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Etiqueta: lucha social

Analizarán logros del Comité Cívico de Limón

Convocatoria

Se convoca a todos los exmuelleros y a la sociedad civil en general, a una reunión este viernes 3 de febrero en el Gimnasio Eddy Bermúdez, a partir de las 10am.

Se analizarán los resultados de la agenda del Comité Cívico, así como acciones de lucha a seguir.

No falten el futuro lo forjamos juntos.

Convoca Bloque Cívico del Cantón Central de Limón.

Información compartida con SURCOS por María Miranda.

Troles y democracia

Óscar Madrigal

El escándalo de los troles se inscribe dentro de las luchas políticas en defensa de la información trasparente y de la democracia. Más allá de los dimes y diretes y de lo detestable que puede ser y parecer un trol, el trasfondo de las denuncias y del desenmarcariamiento de este tipo de conductas, se enmarca dentro de la defensa de los principios democráticos de la sociedad.

Callar ante los troles o de los sicarios políticos es legitimar la mentira, el acoso, denigrar a lo más bajo a las personas, inventar las peores ofensas, ocultos en la oscuridad del anonimato y la impunidad. Desenmascarar este tipo de acciones políticas es necesario para intentar adecentar las luchas sociales, aspecto en el que tienen especial interés las fuerzas patrióticas nacionales.

Esta lucha en la Asamblea Legislativa y en otros medios probablemente no va lograr eliminar la existencia de este tipo de prácticas, pero sí dejará en evidencia a aquellos políticos que se ufanan de honestos y diáfanos, pero que utilizan métodos o procedimientos de lo más vil como el uso de troles. Eso es muy importante para limpiar, aunque sea en una mínima parte, los procesos políticos y tal vez que los dirigentes que los utilizan sepan que son ellos los sicarios intelectuales de los troles.

El trabajo de la Asamblea por desenmascarar a los troles será, también, un beneficio para crear algo de conciencia social y política en sectores de la población. Aunque fuere mínima es una acción necesaria para avanzar en la creación de esa conciencia. Esa lucha es beneficiosa para el país y para el pueblo. Bien vale llevarla a cabo.

Lo que podría parecer extraño es que guardemos silencio ante las formas y las acciones espurias que usan, como es el caso de los sicarios políticos, para atacar a las personas que les pueden parecer incómodas o que minimicemos las denuncias emprendidas contra esos procedimientos.

Los troles son un ataque a la democracia porque utilizan sujetos inexistentes, falsos y mercenarios para acallar la oposición, denigrar o destruir personas que critican, así como enturbiar el debate franco y abierto de los actos gubernamentales. Los troles son un problema nuevo y serio que habrá que ir desenmascarando.

Los troles o sicarios políticos son un arma utilizada por la extrema derecha en todo el mundo, para ganar elecciones de forma truculenta. Por ello es más urgente su denuncia, así como exponer su peligro democrático.

Como han dicho sobre la obra del filósofo Han: “Los bots -las cuentas falsas automatizadas en las redes sociales- difunden noticias falsas y discursos de odio e influyen en la formación de la opinión pública. Los ejércitos de troles intervienen en las campañas apuntalando la desinformación. Las teorías de la conspiración y la propaganda dominan el debate político”.

Esta campaña emprendida por diputados de la Asamblea contra los troles puede que no logre mayor cosa, pero es importante empezar exponiendo ante la opinión pública y la conciencia social a los sicarios intelectuales.

Mensaje de Martha Rodríguez González, representante laboral en la directiva de la CCSS

El 22 de diciembre, 2022 Martha Rodríguez González, representante laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) compartió un mensaje dirigido a los y las trabajadores de la Caja, en el que comenta que ya se realizó el ajuste salarial adeudado desde el año 2020, esto según comenta, gracias al apoyo y lucha de muchos compañeros trabajadores de todo el país.

Menciona que las acciones por parte de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS contra ella y otros dirigentes forman parte de la lucha, y que son parte de acciones que buscan violentar la autonomía constitucional de la CCSS, esto con el fin último, según plantea, de acciones para privatizar la Caja. Además establece que la lucha principal es la defensa de la autonomía de la CCSS. 

Finalmente les desea unas felices fiestas, y comparte sus deseos para el próximo año, que durante este se continúe con la lucha.

