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Etiqueta: lucha social

Sindicato de Hacienda llama atención al ministro sobre lenguaje y conocimientos

SURCOS recibió copia de este mensaje enviado por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional al ministro Elián Villegas Valverde:

Señor Ministro de Hacienda:

En SITRAHSAN comprendemos su posible temor, en virtud de la eventual caída por indicadores otorgados por las calificadoras, originado quizás por la actuación de su persona en tan importante MEGA Ministerio.

Es claro que; la escaza formación para asumir la rectoría de un Ministerio cuya actuación tiene implicación directa en la política económica, fiscal, y tributaria de esta gran Nación, además de la “pandemia”, generen los indicadores negativos.

Consideramos: que por ello le queda como “anillo al dedo”, hacer eco y atacar con el mismo lenguaje de los grandes consorcios empresariales de este país a los funcionarios públicos. Pero ignora; como jerarca de alto nivel, el conocimiento fáctico de las actuaciones que este Ministerio desarrolla y que es muy distinto a los años en los que disfrutó del confort en el INS.

Rezaba un estribillo de un gran jurista y litigante privado, para contender consideraciones de tipo legal, con la realidad y evolución del Derecho mismo: “mucho abogado de larga data, deja de estudiar y se convierte en un funcionario técnico” para justificar la diferencia entre el estudio cotidiano, en el ejercicio del Derecho, en el campo privado, versus la tranquilidad o confort que brinda a mucho profesional en Derecho desempeñarse en el Servicio Público; no obstante, esta premisa no es de aplicación generalizada, en virtud de que dichosamente tenemos muchos profesionales que día a día se están actualizando en diversidad de áreas y materias, y con ello poder ejercitar su profesión con la diligencia , probidad y decoro que el tiempo requiere.

Lamentamos, ese bache profesional que su persona soporta, ya que la interpretación de los números y el desconocimiento del manejo cotidiano de la Hacienda Pública, lo exponen como muy vulnerable y sujeto de riesgo, arrastrando a todo ciudadano costarricense. Esperaríamos equivocarnos, pero el nivel de riesgo que nos imponen las calificadoras internacionales, en mucho; está vinculado con la cabeza de este Ministerio.

Tener el conocimiento y la capacidad técnica y profesional nos hace fuertes, lo contrario nos debilita, y debemos tener esa madurez para aceptar nuestras debilidades.

El ataque a los funcionarios públicos no se vale, satanizar nuestra función, no se vale, eso es simple; porque no superamos un riesgo del 2,5% en materia de control fiscal, debido a la complacencia de los políticos de turno, que no nos blindan con normas fiscales fuertes, claras, precisas o concretas, que puedan brindarle una señal al contrabandista, evasor o elusor, o quién jinetea o roba los impuestos, de que lo meteremos a la cárcel si lesiona con su actuar el Estado que los abriga y que los hace acreedores de mucha riqueza, y muchos de los que “lloran” es porque tienen tanto dinero, que contribuir con el ESTADO no es de su interés.

Sr. Ministro, en finanzas hay razones financieras, que podrían construirse o bien vincularse, de tal manera que si observa el componente del impuesto de renta sobre el salario, observará que un empleado público, puede contribuir más en una quincena, que lo que grandes empresas contribuyeron en un año. Le invitamos a repasar las cifras.

Señor Ministro, debemos hacerle ver, que su desconocimiento integral de la materia en Ciencias Económicas lo debilita, y hace quizás, dependiente del buen consejo de nuestros compañeros de carrera, por lo que deberá seguirlos al “pie de la letra” de lo contrario va a quebrar al ESTADO mismo, y usted esperamos, vino a fortalecerlo no a debilitarlo.

Sr. Ministro, obsérvese la cuantía en mora tributaria, sólo en Aduanas alcanzó la nada despreciable suma de más de 76 mil millones, es decir, lo que pagó el INS a Hacienda, curioso pero cierto, medido, dejamos de cobrarle al importador, y se lo sacamos al INS, al fin y al cabo, hay recursos, protegemos la empresa privada, y que sea el ESTADO el que asuma el costo.

Sr Ministro, el costo social de un pequeño incremento salarial de 7,500 colones por funcionario, en nada socaban las finanzas del ESTADO, si hemos observado la cantidad de millones en “la trocha”, o en la deuda política, porque de este componente, no se toca un cinco, será que quieren tener con bien a los “Diputados”.

