El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) promoverá un proceso participativo para discutir y proponer, desde los movimientos sociales y movimiento sindical, propuestas para atender la situación del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Esto, gracias a la petición de FRENASS y al impulso y trabajo del representante de las trabajadoras y los trabajadores, Mario Devandas Brenes, en la junta directiva de la institución.
SURCOS recibió este comunicado:
FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL
El 10 de agosto del 2020, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, dispuso mediante acuerdo unánime promover un proceso de diálogo con los diversos sectores sociales, en torno a de las reformas propuestas al régimen de invalidez vejez y muerte, según manifestó el director, Dr. Mario Devandas.
Saludamos con entusiasmo la disposición de las autoridades de la Caja, cuya génesis se encuentra en las acciones promovidas por FRENASS y apoyadas por las diversas organizaciones que se encuentran integradas a nuestro frente, así como por la ciudadanía en general, que ha exigido un diálogo nacional, dado que las reformas propuestas nos afectan a todos y todas.
Entendemos la delicada situación financiera que está enfrentando la Caja. No obstante, las reformas al Régimen del IVM, no pueden recaer exclusivamente en la población costarricense, empobreciéndola aún más, dado que las propuestas disminuyen la calidad de vida y el poder adquisitivo de los adultos mayores y deja a los sectores más vulnerables de la población en un abandono aún mayor que el que ya tienen.
Exigimos de este proceso, de conformidad con el Artículo 9 de nuestra Constitución Política, una verdadera vocación democrática, que garantice a la población la más activa y efectiva participación en la toma de decisiones, dado nuestro aporte en la sostenibilidad del régimen, el que recae en nuestras espaldas.
Se ha abierto un espacio democrático, las fuerzas populares, sindicatos, cooperativas, asociaciones, ciudadanía en general, estamos en la obligación de forjar un frente común en defensa de nuestros derechos y en defensa de la seguridad social.
Desde Frenass, hacemos un llamado a la Unidad en defensa de la Seguridad Social y de la Caja Costarricense del Seguro Social en particular.
San José, 12 de agosto del 2020.
FRENASS comparte la carta en la cual se comunica que su petición sería conocida en la junta directiva de la CCSS:
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
SJD-1349-2020 07 de agosto de 2020
Señores (a) Licda. Antonieta Fernández Quirós MSc. Rafael López Alfaro Sr. Deivis Ovares Morales FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS Notificaciones: Correo electrónico: frenass14@gmail.com
Estimados señores: Estimada señora:
Asunto: Comunicación de lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 12° de la sesión N° 9116, celebrada el 06 de agosto del año 2020.
Me permito hacer de su conocimiento lo resuelto por la Junta Directiva de la Caja en el artículo 12° de la sesión N° 9116, celebrada el 06 de agosto de 2020, que literalmente dice: “ARTICULO 12º: Por tanto, Se conoce oficio 366507-2020, con fecha 29 de Julio de 2020, suscrito por la Licda. Antonieta Fernández Quirós, MSc. Rafael López Alfaro y el Sr. Deivis Ovares Morales, FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS, dirigido a la Junta Directiva. Asunto: Solicitud de convocatoria amplia y participativa para abordar el Tema del IVM y de la problemática de Recursos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social.
El citado oficio se resume así: Los suscritos se refieren a la decisión de los miembros de Junta Directiva de la CCSS de discutir e incluso modificar unilateralmente el Régimen del IVM, sin tomar en cuenta la participación activa y efectiva de los sectores sociales, ni de la ciudadanía, que conforma múltiples y diferentes frentes para la Defensa, el Fortalecimiento y el Mejoramiento constantes de la Caja y fundamentados en el artículo No. 9 de la Constitución Política, que establece y garantiza la participación activa, amplia y democrática en la toma de decisiones políticas que vayan a afectar a la ciudadanía.
Por lo anterior, solicitan lo siguiente:
Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social detenga de forma inmediata, cualquier tipo de discusión respecto al futuro del régimen del IVM, así como del modelo de atención en Salud que brinda la CCSS, hasta tanto y con sentido democrático, se garantice a la población la más activa y efectiva participación en la toma de decisiones.
Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en pleno uso de sus facultades y autonomía, se convierta en la impulsora y organizadora de estos espacios de participación democrática, y se convoque a todos los sectores que interesados en la defensa y el fortalecimiento de la Caja, para garantizar que todas las voces y las propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones, consecuente con lo establecido en el artículo nueve de la Constitución Política.
Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, garantice el respeto al precepto constitucional y democrático establecido en el artículo constitucional mencionado, dado que la Caja no está exenta de las obligaciones estipuladas en la Constitución Política, específicamente respecto de la rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal de los integrantes de su Junta Directiva.
Finalmente, solicitan respuesta pronta y oportuna, amparados en el derecho de petición y respuesta consagrado en el numeral 27 de la Carta Magna., la Junta Directiva
ACUERDA: ACUERDO PRIMERO: Comunicar a los señores Licda. Antonieta Fernández Quirós, MSc. Rafael López Alfaro y Sr. Deivis Ovares Morales, FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS, que su solicitud será considerada en la sesión del 10 de agosto del 2020 y se les informará oportunamente.
La indicación se hará extensiva a las notas que ingresen en la correspondencia para ser conocida el lunes 10 de agosto 2020.
ACUERDO FIRME”
Suscribe atentamente, SECRETARÍA DE JUNTA DIRECTIVA Ing. Carolina Arguedas Vargas, jefa
Al ser las 8:10 p.m. del 10 de agosto del 2020, 3 personas no indígenas ingresaron a la finca recuperada Muerra Ú, con la intención de atacar a las familias indígenas que se encuentran custodiando la finca. Esas personas andaban a caballo y se sospecha que portaban armas.
Igualmente se sospecha que son las mismas personas que el 9 de agosto destruyeron sin ninguna contemplación los ranchos de la recuperación e intimidaron y amenazaron a las familias indígenas presentes.
Las familias recuperadoras Malekus insisten en que su lucha es pacífica y hacen un llamado a las autoridades a presentarse en el lugar para evitar cualquier hecho de violencia.
FECON. 9 de agosto, 2020. En Costa Rica son 8 los pueblos indígenas que existen y resisten después de 500 años de reducciones por parte del pasado sistema colonial y actual modelo neocolonial del Estado costarricense.
Desde 1977 en medio de un proceso agresivo de expansión de la frontera agrícola incentivada por la Ley de Tierras y Colonización, se tuvieron que demarcar territorios para cada pueblo como parte de las luchas de esa generación indígena.
Para el gobierno central se consideraba baldías y ociosas las tierras boscosas. La deforestación estaba en auge de la mano con la ganadería, que sería la actividad más destructiva de la naturaleza a gran escala durante esa época en Costa Rica.
A 43 años de esa demarcación territorial, que se constituía como un mecanismo para la protección de los sistemas de valores tradicionales de la colectividad social indígena, el desinterés estatal y las invasiones de no indígenas ambiciosos de tierras siguen minando los territorios.
Algunos de estos espacios delimitados para los pueblos, se mantienen usurpados hasta en un 90% por grandes terratenientes. El incumplimiento de las expropiaciones y el tiempo han generado un caos de ilegalidades dentro de los territorios indígenas de Costa Rica.
Como respuesta, desde hace nueve años los pueblos indígenas han tenido que empoderarse de su autonomía impulsando las recuperaciones de grandes fincas que explotan ilegalmente personas que no son del pueblo para el que se destinó cada territorio.
Es vastamente sabida la conflictividad que esto desencadenó, por irresponsabilidad de los gobiernos que nunca sanearon estos territorios. La recuperación de la autonomía ha costado a los pueblos Bribri y Broran la caída de dos de sus líderes por las balas de los invasores de tierras.
La impunidad judicial que arrastran los asesinatos a sangre fría de Sergio Rojas (2019) y Jerhy Rivera (2020) nos recuerdan los tiempos de la denominada “guerra justa” que apalancaba la Corona Española en 1530 para someter a los pueblos que resistían a sus intereses.
