Etiqueta: lucha social

Carta Abierta al Estado de Costa Rica sobre desalojos y vulnerabilidad de los Pueblos Originarios: el caso del Territorio Cabécar de China Kichá

Escrito en 14/11/2020. Publicado en Comunidad, Derechos.

Viernes 13 de noviembre 2020

Las organizaciones, instituciones y personas que suscribimos esta Carta Abierta dirigida al Estado de Costa Rica nos referimos a las órdenes de desalojo judicial que existen contra el Pueblo Cabécar de China Kichá y el aumento de la vulnerabilidad que dichos desalojos suponen para este Pueblo.

A saber, existen dos amenazas de desalojo judicial en el Territorio Cabécar de China Kichá. El primero corresponde al de Kono Jú: en el voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José se ordenó el desalojo de las y los recuperadores Cabécar de la recuperación realizada en mayo del 2019 y nombrada como Kono Jú[1]. Tras una serie de acciones judiciales, políticas y mediáticas, el 25 de septiembre el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires suspendió temporalmente el desalojo de Kono Jú.

El segundo corresponde a Yuwi Senaglö, tierra-territorio recuperada desde el 28 de septiembre del presente año. Hasta esa fecha estaba ocupada ilegalmente por Miguel Vargas Mata (quien todavía se encuentra atrincherado en la casa dentro de Yuwi). La Resolución N. 48-2020 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) del 13 de octubre de 2020 ordenó el desalojo de las familias Cabécar recuperadoras.

Sobre ambos procesos, solicitamos al Estado de Costa Rica considerar cuatro cuestiones fundamentales:

Se está aplicando el derecho Civil y Agrario, más no el Derecho y Legislación Indígena. Según los Principios Generales del Derecho, la norma especial prevalece sobre la general. En Costa Rica además existe suficiente normativa de carácter internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado desde 1993 y la Ley Indígena (Ley 6172 de 1977) que expresamente regulan los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Se debe entender que estos Territorios y estos Pueblos se encuentran protegidos por una legislación y derechos especiales y como consta en ambos expedientes según información oficial del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), los terrenos recuperados se encuentran dentro del Territorio Cabécar de China Kichá.
En el contexto de la Pandemia del Covid 19, una medida cautelar como el Desalojo Judicial o Administrativo aumenta la vulnerabilidad en la que se encuentran estos Pueblos. Sobre esta situación varias instancias nacionales e internacionales emitieron diversos informes y normativas que recomiendan que los desalojos contra Pueblos Originarios no se lleven a cabo.

Entre ellos, se rescata el Comunicado Público del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda: Balakrishnan Rajagopal, del 18 de agosto de 2020, en el que expresa: “(…) El derecho a la vivienda es fundamental en cualquier respuesta a la pandemia (…) Perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida” (…) “los derechos a la vida y a una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados”.

Balakrishnan Rajagopal, en ese mismo comunicado, menciona: “Hago un llamado a todos los Estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garanticen que nadie quede en una posición de mayor vulnerabilidad a la COVID-19”[2].

III. La CIRCULAR No. 227-2020 de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que establece “El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 95-2020, celebrada el 6 de octubre de 2020, artículo XLIX, acordó comunicar a todos los despachos judiciales del país que tramitan procesos judiciales donde se disponen puestas en posesión y desalojos en los que intervengan personas en situación de vulnerabilidad, y con fundamento en la normativa nacional e internacional de derechos humanos -de carácter supraconstitucional conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…se insta a las personas servidoras judiciales vinculadas con la tramitación y ejecución de desalojos y puestas en posesión para que, a fin de garantizar el acceso a la justicia, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, cumplan con lo siguiente:

Garantizar el acceso a la justicia a la población indígena tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, aplicando el Derecho Indígena -siempre y cuando no transgreda los derechos humanos- así como sus costumbres y cosmovisión, conforme a la normativa nacional e internacional, en especial, el artículo 1 de la Constitución Política, que declara a Costa Rica como una República multiétnica y pluricultural. De ser necesario podrá requerirse un peritaje antropológico, para garantizar, proteger y tutelar los derechos humanos de los pueblos indígenas, conforme lo dispone la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica.
Respetar la importancia de que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, en resguardo del derecho colectivo y comunitario de esa relación. La utilización del término «tierras» debe incluir el concepto de territorios, que cubre “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Además, tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades”[3].
La Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá y las familias Cabécar residentes de Kono Jú, presentaron desde el 22 de septiembre del 2020 la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo en Kono Jú de China Kichá ante Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad Pública; solicitud que todavía no ha sido respondida por dicha instancia.