Sr. Ministro, esperaríamos que el bache fiscal, que se llevó consigo con daño colateral, dos excelentes funcionarios de carrera, no se repita. En nuestro caso, estaremos vigilantes y accionaremos ante el Ministerio Público de ser necesario, señalando a quién realmente pueda sufrir la persecución penal.

Sr. Ministro, tiene sobre sus espaldas una grandísima tarea, por no decir “camisa”, la que esperaríamos, desarrolle de manera adecuada, sin requerir el consejo sólo el sector que ha resultado privilegiado y blindado en esta pandemia, nos referimos al sector empresarial.

Sr. Ministro, busque los errores legales, que mantienen la división del Estado mismo y todas, aquel capital que está disperso, faltando al principio constitucional de “caja única”.

Sr. Ministro, desearíamos señalarle tanto, y lamentamos, que venga a “hacer escuela” con el manejo de la Hacienda Pública, como muchos otros actores antes lo hicieron, y que de manera irresponsable simplemente visualizan incremento tarifario o recorte del gasto social, donde la historia nos ha demostrado que “el frío no está en las cobijas” y nos endosan el error de su actuar, son muy diestros y complacientes, en materia de amnistías y casi “cero” control fiscal, para que la fiesta siga.

Sr. Ministro, le invitamos a considerar empoderar al consumidor final, para reactivar la economía en un corto plazo, recomiende se libere los “cinquillos del ROP”, que pertenecen a los trabajadores, el FCL también, porque la pandemia muchas veces, no es sólo en materia de salud, la pandemia también en materia de finanzas a las que nos han expuesto desde muchos años, y la peor pandemia, consideración subjetiva, es la pandemia en conocimiento.

Los Empleados Públicos, no tenemos la culpa de la impericia y desconocimiento de nuestros jerarcas, pero sufrimos las consecuencias, porque somos los primeros en poner nuestro sacrificio.

Mujeres en Acción propone justicia fiscal para enfrentar la crisis

MUJERES EN ACCIÓN PROPONE:
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ÚNICA A GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y GRANDES EMPRESAS TERRITORIALES: JUSTICIA FISCAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS

¿Quiénes somos?

MUJERES EN ACCIÓN (MeA) es una articulación feminista que surge a la vida pública en el año 2018 para defender los derechos conquistados hasta entonces por las mujeres costarricenses en su búsqueda de la igualdad real frente a las amenazas conservadoras que emergieron en la campaña electoral presidencial de ese año. Desde entonces MeA ha continuado activa no solo en la defensa y promoción continua de los derechos humanos de las mujeres, sino también en el debate sobre las políticas públicas y el devenir de la sociedad costarricense en su conjunto que apreciamos en disputa permanente frente a la agenda neoliberal.

La tendencia decreciente de la economía -profundizada por la suspensión obligada de muchas actividades económicas – y la condición de desigualdad social preexistente en el país antes de la crisis sanitaria – amenazan con profundizar la pobreza de las mujeres y de la población en general y el desfinanciamiento del Estado, incluyendo los programas sociales.

Frente a ello es urgente una gobernanza fiscal que ejerza derechos y obligaciones bajo un contexto de justicia fiscal. Hasta ahora las respuestas brindadas tienden a recargar el costo de la crisis económica en la población contribuyente, principalmente trabajadora, y en el redireccionamiento de los presupuestos de las instituciones públicas. Estos recursos no solo son insuficientes sino que se agotan rápidamente frente a una crisis que se avizora larga, además de que también ponen en números rojos la continuidad de programas de desarrollo nacional de corto y mediano plazo. El ejemplo más concreto es la pretensión de utilizar los fondos de FONATEL, destinados a la reducción de la brecha tecnológica y de comunicación, para fines diferentes sin que a la vez se identifiquen recursos de recapitalización.

Como se ha dicho, la atención urgente de la crisis sanitaria ha implicado, a la fecha, un peso adicional sobre los presupuestos institucionales – principalmente los que brindan servicios de atención directa a la población. El caso más emblemático es el de la CCSS obligada a redireccionar recursos originalmente destinado a otros fines de desarrollo institucional y de la salud pública para responder a los requerimientos específicos de la pandemia. A esto se agrega la reducción de los ingresos de la CCSS en materia de cobro de las cuotas obreros patronales debido al aumento del desempleo y la reducción temporal de la contribución de patronos y trabajadorxs. Al igual que ésta, muchas de las medidas de atención de la crisis económica generada por la pandemia han volcado la balanza a favor de uno solo de los sectores sociales, la empresa privada, descuidando a la gran mayoría de los y las ciudadanos para los cuales solo hay respuestas asistencialistas e insuficientes.