CMTC censura y muestra indignación ante la “intromisión odiosa y lesiva contra la institucionalidad” del Ejecutivo en la CCSS

SURCOS comparte la siguiente carta enviada por el presidente de la CMTC, Olman Chinchilla Hernández, al Consejo de Gobierno;

CMTC-026-2022

13 de diciembre de 2022

Magister
Yara Jiménez Fallas,
SECRETARÍA CONSEJO DE GOBIERNO.
República de Costa Rica.

Asunto: POSICION DE CMTC RELATIVO DE OFICIO PR-SCG-CERT.00006-2022.

Sirva recibir cordial y atento saludo. Por su digno medio, solicitamos este pronunciamiento sea conocido en pleno Consejo de Gobierno.

Es de conocimiento público que mediante memorial Número PR-SCG-CERT-00006-2022, procede el Consejo de Gobierno en toma de acuerdo para iniciar y dar Apertura de Procedimiento Ordinario Administrativo con separación de cinco miembros integrantes del actual Directorio en Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Constitucionalmente la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución pública revestida de Autonomía especial, regida por su propia Ley Orgánica (Ley 17) que en ordenamiento jurídico debe ser respetada en todos sus alcances.

Preocupa a nuestra Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses y sus agrupaciones afiliadas, la trata de que el Consejo de Gobierno y el mismo Gobierno Central de La República han propiciado contra la armonía, sostenibilidad y libertades institucionales que debe gozar la CCSS.

Desde luego, debe prevalecer el orden institucional y prioritariamente la institucionalidad de CCSS y sus regímenes a cargo.

El pueblo costarricense, sus asegurados y beneficiarios no podemos ver los razonamientos esgrimidos en el alcance del oficio de marras, que vienen a separar directores y dejar a la deriva el conjunto de acciones de previsión sanitaria que la Caja nos debe garantizar.

No hemos observado en ese extenso documento acto preventivo ni responsable de parte del Consejo de Gobierno sobre esa necesaria buena marcha institucional, dado que la deja en Estado de Indefensión y acéfala de la toma de decisiones y sus resolutivas como corresponde en su cometido institucional.

Tenemos muy claro el papel predominante de los alcances en derecho que le corresponden al Gobierno Central, no obstante, extralimitar sus facultades y potestades con intromisión hacia las representaciones Patronales y Laborales no le son de competencia, ya que por principios legitimados su representatividad es sectorial y tutelados por la propia Ley Orgánica de CCSS. Adolece también el acuerdo del Consejo de Gobierno, previsión sustitutiva de obtener base fundamentada la Separación de esos cinco integrantes ya dados a conocer. NO PUEDE DEJARSE EN ESTADO DE INDEFENSION A LA CAJA COMO TAMPOCO A NUESTRO PUEBLO ASEGURADO Y BENEFICIARIO DEL CONJUNTO DE ACCIONES QUE VELAN NUESTRA SALUD Y BIENESTAR.

Dicho lo anterior, enfatizamos que, el acuerdo asumido en Consejo de Gobierno, no es buena señal ni de grato recibo, por cuanto, riñe, violenta y atropella el Marco Normativo y de la misma legitimidad jurídica, conforme fuente instrumental respectiva, sea la Constitución Política de La República de Costa Rica (art. Numeral 147, inciso 4), que solo tiene incidencia el Consejo de Gobierno y Gobierno Central en sus representantes acreditados y no así en los representantes de sectores Patronal ni Laboral, conforme artículo 6, 7 y 8 de la Ley No.17.

Por lo tanto, a nombre de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) reciban total censura e indignación por la actual trata de intromisión odiosa y lesiva contra la institucionalidad y de los graves perjuicios contra la Caja Costarricense de Seguro Social.

Agradecemos de antemano su colaboración y gestión.

Atentamente
Olman Chinchilla Hernández
Presidente
CMTC

C.c.
Señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de La República de Costa Rica.
Jefaturas de Fracciones Parlamentarias – Asamblea Legislativa CR.
Defensoría de los Habitantes.
Medios de Comunicación Masiva.
Comité Ejecutivo Nacional CMTC.
Archivo.

Amenazas y violencia en contra de la Tribu Tolupán se recrudecen ante instalación de minera

La lucha por una clínica y la protección de la salud es otra lucha emprendida por la tribu Tolupán.

