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Etiqueta: lucha social

El Codo del Diablo: 74 aniversario de un crimen de Estado que aún permanece en la impunidad “… Crímenes de guerra y lesa humanidad…”

Por: Trino Barrantes Araya
Partido Vanguardia Popular
camilosantamaria775@gmail.com

“…1º.- Que ya hace más de un mes don Otilio Ulate denunció desde las columnas de sus propios periódicos, el asesinato en masa cometido por autoridades de este Gobierno en el punto de la vía Férrea a Limón denominado “El Codo del Diablo /…/ Todas las circunstancias hechas públicas por la prensa del señor Ulate revelaron que el asesinato fue minuciosa y fríamente preparado y obedecía sin duda al plan de destruir físicamente a los dirigentes responsables de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica y del Partido Vanguardia Popular /…/ 3º.- Este delito ha sido catalogado por las Naciones Unidas con el carácter de Genocidio, y el voto del delegado costarricense fue incluido como afirmativo al aprobar la ONU la Convención que sanciona esta clase de delitos. (El subrayado, la y la cursiva son nuestras) …”( (Anexo al Acta No.21. de fecha y lugar San José, 27 de enero de 1949, de la Asamblea Nacional Constituyente)

Compañeras, compañeros. Nos reúne aquí una fecha muy importante para recordar y conmemorar el 74 Aniversario del Asesinato de los Mártires del Codo del Diablo.

Efectivamente hoy, sábado 17 de diciembre de 2022, hemos decidido RE (volver a situar) CORDARI (corazón). Poner en nuestros corazones el valor histórico de los mártires del Codo del Diablo. De tal suerte que, si conmemoramos, es porque estamos dispuestos en colocar en nuestra memoria colectiva y en la resistencia de la lucha popular, el recuerdo de los hechos acaecidos en el Codo del Diablo, el 19 de diciembre de 1948.

Enrique Benavides, en su texto: El crimen del Codo del Diablo, nos dice:

A la altura de la milla 41, donde la línea del ferrocarril comienza a bordear por su base el empinado cerro del Diablo, el motorista Auld Alvarado menguó la velocidad conduciéndolo más lentamente, hasta detenerlo en el punto más profundo de la curva en forma de herradura, que se conoce con el nombre de “El Codo del Diablo”. Campos creyó que había fallado la chispa, y se bajó para examinarla, por detrás del vehículo. No tuvo tiempo de examinar el aparato, pues Zúñiga Jirón había dado orden a los reos que se bajaran y entonces dio orden al motorista, para que se adelantara un poco con el Motocar, los reos quedaron a unos cuantos metros del vehículo, luego el Capitán Zúñiga Jirón, estando esposados en parejas, abrió fuego con su ametralladora, siguiéndole Valverde. Campos horrorizado y a distancia, contemplaba la escena mudo, desorbitado, sin atinar a moverse de su sitio. Pudo ver seguidamente como Valverde remataba los cuerpos de Federico Picado y el cuerpo de Octavio Sáenz, con su revolver”.

El asesinato por motivos políticos es, sin más, un crimen que tipifica como crimen de lesa humanidad. La Guerra civil, como toda confrontación bélica, abrió profundas heridas en el tejido social costarricense, que aún hoy, en pleno siglo XXI, dejan que se vuelvan abrir los efectos de aquel hecho histórico.

Pareciera que, aunque un grueso de la población del país ni siquiera conoce de esos hechos y no se sienten parte de ellos, pues nacen en un momento en que dichas heridas han comenzado a ser restañadas; un grupo de ideólogos del bipartidismo sigue empeñado en que los fantasmas de los crímenes de abril de 1948 vuelvan a las calles y ciudades del país, en cada proceso electoral.

Pero dígase puntualmente que, desde la historia oficial se ha silenciado el derecho que corresponde a las víctimas. Por eso, tal vez sea necesario que trabajos como el ejecutado por Baltasar Garzón, la sostenida lucha histórica de las Abuelas de la Plaza de Mayo. La reveladora lección del filme el “El silencio del otro” (https://www.espinof.com/documentales/silencio-otros-no-pelicula-pasado-sino-lucha-presente-sufrimiento-que-existe-ahora-almudena-carracedo), y nuevas lecturas discursivas, nos permitan situar el verdadero alcance de lo que significó este crimen.