La defensa de la historia, el territorio y los valores de convivencia con la tierra son una causa compartida entre los pueblos indígenas y el movimiento ecologista de Costa Rica. Son grandes los desafíos que asumimos al enfrentar al gran capital que saquea y destruye la naturaleza.
Por lo tanto, este día internacional de los pueblos indígenas, reivindicamos nuestro compromiso social con la lucha de los pueblos indígenas de Salitre, Térraba, China Quichá, Curré, Cabagra y Maleku que recuperan la integridad de sus territorios con acciones colectivas.
En este día, demandamos al Estado la protección total e improrrogable de los derechos de las personas recuperantes, de su integridad física, y el reconocimiento de la autonomía como reivindicación del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos unimos a las voces, cuerpos y vidas que denuncian la impunidad como una expresión más de violencia contra los Pueblos Originarios de Costa Rica y del mundo.
El acceso a la justicia es uno de los derechos más flagelados por parte de los Estados. Donde el Estado costarricense no es una excepción.
Esta infografía retoma los distintos aspectos sobre la justicia para los Pueblos Originarios. Este material forma parte de la Campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.
¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
La crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19 se superpone a una crisis que ya existía, relacionada con el modelo de desarrollo impulsado en nuestro país en las últimas décadas. El bicentenario de la Independencia de Costa Rica llega en un momento crítico del devenir nacional.
Las políticas dominantes en el país han favorecido un inaceptable aumento de la exclusión y la inequidad. Presenciamos una actitud depredadora del ambiente y destructora de las riquezas naturales que son parte de nuestros bienes comunes. Se concibe la vida misma desde una óptica individualista y mercantil. Este escenario de exclusión, inequidad y deterioro ambiental se ha agravado con la pandemia de COVID-19.
La creciente desigualdad ha debilitado seriamente el tejido social. El espacio para la deliberación y el diálogo se ha estrechado significativamente. Nos encontramos en una disyuntiva entre la profundización de tendencias autoritarias o la ampliación de la participación ciudadana y popular.
En las últimas décadas se ha consolidado un bloque de poder político y económico alrededor de una propuesta conservadora y regresiva decidido a desarticular la institucionalidad pública gestada en el marco del estado social de derecho. Más de cuatro décadas de evidencia incuestionable demuestran que el camino propuesto por estos grupos solo llevaría a hacer más profunda la situación dramática que ya viven amplios sectores de nuestra población.
Esta crisis de largo aliento ha obligado a reflexionar a escala global sobre los conceptos de desarrollo, progreso y bienestar. Surgen cuestionamientos sobre el destino de las sociedades y las formas de construir entornos que permitan el desarrollo pleno de todas las personas en un contexto de cuidado del ambiente y procura del bien común. Nos encontramos en una encrucijada en la que se están definiendo aspectos esenciales de la vida futura.
En la base del tejido social costarricense y de las organizaciones de la sociedad civil, la actual pandemia ha permitido fortalecer procesos colectivos y comunitarios centrados en visiones generosas y solidarias para la convivencia, el bienestar general, el desarrollo espiritual, y el cuidado de la vida, en armonía con el ambiente. Son estos sectores y estos procesos los que están llamados a marcar nuevos rumbos a nuestro país.
Es necesario que toda esta energía creativa y solidaria lleve a confluencias para posibilitar propuestas en ámbitos muy variados de la vida, las cuales deben venir de
procesos democráticos participativos, construidos desde una amplia base social. En este contexto ha surgido el Foro Confluencia Solidaria.
¿Qué es el Foro Confluencia Solidaria?