En el último año, las agresiones en contra de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa se han recrudecido ante la instalación de la empresa minera LACHANSA en el territorio de la tribu, específicamente en la comunidad de Lagunita. Desde el inicio de las operaciones, las comunidades y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han enfrentado campañas de desprestigio, intimidación e incluso amenazas de muerte. Las mujeres y niñas han enfrentado también hostigamientos de carácter sexual y varias personas se han visto forzadas a desplazarse de la comunidad ante el contexto de riesgo. 

Desde la instalación de la minera LACHANSA en enero de 2022, las comunidades y el MADJ han denunciado que la empresa está operando sin consentimiento de la tribu y sin ningún permiso o licencia otorgada por el Estado de Honduras, la ilegalidad y las agresiones en el territorio se han establecido de manera recurrente, con ello, se ha llevado a denunciar dichos eventos, aun así no se les ha brindado una respuesta y solución a la problemática. Sumado a esto, tampoco se ha instalado la mesa interinstitucional para abordar la problemática de la tribu, cuya última reunión se celebró en 2020, ni se ha avanzado en la investigación de los asesinatos cometidos en las comunidades, dejando estas y otras graves agresiones en total impunidad. Por ello, las comunidades han denunciado esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH). 

Respecto al Mecanismo, las personas representantes reconocieron ante la Comisión que: “Es sumamente preocupante que un ente del Estado, cuyo rol es la protección inmediata de la vida e integridad de las personas que se encuentran en riesgo de daño urgente e irreparable, no cuente con herramientas céleres y efectivas para dar respuesta a las situaciones de riesgo que conoce”. 

Finalmente, se solicitó a la Comisión y otros organismos, que requiera al Estado de Honduras impulsar la instalación de la mesa interinstitucional para abordar el conflicto, conformada al menos por MIAMBIENTE, INHGEOMIN, la Secretaria de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de Conservación Forestal y Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural; instar al Instituto de Conservación Forestal (ICF) esto con el fin de investigar los planes operativos otorgados dentro del Plan de Manejo Forestal perteneciente a la Tribu San Francisco de Locomapa, y de comprobarse las irregularidades e inconsistencias, que el ICF proceda a denegar y suspender los planes operativos en curso o autorizados; y llevar a cabo las investigaciones necesarias por todos los hechos de riesgo cometidos.

El Codo del Diablo: 74 aniversario de un crimen de Estado que aún permanece en la impunidad “… Crímenes de guerra y lesa humanidad…”

Por: Trino Barrantes Araya
Partido Vanguardia Popular
camilosantamaria775@gmail.com

“…1º.- Que ya hace más de un mes don Otilio Ulate denunció desde las columnas de sus propios periódicos, el asesinato en masa cometido por autoridades de este Gobierno en el punto de la vía Férrea a Limón denominado “El Codo del Diablo /…/ Todas las circunstancias hechas públicas por la prensa del señor Ulate revelaron que el asesinato fue minuciosa y fríamente preparado y obedecía sin duda al plan de destruir físicamente a los dirigentes responsables de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica y del Partido Vanguardia Popular /…/ 3º.- Este delito ha sido catalogado por las Naciones Unidas con el carácter de Genocidio, y el voto del delegado costarricense fue incluido como afirmativo al aprobar la ONU la Convención que sanciona esta clase de delitos. (El subrayado, la y la cursiva son nuestras) …”( (Anexo al Acta No.21. de fecha y lugar San José, 27 de enero de 1949, de la Asamblea Nacional Constituyente)

Compañeras, compañeros. Nos reúne aquí una fecha muy importante para recordar y conmemorar el 74 Aniversario del Asesinato de los Mártires del Codo del Diablo.

Efectivamente hoy, sábado 17 de diciembre de 2022, hemos decidido RE (volver a situar) CORDARI (corazón). Poner en nuestros corazones el valor histórico de los mártires del Codo del Diablo. De tal suerte que, si conmemoramos, es porque estamos dispuestos en colocar en nuestra memoria colectiva y en la resistencia de la lucha popular, el recuerdo de los hechos acaecidos en el Codo del Diablo, el 19 de diciembre de 1948.

