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Una nueva unidad de la UCR abre sus puertas para que Costa Rica tenga medicamentos más baratos

Escrito el 19/12/2024. Publicado en Derechos, Salud.

La unidad de la UCR permitirá, por primera vez en el país y en la región de Centroamérica y el Caribe, garantizar que un medicamento genérico es equiparable a su versión original

Es diciembre del 2024 y las buenas noticias empiezan a llegar. Esta vez, con el regalo de la inauguración de la primera Unidad de Investigación Biomédica del país, enfocada en bioequivalencia y estudios clínicos fase I y fase II en seres humanos.

Esta unidad, alojada en la Universidad de Costa Rica (UCR), dará la posibilidad de que la población costarricense en un futuro pueda acceder a la compra de medicamentos más baratos. ¿Cómo? Muy sencillo.

De acuerdo con el Dr. German Madrigal Redondo, director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar-UCR), la bioequivalencia es el proceso que certifica que un medicamento genérico (multiorigen) tiene un efecto terapéutico similar a su versión original.

Ese proceso incorpora una serie de análisis para demostrar que los medicamentos genéricos disponibles cumplen con los perfiles equivalentes de calidad, seguridad y eficacia. Cuando un medicamento genérico pasa exitosamente todos esos análisis, quiere decir que es óptimo para comercializarse en el país.

Lo anterior es una gran ventaja. Los medicamentos genéricos, al ser más baratos, pueden reducir considerablemente los costos en tratamientos esenciales para la población, debido a que las personas podrían sustituir los fármacos de marca por uno genérico y aliviar su bolsillo.

Para buena fortuna para Costa Rica, y por primera vez en suelo tico, todos estos procesos de análisis de bioequivalencia se efectuarán en la nueva unidad de la UCR a partir del 2025. ¡Un sueño hecho realidad!

“Desde Guatemala hasta Panamá y el Caribe no hay una unidad de bioequivalencia como la que hoy tiene la UCR. Hay sitios clínicos, pero no una unidad con sitio clínico como nosotros. El radio de acción de esta unidad es de 80 000 000 de personas y Costa Rica podrá bajar los costos de muchos medicamentos”, resaltó el Dr. Madrigal.

Por supuesto, las buenas noticias no se detienen aquí. Además de los procesos de bioequivalencia, esta nueva unidad va a permitir hacer estudios de fase I y de fase II para la generación de nuevos fármacos —100 % costarricenses—, que antes no se podían efectuar en el país porque no existían las condiciones.

Estas fases son las etapas iniciales en el proceso de desarrollo de medicamentos y forman parte de los ensayos clínicos.

“Su objetivo es evaluar la seguridad, la dosis y, eventualmente, la eficacia de un nuevo medicamento en seres humanos. La existencia de esta nueva Unidad de Bioequivalencia potencia la industria farmacéutica nacional, en cuanto a la generación de nuevas terapias hechas por costarricenses”, aseguró el Dr. Madrigal.

Dr. German Madrigal Redondo, director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar-UCR)

¿Por qué es tan innovador?

Para el Dr. Madrigal, esta unidad es altamente innovadora por varias razones. Primero, por el alto precio de los medicamentos en Costa Rica. En efecto.

Un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), de la Universidad Nacional (UNA), reveló sobreprecios muy altos para los medicamentos distribuidos en Costa Rica, con respecto a los mismos medicamentos distribuidos en las farmacias de El Salvador.

El estudio indica que las y los costarricenses pagan sobreprecios en los medicamentos que pueden alcanzar los $40 (aproximadamente ¢25 000 más).

“Esta unidad es el primer paso de un objetivo mucho más grande. Hasta el momento, los estudios de bioequivalencia se tenían que hacer fuera del país. Entonces, desde la UCR ya podemos ofrecer hacer estos ensayos a nivel nacional. Estos estudios van a impactar indirectamente el precio de los medicamentos porque, al tener más acceso a los medicamentos genéricos de buena calidad, los precios en el mercado disminuyen”, mencionó la Dra. Yenory Estrada Murillo, farmacéutica de la UCR e investigadora asociada del Programa de Bioequivalencia.

La Unidad de Bioequivalencia da esa oportunidad de aumentar la oferta —disponibilidad— de medicamentos en el mercado, con más opciones y nuevas oportunidades, para que toda persona siempre pueda elegir bajo el sello de seguridad, calidad y eficacia.

La segunda razón del por qué esta unidad es tan innovadora, es debido a que se necesitan tres elementos de elevado costo y altamente especializados que ahora se tienen en el país gracias a la UCR.

El primero es un laboratorio de análisis de las muestras con equipo de punta, personal especializado en el control de calidad y, segundo, una unidad de equivalencia farmacéutica con la que ya contamos: el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (Layafa-UCR).

