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Etiqueta: Marco Levy Virgo

Asociación ecologista solicita informe con base en fotografías georeferenciadas sobre Terminal de Contenedores de Moín

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita información y acciones a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Consejo Nacional de Concesiones en relación con el proyecto Terminal de Contenedores Moín. Piden lo siguiente:

  • Ordenar al Regente Ambiental ampliar su informe del 20 de febrero de 2024 sobre la presunta erosión del material de relleno utilizado en el proyecto, teniendo en cuenta las fotografías aportadas.
  • Realizar un estudio sedimentológico integral e independiente de la situación, aplicando el principio precautorio. 
  • Exigen saber por qué la empresa APMT no ha realizado los dragados y movimientos de sedimento acumulado en la costa de Moín como estaba comprometida, causando daños ambientales.
  • Solicitan respuestas claras a sus preguntas y preocupaciones, apelando al derecho a un medio ambiente sano. De no recibir la información, amenazan con acciones legales.

La Asociación, presidida por Marco Levy Virgo, denuncia la presunta erosión de materiales de relleno en el proyecto y acumulación de sedimentos en la playa de Moín, exigiendo mayor información, estudios independientes y acciones concretas por parte de las autoridades y la empresa concesionaria para corregir la situación y sus daños ambientales.

Se adjunta los documentos de referencia con los detalles del proceso.

 

Imagen ilustrativa.

Marco Levy solicita informe sobre situación jurídica de certificación

La carta expresa la preocupación sobre la resolución No 2024010951 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual ordena revisar y actualizar la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 que delimita el Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca.

El autor, Marco Levy Virgo, solicita al ministro de Ambiente que informe sobre la situación jurídica de dicha certificación, con fundamento en los artículos 11, 27, 50 y 89 de la Constitución.

Ecocidio en Manzanillo, Limón: Bosque transformado en lotes para la venta

El ciudadano de Limón Marco Levy Virgo ha presentado una denuncia formal por un presunto ecocidio que está ocurriendo en la Zona de Manzanillo de Limón.

En el documento, Marco Levy  señala que el 7 de abril de 2021 recibió una alarma ambiental que indicaba la venta de lotes pertenecientes a la señora Aurora Gámez, propietaria del hotel Almendros y Corales, en terrenos que anteriormente formaban parte del bosque costero de Playa Grande. La denuncia se ve sustentada gracias a una resolución de la Sala Constitucional que declara con lugar el recurso presentado, sin una condenatoria especial en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López, junto con el Magistrado Salazar Alvarado, han salvado parcialmente el voto y han dispuesto la condenatoria en daños, perjuicios y costas. Por su parte, la Magistrada Garro Vargas ha salvado parcialmente el voto y ha ordenado la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Las autoridades recurridas han sido notificadas para tomar nota de lo indicado en la sentencia.

En la denuncia se menciona que estos terrenos fueron parte del bosque costero y desde 1985 se consideran como tal, sin embargo, la administración no ha reconocido la importancia de su reintegración a la zona 1 del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Además, se señala que hace unos veinte años, se construyó un Canopy Tour llamado Crazy Monkey Canopy Tour en estos terrenos, destacando la belleza del bosque tropical en su publicidad. Estos terrenos albergan una gran biodiversidad, incluso tienen especies en peligro de extinción, pero estos no están protegidos adecuadamente por las autoridades competentes.

Además, han habido cambios legislativos recientes, como la Ley 9223, que parecen permitir la segregación de terrenos en esta área, lo que contribuiría al detrimento de los bosques. 

Ante esta denuncia, se espera una respuesta pronta por parte de las autoridades competentes y una investigación exhaustiva sobre el presunto ecocidio en la Zona de Manzanillo de Limón.

 

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Piden investigación independiente sobre posibles violaciones legales para favorecer Plan Regulador Costero de Talamanca

En una serie de documentos enviados al director ejecutivo del Área de Conservación Amistad-Caribe (ACLAC) y a funcionarios pertinentes, se revela la presunta existencia de actividades ilícitas y preocupantes irregularidades en la zona costera entre Punta Cocles y Punta Uva, ubicada en el cantón Central de Limón, Costa Rica.

El señor Marco Levy Virgo, ha presentado una comunicación detallando la presunta violación de leyes ambientales y de conservación en esta área. Marco Levy fundamenta sus preocupaciones en un informe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que señala irregularidades en la certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y su posterior uso en la planificación urbana.

El informe del SINAC, fechado el 28 de noviembre de 2017, apunta a la certificación del PNE y su utilización como base para un Plan Regulador Costero en el Cantón de Talamanca. Según Marco Levy, esta certificación ha llevado a la emisión de más de 800 permisos de uso de suelo, aparentemente inconstitucionales e ilegales, por parte del Concejo Municipal de Talamanca.