Enrique Benavides, en su texto: El crimen del Codo del Diablo, nos dice:

A la altura de la milla 41, donde la línea del ferrocarril comienza a bordear por su base el empinado cerro del Diablo, el motorista Auld Alvarado menguó la velocidad conduciéndolo más lentamente, hasta detenerlo en el punto más profundo de la curva en forma de herradura, que se conoce con el nombre de “El Codo del Diablo”. Campos creyó que había fallado la chispa, y se bajó para examinarla, por detrás del vehículo. No tuvo tiempo de examinar el aparato, pues Zúñiga Jirón había dado orden a los reos que se bajaran y entonces dio orden al motorista, para que se adelantara un poco con el Motocar, los reos quedaron a unos cuantos metros del vehículo, luego el Capitán Zúñiga Jirón, estando esposados en parejas, abrió fuego con su ametralladora, siguiéndole Valverde. Campos horrorizado y a distancia, contemplaba la escena mudo, desorbitado, sin atinar a moverse de su sitio. Pudo ver seguidamente como Valverde remataba los cuerpos de Federico Picado y el cuerpo de Octavio Sáenz, con su revolver”.

El asesinato por motivos políticos es, sin más, un crimen que tipifica como crimen de lesa humanidad. La Guerra civil, como toda confrontación bélica, abrió profundas heridas en el tejido social costarricense, que aún hoy, en pleno siglo XXI, dejan que se vuelvan abrir los efectos de aquel hecho histórico.

Pareciera que, aunque un grueso de la población del país ni siquiera conoce de esos hechos y no se sienten parte de ellos, pues nacen en un momento en que dichas heridas han comenzado a ser restañadas; un grupo de ideólogos del bipartidismo sigue empeñado en que los fantasmas de los crímenes de abril de 1948 vuelvan a las calles y ciudades del país, en cada proceso electoral.

Pero dígase puntualmente que, desde la historia oficial se ha silenciado el derecho que corresponde a las víctimas. Por eso, tal vez sea necesario que trabajos como el ejecutado por Baltasar Garzón, la sostenida lucha histórica de las Abuelas de la Plaza de Mayo. La reveladora lección del filme el “El silencio del otro” (https://www.espinof.com/documentales/silencio-otros-no-pelicula-pasado-sino-lucha-presente-sufrimiento-que-existe-ahora-almudena-carracedo), y nuevas lecturas discursivas, nos permitan situar el verdadero alcance de lo que significó este crimen.

En el orden y aportes de nuevos documentales, el historiador Víctor Hugo Acuña, refiere a la película producida por los hermanos Jara y escribe lo siguiente:

“…Sin embargo, al colocar de nuevo aquellos acontecimientos en la esfera pública, plantea algunas cuestiones que trascienden a las familias de las víctimas y afectan al conjunto de la sociedad costarricense. En efecto, el documental abre la pregunta sobre cuáles son las responsabilidades presentes no prescritas del Estado costarricense en relación con esta violación de los derechos humanos de la que fue directo responsable y de cuya impunidad fue también cómplice. El Estado costarricense pidió perdón recientemente a Juan Rafael Mora por su ejecución sumaria y yo me pregunto si no sería indispensable que hiciese lo mismo con las víctimas del Codo del Diablo y con sus descendientes. El gesto no solo tendría valor simbólico, ya que permitiría dejar claro que no hay jerarquías entre las víctimas de los llamados “crímenes de Estado”, sino también efectivo para quienes vivimos hoy y para quienes vivirán mañana en el sentido de que el Estado al cual pertenecemos garantiza que las violaciones de los derechos humanos no pueden quedar impunes…” (Acuña, 2014)

En diciembre de 1948, durante el período que se conoce como la “contrarrevolución”, se decidió que un grupo de prisioneros que se encontraban en la cárcel de Puerto Limón debían ser trasladados a San José. Entre ellos estaban: Federico Picado Saénz, Tobías Vaglio Sardí, Lucio Ibarra Aburto, Octavio Saénz Soto, Narciso Sotomayor Ramírez, Álvaro Aguilar Umaña (republicano, fue confundido con otro vanguardista de igual nombre).

A 74 años del Asesinato de los mártires del Codo del Diablo, nos mueve un interés básico. Llamar la atención de que este crimen, debe ser visto bajo la lupa de lo que disponen los Instrumentos de derechos humanos, respecto a los crímenes de lesa humanidad. La   Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968. La cual entró en vigor, el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII. De igual forma referimos en estos principios del derecho internacional a La Asamblea General, Recordando sus resoluciones 2583 (XXIV) de 15 de diciembre de 1969, 2712 (XXV) de 15 de diciembre de 1970, 2840 (XXVI) de 18 de diciembre de 1971 y 3020 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972. (https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-limitations-war-crimes).

