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Etiqueta: lucha social

Una democracia raquí-tica

Rosaura Chinchilla-Calderón Abogada y docente universitaria Rosaura.chinchilla@gmail.com

El sueño de la razón produce monstruos (Goya)

Costa Rica se encamina a vivir un aniversario más de la independencia de España y lo hará, muy probablemente, de la misma forma en que recibió la noticia: en un ambiente polarizado, dubitativo y a la espera de mágicos vientos que despejen los cargados nubarrones de un día que ya casi lleva doscientos años, pero que hoy, a diferencia de ayer, amenaza con la inminente furia de su vendaval.

            Polarización. La división no es, ya, entre monárquicos y separatistas; colonialistas y anticolonialistas o republicanos e imperialistas, sino entre “progres” y “ramashecos” o “PAC-lovers” y “FabriPLUSCianos”. Unos —insuflados con las oportunidades y hasta con los privilegios obtenidos gracias al Estado de Bienestar en la Gran Área Metropolitana— tildan, a quienes carecieron de ellas, de ignorantes-retrógrados; niegan la sola posibilidad de contextualizar, en coordenadas supra-individuales, los síntomas o comportamientos percibidos; defienden algunos derechos humanos liberales al tiempo que ridiculizan expresiones de fe y reniegan de los derechos económico-sociales…en fin, traicionan la esperanza y el mandato popular, acrecentando el descontento social. Otros (atrincherados en un dios-creado-a-su-medida) imponen su visión de mundo como la única posible, y le niegan dignidad a amplios segmentos de la población que no se ajusten a la moral que predican (y que no siempre practican). Unos y otros conducen, a este pequeño país, muchas veces a golpe de fake news, hacia el despeñadero.

Desigualdad. Pero el anterior es solo un signo epidérmico o superficial que, sin embargo, oculta la enfermedad terminal que internamente carcome nuestro tejido social: la desigualdad crece y se evidencia ya como desempleo abierto y miseria rampante; la institucionalidad democrática y republicana cae derruida tanto por la avidez como por la corrupción de quienes mueven y enredan los hilos, y pretenden desmantelar cualquier dique normativo que les impida obtener el mayor lucro, para el menor número, durante el mayor tiempo posible.

Debilidad institucional. Así, con procedimientos que han de permanecer fuera de foco, ocultos al escrutinio ciudadano, se hacen pactos, se nombran funcionarios que coopten las instituciones públicas y, desde ahí, cumplan con la consigna de eliminar las normas de protección claves en el diseño del Estado Republicano, Democrático y Social de Derecho de la Segunda República: un sistema de pesos y contrapesos; de división de funciones; de independencia de las instituciones contraloras; de procedimientos y garantías para el adecuado gobierno de la cosa pública; de respeto a la dignidad inmanente a todo ser humano y de protección a la educación, el medio-ambiente y la salud como claves del desarrollo. En ese contexto se legisla y hasta se juzga.

Modernidad. La promesa de la modernidad, del avance de la razón y del humanismo en el mundo, ciertamente explotó durante la II Guerra Mundial frente a la evidencia del Holocausto y la barbarie de la que, como seres humanos, somos capaces. Empero, paradójicamente, fue en los años 40 en donde, en este pequeño territorio, también nació la esperanza de que la solidaridad era posible: de que podíamos vivir sin ejército; nacionalizar la banca y las instituciones energéticas para que el bienestar de todos no dependiera del lucro de unos; universalizar los seguros sociales; extender la gratuidad y cobertura de la educación; confiar en la pureza del sufragio; en la formación y equidad de la judicatura; mantener la Naturaleza y apostar por una convivencia en armonía y tolerancia, respetando nuestra diversidad.

El sueño de la razón. Ese sueño, paulatinamente, se ha ido derrumbando. Parafraseando a Goya: se durmió la razón y nacen los monstruos. El fascismo campea por doquier reivindicando múltiples ropajes: nacionalismos, visiones mágicas y acientíficas del mundo, religiosidad individualista y egoísmos extremos y a Costa Rica la vacuna (formada por aquellos componentes) se le venció. Esta democracia del bicentenario es raquí-tica, de simples formas, por lo demás porosas y débiles, que se están rompiendo ante nuestros ojos. Si nos descuidamos, seremos testigos de su colapso definitivo.

Lucha cívica. Pese a todo “¿quién dijo que todo está perdido?” Todavía tenemos una educación gratuita y generalizada que, pese al modelo de negocios por el que unos apuestan, permite que el hijo del obrero y la hija de la indígena obtengan una profesión u oficio; podemos velar por nuestra salud sin empeñar el patrimonio de las futuras generaciones o vender órganos para ello; seguimos accediendo a las fuentes de agua, de energía y a la infraestructura de comunicaciones a módicos costos; aún tenemos variedad de ecosistemas; todavía hay fiscales, jueces y juezas probos; docentes con mística y personal de salud que responde al juramento hipocrático…aún hay quienes entienden que la dignidad humana, única e indivisible, impide escoger (algunos) derechos humanos (de unos) a conveniencia…en fin, aún hay personas que alimentan su espiritualidad o su ética en las fuentes del Amor, que es servicio, entrega e inclusión.

