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Etiqueta: lucha social

BUSSCO: Futuro de IVM de la CCSS debe revisarse con diálogo participativo

El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, compartió con SURCOS una carta enviada a la junta directiva de la CCSS en la cual solicita: “1. En aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM. 2.Que se convoque a una Mesa de Diálogo con la participación de los sectores sociales (para que) se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras”. La siguiente es la nota:

Señores y señoras
Román Macaya Hayes
María de los Ángeles Solís Umaña
Fabiola Abarca Jiménez
Marielos Alfaro Murillo
Christian Steinvorth Steffen
Bernal Aragón Barquero
José Luis Loría Chaves
Maritza Jiménez Aguilar
Mario Devandas Brenes
Junta Directiva
CCSS

Estimados (as) señores (as):

El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, que reúne a más de 60 organizaciones sindicales y sociales, ha sido informado por los medios de comunicación que la Junta Directiva pretende reformar el régimen de pensiones IVM, en forma unilateral, sin ningún proceso de análisis y debate público, como corresponde a una democracia y congruente con el mandato constitucional de un gobierno participativo.

Un asunto de esta trascendencia no se puede dirigir y resolver de esa manera, por lo que, de una vez manifestamos, que estamos solicitando que se suspenda cualquier intento de reforma, y en consecuencia, se disponga una mesa de diálogo social para el debate del tema, previa rendición de cuentas a los trabajadores de la gestión y la implementación de las sucesivas reformas.

Esa pretendida reforma, sin una validación de los estudios actuariales, se convierte en un “acto de fe”, desprovisto de rigurosidad técnica y legitimidad social, que no existe la menor duda que sería rechazado rotundamente por amplios sectores de la sociedad costarricense.

Esperamos que no se estén anteponiendo los intereses mezquinos de un reducido sector sobre los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo trabajador.

Justificada desconfianza en los Estudios Actuariales

En el año 2017, la Junta Directiva, como se hizo en el 2005, invitó a los sectores sociales a una Mesa de Diálogo, nombrándose representaciones del sector laboral, patronal y del gobierno, con la finalidad de buscar soluciones que garantizaran la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

En esa ocasión, ante serios cuestionamientos al estudio actuarial realizado por la Escuela de Matemáticas, contratado por la propia Caja, se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo una visión de la reforma de pensiones en Costa Rica y un análisis del cuestionado estudio actuarial.

La OIT advirtió en la nota entregada y durante la presentación a la Mesa, graves deficiencias metodológicas de ese estudio, que desvirtuaron totalmente sus resultados, viciado de graves gazapos.

Entre las tantas inconsistencias advertidas, algunas elementales, destacan que no diferenció entre cotizantes activos y pasivos, sobreestimó el número de cotizantes, y en consecuencia, infló la cantidad de personas con derecho a pensión.

Además, se sobreestimó la formalización del empleo y se cuestionó la fórmula de cálculo para el monto de la pensión: “es como si los salarios de Costa Rica, fueran trasladados para financiar pensiones de Noruega.”

Posterior a la reforma del 2017, expertos muy calificados en especialidades matemáticas y actuariales, Juan José Víquez Rodríguez, Edgar Robles Cordero y Luis Rosero Bixby, realizaron una revisión técnica del Estudio de sostenibilidad del IVM, quienes señalaron falencias, omisiones y errores técnicos del Estudio del equipo de la Escuela de Matemáticas que realizó el estudio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, concluyendo que los resultados son inválidos, los cuales correspondían a un escenario pesimista sin ningún fundamento técnico.

Estas debilidades y falencias han causado una justificada falta de confianza en los estudios actuariales, ya sea realizados directamente o contratados por la Caja, por lo que lo más conveniente es una validación de un órgano con experiencia en seguridad social, que no tenemos ninguna que la OIT es un órgano con una gran experiencia y experticia en esta materia.

Reforma del 2017

En la mesa tripartita de diálogo, de 2017, que fue acompañada por diversos sectores e instituciones, se acordaron 33 recomendaciones, que fueron acogidas por la Junta Directiva, producto de un esfuerzo y el mayor consenso de trabajadores, patronos y Estado, para dar sostenibilidad por lo menos 20 años (2038) al régimen, con propuestas paramétricas y no paramétricas, entre ellos la aceleración de los escalones contributivos.

Las recomendaciones finales de la Mesa de Diálogo fueron de orden estratégico, metodológico, incluyendo recomendaciones de regulación normativa para evitar la evasión y la morosidad y una sana gestión administrativa.

También se acordó la presentación de informes anuales de gestión, que a la fecha no se ha cumplido, mucho menos los compromisos adquiridos por el Estado en la Mesa de Dialogo del RIVM.

Una precipitada e inconsulta propuesta de reforma fundamentada en un elemental informe

Preocupa y extraña sobremanera que la propuesta de reforma del reglamento IVM que se pretende acordar, a golpe de tambor, se fundamente en un elemental informe elaborado por un Grupo de Trabajo, conformado por 2 gerentes: Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente Financiero, el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Director Administración de Pensiones, el M.Sc. Cristian Torres Jiménez, Jefe Área Actuarial, Dirección Actuarial, con el equipo asesor correspondiente.

Aunque la reforma anterior se aprobó a finales del año 2017, la Junta Directiva acuerda que la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre de 2018”, sería un “insumo inicial básico de los grupos de análisis que se conformen con el propósito de plantear planes de fortalecimiento del Seguro de Pensiones de la CCSS.”

Sin embargo, en lugar de planes de fortalecimiento lo que se presentó a la Junta Directiva son exclusivamente reformas paramétricas, con graves consecuencias para trabajadores, patronos y Estado, a menos que como en otras ocasiones se quiera cargar la reforma solo en las personas trabajadoras.

Las reformas propuestas

Resulta tentador para los jerarcas proponer cambios en el perfil de beneficios, edades de retiro y contribuciones, con el criterio de esos parámetros “sí están en control de la CCSS” y descartando, a priori, la búsqueda de nuevas formas de financiamiento porque “es lento y engorroso”.

Nuestras observaciones preliminares a las propuestas:

Las propuestas para todos los trabajadores del país

Plan 1 – Elimina totalmente el retiro anticipado.
Plan 2 Aumenta la edad para el retiro anticipado: hombres a los 64 años con 30 años cotizados y mujeres a los 62 años, con más de 37 años cotizados.
Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con el 40%, 45% y 50% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
Aumento contribuciones: incremento en 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.
Plan 3 Elimina y aumenta la edad para el retiro anticipado: lo elimina para los hombres. Las mujeres aumentan la edad a 62 años con más de 37 años cotizados.
Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con un 45% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
Aumento contribuciones: incremento de 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.

 

1.- Nuevas condiciones para el retiro anticipado

Se elimina el incentivo a la larga cotización durante la vida laboral al eliminar el retiro anticipado, incrementar la edad o mantenerlo solo para las mujeres, no visibiliza que para lograr ese beneficio se debe cotizar por casi 40 años, desconoce que hay grupos ocupacionales con esas contribuciones que tienen una expectativa de vida menor y que ya existen personas trabajadoras que han cotizado por más de 20, 30 o más años y que han mantenido que ya han cotizado 30 o más años con la expectativa de lograr una pensión adelantada.

Finalmente, en el caso de las mujeres alarma que la administración de una institución de seguridad social, mantenga una visión patriarcal del trabajo, obviando el trabajo no remunerado de las mujeres trabajadoras, su papel como cuidadoras y el aporte a la sociedad, desconociendo los avances en acciones afirmativas a favor de las mujeres.

