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Etiqueta: Ley Indígena

Recurso de amparo contra el MINAE

El recurso de amparo interpuesto por María Elena Fournier Solano, expone que aún no se cuenta con una respuesta por parte del Ministro de Ambiente y Energía, sobre un reclamo que se presentó en septiembre del 2023, en el territorio indígena Kéköldi. La lideresa indígena kéköldí, Juanita Segundo Sánchez, fue tratada de manera irrespetuosa por parte de la funcionaria Fanny Cruz, del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. 

Esta funcionaria entró al territorio Kéköldi, a una propiedad de la lideresa indígena, con el fin de decomisar madera y motosierra. Además, se refirió de forma irrespetuosa a Juanita S. Sánchez, al decirle que esta no conocía la Ley indígena y que ella no podía ser indígena por ser blanca. Por lo cual, se le solicita al SINAC-MINAE y al ministro Tattenbach del MINAE, una correcta investigación sobre esta situación.

Se adjunta carta de María Elena Fournier hacia el ministro Tattenbach y funcionarios del MINAE:

Buenas noches don Alexis y Licda. Fanny Cruz:

Esta es una nota de queja, denuncia contra su actuación y la del grupo que llegaron dónde Juanita Segundo Sánchez.

Aparentemente los días 13, 14 y 15 septiembre, ustedes irrumpieron, sin una Orden de un Juez en el Territorio Indígena Kéköldí, en la propiedad de Juanita Segundo Sánchez para el decomiso de madera y motosierra, tratando muy mal y una persona mayor, lideresa como es a Juanita Segundo Sánchez. ¿Estamos en lo cierto o no?, por favor aclare.

Según declaraciones de doña Juanita, aparentemente usted no actuó como le corresponde a una profesional abogada del MINAE-SINAC- ACLAC, del Estado, todo lo contrario, según las declaraciones de doña Juanita, usted fue muy irrespetuosa, además de reconocer, cuando Juanita le reclama, que no conoce la Ley Indígena, usted le dice, según me indican, en forma burlona y prepotente que no es indígena, que usted es blanca…

O sea, las y los funcionarios públicos que tienen que ver, como ustedes en el REGAMA y el ACLAC con Territorios Indígenas, no pueden decir que no conocen la Ley Indígena, eso no es de recibo Licda. Cruz, usted recibe un salario profesional que paga el pueblo de Costa Rica, queremos ver los buenos frutos, no la mediocridad profesional.

Extraña sobremanera y le consulto: ¿por qué usted le dijo a Juanita que usted no sabe nada nada de la Ley indígena cuando ella le hizo la consulta de por qué ustedes no respetan que los y las indígenas y que pueden utilizar su madera para la construcción de sus viviendas?

Además y como si fuera poco Licda. Cruz, en varias ocasiones han solicitado a ustedes y a la ADI del T.I.Kéköldi, el Acta de decomiso de la madera y la motosierra, que levantaron ustedes el SINAC-MINAE-ACLAC, sólo la entregaron a la ADI, pero no ha sido posible la entrega a la fecha, a doña Juanita y su familia, les recuerdo con son documentos públicos y que los y las afectadas tienen todo el derecho a tener acceso al mismo, y usted como abogada, sabe perfectamente los derechos y deberes que nos corresponden.

Esperamos que esta Acta sea entregada personalmente por ustedes lo antes posible a doña Juanita Segundo Sánchez.

Sinceramente, este acto de irrespeto, violatorio de parte de ustedes, llegó demasiado lejos y que sus superiores tendrán que dar cuenta de su actuación en esta oportunidad, porque bajo ningún pretexto ustedes pueden seguir ignorando la leyes que tienen que ver con la biodiversidad, Leyes indígenas, etc., de verdad Licda. Cruz, estamos ya verdaderamente cansadas y cansados de tanta burla, irrespeto, violaciones a la biodiversidad de la región de parte de funcionarios del ACLAC, afortunadamente no de todas y todos, pero sí de los y las mismos de siempre, de los cuales ya estamos muy cansados de la mismo por décadas y décadas.

Como lo hicieron en años anteriores, en la época de la viceministra MINAE Patricia Madrigal, cuando ustedes como ACLAC dieron permiso de corta de varios árboles maderables en Territorio Indígena Kéköldí, y cuando reclamamos a la viceministra, le dijeron sin ningún rubor que: no sabían que se trataba de un Territorio Indígena…¡por favor!