“El Layafa-UCR se enfoca en el control de calidad de todos los medicamentos que se comercializan en el país, para que estos cumplan con todas las normas farmacopeicas —de seguridad farmacológica—”, explicó el Dr. Madrigal

“Asimismo, contamos con el Laboratorio de Biofarmacia y Farmacocinética (Labiofar-UCR), que efectúa análisis de bioequivalencia in vitro. También tiene la capacidad de hacer la parte bioanalítica, que consiste en la cuantificación del fármaco en fluidos biológicos como sangre y orina. Esto es vital en estudios in vivo para evaluar cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo humano”, profundizó el Dr. Madrigal.

El tercer aspecto es el área clínica, exclusiva para este tipo de estudios. Un análisis de bioequivalencia se debe efectuar en un lugar específico porque se trabaja con personas voluntarias, generalmente sanas, que deciden someterse al estudio.

Además, se debe tener personal con buenas prácticas clínicas y manuales de operación del sitio, así como laboratorios de química clínica y de microbiología acreditados para hacer pruebas de rigor: exámenes físicos, de sangre, bioquímica sanguínea, fundamentales para definir los criterios de inclusión del estudio.

Más que bioequivalencia

Con esta unidad, la UCR fortalece no solo el acceso a medicamentos más asequibles, sino también el desarrollo de la industria nacional. Diversas empresas farmacéuticas locales podrán validar sus productos y exportarlos a mercados internacionales que exijan estudios de bioequivalencia.

Al mismo tiempo, la unidad servirá como un centro de formación de especialistas en estudios clínicos, al atraer investigaciones internacionales y consolidar a Costa Rica como un centro regional en el desarrollo farmacéutico de vanguardia.

“Es un área clínica que abre las puertas al desarrollo de nuevos productos, de medicamentos multiorigen, y de nuevos equivalentes farmacéuticos que pueden ser intercambiables. Incluso, podemos ayudar en la identificación de nuevas formas de diagnóstico”, argumentó el Dr. Madrigal.

Dra. Yenory Estrada Murillo, farmacéutica e investigadora de la UCR

Genéticamente compatible

Otro de los avances que trae consigo este proyecto es la capacidad de realizar estudios específicos para la población costarricense.

Según el Dr. Madrigal, la genética de Costa Rica es altamente diversa, con influencias indígenas, europeas, afrodescendientes y asiáticas, lo que difiere de otras poblaciones donde comúnmente se realizan estos estudios de bioequivalencia, como Estados Unidos, Europa o Asia.

Por lo tanto, el enfoque de la bioequivalencia 100 % costarricense asegura que los medicamentos sean realmente efectivos y seguros para quienes los consumen en el país.

“Muchos de esos medicamentos genéricos o multiorigen vienen con estudios de bioequivalencia de países europeos o asiáticos cuyas personas son, genéticamente, muy diferentes a la población costarricense. Nuestra diversidad es muy amplia y, aunque esos estudios internacionales de bioequivalencia podrían servir, no son tan cercanos a nuestra realidad. Lo bueno es que vamos a hacer estudios para nuestra población y asegurar si estos medicamentos realmente son equivalentes farmacéuticos seguros, de calidad y eficaces para la población costarricense”, aseveró el Dr. Madrigal.

Evidentemente, el potencial de esta nueva unidad trasciende los estudios clínicos. Gracias a la infraestructura complementaria de la UCR, como el Ciclotrón y el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica-UCR), se podrán realizar investigaciones en radiofármacos, diagnósticos avanzados y estudios observacionales, el cual abre nuevas posibilidades para la ciencia y la medicina costarricense.

Con esta apertura, la UCR refuerza su compromiso con el bienestar de la sociedad costarricense, al democratizar el acceso a medicamentos y consolidar su posición como líder regional en innovación científica.

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

El precio de los medicamentos en Costa Rica – foro

Escrito el 27/06/2023. Publicado en Derechos.

Este jueves 29 de junio a partir de las 2 p.m. se realizará el foro El precio de los medicamentos en Costa Rica.

Se transmitirá mediante OndaUNED.

Se presentarán los primeros resultados de la investigación sobre el tema.

Panamá: un pueblo en lucha

Escrito el 30/07/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Autor: Efren Virreal Cedeño, miembro del Movimiento Humanista

Desde los años ochenta, específicamente en 1987 en las manifestaciones contra Manuel Noriega, no se veía esta reacción de la población panameña. Un pueblo unido en su diversidad: los educadores, estudiantes, profesionales de la salud, sindicatos, nuestros hermanos originarios y el pueblo en general. Nosotros los panameños somos pacíficos y quizás demasiado tolerantes al abuso, pero esta reacción indica el nivel de agotamiento, de hastío y diremos en el sentimiento, el engaño, la burla, las mentiras, la injusticia y el abuso constante de más de 30 años de los burócratas, políticos y la mafia especulativa de la clase dominante; 115 familias dueñas del 80 % de la riqueza.