En el orden y aportes de nuevos documentales, el historiador Víctor Hugo Acuña, refiere a la película producida por los hermanos Jara y escribe lo siguiente:

“…Sin embargo, al colocar de nuevo aquellos acontecimientos en la esfera pública, plantea algunas cuestiones que trascienden a las familias de las víctimas y afectan al conjunto de la sociedad costarricense. En efecto, el documental abre la pregunta sobre cuáles son las responsabilidades presentes no prescritas del Estado costarricense en relación con esta violación de los derechos humanos de la que fue directo responsable y de cuya impunidad fue también cómplice. El Estado costarricense pidió perdón recientemente a Juan Rafael Mora por su ejecución sumaria y yo me pregunto si no sería indispensable que hiciese lo mismo con las víctimas del Codo del Diablo y con sus descendientes. El gesto no solo tendría valor simbólico, ya que permitiría dejar claro que no hay jerarquías entre las víctimas de los llamados “crímenes de Estado”, sino también efectivo para quienes vivimos hoy y para quienes vivirán mañana en el sentido de que el Estado al cual pertenecemos garantiza que las violaciones de los derechos humanos no pueden quedar impunes…” (Acuña, 2014)

En diciembre de 1948, durante el período que se conoce como la “contrarrevolución”, se decidió que un grupo de prisioneros que se encontraban en la cárcel de Puerto Limón debían ser trasladados a San José. Entre ellos estaban: Federico Picado Saénz, Tobías Vaglio Sardí, Lucio Ibarra Aburto, Octavio Saénz Soto, Narciso Sotomayor Ramírez, Álvaro Aguilar Umaña (republicano, fue confundido con otro vanguardista de igual nombre).

A 74 años del Asesinato de los mártires del Codo del Diablo, nos mueve un interés básico. Llamar la atención de que este crimen, debe ser visto bajo la lupa de lo que disponen los Instrumentos de derechos humanos, respecto a los crímenes de lesa humanidad. La   Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968. La cual entró en vigor, el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII. De igual forma referimos en estos principios del derecho internacional a La Asamblea General, Recordando sus resoluciones 2583 (XXIV) de 15 de diciembre de 1969, 2712 (XXV) de 15 de diciembre de 1970, 2840 (XXVI) de 18 de diciembre de 1971 y 3020 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972. (https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-limitations-war-crimes).

En el momento en que escribimos estos notas, han pasado 74 años de este horroroso e impune crimen. Este 19 de diciembre, estaremos conmemorando un año más, sin que los autores materiales e intelectuales tuviesen ningún tipo moral, judicial o real de condena. Un crimen de la envergadura del suceso en Siquirres, en el Codo del Diablo, se prendió históricamente en la conciencia del pueblo, en la memoria colectiva.

Pero los revolucionarios, los movimientos populares, sindicatos y partidos políticos clasistas, no podemos quedarnos solamente en el RECUERDO, la coyuntura actual nos exige un compromiso permanente, pues hoy el fascismo y las concepciones pentecostales más reaccionarias asumen un papel muy peligroso para los pueblos.

Gobiernos sucesivos, desde que se implementa el Estado Neoliberal, a partir de la firma de los PAE´s , o bajo la argucia de la pandemia del COVID-19, o más recientemente, ante la prepotencia gubernamental, han llevado al país a un empobrecimiento acelerado, a la tercerización del trabajo sin precedentes, a un índice de desempleo muy grande, una acelerada y creciente deuda externa y una profunda crisis, la cual se anunció sería atendida como prioridad gubernamental; pero solo como perspectiva de promesa electoral.

En lo internacional, el espectro tampoco luce muy halagüeño y distinto. El intento de golpe de estado de la derecha en Alemania, el ascenso de los fascistas en Ucrania, el derrocamiento por parte de una oligarquía espuria contra Pedro Castillo en el Perú; el manoseo legal y jurídico para invisibilizar del espectro político a Cristina Kirchner; los irrespetuosos desplantes de Rodrigo Chaves contra la institucionalidad de este país y el absurdo manejo respecto a los pueblos ancestrales, deben ponernos a todas y todos en una nueva fase de sintonía, en donde el ejercicio de la lucha popular debe templarse cada día más no solo en la unidad en la acción, sino en nuestras propuestas programáticas.

La criminalización de la protesta social, la judicialización de las acciones políticas, son llamados de atención de que en nuestro país se conculcan los derechos humanos cada vez más.

Ciertamente, cada 19 de diciembre es obligado que recordemos los hechos de cómo se da una cadena de factores que llevaron a este atroz asesinato de lesa humanidad, que a la fecha sigue impune; pero nuestra responsabilidad histórica es también con el día de hoy. Tenemos un gran compromiso con nuestro pueblo, por eso hacemos un llamado a la UNIDAD POPULAR. Somos creyentes de esa consigna que nos unifica en nuestros intereses clasistas:

“¡El pueblo unido jamás será vencido!”

Cementerio Obrero. San José, 17 de diciembre de 2022

Solicitan a Municipalidad de Belén no avalar urbanización por afectación a la comunidad y a los manantiales de La Gruta

Un grupo de habitantes de San Antonio de Belén gestionan ante el Concejo de la Municipalidad el cambio de acuerdos que permiten el desarrollo de una urbanización.

Con 324 firmas de apoyo señalan que el proyecto pretende construir una ciudad residencial para mil personas a partir de dos proyectos en la misma finca.

El grupo comunitario se opone, entre otras razones, porque se aprueban 18 pajas de agua para el proyecto a partir de que personal de la Municipalidad, mediante certificado entregado al urbanizador, cambiaron el uso del suelo a favor de este. También piden la demolición de la infraestructura construida en los años 90 por el finquero-urbanizador sobre los manantiales de La Gruta y donde se pretenden levantar las casas.