Esta solicitud se basa en el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS. Donde se determina la Creación de la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento especial para la atención de desalojos considerados como de vulnerabilidad social. El artículo 15 de dicho Decreto establece:

“El Ministerio de Seguridad Pública o la CAID podrán considerar un desalojo, en trámite judicial, como de vulnerabilidad social. En ese caso, por medio de la Procuraduría General de la República, se impulsarán las gestiones necesarias para solicitar al despacho judicial que, en sentencia, se considere un tiempo prudencial para ejecutar el desalojo a partir de una atención integral y respetuosa de los Derechos Humanos”.

Ante ello, las organizaciones e instituciones que suscribimos, solicitamos vehementemente al Estado de Costa Rica que:

Se garanticen y respeten los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
Se priorice la aplicación del Derecho y Legislación Indígena sobre el derecho Civil o Agrario, según lo estipulan los Principios Generales del Derecho, en el sentido que la norma especial prevalece sobre la general.
Se detengan los desalojos en el Territorio Cabécar de China Kichá, en el tanto un desalojo como medida cautelar anticipada genera indefensión a los Pueblos Originarios y violenta su derecho fundamental, colectivo y comunitario a la tierra y en el contexto de la pandemia del Covid-19 el desalojo aumentaría la vulnerabilidad de este Pueblo.
El Ministerio de Seguridad Pública resuelva la Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jú y se inicie el proceso de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, en consonancia con el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS.
La suspensión de los desalojos ordenados hasta tanto el Ministerio de Seguridad resuelva la solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad de ambos desalojos.
En el caso de Kono Jú, habiendo transcurrido un lapso de tiempo razonablemente largo desde la fecha de recuperación del terreno y considerando que no existe más prueba que conocer, se proceda ya con la resolución de fondo de ese litigio.

Organizaciones, instituciones y personas firmantes:

Brigada para Leer en Libertad AC, México
Cultural Survival
Mujeres y la Sexta, México
Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria CIERIC, Cuba
Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA, México
Comité Cerezo; México
Festivales Solidarios, Guatemala
Red Latinoamericana Somos Un Abya Yala
Recuperadoras/es Cabecar de Kono Ju de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Yuwi Senaglö de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Sekeirö Kaska de China Kichá
Recuperadoras Cabecar de Sá Ka Duwé Senaglö. De China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Kerpego. De China Kichá
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá
Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
Concejo de Mayores Iríria Jtechö Wakpa de Cabagra
Recuperadoras/es Brörán de Crun Shurin
Recuperadoras/es Brörán de Finca San Andrés
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica
Asociación de Productores de Finca 10
Comité de lucha por la Tierra de Finca Changuina
Cootraosa
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores
Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
Comité de Lucha por la Tierra de Finca Venecia
SOJUPANO de Palmar de Osa
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
SERBUSUR de Finca Puntarenas
Asociación Voces Nuestras
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CiCDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Estudios Avanzados UCR (UCREA)
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Alaklä sulú täkili wömi, La fortaleza de la mujer maíz por siempre, Alto Chirripó
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Centro de Orientación Indígena de Sixaola
Asociación de Trabajadores Ngöbes de Sixaola, ATIGUSI
Consejo de Mayores Broran Térraba
Mujeres Mano de Tigre Orcuo Dbön de Térraba
Mujeres en Acción, Costa Rica
Lunayena Títeres
Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica
Comité Ejecutivo, Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), Costa Rica
Humanismo Secular de Costa Rica
Colectivo de Geografía Crítica 24 de abril
Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR
Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica
Movimiento Cultura Viva Comunitaria Costa Rica
Hablemos de Derechos Humanos
Colectiva Caminando
Colectiva Radio Andante
CEFEMINA
Radio Machete
La Cadejos, Comunicación Feminista
Frente de Resistencia Animal y de Tierra, FRAT
Asociación de Estudiantes de Antropología Social y Arqueología, UCR
TardeArte Revista Cultural
Red del Buen Vivir Región Brunca
Asambleas Patrióticas Populares
Movimiento Alternativas de Izquierda (MAIZ)
Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 1 835 921
Ana Elena Obando, cédula 1 651 024
Mariel Rojas Gómez, cédula 1 1051 0809
Guadalupe Urbina Juárez, cédula 5 0183 0490
Natalia Silva Maffio, cédula 4 0192 0714
Carol Moreira Campos, cédula 1 1178 0654
María Elena Moreira Campos, cédula 1 0525 0022
Adriana Sánchez Sánchez, cédula 1 1040 0980
Marisela Navarro Brenes, cédula 1 1163 0622
Geoffrey González Jiménez, cédula 401660158
Judith Navarro Brenes, cédula 3 0200 1324
Evelia Navarro Brenes, cédula 3 0144 701
Karol Montero Rony, cédula 1 1108 0959
Nery Chaves García, cédula 1 1482 062
Paula Pinto, 1 2490000-0327 Francia
Jaime Arturo Rojas Brenes, cédula 4 0162 0345
Jackeline Corrales Mora, cédula 1 1096 0142
Osvaldo Muñoz Fores, cédula 1 1698 0742
Soledad Díaz Pasten, cédula 1 15200 006105
Juan Carlos Gutiérrez Camacho, cédula 1 724001 39828
Reiner Retana Solano, cédula 1 1086 0040,
Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1 06460922
Larraitz Lexartza Arza, cédula 8 0124 0792
Olman Bolaños Vargas, cédula 2 0420 0917
Lorna Mariana Li Gutiérrez, cédula 1 1594 0566
Jorge Segura Ramirez, cédula 1 0464 0390
Pamela Campos Chavarría, cedula 1 1345 0315
Ricardo Araya Rojas, cédula 1 0529 0917
Luis A Monge Arrieta, cédula 1 0618 0825
María Pérez Porras, cedula 1 0457 0132
Juan Francisco Valerio Delgado, cédula 4 0184 0769
Vianey Mora Vega, Cédula 1 1 448 0728
Dayana Ureña Solís, cédula 2 0590 0549
Ana Lorena Camacho De la O, cédula 4 0137 0280
Ronny Valverde Chinchilla, cédula 1 0914 0538