Aquí –en Panamá–, Ernesto Pérez Balladares (PRD) privatizó las empresas de energía y de cable, telefonía y celulares, y Martín Torrijos (PRD) concesionó nuestros ríos para hidroeléctricas. En Panamá, hoy tenemos la electricidad más cara del mundo y las empresas de cables, celulares e internet nos estafan vendiendo un servicio que no brindan, En cuanto al combustible, también es un oligopolio manejado por los mismos que son dueños de bancos, aseguradoras, puertos, hidroeléctricas, empresas de gas licuado, hospitales, televisoras y líneas aéreas.

Las distribuidoras de medicamentos, después de la Ley de Libre Oferta y Demanda del 2001, acapararon todo el mercado, convirtiéndolo en un oligopolio. Hoy nos venden medicinas a precios hasta cuatro veces más que en otros países vecinos.

Hay hastío, hay cansancio, hay agotamiento. Este es un país con riqueza e ingreso per cápita suficiente, pero la peor distribución de los recursos en América Latina. Aquí hay dos países, uno que vive en el primer mundo: los privilegiados, y el pueblo cada vez más pobre, que vivimos en el tercer mundo.

Tenemos que construir una democracia real, participativa, un sistema de bienestar donde haya acceso a salud y educación de calidad para toda la población, y oportunidades de empleo para todos; para ello, necesitamos construir una verdadera mesa de diálogo y un verdadero proceso constituyente que termine con los oligopolios y burócratas corruptos, y que de él surja una nueva constitución, para construir una nueva República democrática, próspera, justa, incluyente y humanista.

Compartido con SURCOS por Ítalo Fera Fallas.

En las calles panameñas el pueblo solicita a su presidente atender diálogo y escuchar propuestas

Escrito el 21/07/2022. Publicado en Derechos.

El día 20 de julio de 2022 en Santiago de Veragua, al ser las 11:47 de la mañana, sale el pueblo a las calles a esperar que el señor presidente cumpla con las solicitudes, con los derechos, con los reclamos, con las largas listas de espera a él y a su gabinete y a sus ministros a lo largo de todos los años que han gobernado. Los ciudadanos se preguntan ¿dónde quedó su plan de Gobierno?, ya que para el pueblo les ha mentido y se sienten engañados. Por esto, reclaman y solicitan desde las afueras de Santiago que tomen las medidas necesarias y que respondan a la Constitución Política.

La propuestas de las organizaciones en paro son las divulgadas por el Obispo facilitador del diálogo, algunos de estos temas consensuados que se presentarán al Órgano Ejecutivo serán:

Rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional.
Rebaja y congelamiento del precio del combustible.
Rebaja y abastecimiento de medicamentos en caja de seguro social y Ministerio de Salud, sin privatizar.
Se cumpla con la Ley del 6% del PIB, para educación.
Rebaja de la energía.
Discusión del tema de la Caja de Seguro Social.
Corrupción y transparencia.
Mesa intersectorial y de seguimiento.

Cada uno de estos puntos es sometido a análisis técnico para lograr el consenso de todas las visiones y argumentos que tienen las alianzas y organizaciones presentes en la reunión.

Compartido con SURCOS por Carlos Campos Rojas.

Imagen ilustrativa.

¡Vení a dejar tus medicamentos vencidos a la UCR!

Escrito el 18/11/2021. Publicado en Derechos, Salud.

18 y 19 de noviembre de 2021 en Sede Rodrigo Facio

La Facultad de Farmacia y la empresa Roche estarán recibiendo los fármacos en el Centro de Vacunación de la UCR

El miércoles 18 y 19 de noviembre de 2021, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la compañía Roche estarán recolectando medicamentos vencidos, en mal estado o sin uso, de 8:00 a. m. a 11:30 a. m.

El lugar de recolección será únicamente el Centro de Vacunación de la UCR (comedor estudiantil) ubicado en la sede Rodrigo Facio.

Este esfuerzo se da en el marco del curso de “Intervenciones de salud pública en farmacia de comunidad”, liderado por las y los estudiantes que cursan la carrera de Farmacia de último año.

De acuerdo con la Dra. Angie León Salas, docente del curso por parte de la Facultad de Farmacia, la campaña pretende evitar un potencial riesgo de salud producto de la acumulación innecesaria y peligrosa de los fármacos. Estos pueden causar graves consecuencias ante un consumo equivocado o, incluso, de automedicación.

“Esta actividad la estamos desarrollando con estudiantes del curso, en el cual uno de los ejes de acción es desarrollar estas iniciativas para que las personas dispongan adecuadamente de los medicamentos, se reduzca el impacto de estos al medio ambiente, se prevengan posibles intoxicaciones y, al ser destruidos adecuadamente, no puedan ser utilizados para actividades ilícitas como la falsificación”, destacó la Dra. León.

Los tipos de desechos de medicamentos que se estarán recibiendo son tabletas, cápsulas, antibióticos, botellas de jarabes o incluso aerosoles de hasta 10 ml, cremas, ampollas, entre otras.

Es importante resaltar que no se recibirán jeringas de ningún tipo, frascos de medicamentos quebrados, sucios o con derrames del producto.