¡Basta ya de tanta ignorancia, burlas, violaciones e irrespeto!

Esperamos tener una respuesta de su jefatura y de usted y que servirá para el expediente de la Defensoría de los Habitantes, caso de Juanita Segundo Sánchez y las violaciones sucedidas en septiembre de 2023.

Ma. Elena Fournier S.

Presidenta

Asociación Conservacionista YISKI Tel. 22 97 0970”

Por lo tanto, se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía, o a quien ocupe ese cargo, que realice las gestiones necesarias para que, en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva la denuncia planteada por la recurrente y se le comuniqué lo resuelto. Se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

PH Diquís y crisis energética

Pronunciamiento del Frente Nacional de Pueblos Indígenas

Recientemente el Gobierno de Rodrigo Chávez, indicó el interés de revisar el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, (PHD) lo cual no es ninguna sorpresa, ya se veía venir. Somos conscientes de la necesidad que representa este recurso tan vital para las personas y empresas con las repercusiones en su día a día.

La crisis eléctrica que argumenta el Gobierno y los empresarios privados de la energía, además de ser una manera de presionar la privatización total del ICE, la quieren resolver golpeando a los más débiles: que somos las personas trabajadoras, pequeñas y medianas empresas nacionales, campesinas y los Pueblos Indígenas, tirándonos encima el proyecto PHD.

Más de 20 años de lucha de nuestros pueblos indígenas ubicados en la Cuenca del Diquís (Grande del Térraba), más otras comunidades, que serían impactadas negativamente: cultural, económica, social y espiritualmente, al tener que migrar dejando inundadas sus tierras ancestrales.

Desde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica – FRENAPI, nos pronunciamos en contra y rechazamos todo tipo de propuestas que intenten reactivar este Proyecto nefasto que atenta y violenta el Territorio Bröran de Térraba y otros territorios y pueblos que están en la cuenca del Diquís, nos defenderemos y nos mantendremos alerta.

Tipos de iniciativas como el PHD se desvían de la Agenda de los Pueblos Indígenas.

En enero de 2022 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló por inconstitucional el Decreto Ejecutivo 34312, firmado durante la Administración Arias Sánchez, con el cual se declaraban «de conveniencia nacional e interés público» los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por violar el principio de irreductibilidad del bosque, el principio de reserva de ley y de inderogabilidad singular de la norma, al trasgredir las disposiciones de la Ley Indígena y además la falta de una consulta a los Pueblos Indígenas, según el Artículo 6, del Convenio de la OIT.

El Gobierno debe asumir la responsabilidad, sin destruir ni privatizar el ICE, ni golpear a los Pueblos Indígenas

¡LOS PUEBLOS INDÍGENAS VIVEN!

¡LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!

¡NO AL PHD!

¡SÍ A NUESTRA TIERRA / TERRITORIOS ANCESTRALES!

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Día del Aborigen Costarricense – una democracia maquillada y folklorizada

Comunicado de FRENAPI

Costa Rica en materia de derechos que favorezcan a los pueblos indígenas ha aprobado varias legislaciones, entre las cuales: La ley indígena 1977, el convenio 169, ley 7316, 1992 y la declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los derechos consagrados de orden universal a los pueblos son: derecho a la tierra, derecho a la espiritualidad, derecho a la cultura, derecho a la salud y educación propia, derecho a la gobernanza propia, derecho al ambiente sano y el derecho a practicar y recuperar su idioma.

Pese a lo anterior, la realidad del país amerita mayor atención, pues es constante las agresiones que sufren las poblaciones y el ciudadano común, estas agresiones son orquestadas desde los mandos medios y altos de la institucionalidad, dejando un saldo de caos, crisis democrático y de la paz social.

Los pueblos indígenas hemos sido agredidos y enajenados a nuestra realidad y prioridad, mediante acciones institucionalizadas que desfavorecen nuestros derechos y con ello nos conduce a un genocidio sistemática en este país multiétnico y multicultural.

A los diferentes pueblos indígenas se imponen las agendas del Estado, más no se está respondiendo a las agendas propias de los pueblos. Desde el desalojo violento en la asamblea legislativa el día internacional de los pueblos indígenas el 09 de agosto 2010, decidimos construir la autonomía y agenda desde los pueblos, esta agenda se ha ratificado en la Asamblea General de los pueblos denominado Congreso Indígena Nacional/COIN, organizada por el Frente Nacional de los Pueblos indígenas/FRENAPI, en el 2019.