En la carta al Concejo Municipal de San Antonio de Belén se solicita específicamente rechazo a la disponibilidad de pajas de agua, así como la demolición de obras en la zona de protección.

Asimismo, se pide información amplia sobre el proceso y testimonio de piezas.

En la nota se indica:

“Los abajo firmantes, en nuestra condición de vecinos de la Asunción de Belén, recurrimos a ustedes con el mismo propósito que la vez anterior, pero con más fuerza, pues se nos han unido muchos vecinos de todos los barrios del distrito.

En esta nueva misiva, reiteramos nuestra rotunda oposición a que se aprueben nuevos proyectos urbanísticos en este distrito. El artículo 50 de nuestra Constitución Política nos garantiza el derecho a vivir en un ambiente equilibrado; es decir, sin hacinamiento, sin ruido, sin congestionamientos vehiculares, sin contaminación del aire y sin contaminación de nuestras aguas. Tenemos derecho a que el agua de consumo en La Asunción sea de excelente calidad y esté al alcance de todos; que nunca nos falte porque vaya a ser entregada a megaproyectos urbanísticos.

Con respecto al plan de veinte viviendas, el de la Sociedad El Camino Gerizim en Finca La Negra, y que cuenta ya con el aval de ustedes en lo que concierne al otorgamiento de pajas de agua, solicitamos se revoque ese acuerdo. El informe técnico en el que se basó presenta vicios, como el cambio de uso del suelo a favor del desarrollador y carece de los estudios que demuestren la tesis municipal de que los barrios del distrito y del cantón soportarían una mayor carga vehicular y una carga descomunal de aguas residuales. Además, les pedimos soliciten, a la mayor brevedad, una investigación judicial sobre el proceder de los funcionarios que han estado otorgando a empresarios urbanizadores certificados de uso del suelo que no corresponden con los señalamientos de nuestro Plan Regulador.

Nos hemos enterado de que en la misma propiedad, en la Finca La Negra, se pretende otro desarrollo, en esta ocasión una ciudad para 900 habitantes, con entrada y salida por Calle Zumbado al igual que su proyecto anterior, y para el cual ya ha sido elaborado, por los mismos funcionarios municipales, el informe técnico que otorgaría al mismo 165 pajas de agua si ustedes, señores regidores, lo aprobaran en el Concejo.

Con respecto a la pretendida ciudad, incluidos los dos proyectos urbanísticos en la Finca La Negra, decimos un NO ENÉRGICO Y CONTUNDENTE y manifestamos nuestra disposición a llegar a las últimas consecuencias si ustedes autorizaran las pajas de agua para este descabellado proyecto contiguo al sitio histórico de La Gruta y sus ricos manantiales.

Algunas de las razones para oponernos a la construcción de dicha ciudad son:

a-Que nunca ha existido control por parte de la municipalidad sobre el estado de dicha finca con predominio de Zonas de Protección y Zonas residenciales de Baja Densidad. Que tampoco han sido verificadas correctamente las medidas de las zonas de protección de nacientes, quebradas y demás humedales que afectan a la finca La Negra.

b-Que desde los años noventa comenzó a funcionar ilegalmente en Finca La Negra, sobre dichas zonas de protección, un ruidoso negocio de recreo y esparcimiento que ni el municipio, los cuerpos de policía, ni el Ministerio de Salud han querido fiscalizar y que hoy día constituye el sitio en el que se pretende la construcción de dicha ciudad. A este respecto solicitamos se nos remitan los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

c-Que a pesar de la denuncia de vecinos, la administración municipal de entonces otorgó el permiso de funcionamiento de forma irregular, siendo negligente con el acatamiento de la normativa ambiental que debe aplicarse a una propiedad como Finca La Negra, rica en humedales y zonas de protección. En este sentido solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable. En este sentido, hacemos llamar la atención de que aún hoy día permanecen sobre los fuentes y su área de protección las canchas de baloncesto, los ranchos para barbacoas, piscinas, sin que se hayan mandado a derribar dichas construcciones que dicen mucho del irrespeto a las disposiciones legales ambientales por parte del propietario que, además, a lo largo de los años ha venido eliminando árboles de especies forestales nativas. Y en todo esto, el ayuntamiento jamás ha intervenido.

d-Que en el documento elaborado para que ustedes aprueben, o desaprueben, las 165 disponibilidades de agua potable, aparece un diseño del proyecto, entregado por el empresario urbanizador, donde claramente se aprecian las construcciones ilegales ubicadas dentro de Zonas de Protección. Solicitamos que la municipalidad de Belén utilice ese boceto en su poder, en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua a este proyecto urbanístico; asimismo, ordenen la demolición de la infraestructura existente en el lugar.

e-Que en este mapa que mencionamos, con el esbozo urbanístico, las torres de las casas para las 900 personas, los parqueos y calles aparecen dibujados sobre algunos bordes de las zonas de protección, y podría darse una invasión mayor si se aprobasen dichas construcciones. Que se trata de un diseño forzado, con calles que se estrechan de repente y pegadas completamente a las colindancias de otras propiedades sin que hayan sido constatadas sobre el terreno las distancias que debe haber a partir de los manantiales, quebradas y demás humedales, como hemos señalado en el punto A.