Notas:

[1]De esta forma, el Tribunal acogió una medida cautelar solicitada por Hacienda La China R y L S.A -propiedad de Ángel Marín Espinoza- en un proceso ordinario agrario que se conoce en el Juzgado Civil, de Trabajo y de Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).

[2] Ver: https://hic-al.org/2020/09/04/experto-de-la-onu-insta-a-prohibir-los-desalojos-durante-la-pandemia-de-covid-19 y https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26170&LangID=E

[3] Esto de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Comunidad de Jardines Dos de San Ramón continúa sin servicios básicos

Escrito en 05/11/2020. Publicado en Agua, Comunidad, Derechos, Salud.

Desde hace aproximadamente dos años, un grupo de familias ocuparon terrenos baldíos y construyeron sus viviendas en el lugar conocido como Jardines Dos, ubicado en Los Ángeles de San Ramón de Alajuela. Esta comunidad viene luchando desde hace varios años para obtener los servicios básicos para sus habitantes. Actualmente son más de 42 familias que con derechos de posesión habitan sus ranchos en condición de precario y sin servicios básicos. Dentro de este conglomerado humano existen personas adultas mayores y menores de edad, algunas de estas enfermas y todas con riesgo de enfermar ante la pandemia mundial.

En una comunicación de la Sala Constitucional recibida por SURCOS, se indica que ese alto organismo del Poder Judicial pidió al Ministerio de Salud la entrega de un informe sobre las medidas tomadas, para atender el riesgo en el que viven las personas y familias que habitan en Jardines Dos de San Ramón de Alajuela. En el documento de la Sala Constitucional se lee lo siguiente:

“… se ordena ampliar el presente amparo … en representación de la ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA JARDINES DOS, cédula jurídica 3-102-791145, a favor de los RESIDENTES DEL CASERÍO LOS JARDINES, a efecto que EL DIRECTOR DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SAN RAMÓN Y EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL OCCIDENTE, AMBOS DEL MINISTERIO DE SALUD, rindan informe a esta Sala sobre los hechos alegados por los tutelados”.

Miembros de la comunidad de Jardines Dos de San Ramón han acudido ante las oficinas del AyA de San Ramón para solicitar el servicio de agua potable, pero éste les ha sido negado en varias ocasiones, supuestamente porque no hay disponibilidad de agua potable, ni sistema de alcantarillado al frente de la propiedad, lo cual, según indican sus habitantes, no es cierto.