El proyecto de vida está constantemente amenazado, por el estado y sus estructuras, evidenciado en los últimos años por el Estado por no cumplir con justicia por los asesinatos, de los dirigentes indígenas Sergio Rojas y Jerhy Rivera. Asesinatos impunes por defender la tierra del cual tienen derecho los pueblos porque estas tierras son inalienables, imprescriptibles no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. 

Los cimientos de la patria y la democracia se han basado en asesinatos de lideres indígenas, desde la conquista hasta la actualidad, por el arrebato de los derechos y la falta de garantía del derecho a la tierra. El Estado en todas las administraciones ha realizado acciones aisladas, sin embargo, son insuficientes pues los territorio requieren acciones inmediatas para indemnizar o desalojar, a los usurpadores de nuestras tierras.  Pues tenemos el 60% en posesión, explotación, destrucción por parte de no indígenas, de manera ilegal. Las posesiones ilegales en complicidad del Estado, porque ha omitido garantizar el derecho.

Es inadmisible que el estado mediante el Ministerio de educación Pública / MEP, desarrolle las clases el 98% en español, dando 1 lección cultural mientras que en español suman totales 48 lecciones semanales. Así enajenando a los propios educadores, a la niñez y juventud a su propio idioma y cultura. Además, El desarrollo de los contenidos curriculares no se contextualizan según la realidad de cada pueblo, como lo demanda las convenciones, declaraciones e incluso la ley fundamental de la educación.

No basta con celebraciones folklóricas, exigimos, exhortamos y enfatizamos, realizar acciones afirmativas para reivindicar los derechos y la VIDA, por eso en el 2024 se ha desarrollado mediante almuerzos comunitarios, el fortalecimiento del proyecto de Vida de los pueblos, con participación, construcción desde la palabra, la espiritualidad, agenda propia y la particularidad de los pueblos.

La agenda de los pueblos es el proyecto de vida por la Tierra, la espiritualidad, la gobernanza, la identidad, la naturaleza, la vivienda, la salud, la educación, propios, según sea el pueblo.

Coordinación FRENAPI
Generado el día 19 de abril 2024

#SergioRojasVIVE

#JerhyRiveraVIVE

¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!

Mensaje de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas

Comunicado oficial

El proceso llevado a cabo por DINADECO en Cabagra no es culturalmente apropiado y no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos que protegen a los pueblos indígenas, preocupa los temas de seguridad, paz y convivencia pacífica en este contexto.

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas con fundamento en su Ley de creación N°5251, le compete pronunciarse en protección del pueblo indígena Bribrí de Cabagra. Manifiesta, que el procedimiento seguido por DINADECO violenta los derechos culturales de los pueblos indígenas reconocidos nacional como artículo 1 de la Constitución Política y la Ley Indígena e internacionalmente como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT (supraconstitucional para Costa Rica). Se denota desconocimiento, de carácter riesgoso en derechos, ante las medidas tomadas para apresurar la asamblea de este territorio del 10 de junio 2023, poniendo en peligro sistemas propios culturales del pueblo Bribrí.

La institución considera de gran importancia empoderar al territorio de Cabagra a realizar procesos en mira de la transparencia y anticorrupción. Sin embargo, se debe cumplir con los estándares internacionales donde se procure respetar los principios de autodeterminación y autonomía, procurando con ello que no se ponga en riesgo la participación legítima de las personas indígenas, así como la protección contra personas no indígenas con intereses particulares que puedan amedrentar los espacios propios de las personas indígenas, tal como lo indica las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en su apartado de Libre determinación, autogobierno y participación política (A/HRC/51/28/Add. 1) y el dictamen de la procuraduría «… por ello es inconcebible que personas no indígenas puedan participar de ellas por ejemplo, en la asambleas generales, en mucho menos, que se les permita acceder a puestos de decisión como la Junta Directiva, o aún representantes por las asociaciones ante otras entidades…» (C-045-2000 del 9 de marzo del 2000)