En el momento en que escribimos estos notas, han pasado 74 años de este horroroso e impune crimen. Este 19 de diciembre, estaremos conmemorando un año más, sin que los autores materiales e intelectuales tuviesen ningún tipo moral, judicial o real de condena. Un crimen de la envergadura del suceso en Siquirres, en el Codo del Diablo, se prendió históricamente en la conciencia del pueblo, en la memoria colectiva.

Pero los revolucionarios, los movimientos populares, sindicatos y partidos políticos clasistas, no podemos quedarnos solamente en el RECUERDO, la coyuntura actual nos exige un compromiso permanente, pues hoy el fascismo y las concepciones pentecostales más reaccionarias asumen un papel muy peligroso para los pueblos.

Gobiernos sucesivos, desde que se implementa el Estado Neoliberal, a partir de la firma de los PAE´s , o bajo la argucia de la pandemia del COVID-19, o más recientemente, ante la prepotencia gubernamental, han llevado al país a un empobrecimiento acelerado, a la tercerización del trabajo sin precedentes, a un índice de desempleo muy grande, una acelerada y creciente deuda externa y una profunda crisis, la cual se anunció sería atendida como prioridad gubernamental; pero solo como perspectiva de promesa electoral.

En lo internacional, el espectro tampoco luce muy halagüeño y distinto. El intento de golpe de estado de la derecha en Alemania, el ascenso de los fascistas en Ucrania, el derrocamiento por parte de una oligarquía espuria contra Pedro Castillo en el Perú; el manoseo legal y jurídico para invisibilizar del espectro político a Cristina Kirchner; los irrespetuosos desplantes de Rodrigo Chaves contra la institucionalidad de este país y el absurdo manejo respecto a los pueblos ancestrales, deben ponernos a todas y todos en una nueva fase de sintonía, en donde el ejercicio de la lucha popular debe templarse cada día más no solo en la unidad en la acción, sino en nuestras propuestas programáticas.

La criminalización de la protesta social, la judicialización de las acciones políticas, son llamados de atención de que en nuestro país se conculcan los derechos humanos cada vez más.

Ciertamente, cada 19 de diciembre es obligado que recordemos los hechos de cómo se da una cadena de factores que llevaron a este atroz asesinato de lesa humanidad, que a la fecha sigue impune; pero nuestra responsabilidad histórica es también con el día de hoy. Tenemos un gran compromiso con nuestro pueblo, por eso hacemos un llamado a la UNIDAD POPULAR. Somos creyentes de esa consigna que nos unifica en nuestros intereses clasistas:

“¡El pueblo unido jamás será vencido!”

Cementerio Obrero. San José, 17 de diciembre de 2022

Solicitan a Municipalidad de Belén no avalar urbanización por afectación a la comunidad y a los manantiales de La Gruta

Un grupo de habitantes de San Antonio de Belén gestionan ante el Concejo de la Municipalidad el cambio de acuerdos que permiten el desarrollo de una urbanización.

Con 324 firmas de apoyo señalan que el proyecto pretende construir una ciudad residencial para mil personas a partir de dos proyectos en la misma finca.

El grupo comunitario se opone, entre otras razones, porque se aprueban 18 pajas de agua para el proyecto a partir de que personal de la Municipalidad, mediante certificado entregado al urbanizador, cambiaron el uso del suelo a favor de este. También piden la demolición de la infraestructura construida en los años 90 por el finquero-urbanizador sobre los manantiales de La Gruta y donde se pretenden levantar las casas.

En la carta al Concejo Municipal de San Antonio de Belén se solicita específicamente rechazo a la disponibilidad de pajas de agua, así como la demolición de obras en la zona de protección.

Asimismo, se pide información amplia sobre el proceso y testimonio de piezas.

En la nota se indica:

“Los abajo firmantes, en nuestra condición de vecinos de la Asunción de Belén, recurrimos a ustedes con el mismo propósito que la vez anterior, pero con más fuerza, pues se nos han unido muchos vecinos de todos los barrios del distrito.