2.- Disminuir el monto de las pensiones

a.- Modifica la Fórmula de cálculo del salario de referencia

En el 2005 cuando se reformó la formula se tenía el objetivo de desincentivar que las personas contribuyeran mayoritariamente durante los últimos 5 años, para obtener mejores pensiones sin que se hubiera cotizado.

La regresiva propuesta disminuye considerablemente el salario de referencia, al utilizar la totalidad de los salarios cotizados, con el consiguiente decrecimiento del monto de la pensión.

b.- Reducción del monto en un rango entre 40-50% del salario de referencia.

El porcentaje de reemplazo del salario ha venido en caída libre desde los años 90, llegando en el 2005 a definir 8 estratos con respecto a los salarios mínimos, cuyos rangos oscilan entre un 43% y un 52,5%.

La agresiva propuesta establece rangos de 40%, 45% y 50% para el monto de pensión; una medida mucho más injusta para los sectores más vulnerables.

Por otra parte, no es cierto que los regímenes complementarios estén sustituyendo la reducción de los beneficios en el régimen básico, en este caso el RIVM.

3.- Aumento de las contribuciones

Como si lo anterior no fuera suficiente gravoso, la propuesta de aumentar en un 5,5% la contribución tripartita, mediante ajustes cada 3 años, desde el año 2020, pasando de un 10,66% a 15,16%, es un coste muy alto.

4.- Reducción de la cuantía adicional

El objetivo de esta modalidad es la permanencia en el sistema y pretender no calcularlo a partir de los 20 años, sino a los 25 años cotizados, no incentiva a la permanencia en el sistema, eliminando el 1% anual por cuantía adicional.

Con fundamento en lo expuesto se concluye que no se trata de una reforma de baja intensidad, sino de una reforma estructural, de implicaciones profundas, la cual no puede ser discutida en un consistorio secreto.

La reforma que se justifique debe implicar un proceso de diálogo social, amplio, transparente, que incluya la participación de los actores sociales.

Con fundamento en los motivos expuesto, solicitamos:

  1. En primer lugar, en aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM.
  2. En segundo lugar, que se convoque a una Mesa de Diálogo, que con la participación de los sectores sociales se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras.

Solicitamos que esta petición se resuelva dentro del plazo de ley.

Sin otro particular, suscribe atentamente,

P/ Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO.

Martha Elena Rodríguez González.
Secretaria General Adjunta UNDECA.
Comisión Política, BUSSCO.

Copias:

Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente República de Costa Rica.
Sra. Carmen Moreno González, Directora Oficina de la OIT en Costa Rica, OIT.
Sra. Giannina Dinarte Romero, Ministra; Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.MTSS
Sra. Patricia Mora Castellanos, Ministra; Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU
Sra. Catalina Crespo Sancho, Defensora; Defensoría de los Habitantes, CCSS.
Movimiento sindical y Social.
Trabajadores y trabajadoras.
Archivo.

Foto: Semanario Universidad.

Pueblos indígenas: Forest Peoples Programme llama la atención a autoridades de CR por incumplimiento de medidas cautelares

Compartimos la carta abierta que la organización Forest Peoples Programme (FPP) envía a las autoridades de Costa Rica, llamando la atención no solo sobre el incumplimiento de las Medidas Cautelares impuestas a Costa Rica, sino sobre la impunidad alarmante y la inacción de los órganos de justicia que deben velar por su cumplimiento. FPP es quien representa a los beneficiarios de las Medidas Cautelares, bribris de Salitre y brörán de Térraba ante la CIDH.

https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Borrador%20Comunicado%20agresiones%20julio%20Salitre%20y%20Terraba_0.pdf

*Imagen ilustrativa.

Compartido con SURCOS por Marcos Guevara Berger en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Se amplía alerta temprana en Térraba

Comunicado

Ante nuevos hechos violentos en Crun Shurin, Territorio Bröran de Térraba, al Sur de Costa Rica

A los Organismos Regionales y Universales de Derechos Humanos
A las Organizaciones, Iglesias y Movimientos Sociales que trabajan por DDHH
A la opinión pública nacional e internacional

Después de emitida la ALERTA TEMPRANA del FRENAPI el día de hoy 27 de julio del 2020 a favor de recuperantes indígenas malekus y los Pueblos Indígenas en Costa Rica, en horas de la tarde, se reportan nuevos hechos violentos que colocan, una vez más, a recuperantes indígenas en Crun Shurin bajo grave amenaza.

En horas de la tarde de hoy 27 de julio del 2020, familiares de la usurpadora Hilda Granados, ingresaron ilegalmente a la Finca recuperada, negándose a retirarse del lugar y removiendo con maquinaria pesada una buena porción de tierra y árboles en el margen del Río Escuadra, colindante con el Río Térraba.

Además de la invasión y daños ambientales ocasionados, un hombre que acompañaba a la usurpadora Hilda Granados, amenazó de muerte a los recuperantes bröran Pablo Sibas Sibas y Roberth Morales Villafuerte, amenaza que lanzó incluso jactándose de que recibiría una compensación por la muerte de ellos. Varios testigos se encontraban presentes.

En esta AMPLIACIÓN DE ALERTA TEMPRANA reiteramos la necesidad del cumplimiento de las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos.

Recordamos que la solicitud ante la CIDH fue motivada por el alto nivel de violencia en los Territorios de Salitre y Térraba por el Conflicto Tierra/Territorio y la persecución contra los defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Sergio Rojas Ortiz y Pablo Sibas Sibas, compañeros de la Coordinación de este Frente. Desde entonces ambos eran objeto de actos de violencia y amenazas de muerte. Después de análisis, en el 2015 la CIDH estableció que las personas indígenas de estos Territorios “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”. A la fecha esta afirmación persiste, y queda demostrada con el más alto nivel de violencia ante el ASESINATO, el 18 de marzo del 2019, de Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW); y el ASESINATO del líder indígena Jery Rivera Rivera bröran de Térraba el 24 de febrero del 2020. Cada ASESINATO contra un miembro de los Pueblos Indígenas beneficiaros de las Medidas Cautelares.

Ante el incumplimiento efectivo de las Medidas Cautelares y la falta de voluntad estatal/gubernamental para el saneamiento territorial, responsabilizamos al Estado costarricense y al Gobierno de Carlos Alvarado Quesada por los daños ambientales sufridos, por los hechos violentos del día de hoy y cualquier otro que pudiese suscitarse en las Fincas recuperadas en los Territorios Maleku y Térraba, y/o contra nuestras/os compañeras/os y personas defensoras de nuestros derechos, solidarias con nuestra Lucha.

Ampliamos la ALERTA TEMPRANA del día de hoy 27 de julio del 2020, denunciando los nuevos hechos violentos contra las personas indígenas recuperantes de la Finca Crun Shurin. Recalcamos que la emergencia sanitaria que enfrenta el país, NO justifica la indiferencia hacia nuestros Territorios, máxime que desde mucho antes de la existencia del COVID-19, tanto nosotras/os como indígenas en Costa Rica como nuestra Madre Tierra, ya enfrentábamos la violencia sistemática que hoy persiste y aumenta.

27 DE JULIO, 2020
¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA

Invaden Crun Shurin en Térraba

Comunicado:

ALERTA
– USURPADORES INVADEN CRUN SHURIN EN TÉRRABA.
– AMENAZAN DE MUERTE A RECUPERADORES

Lunes 27 de julio de 2020. Desde antes del medio de hoy 27 de julio, una usurpadora, su pareja e hija, introdujeron maquinaria pesada en el terreno recuperado Crun Shurin en el territorio de Térraba.

Las personas invasoras metieron un tractor y removieron la vegetación y suelo, afectando aproximadamente media hectárea, además cortaron varios árboles y vegetación en la margen del Río Grande de Térraba.

