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Etiqueta: lucha social

La democracia: el derecho ciudadano y humano negado por el fascismo en el Perú

Juan Huaylupo

Juan Huaylupo*

Las movilizaciones populares han conquistado democracia con su voluntad y acción colectiva en todas las sociedades del mundo. Los procesos democráticos nunca han sido dadivas de poderes opresivos, han sido el resultado de prolongadas luchas contra quienes han impuesto sus beneficios e intereses privados, sobre el presente y el futuro de las inmensas mayorías nacionales. La democracia y sus formas adoptadas en cada espacio social, no están restringidas a individuos o grupos privilegiados, son derechos alcanzados por muchos para todos, sin distinción alguna porque somos iguales y humanos. Quien se pretenda ser superior a otro ser humano, es simplemente un ignorante imbécil.  

Las formas democráticas de pueblos y sociedades logradas por las colectividades son muchas, como múltiples son los oprobios, maltratos y violaciones contra las personas, por ser mujeres, jóvenes, pobres, niños, indígenas, ancianos, migrantes, trabajadores, discapacitados, por el color de piel, o por pensar diferente, así como con las agresiones de exterminio genocida contra pueblos creadores de civilización y hacedores de historias nacionales. Vivimos en una sociedad y sistema contradictorio que desprecia, esclaviza y destruye a quienes despojan, explotan y enriquecen a los que se creen dueños de vidas y pueblos.  

Estas y otras son las características de la actual situación y condición de vida en nuestra tierra peruana. Un sistema inequitativo, desigual, contradictorio, dominados por tiránicos y miserables gobiernos, quienes coludidos con empresarios globales y delincuentes financieros son protegidos por leyes indignas y procesos corruptos, así como amparados por la prensa servil y por las jerarquizadas y ciegas fuerzas represivas del poder imperante.

Por ello, las luchas democráticas son trascendentes para todos. Los privilegiados y serviles del poder condenan las movilizaciones patrióticas de nuestros luchadores sociales, que no solo sacrifican trabajos y familias, también son víctimas de asesinatos inmunes e impunes. Esos héroes populares construyen democracia para todos, incluso para quienes los denigran y asesinan.

Pero, las reivindicaciones democráticas no son electorales, ni los actos técnicos e instrumentales de la votación crean democracia, como tampoco puede serlo, la designación de las personas que decidirán por nosotros, sin consulta ni transparencia. Asimismo, las elecciones no son las formas más idóneas de representar las necesidades y aspiraciones democráticas de una colectividad ciudadana, como es falso, que la cantidad de electores, en la votación individualizada, sea garantía para la democracia. Ninguna magnitud puede representarla. La aritmética electoral no tiene relación alguna con la democracia, menos aún en contextos complejos y contradictorios. La democracia no posee determinaciones cuantitativas, como tampoco elección alguna, posee la capacidad de calificar políticamente un proceso que trasciende el acto electoral.

En el presente abundan procesos electorales que no son democráticos, como también se conocen prácticas democráticas sin elecciones, dado que lo democrático, no son las elecciones, son las acciones que respetan y amparan los derechos alcanzados y la conquista de nuevos y mayores derechos en sociedades inequitativas, contradictorias y clasistas.

El acto instrumental electoral, no sustituye ni representa la acción de los actores orgánicos de la sociedad, que son quienes crean y modelan democracia. Por supuesto, tampoco podrá ser democrática una designación ni acción alguna que se encuentre pautada por leyes, reglamentos o procedimientos estandarizados, sin tiempo ni espacio, como en la actualidad se recurre en las viejas y nuevas tiranías, como la peruana.

Contemporáneamente son muchas sociedades que han adoptado las elecciones por ser portadoras de experiencias, de apariencia democrática, del pasado ateniense donde solo votaban los que eran libres en un universo de esclavitud. Hoy la vigencia electoral se reproduce por ser funcional a la reproducción de las tendencias dominantes en las sociedades y de los poderes preexistentes, por ello siempre están pautadas jurídicamente, en el Perú de 1827, solo podían votar los hombres mayores de 25 años, alfabetos, dueños de actividades independientes, contribuyentes del Estado e inscritos en el Registro Civil. Esto es, no podían votar quienes eran dependientes, analfabetos, mujeres, indígenas, etc. Electoralmente cada sociedad ha condicionado y reproducido diferencialmente sus prejuicios y estructuras clasistas.