Los documentos presentados también destacan la presunta violación de la Convención Ramsar, así como de leyes nacionales como la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Estas irregularidades podrían tener graves consecuencias para el medio ambiente y los ecosistemas frágiles de la zona.

Por otro lado, un informe emitido por la Secretaría Ejecutiva del Área de Conservación Amistad-Caribe detalla observaciones realizadas durante un recorrido en noviembre de 2017 en el área mencionada. Este informe señala ocupaciones irregulares, construcciones no autorizadas y posibles inconsistencias en la delimitación y certificación del PNE en la región.

Entre las recomendaciones derivadas de estos hallazgos se encuentra la necesidad de una revisión detallada de la certificación del PNE, así como una evaluación exhaustiva de las construcciones y ocupaciones en la zona. Se solicita además la intervención de autoridades competentes, independientes del Área de Conservación Amistad-Caribe, para llevar a cabo una investigación imparcial y rigurosa.

Estos hallazgos han despertado preocupación en la comunidad y entre las autoridades ambientales, ya que podrían indicar un deterioro significativo del patrimonio natural de la zona costera de Limón. Se espera que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para abordar estas preocupaciones y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.

Falencias en la tutela de Derechos Humanos de personas afrodescendientes por parte de la Defensoría de los Habitantes

Marco Levy Virgo hace una solicitud a la Defensoría de los Habitantes la cual es respondida en el oficio N° DH-DIND-0329-2024. En este documento, en resumen, explica que la Defensoría no puede intervenir en asuntos que están pendientes de resolución judicial. Sin embargo, se proporciona información sobre las leyes y normativas vigentes relacionadas con la protección de los derechos de las personas afrodescendientes en Costa Rica, así como el seguimiento realizado por la Defensoría en temas de interés social. Además, se informa sobre un simposio internacional organizado para abordar la aceleración de los derechos de las poblaciones afrodescendientes.

Marco Levy en representación de la comunidad Afrodescendiente emite un comunicado dirigido a la Defensora de los Habitantes, en el cual se expresa la preocupación por “la falta de acción de la Defensoría” en la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. El documento, emitido en respuesta al oficio N° DH-DIND-0329-2024, señala una aparente contradicción en la postura del organismo en relación con los derechos de esta comunidad.

Según la comunidad afrocostarricense, la Defensoría reconoce en su oficio la importancia de garantizar el funcionamiento del sector público conforme a la moral, la justicia y la Constitución Política, así como el respeto a los derechos humanos y libertades sociales de las personas afrodescendientes. Sin embargo, critican que, pese a este reconocimiento, la Defensoría no habría actuado de manera efectiva para detener las violaciones de derechos humanos que están sufriendo.

Uno de los puntos clave de la crítica es la aparente inacción de la Defensoría frente a la violación del derecho de propiedad ancestral sobre tierras en comunidades como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. La comunidad afrocostarricense alega que la Defensoría no ha intervenido para garantizar el respeto y reconocimiento de estos derechos, protegidos por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Además, el comunicado destaca que la Defensoría ha reconocido en informes previos la violación de derechos de la población afrodescendiente, pero no ha tomado medidas para evitar estas violaciones. Se menciona específicamente la falta de consulta previa en decisiones que afectan a la comunidad afrodescendiente, incumpliendo recomendaciones internacionales.

En respuesta a estas preocupaciones, Marco Levy en representación de la comunidad afrocostarricense menciona una serie de solicitudes para un correcto accionar de la Defensoría de los Habitantes. Se solicita a la Defensoría intervenir de manera directa e inmediata para garantizar el respeto a la propiedad ancestral afrodescendiente según el convenio OIT 169. Gestionar con el Estado el funcionamiento de este para que se proteja este derecho. Proteger y respetar las comunidades de Cahuita, SIquirres, Matina, Parismina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. Gestionar la emisión de una ley especial a favor de la población afrodescendiente y garantizar el derecho a consulta previa y participación efectiva. Intervenir a la Defensoría en favor de la población afrocostarricense  y cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente. Entre las acciones solicitadas se encuentran la delimitación y reconocimiento de territorios ancestrales, así como la protección de derechos de consulta y participación efectiva en decisiones que afecten a estas comunidades.

El comunicado concluye instando a la Defensoría a asumir un papel más activo en la protección de los derechos de la población afrodescendiente, especialmente en el contexto de las violaciones graves y directas que están sufriendo en relación con sus territorios ancestrales y otros derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Solicitud al ICT sobre derechos de las personas afrodescendientes

El señor Marco Levy Virgo, residente de Limón, específicamente de Barrio Roosevelt, presenta una queja a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo sobre la violación de los derechos de la población afrodescendiente en relación con el Plan de Gestión de Destino para el Caribe. Argumenta que el plan regulador costero propuesto por la Municipalidad de Talamanca contradice los convenios 107 de 1957 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales protegen los territorios ancestrales afrodescendientes.