f-Que, lamentablemente, los técnicos de la municipalidad elaboraron dicho documento basados en las irregularidades señaladas en todos los puntos anteriores; por lo que de previo a valorar la aprobación de las Pajas de Agua Peticionadas, lo procedente es que se ordene la demolición de las estructuras que aparecen dentro de las áreas de protección de los cuerpos de agua existentes en dicho lugar.

h-Que ambos proyectos constituyen planes habitacionales para mil personas, que obviamente durante épocas festivas por la presencia de visitas, ese número será aún mayor y violentará, aún más, el derecho a la salud de los habitantes de la Asunción.

i- Que rechazamos cualquier intento de instalar sistemas de tratamiento de aguas negras en nuestros barrios donde las viviendas colindarían con estos, donde no habría controles como ha ocurrido históricamente en La Asunción y donde sus habitantes tienen derecho a respirar aire puro, sin olores fecales. Ya hemos tenido bastante con el relleno sanitario de la Uruca y los manejos inadecuados de las aguas negras.

j-Que previo al análisis de disponibilidades de agua para nuevos proyectos, se deben resolver los problemas ambientales señalados en el punto anterior.

k-Que rechazamos una nueva carga de aguas residuales vertidas en la Quebrada Las Bermúdez.

l-Que rechazamos cualquier intento de aumentar los ruidos por el estacionamiento y el tránsito vehicular dentro y fuera de Finca La Negra, vehículos que circularían por las estrechísimas calles ciegas de nuestros barrios.

ll-Que rechazamos cualquier intento por congestionar, aún más, las calles y carreteras del cantón, cuando a todas luces los mil vehículos de ambos planes de vivienda sumados a buses escolares, camiones repartidores y carros de los visitantes, impedirían la circulación de todos nosotros. Además de que esto sería nefasto para la economía del país y las emergencias médicas.

m-Que rechazamos cualquier intento por aumentar en nuestros barrios la contaminación del aire debido a la emisión de gases que generarían los vehículos de megaproyectos como estos.

Hacemos notar al Concejo Municipal, que resulta menos costoso para la Municipalidad de Belén no aprobar un proyecto de este tipo; pues de lo contrario implicaría un posterior proceso judicial de Lesividad que es muy complejo, extenso y oneroso, como lo ha sido el caso de los permisos constructivos de la urbanización Prados de Belén de la sociedad QUINTAELENA SOCIEDAD ANÓNIMA, en la cual se invade un humedal o lago ubicado en la Rivera de Belén.

Los acá firmantes estamos dispuestos a acudir a todas las instancias posibles para defender nuestros derechos en contra de este proyecto habitacional de Lagos de Belén, pues no permitiremos el otorgamiento de las aguas de nuestra comunidad a megaproyectos que, como estos, nos dejarían sin agua y, o, fueran a reducir los caudales de los acuíferos en momentos en que el líquido escasea en el mundo entero.

Ahora bien, nos permitimos hacer notar que el delito de invasión de área de protección tipificado en el artículo 58 de la Ley Forestal reza: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.”

Cabe indicar que en el artículo 34 de la Ley Forestal se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.”

Por estas y otras consideraciones que nos reservamos, es que les solicitamos que la municipalidad de Belén, previo a aprobar la disponibilidad para dicho proyecto, utilice el boceto mencionado anteriormente que tiene en su poder, y que en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a siquiera discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua para este proyecto urbanístico lo siguiente:

Solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable.

Solicitamos se nos remita los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

De conformidad al artículo 281 del Código Procesal Penal, En caso de que el Concejo Municipal tenga en la información disponible en la actualidad, información que permita arribar a que existe algún tipo de Invasión de Áreas de Protección conforme al los artículos 34 y 58 de la Ley Forestal, en estos terrenos donde se pretende ubicar este proyecto Lagos de Belén, respetuosamente solicitamos se testimonien piezas al Ministerio Público a fin de investigar este delito”.

Alerta sobre riesgo a la vida e integridad física de personas defensoras de la tierra-territorio y de derechos humanos

COMUNICADO PÚBLICO

• Las amenazas han sido dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vigtnet.

• El contexto ampliado, involucra al ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez. Quién además de ser denunciado pública y judicialmente ha sido apoyado en algunas acciones por la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA).

Martes 6 de diciembre del 2022.

Nosotras y nosotros que pertenecemos al “Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok”, alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre el riesgo inminente que corren las vidas e integridad física de: 1) la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak, recuperadora de tierra-territorio en el Territorio Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) y; 2) el defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet, que apoya a la CLSS y es interlocutor entre esta instancia y el Estado de Costa Rica.