Este Foro constituye un espacio amplio para reflexionar y analizar la situación del país, y para gestar opciones dirigidas a la construcción colectiva de una sociedad que esté marcada por la solidaridad, la equidad, la amplia participación ciudadana, el respeto a la diversidad, la armonía en nuestra relación con el ambiente, la vivencia ecuménica, la dignidad de las personas y, en general, el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. Confluencia Solidaria no pretende convertirse en un partido político. Es un espacio para debatir, dialogar, reflexionar, encontrar coincidencias e imaginar el país que necesitamos. Para ello, se propone trabajar, entre otros, en los siguientes ejes temáticos:
(1) Fomento de una auténtica democracia participativa, desde lo local a lo nacional, y con procesos transparentes de permanente diálogo social, en los que participen todos los sectores de la ciudadanía, para definir los rumbos del país. Constitucionalmente Costa Rica es una democracia participativa. El control ciudadano de las autoridades del Estado, conforme al artículo 9 de la Constitución Política, debe ser permanente porque el Pueblo es el Soberano.
(2) Gestación de un sistema tributario justo y progresivo, que garantice que quienes más tienen contribuyan más al bienestar colectivo y elimine la evasión y la elusión fiscales, Para asegurar condiciones de vida digna sin exclusiones de ningún tipo
(3) Protección, defensa y fortalecimiento de la institucionalidad pública y del estado social de derecho, así como de los bienes comunes.
(4) Estímulo al desarrollo de un tejido económico justo, con amplia participación comunitaria en la producción de riqueza en todas las regiones del país, basado en el trabajo digno, procurando la autosuficiencia nacional y la soberanía alimentaria. La economía debe estar subordinada a la ética del bien común.
(5) Defensa del ambiente y gestación de formas armoniosas y equilibradas de relación con el medio natural en el cual se desenvuelve la sociedad, bajo el paradigma del cuidado, en beneficio de las actuales y las futuras generaciones.
(6) Lucha permanente por los derechos de las mujeres, y por su plena igualdad en la vida política, social, económica y cultural del país.
(7) Reconocimiento y valoración del papel social y económico de las actividades y trabajos relacionados con los cuidados de las personas en espacios diversos de la sociedad, haciendo énfasis en el rol central de las mujeres en los mismos.
(8) Consolidación, apoyo y promoción de una cultura centrada en un respeto profundo a la dignidad de todas las personas, basada en la inclusión y el reconocimiento y valoración de la amplia diversidad cultural que caracteriza a Costa Rica.
¿Cuál es la base ética del Foro Confluencia Solidaria?
Confluencia Solidaria se basa en una plataforma ética centrada en la dignidad de las personas y el derecho al desarrollo de sus potencialidades -en un marco de equidad, solidaridad, honestidad, creatividad y cuidado de la vida- como valores esenciales de la sociedad. Es decir, una convivencia social donde los bienes materiales, culturales y espirituales estén al servicio de la satisfacción de las necesidades fundamentales, para la reproducción de la vida humana en comunión con la naturaleza.
Confluencia Solidaria busca catalizar procesos mediante los cuales las diversas iniciativas surgidas desde la base social puedan fortalecerse, relacionarse y cooperar con miras a la gestación de esa sociedad marcada por dichos valores. No pretende cooptar las iniciativas surgidas desde la base social, comunitaria e institucional, sino constituirse en un espacio de profundo respeto a la diversidad de estos procesos y a las propuestas que de ellos surjan. El diálogo fructífero y horizontal, así como la búsqueda de espacios de encuentro en ese marco de respeto, deberán marcar la pauta de esta iniciativa.
Las propuestas, iniciativas y actividades que sean facilitadas por Confluencia Solidaria serán de carácter público y procurarán beneficiar a los sectores, personas y organizaciones que quieran utilizarlas en sus espacios de trabajo, de organización y de reflexión.
Llamado a la construcción de una sociedad justa y solidaria
Las urgencias del presente convocan el acercamiento y la participación de sectores amplios y diversos, los cuales, desde la heterogeneidad de sus experiencias, perspectivas y campos de acción, encuentren caminos para una sociedad justa, digna, solidaria y próspera. Este es el gran reto de las fuerzas vivas y democráticas de la sociedad costarricense. Que la pluralidad de voces de nuestra sociedad se haga escuchar para lograr un nuevo pacto social justo, marcado por la dignidad y la procura del bien común.