Afirma que mediante el plan de Gestión de Destinos Turísticos el ICT pretende fortalecer el proceso de gestión del turismo, el cual brinda acompañamiento a las organizaciones locales para que se tomen en cuenta la inclusión y la sostenibilidad como elementos claves del desarrollo que se pretende realizar en la zona, volviéndola más competitiva. Además, hace mención que el Estado costarricense reconoce que la población afrodescendiente se encuentra asentada en el Caribe y que tienen tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, y que debido a esto dicha comunidad se identifica con su territorio ancestral, además que mediante el Decreto Ejecutivo N° 43191-MP-MCJ del 31 de agosto del 2021, se declaró de interés público a la población afro costarricense, su identidad cultural, idioma y demás.

Debido a dicho incumplimiento, en su calidad de ciudadano afrodescendiente, solicita al Instituto acciones concretas para proteger los derechos de su comunidad, incluyendo la exclusión de sus tierras ancestrales del plan regulador, la creación de una ley especial que garantice sus derechos, medidas contra la gentrificación y el apoyo al desarrollo turístico respetuoso con sus territorios y cultura.

Compartimos el documento.

Imagen ilustrativa, UCR.

Denuncia por contaminación de las aguas del canal de Cieneguita

El Laboratorio Nacional de Aguas realizó un análisis microbiológico entre los años 2018 y 2023 en el Estero Cieneguita. Este análisis encontró contaminación por coliformes fecales, las cuales tuvieron un punto máximo que entra en la categoría de contaminación severa. Convirtiendo al Estero de Cieneguita como una fuente de contaminación significativa para las aguas de Limón. Esto queda constatado en el memorando No. PRE-LNA-2024-00131 del 4 de marzo del 2024

Ante esta situación Marco Levy Virgo y la Asociación para el Desarrollo de la Ecología hacen un llamado a la Ministra de Salud, Mary Munive Angermüller y al Ministro del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, Heiner Méndez Barrantes. Marco Levy dice que el derecho a un ambiente sano es un derecho constitucional. Incluso, la propia Sala Constitucional así lo reconoce y exige a la Administración Pública que debe intervenir en la defensa del derecho a la salud.

Por esta razón, Marco Levy Virgo impulsa una acción coordinada interadministrativa en base a los principios precautorios y preventivos de la Constitución Política para asegurar la eficacia en sus tareas y poder solucionar esta problemática. 

Se menciona también en el memorando que el estero de Cieneguita no tiene las condiciones físico-sanitarias para la pesca que ahí se realiza, por lo cual se sugiere cumplir con el deber de vigilancia del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública

Se sugiere también, que en base a los artículos 355 y siguientes de la Ley General de Salud en su capítulo de Medidas Especiales se dé el desalojo de los inmuebles cuando no se cumplan las condiciones físico-sanitarias; esto mediante orden sanitaria u otros medios legales.

Marco Levy termina la solicitud con un llamado a que se informe sobre las medidas que se vayan a tomar.

Crisis ambiental: revelaciones sobre certificación en zonas protegidas de Talamanca

Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, escribe una carta al Ministro de Ambiente y Energía para denunciar irregularidades relacionadas con una certificación emitida por el Ingeniero Edwin Cyrus Cyrus, la cual es responsable de daños de difícil o imposible reparación dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y el litoral del cantón de Talamanca. Los puntos principales son:

  • La certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, emitida por Edwin Cyrus Cyrus, se utilizó como base para aprobar más de 800 permisos de construcción dentro de la zona protegida Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca.  Claramente se contradice un informe oficial que señala irregularidades en la zona.
  • La certificación no cumple con los requisitos de la Convención Ramsar sobre humedales, ya que esta no viene del Comité Nacional de Humedales (Órgano encargado de implementar dicha convención) por lo que es nula.

Marco Levy Virgo solicita al Ministro que declare nula la certificación de Edwin Cyrus Cyrus, actualice los informes oficiales, evalúe los daños ambientales y realice una auditoría independiente. Pide que se protejan los humedales, bosques y ecosistemas vulnerables de acuerdo con los tratados internacionales firmados por Costa Rica.

Puede consultar el documento adjunto donde se detalla la gestión.

Carta a diputada propone creación de Comisión de Asuntos Afrodescendientes

En una carta dirigida a la diputada Rosalía Brown Young el 3 de abril del 2024, firmada por Marco Levy Virgo, se ha propuesto la creación de una Comisión de Asuntos Afrodescendientes, según un documento donde se pronuncia un grupo identificado como “Foro Curling por la paz y la seguridad jurídica de los Afrodescendientes”. Esta propuesta surge en medio de una serie de reclamos y preocupaciones relacionadas con la protección de los derechos de la población afrodescendiente en Costa Rica.