En esta nueva misiva, reiteramos nuestra rotunda oposición a que se aprueben nuevos proyectos urbanísticos en este distrito. El artículo 50 de nuestra Constitución Política nos garantiza el derecho a vivir en un ambiente equilibrado; es decir, sin hacinamiento, sin ruido, sin congestionamientos vehiculares, sin contaminación del aire y sin contaminación de nuestras aguas. Tenemos derecho a que el agua de consumo en La Asunción sea de excelente calidad y esté al alcance de todos; que nunca nos falte porque vaya a ser entregada a megaproyectos urbanísticos.

Con respecto al plan de veinte viviendas, el de la Sociedad El Camino Gerizim en Finca La Negra, y que cuenta ya con el aval de ustedes en lo que concierne al otorgamiento de pajas de agua, solicitamos se revoque ese acuerdo. El informe técnico en el que se basó presenta vicios, como el cambio de uso del suelo a favor del desarrollador y carece de los estudios que demuestren la tesis municipal de que los barrios del distrito y del cantón soportarían una mayor carga vehicular y una carga descomunal de aguas residuales. Además, les pedimos soliciten, a la mayor brevedad, una investigación judicial sobre el proceder de los funcionarios que han estado otorgando a empresarios urbanizadores certificados de uso del suelo que no corresponden con los señalamientos de nuestro Plan Regulador.

Nos hemos enterado de que en la misma propiedad, en la Finca La Negra, se pretende otro desarrollo, en esta ocasión una ciudad para 900 habitantes, con entrada y salida por Calle Zumbado al igual que su proyecto anterior, y para el cual ya ha sido elaborado, por los mismos funcionarios municipales, el informe técnico que otorgaría al mismo 165 pajas de agua si ustedes, señores regidores, lo aprobaran en el Concejo.

Con respecto a la pretendida ciudad, incluidos los dos proyectos urbanísticos en la Finca La Negra, decimos un NO ENÉRGICO Y CONTUNDENTE y manifestamos nuestra disposición a llegar a las últimas consecuencias si ustedes autorizaran las pajas de agua para este descabellado proyecto contiguo al sitio histórico de La Gruta y sus ricos manantiales.

Algunas de las razones para oponernos a la construcción de dicha ciudad son:

a-Que nunca ha existido control por parte de la municipalidad sobre el estado de dicha finca con predominio de Zonas de Protección y Zonas residenciales de Baja Densidad. Que tampoco han sido verificadas correctamente las medidas de las zonas de protección de nacientes, quebradas y demás humedales que afectan a la finca La Negra.

b-Que desde los años noventa comenzó a funcionar ilegalmente en Finca La Negra, sobre dichas zonas de protección, un ruidoso negocio de recreo y esparcimiento que ni el municipio, los cuerpos de policía, ni el Ministerio de Salud han querido fiscalizar y que hoy día constituye el sitio en el que se pretende la construcción de dicha ciudad. A este respecto solicitamos se nos remitan los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

c-Que a pesar de la denuncia de vecinos, la administración municipal de entonces otorgó el permiso de funcionamiento de forma irregular, siendo negligente con el acatamiento de la normativa ambiental que debe aplicarse a una propiedad como Finca La Negra, rica en humedales y zonas de protección. En este sentido solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable. En este sentido, hacemos llamar la atención de que aún hoy día permanecen sobre los fuentes y su área de protección las canchas de baloncesto, los ranchos para barbacoas, piscinas, sin que se hayan mandado a derribar dichas construcciones que dicen mucho del irrespeto a las disposiciones legales ambientales por parte del propietario que, además, a lo largo de los años ha venido eliminando árboles de especies forestales nativas. Y en todo esto, el ayuntamiento jamás ha intervenido.

d-Que en el documento elaborado para que ustedes aprueben, o desaprueben, las 165 disponibilidades de agua potable, aparece un diseño del proyecto, entregado por el empresario urbanizador, donde claramente se aprecian las construcciones ilegales ubicadas dentro de Zonas de Protección. Solicitamos que la municipalidad de Belén utilice ese boceto en su poder, en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua a este proyecto urbanístico; asimismo, ordenen la demolición de la infraestructura existente en el lugar.