Porque aún queda “algo”, que es mucho, ¡no podemos seguir impasibles! ¡Interesémonos en el manejo de los asuntos públicos, que son los nuestros! ¡Exijamos procesos públicos, motivados y transparentes en la toma de las decisiones! ¡Usemos los recursos que el Derecho nos da para vigilar, impugnar y hasta sancionar a quienes se desvíen del fin común! ¡Ejerzamos nuestra responsabilidad de educarnos cívicamente, de elegir cuidadosamente, y de organizarnos! ¡Seamos solidarios y tolerantes! No sigamos atrincherados en nuestras cosmovisiones, que nos impiden visualizar la humanidad que hay en el otro. Trascendamos diferencias. Construyamos un proyecto común en que todas las personas quepamos. Sí, sé que no es solo voluntarismo…pero por algo se empieza.

“Hablo de cambiar esta nuestra casa (…) ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón…” (Fito Páez/Mercedes Sossa).

Alianza por una Vida Digna

Presentación

Vivimos tiempos difíciles en Costa Rica. Amplios sectores a lo largo y ancho del país muestran un malestar creciente y una insatisfacción con las propuestas que dominan las agendas política, económica, cultural y social. Las posibilidades de encuentro, diálogo y entendimiento se debilitan por posiciones intolerantes y excluyentes. Desde hace varias décadas se nos viene imponiendo un modelo de desarrollo y un proyecto de país que, lejos de forjar cohesión y consensos y de buscar el bienestar colectivo, ha fomentado un grave proceso de fragmentación social, cargado de inequidad, con un fuerte deterioro ambiental. Las propuestas dominantes han beneficiado a algunos sectores, pero han afectado la calidad de vida y la dignidad de muchas más personas; el crecimiento económico no ha sido inclusivo.

Pese a la evidencia de la disfuncionalidad social y ecológica de estas propuestas, los sectores económicos, políticos y mediáticos que llevan adelante esta agenda no parecen cesar en su empeño de empujar al país hacia un sendero muy arriesgado que está poniendo en peligro la posibilidad de una convivencia armoniosa entre las personas y entre éstas y el ambiente. La correlación de fuerzas políticas en este momento favorece estas tendencias, y se promueven proyectos e iniciativas que tienden a minar espacios democráticos y nos alejan de una distribución justa de la riqueza, debilitando elementos claves del estado social de derecho y estrujando las posibilidades de forjar una colectividad marcada por el bien común.

Un grupo amplio de organizaciones y personas, de muy diversos sectores, tenemos la convicción de que Costa Rica necesita encontrar nuevos senderos por los cuales transitemos con esperanza y sentido colectivo, en procesos marcados por una amplia participación social, institucional y comunitaria. Senderos que nos permitan soñar y crear escenarios distintos, más inclusivos, y también respetuosos con el ambiente, en los que la prioridad sea el desarrollo de las potencialidades de todas las personas, en un marco de respeto a la diversidad. Por ello hemos decidido integrar la Alianza por una Vida Digna, con la confianza de que entre todas y todos podemos plasmar reflexiones, propuestas, y acciones en procura del bien común. Queremos contribuir a gestar otros mundos posibles.

Este suplemento recoge puntos de vista de cuatro personas sobre algunos temas medulares de la realidad nacional actual. Continuaremos presentando, por diversos medios, otros tópicos en ámbitos variados de la vida nacional, que fomenten reflexión y acción en comunidades, instituciones y colectivos varios. Pretendemos que la Alianza por una Vida Digna sea una fuente de pensamiento diverso y un acicate para la participación democrática alrededor de aspectos esenciales de nuestra convivencia.

Con la idea de impulsar esta Alianza, se realizó el lunes 29 de julio una reunión a la que asistieron cuarenta personas de los sectores comunitario, estudiantil, ambientalista, profesional, educación popular, comunicación popular y alternativa, Buen Vivir, y universitario.

Alberto Rojas Rojas, Andrea Alvarado Vargas, Héctor Ferlini-Salazar, José María Gutiérrez Gutiérrez

Correo-e: alianza.por.una.vida.digna@gmail.com

DERECHO DE HUELGA DEL ENEMIGO: LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE LA HUELGA EN LOS SERVICIOS ESENCIALES (II)

Manuel Hernández V.

El Proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos  (N° 21.049), dictaminado el 09 del mes en curso, por la Comisión Especial Legislativa, congruente con su lógica del Derecho de Huelga del Enemigo, impone una prohibición generalizada de la huelga en los servicios esenciales.

El artículo 376 de este proyecto contiene una lista de 10 actividades que se consideran servicios esenciales, cuyo listado desborda aquellos servicios esenciales –en sentido estricto- cuya interrupción pueda afectar la salud, vida y seguridad de las personas, a todos los cuales les aplica, por igual, el rasero común de la prohibición total de la huelga.

Esta prohibición se complementa con la declaración de que la huelga en estos servicios es manifiestamente ilegal, prescindiéndose de todo proceso previo de calificación del movimiento.

En la eventualidad que el sindicato convoque a una huelga, el patrono debe solicitar al juez de trabajo que ordene de inmediato a los trabajadores que se reincorporen a sus labores –manu militari-, bajo las advertencias de ley, incluido el despido sin responsabilidad patronal (artículo 375 bis). 