Las y los recuperadores Brorän de Crun Shurin se hicieron presentes reclamando sus derechos, la maquinaria fue retirada; pero al ser las 3:00 de la tarde las personas no indígenas invasoras se niegan a salir del terreno recuperado. En el lugar se encuentran 2 oficiales de la Fuerza Pública.

Aproximadamente a las 2:30 p.m, el hombre invasor le dijo a los recuperadores Brorän Pablo Sibas Sibas y Roberth Morales Villafuerte «que a él le daban un premio si los mataba».

El terreno directamente afectado es el de Vinicio Navas Nájera, la invasión y destrucción se dio en la parte colindante con el Río Térraba, ubicada 50 mts Norte del puente sobre el Río Escuadra.

Las y los Recuperadores Brorän de Crun Shurin, exigimos del Estado de Costa Rica:

  1. El retiro inmediato de quienes ocupan ilegalmente el Territorio Térraba.
  2. Se realicen las investigaciones administrativas y judiciales pertinentes (MINAE y Poder Judicial) para establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes por los daños ambientales, amenazas y otros posibles delitos.

Recuperadoras/es Brorän de Crun Shurin.

Aumentan las amenazas, asedio e intimidación de finqueros contra familias malekus

ALERTA TEMPRANA de FRENAPI

Aumentan las amenazas, asedio e intimidación de finqueros contra familias malekus recuperantes en Conflicto por Tierras/Territorio

A los Organismos Regionales y Universales de Derechos Humanos
A las Organizaciones, Iglesias y Movimientos Sociales que trabajan por DDHH
A la opinión pública nacional e internacional

El domingo 26 de julio del 2020, en horas de la noche se reportan nuevas acciones de intimidación por parte de finqueros contra las familias recuperantes malekus.

Un grupo de aproximadamente 60 personas No Indígenas se presentaron en horas de la noche a cortar alambrado colocado por recuperantes indígenas, también se reportan nuevas amenazas y amedrentamiento.

Este hecho no es una situación aislada, desde el 12 de julio del 2020 este Frente recibió la Acción Urgente, difundida por la Comisión Coordinadora y Facilitadora (COCOFA) del Congreso Indígena Nacional (COIN), informando “amenazas de agresión por parte de finqueros No Indígenas, que se reclaman “dueños” de las al menos 5 Fincas recuperadas por familias Indígenas Malekus desde el pasado 09 de julio”.

Para el 13 de julio del 2020, el FRENAPI corroboró la recuperación de al menos 7 Fincas, y mediante ALERTA TEMPRANA del 13 de julio del 2020, informó que la acción de las familias recuperantes malekus representa la mayor cantidad de fincas recuperadas simultáneamente en un Territorio Indígena, distribuidas en varios lugares del Territorio Maleku lo que indica que la Comunidad entera se ve involucrada.

Este Frente reitera que el modus operandi de los No Indígenas, -aprendido de personas finqueras usurpadoras de mala fe del Sur-, consiste en aprovechar la noche, fines de semana, feriados, las distancias geográficas, la negligencia policial y en este momento, hasta las medidas restrictivas por la pandemia. NO es casualidad que las nuevas acciones de intimidación y amedrentamiento se dieran la noche de un domingo de “fin de semana largo”.

Reconocemos el derecho de las familias malekus recuperantes a tomar sus Tierras/Territorios establecidas así por la misma Ley costarricense. También, reiteramos que los Tribunales de Costa Rica (Agrarios y Contencioso) han establecido que los No Indígenas que posean de Buena fe, pueden ser indemnizados en el tanto reúnan las condiciones/requisitos legales para ello. Las soluciones que ejecute el Estado/Gobierno costarricense, NO deben permitir la indemnización de las persona poseedoras de mala fe. Lo contrario, como lo hemos afirmado antes, representaría un estímulo para nuevas usurpaciones bajo la promesa de que un hecho delictivo, además de quedar impune, será indemnizado.

Con esta nueva ALERTA TEMPRANA, reafirmamos la ALERTA TEMPRANA del 13 de julio del 2020 a favor de las acciones de recuperación de las familias malekus y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica.

A la Comunidad Internacional, Organismos de DDHH y las Organizaciones Sociales solidarias con la Lucha Indígena, les reafirmamos nuestra solicitud para que acompañen nuestra Causa e intercedan ante el Estado/Gobierno Costarricense para que se actúe con prontitud, impidiendo que las personas finqueras usurpadoras e invasoras continúen ejerciendo violencia contra personas indígenas recuperantes, se detenga la ocupación ilegal en el Territorio Maleku y en los demás Territorios Indígenas en Costa Rica. Asimismo, reiteramos que responsabilizamos al Estado/Gobierno costarricense de cualquier agresión en contra de las familias recuperantes malekus.

 ¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE #JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA

Jueza intenta realizar diligencia en terreno recuperado sin notificación previa

Denuncia Pública
  • Jueza intenta realizar diligencia judicial en terreno recuperado en China Kichá, sin notificar a las y los recuperadores.

  • La diligencia tampoco había sido coordinada con el Comité de Salud del Territorio, sobre el tema Covid 19, tal cual lo ordena la Corte Suprema de Justicia.

Martes 21 de julio de 2020. Al ser aproximadamente las 8:40 de la mañana; la Jueza Jenny Corrales Torres, se hizo presente a la tierra recuperada Sakeglö Kaska (Tierra de Mayores), en el Territorio Cabécar de China Kichá al sur de Costa Rica; terreno que había sido ocupado ilegalmente por Gilbert Fernández, dueño del Grupo MUSOC – GAFESO, para realizar una diligencia judicial.

La Jueza Agraria Corrales Torres, se apersonó con otros funcionarios judiciales, la Fuerza Pública y el abogado de la parte actora y pretendían ingresar al terreno recuperado a realizar una diligencia judicial. Sin embargo, las y los recuperadores les indicaron que ninguno de ellos, ni su abogado habían sido notificados de esa diligencia; ante lo cual la Jueza dijo que la notificación no era necesaria y que iba a realizar la diligencia; lo cual es contrario al principio de debida defensa y a los procedimientos judiciales establecidos para la correcta notificación de las partes.

Además, una compañera Cabécar miembra del Comité de Salud, conocidos como Comités Covid; les indicó a los funcionarios judiciales que la diligencia no había sido coordinada con el Comité, según lo establecido en la Circular 103-2020 de la Corte Suprema de Justicia, acuerdo de Corte Plena de la sesión 21-2020 del 20 de abril de 2020, art xviii; que ordena la coordinación con dichos Comités para la realización de cualquier diligencia judicial en los territorios indígenas.

Contra las y los recuperadores Cabécares de Sakeglö Kaska, fue interpuesto un interdicto de amparo de posesión, por Esteban Fernández Salazar, persona no indígena que ahora reclama esas tierras; a pesar de que es públicamente conocido que dicho terreno fue ocupado ilegalmente por el empresario Gilbert Fernández; esta causa se tramita en el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, Expediente No. 20-000024-1129-AG-2.

Las y los recuperadores Cabécares del Territorio de China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur denunciamos una vez más las múltiples y reiteradas irregularidades en las que incurren varios funcionarios e instancias judiciales y miembros de la Fuerza Pública del Cantón de Buenos Aires y Pérez Zeledón y exigimos una investigación de este caso y de todos los demás que se han denunciado y de los cuales autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial tienen conocimiento por diferentes medios; sin que se hallan establecido hasta el día de hoy, las responsabilidades y sanciones correspondientes.