Ana Cecilia Araya, habitante de Jardines Dos, San Ramón Alajuela, informó a SURCOS en el pasado mes de octubre que después de 3 años sin agua les llegó apoyo con un camión cisterna, y que van a continuar con la lucha hasta que logren que les pongan 3 pajas de agua.

Por otra parte, Andrés Rodríguez, miembro del Comité de Lucha y Bienestar de dicha comunidad informó a SURCOS que en plena pandemia del COVID-19 tanto el AyA como el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Ramón nunca les han querido dar ningún beneficio, inclusive no se les brindó la ayuda solicitada por medio del Plan Proteger, así como también, denuncia que el AyA se ha excusado de no actuar a favor de esta comunidad por la falta de cañerías de agua potable ni alcantarillado sanitario; también utilizaron el argumento de que los habitantes de esta localidad no son dueños registrales de la propiedad. Ante esta situación, los perjudicados solicitaron al AyA llaves públicas para el acceso al agua potable, pero tampoco quisieron colaborarles con esta petición, “lo irónico del caso es que sí existe tubería desde la entrada del precario hasta el final del caserío”, manifestó Andrés Rodríguez en un audio enviado a SURCOS.

Ante la negativa de las autoridades por ayudar a esta comunidad, es que el Comité del precario gestionó ayuda a nivel central con los altos jerarcas: la señora ministra de Vivienda, Isabel Gómez; con el gerente general del AyA Manuel Salas y con el señor Orlando Barrantes de Bloque de Vivienda; quienes finalmente les ayudaron a conseguir unas 3 ó 4 llaves públicas para poder tener agua en el precario. De momento el señor Manuel Salas funcionario del acueducto, se comprometió a enviar a esta comunidad el camión cisterna los días lunes, martes y viernes de cada semana mientras les instalan las llaves públicas y se resuelve el tema de la posesión de la propiedad.

Puede leer más sobre la lucha de esta comunidad aquí.

Representantes de pueblos indígenas irán a audiencia este martes 3 en Asamblea Legislativa

Escrito en 03/11/2020. Publicado en Comunidad, Derechos.

La información que compartimos en el afiche siguiente fue enviada a SURCOS por Pablo Sibar.

Comunidad de Jardines Dos, San Ramón, continúan en la lucha por el agua

Escrito en 27/10/2020. Publicado en Agua, Derechos, Salud.

Desde hace aproximadamente dos años, un grupo de familias ocuparon terrenos baldíos y construyeron sus viviendas en el lugar conocido como Jardines Dos, ubicado en Los Ángeles de San Ramón de Alajuela. Actualmente son más de 42 familias que con derechos de posesión habitan sus ranchos en condición de precario y sin servicios básicos. Dentro de este conglomerado humano existen personas adultas mayores, personas menores de edad, algunas de estas enfermas y todas con riesgo de enfermar ante la pandemia mundial COVID-19.

Esta comunidad ha acudido ante las oficinas del AyA de San Ramón para solicitar el servicio de agua potable, pero este les ha sido negado, supuestamente porque no hay disponibilidad de agua potable, ni sistema de alcantarillado al frente de la propiedad.

Ana Cecilia Araya, habitante de Jardines Dos, San Ramón Alajuela, informó a SURCOS que después de 3 años sin agua finalmente les llegó apoyo con un camión cisterna, y que van a continuar con la lucha hasta que logren que les pongan 3 pajas de agua.

La lucha continúa…

Escrito en 22/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La lucha social, de las movilizaciones de ciudadanos, de bloqueos de carreteras, en el interior del país especialmente, y en las arterias principales de circulación vehicular, no es casual. Es el resultado de una escuela de lucha social que se ha dado desde hace muchos años.

Las luchas y huelgas sindicales, de distintos sectores laborales, y estudiantiles, como las de las comunidades, cuando estas reaccionan de esa manera, como las de los sectores campesinos, son el resultado en primer lugar de organizaciones existentes que las dirigen, las organizan y preparan en todos sus alcances, o a la convocatoria de personalidades reconocidas. Raras veces responden a movilizaciones espontáneas de las gentes.