En la víspera de la celebración del bicentenario de la Independencia de Costa Rica, invitamos a las ciudadanas y los ciudadanos, y a los sectores y grupos organizados de la sociedad que comparten esta visión de país, para que nos apropiemos de este Foro, y entre todas y todos construyamos una convivencia justa, digna y solidaria.
De acuerdo con su cosmovisión, los Pueblos Originarios de la Zona Sur han construido organizaciones propias y/o formas de autogobierno. Estas son experiencias concretas sobre el ejercicio de autonomía y autodeterminación que además hacen frente a las instituciones impuestas por el Estado costarricense sobre los Pueblos Originarios.
Esta infografía retoma los principales instrumentos jurídicos que reconocen estas formas propias de organización y defensa de los territorios.
Este material forma parte de la Campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.
¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
#JusticiaParaSergioYJerhy Publicación en Facebook:
La población Maleku agradece a todas aquellas personas que los han ayudado en su lucha por la tierra ancestral.
Si quiere sumarse, puede hacer su donación de:
1.- Semillas 2.- Paquetes de alimentos 3.- Paquetes de limpieza personal 4.- Kit de limpiezam protección contra el Covid 19 5.- Herramientas para agricultura
En coordinación con la ADI Maleku, también puede hacer llegar sus donaciones a la cuenta:
Cuenta Bancaria Banco Nacional de Costa Rica Corriente:100-01-076-002267-8 IBAN: CR14015107610010022679 Sinpe: 8788 4726
El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, compartió con SURCOS una carta enviada a la junta directiva de la CCSS en la cual solicita: “1. En aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM. 2.Que se convoque a una Mesa de Diálogo con la participación de los sectores sociales (para que) se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras”. La siguiente es la nota:
Señores y señoras Román Macaya Hayes María de los Ángeles Solís Umaña Fabiola Abarca Jiménez Marielos Alfaro Murillo Christian Steinvorth Steffen Bernal Aragón Barquero José Luis Loría Chaves Maritza Jiménez Aguilar Mario Devandas Brenes Junta Directiva CCSS
Estimados (as) señores (as):
El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, que reúne a más de 60 organizaciones sindicales y sociales, ha sido informado por los medios de comunicación que la Junta Directiva pretende reformar el régimen de pensiones IVM, en forma unilateral, sin ningún proceso de análisis y debate público, como corresponde a una democracia y congruente con el mandato constitucional de un gobierno participativo.
Un asunto de esta trascendencia no se puede dirigir y resolver de esa manera, por lo que, de una vez manifestamos, que estamos solicitando que se suspenda cualquier intento de reforma, y en consecuencia, se disponga una mesa de diálogo social para el debate del tema, previa rendición de cuentas a los trabajadores de la gestión y la implementación de las sucesivas reformas.
Esa pretendida reforma, sin una validación de los estudios actuariales, se convierte en un “acto de fe”, desprovisto de rigurosidad técnica y legitimidad social, que no existe la menor duda que sería rechazado rotundamente por amplios sectores de la sociedad costarricense.
Esperamos que no se estén anteponiendo los intereses mezquinos de un reducido sector sobre los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo trabajador.
Justificada desconfianza en los Estudios Actuariales
En el año 2017, la Junta Directiva, como se hizo en el 2005, invitó a los sectores sociales a una Mesa de Diálogo, nombrándose representaciones del sector laboral, patronal y del gobierno, con la finalidad de buscar soluciones que garantizaran la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
En esa ocasión, ante serios cuestionamientos al estudio actuarial realizado por la Escuela de Matemáticas, contratado por la propia Caja, se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo una visión de la reforma de pensiones en Costa Rica y un análisis del cuestionado estudio actuarial.
La OIT advirtió en la nota entregada y durante la presentación a la Mesa, graves deficiencias metodológicas de ese estudio, que desvirtuaron totalmente sus resultados, viciado de graves gazapos.
Entre las tantas inconsistencias advertidas, algunas elementales, destacan que no diferenció entre cotizantes activos y pasivos, sobreestimó el número de cotizantes, y en consecuencia, infló la cantidad de personas con derecho a pensión.