Recuperadoras/es Cabécares de Sakeglo Kaskä
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö
Recuperadoras/es Cabécares de Kono Jú
Coordinadora de Lucha Sur Sur

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

SINTRAJAP: Ley de jornadas flexibles es retroceso laboral y carga crisis sobre trabajadores

La oligarquía empresarial en componendas con políticos vendidos, intentan darle un nuevo golpe a la clase trabajadora y al pueblo costarricense donde un proyecto de ley pretende hacer flexibles las jornadas laborales, lo cual representa un retroceso de más cien años a las conquistas laborales y derechos de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo y la Constitución Política.

Si logran pasar esta ley, los patronos, empresarios y hasta el mismo gobierno podrían obligar a los trabajadores a laborar jornadas de 12 horas sin pagos de tiempo extraordinario. Este tipo de jornadas se superaron gracias a muchas luchas obreras y hasta muertos por lo que no es de recibo que ahora mediante una ley los costarricenses aceptemos este retroceso social. Donde Claramente se nota que este grave daño que afecta a toda la clase trabajadora les causará mayores perjuicios a las mujeres, afectando por ende a las familias razón por la cual el INAMU ha planteado su rechazo absoluto.

Costa Rica, uno de los países más desiguales del planeta, donde la voracidad empresarial no tiene límites, sin importarles todo el sufrimiento que tiene el pueblo por esta la pandemia de salud que nos afecta, una vez más pretenden cargarle el peso de la crisis a la clase trabajadora. Mientras la clase empresarial le roba al estado miles de millones de colones mediante la evasión de pagos de impuestos, exoneraciones y hasta regalías estatales, nada más injusto e inaceptable.

Los movimientos sociales costarricenses nos estamos preparando para dar esta nueva pelea en contra de los proyectos de ley que atacan a la clase trabajadora, en ese sentido todas las Centrales Sindicales se unen a este esfuerzo por detener esta nueva afrenta.

Ya basta de reducción de jornadas, de ponerle impuestos a la canasta básica, de reducción de salarios, de querer poner impuestos al salario escolar, al aguinaldo y hacer recortes a los programas de vivienda. No más martillo hacia la clase trabajadora. Por eso hoy hacemos el llamado al pueblo costarricense y limonense a los afiliados y allegados a manifestarse de manera libre y pacífica, cuidando todos los protocolos, pero con toda la fuerza y la convicción de que somos ciudadanos libres, respetuosos de la ley, pero valientes y dispuestos a defender nuestros derechos legítimos y sagrados.

Realizaremos una primera acción vehicular este jueves 23 de julio, 9am, habrá 3 puntos de salida, oficinas de SINTRAJAP, MUNICIPALIDAD Y ANDE. Haremos un recorrido por todos los barrios.

Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General

Fedrick Patterson Bent, Secretario General Adjunto

Algunas reflexiones sobre el momento que vivimos

Vladimir de la Cruz

Los problemas más urgentes a atender nacionalmente, en la situación que tiene el país, presionada por la Pandemia del Coronavirus, a mi modo de ver son: el primero, el empleo o el trabajo, el segundo, el ingreso económico de las personas, el tercero, el funcionamiento del aparato productivo, económico y comercial nacional, el cuarto, el hambre al que se someten las familias que sufren pobreza extrema, pobreza en general, ambos rubros creciendo, junto con los desempleados, y los subempleados, los que han perdido su capacidad salarial y de ingresos, los que han reducido sus jornadas y con ello también el pago parcial de su salarios o ingresos, que pasan formalmente a ser parte de la pobreza general del país, el quinto, las condiciones materiales de vida y de trabajo de una inmensa población nacional, sexto, el fortalecimiento de las instituciones públicas estratégicas, como la CCSS y el Ministerio de Salud, el ICE, AyA, las Universidades públicas y la Educación en general, y las que tienen que ver con el asistencialismo social en general, y sétimo, congelar, mientras dure la situación de la pandemia, los precios o tarifas de los servicios públicos, como agua, electricidad, impuestos municipales, todos los precios de los productos de la canasta básica, todos los alquileres nacionales, sin que se puedan aplicar alzas por anualidad, considerar la posibilidad de reducir alquileres en la proporción en que han sido reducidos los ingresos salariales y de pensiones de los trabajadores durante este período de pandemia, congelar las tasas de interés bancario de los préstamos, de las diferentes carteras crediticias, y de las de los comercios en general, de manera que durante el período que dure la pandemia no se paguen intereses de ningún tipo a favor de las instituciones acreedoras, y en cualquier caso se rebajen, en su pago, en la misma proporción que se rebajan los ingresos, salarios o pensiones, de quienes los reciben y están obligados a pagarlos, ejercer mayor control con los precios de las medicinas y congelarlos a la baja, de manera que con ellos no se especule competitivamente, ni oligopólicamente.

Los asalariados como los pensionados, en general, tienen altamente comprometidos sus salarios y pensiones, no solo por lo que tienen que disponer para su comida, sino por los endeudamientos que tienen que cubrir, resultado de sus modestos modos de vida, en general, y por la sociedad de consumo que les conduce a tener inversiones en esos modos de vida impuestos por la sociedad del consumo. Ningún salario ni pensión se disfruta al 100% de lo que se nominalmente se establece. En la práctica son salarios y pensiones reales hechas las deducciones de ley, y cancelados los rubros que con ellos se cubre fundamentalmente, préstamos, cuotas de afiliación de asociaciones y otros.

En el caso de los pensionados en general, pasa igual con los educadores que están en el régimen de la CCSS, en que su ingreso de pensión se reduce hasta en un 40% de lo que recibían como salarios. No es el caso de los de sistemas que mantienen condiciones favorables a los pensionados, por las leyes que los protegen, al pensionarse, que es una parte pequeña de los pensionados, que aunque se les rebaja más del 40% mantienen altos ingresos, ahora afectados más, hasta un 75% de sus montos.

Si a ellos, los pensionados en general, como a los asalariados se les castiga con rebajas mayores a sus salarios y pensiones, se les deteriora su nivel de vida y se les perjudica en sus compromisos económicos adquiridos, así como se les empobrece su situación real de vida.

En este campo de rebaja de salarios, ahora hasta un 15% en aquellos salarios superiores a 1.500.000 colones, y en el régimen de pensiones hasta un 75% de los altas pensiones, se acusa perversamente y públicamente que estos sistemas, de salarios y de pensiones, son los culpables de la mala situación económica del país, lo que no es cierto, y con ello se hace ver a los altos asalariados y altos pensionados como delincuentes públicos, sin valorar su vida de trabajo y los méritos de sus altos salarios, y la repercusión que esos altos salarios tienen a las pensiones que reciben.

Las pensiones altas están en relación con los salarios altos. Cuando se trata de poner como el modelo de la pensión alta, la más alta de la CCSS, hay que entender también que, en la escala de salarios del sector público cubierto por la CCSS, a los efectos de pensiones, esas pensiones, las del techo de la CCSS, son las pensiones de lujo, para llamarlas de esa manera también, las pensiones de la CCSS, que no todos los trabajadores pueden llegar a tener. Así de simple. Por eso es que se impulsan, del mismo modo, políticas a establecer techos de salarios, con tendencia a la baja.

Si se trata de salarios los trabajadores siempre tendrán derecho a luchar por un salario cada vez más alto, más digno, más decoroso. Si se trata de jornadas de trabajo los trabajadores siempre tendrán derecho a luchar por jornadas más bajas sin rebajar los salarios, como ya se hace en muchos países de mundo y de Europa. Si se trata de pensiones, también los trabajadores tienen derecho a pelear por mejores pensiones. En todas partes del mundo, en Latinoamérica y en Europa se han producido recientemente movimientos en estos sentidos.