En igual situación se encuentran otras instituciones, principalmente del sector social, cuyos presupuestos han sido drenados para tratar de atender y paliar parcialmente el impacto social y económico de la crisis sanitaria. En esta situación se encuentran programas tales como comedores escolares, CEN-CINAI, IMAS, INAMU, FODESAF, entre otros, con el agravante de que la fuente tradicional de ingresos de muchos de estos programas de asistencia social se ha visto afectada asimismo por el debilitamiento de la actividad económica nacional.

Esta visión cortoplacista le puede pasar al país una factura mucho más alta que la generada por el gasto específico de la atención sanitaria, compromete el desarrollo del país y nos puede hacer retroceder varias décadas de conquistas sociales. No podemos permitir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis social y económica de grandes dimensiones.

El comportamiento de la pandemia en otros países indica que hay que prever varios meses más de mayor y menor confinamiento en el cual la actividad económica será probablemente fluctuante y la recuperación del empleo será lenta e incierta para muchos sectores como, por ejemplo, el turismo cuya recuperación es altamente dependiente de la afluencia de personas con capacidad de consumo. Por consiguiente, es de esperar que continúe y se profundice el impacto ya existente en importantes segmentos de la población en materia de ingresos y consecuente empobrecimiento, necesidades alimentarias y de habitación no satisfechas, además de privación de servicios como el cuido o la educación.

En este contexto la asistencia directa del Estado a través de sus programas sociales será más urgente que nunca para impedir que estos impactos se tornen permanentes e irreversibles. No obstante, como señalamos arriba, estos programas se encuentran seriamente desfinanciados y no existe alternativa planteada que busque su recapitalización, incluyendo las finanzas de la CCSS a pesar de la inyección vía préstamos de algunos recursos que son, sin embargo, insuficientes.

Al igual que nosotras, otras agrupaciones sociales y académicas han estado planteando y urgiendo al Gobierno y a la Asamblea Legislativa identificar fuentes de recursos que no recarguen la crisis sobre la ciudadanía. La conclusión unánime es que hay que buscar el dinero donde éste exista y volcar la mirada hacia aquellas personas y empresas cuyo patrimonio ha mantenido un ritmo de crecimiento constante permitiéndoles en los últimos años acumular riqueza. Algunas incluso han reportado rentas brutas y activos con un valor económico muy alto, sin reportar impuestos o pérdidas. Lo anterior según la radiografía del impuesto a las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda y el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las Grandes Empresas Territoriales del 2018.

Son muchos los países donde se están discutiendo y en algunos casos aprobado medidas para gravar la riqueza y avanzar hacia mayor justicia fiscal. La misma OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) – a la cual el país ha ingresado recientemente – ha adoptado fuertes medidas en materia fiscal y anticorrupción como la Convención multilateral para prevenir la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios y, en particular, el Instrumento Multilateral (MLI) que contiene disposiciones de carácter obligatorio (estándares mínimos) y otras de carácter opcional para evitar la evasión fiscal.

Costa Rica ya es parte de la OCDE y debería asumir estos estándares con pleno compromiso.

Recuperamos aquí la acción desarrollada por el expresidente José Figueres Ferrer en el año 1948 cuando, ante un país devastado por una guerra, urge y exige que todas las personas

habitantes del territorio nacional aportaran de su propio peculio para poder sacar adelante al país.

En Costa Rica están identificados los sectores que tienen mayor riqueza, los que históricamente han reflejado una generación de grandes rentas y que no están aportando en forma proporcional al fisco.

Según la radiografía de las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda, del total de actividades lucrativas de personas físicas y personerías jurídicas (451 783 inscritas) un 55% solo declara, es decir, no contribuye en impuestos.

Entre las personas físicas (322 837), el 65,5% solo declara. De este grupo, un total de 117 641 reportan actividad lucrativa activa y “… 821 declarantes reflejaron una renta neta igual a cero que significa un 9,3% de ese total, cuyos ingresos brutos fueron superiores a los ¢10.000.000”. (Ministerio de Hacienda (2019, pág. 40)

La situación es aún más grave cuando se analiza la contribución de las personerías jurídicas. Un total de 128 946 personerías jurídicas están inscritas y el 40,6% del total de personerías solo declaran y no aportan al fisco. De este grupo, (52 262), un 3,3% (lo que representa 873 personerías jurídicas) declaran cero utilidades netas.