Ninguna elección ni sufragio universal, ha sido un albur político, social o económico para las sociedades, por ser un medio por el cual se conoce, condiciona y controla, las orientaciones sociales, políticas y económicas del Estado, a través de los partidos políticos, candidatos y resultados electorales.  El miedo, el chantaje, el fraude y la corrupción han acompañado los actos electorales de las dictaduras en las sociedades latinoamericanas.

La importancia y trascendencia de la democracia no puede ser ocultada por la demagogia ni por su transfiguración por parte de los poderes despóticos, por ello los tiranos se dicen democráticos, encubiertos con elecciones, reformas constitucionales y procesos jurídicos administrativos, que legalizan su ilegitimidad, como lo hace la espuria presidenta en el Perú, como lo hizo Fujimori, Pinochet e incluso Adolfo Hitler (Discurso a trabajadores Rheinnetall-Borsingwerke. Berlín, 10 de diciembre de 1940).

No obstante, la organicidad y la acción ciudadana crean democracia, destruyendo tiranías, como lo hacen miles de peruanos y pueblos movilizados en el Perú contra corruptos y sanguinarios gobernantes y sus corifeos sirvientes.

La significación de la democracia y la paz para la ciudadanía y sus pueblos, es el espacio del respeto y amparo de la igualdad jurídica, que posibilita la organicidad y las demandas reivindicativas para crear nuevos y mayores derechos en la construcción de la igualdad y el progreso social.

La paz y el silencio sepulcral es la esencia del totalitarismo, pero nunca para la democracia, que es vida, cambio y luchas por bien común. Imaginar que la divergencia social es nociva, porque subvierte el orden y el poder, es la transparente manifestación de la opresión política existente en el Perú, espacio donde se promueve el odio que justifica toda la represión y asesinato de personas que luchan, no por beneficios personales ni locales, sino por el interés nacional y la democracia para todos.  

El totalitarismo niega la igualdad y el bien común, por el miedo a los otros que explota y asesina cotidianamente. Las medidas represivas para conservar el orden y la paz sepulcral, son auténticas declaraciones de guerra, no solo contra el pensamiento crítico, grupos o personas, también contra la democracia, la historia y cultura de los pueblos.

 

 *Profesor Catedrático pensionado de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Analizarán logros del Comité Cívico de Limón

Convocatoria

Se convoca a todos los exmuelleros y a la sociedad civil en general, a una reunión este viernes 3 de febrero en el Gimnasio Eddy Bermúdez, a partir de las 10am.

Se analizarán los resultados de la agenda del Comité Cívico, así como acciones de lucha a seguir.

No falten el futuro lo forjamos juntos.

Convoca Bloque Cívico del Cantón Central de Limón.

Información compartida con SURCOS por María Miranda.

Troles y democracia

Óscar Madrigal

El escándalo de los troles se inscribe dentro de las luchas políticas en defensa de la información trasparente y de la democracia. Más allá de los dimes y diretes y de lo detestable que puede ser y parecer un trol, el trasfondo de las denuncias y del desenmarcariamiento de este tipo de conductas, se enmarca dentro de la defensa de los principios democráticos de la sociedad.

Callar ante los troles o de los sicarios políticos es legitimar la mentira, el acoso, denigrar a lo más bajo a las personas, inventar las peores ofensas, ocultos en la oscuridad del anonimato y la impunidad. Desenmascarar este tipo de acciones políticas es necesario para intentar adecentar las luchas sociales, aspecto en el que tienen especial interés las fuerzas patrióticas nacionales.

Esta lucha en la Asamblea Legislativa y en otros medios probablemente no va lograr eliminar la existencia de este tipo de prácticas, pero sí dejará en evidencia a aquellos políticos que se ufanan de honestos y diáfanos, pero que utilizan métodos o procedimientos de lo más vil como el uso de troles. Eso es muy importante para limpiar, aunque sea en una mínima parte, los procesos políticos y tal vez que los dirigentes que los utilizan sepan que son ellos los sicarios intelectuales de los troles.

El trabajo de la Asamblea por desenmascarar a los troles será, también, un beneficio para crear algo de conciencia social y política en sectores de la población. Aunque fuere mínima es una acción necesaria para avanzar en la creación de esa conciencia. Esa lucha es beneficiosa para el país y para el pueblo. Bien vale llevarla a cabo.

Lo que podría parecer extraño es que guardemos silencio ante las formas y las acciones espurias que usan, como es el caso de los sicarios políticos, para atacar a las personas que les pueden parecer incómodas o que minimicemos las denuncias emprendidas contra esos procedimientos.