Además, se sobreestimó la formalización del empleo y se cuestionó la fórmula de cálculo para el monto de la pensión: “es como si los salarios de Costa Rica, fueran trasladados para financiar pensiones de Noruega.”
Posterior a la reforma del 2017, expertos muy calificados en especialidades matemáticas y actuariales, Juan José Víquez Rodríguez, Edgar Robles Cordero y Luis Rosero Bixby, realizaron una revisión técnica del Estudio de sostenibilidad del IVM, quienes señalaron falencias, omisiones y errores técnicos del Estudio del equipo de la Escuela de Matemáticas que realizó el estudio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, concluyendo que los resultados son inválidos, los cuales correspondían a un escenario pesimista sin ningún fundamento técnico.
Estas debilidades y falencias han causado una justificada falta de confianza en los estudios actuariales, ya sea realizados directamente o contratados por la Caja, por lo que lo más conveniente es una validación de un órgano con experiencia en seguridad social, que no tenemos ninguna que la OIT es un órgano con una gran experiencia y experticia en esta materia.
Reforma del 2017
En la mesa tripartita de diálogo, de 2017, que fue acompañada por diversos sectores e instituciones, se acordaron 33 recomendaciones, que fueron acogidas por la Junta Directiva, producto de un esfuerzo y el mayor consenso de trabajadores, patronos y Estado, para dar sostenibilidad por lo menos 20 años (2038) al régimen, con propuestas paramétricas y no paramétricas, entre ellos la aceleración de los escalones contributivos.
Las recomendaciones finales de la Mesa de Diálogo fueron de orden estratégico, metodológico, incluyendo recomendaciones de regulación normativa para evitar la evasión y la morosidad y una sana gestión administrativa.
También se acordó la presentación de informes anuales de gestión, que a la fecha no se ha cumplido, mucho menos los compromisos adquiridos por el Estado en la Mesa de Dialogo del RIVM.
Una precipitada e inconsulta propuesta de reforma fundamentada en un elemental informe
Preocupa y extraña sobremanera que la propuesta de reforma del reglamento IVM que se pretende acordar, a golpe de tambor, se fundamente en un elemental informe elaborado por un Grupo de Trabajo, conformado por 2 gerentes: Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente Financiero, el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Director Administración de Pensiones, el M.Sc. Cristian Torres Jiménez, Jefe Área Actuarial, Dirección Actuarial, con el equipo asesor correspondiente.
Aunque la reforma anterior se aprobó a finales del año 2017, la Junta Directiva acuerda que la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre de 2018”, sería un “insumo inicial básico de los grupos de análisis que se conformen con el propósito de plantear planes de fortalecimiento del Seguro de Pensiones de la CCSS.”
Sin embargo, en lugar de planes de fortalecimiento lo que se presentó a la Junta Directiva son exclusivamente reformas paramétricas, con graves consecuencias para trabajadores, patronos y Estado, a menos que como en otras ocasiones se quiera cargar la reforma solo en las personas trabajadoras.
Las reformas propuestas
Resulta tentador para los jerarcas proponer cambios en el perfil de beneficios, edades de retiro y contribuciones, con el criterio de esos parámetros “sí están en control de la CCSS” y descartando, a priori, la búsqueda de nuevas formas de financiamiento porque “es lento y engorroso”.
Nuestras observaciones preliminares a las propuestas:
Las propuestas para todos los trabajadores del país
Plan 1
– Elimina totalmente el retiro anticipado.
Plan 2
– Aumenta la edad para el retiro anticipado: hombres a los 64 años con 30 años cotizados y mujeres a los 62 años, con más de 37 años cotizados. – Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con el 40%, 45% y 50% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado – Aumento contribuciones: incremento en 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.
Plan 3
– Elimina y aumenta la edad para el retiro anticipado: lo elimina para los hombres. Las mujeres aumentan la edad a 62 años con más de 37 años cotizados. – Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con un 45% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado – Aumento contribuciones: incremento de 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.