Estamos, como a simple vista se aprecia, en presencia de una regulación autoritaria, que a cualquiera deja pasmado, absolutamente irreconciliable con los postulados del Estado Social y Democrático, lo cual se desarrolla a continuación.

1.- En primer lugar, importa plantear, a manera de preámbulo, que  la Huelga es un Derecho Fundamental que ostenta reconocimiento y protección en el ordenamiento jurídico nacional y supranacional.

El derecho de huelga se llegó a consolidar como un Derecho Fundamental, reconocido en el máximo nivel normativo del ordenamiento internacional: Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESOC, 1966), Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (1947), Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1988), entre otros.

Asimismo, este derecho se deriva de los Convenios de OIT, en materia de Libertad Sindical, particularmente el C.87 (1948), ratificado por nuestro país.

2.- El artículo 61 de la Constitución Política reconoce el derecho de huelga, que se desarrolla en los artículos 371 y siguientes del Código de Trabajo.

Por contrario a la apología de algunos que predican que desde la promulgación del Código de Trabajo, se estableció una prohibición absoluta de la huelga en los servicios públicos esenciales, es necesario advertir que esta espuria proclama política -por cierto, cantaleta de batalla de un legislador que impulsa aquel proyecto-, no se corresponde con la norma constitucional, ni mucho menos con el desarrollo consecuente de la legislación ordinaria.

La norma constitucional estableció una reserva de ley, que delegó en el legislador ordinario la determinación de los servicios públicos en los que se prohíbe o restringe la huelga (principio de reserva de ley).

Esta reserva de ley está desarrollada en los numerales 375 y 376 del Código de Trabajo (CT), que no fueron modificadas por la Ley de Reforma Procesal Laboral (N° 9343), contra las cuales se viene ahora la contrarreforma del derecho de huelga del enemigo.

La primera de estas estipulaciones (artículo 375), hay que interpretarla de conformidad con esta norma constitucional, muy lejos de contener una prohibición indiscriminada de la huelga en los servicios públicos.

Por contrario, el alcance de este  precepto legal  hay que delimitarlo en función de los diferentes supuestos que contempla el art. 376  CT, que a texto expresa determina en cuáles servicios se prohíbe  o restringe la huelga.  Particularmente nos interesa el inciso d) de esta disposición legal:

 “Artículo 376.- Para los efectos del artículo anterior  [la prohibición de la huelga] se entienden por servicios públicos: (…)

 d) Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no pueden suspender sus servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud o a la economía públicas, como lo son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y alumbrado público en las poblaciones; (…)”.

El texto de esta norma hay que analizarlo cuidadosamente, con rigor jurídico, para no caer, a fuerza de torcidas  interpretaciones, en predicamentos políticos que intencionadamente aspiran hacer nugatorio el derecho de huelga.

La restricción que impone esta norma legal, como se desprende de una pausada lectura, sólo limita el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores absolutamente indispensables, para garantizar el funcionamiento mínimo de los servicios de aquellas empresas o instituciones, incluso los sanitarios. El  resto de los trabajadores, es decir, quienes no son absolutamente imprescindibles, no tienen ningún impedimento de ejercer el derecho de huelga.

Esta disposición legal, en lugar de prohibir, reguló el  derecho de huelga, restringiendo su ejercicio exclusivamente a aquellos trabajadores que son absolutamente indispensables”.

El alcance que tiene la norma no deja la menor duda, a tal punto que el legislador recurrió a la frase adverbial: absolutamente indispensables”, para  precisar y delimitar con el mayor rigor gramatical, de manera inequívoca, que estos son los únicos trabajadores que no tienen derecho de huelga.

Podríamos admitir, en el peor de los casos, que la norma contiene una prohibición relativa, que restringe la huelga únicamente a estos trabajadores; pero jamás se podría sostener que esta disposición prohíbe de manera absoluta y general la huelga en los servicios esenciales, incluidos los de salud; como la han venido afirmando frenéticamente, a los cuatro vientos, los impulsores del proyecto de ley (fake news legislativo).

3.- Esta norma del Código de Trabajo, que encierra una extraordinaria prospección histórica, recurrió a la técnica del servicio mínimo.

Este esquema del funcionamiento mínimo del servicio, soluciona de manera armónica cualquier contradicción entre la necesidad de la continuidad de la prestación de los servicios esenciales de la comunidad y el reconocimiento del derecho de huelga.

Esta técnica que contiene el inciso d) del art. 376 CT -pero que puede ser que adolece de desarrollo normativo-, procura una solución adecuada a esta concurrencia de intereses, ambos protegidos constitucionalmente, sin  necesidad de dejar en interdicción, de forma absoluta, el derecho de huelga que tienen los trabajadores que prestan sus actividades en los servicios esenciales.