Un respiro al ambiente

Esta campaña de recolección de fármacos en mal estado (o sin uso) se vuelve fundamental ante la actual situación ambiental que vive Costa Rica.

Un reciente artículo publicado durante el 2020 en la prestigiosa revista Science of the Total Environment denominado “Ocurrencia de fármacos, evaluación de peligrosidad y ecotoxicológica en plantas de tratamiento de aguas residuales en Costa Rica”, encontró 33 compuestos de fármacos en aguas residuales del país.

Lo anterior fue ampliamente explicado en el suplemento C+T, en el cual se destacó que esas 33 moléculas se podían dividir en distintos grupos terapéuticos.

Entre ellos estaban los antibióticos, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), los fármacos psiquiátricos, los estimulantes del sistema nervioso central (SNC) y los reguladores de grasas, principalmente.

Luego del tratamiento de las aguas residuales, se hallaron 30 de los fármacos. En este caso, los más frecuentes fueron la cafeína, el naproxeno (para aliviar la fiebre y el dolor de cabeza) y el gemfibrozil (regulador de grasas), seguidos por el ibuprofeno y el 1,7-dimetilxantina.

La presencia de esos 30 químicos después del tratamiento del agua genera una llamada de atención importante, pues son los compuestos que, finalmente, quedarán expuestos al ambiente.

“El enfoque estimó el mayor peligro en las aguas residuales urbanas, mientras que los resultados ecotoxicológicos mostraron la mayor toxicidad en las aguas residuales de los hospitales y los rellenos sanitarios”, se menciona en el artículo científico.

Contaminantes emergentes

El Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez, microbiólogo del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA-UCR) y uno de los investigadores del artículo científico y del proyecto “CEmerge– Contaminantes emergentes: monitoreo y diseño de estrategias para la mitigación de su impacto ambiental”, indicó que tirar a la basura convencional los fármacos que ya no sirven por una u otra razón los convierte en contaminantes emergentes.

¿El motivo? La liberación de los compuestos químicos potencialmente dañinos, los cuales afectan a los microorganismos que están en contacto con las aguas residuales del país. Pero no solo eso, sino también se incentiva la presencia de microplásticos producto de la desintegración de los blísteres.

“Los fármacos de consumo humano son contaminantes ambientales de gran importancia. Por eso, la gente no debería tirar pastillas sin usar o vencidas, y tampoco sobredosificarse con ellas”, señaló el Dr. Rodríguez en el C+T.

Otros de los detrimentos ambientales del mal desecho de los fármacos está en la resistencia a los antibióticos. En la última comunicación emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se indicó que la resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos.

“Día tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos mecanismos de resistencia que ponen en peligro nuestra capacidad para tratar las enfermedades infecciosas comunes. Un creciente número de infecciones como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la gonorrea o las enfermedades de transmisión alimentaria, son cada vez más difíciles —y a veces imposibles— de tratar, a medida que los antibióticos van perdiendo eficacia”, anotó la OMS en su página oficial.

Así, el desecho adecuado de estos recursos es crucial para evitar el desequilibrio ambiental y alteraciones en las comunidades de microorganismos tanto acuáticas como terrestres.

“Cuando se finaliza un tratamiento médico, los envases en donde vienen empacados los medicamentos, como por ejemplo los frascos de vidrio, láminas de aluminio y cajas de cartón, no deben desecharse en un basurero común. Lo mismo sucede si hubiera sobrantes del medicamento o si este estuviera vencido. No se recomienda tirarlos por desagües o en el servicio sanitario, ya que podrían llegar a fuentes de agua y suelos, en donde las bacterias ambientales podrían comenzar a adaptarse, desarrollar mecanismos de defensa y proliferar en el ambiente. Además, si las personas enferman con este tipo de bacterias disminuyen las opciones de tratamientos que puedan ser efectivos para tratar estas infecciones”, explicó Gina Gutiérrez, farmacéutica y coordinadora de calidad de Roche.

La campaña de recolección también será un espacio para educar a la población costarricense en el manejo responsable y seguro de los medicamentos.

Actualmente, gran parte del presupuesto que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se invierte en medicamentos. Esto es un gasto importante para el país, por lo que es necesario aprovechar estos fármacos de manera óptima.

En caso de que no pueda acudir a la campaña de recolección, se les recomienda acercarse a su Ebáis o clínica más cercana y consultar si pueden ser recibidos sus medicamentos vencidos, así cómo aprovechar otras campañas de recolección de medicamentos para que se les pueda dar un manejo adecuado a estos desechos.

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Medicamentos en Costa Rica: salud pública en manos privadas

Escrito el 10/11/2021. Publicado en Derechos, Salud.

APSE Informa invita a su programa, Desde la Otra Acera, con el tema “Medicamentos en Costa Rica: salud pública en manos privadas”. El mercado de medicamentos en Costa Rica mueve cerca de $550 millones anuales, pero sólo 3 compañías controlan más del 60% del mercado. ¿Es posible bajar los precios sin romper las prácticas de monopolio?