La alerta y nuestra profunda preocupación se originan a partir de las numerosas denuncias que se han realizado a la situación de tensión, agresión y violencia racista que se vive en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra). Este contexto surgió tras la respuesta violenta del ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez, ante la recuperación del terreno que ocupaba y del cual obtenía beneficios de forma ilegal desde que lo adquirió -también por medios ilegales- en 2012; un poco más de dos décadas desde la vigencia de la Ley Indígena de 1977 en Costa Rica y que convierten a Pérez no sólo ocupante ilegal sino de mala fe y, por tanto, no es sujeto de indemnización.

Las agresiones han sido múltiples y profundamente violentas desde que la familia Sandí Morales decidió hacer valer su derecho al acceso y disfrute de la tierra-territorio en abril del 2021. Derecho consagrado en: 1) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 2) la Ley Indígena de 1977; 3) el marco constitucional costarricense y; 4) el fallo No 20222024725 del miércoles 19 de octubre del 2022, de la Sala Constitucional, en el que se reafirma la nulidad de todas las compra-ventas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas. Las agresiones por parte de Luis Ángel Pérez y sus peones han ido desde el hostigamiento y acoso constante, insultos racistas, hasta las amenazas de muerte, amenazas agravadas (con arma en mano) y escaló con disparos al cuerpo de las personas recuperadoras el pasado 04 de noviembre; día en el que la familia Sandí Morales pudo completar el proceso de recuperación y la expulsión definitiva del ocupante ilegal y sus peones.

Esta situación se agrava, todavía más, ante los hechos denunciados el pasado miércoles 30 de noviembre del 2022 por la familia Bribri -del Clan Duri Wak- Sandí Morales y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Ambas partes, recibieron información sobre la filtración y difusión de imágenes del Informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires de Puntarenas y del Informe policial de la Delegación de la Fuerza Pública del mismo cantón sobre los hechos que tuvieron lugar durante los días 4 y 5 de noviembre -del año en curso- en el terreno recuperado por parte de la Familia Sandi Morales del clan Duriwak en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). Días en los que, como se mencionó anteriormente, la familia Sandí pudo completar el proceso de recuperación de tierra-territorio.

Estas imágenes, fueron difundidas de forma masiva por medio del grupo de Whatsapp «GrupoUnidosApoyoDeHuelgas» y en las mismas se dan detalles que ponen en riesgo la vida e integridad de la familia Sandí Morales y del Defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet, de quien se muestra su rostro e información personal. Estas imágenes fueron acompañadas de un audio del señor Leonel Arburola en el grupo de whatsapp señalado; audio en el que una vez más emite información falsa y ataca el honor del señor Oreamuno Vignet.

Según la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ésta es la segunda ocasión en la que un informe de investigación judicial es filtrado. La primera vez fue durante los días 21 y 22 de enero del 2021 cuando el medio de comunicación CrHoy.com filtró información del caso por el homicidio por razones políticas del líder Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwák; expediente judicial 19-0000178-0990-PE.

Estas filtraciones no sólo levantan sospechas de que en el Poder Judicial se encuentran intereses coludidos a favor de los ocupantes ilegales y terratenientes sino que también inciden en el debido proceso, en el buen desarrollo de las investigaciones y pesquisas judiciales correspondientes. Además, como si esto fuera poco, pone en riesgo a las personas que pertenecen a los Pueblos Originarios y no que están implicadas. Quienes son las mismas personas que tras más de 12 años de resistencia, han sobrevivido a la violencia racista con la que responden los ocupantes ilegales a los procesos de recuperación de tierra-territorio. Violencia, por mucho, mortífera y que al día de hoy logró acabar con la vida de los líderes Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwak y del Territorio Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera Brörán de Térraba.

Es importante recordar que la familia Sandí Morales ha recibido ataques donde les han quemado su casa y destruido cultivos; y que desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se emitieron las Alertas Tempranas los días 10, 16 y 22 de noviembre del año en curso, sobre posible contratación de servicios de sicariato y agresiones contra la familia Sandí Morales.

Así insistimos: los hechos hablan por sí mismos y el riesgo a la vida y a la integridad física de la familia Bribri Rivera Sandí Morales y de Gustavo Oreamuno Vignet es real, preocupante y urgente de atender. Ante las constantes amenazas y ataques al honor de Gustavo Oreamuno Vignet, esta persona interpuso las respectivas denuncias judiciales por amenazas contra personas afines a los intereses de los ocupantes ilegales de Territorios Indígenas, denuncias que se tramitan ante la Fiscalía de Asuntos Indígenas en los expedientes #20-006343-0042-PE y #21-0000003-1214-PE.

Ante ello, las organizaciones y personas solidarias y firmantes de este comunicado EXIGIMOS:

1- Que a la brevedad se brinde un informe sobre la filtración de las fotografías de estos documentos que en teoría corresponden a un expediente propio de una investigación y compendio de información exclusivo del Organismo de Investigación Judicial. Además, que se lleven hasta las últimas consecuencias administrativas y judiciales a las personas implicadas.

2- Que la Fuerza Pública se haga presente en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) de forma inmediata y permanente y que garantice la integridad física y vida de la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak.