Esta técnica legislativa que permite conciliar, de manera razonable y proporcionada,  el derecho fundamental de huelga, con  el derecho a  la protección de la vida, la salud y la seguridad de las personas, ha sido  reconocida y  desarrollada por la doctrina del Comité de Libertad Sindical de OIT:

“867. Un servicio mínimo podría ser una solución sustitutiva apropiada de la prohibición total, en las situaciones en que no parece justificada una limitación importante o la prohibición total de la huelga y en que, sin poner en tela de juicio el derecho de huelga de la gran mayoría de los trabajadores, podría tratarse de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios o el funcionamiento continuo y en condiciones de seguridad de las instalaciones.” [1]

La  OIT establece que el mantenimiento del servicio mínimo constituye una solución idónea que, por una parte, salvaguarda  el derecho de huelga de la mayoría de los trabajadores, y por otra, garantiza la satisfacción de las necesidades vitales de los usuarios. 

Vale aquí destacar que estos pronunciamientos de la OIT tienen una extraordinaria utilidad, de carácter normativo, porque en el tanto que derivan de la aplicación e interpretación directa de los Convenios OIT, particularmente el C87, constituyen fuente objetiva de derecho, que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico, que mucho menos pueden ser inadvertidos por los legisladores.

4.-  No se puede ignorar que el tema de la huelga en los servicios esenciales es un tema neurálgico  de las sociedades modernas, porque concurren, de una parte, los legítimos intereses de la ciudadanía, en orden a la prestación de servicios esenciales  de la comunidad, y de otra parte, el  derecho de los trabajadores a la huelga.

Pero en una sociedad democrática, por lo menos medianamente civilizada, la cuestión no se resuelve salvaguardando aquellos, a merced del sacrificio absoluto del derecho de huelga, que es también un Derecho Fundamental.

En las sociedades modernas, democráticas, esta  tensión de intereses se resuelve disciplinando el esquema del servicio mínimo de funcionamiento, que preserva adecuadamente la prestación de los servicios esenciales de la comunidad, sin menoscabar el contenido sustancial del derecho de huelga.      

El proyecto de ley, enmarcado en la concepción autoritaria del Derecho de Huelga del Enemigo, pretende de un solo plumazo destruir aquella tradición histórica legislativa, imponiendo, como lo acostumbran los neoliberales, una prohibición absoluta y generalizada de la huelga en los servicios esenciales; prohibición que no resulta compatible con el marco de nuestra Constitución Política y el ordenamiento internacional.

Sin lugar a duda, un desafortunado retroceso histórico, que probablemente no tiene antecedente en nuestro país, pero que refleja la ruptura del pacto fundacional de la Segunda República, la desconstitucionalización de las libertades y derechos de los trabajadores, porque sin el derecho de huelga,  los trabajadores quedan a merced del poder omnímodo de los patronos; en definitiva, el desmontaje del Estado Social y Democrático. 

# La huelga es garantía de libertad de la clase trabajadora #



[1]   Ver  párrafo 607; 344º informe, caso núm. 2461, párrafo 313, caso núm. 2484, párrafo 1094; 348º informe, caso núm. 2433, párrafo 48; 349º informe, caso núm. 2545, párrafo 1153; 350º informe, caso núm. 2543, párrafo 727; 354º informe, caso núm. 2581, párrafo 1114; 356º informe, caso núm. 2654, párrafo 371; 362º informe, caso núm. 2741, párrafo 768, caso núm. 2841, párrafo 1041;371º informe, caso núm. 2988, párrafo 851; 372º informe, caso núm. 3022, párrafo 614, y 377º informe, caso núm. 3107, párrafo 240., Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical. Sexta edición. 2018)

Surge alianza social para fomentar espacios democráticos

El Semanario Universidad publicó este miércoles 21 de agosto en la edición impresa un conjunto de textos con la firma de la Alianza por una Vida Digna. Puede leerlos aqui:

Suplemento Semanario Universidad

Este agrupamiento señala en su presentación:

Vivimos tiempos difíciles en Costa Rica. Amplios sectores a lo largo y ancho del país muestran un malestar creciente y una insatisfacción con las propuestas que dominan las agendas política, económica, cultural y social. Las posibilidades de encuentro, diálogo y entendimiento se debilitan por posiciones intolerantes y excluyentes.

Le invitamos a terminar de leer la presentación:

Presentación Alianza por una Vida Digna

Uno de los textos incluidos en la edición se titula “Una democracia raquí-tica”, escrito por la abogada y docente Rosaura Chinchilla-Calderón.

Puede leerlo aquí:

Una democracia raquí-tica

El exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez aporta en la compilación un análisis que titula “Reforma fiscal a examen de constitucionalidad”. Asimismo, se incluye un artículo periodístico relacionado con un estudio de la UCR sobre el proyecto de empleo público que impulsa el gobierno y otros sectores políticos y económicos. Lea aquí ambos textos:

Reforma fiscal a examen de constitucionalidad

Privatizar las riquezas, socializar las pérdidas

La colección divulgada por el Semanario Universidad y enviada por la Alianza por una Vida Digna se completa con este artículo de la diputada del PLN Paola Valladares Rosado:

La huelga es un derecho humano

SURCOS le invita a propiciar la reflexión y compartir este material generado desde la Alianza por una Vida Digna.

Correo-e: alianza.por.una.vida.digna@gmail.com

Foto alusiva a la participación ciudadana con fines ilustrativos.