El Ministerio de Hacienda, obligado por un recurso de amparo, publicó en el año 2019 la lista de las empresas que declararon cero utilidades. La lista es de 194 personerías jurídicas, de ellas hay 115 empresas que son Grandes Contribuyentes Nacionales (según clasificación de la Dirección General de Tributación)..

En la Gaceta N.º 63 del jueves 12 de abril del 2018 la Dirección General de Tributación informa sobre las características de las empresas que son Grandes Contribuyentes y las Grandes Empresas Territoriales (GETES). Ambas tienen montos elevados de activos así como de renta bruta en colones, tal como se aprecia a continuación (en colones):

La Contraloría General de la República señala en un informe de fiscalización del 2018 (DFOE-SAF-IF-00002-2018) que el 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016. Del total de declaraciones presentadas (3.949) por los contribuyentes denominados GETES, un 21% (824) presentaban pérdidas y un 6% (238) cero impuestos. Es decir, un 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016, según este reporte. En estos dos últimos casos los ingresos brutos percibidos en el periodo de estudio, alcanzaron los 8.149.998 millones de colones y los activos totales alcanzaron los 15.580.099 millones de colones.

Estas pérdidas o cero utilidades se producen en la forma como se presentan los gastos. Según el informe supracitado, “Los contribuyentes pueden declarar gastos que no están siendo realmente en los que incurren y así disminuir su base imponible. Además, dificulta el análisis de inteligencia o riesgo fiscal e incide en los procesos de fiscalización, porque no hay certeza de la calidad de la información que contienen los formularios de declaración que se almacenan en las bases de datos tributarias”.

Las Grandes Empresas Territoriales (GETES) aportan un 4,6% del total recaudado por el Gobierno. En el 2016 eran 519 empresas cuyos activos totales eran de 5,2 billones de colones con una renta bruta de 4 billones de colones, según el informe señalado. Es decir: todas estas empresas han logrado alcanzar una capacidad de activos y generación de renta bruta significativa que ha sido posible por las condiciones económicas, políticas y sociales que este país les ha facilitado. Por tanto, la renta BRUTA debería aportar a la recaudación fiscal y no solo por solidaridad en esta coyuntura sino como aporte a la inversión pública que este país por medio del Estado realiza en infraestructura y servicios.

En este sentido, una política fiscal justa, equitativa y solidaria por parte de las Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales sería contribuir solidariamente para atender la actual situación de crisis.

NUESTRA PROPUESTA A LA CIUDADANÍA, AL SEÑOR PRESIDENTE Y A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS

  1. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que clasifican como Grandes Contribuyentes Nacionales (excluyendo “Holdings”) y de las Grandes Empresas Territoriales.
  2. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre las utilidades netas registrados en los últimos tres años de las personas físicas de la última categoría de recaudación de la Dirección de Tributación Directa, esto es: aquellas que reportan una utilidad o renta neta mayor a 20 millones de colones.
  3. Suspender durante el período de pandemia la aplicación de la Regla Fiscal con el fin de que las instituciones públicas se aboquen a la atención de ésta.
  4. Apoyar la propuesta del Expresidente José María Figueres para trasladar fondos del Banco Central colocados en el exterior e invertirlos en Bonos del Estado para financiar programas de atención de emergencia a la población afectada por las consecuencias de la pandemia.
  5. Crear una tasa equivalente de 3 colones por cada mil colones sobre todas las transacciones del sistema bancario nacional para capitalizar los programas sociales destinados a transferencias directas y servicios a la población, exceptuando los depósitos de planillas y pensiones hasta cierto límite de salario, pagos de tarjetas de crédito y retiros de cajeros automáticos. Todos las anteriores exclusiones señaladas por el señor Figueres a los cuales agregaríamos las transferencias sociales y depósitos de pensiones alimentarias.
  6. Acatar las disposiciones de la OCDE en materia tributaria – incluyendo lo señalado en el Instrumento Multilateral MLI, entre otros – específicamente las relacionadas con aumentar las tasas de tributos a quienes más riqueza, patrimonio e ingresos poseen. Construir una ruta para el cumplimiento de estas obligaciones en un plazo de 6 meses.

Los recursos obtenidos en las propuestas 1 y 3 se destinarán EXCLUSIVAMENTE para capitalizar programas de asistencia social, incluyendo los servicios de la CCSS, garantizando la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos.