Los troles son un ataque a la democracia porque utilizan sujetos inexistentes, falsos y mercenarios para acallar la oposición, denigrar o destruir personas que critican, así como enturbiar el debate franco y abierto de los actos gubernamentales. Los troles son un problema nuevo y serio que habrá que ir desenmascarando.

Los troles o sicarios políticos son un arma utilizada por la extrema derecha en todo el mundo, para ganar elecciones de forma truculenta. Por ello es más urgente su denuncia, así como exponer su peligro democrático.

Como han dicho sobre la obra del filósofo Han: “Los bots -las cuentas falsas automatizadas en las redes sociales- difunden noticias falsas y discursos de odio e influyen en la formación de la opinión pública. Los ejércitos de troles intervienen en las campañas apuntalando la desinformación. Las teorías de la conspiración y la propaganda dominan el debate político”.

Esta campaña emprendida por diputados de la Asamblea contra los troles puede que no logre mayor cosa, pero es importante empezar exponiendo ante la opinión pública y la conciencia social a los sicarios intelectuales.

Mensaje de Martha Rodríguez González, representante laboral en la directiva de la CCSS

El 22 de diciembre, 2022 Martha Rodríguez González, representante laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) compartió un mensaje dirigido a los y las trabajadores de la Caja, en el que comenta que ya se realizó el ajuste salarial adeudado desde el año 2020, esto según comenta, gracias al apoyo y lucha de muchos compañeros trabajadores de todo el país.

Menciona que las acciones por parte de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS contra ella y otros dirigentes forman parte de la lucha, y que son parte de acciones que buscan violentar la autonomía constitucional de la CCSS, esto con el fin último, según plantea, de acciones para privatizar la Caja. Además establece que la lucha principal es la defensa de la autonomía de la CCSS. 

Finalmente les desea unas felices fiestas, y comparte sus deseos para el próximo año, que durante este se continúe con la lucha.

CMTC censura y muestra indignación ante la “intromisión odiosa y lesiva contra la institucionalidad” del Ejecutivo en la CCSS

SURCOS comparte la siguiente carta enviada por el presidente de la CMTC, Olman Chinchilla Hernández, al Consejo de Gobierno;

CMTC-026-2022

13 de diciembre de 2022

Magister
Yara Jiménez Fallas,
SECRETARÍA CONSEJO DE GOBIERNO.
República de Costa Rica.

Asunto: POSICION DE CMTC RELATIVO DE OFICIO PR-SCG-CERT.00006-2022.

Sirva recibir cordial y atento saludo. Por su digno medio, solicitamos este pronunciamiento sea conocido en pleno Consejo de Gobierno.

Es de conocimiento público que mediante memorial Número PR-SCG-CERT-00006-2022, procede el Consejo de Gobierno en toma de acuerdo para iniciar y dar Apertura de Procedimiento Ordinario Administrativo con separación de cinco miembros integrantes del actual Directorio en Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Constitucionalmente la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución pública revestida de Autonomía especial, regida por su propia Ley Orgánica (Ley 17) que en ordenamiento jurídico debe ser respetada en todos sus alcances.

Preocupa a nuestra Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses y sus agrupaciones afiliadas, la trata de que el Consejo de Gobierno y el mismo Gobierno Central de La República han propiciado contra la armonía, sostenibilidad y libertades institucionales que debe gozar la CCSS.

Desde luego, debe prevalecer el orden institucional y prioritariamente la institucionalidad de CCSS y sus regímenes a cargo.

El pueblo costarricense, sus asegurados y beneficiarios no podemos ver los razonamientos esgrimidos en el alcance del oficio de marras, que vienen a separar directores y dejar a la deriva el conjunto de acciones de previsión sanitaria que la Caja nos debe garantizar.

No hemos observado en ese extenso documento acto preventivo ni responsable de parte del Consejo de Gobierno sobre esa necesaria buena marcha institucional, dado que la deja en Estado de Indefensión y acéfala de la toma de decisiones y sus resolutivas como corresponde en su cometido institucional.