La importancia de los sindicatos para los trabajadores de las empresas privadas e instituciones públicas, es que por medio de ellos se pueden realizar luchas concretas, desde las negociaciones internas, entre sindicatos y patronos, sin que terminen en huelgas o paros, hasta los paros, las huelgas, sean declaradas legales o ilegales, y las negociaciones colectivas, o en el pasado los arreglos directos, que se realizaron como alternativa de negociación hasta que los Tribunales los impidieron.

La importancia conexa de los sindicatos es que son válvulas de escape, y de estabilidad laboral y empresarial, a la presión social existente de las mismas condiciones de trabajo, de la seguridad social y laboral, y a la estabilidad democrática nacional. Sin sindicatos las luchas sociales podrían ser más dramáticas. Los sindicatos son factores y actores activos de la democracia.

Estas luchas siempre han sido dirigidas con objetivos y metas precisas, posibles de alcanzar, destacando en ellas, aspectos principales y aspectos secundarios, sabiendo, por parte de los dirigentes, que en una mesa de negociaciones se pueden sacrificar unos aspectos para lograr otros, que son los más importantes. No se pueden realizar luchas de esta naturaleza con objetivos imposibles de lograr. En una huelga de hambre no se puede poner un objetivo imposible porque no se trata de que muera en la huelga de hambre quien se dispone a ejecutarla.

La tradición de huelgas y de luchas populares en Costa Rica se inició en el seno mismo de los sectores laborales, desde el siglo XIX, sin partidos políticos que los orientaran. Esas huelgas tuvieron grados de organización y preparación. Antes de que existieran los Sindicatos y las Ligas de Obreros, desarrolladas entre 1900 y 1902, ya existían esas formas de lucha, de huelgas y de paros, y de resistencia a los organismos policiales o militares, cuando había Ejército, con represión o sin ella, y con cárcel para dirigentes y manifestantes, y en ocasiones con muertos que los ha habido en Costa Rica.

Desde principios del siglo XX con la organización sindical se mejoraron esas formas de lucha. Se iban educando los trabajadores en su organización y en su lucha. Contribuyeron con ellos Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, entre otros intelectuales de la primera mitad del siglo XX.

En 1920, estamos en el centenario de esta fecha, desde finales de enero hasta diciembre, se realizaron una serie de movimientos huelguísticos que culminaron con el establecimiento de la Jornada de 8 horas de trabajo, para todo el país, jornada que se quiere eliminar actualmente.

Todo el movimiento sindical actual debería estar preparando actos relacionados con esta fecha, y hasta una gran manifestación, para el miércoles 9 de diciembre, en exaltación a esta conquista laboral, hoy amenazada por todos los costados.

A finales del siglo XIX el movimiento obrero y popular llegó a tener tres diputados, Félix Arcadio Montero, Faustino Montes de Oca, y Víctor Gölcher, en una época en que se consideraba que los diputados representantes de los trabajadores podían proponer y hacer leyes que mejoraran las condiciones laborales, y de vida, de los trabajadores, pensando, de esa manera también, que así superarían las injustas condiciones de un sistema económico y político de organización social.

Hasta la llegada del Partido Reformista, en 1923, volvieron los diputados representantes de los trabajadores, entre ellos, el líder sindical Julio Padilla. De ese período fue la obtención de la Ley de Accidentes de Trabajo, en 1925, ley que tenía 18 años de estarse peleando su aprobación en el Congreso.

Luego fue, a partir de 1934, con la existencia del Partido Comunista, 1931-1943, luego llamado Vanguardia Popular, a partir de 1943, que el movimiento sindical y las luchas de los trabajadores tuvieron una orientación política más clara.

Las luchas obreras y campesinas tuvieron una nueva dimensión con la presencia comunista organizándolas. A partir de la alianza de la Iglesia, el Partido Vanguardia Popular y el gobierno de Calderón Guardia, en 1943, la Iglesia impulsó su Central Sindical, la Rerum Novarum, que sobrevivió la Guerra Civil. Hacia 1958 se dividió dando origen a la central sindical socialdemócrata y originando sindicatos socialcristianos, junto a los de tradición comunista que se habían vuelto a organizar desde 1952, peleando, desde entonces, distintos grupos de trabajadores y a veces los mismos, como fueron en las Bananeras, las huelgas bananeras de la década de 1950-1960 expresión de ello.