Sea parte de SURCOS:

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No en mi nombre, estimado monseñor

No en mi nombre, estimado monseñor No formo parte de ese supuesto «clientelismo político» suyo.

Interpelación, respetuosa pero firme, de Pilar Ureña, laica católica, de larga andadura en luchas por la justicia, inspiradas en el Evangelio, al Obispo Manuel E. Salazar Mora, por su discurso del pasado 2 de agosto.

Monseñor

Manuel Salazar Mora,

Obispo de Tilarán y Liberia.

Estimado Monseñor

Como ansiada agua de mayo hemos esperado y finalmente escuchado, la homilía que ha dirigido usted a los costarricenses el pasado 2 de agosto. Homilía ansiada, pues se ha hecho costumbre que el pueblo de Dios siempre espera escuchar de sus hermanos obispos las orientaciones, la luz y la guía del Evangelio que nos ayuden a enfrentar los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad costarricense y que día a día, en nuestro diario vivir, enfrentamos cuando tratamos de construir la sociedad más justa posible.

Efectivamente el pueblo costarricense se encuentra hoy día a merced de una serie de corrientes económicas, filosóficas, religiosas, que surgen, en síntesis, desde el más profundo egoísmo. Estas corrientes, todo lo pervierten confundiendo a todos, desde el más pequeño hasta el más poderoso. Sus palabras se esperan porque alientan y consuelan los anhelos más íntimos de todas las personas de buen corazón que se encuentran trabajando un día sí y otro también en la construcción del bien común. Nos invita a superar el egoísmo como raíz de todos los males para construir una sociedad de amor y de justicia.

Sin embargo, tengo la impresión de que su intento de brindar estas luces, se puede haber visto opacado por algunos conceptos que, en mi humilde opinión, generan confusión en este pueblo de Dios que habita la pequeña Costa Rica y desequilibran y desarmonizan el mensaje que ha querido dejarnos a los costarricenses.

Coincido con usted en que los católicos, ciudadanos también de este país, “tenemos el derecho inviolable a meternos en política”. Entendida la política, con usted muy bien señala, como “el esfuerzo para construir el Bien Común”. En ese sentido, como pequeños granos de levadura, los creyentes intentamos fermentar la masa. Intentamos ser sal de esta tierra bendita… sembramos día a día el grano de mostaza, la semilla que el sembrador nos ha dado, a la espera del gran Viñador, cuando venga a recoger su cosecha. Siervos inútiles somos, que trabajamos día a día en Su Viña. Y cuando hacemos esto, lo hacemos con la absoluta certeza de que construimos así su Reino.

Cada creyente, desde nuestros propios carismas y llamados personales del Señor. Cada uno, en nuestro diminuto espacio… grande o pequeño, ejecutando o dirigiendo, como ciudadano o como gobernante.

Sé que estando en el mundo, sin ser del mundo, y en el caso de Costa Rica, en el débil ejercicio de la democracia, los creyentes debemos enfrentar nuestras convicciones, contra viento y marea en un mar turbulento de ideas y de conflictos creados con oscuras intenciones. Sé que la mayoría de las veces saldremos maltrechos (eso se lo digo desde un corazón muchas veces herido y quebrantado). Como creyentes hemos sido vencidos en muchas de esas batallas…comenzando con la más dolorosa y gloriosa al mismo tiempo, la que terminó con Jesús colgado en una Cruz. Con Él y gracias a Él, hemos logrado resucitar, una y otra vez, de todas las experiencias de muerte o de desoladoras “noches obscuras”, consolados siempre por el Dios de la Vida.

Además, los creyentes, lentamente, hemos aprendido a discernir y reconocer las “semillas de Reino” presentes en el mundo… La presencia silenciosa y permanente del Dios Creador que descubrimos en el encuentro con todas las culturas y en todos los tiempos.

Quiero hacer una pequeña anotación sobre este espacio particular del Reino de Dios, donde el creyente participa en todas las esferas de la política (entendida como usted lo dice, como la búsqueda del bien Común). Ese espacio de la política ha sido asignado al pueblo de Dios en su estado laical, desde el Evangelio y desde la Doctrina Eclesial. Estoy convencida de que no es necesario que ahonde más en la esencia de la misión de los Obispos y de los sacerdotes, quienes, con una gran sensibilidad social, formación y claridad, deberán acompañar al laicado en esta gran tarea de la construcción del Bien Común con la acción política.

Es aquí donde siento yo que existe un desafortunado concepto expresado en su homilía: Hace usted afirmaciones muy serias sobre el derecho de los creyentes a participar en la política (cosa de lo que, en mi opinión, en Costa Rica nadie puede quejarse, pues hasta un Pastor Evangélico estuvo a punto de ganar las pasadas elecciones). Esta confusión nace, al terminar usted con una frase que perfectamente podría confundir a cualquiera que desconozca nuestra historia nacional y nuestra eclesiología católica. Dice usted “Y los clérigos políticamente tenemos derecho ¡a no ser ciudadanos de segunda categoría, minoría discriminada”

Antes de continuar, debo aclararle que no soy partidaria de don Carlos Alvarado. Tengo dificultades para defender su gestión y su capacidad de comunicación con los diversos sectores sociales del país. Tal vez esta aclaración me permita hacerle este comentario sin que lo considere usted que me mueven pasiones político-partidarias.