Si aceptamos que esos salarios y pensiones deben sufrir esos tijeretazos, machetazos y guillotinazos, también debemos aceptar que en la misma proporción los capitales nacionales, las altas riquezas nacionales deberían ser igualmente gravadas, desde un 15% hasta un 75 % según corresponda para atender la situación de crisis nacional que vivimos.

Aquí se está tasando, gravando solo a los trabajadores. A los sectores de mayor riqueza nacional no se les está tocando. Los presidentes Alfredo González Flores y José Figueres Ferrer, en su tiempo, con valor, impusieron cargas tributarias y porcentajes al capital para atender las crisis de la primera guerra mundial, y sus efectos en el país, y las consecuencias de la crisis de la guerra civil del 1948. El 10% al capital impuso Figueres y Alfredo González una Reforma Tributaria, bajo el lema de que “el rico pague como rico y el pobre como pobre”.

¿Por qué el Gobierno de Carlos Alvarado, valientemente, como ha hecho y agredido a los asalariados y pensionados del país, no ha hecho lo mismo con los sectores más ricos del país, los que más pueden aportar solidariamente en esta crisis? En el primer caso ha actuado como tigre suelto contra burros amarrados, y, en el segundo caso son los tigres sueltos los que tienen acorralado al burro, que no está amarrado, pero sí amenazado, hasta de no aceptar las disposiciones que se han lanzado para tratar de frenar la pandemia. ¿O le habrán amenazado recordándole el 27 de enero del 1917? Entre esos grupos y tigres sueltos hay también tigres sediciosos. Ya han externado sus posturas sediciosas y algunos se acantonan en organizaciones sociales con altoparlantes.

El problema del trabajo es esencial, es vital, es de vida o muerte. Sin el trabajo no se genera producción de ningún tipo, pero tampoco se genera ingreso económico para quienes pierden sus trabajos, por despidos forzados, por reducción de jornadas, por suspensión de jornadas, por modificación de jornadas, por establecer solapadamente la jornada 4-3. Los trabajadores en teletrabajo no tienen ningún estímulo adicional, en sus equipos de trabajo, los gastos adicionales que ocasionan en sus hogares con su trabajo empresarial, los apoyos tecnológicos que se les deben suministras, como instrumentos de trabajo, por parte de los patronos, como computadoras, por ejemplo.

En materia de trabajo se ha puesto en evidencia, lo que ya se sabía, pero que se hizo muy visible, aunque rápidamente le han puesto un manto protector, el trabajo de los inmigrantes en ciertas regiones y áreas de trabajo del país, de sus condiciones infrahumanas de trabajo, de sus pésimas condiciones de vida y de seguridad laboral, de malos salarios, de salarios menores o más bajos que el mínimo establecido, las condiciones de vida en chinchorros, covachas y edificaciones más que tugurientas de hacinados trabajadores en trabajos agrícolas donde los tienen concentrados. Esto condujo a paralizar casi 50 empresas por un breve tiempo, solo por el tiempo de “control” de los enfermos del COVID que trabajaban en ellas, porque sus condiciones de vida y de trabajo continúan prácticamente igual. Más evidente quedó con ello la corrupción institucional de los Inspectores de la CCSS y del Ministerio de Trabajo, que se han hecho de la vista gorda por años y años, ante esas situaciones, y pareciera que siguen igualmente campantes en sus escritorios…

En Costa Rica no tenemos seguros de desempleos como existen en algunos pocos países, para garantizar por un breve tiempo, a estos desempleados, mientras se encuentran buscando trabajo, algún ingreso mínimo de subsistencia.

La inmensa masa de costarricenses, mayores de 15 años, representa, en términos generales, casi un 75% de la población del país, alrededor de 4.000.000 personas, la de trabajadores es de 2.400.000 personas, un poco menos que el año pasado, junto con poco más de un millón de niños y jóvenes que asisten al proceso educativo, con poco más de 3 millones de votantes, mayores de 18 años, con un 40% menores de 40 años y con casi un 30% de personas de la tercera edad. De toda esta población casi 400.000 son desempleados.

De esta masa trabajadora las mujeres son una tercera parte, casi 700.000 mujeres. De estas mujeres trabajadoras poco más de la mitad, más de 300.000, son cabezas de familia, es decir mujeres que por su trabajo se convierten en el principal ingreso de sus hogares independientemente de si tienen esposo o compañero.

El desempleo nacional hace un año superaba los 200.000 trabajadores, que se sostenían, en la realidad, con el trabajo de sus mujeres, sus abuelas, sus madres, sus esposas o compañeras, sus hijas, o todas ellas juntas en los hogares. Por ello quizá no hay o no ha habido más luchas sociales intensas, de calle, en el país.

Hoy, por el impacto de la pandemia, y las medidas que se han tomado respecto al empleo, de expulsión o cesantía de trabajadores de los trabajos, de subempleo, de rebajo de jornadas, y con ello de reducción de ingresos y salarios, el desempleo se acerca a los 400.000 trabajadores con grave tendencia al alza, más de 100.00 que hace un año, superando el número de mujeres cabeza de familias, con lo cual la amenaza fundamental es que familias completas queden desempleadas. Las mujeres tienen la mayor tasa de desempleo en este momento.

El 40% de los costarricenses, mayores de 15 años, se encuentra literalmente fuera de la la fuerza de trabajo, y dentro de esta fuerza las mujeres representan el 51%. A su vez las personas subempleadas, que trabajan menos de 40 horas, pero que pueden y quieren trabajarlas, hoy representan un 15%, un 6% más que el año pasado, y las mujeres en este conjunto son casi el 17%.

Durante la crisis mundial de 1928-1934, en su impacto en Costa Rica, el desempleo alcanzó casi el 13%, cuando las mujeres no jugaban un papel tan estratégico en la producción, como actualmente lo es. El 13% de desempleados en esos años significó el 13% de familias desempleadas. Eso condujo al surgimiento de Sindicatos de Desempleados y de luchas sociales, en las calles, por parte de los desempleados movilizados casi permanentemente, cotidianamente. Resultado de esas luchas en una manifestación, en mayo de 1933, en un enfrentamiento con la policía, un policía resultó muerto. Los trabajadores, en su inmensa mayoría campesinos, desfilaban con machetes, palas y cuchillos.

Hoy la legislación no permite hacer Sindicatos de Desempleados, pero no impediría hacer Asociaciones de Desempleados, con apoyo sindical, con similares objetivos de lucha.

Los sindicatos y la afiliación sindical en el país hoy son débiles. Las equivocadas luchas del 2018 les debilitaron. La reacción contra ellas por la legislación aprobada en el 2019 igualmente les redujo sus márgenes de actuación y de lucha. La Pandemia en muchos sentidos los debilita más. Provoca temor ante la masa trabajadora de perjudicarse en su trabajo, cuando éste escasea, si se sindicaliza. Ante situaciones difíciles de condiciones de vida y de trabajo, de limitaciones y rebajas salariales y de ingresos, los trabajadores primero tratarán de encontrar la seguridad de su estabilidad laboral y de sus salarios o ingresos y seguidamente buscarán las formas de lucha adecuadas a sus necesidades, desde el ludismo primitivo que puede expresarse en cualquier momento hasta las organizativas. Preferiblemente, siempre, serán mejor, las organizativas, las que pueden terminar en mesas de negociaciones y en pactos políticos entre los distintos sectores laborales.