Se contó con la participación de Horacio Strickland, de la AFAPROFACO, de la Dra. Ana Zhen, de la ASOFACO, y del Dr. Albin Chaves, especialista en farmacoepidemiología.

El vídeo completo se encuentra en el siguiente enlace: https://fb.watch/8X0vPzyWoh/

Clamor ciudadano para bajar precio de los medicamentos

Escrito el 20/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Un asunto a flor de piel en la ciudadanía es el alto precio de los medicamentos que expenden las farmacias, sean las organizadas en grandes cadenas o individuales. Es un clamor y un justo reclamo que viene desde hace algún tiempo y que ha crecido, con mucha fuerza, a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Eso se ha puesto en evidencia en las últimas semanas cuando se propagandizó una iniciativa con tal propósito, impulsada por el candidato oficialista, Welmer Ramos. Sin embargo, esta propagandización de una iniciativa necesaria desde largo tiempo, ha sido contaminada por la campaña electoral, que, aunque el TSE no ha dado el banderillazo oficial de salida, para algunas agrupaciones políticas ya empezó hace meses.

Mientras esto sucede, en la agenda de Gobierno como en la legislativa se han buscado invisibilizar dos iniciativas impulsadas por el diputado, Walter Muñoz Céspedes y la fracción del Partido Integración Nacional (PIN). Una de ellas busca regular el precio de los medicamentos y otra que impactaría de inmediato en su precio para los consumidores, porque se orienta a bajarle el Impuesto de Valor Agregado (IVA). Ambos proyectos de ley fueron presentados en el año 2020 e, incluso, fueron oportunamente dictaminados.

Realmente, se trata de dos proyectos urgentes y que eran impostergables desde que se presentaron el año anterior, cuando era previsible la necesidad imperiosa de bajar el precio de los medicamentos tanto para atender la enfermedad pandémica como para tratar otro tipo de padecimientos. Asimismo, esta urgencia estaba asociada a que la crisis económica agravada por la pandemia se traduciría en una reducción brusca de ingresos como la que han experimentado millares de familias costarricenses en los últimos meses.

Sin embargo, para muchos medicamentos ha sucedido lo contrario, en el último año y medio que llevamos de pandemia, ya que han sido incrementados sus precios. Ejemplo de ello lo constituyen algunos analgésicos y anti-inflamatorios, que en algunos casos han subido hasta en un 57 %. Es oportuno destacar aquí que Costa Rica tiene los precios más caros en medicamentos de toda Centroamérica.

En abril del año 2020, el diputado Muñoz Céspedes le solicitó al Poder Ejecutivo que incluyera en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el proyecto para bajar el precio de las medicinas. El presidente Alvarado no lo hizo cuando la pandemia apenas mostraba en forma incipiente los peligros a los que se enfrentaba el país y tampoco lo hizo más adelante. Era un momento oportuno tanto porque la rebaja de los medicamentos se convertiría en un factor coadyuvante para enfrentar la enfermedad como por el hecho indiscutible de que la campaña electoral no se iba a levantar como un freno ante cualquier iniciativa de esta naturaleza.

Hoy día la polarización política creciente y que crecerá aún más al calor del desarrollo de la campaña electoral, es posible que se convierta en un valladar insuperable para una iniciativa de tanta urgencia.

Esta situación que afecta tanto a una gran mayoría de la población del país, debe fijar responsabilidades en una Administración como la de Carlos Alvarado, que ha manejado tan deficitariamente la pandemia como de quienes ocupando responsabilidades en el Parlamento no colocaron a este tipo de proyectos en el debate para su urgente aprobación.

Desde que se produce el medicamento en los laboratorios hasta que llega al consumidor, los distribuidores y las farmacias, obtienen ganancias que está muy por encima de lo justo y racional. No se trata de arruinar a nadie y menos a las pequeñas farmacias, que, si son afectadas y empujadas a su cierre, no es por el precio de los medicamentos sino por las acciones oligopólicas de las grandes cadenas que se han venido apoderando del mercado.

Esto no es ni más ni menos que un asunto de salud pública que debe formar parte del interés nacional con respecto al derecho a la salud, pero hace rato algunos pocos que detentan gran poder económico como político, han degradado avances en derechos humanos que singularizaron a Costa Rica, en simples ganancias que engrosan sus abultadas cuentas bancarias. Sin duda que su ambición desmesurada es un poderoso disolvente del Estado Social de Derecho, que tanto nos costó construir como sociedad y como país.

Mujeres por Costa Rica

Escrito el 14/09/2021. Publicado en Derechos, Salud.

Mujeres por Costa Rica no se encuentran de acuerdo con que el expediente N° 21368, para controlar el precio de los medicamentos, fuera archivado.

Demandan que se retome el proyecto.

Compartido con SURCOS por María Elena López.