Ustedes, sacerdotes y obispos no han sido discriminados de la participación política en Costa Rica. En el momento de recibir y aceptar la llamada de Dios a tan maravillosa vocación renuncian voluntariamente a esa posibilidad, de igual manera a como asumen, por ejemplo, el celibato, la pobreza y la obediencia. Son decisiones personales de obediencia a lo interno de la vida eclesial. Estos conceptos son elementos básicos de nuestra formación catequética, documentada en nuestro básico Catecismo, pero además sustentados en infinidad de documentos doctrinales. Es igual a la renuncia que hacemos los laicos, a tener varios esposos, o a divorciarnos (aunque exista una ley que lo permita) o nuestras elecciones personales de llevar una vida austera. Son renuncias y opciones personales, tanto las suyas como las nuestras, las cuales asumimos porque creemos en ellas. En este tipo de decisiones, el Estado no participa, ni debiera participar nunca.

Es por eso, que, en esta pequeña Costa Rica, desconcierta escuchar en un documento eclesial, la frase con la que finaliza su párrafo: “Los creyentes tenemos derecho a la libertad religiosa, la exigimos.” Afirmar eso en la Costa Rica histórica y la Costa Rica actual me parece que hace exacerbar los ánimos en un pueblo confundido y que requiere de la mayor lucidez en este momento histórico.

Debo decirle, que como creyente, nunca me he sentido discriminada, en razón de mi fe o en el ejercicio de mi vocación laical, la cual trato de asumirla con la responsabilidad y la entrega que mis pobres limitaciones personales permiten. Creo que debemos tener mucho cuidado con las generalizaciones expresadas sin fundamento concreto. No es cierto que “Como católicos nos sentimos a veces marginados e invisibilizados, por autoridades civiles”. Victimizarnos a nosotros mismos, por asunto de nuestra fe, cuando muchos sectores sociales viven en la más absoluta y sistemática marginación e invisibilización, sin voz y en el absoluto abandono, para mí ha sido vergonzante, estimado Monseñor. Los pueblos indígenas, las mujeres pobres y marginadas, las personas migrantes, los pueblos despojados de su derecho a una nacionalidad, las personas asesinadas por defender la Naturaleza y a sus pueblos y a sus tierras, ¡cuántos rostros del Cristo sufriente, realmente marginados e invisibilizados por las autoridades civiles!… ¿con qué cara puedo presentarme ante ellos a decirles que he sido marginada e invisibilizada por mi fe?

El otro de los puntos que me ha generado un gran desconcierto, es su discurso sobre las personas sexualmente diversas. Sin ánimo de ofenderle, debo decirle que ha actuado usted como lo hace la típica persona homófoba: “Yo no soy homófobo… pero” Ese terrible “pero” que cae como losa pesada sobre las personas que viven en la más profunda angustia, porque no se entienden, porque no saben qué es lo que les pasa, porque no saben cómo amar a su hijo o hija amada, que buscan con desesperación una salida a lo que está viviendo. Algunas de estas situaciones, fruto de abusos que nacieron en nuestra amada Iglesia. Ese “pero” maldito, que termina condenando al otro: “Pero también es cierto, que tenemos derecho a exigir respeto a las creencias cristianas de la mayoría de la sociedad costarricense”.

No solo se ha contentado usted con borrar con el codo, la maravillosa lección cristiana de amor, nacida del mismo Maestro Jesús, sobre la acogida en el amor a las personas sexualmente diversas que señala al inicio del párrafo, sino que además, ha osado aglutinarnos a los creyente en un supuesto y “fuerte caudal político” para defender sus ideas, sean las que sean, que por cierto, según su texto, parecen ser la mismas que hemos escuchado a los fundamentalistas y recalcitrantes cristianos, ahora sus aliados .

No en mi nombre, estimado Monseñor. No formo parte de ese supuesto “clientelismo político” suyo, que reclama algún tipo de regalía. No desde mi fe en el Jesús del Madero y por su padre Resucitado. Mi obediencia, a prueba a lo largo de los años de trabajo en la Iglesia, no llega a tanto.

Los derechos humanos de las minorías no afectan de ninguna manera los derechos humanos de las mayorías. No se preocupe usted. Un derecho humano alcanzado por una persona beneficia a toda la humanidad. Un derecho humano violentado a una persona, violenta a toda la humanidad. Este principio básico, nos debe llenar de paz, Monseñor. Como creyentes no debemos temer: leyes que traten de humanizar los derechos (humanos y civiles) de una minoría no afectan a nuestra vida cristiana y nuestra libertad de vivirla. Es tarea nuestra, interna, de los cristianos, formar a nuestros hijos en el amor, en el respeto, en la tolerancia, en los principios de la justicia y de la paz, formarlos en la fe, y ser contrapeso, desde el amor, al egoísmo. Ahí tiene usted razón: a mis hijos los educo yo… pero agrego: en el Amor y la tolerancia.

Como lo dijo el Maestro: «Así, todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los Cielos es semejante al padre de familia que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo”.