Es por esto que la CONAI hace un llamado a las instituciones en este caso DINADECO a respetar su resolución del 29 de marzo del 2023, cumpliendo la consulta según los estándares internacionales antes de convocar a asamblea según la resolución DDN-RE- 035-2023 en donde su parte dispositiva resolvió: La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con fundamento en los hechos expuestos y consciente del perjuicio en la comunidad, estima anular el nombramiento de la Comisión para la Revisión y Conformación del Padrón de Afiliados de la ADII de Cabagra y el Grupo de Mayores citado, así como sus actuaciones, con el fin de replantear el proceso seguido y garantizar que situaciones tan gravosas no se vuelvan a dar. En este cometido, de previo a determinar las acciones a seguir, con miras al objetivo de depurar el padrón de afiliados de la ADII, que permita la celebración de una nueva asamblea que elija su junta directiva, la institución consultará a distintas instancias territoriales e institucionales con la finalidad de que el proceso a seguir sea respetuoso de la autonomía, costumbres y tradiciones intrínsecas del Territorio Indígena de Cabagra. 

Se presentará documental sobre el territorio indígena Cabécar de China Kichá

El documental “Sàrātsê sêkónēl jékàska Volviendo a la tierra que nos vio nacer” (2023) se presentará este próximo miércoles 26 de abril a las 6:00 p.m. en el Auditorio de Arquitectura, de la Universidad de Costa Rica con la participación de una delegación del territorio indígena de China Kichá, ubicado en Pérez Zeledón.

En el 2019, un grupo de mayores cabécares de Talamanca volvieron al territorio indígena de China Kichá, para visitar, después de muchos años, el lugar donde nacieron y crecieron. En este evento histórico, realizado gracias al Comité Cultural Cabécar de China Kichá, se encontraron con su antiguo hogar, con las historias de las tensiones territoriales que les forzaron a irse en su mayoría, pero hubo también quienes resistieron y posicionaron sus derechos. “Volviendo a la tierra que nos vio nacer” trata sobre la memoria del despojo y la lucha actual por la recuperación de tierras de la comunidad indígena de China Kichá.

Hay que recordar que las recuperaciones de tierra han sido procesos de lucha por parte de las personas indígenas en la defensa de sus derechos, su cultura y sus territorios. Éstas comenzaron en 2018 ante el incumplimiento sistemático de la Ley Indígena y los planes para hacerla cumplir.

Según dicen las personas habitantes de este territorio indígena: “éramos extranjeros en nuestro propio territorio”. Agregan que “hace como cinco años no teníamos ni dónde poner una mata de maíz o de yuca, teníamos que alquilar nuestra propia tierra para poder hacerlo. En pocos años hicimos lo que el Estado no ha hecho en 40”´, refiriéndose al incumplimiento de la ley indígena de 1977. Un estudio hecho por la organización Forest People Programme (2014), de las 1.100 hectáreas que conforman el territorio, el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población cabécar. Hoy gracias a la lucha de recuperaciones esta comunidad recuperó el 100% de su territorio legalmente reconocido, convirtiéndose en un hito para nuestro país y la región mesoamericana.

El documental cuenta parte de la lucha de este pueblo milenario y se divide en tres capítulos que abordan “La China Kichá de antes”, donde se habla de la historia del territorio y a qué actividades se dedicaban antes, es decir, cómo era la vida en esos tiempos; “La China Kichá del presente” aborda la problemática de tierras y cómo fue que el Estado derogó el territorio, también se hace alusión al asesinato de líderes indígenas, como Sergio Rojas. Finalmente, en “La China Kichá del futuro” las personas recuperadoras reflexionan sobre el significado de recuperar tierras y la necesidad de seguir luchando por sus derechos.

La producción audiovisual fue realizada por el colectivo Revista Uchinché, bajo la dirección y producción de Hawi Castañeda, antropóloga social y diseñadora gráfica. El proceso de grabación inició en 2019 con la grabación del encuentro de mayores, gracias a la coordinación del Comité Cultural Cabécar de China Kichá y al apoyo del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Asimismo, se contó con el apoyo estratégico del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Proyecto de Acción Social “Geografía y Diálogo de Saberes” de la Escuela de Geografía.

Alerta temprana: ocupantes ilegales planifican actividades prohibidas por ley en Térraba

Coordinadora de Lucha Sur Sur. Domingo 5 de febrero de 2023.

Ayer sábado 4 de febrero se llevó a cabo una actividad de karaoke en el bar Las Yuntas, negocio de Teovaldo Guadamuz en el centro de Térraba.

Para hoy domingo está programada una monta de toros en San Antonio de Térraba en el redondel de la familia Mata.