e-Que en este mapa que mencionamos, con el esbozo urbanístico, las torres de las casas para las 900 personas, los parqueos y calles aparecen dibujados sobre algunos bordes de las zonas de protección, y podría darse una invasión mayor si se aprobasen dichas construcciones. Que se trata de un diseño forzado, con calles que se estrechan de repente y pegadas completamente a las colindancias de otras propiedades sin que hayan sido constatadas sobre el terreno las distancias que debe haber a partir de los manantiales, quebradas y demás humedales, como hemos señalado en el punto A.

f-Que, lamentablemente, los técnicos de la municipalidad elaboraron dicho documento basados en las irregularidades señaladas en todos los puntos anteriores; por lo que de previo a valorar la aprobación de las Pajas de Agua Peticionadas, lo procedente es que se ordene la demolición de las estructuras que aparecen dentro de las áreas de protección de los cuerpos de agua existentes en dicho lugar.

h-Que ambos proyectos constituyen planes habitacionales para mil personas, que obviamente durante épocas festivas por la presencia de visitas, ese número será aún mayor y violentará, aún más, el derecho a la salud de los habitantes de la Asunción.

i- Que rechazamos cualquier intento de instalar sistemas de tratamiento de aguas negras en nuestros barrios donde las viviendas colindarían con estos, donde no habría controles como ha ocurrido históricamente en La Asunción y donde sus habitantes tienen derecho a respirar aire puro, sin olores fecales. Ya hemos tenido bastante con el relleno sanitario de la Uruca y los manejos inadecuados de las aguas negras.

j-Que previo al análisis de disponibilidades de agua para nuevos proyectos, se deben resolver los problemas ambientales señalados en el punto anterior.

k-Que rechazamos una nueva carga de aguas residuales vertidas en la Quebrada Las Bermúdez.

l-Que rechazamos cualquier intento de aumentar los ruidos por el estacionamiento y el tránsito vehicular dentro y fuera de Finca La Negra, vehículos que circularían por las estrechísimas calles ciegas de nuestros barrios.

ll-Que rechazamos cualquier intento por congestionar, aún más, las calles y carreteras del cantón, cuando a todas luces los mil vehículos de ambos planes de vivienda sumados a buses escolares, camiones repartidores y carros de los visitantes, impedirían la circulación de todos nosotros. Además de que esto sería nefasto para la economía del país y las emergencias médicas.

m-Que rechazamos cualquier intento por aumentar en nuestros barrios la contaminación del aire debido a la emisión de gases que generarían los vehículos de megaproyectos como estos.

Hacemos notar al Concejo Municipal, que resulta menos costoso para la Municipalidad de Belén no aprobar un proyecto de este tipo; pues de lo contrario implicaría un posterior proceso judicial de Lesividad que es muy complejo, extenso y oneroso, como lo ha sido el caso de los permisos constructivos de la urbanización Prados de Belén de la sociedad QUINTAELENA SOCIEDAD ANÓNIMA, en la cual se invade un humedal o lago ubicado en la Rivera de Belén.

Los acá firmantes estamos dispuestos a acudir a todas las instancias posibles para defender nuestros derechos en contra de este proyecto habitacional de Lagos de Belén, pues no permitiremos el otorgamiento de las aguas de nuestra comunidad a megaproyectos que, como estos, nos dejarían sin agua y, o, fueran a reducir los caudales de los acuíferos en momentos en que el líquido escasea en el mundo entero.

Ahora bien, nos permitimos hacer notar que el delito de invasión de área de protección tipificado en el artículo 58 de la Ley Forestal reza: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.”

Cabe indicar que en el artículo 34 de la Ley Forestal se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.”

Por estas y otras consideraciones que nos reservamos, es que les solicitamos que la municipalidad de Belén, previo a aprobar la disponibilidad para dicho proyecto, utilice el boceto mencionado anteriormente que tiene en su poder, y que en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a siquiera discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua para este proyecto urbanístico lo siguiente:

Solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable.

Solicitamos se nos remita los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

De conformidad al artículo 281 del Código Procesal Penal, En caso de que el Concejo Municipal tenga en la información disponible en la actualidad, información que permita arribar a que existe algún tipo de Invasión de Áreas de Protección conforme al los artículos 34 y 58 de la Ley Forestal, en estos terrenos donde se pretende ubicar este proyecto Lagos de Belén, respetuosamente solicitamos se testimonien piezas al Ministerio Público a fin de investigar este delito”.