Con solidaridad y empeño, estudiantes de la UCR fortalecen el derecho de acceso a la salud

Escrito el 31/07/2021. Publicado en Derechos, Salud.

Cuando más se necesita

TCU pasó de estar centrado en la prevención de intoxicaciones a ser un aliado del derecho a la salud de las personas más vulnerables

De prevenir intoxicaciones a defender el derecho de acceso a la salud de las y los costarricenses, especialmente, de quienes son más vulnerables.

De esa forma se puede describir el esfuerzo realizado por casi 48 estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que integran el trabajo comunal universitario (TCU) 661 denominado “Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses”.

Cada persona, en compañía del Dr. Freddy Arias Mora (coordinador del proyecto y docente de la Facultad de Farmacia), decidió no detener sus funciones en medio de la pandemia.

En cambio, ellos y ellas unieron sus destrezas para ayudar a atender las necesidades de una población que, durante una fuerte emergencia sanitaria, veía sus derechos de acceso a la salud debilitados.

“El TCU de prevención de intoxicaciones tenía una gran cantidad de actividades presenciales. Con las restricciones de la pandemia ya no podíamos llegar físicamente a las comunidades. Entonces, para no detenernos, decidimos atender otra situación igualmente importante: las dificultades de acceso a algunos servicios de salud que tenían las comunidades y que se agudizó más con la pandemia”, comentó la estudiante de Derecho e integrante del TCU, Valeria Rodríguez Quesada.

El comienzo

El TCU 661 inició en el 2018 con el propósito de prevenir las intoxicaciones por medicamentos o pesticidas en comunidades costarricenses, cuya tendencia a envenenamientos agudos era alta.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, la presencia en las comunidades se hizo más compleja. Así, se tuvo que reinventar la labor para atender nuevas problemáticas.

“Lo que pasó con la llegada de la pandemia es que los esfuerzos se centraron en atender el COVID-19 y mucha de las otras atenciones se estaban quedando desplazadas. Por eso, queríamos hacer algo. Consideramos que la UCR tiene una importante labor en el acompañamiento de la sociedad civil en procura de abrir espacios de diálogo y de construcción en la toma de decisiones que mejoren la calidad de vida de las personas”, comentó el Dr. Arias.

De acuerdo con el coordinador del TCU, parte de las dificultades concretas eran de acceso a medicamentos, terapias y soporte emocional. Ante esto, el proyecto se unió a la Federación ONGs de Pacientes Costa Rica.

Dicha Federación contempla un aproximado de 40 colectivos que dan apoyo a personas con enfermedades específicas. Por ejemplo, padecimientos autoinmunes, cáncer de mama, pulmón o la enfermedad de Crohn.

Como resultado de la alianza, mediante el trabajo conjunto los estudiantes del TCU se abocaron a cumplir el reto: generar las capacidades para que, desde la Federación, las personas cuenten con nuevas posibilidades que les permitan disfrutar de un mayor bienestar físico, social y emocional.

“No trabajamos directamente con los pacientes, sino con las ONGs concretamente con sus liderezas y líderes para fortalecer su empoderamiento. Queremos que conozcan los sistemas y métodos para solucionar problemas y que no sea solo por las vías judiciales”, afirmó el Dr. Arias.

Como parte de su esfuerzo, en el último año el TCU ha logrado importante resultados con varios actores desde la Federación ONGs de Pacientes Costa Rica. Entre ellos están el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la Cámara Costarricense de Salud y hasta con el mismo Ministerio de Salud en diferentes proyectos.

“El trabajo realizado fue con total entrega y profesionalismo. Siempre han mostrado un gran interés al brindar lo mejor e, incluso, la planificación y logística siempre los distinguió en todas las funciones que se asignaron. Yo destacaría el acompañamiento que brindaron en las entrevistas con las diferentes ONGs, ya que realizaron un trabajo uno a uno. Incluso, según el caso, aportaban ideas para que la ONG que estaban entrevistando lograra tener soluciones a problemas que presentaban. También el acompañamiento a las diferentes mesas de diálogo y los aportes tan importantes que brindaron, incluyendo el trámite de minutas”, comentó Viviana Leal, presidente de la Federación.

Aporte inigualable

Si todo el trabajo lograra ser descrito desde la mirada estudiantil, la palabra más cercana sería enriquecedora. Estefanía Zúñiga Vega, estudiante del TCU y de tercer año en la carrera de Trabajo Social, así lo hace ver.

“El proyecto me ha brindado un panorama más abierto con respecto a los ámbitos de intervención desde el Trabajo Social en torno al campo de la salud. El aprendizaje más favorable ha sido el poder investigar sobre los padecimientos a nivel teórico, y a la vez nutrirme con los testimonios de los y las pacientes de una forma práctica”, dijo la joven.

En lo mismo coincidió María Fernanda Sánchez, estudiante de Farmacia, al decir que la experiencia ha sido bastante provechosa a pesar de la pandemia y de las limitaciones.