Me encantó por cierto su frase: “La política es el arte de negociar: a veces ceder para ganar todos.” Con todo respeto, Monseñor, debería comenzar a ponerla en práctica.

María del Pilar Ureña Álvarez

Compartido con SURCOS por el Centro Dominico de Investigación (CEDI).

Encuentro de juntas de salud para evitar una CCSS limitada por regla fiscal

El viernes 12 de julio se realizó un encuentro de las juntas de salud de la CCSS, organismos que están en lucha para evitar que la regla fiscal domine la atención de la salud de la población.

A sugerencia del integrante de la junta directiva de la Caja, doctor Mario Devandas Brenes, representantes de los organismos ciudadanos se reunieron y analizaron la situación. “La regla fiscal aplicada a la CCSS significaría que sería la ministra de Hacienda quien determine el gasto de la institución”, explicó Devandas en un documento previo al encuentro.

En el mismo escrito se señala que “lo que mueve todo esto es la inconformidad de las grandes farmacéuticas por la lucha de la junta directiva contra el criminal abuso con los precios de los medicamentos”.

El movimiento busca, ante la crisis y ambiente de zozobra que vive el país, promover la participación y el diálogo, evitando acciones que afecten los servicios de salud de las personas usuarias. Asimismo, desarrollar temas de convergencia nacional que permita construir acciones que propicien la recuperación de la confianza de la ciudadanía y abra la oportunidad para evaluar los efectos o consecuencias de las políticas que afectan la salud y proponer soluciones.

Integrantes de juntas de salud de la CCSS comunicaron: “Nos reunimos quienes tenemos bien definidos los ejes de nuestra gestión, y de ellos, dos son determinantes: la salud como un derecho continuación y símbolo de las garantías sociales, y la CCSS patrimonio de todos los costarricenses”.

“La participación marca el respeto, aunque tengamos criterios diferentes es más lo que nos une y nos permite construir nuestras decisiones de forma colegiada”.

“Las juntas de salud debemos pronunciarnos en repudio a la mala intención de medios de difusión que con sus titulares quieren desprestigiar a La Caja y debemos apoyar la decisión de La Junta Directiva de no permitir la aplicación de la regla fiscal en defensa de la autonomía de la Institución”, agregan en comunicados que circulan por redes digitales y fueron enviados a SURCOS.

Entre otras medidas, se propuso que, en defensa de la Caja y contra el reglamento de contrataciones que busca la privatización, “recoger firmas en todas nuestras comunidades para presentarlo a la Asamblea Legislativa”.

Además, se acordó un manifiesto nacional de integrantes de juntas de salud en defensa y apoyo de la salud como derecho ciudadano, y de la CCSS, como patrimonio del pueblo costarricense. En el escrito se pide respeto a la autonomía de la institución y de los preceptos constitucionales, suspender de inmediato la aplicación de la regla fiscal a la CCSS y, fundamentalmente, a los servicios de salud.

Se expresó además apoyo a la Junta Directiva de Caja por posición firme en su lucha contra las farmacéuticas y el negocio con la salud de las personas, instando a su vez, a iniciar una campaña informativa del valor de la producción de la Caja y la importancia de los productos genéricos de calidad.

Información compartida con SURCOS por Alberto Rojas.

Movimiento Estudiantil de Secundaria comunica posición y sigue lucha

COMUNICADO OFICIAL NACIONAL

Acuerdo de las bases del MEDSE con acuerdo que tomamos con la Ministra de Educación Pública. Favor leer para que se informen.

San José, viernes 12 de julio de 2019

El día de ayer, después de una extenuante reunión, la comisión representativa de MEDSE, conformada de cuatro estudiantes de diferentes colegios del país, concluyó de manera exitosa un documento que comprende ocho puntos específicos, firmados por la Ministra de Educación, Giselle Cruz Maduro. Documento que mediante el punto octavo quedó a proceso de aprobación de las bases regionales (los otros colegios) a lo largo y ancho del país.

De forma que, una vez terminada la reunión se comenzó a consultar a las bases, con la contestación de todos los colegios del país sobre una rotunda oposición al punto sexto, punto que se refiere prescindir de cerrar colegios. Considerando, la relevancia de cerrar las instituciones como eje central de protesta y participación. Esto es una decisión de las bases, que responde a la voluntad de fortalecer la lucha el próximo lunes 15 de julio. Asimismo, se agradece el total apoyo y consenso de las bases a los demás puntos del documento acordado con la ministra.

Por lo tanto y por decisión de las bases y de acuerdo con el punto número 8 del acuerdo firmado por la Ministra de Educación y MEDSE, se cierran los centros educativos a lo largo y ancho del país.

De parte del MEDSE, esperamos que nuevamente las mesas de dialogo se abran los más pronto posible ante la decisión tomada de las bases de cerrar colegios.

Se recuerda a los estudiantes que la Gran Manifestación del 15 de Julio sigue en firme y que los profesores no podrán efectuar ausencias ni sanciones contra los estudiantes que asistan a las diferentes manifestaciones. Asimismo, se invita a la Gran Manifestación del 15 de julio a todos los sectores sociales disconformes con las acciones del gobierno.

Agradecemos a la Ministra de Educación, Giselle Cruz Maduro, por la apertura al dialogo con los estudiantes, baluarte esencial para fomentar la democracia del país.