Con los trabajadores estatales, especialmente en áreas estratégicas, muelles, ferrocarriles, electricidad, RECOPE y otras, los gobiernos, especialmente liberacionistas impulsaron la firma de convenciones colectivas de trabajo con sus sindicatos, para evitar la penetración de los sindicatos dirigidos por los comunistas.

El Partido Vanguardia Popular puso énfasis en las luchas agrarias, por la toma de tierras. Nunca esas luchas llegaron a paralizar el país, como lo hacen ahora los campesinos. Aquellas luchas fueron muy locales, intensas, dramáticas y altamente reprimidas. Solo en Guanacaste, entre 1930 y 1980 hubo más de 900 conflictos agrarios, y así eran otras provincias donde el problema de la tierra era explosivo. No casualmente Liberación Nacional impulsó el Instituto de Tierras y Colonización en la década de 1960.

A finales del siglo XX, Guido Vargas, quien llegó a ser diputado, en 1998, empezó a sobresalir como dirigente de los pequeños campesinos. El fue el que organizó, especialmente con UPANACIONAL, surgida en 1981, las grandes protestas campesinas que paralizaban el país en distintas partes del territorio, movilizando localmente a sus afiliados en las distintas provincias.

Esas enseñanzas fueron bien aprendidas y se siguen haciendo, como fue evidente en estas últimas protestas que ha habido, donde el país se ha paralizado, en carreteras, especialmente, por ese papel que juegan los micro, pequeños y medianos campesinos, casi imposibilitando que la Fuerza Pública pueda atender los distintos puntos de conflicto y de paralización de la circulación vehicular en carreteras.

En las luchas actuales, los cabecillas de Rescate Nacional rechazaron la presencia de Guido Vargas y hasta de “traidor” lo trataron, pero a él deben su capacidad organizativa y en cierta forma de lucha social.

El Partido Comunista, ni los otros partidos de la izquierda nacional, pudieron hacer este tipo de luchas en el sector campesino. Con obreros agrícolas, y de la caña, fueron muy exitosos, en Juan Viñas, en Coopevictoria o en CATSA.

En el momento actual, en los bloqueos de calles, siguen presentes estos sectores sociales y de trabajadores.

Los sindicatos se quedaron al margen o a la cola, hasta estos últimos días en que han empezado a movilizarse, con consignas muy débiles, cuando podrían estar haciendo énfasis en las luchas principales contra lo que se está aprobando en la Asamblea Legislativa, debilitando más los beneficios laborales que gozan todos los trabajadores del país, especialmente del sector público.

En la lucha urbana, sea por manifestaciones estudiantiles o convocadas por sindicatos, se bloquean las calles por donde transitan las movilizaciones, pero eso no ha alcanzado para paralizar simultáneamente distintas partes del país y por varios días. Solo durante la lucha del Combo del ICE, en el 2000, y del TLC, en el 2006 y 2007, se vieron situaciones similares.

La suspensión de estas actividades, en las luchas recientes, sobrevino de su necesidad. Se había llegado a un tope. La salida de UCCAEP con el cabecilla principal de Rescate Nacional fue la válvula de escape que facilitó la suspensión de actividades junto con las tareas que había impulsado la Fuerza Pública, y las acusaciones ante los Tribunales que se estaban encauzando.

La mezcla de intereses, que se reunieron desde sectores empresariales, y de tipo popular, movilizados por el mismo paraguas, y quizá las mismas fuentes de financiamiento, en contra de los impuestos que se querían aprobar en la Asamblea Legislativa, no se habían dado antes en el país. De allí ese amorío público evidenciado por disputar la paternidad y la maternidad de haber suspendido los bloqueos. Si de eso se trata, allí estaban el padre y la madre de esa criatura, de la suspensión de los bloqueos, que gozaban de cierta simpatía popular pasiva, pero que ya era asfixiante, para la ciudadanía como para los distintos tipos de empresarios, productores y comerciantes.

Estas luchas, las actuales, no tuvieron ninguna presencia importante o significativa de ningún partido político, ni de partidos de izquierda, que son casi inexistentes en el país. Lo más que hicieron algunos de ellos fue declarar su simpatía con la lucha, como tal, e invitar a participar en las marchas, pero en la cola de la criatura.

Carecieron estas luchas de los elementos organizativos de las marchas, para evitar o controlar hasta donde se puede a provocadores e infiltrados, interesados en desprestigiar las protestas, como de los organismos represivos y de seguridad nacional.