3- Responsabilizamos al Estado costarricense ante cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad física, psicológica, emocional y la vida tanto de la familia Sandí Morales como la de Gustavo Oreamuno Vignet. Ello ante la actitud complaciente de las autoridades competentes por no velar el cumplimiento de la ley indígena, hacer cumplir la declaración de nulidad de la Sala constitucional ante la compraventa de tierras en territorios indígenas posterior a 1977 y el cumplimiento pleno de las medidas cautelares que organismos internacionales han impuesto como medida de protección a las personas recuperadoras.

Suscribimos este comunicado público:

– Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
– Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
– Consejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
– Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha.
– Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba.
– Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.
– Asociación Voces Nuestras.
– Frente Tierra.
– Centro de Amigos para la Paz.
– La Juventud Vanguardista Costarricense.
– Sociedad Juglar Pacaqua.
– Mujeres por Costa Rica.
– Asociación de Escritoras Costarricenses.
– Buen Vivir Costa Rica.
– Confluencia Solidaria.
– Partido Vanguardia Popular.
– Movimiento de Trabajadores y Campesinos.
– Bloque de Vivienda.
– Confederación Unitaria de Trabajadores.
– Fundación Pedagógica Nuestramérica.
– Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – Costa Rica.
 

Destacada lideresa ramonense pasará a formar parte de la Galería de las Mujeres del INAMU

Comunicado público

La Junta Directiva de la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, se une al homenaje que el Instituto Nacional de las Mujeres realizará a nuestra compañera Enid Cruz Ramírez, quien será galardonada con su ingreso a la Galería de la Mujer.

Según nos lo ha informado en su nota: INAMU-DEI-CGM-002-2022, esta distinción “tiene el propósito de reconocer el aporte de la señora Cruz a la defensa, promoción y avance de los derechos humanos de las mujeres, a través su trayectoria a favor de una sociedad justa, igualitaria y democrática».

Aunque la convocatoria del INAMU para hacer este reconocimiento a Enid Cruz Ramírez, se hará el 8 de marzo del 2023, no queremos dejar pasar el tiempo para manifestar la alegría y orgullo que nos embarga la noticia recibida.

Gracias a la incansable labor y compromiso social, de esta activista social se logró constituir en el año 1986 la asociación Mujeres Unidas en Salud y desarrollo (MUSADE); con el propósito de “promover la unión y organización de las mujeres de sectores campesinos y populares que le permita superar su condición de discriminación y subordinación y alcanzar su plena participación en el desarrollo de la sociedad. Impulsó una de las primeras redes interinstitucionales de atención y prevención de la violencia, se creó el programa defensoras populares, premiado por la ONU en el 2010, así como diferentes organizaciones de mujeres en comunidades; inspirada en el convencimiento que la organización es una de las herramientas más efectivas para desterrar las raíces de la opresión, la discriminación y todo tipo de violencia en una sociedad patriarcal y neoliberal».

Les compartimos el mensaje enviado por dos mujeres con motivo de la noticia y que han sido parte del legado de la compañera Enid.

“Gracias por todo lo que. haz hecho y sigues haciendo abriendo camino por el empoderamiento de las mujeres. Por tu escucha, guía y sostén cuando llegamos débiles impotentes ante la sociedad y nosotras mismas y aprendimos a encontrar muy dentro de nosotras y sacar todo ese potencial que tenemos para amarnos y salir fuertes   y decir (Si puedo). Por mí y todas esas mujeres que salimos de la oscuridad para ser luz te digo gracias”.

“Muchas felicidades,  usted se merece ese reconocimiento y muchos más ya que su labor ha sido súper importante y ha dejado huella en cada ser humano que ha conocido y estoy segura que al igual que yo hay miles de mujeres que cuando recuerdan su anterior situación ya superada pensaran igual que yo, y le darán gracias a dios por poner a Enid cruz en sus vidas para hacerles ver que somos merecedoras de vivir tranquilas y felices y sobre todo que valemos muchísimo , gracias por ser y existir y ser parte de la historia de cada una de nosotras”.

En nuestro 36 aniversario, MUSADE da el mérito y las gracias a esta mujer perseverante, por visibilizar las luchas de las mujeres, y del movimiento social popular de la región de occidente y del país en general.

UCR: Voz experta: A los movimientos sociales en Costa Rica

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Fotografía: María Peña Bonilla.

Por Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica

Palabras ofrecidas en el «Foro por el futuro: encuentro de movimientos sociales» del 28 de noviembre, 2022

La situación que nos convoca hoy es una continuidad de un ciclo de amenazas a la democracia y a la institucionalidad pública que inició hace años.

Mientras se continúan implementando reformas económicas regresivas, postergando decisiones urgentes en materia de cambio climático y vulnerando los Derechos Humanos de distintas poblaciones, también se continúan dejando de lado las medidas para combatir la elusión y el fraude fiscal; así como mermando la educación pública y debilitando las instituciones públicas que juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX.