“Esto nos enseñó que las labores que realiza una iniciativa de trabajo comunal pueden ser también adaptables al trabajo con modalidad virtual y que se puede seguir teniendo un alto impacto en el aporte a la sociedad. Desde el punto de vista de la profesión farmacéutica, el TCU me ha brindado oportunidades para explotar mis conocimientos”, compartió.

Lo anterior no es para menos. Cada estudiante ha alcanzado nuevas experiencias desde el derecho a la salud, el cual a veces no está del todo presente en el día a día del ejercicio profesional, comentó el Dr. Arias.

Hacia las puertas de un cambio

Recientemente, el TCU planteó a las autoridades universitarias cambiar el nombre del proyecto. El objetivo es que se llame: “Acompañando el ejercicio del derecho al acceso a la salud en comunidades costarricenses”.

Según el Dr. Arias, la propuesta de la modificación es para visibilizar un trabajo más coherente con el esfuerzo vigente desarrollado en las comunidades y con el impacto que se espera alcanzar dentro de esta población.

“No hemos dejado del todo los temas de intoxicaciones, porque los objetivos del proyecto están ahí. Mientras nos esforzamos por seguir previniendo las intoxicaciones mediante las redes sociales, al mismo tiempo trabajamos en el acompañamiento de la población en la defensa de su derecho a la salud. Ahora lo que tenemos es un proceso con la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) para formular un nuevo proyecto dirigido a cumplir con estos objetivos”, explicó el Dr. Arias.

Con la Federación ONGs de Pacientes Costa Rica, el trabajo del TCU se ha ampliado a tres ejes principales, que ahora se pretenden robustecer.

El primero es el de educación, en el desarrollo de cursos de capacitación para fortalecer las capacidades de las ONGs. El aporte va desde sistemas informáticos hasta información sobre el acceso a medicamentos, investigación biomédica y otros. En cada taller a los participantes se le brindan elementos básicos para el empoderamiento de los pacientes acerca del derecho a la salud.

Posteriormente está el eje de incidencia política. Aquí se acompaña a los miembros de la Junta Directiva de la Federación ONGs de Pacientes en la generación de estrategias de participación ciudadana y relaciones públicas.

Finalmente está la obtención de fondos, en el cual se impulsan proyectos para la formación, la incidencia y el mejoramiento de las capacidades de la Federación. El trabajo se realiza siempre con equipos de trabajo que resaltan por su interdisciplinariedad: Derecho, Estadística, Ciencias Actuariales, Trabajo Social, Química, Medicina, Enfermería, Salud Ambiental, Ciencias Políticas, entre otras.

“A pesar de que la reformulación del TCU lleva tan solo unos meses, durante este lapso hemos logrado avances importantes en pro de los derechos de las personas pacientes. El plan de trabajo que hemos formulado con la Federación es de largo alcance y vasta complejidad, y pretende atender la existencia de riesgos y deficiencias estructurales. En este sentido, nuestros esfuerzos seguirán dirigidos a la consolidación de dicho plan y el logro de la defensa de los derechos de los pacientes en todas sus dimensiones”, puntualizó el Dr. Arias.

Si desea conocer de cerca este TCU puede seguir la página de Facebook https://www.facebook.com/Derechos-de-Pacientes-102550785372625.

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

*Imagen: En la fotografía aparecen estudiantes del TCU de la UCR, personas de la Federación ONGs de Pacientes Costa Rica y de la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Foto cortesía de Freddy Arias.

Consideraciones para el Consejo de Rectoría Ampliado de la Universidad de Costa Rica

Escrito el 21/07/2020. Publicado en Derechos, Trabajo.

Juan Armando Navarro Martínez
Abogado – SINDEU

Hay tres consideraciones que no se les ha prestado atención, sobre lo que establece el Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público, Expediente Número 22.081 de la Asamblea Legislativa.

La primera puede ser blindarse en las acciones que la Universidad está realizando como: los respiradores no invasivos; el suero contra el COVID-19; los protectores faciales; repartir medicamentos de la CCSS a pacientes; participar en los operativos de tránsito; mantener el respaldo al sector productivo agropecuario en un momento donde la soberanía alimentaria importa más que antes; la participación indiscutible de profesores y estudiantes que están día a día en primera línea, trabajando en las instituciones que el artículo 2 del proyecto de ley tiene como excepciones; mantener la continuidad de los estudios de toda la población estudiantil en todo el país; redistribuir presupuestos internos y aportar de sus finanzas para la atención de la crisis; entre muchas otras acciones que se están realizando en la Universidad de Costa Rica para enfrentar la pandemia; estas, ya son razones suficientes para exigir que la Universidad de Costa Rica (y a las Universidades Públicas) integre la lista de excepciones de instituciones que están combatiendo la pandemia.