Allá por 1910 Omar Dengo discutiendo con un diputado destacaba que el elemento más importante de la producción son los trabajadores, son los hacedores de la riqueza. Con un ejemplo sencillo ilustraba. Le decía al diputado, imagínese que un buen patrón se lleva a todos sus trabajadores en un viaje de paseo por mar. Tienen una situación de naufragio que los obliga a terminar viviendo en una isla solo ellos. Todos se salvaron. El patrono les recuerda a los trabajadores que él era el patrono y los iba a organizar para que en la isla todos volvieran a trabajar. Así empezaron. Al tiempo se murió un trabajador, y el proceso productivo continuó, luego otro trabajador y así sucesivamente, hasta que un día se murió el único patrón que había en la isla, y el proceso productivo continuó. La moraleja que deducía Omar Dengo es que si se morían todos los trabajadores la producción se detenía o se paraba, no se generaba riqueza, pero si se moría el patrón la producción continuaba porque seguían los trabajadores laborando y generando riqueza. De otra manera decía Omar Dengo que los patronos no eran tan necesarios al proceso productivo como si lo eran los trabajadores, y que sin patronos la economía y la sociedad podían funcionar.

Omar Dengo era uno de los líderes culturales y sociales que impulsó la creación de la primera Confederación General de Trabajadores en 1913 y que impulsó la celebración de los desfiles del Primero de Mayo, desde ese año.

Todo esto se mezcla con los índices de pobreza y de pobreza extrema. Históricamente la pobreza y la pobreza extrema han existido desde hace bastante tiempo. De esta manera la pobreza y la pobreza extrema no es la misma. Hay “movilidad” social hacia arriba y hacia abajo en esto conceptos, es decir hay gente que sale de esas categorías y hay gente nueva que entra a ellas. Hoy estamos ante una situación de ver quienes “entran”, más que considerar quienes salen, y sobre todo de evitar que esa caída sea acelerada.

Desde finales del siglo XIX se hablaba de pobreza y se asociaba visualmente a tres “grandes males sociales”, los “chinchorros”, la mala vivienda, las drogas, como la marihuana y el alcoholismo, y las enfermedades venéreas.

En los programas políticos electorales de los partidos políticos, en las campañas electorales, no se agitaban problemas relacionados con la pobreza ni con la pobreza extrema. Todavía hoy estos temas, pobreza en general y pobreza extrema, no son de atención especial en los programas políticos que presentan los partidos políticos ante el Tribunal Supremo de elecciones, en cada campaña, que tienen obligación de presentar un Programa Político o un eventual Programa de Gobierno.

Al no tener estos temas como Planes de Gobierno a resolver, no son prioridades políticas de los gobiernos, ni obligaciones a resolver por quienes les toca desempeñarse como los gobernantes. Pero tampoco lo son, porque la pobreza y la extrema pobreza, que no es la misma históricamente, es en la realidad un gran negocio económico, de quienes pululan con sus entramados negocios para atenderla alrededor de los distintos gobiernos y partidos gobernantes. Así por ejemplo, el tema de vivienda social no responde a políticas públicas de gobierno, sino que responde a los proyectos que desarrolladores privados ofrecen a las instituciones con capacidad de decidir sobre ellos, al Ministerio de Vivienda como al Banco que los financia. Y muchos de estos proyectos son verdaderas estafas al Estado y a la Sociedad, y resultan un fiasco, en la realidad, para las familias beneficiadas, por los malos terrenos y las malas calidades de construcción donde se terminan haciendo estas soluciones de vivienda.

En el gobierno de Abel Pacheco, el Ministro de Vivienda, Helio Fallas, me parece, hizo la mejor propuesta para resolver los problemas de vivienda social en el país distinguiendo tres tipos de vivienda, para tres tipos de zonas en el territorio nacional, señalando además que debían tener dos y tres cuartos para tratar de resolver los problemas de hacinamiento en sus efectos de violaciones, incestos y malas relaciones familiares surgidas de esas condiciones de vida. Fueron proyectos que debieron asumirse, desde esos años, como políticas de Estado a largo plazo. Si esto se hubiera empezado a resolver de esa manera desde esos años, hoy tendríamos un mejor frente de batalla contra la pandemia, sin lugar a dudas. Pero, probablemente se impuso el alacranerío de los vividores de la construcción de viviendas sociales que viven a expensas del Estado, de sus fondos económicos, del sometimiento de las juntas directivas institucionales ante esos desarrolladores y sus agentes asesores, y de los malos controles institucionales sobre esos proyectos, que generan grandes ganancias, como las que se destinan proporcionalmente a las obras de infraestructura en general…acordémonos de la Trocha…o de las carreteras que en sus contratos y licitaciones se permite “arreglarlas” al año de entregadas nuevas, porque el negocio no es hacer carreteras perdurables sino hacer arreglos periódicos de mantenimiento. Pareciera que, hasta ahora, con Rodolfo Méndez Mata, se ha puesto un freno a este tipo de acciones. Sin embargo, siempre veremos cuanto durarán las nuevas obras para empezar a ser arregladas.

Sin embargo, por el impacto de la pandemia, por el crecimiento de desempleados, de subempleados, de mujeres desempleadas, con tasas que llegan al 30% de pobreza en general, por el deterioro de la clase media, especialmente de la clase media baja, y de la clase media media, estos temas si van a ser temas de la campaña electoral del 2022.

Los índices históricos de la pobreza han oscilado entre el 17 y el 22 % y los de la pobreza extrema entre el 4 y 7%. Hoy de manera alarmante se acercan al 30% y al 11%. Esto es explosivo.

Para muchos empresarios, especialmente los grandes, la crisis que vive el país solo les repercute en una reducción de sus ganancias, lo que no los empobrece, no es su ruina, dejan de ganar más, pero siguen ganando, siguen siendo los mismos ricos.

Los empresarios afectados son los micro, los pequeños, y los medianos, que están ubicados en el sector de servicios, alimentación “callejera”, en el encadenamiento de ciertos tipos de actividades económicas… Los agricultores de alimentos básicos se han mantenido produciendo. Gracias a ellos no hay más agudeza en la crisis de la Pandemia. A estos es a quienes urgentemente hay que ayudarlos. Son la base de la inmensa contratación laboral nacional. Son parte de la llamada clase media.

Si se salva la clase media en esta crisis se salva el país. Este es el colchón principal, hacia arriba y hacia abajo en todas sus repercusiones.

Las políticas que vienen ejecutándose contra las clases medias profesionales, laborales en general y productivas en particular, solo están preparando el país para grandes confrontaciones sociales y políticas. Las sociales probablemente se resolverán más en las calles con repercusión al escenario político electoral, las políticas se expresarán con las caídas de los partidos políticos, que principalmente han ejercido el Gobierno de la República, y han dominado la Asamblea Legislativa, abriendo el cauce a las corrientes populistas desde la izquierda hasta la derecha, con un amplio espectro.

En la calle, asociadas al hambre, y no al simple vandalismo, se podrán realizar asaltos de carros o de transportes distribuidores de alimentos. En estos días la prensa ha informado de esos asaltos, muy esporádicos, más como simples robos. Pero podrían darse asaltos organizados políticamente para distribuir esos alimentos en las poblaciones pobres, donde pasan esos vehículos. Así se desarrollaron los Tupamaros en Uruguay, gozando de mucha simpatía política.

En Costa Rica todavía no han surgido organizaciones de este tipo, pero bien podrían aparecer. No es un problema de la vieja literatura de la izquierda latinoamericana. Puede ser de la nueva literatura y de discursos de movimientos populistas, del siglo XXI, en su práctica antisistema, anti políticas, antipolíticos, anti partidos políticos. ¡Cuidado!