1.- Nuevas condiciones para el retiro anticipado
Se elimina el incentivo a la larga cotización durante la vida laboral al eliminar el retiro anticipado, incrementar la edad o mantenerlo solo para las mujeres, no visibiliza que para lograr ese beneficio se debe cotizar por casi 40 años, desconoce que hay grupos ocupacionales con esas contribuciones que tienen una expectativa de vida menor y que ya existen personas trabajadoras que han cotizado por más de 20, 30 o más años y que han mantenido que ya han cotizado 30 o más años con la expectativa de lograr una pensión adelantada.
Finalmente, en el caso de las mujeres alarma que la administración de una institución de seguridad social, mantenga una visión patriarcal del trabajo, obviando el trabajo no remunerado de las mujeres trabajadoras, su papel como cuidadoras y el aporte a la sociedad, desconociendo los avances en acciones afirmativas a favor de las mujeres.
2.- Disminuir el monto de las pensiones
a.- Modifica la Fórmula de cálculo del salario de referencia
En el 2005 cuando se reformó la formula se tenía el objetivo de desincentivar que las personas contribuyeran mayoritariamente durante los últimos 5 años, para obtener mejores pensiones sin que se hubiera cotizado.
La regresiva propuesta disminuye considerablemente el salario de referencia, al utilizar la totalidad de los salarios cotizados, con el consiguiente decrecimiento del monto de la pensión.
b.- Reducción del monto en un rango entre 40-50% del salario de referencia.
El porcentaje de reemplazo del salario ha venido en caída libre desde los años 90, llegando en el 2005 a definir 8 estratos con respecto a los salarios mínimos, cuyos rangos oscilan entre un 43% y un 52,5%.
La agresiva propuesta establece rangos de 40%, 45% y 50% para el monto de pensión; una medida mucho más injusta para los sectores más vulnerables.
Por otra parte, no es cierto que los regímenes complementarios estén sustituyendo la reducción de los beneficios en el régimen básico, en este caso el RIVM.
3.- Aumento de las contribuciones
Como si lo anterior no fuera suficiente gravoso, la propuesta de aumentar en un 5,5% la contribución tripartita, mediante ajustes cada 3 años, desde el año 2020, pasando de un 10,66% a 15,16%, es un coste muy alto.
4.- Reducción de la cuantía adicional
El objetivo de esta modalidad es la permanencia en el sistema y pretender no calcularlo a partir de los 20 años, sino a los 25 años cotizados, no incentiva a la permanencia en el sistema, eliminando el 1% anual por cuantía adicional.
Con fundamento en lo expuesto se concluye que no se trata de una reforma de baja intensidad, sino de una reforma estructural, de implicaciones profundas, la cual no puede ser discutida en un consistorio secreto.
La reforma que se justifique debe implicar un proceso de diálogo social, amplio, transparente, que incluya la participación de los actores sociales.
Con fundamento en los motivos expuesto, solicitamos:
En primer lugar, en aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM.
En segundo lugar, que se convoque a una Mesa de Diálogo, que con la participación de los sectores sociales se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras.
Solicitamos que esta petición se resuelva dentro del plazo de ley.
Sin otro particular, suscribe atentamente,
P/ Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO.
Martha Elena Rodríguez González. Secretaria General Adjunta UNDECA. Comisión Política, BUSSCO.
Copias:
Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente República de Costa Rica. Sra. Carmen Moreno González, Directora Oficina de la OIT en Costa Rica, OIT. Sra. Giannina Dinarte Romero, Ministra; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.MTSS Sra. Patricia Mora Castellanos, Ministra; Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU Sra. Catalina Crespo Sancho, Defensora; Defensoría de los Habitantes, CCSS. Movimiento sindical y Social. Trabajadores y trabajadoras. Archivo.
Compartimos la carta abierta que la organización Forest Peoples Programme (FPP) envía a las autoridades de Costa Rica, llamando la atención no solo sobre el incumplimiento de las Medidas Cautelares impuestas a Costa Rica, sino sobre la impunidad alarmante y la inacción de los órganos de justicia que deben velar por su cumplimiento. FPP es quien representa a los beneficiarios de las Medidas Cautelares, bribris de Salitre y brörán de Térraba ante la CIDH.