Abordan el tema de la ausencia de una legislación específica que proteja los derechos de la población afrodescendiente en el país, señalando que, a pesar de que el Estado costarricense reconoce la existencia de esta población y su presencia en el Caribe costarricense, no se han tomado medidas concretas para delimitar y proteger sus territorios ancestrales. Afirman que esta falta de reconocimiento y protección legal ha llevado a una serie de conflictos, violencia y desplazamientos forzosos en comunidades afrodescendientes como Cocles, Puerto Viejo y Cahuita.

Para reforzar su argumento, referencian a John Alexander Curling Delisser, quien fue el primer diputado afrocostarricense en ocupar un puesto en el Congreso, haciendo énfasis en en su contribución para otorgar derechos de ciudadanía a los afrodescendientes en Costa Rica, pero subrayando que aún queda mucho por hacer en términos de protección legal y reconocimiento de derechos para esta población.

Por lo tanto, afirman que, la propuesta de creación de una Comisión de Asuntos Afrodescendientes se basa en la necesidad de contar con un órgano específico que promueva el mejoramiento social, económico y cultural de la población afrodescendiente. Algunas de las funciones propuestas para esta comisión son las siguientes:

Servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas para ejecutar obras y servicios en beneficio de las comunidades afrodescendientes.

Promover la investigación científica sobre el modo de vida de los grupos afrodescendientes para orientar programas de bienestar.

Fomentar la divulgación de los asuntos afrodescendientes y estimular el respeto por su cultura, incluyendo el uso y estudio de las lenguas afrodescendientes.

Velar por el respeto a los derechos de las minorías afrodescendientes, especialmente en cuanto a la propiedad de la tierra y el acceso a crédito y asistencia técnica.

Promover la capacitación y adiestramiento de profesionales y líderes comunitarios en las zonas habitadas por afrodescendientes.

Establecer centros de salud con personal capacitado para atender las necesidades de las comunidades afrodescendientes.

Con esto, se busca abordar las desigualdades estructurales que han llevado a la población afrodescendiente a ser históricamente excluida y marginada en Costa Rica, y de ahí surge la importancia de crear condiciones de igualdad real y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos para esta población.

Además, mencionan la falta de consultas previas y participación efectiva de la población afrodescendiente en procesos de diseño y ejecución de proyectos que afectan sus territorios ancestrales. Se hace un llamado a garantizar el derecho de consulta y consentimiento previo de esta población, tal como se establece en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Se invita a consultar el documento completo para obtener más detalles sobre los argumentos y propuestas presentadas. Para acceder al documento completo, se puede descargar el PDF original aquí: 

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Tribunal declara con lugar recurso de amparo por contaminación en Puerto Viejo: ordenó medidas urgentes desde el 2019

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sesión celebrada el 3 de mayo de 2019, resolvió el Expediente número 19-002174-0007-CO, con la Resolución número 2019007689, relativo a un recurso de amparo presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según consta en el expediente, el recurso de amparo fue recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:21 horas del 12 de febrero de 2019. En dicho recurso, Marco Levy Virgo expuso que en la entrada principal a Puerto Viejo se encuentra una gran laguna de aguas negras que fluyen hacia la playa, lo que representa un riesgo para la seguridad y vida de los turistas nacionales e internacionales. Afirmó que, a pesar de haber solicitado una solución a las autoridades correspondientes, no se había tomado ninguna medida al respecto hasta la fecha de interposición del recurso. Además, argumenta que se vulneran sus derechos fundamentales y solicitó que se declarara con lugar el recurso y se obligará a los recurridos a resolver de manera inmediata el problema sanitario, colocando rótulos preventivos e implementando medidas para eliminarlo definitivamente.

La Sala Constitucional, tras analizar los argumentos presentados, resolvió declarar con lugar el recurso de amparo. En consecuencia, se ordenó a las autoridades pertinentes, incluyendo a la Presidenta Ejecutiva (Yamileth Astorga Espeleta) y al Gerente General del AyA (Manuel Antonio Salas Pereira), al Alcalde Municipal de Talamanca (Marvin Antonio Gómez Bran) y a la Directora del Área Rectora de Salud de Talamanca (Jennifer Jones Villiers) del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen esos cargos, que en un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, brinden una solución al problema de contaminación en Puerto Viejo.

Asimismo, se instruyó al AyA a coordinar con las otras instituciones involucradas (Municipalidad de Talamanca y Ministerio de Salud) para implementar medidas temporales o provisionales mientras se trabaja en una solución definitiva al problema de contaminación. Se advirtió que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de conformidad con el artículo 71, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Finalmente, se condenó a la Municipalidad de Talamanca, al AyA y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que dieron lugar a la presente resolución, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, se dio la orden de notificar a las autoridades correspondientes.

Se adjunta la resolución completa para su consulta y análisis.

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