Empezaron con una regla fiscal que no tenía otro objetivo que convertir a la institucionalidad pública en cascarones sin recursos para brindar los servicios que les fueron encomendados; continuaron con una severa legislación que impedía que las personas trabajadoras pudieran protestar contra políticas que debilitaran la democracia y la institucionalidad pública; y finalizaron con una ley que pretendía que, desde el Ministerio de Planificación, la Presidencia de la República recuperara un poder absoluto para politizar a todo el funcionariado público, como era costumbre antes de la Constituyente de 1949. Hoy pretenden profundizar esta ruta, vender bancos estatales, atacar la ciencia y debilitar la educación pública costarricense.

También es cierto, y debemos decirlo autocríticamente, que buena parte de estas políticas fueron aprobadas con una pasividad preocupante por el entonces Consejo Nacional de Rectores. Hoy podemos tener diferencias entre las universidades públicas. Discrepar es universitario, pero en el fondo, este CONARE que tenemos tiene absolutamente claro que no podemos permanecer ajenos a cualquier ataque contra la institucionalidad pública. Nunca más un CONARE indiferente a la defensa y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Sin embargo, así como en las universidades sabemos que debemos hacer a un lado nuestras diferencias, respetuosamente les pedimos que hagan a un lado las diferencias entre movimientos y organizaciones, en favor de defender las instituciones que han marcado el desarrollo de nuestro país y que han mejorado las condiciones de vida de nuestro pueblo.

No se trata de defender las instituciones como un fin en sí mismo, tenemos claro que las políticas públicas y las instituciones no pueden existir en función de sus funcionarios y funcionarias, sino en función de todas las personas. Son instrumentos para lograr el bien común, el desarrollo sostenible. Sabemos que la burocracia pública y privada genera problemas; hemos cometido errores, pero continuamos trabajando todos los días para resolverlos.

No vamos a defender ningún privilegio, pero sí salarios dignos en el sector público y en el sector privado. Vamos a apoyar la cooperación entre la institucionalidad pública y el sector productivo nacional, porque quienes nos antecedieron y pensaron en grande, pensaron en un Estado fuerte, con una institucionalidad que conectara con el empresariado nacional.

La pregunta no es cómo recortamos cargas sociales, la pregunta es qué condiciones se requieren para que todas las personas gocen de estos derechos, elevando la productividad del país y la dignidad de la gente. Eso sí, en un equilibrio ambientalmente sostenible. Esta es una consigna infranqueable.

Permítanme volver al tema de las universidades y su relación con los movimientos sociales y el desarrollo nacional. En Latinoamérica, al menos, las federaciones de estudiantes han sido un actor fundamental de este vínculo, que ha fungido como una conciencia para las instituciones de educación superior. No en vano la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica hoy tiene un papel protagónico en este acto.

Tal y como lo señaló el expresidente chileno Salvador Allende, en un discurso en la Universidad de Guadalajara: “es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la Universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza doctrinaria; de entender que el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas requiere un serio estudio… Que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera, y comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas”.

Esa juventud que hoy abunda en nuestras universidades marcó la era post-COVID con una democrática, pacífica y alegre manifestación el pasado 16 de agosto. Fue impresionante cómo decenas y cientos de jóvenes salieron del Pretil y de las otras universidades, el primer día de clases después de un fin de semana largo, a decirle al Gobierno de la República que tenían derecho a un futuro, un futuro que les quería robar. Esto es lo que nos convoca hoy a todos y todas, no es solamente el futuro de una Universidad, es también el presente y el futuro de un país.

Si esos miles de jóvenes salieron a marchar fue porque el personal de la Caja los recibió al nacer en un hospital público, es porque el ICE iluminó sus hogares y comunicó a sus familias, es porque han estudiado gracias a la educación pública, es porque en algunos casos el poder judicial les resolvió una pensión alimenticia, es porque en muchos casos un banco del Estado les financió la vivienda; y así podría seguir con otras instituciones públicas.

Lo que quiero decir es que, en esa marcha del 16 de agosto, no solo vimos a miles de jóvenes, vimos a un entramado institucional que permite que esos jóvenes lleguen sanos y en condiciones de vida dignas a formarse profesionalmente y a servir a su país cuando se gradúan.

Justo por esta razón es que participar y acompañar las luchas por defender y fortalecer el Estado Social de Derecho no puede ser ajeno a ningún universitario o universitaria. Por esta razón impulsaremos la propuesta que dentro de unos momentos les vamos a presentar.

Me permito reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos y acudir al llamado de esta convocatoria. Les recalco la importancia de que hagamos a un lado nuestras diferencias en favor de esta causa patriótica. Ya me referí a lo que dijo un expresidente extranjero, ahora permítanme cerrar con lo que dijera el expresidente Rodrigo Carazo: “Mientras haya Universidad de Costa Rica, y agrego, Universidad Pública, habrá Costa Rica”. Muchas gracias.

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica

Foro por el futuro

Se le invita al “Foro por el futuro, encuentro de movimientos sociales”, el próximo 28 de noviembre a las 2:00 p.m. en el aula Magna (Ciudad de la Investigación, Campus San Pedro); abierto para todos los sectores sociales con el objetivo de construir un gran movimiento social costarricense por la defensa del Estado Social de Derecho, las conquistas sociales y la democracia, hoy más qué nunca atacados y amenazados por las políticas neoliberales.