Kenneth Sánchez Marín, presidente del MEDSE

Alexa Arce Portocarrero, vicepresidenta del MEDSE

Jasón Berrocal Beltrán, MEDSE

Isaí Díaz Miranda, MEDSE

Para más información al WhatsApp 6450-7995 o al correo medse18cr@gmail.com

Información compartida con SURCOS por Josué Rojas.

Con acción colectiva liberan al río Abangares

Por Dany Villalobos V. Geógrafo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua

Una buena noticia nos llega desde el distrito Manzanillo de Puntarenas. El pasado viernes, vecinos de la comunidad de Abangaritos decidieron actuar para destruir los tranques que habían causado la sequía total del río en sus últimos kilómetros hace 10 días. Miembros de la Alianza solicitaron inspecciones a la Dirección de Aguas, quien constató el hecho el lunes anterior y debía proceder a eliminar estos canales ilegales.Según informa Edder Madrigal, miembro de la ASADA de Abangaritos y de la Alianza, la Dirección de Aguas hizo registro del desvío ilegal de aguas, aproximadamente de 80 l/s, en un río que cuenta con caudales históricos de +/-100 l/s, por lo que según se estima con esa inspección, las haciendas se estarían apropiando de hasta el 80% del agua del río, al tiempo que afectaban el resto del trayecto del río hacia el mar, haciéndolo desaparecer.

Con pico y pala destruyeron los diques que la empresa Pedregal habría hecho para apropiarse del 80% del río
Hubo que mover bastante cantidad de piedras para re-encauzar el río
Fueron dos presas las que se removieron totalmente para recuperar el caudal

Un día después de eliminar las presas, que fueran construidas por maquinaria de la empresa Pedregal para beneficio de algunos hacendados en el margen oeste del río, el Abangares vuelve a tener su caudal en estado natural, como lo muestran las imágenes tomadas por Edder Madrigal, en el sector del puente de Abangaritos.

Fotos comparativas del efecto de la liberación del río Abangares en el puente de Abangaritos. Fuente: Alianza

En el verano 2016, se había eliminado tres tranques que había secado la parte baja del río Lagarto. Las haciendas no tienen límite en sus acciones ni miden consecuencia, por lo que las acciones colectivas de este tipo seguirán siendo una respuesta ante la problemática del deterioro de los ríos de Puntarenas.Las organizaciones comunales de Puntarenas celebramos la recuperación del estado natural del río Abangares y felicitamos a las personas que estuvieron detrás de este esfuerzo por restablecer la justicia ambiental y así permitir que el río llegue de nuevo al mar y beneficie como debe ser, a las comunidades y no solo a unos pocos hacendados.

Información enviada a SURCOS por Dany Villalobos. Publicada originalmente en el Facebook de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas: https://bit.ly/2HfuoDy

Alianza por Defensa del Agua sesiona en Manzanillo de Puntarenas

Catorce representantes de organizaciones comunitarias vinculadas a la defensa del agua en Puntarenas se reúnen este sábado 27 en Manzanillo de esa provincia. La Cooperativa de Mujeres de Manzanillo dispuso su local para el encuentro.

Las expectativas para el 2019 orientadas al fortalecimiento de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas fue un punto clave en la sesión. Además, se compartió informes relacionados con el papel de otras organizaciones e instituciones en el proceso que lleva adelante la Alianza.

Como tema de agenda también se conoció avances del estudio que el investigador del CICDE-UNED Orlando Amaris Cervantes y el co-investigador comunitario Dany Villalobos Villalobos desarrollan en la región, en torno a un “Diagnóstico hidrocomunitario para la gestión socio-ambiental”.

Nuevas personas de comunidades de la región se incorporaron en esta sesión, en la cual estuvieron presentes organizaciones de Manzanillo, Chomes, Guacimal, Malinche y Orocú.

La Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas ha realizado actividades de difusión, organización y formación. En la foto se aprecia una acción realizada en el Parque España en San José.

Encuentro social multisectorial en Guápiles

Este sábado 30 de marzo se realizó, en el salón de sesiones del Concejo Municipal del Cantón de Pococí (Guápiles), la primera experiencia de articulación regional en el marco del Encuentro Social Multisectorial.

La información, enviada a SURCOS por ANEP, señala que participan Antonio Wells Medina, secretario general de SINTRAJAP y en representación de la FETRAL, así como Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP y como representante del colectivo sindical Patria Justa.

Al encuentro asistieron además esfuerzos de unidad local como Fuerza Pococí, Fuerza Caribe Norte, Movimiento Por y Para Limón y otros grupos sociales “que son ya parte de los excluidos o que lo serán pronto por parte del modelo neoliberal que ha entrado en un proceso abierto de confrontación con los sectores sociales en su más amplia diversidad”, señala la nota enviada por ANEP.

Temas como el grave desempleo en el Caribe, la situación precaria de JAPDEVA, la quiebra del pequeño-mediano comerciante, la desvalorización de las propiedades que están imponiendo los bancos, agricultores en ruina y la gran inseguridad en la tenencia de la tierra, ocupan la atención de las personas presentes, indica el comunicado.