Ambas actividades tienen como fin recaudar fondos para la defensa judicial de Juan Eduardo Varela, condenado el pasado miércoles 1 de febrero por el Juzgado Penal de Buenos Aires por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera realizado con alevosía según la sentencia del ente juzgador.

Independientemente de los fines de dichas actividades, ambas son ilegales según el artículo 6 de la Ley Indígena 6172 de 1977 que en lo concerniente establece:

«Artículo 6º.- Ninguna persona o institución podrá establecer, de hecho o de derecho cantinas ni venta de bebidas alcohólicas dentro de las reservas indígenas. La presente ley anula la actual posesión y concesión de patentes de licores nacionales y extranjeros dentro de las reservas.

Queda prohibido a los municipios el otorgamiento y traspaso de patentes de licores dentro de las mismas.

Los establecimientos comerciales, sólo podrán ser administrados por los indígenas. Ninguna otra persona o institución con fines de lucro podrá hacerlo»

Las actividades son promovidas por Ivon Guadamuz (esposa de Juan Luis Varela, hermano del asesino condenado de Jerhy) y en el grupo de WhatsApp «UnidosApoyodeHuelgas», mismo que ha sido denunciado públicamente por compartir mensajes de odio y racismo contra los Pueblos Originarios.

Las familias Guadamuz (Teovaldo y Fernando, entre otros) y Mata son ocupantes ilegales del Territorio Brörán de Térraba según el bloque de constitucionalidad y el voto 2022024725 del 19 de octubre de 2022 de la Sala Constitucional.

Exigimos al Poder Ejecutivo cumplir con lo establecido legalmente y de acuerdo con el principio de legalidad impedir que se realice la actividad planificada para el día de hoy y garantizar la vida, integridad y seguridad del Pueblo Brörán de Térraba.

Pablo Sibar ofrece informe del Consejo Brörán e invita a participar en un convivio de hermandad

Quiero contarles un poquito de lo que estábamos haciendo en nuestro Consejo Brörán.

Terminamos el año pasado con una muy buena noticia de la Sala Constitucional sobre la acción de inconstitucionalidad que habían presentado los finqueros contra la ley indígena.

Además, un informe del relator de la ONU donde consta que nosotros no reconocemos a la Asociación de Desarrollo Integral como gobierno local, ya que es la culpable de que las tierras estén en manos de no indígenas.

Y este año, que, aunque duele, se da el primer juicio que hace justicia, porque siempre la justicia nos ha invisibilizado. Las resoluciones del señor juez Céspedes ahora habla de los derechos indígenas.

Como Concejo Brörán logramos hacer el Cuarto Congreso de la Nación Brörán , también programamos varias caminatas a los sitios sagrados, iniciamos el 21 de enero.

Hubo muchos audios de odio hacía nuestras recuperaciones.

Para la luna llena de marzo estamos programando la segunda caminata a la laguna de Karsi.

Nos aprobaron la construcción de un rancho cultural, para el cual estaremos empezando la corta de la madera y palma desde la primera menguante de febrero, así que esta invitación es para los no indígenas que han compartido nuestras luchas y vivencias y se han solidarizado con nuestros derechos siempre en el mutuo respeto.

Así que les invito a poner un granito de arena para que nuestro Concejo Brörán siempre siga adelante. Los días que estemos trabajamos los convertiremos en un convivió de hermandad.

Y recuerden que las puertas del UTLALA siempre están abiertas para todas y todos los Brörán y los no Brörán solidarios y respetuosos en nuestras luchas, por lo que los invitamos a compartir con nosotros.

La lucha sigue y sigue. Sergio y Jerhy viven y viven. Adelante con nuestras recuperaciones.

Pablo Sibar Sibar.

UCR celebra fallo que anula compraventa de tierras indígenas por parte de personas externas

La promulgación de la Ley Indígena en 1977 marca un precedente para la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas. Imagen con fines ilustrativos: comunidad indígena guaymí, Alto Conte, Golfito. (Foto: Anel Kenjekeeva, ODI)

Alejandra Amador Salas, Periodista

Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario a finales del año 2022, la Universidad de Costa Rica (UCR) celebró el fallo de la Sala Constitucional que declara la nulidad de todas las compraventas de tierras por parte de personas no indígenas dentro de los territorios de estas poblaciones, realizadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley Indígena en 1977.

Esta Ley establece en su artículo 3 que Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas.