Informe legislativo del FEES y autonomía universitaria – hoy en Radio Universidad

El 27 de mayo se presentó el dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES).

El informe contempla una serie de recomendaciones que ponen en entredicho el concepto de universidad pública y el modelo de educación superior que tenemos.

Este miércoles vamos a estar analizando las propuestas de este informe y sus implicaciones en la autonomía universitaria, con la participación de la doctora Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y de Ana Catalina Chavez Arias, presidenta de la FEUCR.

Será a las 5 de la tarde por los 96,7 fm de Radio Universidad.

Invitan: Escuela de Ciencias Políticas UCR y Kioscos Socioambientales

La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19

El grupo de trabajo de CLACSO Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano invita al foro virtual La geografía critica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid·19.

Es hoy miércoles 10 de junio a las 16 horas de Costa Rica.

Vía: Facebook Live
@pensamientogeocriticolalinoamericano

Puede ver el detalle de las personas participantes en el siguiente afiche:

Piden a ministra de Trabajo protección para sindicalistas de APM y Rada Maersk

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum solicitó a la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte Romero, que se active la protección para la dirigenvia del recién constituido Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA).

Una nota firmada por el secretario general de la CTRN, Mario Rojas Vílchez, señala:

“El pasado 7 de junio de 2020, se constituyó el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), que lo conforman trabajadores de AMP Terminals y Rada Maersk, entre otras empresas”.

“El sindicato, desde su Asamblea Constitutiva tomó la decisión de afiliarse a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), por lo que desde ya solicitamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizar su inmediata inscripción y a su vez autorizarles a sus constituyentes el fuero de protección sindical establecido en la legislación nacional y los convenios 87 y 98 de la OIT”.

El secretario general del Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), Leslie Azofeifa Quintana, explica en este video la situación que viven en su lucha por asegurar sus derechos laborales:

 

Experta de la ONU: “Impunidad impide protección efectiva de las personas defensoras indígenas”

GINEBRA (8 de junio de 2020) Una experta de la ONU expresó hoy su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte”.

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano.

Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.

 

Compartido con SURCOS por Gustavo Cabrera y por Henry Picado.

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Se constituyó el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines

Maikol Hernández Arias

Este domingo 7 de junio, trabajadores de la TCM – APM Terminals y Rada Maersk, en Limón, Costa Rica, tomaron la valiente e histórica decisión de conformar el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA).

Este movimiento de trabajadores nace en un ambiente de represión sindical. Solamente un día antes de la asamblea los trabajadores denuncian que la empresa APM Terminals al enterarse del proceso que impulsaban algunos trabajadores ejecutó el despido de varios de ellos, incluido el secretario general electo.

El SCITA es el primer y único sindicato en Costa Rica que define su accionar en la industria del transporte aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario, integrando todos los eslabones de la cadena de valor.

Muy motivado de haber sido parte de la conformación de esta nueva organización, que nace naturalmente desde los trabajadores.

Los mayores deseos de éxito para estos trabajadores, amigos y vecinos. Grandes retos están por delante.

Es importante mencionar que el acto de asamblea constitutiva se llevó a cabo tomando las medidas de prevención ante el COVID-19, como lo son el distanciamiento social, el uso de tapa bocas y la desinfección de manos.

En este video puede escuchar la explicación del secretario general del nuevo Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines, Leslie Azofeifa Quintana.

Notificación al Ministerio de Trabajo en relación con la constitución del Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines.

“Selma”

-desfilar contra el racismo en Alabama-

Aquí y ahora, la pantalla es el maestro
que descubre la historia y subraya sus lecciones

Gabriel González-Vega
Académico jubilado de Humanidades, UNA*

El esmerado docudrama tradicional de Ava du Vernay expone, con prudencia y vigor balanceados, el racismo, su horror y su mentira, a partir de una cita crucial en la historia. El pueblo de Selma, en Alabama, todavía bastión confederado un siglo después de la guerra civil de 1861/65, fue escenario idóneo para revelar, concentrado, el abuso cotidiano de una cultura donde el miedo, la ignorancia y la maldad son facetas de una misma necrofilia. Mientras que en Viet Nam el gobierno estadounidense está en guerra por intereses disfrazados de libertad, ésta se le niega a sus ciudadanos que cambiaron esclavitud por segregación.