Estas luchas no tuvieron palancas parlamentarias que hubieran podido influir para una mejor canalización de las luchas y de las marchas. Estando el Proyecto de Ley, de aprobación del préstamo del FMI, en la Asamblea Legislativa, se movilizaban a la Casa Presidencial, más con fines políticos, y preelectorales 2022.

El corolario de estas luchas se dio con el enfrentamiento de los pescadores artesanales de camarón, esta semana, que se movilizaban contra el proyecto de ley que autorizaría la pesca de arrastre, y los empleados, o personas pagadas por las empresas que promueven la pesca de arrastre, aprovechando la pobreza de Puntarenas, el desempleo local y las necesidades económicas.

Las mafias organizadas alrededor de este negocio de la pesca de arrastre enfrentaron a ciudadanos pobres con pescadores pobres… Qué triste, pero así son a veces algunas luchas, donde los grandes intereses, y grupos mafiosos, ponen a pelear a sectores laborales, trabajadores y pobres entre sí… por supuesto, a veces también con la complicidad, y quizá con buen pago, de algunos de sus dirigentes…

La lucha continúa, es lo que se sigue afirmando.

Con estas hordas salvajes no se dialoga

Escrito en 17/10/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Si en algo coinciden las gentes de la derecha difusa y las de la institucionalizada de las cámaras patronales, en los grandes medios de comunicación o en los poderes públicos, los progres del PAC con su agenda del “marxismo cultural” y las de la izquierda de los medios académicos y parlamentarios, con su recetario de respuestas preestablecidas y con sus garras ya bien limadas de toda sospecha subversiva, es en el profundo desprecio que sienten hacia los sectores populares que no pudieron sentarse al banquete de los poderosos de la Costa Rica de la dictadura neoliberal en democracia. Es de ahí, y no de otra parte, que proviene la inmensa oleada de ira desatada que sienten y expresan, unos y otros, contra José A Jenkins de la UCCAEP y Célimo Guido del Movimiento Rescate Nacional por el simple haberle devuelto su significado real al vocablo “diálogo”, ese sólo hecho significa para esta constelación de gentes, que estos dos transgresores han puesto el mundo al revés. La palabra diálogo para todos ellos es monólogo entre pares más o menos afines no con quienes antagonizan al statu quo.

Sucede así, que para todas estas gentes “de parte aseada”, como decía mi recordada madre, estos campesinos que se salieron del esquema de lo “políticamente correcto”, con un discurso “inapropiado” y estridente para sus delicados oídos, los que protestan en las calles son menos que seres humanos, a lo sumo son humanoides a quienes las fuerzas de seguridad del Estado volverán a hacer entrar en razón, con una buena dosis de garrote y gases lacrimógenos (después de todo, la letra con sangre entra). La consigna es: ningún diálogo con esa gente, ¿qué se han creído las gentes de esa horda de salvajes que salieron a las calles de Cañas, Ciudad Neilly, Limón o Puntarenas?

Con estos salvajes que hacen peligrar hasta los cimientos de la civilización no se dialogará ni antes ni después de sus acciones “vandálicas” y descabelladas, eso es algo que tienen muy diáfano y estructurado en sus cabezas desde el presidente de la república hasta el “marxista oficial”, por lo general encargado de vigilar la corrección política de su secta o segmento partidario.

Para terminar estas divagaciones en voz alta, no sabría cómo evitar el referirme al comportamiento de las clases medias de la capital boliviana, cuando le dieron un golpe de estado al presidente Evo Morales, hace ya un año. Todas estas gentes lo que tenían en común era su odio racial contra los quechuas y aymaras, que se habían empoderado de su condición humana, pululando por las calles de esa ciudad, la más importante de ese país. Así, se lanzaron a las calles desde gentes conservadoras que dijeron que no habría más despliegue de la whipala la multicolor bandera de los pueblos originarios de las tierras altas de Bolivia, ni más culto a la pachamama hasta universitarios perfumados que se decían marxistas trotskistizantes o estalinistas de nuevo cuño, todos coincidían en algo: ya no se soporta este olor a indio en esta ciudad, tenemos que ponerle fin a tanto atrevimiento. ¿Coincidencias con lo que pasa en nuestro país acaso?

Etiqueta: lucha social

Vladimir de la Cruz

Configuración de privacidad

Funcional

Preferencias