La reducción brutal de salarios, de pensiones y de ingresos de los distintos grupos sociales, inevitablemente conducirá a la reducción de estilos de vida, de condiciones y calidades de vida, de capacidad de consumo, de “empobrecimientos” de quienes ven reducidos sus salarios, sus pensiones o sus ingresos, principalmente de los asalariados en general, pero especialmente de las clases medias, que han sido el colchón de amortiguamiento de los conflictos sociales en el país. Esta es la bomba social. Esa reducción conduce literalmente al hambre, y el hambre a la desesperación sin control.

Conozco situaciones por las cuales elementos hoy de las clases medias, que tienen a sus hijos en colegios privados, de un pago mensual no muy alto, ya consideran no inscribir a sus niños en esos centros escolares en próximo año, porque ya se les redujeron sus ingresos. Para ellos es literalmente una bajada de piso, pero es también una presión muy alta sobre los centros educativos públicos que tienen que recibirlos, y sobre los privados que pierden esos ingresos. De los que asisten a las escuelas y colegios públicos probablemente habrá una fuga y una deserción del ciclo escolar inevitable.

Una parte de la clase media media, la clase media alta, y los ricos, probablemente mantendrán a sus niños en las escuelas y colegios públicos, concierto sacrificio aún soportable o con cierta holgura. Solo dos colegios privados del país tienen más de 3000 estudiantes, a más de $1.500 dólares mensuales. Estos probablemente no sufran nada en su matrícula, pero otros sí.

La pandemia ha puesto en evidencia la crisis de los centros educativos, principalmente públicos, por sus instalaciones, por su falta de instrumentación técnica, por la carencia de apoyos tecnológicos, computadoras, ipads y otros, no necesariamente teléfonos inteligentes, en sus estudiantes, pero también en sus profesores, así como en la capacitación para poder enfrentar situaciones como las que se están viviendo de educación “virtual”.

Los teléfonos inteligentes son más de uso para redes y afines, que para estudio. Aun así, en su conjunto, solo el 40% del estudiantado tiene algún instrumento de este tipo, y las condiciones del país no facilitan las fibras ópticas ni las bandas anchas para que todo el proceso educativo nacional pueda tener acceso, y ojalá libre acceso, para poderse comunicar y realizar de mejor forma el proceso educativo. La teleeducación como el Teletrabajo, igual que el coronavirus, llegó para quedarse en muchos aspectos. La brecha en el campo educativo, ¿cómo la vamos a enfrentar y a resolver? ¿Qué solo los ricos y las clases medias puedan educar a sus hijos con perspectivas reales futuras?

La situación acumulada que vive el país de excesos que se cuestionan es responsabilidad de todos los actores políticos, en los distintos momentos históricos que se han tomado.

Si el Estado y la organización estatal e institucional requiere una ingeniería, independientemente de si se piensa en un Estado más pequeño, igual al actual o más grande, hay que hacerla, pero como resultado de un gran pacto nacional. Nadie puede quedar excluido de esta decisión si queremos perfilar la Costa Rica de los próximos 30 o más años.

El país no está para más tensiones de las que la Pandemia produce. Requiere sensatez, madurez y capacidad de negociación de los principales actores y conductores políticos, de los partidos políticos, de las asociaciones de trabajadores, de los distintos sectores sociales, y del Gobierno. Se requiere urgentemente un Gran Pacto Nacional, una voluntad nacional capaz de tomar acuerdos nacionales, de perspectiva histórica de largo plazo, de carácter estratégico. En el pasado se tomaron esos acuerdos, ¿por qué no ahora intentarlo? En un acuerdo en que necesariamente todos los actores deberán contribuir y ceder en lo que cada quien deba hacerlo. Si de sacrificios se trata se deben compartir solidaria y proporcionalmente a la capacidad de cada grupo y actor político nacional. ¿Hay líderes para enfrentar esta situación? El país los tiene.

Solo así podemos salir adelante si realmente queremos salir bien. Solo así se pueden tomar las decisiones políticas para que no se produzca un desempleo y un hambre explosiva socialmente.

Solo así se puede llegar a verdaderos acuerdos que permitan tomar las medidas del caso desde el punto de vista de recursos públicos para evitar que nos vayamos al foso.

Se requiere una actitud muy patriótica para poder enfrentar los retos y desafíos que este momento nos impone.

Si de sacrificios se trata, que todos los sectores se sacrifiquen proporcionalmente a sus posibilidades. Que no se cargue todo únicamente sobre el lomo de los trabajadores, de los asalariados y de los pensionados.

Que no se destruya más la clase media. Salvando la clase media, en todas sus expresiones, se salva el país como un todo.

A 16 meses del asesinato impune de Sergio Rojas Ortiz – Comunicado de FRENAPI

Comunicado de FRENAPI
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
A 16 MESES DEL ASESINATO IMPUNE DE SERGIO ROJAS ORTIZ
La lucha sigue y se extiende: 7 Fincas Recuperadas en Territorio Maleku

Si como sociedad queremos Paz, tiene que haber Justicia, que sólo se logra con el cumplimiento de TODOS los Derechos Humanos, de todas las personas y los Pueblos.

La reconciliación de la sociedad costarricense llegará cuando haya reparación y sanción. Sanción para los/as responsables de la violencia sistemática y crímenes contra personas indígenas, Comunidades, bienes materiales y espirituales de los Pueblos. Y reparación de los daños ocasionados por esos hechos violentos.

Hoy, 18 de julio del 2020, se cumplen 16 meses del ASESINATO del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, zona Sur del país. Fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW). Este crimen, se encuentra en total impunidad; sin sanción y sin reparación. A la fecha no hay “Informes” de las autoridades administrativas ni judiciales sobre resultados o avances de la investigación de este asesinato. La familia, las Comunidades en Salitre y en el resto de los Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales, Instituciones, Organismos Internacionales, junto a muchas personas dentro y fuera del país, seguimos esperando.

Mientras tanto, la violencia contra los Pueblos Indígenas en Costa Rica, sigue aumentando: el 09 de febrero 2020 fue baleado Minor Ortiz Delgado (Tubolwak Bribri de Salitre); el 24 de febrero fue ASESINADO Jery Rivera Rivera (Brôrán de Térraba); a inicios de marzo se promovieron quemas de parcelas en las Recuperaciones de Tierras Indígenas de las Fincas Las Huacas de Salitre y Crun Shurín de Térraba; Se organizaron Marchas y Reuniones en Buenos Aires de Puntarenas, encabezadas por funcionarios municipales, líderes comunales y empresarios de los alrededores, para hostigar y agredirnos en nuestros territorios una de ellas fue la marcha del 07 de marzo del 2020, convocada por la Municipalidad de Buenos Aires, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas y Organizaciones Comunales de Campesinos del Cantón, quienes bajo un discurso de Marchar por la “Paz” dejaron claro el repudio hacia las recuperaciones de Tierra/Territorio.

La violencia sistemática en nuestra contra persiste. Las amenazas y persecución, continúan contra varios/as compañeros/as del FRENAPI y de las Fincas Recuperadas en los Territorios Brôrán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Bribris de Salitre y Cabagra. Amenazas y agresiones que se dan tanto en las Comunidades, como por las Redes Sociales, de manera pública- abierta y de lo que tienen conocimiento autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial ante las denuncias realizadas.

Cuando nos desalojaron violentamente de la Asamblea Legislativa, a un grupo de 27 delegadas/os de todos los Pueblos Indígenas en Costa Rica, sacándonos a rastras y golpes por la parte de atrás del Edificio en la madrugada del 10 de agosto del 2010, Día Internacional de los Pueblos Indígenas; la Asamblea del FRENAPI decidió que era el momento de iniciar el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA). Fue Sergio junto con las/os hermanas/os Bribris de Salitre quien encabezó las primeras Recuperaciones Directas de Tierra/ Territorio, seguidas por las Comunidades de Cabagra, Térraba, Yimba Caj, China Kichá. Ese ejemplo de valentía indomable, sigue dando frutos y en abundancia, tal como vemos en las recientes 7 Recuperaciones en el Territorio Maleku, entre el 11 y 13 de julio del 2020.