Ava du Vernay fue la primera mujer afrodescendiente en ganar el Festival de Sundance (en 2 012, con “Middle of Nowhere”, que nunca llegó a Costa Rica, creo). Y la primera en ser nominada al Globo de Oro y con su filme al Óscar con “Selma”. Lo que de nuevo logró, en la categoría documental, con “13th”. Sin embargo, la militancia contra el racismo de los artistas de “Selma” provocó el repudio de los conservadores blancos en Hollywood, que se aseguraron de que no ganase la estatuilla. Aunque sí se llevó el Óscar y el Globo de Oro la Mejor canción original, Glory (John Stephens y Lonnie Rashid Lynn Jr.). También fue muy premiado su filme “When They See Us”, sobre las condenas injustas, finalmente revertidas, de cinco jóvenes afrodescendientes, acusados de haber asaltado a una trotadora blanca en el Central Park de Nueva York. Un caso semejante al que recién se hizo viral (Cooper vs. Cooper) de otra falsa acusación racista de una mujer blanca a un hombre negro (miembro de Audubon) que observaba aves en el mismo parque y que le pidió amablemente a ella llevar su perro con correa, como está estipulado.

Con actuaciones impecables, que incluyen a los célebres Cuba Gooding Jr. y Oprah Winfrey, la fotografía, que quizá falla en aspectos técnicos, está a tono con los ambientes sombríos –hay un inicio poético delirante que marca el terreno de la injusticia- y un acertado cambio de tono. La música delinea el valioso acervo cristiano que alienta a las víctimas (oportuno ahora que tanta iglesia predica discriminación y que la cabeza más visible de la discriminación, Donald Trump, usa la Biblia para predicar odio). El sobrio relato no usa trucos ni privilegia giros sorpresivos sobre la potencia de los hechos. Mas si pasa de la intimidad familiar a la visión de masas decididas a enfrentar 400 años de abusos.

Es un filme de carretera (road movie), literalmente. No con la usual pareja dispareja del cine estadounidense, sino con manifestaciones donde el valor se hace uno en jóvenes y viejos, hombres y mujeres.  Martin Luther King (el excelente actor británico David Oyelowo), recién galardonado con el Nobel de la Paz, en ese momento lidera, entre dudas y angustias, presiones y golpizas, una marea incontenible de rostros que combaten con el sacrificio de sus propios cuerpos, con la entrega de sus vidas en primera fila, lacerados siempre por coros de miradas despectivas. Porque la protesta pacífica desafía el (des)orden establecido y obliga a las autoridades corruptas y sus secuaces a una barbarie que hiere la conciencia pública mediante el testimonio decisivo de la prensa. En nuestros días, la prensa decente se refuerza con los transeúntes que recogen en sus teléfonos celulares tanto la brutalidad como la mentira sistemática de la policía estadounidense.

Sin desmerecer el protagonismo reticente del admirado pastor de Atlanta, no enfatiza su biografía ni lo despoja de su contradictoria humanidad. Lo ubica –y sagazmente al líder revolucionario Malcolm X también-, como el hombre sabio que supo bregar tanto en los pasillos traicioneros de la política como en las calles cubiertas de matones, uniformados o no. Un hombre indispensable, al decir de nuestro José Martí (de paso, sugiero disfrutar de su maravillosa biografía “El ojo del canario”, de mi amigo cubano Fernando Pérez), que no es un súper héroe sino uno de nosotros que supo levantarse a la altura de las circunstancias y logró cambios sustanciales con su breve y decisivo paso por el planeta; que como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, llevó dignidad a toda la especie.

Como educadores para la libertad (si algo he sido toda una vida es educador y si en algo creo es en la educación), debemos revertir el despojo sistemático de la curiosidad, la admiración y la creatividad naturales que perpetra la domesticación vigente. También, hay que combatir la pobreza espiritual de la comunicación masiva, que transformó el héroe y el santo del pasado, modelos ejemplares, en las celebridades de hoy en día, cuerpos/mercancía adorados en el frenesí del consumo adictivo; y peor aún, más recientemente, a brutales matones ignorantes y totalitarios en ídolos adorados por legiones de siervos.

Necesitamos reconocernos en esas manifestaciones históricas y no en falsos personajes de historietas maniqueas. Es urgente comprender este mundo arrasado por la especie feroz que somos, como lo retrata de forma sublime el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado (“La sal de la tierra”, de Wim Wenders) y comprometernos con la regeneración de vida que ese mismo filme anima.

“Selma” es un encuentro humanista con la educación que necesitamos. El arte, así como “Selma”, es indispensable. Nos brinda el conocimiento necesario para impulsar los cambios que anhelamos. Un mundo sin racismo, xenofobia, homofobia ni machismo.