Pese a la claridad de la legislación, el señor Rodrigo Aráuz Figueroa interpuso en el año 2021 una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, en relación con dicho artículo. Sin embargo, el 19 de octubre 2022, la Sala Constitucional declaró sin lugar esta acción, por mayoría.

Ante esta situación, la UCR considera que la normativa nacional e internacional, los derechos humanos de los pueblos originarios y la resolución de la Sala Constitucional reflejan la necesidad de que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial intervengan con celeridad y procedan con los desahucios correspondientes para que estas poblaciones recuperen sus tierras y que no haya violencia durante el proceso.

Desde hace más de 10 años, el Consejo Universitario ha visibilizado las situaciones que han vivido los pueblos indígenas costarricenses con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras y recursos. Asimismo, ha instado al Gobierno de la República a tomar medidas contundentes para proteger a esta población tan vulnerable.

Un fallo que honra la vida de Sergio Rojas Ortiz

Por Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo ITCR-ecologista FECON

El fallo No. 2022024725 de la Sala Constitucional del 19 de octubre de 2022 reafirma lo que la Sala Primera había reconocido con total claridad en al menos catorce sentencias: que dentro de los territorios indígenas desde la entrada en vigencia de la Ley Indígena N° 6172, publicada en La Gaceta N° 89 del 10 de mayo de 1978, cualquier “venta o compraventa de propiedades es absolutamente nula», como dijo el magistrado Fernando Castillo. La Sala IV reconoce el derecho de los pueblos originarios al rechazar un recurso contra algunas resoluciones de la Sala Primera, mediante las cuales esta Sala había rechazado la pretensión de ocupantes ilegales de consolidar esos negocios de “mala fe”.

La violencia generada por la usurpación de los territorios originarios y el no reconocimiento de la Ley indígena y de otras leyes nacionales, lo mismo que de convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, han impedido poner en práctica lo que con toda claridad señala el artículo 3 de la Ley indígena: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.

El fallo de la Sala IV limpia la dignidad de Sergio Rojas Ortiz, pisoteada y vilipendiada en razón de su lucha. Reconfirma que Sergio en esta materia siempre tuvo la razón, que ninguno de sus argumentos estaba errado, que tenía total conocimiento de la legislación nacional e internacional en la que respaldaba cada una de sus acciones, que el derecho consuetudinario y cultural de los pueblos originarios también era y sigue siendo válido, y que su muerte no fue más que una expresión de todas las formas de violencia que han soportado los pueblos originarios.

Este fallo reivindica la lucha que Sergio mantuvo por décadas con cientos de personas indígenas en medio de descalificaciones de los gobiernos y de la institucionalidad. Y tal vez, uno de los aspectos al que más hay que poner atención, es que cuando Sergio fue encarcelado por 7 meses sin que nunca se le hiciera una acusación formal, estaba enfrentando clara y directamente el racismo, el odio y la persecución que alguno.as funcionario.as del Poder Judicial descargaban contra él y contra los pueblos originarios. Es por racismo que se siguen negando los derechos de la gente indígena y se juzgan las usurpaciones como disputas ordinarias de derecho agrario.

La inteligencia de Sergio se fundía con su sabiduría y su paciencia segura y silenciosa ante las agresiones, y esto resultada desconcertante para sus enemigos abogados, jueces, carceleros y terratenientes usurpadores; y hasta para la gente indígena que no compartía su trabajo. Sin embargo, esas fueron las cualidades que le dieron arrojo hasta el último minuto de vida en las montañas de Yeri donde lo acribillaron. De alguna manera el odio con que lo mataron se empequeñece con este fallo de la Sala Constitucional. Sergio y la gente indígena que sigue defendiendo sus derechos siempre han tenido la razón, y su muerte, y la de Jerhy Rivera Rivera, sólo se explican por el racismo que con distintas expresiones persiste en una parte de la sociedad costarricense y, desgraciadamente, en alguna parte de la institucionalidad insensible e deliberadamente negligente.