Tenemos muy claro el papel predominante de los alcances en derecho que le corresponden al Gobierno Central, no obstante, extralimitar sus facultades y potestades con intromisión hacia las representaciones Patronales y Laborales no le son de competencia, ya que por principios legitimados su representatividad es sectorial y tutelados por la propia Ley Orgánica de CCSS. Adolece también el acuerdo del Consejo de Gobierno, previsión sustitutiva de obtener base fundamentada la Separación de esos cinco integrantes ya dados a conocer. NO PUEDE DEJARSE EN ESTADO DE INDEFENSION A LA CAJA COMO TAMPOCO A NUESTRO PUEBLO ASEGURADO Y BENEFICIARIO DEL CONJUNTO DE ACCIONES QUE VELAN NUESTRA SALUD Y BIENESTAR.

Dicho lo anterior, enfatizamos que, el acuerdo asumido en Consejo de Gobierno, no es buena señal ni de grato recibo, por cuanto, riñe, violenta y atropella el Marco Normativo y de la misma legitimidad jurídica, conforme fuente instrumental respectiva, sea la Constitución Política de La República de Costa Rica (art. Numeral 147, inciso 4), que solo tiene incidencia el Consejo de Gobierno y Gobierno Central en sus representantes acreditados y no así en los representantes de sectores Patronal ni Laboral, conforme artículo 6, 7 y 8 de la Ley No.17.

Por lo tanto, a nombre de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) reciban total censura e indignación por la actual trata de intromisión odiosa y lesiva contra la institucionalidad y de los graves perjuicios contra la Caja Costarricense de Seguro Social.

Agradecemos de antemano su colaboración y gestión.

Atentamente
Olman Chinchilla Hernández
Presidente
CMTC

C.c.
Señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de La República de Costa Rica.
Jefaturas de Fracciones Parlamentarias – Asamblea Legislativa CR.
Defensoría de los Habitantes.
Medios de Comunicación Masiva.
Comité Ejecutivo Nacional CMTC.
Archivo.

Amenazas y violencia en contra de la Tribu Tolupán se recrudecen ante instalación de minera

La lucha por una clínica y la protección de la salud es otra lucha emprendida por la tribu Tolupán.

En el último año, las agresiones en contra de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa se han recrudecido ante la instalación de la empresa minera LACHANSA en el territorio de la tribu, específicamente en la comunidad de Lagunita. Desde el inicio de las operaciones, las comunidades y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han enfrentado campañas de desprestigio, intimidación e incluso amenazas de muerte. Las mujeres y niñas han enfrentado también hostigamientos de carácter sexual y varias personas se han visto forzadas a desplazarse de la comunidad ante el contexto de riesgo. 

Desde la instalación de la minera LACHANSA en enero de 2022, las comunidades y el MADJ han denunciado que la empresa está operando sin consentimiento de la tribu y sin ningún permiso o licencia otorgada por el Estado de Honduras, la ilegalidad y las agresiones en el territorio se han establecido de manera recurrente, con ello, se ha llevado a denunciar dichos eventos, aun así no se les ha brindado una respuesta y solución a la problemática. Sumado a esto, tampoco se ha instalado la mesa interinstitucional para abordar la problemática de la tribu, cuya última reunión se celebró en 2020, ni se ha avanzado en la investigación de los asesinatos cometidos en las comunidades, dejando estas y otras graves agresiones en total impunidad. Por ello, las comunidades han denunciado esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH). 

Respecto al Mecanismo, las personas representantes reconocieron ante la Comisión que: “Es sumamente preocupante que un ente del Estado, cuyo rol es la protección inmediata de la vida e integridad de las personas que se encuentran en riesgo de daño urgente e irreparable, no cuente con herramientas céleres y efectivas para dar respuesta a las situaciones de riesgo que conoce”. 

Finalmente, se solicitó a la Comisión y otros organismos, que requiera al Estado de Honduras impulsar la instalación de la mesa interinstitucional para abordar el conflicto, conformada al menos por MIAMBIENTE, INHGEOMIN, la Secretaria de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de Conservación Forestal y Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural; instar al Instituto de Conservación Forestal (ICF) esto con el fin de investigar los planes operativos otorgados dentro del Plan de Manejo Forestal perteneciente a la Tribu San Francisco de Locomapa, y de comprobarse las irregularidades e inconsistencias, que el ICF proceda a denegar y suspender los planes operativos en curso o autorizados; y llevar a cabo las investigaciones necesarias por todos los hechos de riesgo cometidos.