Avance oficial de “Selma” en español:
https://www.youtube.com/watch?v=1U2lX2aAoiA

*Basado en mi artículo originalmente publicado en Campus, UNA, en 2015.

 

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Los “Chicago Boys” en Costa Rica

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo                                                                

Los Chicago Boys se le denominó a un grupo de jóvenes economistas chilenos que asesoraron a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), formados en la Universidad de Chicago y discípulos de Milton Friedman, uno de los principales ideólogos de la escuela neoliberal, para quien “el mercado siempre acierta”[1].

            Pensábamos que era una generación “extinta” de los tiempos de aquella nefasta dictadura nazifascista, que heredó al pueblo chileno una macabra historia de vejaciones, torturas y ejecuciones masivas, así como uno de los fracasados experimentos neoliberales en América Latina, con su secuela de privatizaciones en educación, agua, pensiones[2]…En fin, un pueblo sacrificado al dios-mercado.

             Resulta que no. Hoy, una nueva generación deambula por nuestro país con el mismo recetario debajo del brazo. Algunos vienen a dictar “cátedra” a su terruño, con aires mesiánicos, después de haber hecho carrera en Institutos (Thinks Tanks) y Organismos Financieros Internacionales, al servicio de los grandes intereses económicos y geopolíticos de los “poderes fácticos” del capitalismo mundial.

            Vuelven a su retórica publicitaria de la “eficiencia” del Estado, cuyo único propósito es reducir salarios, precarizar a la clase media y privatizar las instituciones públicas que más han contribuido al bienestar social del pueblo. Es decir, propiciar un Estado menos solidario y democrático y más oligárquico y autoritario.

            En una reciente entrevista del periodista Randall Rivera, en el Programa Matices[3] de Radio Monumental, el señor Juan Carlos Hidalgo, ex-analista en el CATO Institute, Washington DC., plantea la opción de la venta de activos del Estado. Sí, las “joyas de la abuela” no se pueden festinar en cualquier subasta, pero al final hay que venderlas. Además, recoge la idea de la nueva supervisora de pensiones y exministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, de la creación de un sistema único de pensiones –“una reforma del carajo”, en sus palabras, a lo tico–.  Al ser interrogado sobre cómo garantizar una pensión con un monto mayor que el que ofrece la Caja, el entrevistado patina, y de seguido el periodista le pasa el volado: ahí están las pensiones complementarias. ¡Pues, claro!, de eso se trata: fortalecer el sistema privado de pensiones.

            Continuar utilizando la mampara de lo público para justificar el gran negocio de lo privado. Sí, servir en bandeja de plata los ahorros de los trabajadores para que el sector financiero siga cosechando clavos de oro, a cambio de dineros devaluados que se devuelven a cuenta gotas a los “beneficiarios”. Y seguir alimentando un aparato de administración financiera, incluida la Superintendencia de Pensiones con salarios y alquileres millonarios, para enriquecer al “pobre” sector financiero y a una clase política rentista.  

            Rosa Pavellini, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), hace dos comentarios al Informe de la OIT sobre reversión de la privatización de los sistemas de pensiones en Europa Oriental y América Latina. Por una parte, destaca que “revela con crudeza la hipocresía de la privatización de las pensiones, que básicamente institucionaliza el robo de los salarios de los trabajadores. Muestra la falta de moral de los neoliberales, que sabían exactamente lo que estaban haciendo”. Por otra parte, señala: “Este trabajo evidencia que cuando los trabajadores no participan en las decisiones, podemos estar seguros que su bienestar no será protegido”[4].

            Resulta inexplicable que mientras en 14 países de América Latina se están revertiendo los sistemas privados para volver a los públicos, según el informe citado, en nuestro país se busque fortalecerlos, y a espaldas de los trabajadores y sus organizaciones.

            Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo se explica la resonancia de la nueva generación de “Chicago boys”? Por supuesto, esa escuela neoliberal tiene sus discípulos en el país, quienes los apadrinan y promocionan con pleitesía. De esta manera, logran saltar de las instituciones y organismos internacionales, con gran facilidad, a los más altos puestos del gobierno y también de los partidos políticos –la acrobacia en política es un arte que se practica habitualmente con más maña que ingenio–. 

            Las andanzas de los “Chicagos boys” de hoy, promoviendo la privatización y el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, a cualquier precio, resultan bastante disparatadas, por decir lo menos. De Norte a Sur ese modelo privatizador hace aguas, y muestra su rostro inhumano de cara a las grandes pandemias sanitarias, sociales y ecológicas.

