totalidad del territorio según estimaciones de la población indígena.

Por esta razón, el Festival Cultural Cabécar China Kichá busca traer a la memoria estos procesos de lucha y compartir el nuevo renacer del territorio China Kichá.

Para más información puede contactar a Jeison Rios Rios (8556 5110), Pablo (8688 7716) y Doris Rios Rios (8704 9384).

¿Cómo llegar?

Si están en zonas cercanas se puede llegar mediante transporte privado a China Kichá desde la ciudad de Pérez con un costo promedio de 13 mil colones, por eso es mejor venir en grupos para abaratar los costos.

Por medio del bus, la forma más fácil de llegar es tomar bus de 5:30 de la tarde el sábado en la terminal.

Google Maps: https://www.google.com/maps/place/San+Jos%C3%A9+Province,+China+Kich%C3%A1/@9.1833324,-83.5175096,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8fa6a97bbb647339:0x19891c4e5c6e5d2c!8m2!3d9.183333!4d-83.5

Waze: https://www.waze.com/es/live-map/directions/china-kicha-san-jose-costa-rica?to=place.ChIJOXNku3uppo8RLF1uXE4ciRk

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales

Atacan a recuperadores en Yāmabï Dï (Cabagra)

Comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur Sur

-Atacan a recuperadores en Yāmabï Dï (Cabagra).
-Fuerza Pública abandonó el puesto y los dejó solos.

Miércoles 24 de noviembre de 2021. Pese a las denuncias públicas que hicieran las y los recuperadores y el Concejo Iriria Sät Kök de amenazas y la creciente aglomeración de personas extrañas al Territorio, en las cercanías del terreno recuperado el día de ayer por Elí Ortiz Torres y familia en San Rafael de Cabagra; los efectivos de la Fuerza Pública que estaban en el sitio, abandonaron el lugar.

A las 3 de la mañana se retiró la primera unidad y cerca de las 5 de la mañana uno de los oficiales que quedaban se acercó a la turba de agresores y luego se retiró del terreno recuperado la unidad que quedaba.

Inmediatamente inició el ataque contra las y los recuperadores con armas de fuego y morteros, ante lo cual las y los recuperadores tuvieron que huir perseguidos por la turba de matones que los perseguían con palos.

Dichosamente no hubo heridos/as y los/as recuperadores se encuentran bien.

Una vez más la Fuerza Pública actúa en total complacencia con los ocupantes ilegales de tierras dentro de los Territorios de los Pueblos Originarios y el Estado de Costa Rica demuestra su desprecio y su absoluta incapacidad y falta de voluntad política para garantizar la vida e integridad de estos Pueblos.

Hacemos responsables de esta agresión y violación a los derechos humanos de los Pueblos Originarios al Estado de Costa Rica y específicamente a los Viceministros Randall Otárola y Carlos Andrés Torres de Presidencia y Seguridad respectivamente y a los mandos policiales de la zona, que estuvieron totalmente informados del conflicto y no hicieron nada para evitar la agresión, pese a las denuncias públicas que se realizaron.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Concejo Iriria Sät Kök.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
https://www.facebook.com/111882987093775/posts/414099190205485/