El ASESINATO del hermano Sergio Rojas Ortiz, puso al descubierto al Estado Costarricense, como un Estado etnocida y negligente, responsable de toda esta violencia sistemática impune, que permite las invasiones y arrebato de nuestras Tierras/ Territorio, y otros actos delictivos contra nuestros Pueblos en lo material y cultural, que también permanecen en la impunidad. No hay justicia, no hay Paz.

Es esa violencia sistemática y sistémica, la que lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dictar Medidas Cautelares (de Protección) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de las Comunidades Bribris de Salitre y Brôrán de Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. Estas Medidas se mantienen, e incluso se podrían ampliar a otros Territorios por el aumento de la violencia ya mencionado.

Sergio abre un anchuroso camino que cada día se amplía, se fortalece y mantiene viva la Memoria, la Historia y la lucha de los 8 Pueblos Indígenas en Costa Rica. ¡Sergio NO murió, se multiplicó!

En la Lucha por Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Sergio se involucró, lideró su Organización Propia -el Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW)- e integró la Coordinación Nacional del FRENAPI. Su lucha e impronta lo llevó a la cárcel por 5 meses, con una infundada acusación, pensando que podían, con eso, detener a las Comunidades, que por el contrario, aumentaron su movilización, recuperando más Tierras/Territorio. Esto fue causa de una feroz persecución contra Sergio que, finalmente les llevó al vil ASESINATO en la oscuridad y la serenidad de su casa en Yeri de Salitre, el 18 de marzo de 2019.

El Saneamiento Territorial, de invasores/as y usurpadores/as de las Tierras Indígenas, es imprescindible como elemento principal para que haya justicia y traiga la Paz a nuestros Pueblos; por ser un derecho ancestral, que lleva la sangre de tantos hermanos y hermanas, que como Sergio y Jery, no se doblegaron jamás y son motivación para mantenernos de pie hasta ver estas Tierras/ Territorios en manos de las Comunidades Indígenas que las habitan (Artículo 3 de Ley Indígena N°6172).

La Pandemia NO puede convertirse en un discurso cómplice de impunidad, ni en una justificación de violencia y discriminación contra nuestras Comunidades/Pueblos, ni tampoco la falta de recursos puede justificar la desatención y el abandono por parte del Estado/Gobierno a sus responsabilidades históricas, en una deuda que debe asumir para que podamos reconciliarnos como costarricenses, para vivir en paz, en una sociedad respetuosa de nuestros valores por el Buen Vivir, la defensa y el respeto de nuestra Madre Tierra, nuestra Autonomía, diversidad e identidad cultural y espiritual.

Enviamos de todas las Comunidades de Recuperantes de Tierra /Territorio Indígenas, los mensajes de alegría y de apoyo a las familias Malekus, que hoy asumen la tarea de luchar por su Autonomía y sus Derechos Humanos, cuenten con nuestro acompañamiento, sin condiciones. Esperamos que el Estado/Gobierno costarricenses, haga cumplir las Leyes y los Tratados que respaldan nuestros Derechos y nuestra Lucha.

A 16 meses de impunidad, a nuestro hermano Sergio desde la intimidad de nuestro espíritu le recordamos como la semilla que es, en cada recuperación de Tierra/ Territorio vemos su Siembra. NO nos detendremos hasta que su ASESINATO sea sancionado y reparado.

¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
18 DE JULIO, 2020

En los laberintos del robo y la mentira más descarada

Rogelio Cedeño Castro, catedrático UNA

Mienten descaradamente los medios de la maquinaria mediática totalitaria de este país, y tratan de cubrir de infamia a los profesores universitarios de este país, especialmente el diario La Nación y su redactora Dorelia Cerdas E, tal y como nos lo demuestran en el día de ayer, viernes 17 de julio de 2020, en los contenidos su página 11 (curiosamente referida a Sucesos y Judiciales), cuando titulan REFORMA DE LEY BAJA PENSIÓN DE EXRECTOR EN 3 MILLONES DE COLONES, con un curioso pretítulo donde afirman lo siguiente: “Monto de pensión bajó 5,8 millones a 2,6 millones”, cuando en realidad debían haber dicho que le “robaron” o saquearon más de mitad la pensión, para la que cotizó una vida entera el señor Henning Jensen. Ni una palabra de que pagará (ya paga) casi un millón de colones de impuesto sobre la renta mientras la ICE and Farm y La Nación no pagan nada por ese concepto, trescientos mil colones al régimen de enfermedad y maternidad de la Caja del Seguro Social a diferencia de la gran mayoría de los pensionados, medio millón de colones para cotizar a un régimen de reparto que ya no existe (artículo 70 de la ley 7531 de pensiones del magisterio nacional), puesto que lo saquearon los gobiernos entre 1958 y 1995, más de un millón de colones de “contribución” aumentada por artículo 71 de la ley 7531, cuyo destino será el agujero negro de la caja única del estado y otros montos desmesurados, todo eso si el señor exrector no tiene deudas, y otros compromisos familiares, como sucede a muchos pensionados universitarios que todavía nos dimos el “lujo” de jubilarnos. La pensión del señor Jensen, al igual que la de muchos de nosotros no fue rebajada, sencillamente fue escamoteada, con toda la saña e hipocresía del caso, mientras un coro de insultos de cobardes e ignorantes lo insultan (nos insultan) todos los días.

Al día siguiente, sábado 18 de julio de 2020, en su página 4, el diario producido por los más fieles discípulos de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler(1933-1945), al que algunos llaman con mucha razón “La nazi-on”, en un texto de su redactora Silvia Artavia, habla de una contribución solidaria, a título de aporte “en solidaridad con los demás habitantes”, cuando en realidad lo que hicieron fue castigar a un numeroso grupo de pensionados cuyos montos nominales de pensión están entre los 2 y los 3 millones de colones, con lo que: “Anteriormente, el aporte se aplicaba solo a las jubilaciones superiores a los 4 millones en el caso del magisterio y a partir de los 2.7 millones en la DNP. Con la nueva ley el cobro se impone a todas las pensiones mayores a los 2.296.000…La entrada en vigencia de la norma permitirá cobrar el aporte solidario a un total de 4.118 pensiones de lujo, 3198 adicionales a las 920 que ya eran gravadas anteriormente por ese concepto.” Con todo esto lo que sucede el estado se apropia de 12 mil millones de colones diz que para otorgarlo como subsidios que llaman “pensiones no contributivas” (ibid) que vienen siendo manejadas a partir de la CCSS por lo que miente de nuevo La nazi-on: esas no son pensiones como bien lo demostró el economista Francisco Esquivel. En resumen, la población adulta mayor pensionada seguirá subvencionando a partir de su disminuido peculio a los grandes evasores y elusores fiscales, entre ellos los propietarios del diario La Nación, con lo que sucede así que quienes cotizaron durante décadas sumas mucho más altas que las del IVM de la CCSS (hasta un 17% de su salario), pagarán una vez el saqueo al fisco con affaires como la trocha, la ruta 27, la carretera Kooper- Florencia en San Carlos y muchas otras estafas al fisco…una mentira y otra de principio a fin, tenemos que empezar a proclamar la verdad, aunque los corifeos del régimen y los desinformados se molesten. El neofascismo acecha y se prepara para cosas mucho peores aún, las que afectarán en lo más hondo a las grandes mayorías de la población.