            Y es que en estos tiempos, las salidas antojadizas y las improvisaciones están a la orden del día. La inteligencia y hasta el sentido común ceden a las complicidades con los sectores del poder económico y a la ambición político-electoral cortoplacista.

            Entre esas improvisaciones y ocurrencias están los proyectos de ley sobre pensiones que promueven diputadas y diputados actuales, con los que pretenden hacer carrera política y promoverse como candidatos para las próximas elecciones. En palabras de Francisco Esquivel son “aberraciones que se hacen ley”[5]; la legislación más deslucida de la segunda república”, según Hernán Alvarado[6]. El primer proyecto aprobado 9796 (Ley Xiomara) está siendo impugnado por más de 400 recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad.

            Ante tanto desacierto y disparate, hay que apostar con seriedad por revitalizar el Estado Social de Derecho, sobre las sólidas bases éticas y afectivas de la solidaridad y la justicia económica y social. Propiciar nuevas formas de sociabilidad para una convivencia inclusiva y digna, es decir, donde se promuevan y respeten los derechos humanos y de la naturaleza. 

            Se dice que la solidaridad está en el ADN cultural de nuestro país. Efectivamente, somos un pueblo solidario. Hoy se muestra en la generosa entrega de los servidores públicos, para aportar a la contención del impacto de la pandemia del Covid19. Lamentablemente, es un concepto que se ha venido pervirtiendo por parte de gobiernos que se “solidarizan” con los que más tienen, ofreciéndoles generosas concesiones tributarias y no tocando ni un céntimo del gran capital, en medio de una situación de Emergencia Nacional. Mientras tanto, se exige solidaridad a los pensionados y trabajadores del sector público, duplicándoles los impuestos –que se presentan como “contribuciones solidarias” – y congelando el aumento de salarios por decreto.

            Para contrarrestar estas medidas antipopulares, se requiere, con urgencia, impulsar un adecuado sistema de justicia tributaria, que no ofrezca concesiones de privilegio a ningún sector, como se viene haciendo, al permitir las evasiones, elusiones y otorgar exoneraciones y amnistías a las grandes empresas nacionales e internacionales. Que los ricos paguen los impuestos y que a los pobres se les ofrezcan oportunidades para salir de la pobreza con dignidad.

            Así las cosas, no hay razón que justifique no aspirar a salarios y pensiones dignas. Es decir, volver a la política de salarios crecientes y apuntalar los regímenes públicos de pensiones, atendiendo a criterios de solidaridad, sostenibilidad y equidad.

            Para ello, se requiere reactivar la solidaridad y la justicia social. Sin esta reactivación no puede haber verdadera reactivación económica al servicio de la equidad y el bienestar social.

            El cuento actual de la “reactivación económica” –publicitado por los “vendedores de ungüento de serpiente económica” (Krugman)– es como el viejo cuento de que los Programas de Ajuste Estructural y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos iban a convertir en el “primer país desarrollado de América Latina” (Oscar Arias). Por favor, hay que ser más serios, no estamos para repetir los errores de ayer, sino para corregirlos.  

            Tenemos un gran reto por delante: recuperar el verdadero espíritu y significado de la solidaridad, para relanzar nuestro Estado Social de Derecho.

[1] https://www.efe.com/efe/america/economia/chicago-boys-los-economistas-que-hicieron-de-chile-un-bastion-neoliberal/20000011-4200772

https://surcosdigital.com/la-chilenizacion-de-costa-rica/

[2] Cfr. Informe de la OIT “La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”.

[3]https://www.monumental.co.cr/podcasts/matices-programa-del-02-de-junio-del-2020/

[4]  https://www.world-psi.org/es/estudio-de-la-oit-revela-quiebra-de-pensiones-por-privatizacion

[5] https://www.laplumacr.com/post/ley-9796-aberraciones-que-se-hacen-ley

[6] https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/

Foto con fines ilustrativos: CCSS

Hablemos de racismo en Costa Rica – conversatorio

El Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica invitan al conversatorio Hablemos de racismo en Costa Rica.

La actividad será este martes 9 de junio a las 6 de la tarde mediante el Facebook Live CIEP-UCR.

Los detalles se encuentran en el afiche.

Imagen tomada del documental El racismo y discriminación a los negros en Costa Rica – Ver la nota: https://wp.me/p6rfbZ-bxL