El Codo del Diablo: 74 aniversario de un crimen de Estado que aún permanece en la impunidad “… Crímenes de guerra y lesa humanidad…”

Por: Trino Barrantes Araya
Partido Vanguardia Popular
camilosantamaria775@gmail.com

“…1º.- Que ya hace más de un mes don Otilio Ulate denunció desde las columnas de sus propios periódicos, el asesinato en masa cometido por autoridades de este Gobierno en el punto de la vía Férrea a Limón denominado “El Codo del Diablo /…/ Todas las circunstancias hechas públicas por la prensa del señor Ulate revelaron que el asesinato fue minuciosa y fríamente preparado y obedecía sin duda al plan de destruir físicamente a los dirigentes responsables de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica y del Partido Vanguardia Popular /…/ 3º.- Este delito ha sido catalogado por las Naciones Unidas con el carácter de Genocidio, y el voto del delegado costarricense fue incluido como afirmativo al aprobar la ONU la Convención que sanciona esta clase de delitos. (El subrayado, la y la cursiva son nuestras) …”( (Anexo al Acta No.21. de fecha y lugar San José, 27 de enero de 1949, de la Asamblea Nacional Constituyente)

Compañeras, compañeros. Nos reúne aquí una fecha muy importante para recordar y conmemorar el 74 Aniversario del Asesinato de los Mártires del Codo del Diablo.

Efectivamente hoy, sábado 17 de diciembre de 2022, hemos decidido RE (volver a situar) CORDARI (corazón). Poner en nuestros corazones el valor histórico de los mártires del Codo del Diablo. De tal suerte que, si conmemoramos, es porque estamos dispuestos en colocar en nuestra memoria colectiva y en la resistencia de la lucha popular, el recuerdo de los hechos acaecidos en el Codo del Diablo, el 19 de diciembre de 1948.

Enrique Benavides, en su texto: El crimen del Codo del Diablo, nos dice:

A la altura de la milla 41, donde la línea del ferrocarril comienza a bordear por su base el empinado cerro del Diablo, el motorista Auld Alvarado menguó la velocidad conduciéndolo más lentamente, hasta detenerlo en el punto más profundo de la curva en forma de herradura, que se conoce con el nombre de “El Codo del Diablo”. Campos creyó que había fallado la chispa, y se bajó para examinarla, por detrás del vehículo. No tuvo tiempo de examinar el aparato, pues Zúñiga Jirón había dado orden a los reos que se bajaran y entonces dio orden al motorista, para que se adelantara un poco con el Motocar, los reos quedaron a unos cuantos metros del vehículo, luego el Capitán Zúñiga Jirón, estando esposados en parejas, abrió fuego con su ametralladora, siguiéndole Valverde. Campos horrorizado y a distancia, contemplaba la escena mudo, desorbitado, sin atinar a moverse de su sitio. Pudo ver seguidamente como Valverde remataba los cuerpos de Federico Picado y el cuerpo de Octavio Sáenz, con su revolver”.

El asesinato por motivos políticos es, sin más, un crimen que tipifica como crimen de lesa humanidad. La Guerra civil, como toda confrontación bélica, abrió profundas heridas en el tejido social costarricense, que aún hoy, en pleno siglo XXI, dejan que se vuelvan abrir los efectos de aquel hecho histórico.

Pareciera que, aunque un grueso de la población del país ni siquiera conoce de esos hechos y no se sienten parte de ellos, pues nacen en un momento en que dichas heridas han comenzado a ser restañadas; un grupo de ideólogos del bipartidismo sigue empeñado en que los fantasmas de los crímenes de abril de 1948 vuelvan a las calles y ciudades del país, en cada proceso electoral.

Pero dígase puntualmente que, desde la historia oficial se ha silenciado el derecho que corresponde a las víctimas. Por eso, tal vez sea necesario que trabajos como el ejecutado por Baltasar Garzón, la sostenida lucha histórica de las Abuelas de la Plaza de Mayo. La reveladora lección del filme el “El silencio del otro” (https://www.espinof.com/documentales/silencio-otros-no-pelicula-pasado-sino-lucha-presente-sufrimiento-que-existe-ahora-almudena-carracedo), y nuevas lecturas discursivas, nos permitan situar el verdadero alcance de lo que significó este crimen.

En el orden y aportes de nuevos documentales, el historiador Víctor Hugo Acuña, refiere a la película producida por los hermanos Jara y escribe lo siguiente:

“…Sin embargo, al colocar de nuevo aquellos acontecimientos en la esfera pública, plantea algunas cuestiones que trascienden a las familias de las víctimas y afectan al conjunto de la sociedad costarricense. En efecto, el documental abre la pregunta sobre cuáles son las responsabilidades presentes no prescritas del Estado costarricense en relación con esta violación de los derechos humanos de la que fue directo responsable y de cuya impunidad fue también cómplice. El Estado costarricense pidió perdón recientemente a Juan Rafael Mora por su ejecución sumaria y yo me pregunto si no sería indispensable que hiciese lo mismo con las víctimas del Codo del Diablo y con sus descendientes. El gesto no solo tendría valor simbólico, ya que permitiría dejar claro que no hay jerarquías entre las víctimas de los llamados “crímenes de Estado”, sino también efectivo para quienes vivimos hoy y para quienes vivirán mañana en el sentido de que el Estado al cual pertenecemos garantiza que las violaciones de los derechos humanos no pueden quedar impunes…” (Acuña, 2014)

En diciembre de 1948, durante el período que se conoce como la “contrarrevolución”, se decidió que un grupo de prisioneros que se encontraban en la cárcel de Puerto Limón debían ser trasladados a San José. Entre ellos estaban: Federico Picado Saénz, Tobías Vaglio Sardí, Lucio Ibarra Aburto, Octavio Saénz Soto, Narciso Sotomayor Ramírez, Álvaro Aguilar Umaña (republicano, fue confundido con otro vanguardista de igual nombre).

A 74 años del Asesinato de los mártires del Codo del Diablo, nos mueve un interés básico. Llamar la atención de que este crimen, debe ser visto bajo la lupa de lo que disponen los Instrumentos de derechos humanos, respecto a los crímenes de lesa humanidad. La   Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968. La cual entró en vigor, el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII. De igual forma referimos en estos principios del derecho internacional a La Asamblea General, Recordando sus resoluciones 2583 (XXIV) de 15 de diciembre de 1969, 2712 (XXV) de 15 de diciembre de 1970, 2840 (XXVI) de 18 de diciembre de 1971 y 3020 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972. (https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-limitations-war-crimes).

En el momento en que escribimos estos notas, han pasado 74 años de este horroroso e impune crimen. Este 19 de diciembre, estaremos conmemorando un año más, sin que los autores materiales e intelectuales tuviesen ningún tipo moral, judicial o real de condena. Un crimen de la envergadura del suceso en Siquirres, en el Codo del Diablo, se prendió históricamente en la conciencia del pueblo, en la memoria colectiva.

Pero los revolucionarios, los movimientos populares, sindicatos y partidos políticos clasistas, no podemos quedarnos solamente en el RECUERDO, la coyuntura actual nos exige un compromiso permanente, pues hoy el fascismo y las concepciones pentecostales más reaccionarias asumen un papel muy peligroso para los pueblos.

Gobiernos sucesivos, desde que se implementa el Estado Neoliberal, a partir de la firma de los PAE´s , o bajo la argucia de la pandemia del COVID-19, o más recientemente, ante la prepotencia gubernamental, han llevado al país a un empobrecimiento acelerado, a la tercerización del trabajo sin precedentes, a un índice de desempleo muy grande, una acelerada y creciente deuda externa y una profunda crisis, la cual se anunció sería atendida como prioridad gubernamental; pero solo como perspectiva de promesa electoral.

En lo internacional, el espectro tampoco luce muy halagüeño y distinto. El intento de golpe de estado de la derecha en Alemania, el ascenso de los fascistas en Ucrania, el derrocamiento por parte de una oligarquía espuria contra Pedro Castillo en el Perú; el manoseo legal y jurídico para invisibilizar del espectro político a Cristina Kirchner; los irrespetuosos desplantes de Rodrigo Chaves contra la institucionalidad de este país y el absurdo manejo respecto a los pueblos ancestrales, deben ponernos a todas y todos en una nueva fase de sintonía, en donde el ejercicio de la lucha popular debe templarse cada día más no solo en la unidad en la acción, sino en nuestras propuestas programáticas.

La criminalización de la protesta social, la judicialización de las acciones políticas, son llamados de atención de que en nuestro país se conculcan los derechos humanos cada vez más.

Ciertamente, cada 19 de diciembre es obligado que recordemos los hechos de cómo se da una cadena de factores que llevaron a este atroz asesinato de lesa humanidad, que a la fecha sigue impune; pero nuestra responsabilidad histórica es también con el día de hoy. Tenemos un gran compromiso con nuestro pueblo, por eso hacemos un llamado a la UNIDAD POPULAR. Somos creyentes de esa consigna que nos unifica en nuestros intereses clasistas:

“¡El pueblo unido jamás será vencido!”

Cementerio Obrero. San José, 17 de diciembre de 2022