Otra de las hazañas de Sergio Rojas Ortiz fue trabajar por los derechos legítimos de sus pueblos desde la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre. Llegar a presidir esa ADI fue por sí sólo un reto que siempre había sido impensable para la mayoría de la gente indígena, aun cuando querían desprenderse de los controles “sikuas”/no indígenas. Esos eran tiempos en que, sin tapujos, las ADIs de los territorios indígenas eran manipuladas, controladas y dirigidas sin el menor cuidado por entidades como la Comisión nacional de asuntos indígenas (CONAI), DINADECO, ministerios, partidos políticos y hasta terratenientes ocupantes ilegales de tierras indígenas. “Hubo muchos casos en que los mismísimos finqueros eran presidentes de las ADIS dentro de nuestros propios territorios, y nosotros estábamos por debajo de ellos, como aplastados, la mayoría de la nuestra gente estaba con miedo y sin fuerzas para hacer alguna resistencia”; así lo reconocen Pablos Sivas Sivas y otras personas que estuvieron con Sergio por décadas pero mucho más luego del 2010, cuando las recuperaciones se convirtieron en la acción directa de hacer valer derechos jurídicos y culturales en su propia tierra.

Romper con el dominio sikua de las ADIs era romper con un cimiento del colonialismo viejo y moderno. Eso supuso enfrentamientos con todo en “andamiaje” del Estado, y también con mucha gente de los propios pueblos. De hecho, hasta hoy persisten las confrontaciones entre ADIs y Consejos de Mayores que son la forma cultural de organización indígena, sobre si son o no legales las recuperaciones. En esa disputa está quedando claro que los Consejos de mayores que siguen la línea de trabajo de Sergio Rojas tienen la razón.

Cuando Sergio estuvo al frente de la ADI de Salitre se inició una fase histórica para los pueblos originarios. Su presidencia en la ADI le permitió a la gente indígena comprender que a pesar de que esas organizaciones se implantaron para sustituir sus organizaciones culturales, se podían usar para recuperar y defender sus derechos. Eso fue algo que jamás le perdonaron. Efectivamente, Sergio actuó con una determinación descomunal y una inspiración que estimuló a su pueblo. Desde esos años Sergio tuvo la claridad que hoy reafirman las instancias jurídicas de mayor rango en el país. Su ausencia de miedo y su certeza se podrían resumir en la pregunta que él mismo le hacía a la gente que quería sumarse a las recuperaciones: “¿Están dispuestos a morir?”. Esa misma pregunta se la siguen haciendo hombres y mujeres recuperadoras que hoy viven en vilo, “con un ojo cerrado y el otro abierto”, porque las agresiones no han terminado. Pero a pesar de la inseguridad, lo que sí se reconoce en los territorios recuperados es que hay muchas semillas de Sergio germinando.

Sergio no se esperó a resoluciones para ejercer sus derechos y estaría celebrando este fallo sin dejar de afilar las herramientas para recuperar más tierras. Con la sentencia de la Sala IV se reafirma que es correcta la acción de los pueblos que están ejerciendo justicia por su propia mano, recuperando su tierra en Saka Duwë Senaglo, Seglö Kaskä, Kono Jú, San Andrés, Crun Shurin, Yuwi Senaglo y Kelpego. Aunque el fallo no es el fin de este proceso, sí es una señal concreta de que se pueden recuperar la tierra y los derechos de los pueblos originarios que fueron negados por siglos.

Este fallo contribuye a limpiar la ultrajada vida de Serio Rojas Ortiz y ojalá sea un refuerzo para que la sociedad costarricense supere todas las formas de discriminación y racismos contra los pueblos originarios. Eso implica conocer los derechos de estas personas, como los establecidos en la Ley indígena. Ya no hay pretexto para que todas las tierras usurpadas desde que entró en vigencia la Ley indígena no sean devueltas a los pueblos originarios que son sus legítimos dueños. De nuevo se ponen a prueba la voluntad y la capacidad de la institucionalidad de Costa Rica, y especialmente de quienes deben actuar para hacer valer esos derechos. ¿Con qué fundamento un tribunal de menor rango podría juzgar en sentido contrario de lo sentenciado tantas veces por la Sala Primera y ahora por la Sala IV?

El fallo es un avance muy importante pero no elimina las dificultades, como se comprueba con el rechazo y las controversias que ya se exponen, por ejemplo, en un audio que circula en Buenos Aires de Osa, cuyo emisor desconocemos: “Si ese artículo (el 3) de la ley estuvo malo , la gente no tiene la culpa porque la mayoría de la gente no conoce las leyes y los abogados desconocen un montón de normas que no se deben aplicar…”

“…aquí no existe ningún poseedor de mala fe todos son de buene fe…,…entraron a ejercer derechos…todos comprados…”.

“…ya están llenando las arcas los Arburola y otro grupo ahí para pedirle plata a la gente para hacer otro juicio y perderlo”.