Pueden participar las organizaciones y personas con las delegaciones que puedan.

Confirmar asistencia al correo: forosocial.rectoria@ucr.ac.cr 

 

Compartido con SURCOS por Luis Chavarría.

Apoyo para China Kichá

¡Ahora puedes hacer tu aporte solidario a las y los recuperadores cabécares en #ChinaKichá!!

Se parte de la recolecta económica como apoyo a las y los recuperadores cabécares al SINPE 8953-2089 a nombre de William Hernández. Este será utilizado para las necesidades presentadas por el grupo de recuperadores. Favor indicar en la descripción: «Apoyo China Kichá» 

¡Basta de violencia contra defensoras y defensores indígenas!

Sectores sociales buscan unificar acciones y defender el Estado Social de Costa Rica

SURCOS comparte la siguiente información:

El próximo lunes 28 de noviembre del 2022, en el Aula Magna de la Ciudad Científica de la UCR, se llevará a cabo una actividad, donde distintos sectores sociales buscan unificar acciones por una agenda país y en defensa del Estado Social que requiere Costa Rica. Esta actividad tendrá como tiempo disponible de 2:00 a 5:00 p.m.

Ante moción malintencionada, SIFUPCR declara non grato a representante del gobierno en directiva de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

Juan Carlos Durán Castro, del SIFUPCR informó que la moción presentada por el representante del gobierno en la junta directiva de la CCSS “es malintencionada, puesto que el decreto al que alude fue el que suspendió los aumentos salariales del sector público cuando inició la pandemia”.

“Por ende, agrega el dirigente, desde el Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica se rechaza la moción, declarando a Juan Ignacio non grato, además, se le pide a la junta directiva que ordene, -con base en el acuerdo del 08 de setiembre del 2022, ratificado el 15 de setiembre del mismo año-, al gerente general de la CCSS que proceda a pagar y fijar una fecha de pago retroactivo de los salarios pendientes. Esto tiene respaldo además en la resolución de la Contraloría General de la República, según la cual, debe prevalecer la autonomía institucional”.

Moción presentada por representante del gobierno Juan Ignacio Monge Vargas en junta directiva de la CCSS:

SINTRAJAP pide respeto a resoluciones judiciales que impiden despidos y solicita reinstalación del personal cesado

SINTRAJAP expresa que JAPDEVA violenta la medida cautelar y resolución de la Sala Constitucional, por lo que los despidos ejecutados son ilegales. SURCOS comparte la carta enviada por el secretario general de SINTRAJAP, Antonio Wells Medina a la presidenta ejecutiva de la institución y al Consejo de Administración.

Limón, 14 de noviembre del 2022
STJ-693-2022

Master Sucy Wing Ching
Presidencia Ejecutiva
JAPDEVA

Señores(as)
Consejo de Administración
JAPDEVA

Estimados (as) señores(as):

Luego de saludarles respetuosamente, pasamos nuevamente a exponerles los siguientes puntos para su efectiva aplicación, de cual exponernos a continuación:

  • El incumplimiento de la medida cautelar vigente por parte de JAPDEVA, otorgada por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito EXP: 18-000657-0679-LA Judicial de la Zona Atlántica, mediante el auto de las once horas y veintiún minutos del diez de agosto del año dos mil dieciocho. La cual se indica: «Se ordena a la parle emplazada a (sic) la suspensión inmediata de Despidos por este motivo y lo sucesivo mientras se tramita este proceso
  • Que mediante esta medida cautelar indicada en el punto anterior se ha garantizado el derecho de los trabajadores a tener trabajo lo cual buscamos sean efectivos y que de parte de JAPDEVA sean respetados.
  • JAPDEVA igualmente está incumpliendo lo resuelto por la Sala Constitucional mediante el Voto N° 2019-018505 de las once horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve, con el proceso de reorganización y de implementación establecido en la Ley N°9764 (Ley de Transformación de Japdeva) y el fuero especial con que cuentan los trabajadores de Japdeva a través de la Convención Colectiva. Hacemos notar, además, que siendo que a la fecha no se ha resuelto el levantamiento de la medida cautelar, la presidencia ejecutiva y la Administración de Japdeva ha procedido con los despidos prohibidos por la Medida Cautelar vigente, actuando JAPDEVA contrario a lo dictado por un Juez de la Republica de Costa Rica.

Además, es necesario indicar que nunca JAPDEVA contó con una base técnica para saber la cantidad de personal con la que debe operar JAPDEVA versus los movimientos de carga.

Por todo lo anterior, solicitamos la reinstalación de los trabajadores cesados y se detengan los ceses en JAPDEVA, por cuanto son ilegales según lo que ha establecido el Juzgado de Trabajo y lo advertido por la Sala Constitucional.

Atentamente,

Lic. Antonio Wells Medina
Secretario Genera
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