Esto tiene fundamento en los principios de realidad, equilibrio, razonabilidad, sana crítica, equidad, igualdad y no discriminación, entre otros; así como, la diferencia que se daría entre la aplicación de los artículos 128-139 de la Ley General de Administración Pública sobre la eficacia del acto administrativo y, por otro lado, lo que establece el artículo 6 de la misma ley, sobre la jerarquía de las normas. Lo cual quiere decir que, pese a la eventual existencia de un acto administrativo que contemple todos los contenidos de los artículos 128-139 citados, este acto nunca podrá irrespetar la jerarquía de las normas que, por considerable importancia, está en la parte general de ley.

Pese a lo expuesto, la segunda consideración debe generar una discusión mayor que lo antes mencionado, está en la aplicación que estable el artículo 1 del proyecto de ley. Este se refiere a que se aplica a las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley número 2166, que con la aprobación del Plan Fiscal quedó, así redactado en el inciso 2): La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. (Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018).

Por varias razones, eso excluye a la Universidad de Costa Rica de la aplicación. Lo primero es que el artículo 26 de la Ley citada, es parte del capítulo III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO, únicamente; esto ya está siendo aplicado por el Rector mediante resolución R-73-2019.

El artículo 1 de la misma ley, refiere a la aplicación general de la ley: La presente ley se dicta para garantizar la eficiencia de la Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para todas las clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de Puestos, conforme lo dispone el Capítulo X del Estatuto de Servicio Civil. Evidentemente, la Universidad de Costa Rica no tiene ninguna relación o responsabilidad administrativa con el Manual Descriptivo de Puestos ahí mencionado.

Además, es claro que existe en proceso Contencioso Administrativo que pretender dirimir la diferencia absurda entre incluir a las Universidades Públicas en un reglamento, cuando no se incluyó en la ley. Existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que se cita en los votos 495-92 y 1313-93, en la cual se establece que, la autonomía de las Universidades Públicas es superior y diferente a la que se dispone en los artículos 188 y 190 de la misma Constitución, la cual es la que hace referencia a las Instituciones Autónomas. De manera que, en caso que una ley o jurisprudencia indique que se aplica a las instituciones autónomas, debe entenderse que no incluye a las Universidades Públicas, salvo que la norma lo haga bajo texto expreso.

Está de más decir que, esto es materia fundamental del primer mes en la carrera de derecho y en varios cursos del derecho, principalmente en el curso de Introducción al Derecho, cuando se ve la pirámide de Kelsen sobre la jerarquía normativa (del texto Teoría Pura del Derecho), en este sentido, no tengo duda que si se le pregunta a un estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad, emitirá contundente respuesta diciendo que el reglamento tiene un rango inferior a la ley y no la puede equiparar o sustituir.

Entonces ¿por qué el Rector resuelve el pago de la cesantía como indica el título III del Plan Fiscal desde el 15 de marzo de 2019 y ahora dice La Nación del 10 de julio de 2020, sin que exista resolución institucional, que la Universidad pagará la anualidad del título III del Plan Fiscal y no lo que indica la Convención Colectiva de Trabajo? ¿Por qué aplicar el título III del Plan Fiscal en momentos diferentes?

La tercera consideración es la captura del jerarca. Es de suponer que, con la amenaza de miedo y control, el Gobierno está utilizando la pandemia como forma de infundir temor y control para que la clase trabajadora no se movilice, todo lo contrario, que se paralice, sea obediente y haga únicamente, lo que dice el Gobierno sobre como “enfrentar la pandemia”.

En el caso del Rector, debe estar amenazado por la PGR y la CGR que, si decide no aplicar el título III del Plan Fiscal de manera ilegítima, como le indican, que harán el informe correspondiente para enterar al Ministerio Público de la supuesta irregularidad del jerarca, situación que le podría significar eventualmente repercusiones penales por emitir resoluciones contrarias a la ley (prevaricato).

Pese a que los contenidos del Proyecto de Ley 22.081 son de todas formas ilegales, es posible que en el caso que exista algún intento de consolidar la aplicación del contenido del proyecto, en el momento en que sea ley, si es que ocurre, sea la claudicación del jerarca frente a las presiones, temor y control del Gobierno.

Sólo una observación de lo expuesto. La clase trabajadora no se ha dejado intimidar, sigue organizando la lucha, ha exigido respeto, se ha movilizado y continuará haciéndolo. El Consejo de Rectoría Ampliado debe ver en toda la Comunidad Universitaria la articulación de la lucha y la defensa de la Universidad de Costa Rica. Las personas trabajadoras están dispuestas a articular esa lucha frente a los ataques del Gobierno y demás, Poderes de la República. Lo mínimo esperable del Consejo de Rectoría Ampliado es determinar el rechazo al Proyecto de Ley 22.081 y resolver de inmediato la movilización de toda la Comunidad Universitaria para la defensa de la Educación Superior Pública y de Calidad.

No permitamos más robos al empleo público, de cualquier manera, que propongan las estructuras de poder, la eliminación de derechos laborales en razón de la pandemia, es un manifiesto ilegal, inconstitucional e inmoral.

UNIDOS SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES