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Etiqueta: MEP

Jerarcas del MEP y el Festival Estudiantil de las Artes etapa Nacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Licda. Vivian Rodríguez Araya.
Secretaria General
Estructura SEC Zonal 29

Decisiones irresponsables, engaños a la comunidad educativa en general, acciones arbitrarias, la no transparencia, eso es lo que los jerarcas del MEP han recetado en torno al Festival Estudiantil de las Artes etapa Nacional 2023.

Luego del escándalo en medios de comunicación sobre la decisión de suspender el Festival Estudiantil de las Artes etapa nacional por falta de recursos, indicaron que se detenía la suspensión del festival, y que se realizaría en las mismas condiciones que años anteriores….

FALSO, no se contaba con los recursos, rasparon las ollas de contenidos presupuestarios de otros programas importantes de Vida Estudiantil, pero aun así no era suficiente dinero para cumplir todas las necesidades logísticas, Pese a los esfuerzos de los mandos medios que comunicaron a los jerarcas de la situación real, y la petición del SEC la ministra de cumplir con el destino de los fondos correspondientes, la jerarquía decide seguir con la realización del FEA de manera irresponsable y arbitraria.

Con mucha incertidumbre, preocupación y tristeza de la realidad, los funcionarios del MEP continúan trabajando por mantener la organización técnica y logística del festival, no obstante los resultados son estos; Jerarquía envió convocatoria oficial de convocatoria extemporánea a centros educativos, indicaron que no se cubriría transporte ni hospedaje, alimentación no óptima, el lugar no se ajusta a los parámetros técnicos, la no asistencia de centros educativos por falta de recursos, y la dirección improvisada para tratar temas.

Ha sido muy triste, el FEA está tan institucionalizado y es tan querido que, aunque lo tratan de asesinar no muere, es hermoso ver participar pequeñines y jóvenes vestidos, maquillados, etc. Felices de que si pudieron llegar y realizar su presentación en la etapa nacional.

No obstante, el panorama es todavía más negativo, la ministra de Educación hace dos meses defendió el presupuesto 2024 ante la Asamblea Legislativa y la propuesta presentada llevaba mucho más y significativos recortes presupuestarios para los programas de arte, cultura, música y deporte.

Que gran impotencia y desaliento se siente con estos escenarios, aunque se compensa con los rostros felices de estudiantes que sí pudieron participar.

Estos son los escenarios que se viven todos los días en las oficinas centrales del MEP, una real improvisación total, ahora pueden imaginar los escenarios e incertidumbre que se viven en los centros educativos, quienes deben bajar la comunicación directa a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes y encargados de familia.

Huelga indefinida en el Liceo Rural Tsikriyök

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Uriel Rojas

CABAGRA DE BUENOS AIRES

Estudiantes y padres de familia del Liceo Rural Tsikriyök situados en el territorio Indígena de Cabagra de Buenos Aires amanecieron este viernes en huelga indefinida.

La razón de dicho movimiento es oponerse a la eliminación de los Códigos de Orientación y Oficinista en el colegio.

La disminución en el número de matrícula ha traído como consecuencia que el Ministerio de Educación Pública tomara la decisión de eliminar los Códigos de Orientación y Oficinista, lo que a juicio de los huelguistas, “dejaría a los estudiantes en una posición de indefensa y desigualdad, en un contexto donde ellos necesitan de una orientadora que atienda sus casos, tanto personales como vocacionales, a la cual le depositan toda su confianza, además de ayudarlos de forma importante en otros trámites”.

Además, alegan que la oficinista juega un rol fundamental en este colegio, ya que es de mucha ayuda para ellos y los padres de familia en diversos trámites.

Los manifestantes se mantendrán en posición de huelga indefinida hasta que el Ministerio de Educación Pública los escuche, les atienda el caso y les mantenga estos Códigos de Orientación y Oficinista por excepción.

Este centro educativo de secundaria se ubica en el Territorio Indígena de Cabagra de Buenos Aires, Puntarenas.

Educación inclusiva implica evaluación inclusiva, también con pruebas estandarizadas

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

COMUNICADO

Ante las recientes declaraciones de la Señora Ministra de Educación Pública, consideramos necesario aclarar, a la opinión pública, y reafirmar ante las personas estudiantes, docentes, y padres y madres de familia, algunos conceptos fundamentales relacionados con la evaluación de los aprendizajes, en el contexto de la educación inclusiva, tanto por medio de pruebas de aula, construidas por la persona docente, como por medio de pruebas estandarizadas educativas, y recordando precisamente que la evaluación educativa, como disciplina científica, se basa en la ética y el rigor técnico como pilares fundamentales.

La ética evaluativa a nivel internacional, y las leyes de nuestro país, señalan que, al haber personas estudiantes con alguna situación de discapacidad, incluidas en la educación regular, es necesario asegurar su plena participación en igualdad de condiciones y oportunidades, tanto a nivel de aprendizaje, como en las distintas formas de evaluación que se empleen, sean estas pruebas de aula o pruebas estandarizadas educativas.

En primer lugar, debemos recordar que la educación inclusiva se enfoca en la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación plena de todas las personas estudiantes, entre ellas las que están en situación de discapacidad. Existe, además, abundante evidencia científica de los beneficios educativos y sociales de la educación inclusiva, al crear ambientes escolares que promueven la diversidad, el respeto y la inclusión.

Ahora bien, la evaluación de aula es construida por la persona docente, y es utilizada para la gestión de los procesos de enseñanza con sus estudiantes, en un contexto específico. Es parte de la llamada micro-evaluación y es un proceso que se realiza con diferentes instrumentos, entre ellos pruebas diagnósticas, formativas o sumativas, las cuales permiten al profesorado orientar su enseñanza, según los requerimientos del estudiantado a su cargo. Precisamente, el anterior es el valor agregado de las pruebas en el aula; ya que la validez de estas evaluaciones tiene sentido cuando se interpretan en el contexto específico del grupo de estudiantes para las que fueron diseñadas.

Respecto a las pruebas estandarizadas educativas, cabe resaltar que son exámenes que se construyen, aplican y califican en condiciones estándar o equivalentes, y usualmente deben estar alineados al currículo de programas de estudio específicos. Es así como evalúan los mismos aprendizajes en la gran mayoría de las personas examinadas, y por tanto generan puntuaciones que son comparables entre la población estudiantil. Se diseñan y validan siguiendo principios fundamentales de rigor científico y ética. Estas pruebas aportan información sobre los niveles de desempeño de las personas estudiantes en los aprendizajes evaluados. De esta manera, las autoridades educativas pueden tomar decisiones en cuanto al logro de los niveles meta de los aprendizajes por parte del estudiantado, identificando también situaciones de inequidad, referentes a diversas variables sociodemográficas y geográficas, con el fin de tomar medidas correctivas y brindar los apoyos y refuerzos que se requieran.

Debemos recordar también que los resultados de una prueba estandarizada, bien construida y debidamente validada, brindan una línea base para evaluar el desempeño de todas las personas estudiantes en relación con las metas de aprendizaje establecidas en los programas de estudio, y utilizadas con propósitos formativos, ofrecen, asimismo, a cada estudiante y sus correspondientes docentes, una descripción de sus fortalezas y áreas de mejora en aprendizajes. Finalmente, las autoridades educativas y otros sectores involucrados deben utilizar los resultados de estas pruebas para ejecutar y desarrollar políticas educativas en torno a temas de excelencia y equidad en la educación.

Ahora bien, en el contexto de la educación inclusiva y reconociendo la diversidad existente en el estudiantado, la evaluación inclusiva implica que los procedimientos aplicados deben ser de accesibilidad universal, de manera que queden eliminadas todas aquellas barreras que restrinjan la participación plena y activa de la totalidad de la población estudiantil.

Entonces, desde el marco de referencia asociado a las pruebas estandarizadas y para sus procesos de elaboración y validación, es necesario reconocer dos situaciones: por un lado, aquellas personas estudiantes que poseen alguna condición física, psicosocial, sensorial o de aprendizaje que no afecta su desarrollo intelectual, y que reciben todos los temas de los programas de estudio en una asignatura específica van a requerir probablemente de ciertos apoyos educativos y/o productos de apoyo, para acceder a los contenidos de las pruebas, que les permitan estar en igualdad de oportunidades con el resto del estudiantado. A este tipo de apoyos se les ha conocido anteriormente como adecuaciones no significativas, y adecuaciones de acceso, dado que el contenido de la prueba se mantiene. Por ejemplo, en la aplicación de las diversas pruebas de admisión a las universidades públicas, se ofrecen una variedad de apoyos de este tipo, para garantizar la equidad en el acceso a su contenido. Tal es el caso de pruebas que se presentan en el sistema Braille o con lector de pantalla para hacerlas accesibles a las personas con ceguera o baja visión, la disponibilidad de rampas o ascensor para personas usuarias de silla de ruedas, andaderas, coches u otros, que requieren llegar a un aula en un piso superior para realizar el examen, o la interpretación de la prueba en la LESCO (Lengua de Señas Costarricense) para una persona sorda. Como los contenidos que mide la prueba se mantienen, los puntajes de las personas que reciben estos apoyos son totalmente comparables a los de la población que no los requiere, y, por tanto, los resultados de ambos grupos se analizan conjuntamente, y se generan las mismas interpretaciones.

Otra situación diferente se origina con las personas estudiantes que presentan diversidad intelectual y funcional, y que, de acuerdo con ajustes razonables en el contexto de la educación inclusiva, reciben contenidos educativos modificados o adaptados a su perfil. A estas personas se les debe brindar evaluaciones de su rendimiento escolar equivalentes a las de la población sin discapacidad, pero modificadas según su propuesta educativa particular. Tal puede ser el caso de personas con síndrome de Down o Trastorno del Espectro Autista, por ejemplo. Entonces, en un modelo educativo inclusivo, una prueba estandarizada de contenidos curriculares puede presentar ciertas modificaciones, de tal manera que se incluyan en ella solo los aprendizajes que fueron gestionados, en particular, para esa persona estudiante. El grado de comparabilidad entre los puntajes de estas pruebas estandarizadas modificadas y los puntajes de los estudiantes de la población sin la modificación es variable, por tanto, en general, deben analizarse e interpretarse de manera separada. Aun así, se pueden construir indicadores del desempeño para esos grupos de estudiantes. También es relevante mencionar que frecuentemente sucede que una persona estudiante requiere ajustes razonables solo en alguna(s) de las asignaturas. Por supuesto, si este es el caso, dicha persona resolverá la prueba estandarizada sin modificar en aquellas asignaturas donde no requiere ajustes razonables, y la prueba estandarizada modificada en aquellas donde sí presenta ajustes razonables.

Ciertamente para las personas especialistas en evaluación educativa el modelo de la educación inclusiva y, consecuentemente, de la evaluación inclusiva, representa retos metodológicos, tanto para la construcción y validación de pruebas estandarizadas, como para el análisis e interpretación de los resultados, puesto que la prueba estandarizada con contenidos modificados no es, de oficio, directamente comparable con la aplicada a la población regular. Por ejemplo, los resultados de las pruebas estandarizadas con modificaciones no deberían ser parte de los análisis estadísticos realizados con los datos de la población que no presenta alguna discapacidad, y las interpretaciones en términos de las descripciones de los desempeños estudiantiles, según los puntajes de las pruebas, también cambiarán. Pero estos asuntos técnicos de ninguna forma deben limitar la participación de todas las personas estudiantes en los procesos evaluativos que involucren pruebas estandarizadas.

Existe en el país un ejemplo de una prueba que, desde su misma concepción, es adaptable para evaluar poblaciones con diversidad intelectual en el contexto de la educación inclusiva, permitiendo la diferenciación de contenidos. Se trata de la prueba de dominio lingüístico en lenguas extranjeras, desarrollada por la Universidad de Costa Rica, y que está alineada al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esta prueba puede ser adaptada fácilmente para que evalúe solo los niveles recomendados por especialistas en Educación Especial, en aquellas personas con alguna discapacidad en sus habilidades intelectuales. Por ejemplo, hay posibilidad de evaluar, de acuerdo con su perfil, solamente hasta el nivel de desempeño A2 (principalmente precisión y descripción), por lo que el instrumento es ensamblado con ítems específicos para este nivel. Así se evita exponer a la persona estudiante a restricciones arbitrarias de exclusión de la prueba, que la ponen en una situación de desventaja, y, además, se obtiene información de su propio desempeño, de forma equitativa al resto de la población estudiantil. Nuestra propuesta es que se use ese mismo modelo en las otras asignaturas de la educación regular.

En este contexto, reconocemos que el Ministerio de Educación Pública cuenta con especialistas, no solo en Educación Especial, sino en evaluación con pruebas estandarizadas, quienes poseen el conocimiento necesario para crear estos instrumentos y hacerlos inclusivos para todo el estudiantado, pues son claros los beneficios educativos y sociales de la educación y de la evaluación inclusiva.

La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown), y el Colectivo Mujeres por Costa Rica, instamos vehementemente a las autoridades del Ministerio de Educación y al Consejo Superior de Educación, para que utilicen los valiosos recursos disponibles y la experiencia acumulada, y cumplan con su deber de realizar procesos evaluativos que sean inclusivos y respetuosos de los derechos del estudiantado, pues se trata de derechos salvaguardados en nuestra legislación, jurisprudencia y en las convenciones suscritas por nuestro país. Todo lo anterior con el fin de continuar por el camino trazado hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad, respetando las diferencias individuales y la dignidad de cada persona estudiante. De nuestra parte estamos, igualmente, en la mejor disposición para colaborar en dichos procesos.

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez
Doctora en Educación
Máster Académica en Evaluación
Educativa

María Julieta Solórzano Salas
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa

Eiliana Montero Rojas
Doctora en Evaluación Educativa
Profesora Jubilada
Universidad de Costa Rica

Diana Arce Flores
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa
Administrativa-docente

M.Sc. María del Rocío Ramírez González
Analista Curricular, Colypro

Katalina Perera Hernández
Docente e investigadora
Doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica

Allen Quesada Pacheco
Doctor en Currículo e Instrucción y
M.Sc. en Tecnología educativa
Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras, ELM

Laura Jiménez Umaña
Máster en Evaluación Educativa
Investigadora y Evaluadora

MTE. Juan Carlos Mora Hernández.
Máster en Tecnología Educativa (ITESM)
Educador Pensionado
Analista Curricular, Colypro

Sandra Zúñiga Arrieta
Máster en Evaluación Educativa
Educadora

Dra. Vanessa Smith Castro
Psicóloga
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Escuela de Psicología
Universidad de Costa Rica

Luis Miguel Rojas Torres
Máster en Estadística
Doctor en Educación
Escuela de Matemática e Instituto de Investigaciones Psicológicas
Universidad de Costa Rica

Yency Calderón Badilla
Profesora
Máster Académica en Evaluación Educativa

Colaboradora: M.Sc. Carolina Álvarez Rodríguez
Profesora de Educación Especial, UCR

Por la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown):

Rosette Kleiman Neuman
Trabajadora Social
Presidenta de Junta Directiva

Maureen Fernández Arrieta
Administradora de Empresas
Vicepresidenta de Junta Directiva

Itzel Zúñiga Alfaro
Administradora de Empresas
Secretaria de Junta Directiva

Josec Salazar Hernández
Agente de Aduana
Tesorero de Junta Directiva

Nohelia Useche Peñaloza
Coordinadora Educativa
Vocal 1 de Junta Directiva

Natalia Vargas Calvo
Asistente de Oficina
Vocal 2 de Junta Directiva

Yalile Chacón Hernández
Contadora Pública
Vocal 3 de Junta Directiva

Adriana María Ureña Suárez
Psicopedagoga
Fiscal de Junta Directiva

Éricka María Álvarez Ramírez
Abogada Especialista en Derechos Humanos
Miembro de ASIDOWN

Mildred García González
Fisióloga y Máster en Derechos Humanos
Miembro de ASIDOWN

Ana Helena Chacón Echeverría
Relacionista Internacional
Miembro de ASIDOWN

Vernor Muñoz Villalobos, abogado
ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación
Colaborador de ASIDOWN

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Susan Francis Salazar
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Lupita Chaves Salas
Dra. Tania E. Moreira Mora
M.Ed. Melania Monge Rodríguez
Lic. Josefina Pujol Mesalles
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Lic. Vera Sancho Mora
Dra. Eiliana Montero Rojas

San José, 11 de octubre de 2023.

Ciudad Gobierno, ejemplo de incompetencia e improvisación

Escrito en . Publicado en Educación.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Extraña que, como parte importante de lo que hace la administración Chaves, alrededor del millonario, pero mal estructurado proyecto de «ciudad gobierno», se obvie lo de la manzana perteneciente al Liceo de Costa Rica.

Al reafirmarse judicialmente, que los 10 mil metros cuadrados de terreno al sur del edificio oeste, son propiedad del centenario Liceo, se suscribió un contrato de arrendamiento con las autoridades del MOPT, que, por desdicha, el ministro Luis Amador ordenó incumplir, o sea, no pagar el alquiler pactado, afectando sensiblemente el buen funcionamiento del prestigioso Liceo.

Pues bien, mediante una maniobra de los jerarcas del MEP, MOPT y VIVIENDA, ejecutada con la complicidad de una espuria junta administrativa, órgano con solo FUNCIONES ASESORAS, se cometió falta grave. Cual si la Ley promovida por el expresidente Daniel Oduber, mediante la cual se reconoce como del LCR la cuadra que hoy ocupan los talleres del MOPT, fuere letra muerta, la tal junta administrativa (procesada por supuestos actos de corrupción), le «cedió» al gobierno de Chaves, lo que no podían regalar.

Serán los tribunales de justicia los que, sin duda alguna, anularán el «convenio de cesión», pero mientras tanto, el gobierno NO puede, no debe, hacerse «gato bravo» con el bien que pertenece al Liceo.

Podría pagar una indemnización por expropiación (si se llegase a aprobar el préstamo de US$450 millones en la Asamblea Legislativa), o determinar otro mecanismo justo de traspaso, pero no cometer el delito que hoy no les da pena exhibir ante la opinión pública.

Mesa de Diálogo Social y Productivo exige destitución de ministra de Educación, Anna Katharina Müller y rechaza declaraciones

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller realizadas en el Congreso Futuro de la Educación convocado por ULACIT, expresa su profunda preocupación por el caos que se vive en el sector educación solicitando con urgencia la destitución de la jerarca.

Por otra parte, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Müller Castro, cuando cuestionó el criterio técnico sobre el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública y cuestiona que la máxima jerarca de la educación no defienda la inversión garantizada por el Articulo 78 de la Constitución Política, a pesar, de que la educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser defendida y fortalecida por la representante del sector, en lugar de justificar los recortes hechos como fueron los ¢1.300 millones trasladados a otra cartera.

El proyecto de Ley Presupuesto 23.912 Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024 refleja una disminución del presupuesto del MEP con respecto al Producto Interno Producto, el cual se establece en 5,22% a diferencia del 5,46% presupuestado para este año. Por lo anterior hacemos un llamado urgente a tomar medidas concretas para revertir esta situación y garantizar un futuro más promisorio para el acceso a un derecho humano como lo es la educación.

Los datos del presupuesto para el año próximo confirman la tendencia a disminuir el financiamiento de la educación superior pública y se plantea una amenaza significativa para las funciones esenciales de las universidades públicas por lo que es imperativo se revierta y se proteja la calidad y accesibilidad de la educación superior.

El incumplimiento de acuerdos nacionales y la falta de compromiso con las aspiraciones de Costa Rica en educación son inaceptables. Exigimos un compromiso renovado con los acuerdos nacionales y la cooperación entre todos los actores educativos.

La alarmante estadística que revela que solo 4 de 10 estudiantes logra ingresar a la universidad es motivo de preocupación y debe abordarse de manera urgente, esto según el último informe del Estado de la Educación 2023, presentado el pasado 31 de agosto por el Programa Estado de la Nación en Cosa Rica.

Asimismo, los resultados presentados en el IX Informe del Estado de la Educación 2023 en Costa Rica, revelan conclusiones alarmantes en materia de educación pública, como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de tercer grado y la insuficiencia de respuestas institucionales para abordar la crisis educativa.

Por tanto, las organizaciones sociales y productivas hacen un llamado imperante a la construcción de un Pacto por la Educación Pública, así como se demandó el pasado 20 de junio en la gran movilización nacional en defensa de la educación pública.

Que esta ruta, involucre a todos los sectores y actores vinculados a la educación, incluyendo al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante las universidades públicas, federaciones estudiantiles, colectivos y estudiantes diversos en secundaria, Colegios Profesionales, organizaciones del Magisterio Nacional, pero sobre todo personas y organizaciones de sociedad civil como las organizaciones comunales, padres y madres de familia, como también los sectores productivos con perspectiva de justicia social, para diseñar conjuntamente un futuro educativo sólido y equitativo para Costa Rica.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se compromete a seguir trabajando la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica y a defender los derechos educativos de todas las personas. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del presupuesto del 8% del PIB para la educación pública, ya que consideramos que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad en materia de derechos humanos y garantías sociales, a su vez el futuro de nuestras generaciones.

Los problemas en la educación del país son acumulados, pero…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Informe del Estado de la Educación 2023 ha puesto de manifiesto graves problemas en el proceso educativo nacional. No es la primera vez que se aborda el descuido que se viene haciendo en educación desde gobiernos anteriores.

Los problemas acumulados, no son causados solo por este Gobierno de Rodrigo Chaves, pero están haciendo crisis, en estos momentos, cuando por disposiciones del actual gobierno pueden no solo acelerarse, profundizarse, intensificarse y convertirse en problemas altamente explosivos e indeseables para la salud democrática nacional.

Solo el recorte de los ¢33.000 millones de colones al Presupuesto del Ministerio de Educación Pública, la eliminación de los subsidios para becas, para el trasporte escolar y para los comedores escolares, muestra la punta del iceberg de lo que pasa con la educación pública, y lo que afecta a miles de familias y más, a miles de estudiantes.

El no cumplimiento del 8% para el Presupuesto Nacional, como se ha empeñado este Gobierno, con el Ministerio de Educación, como con el presupuesto de las Universidades públicas, es una violación de la Constitución Política, que debería ser perseguida, ante los tribunales e instancias judiciales, acusando directamente a los funcionarios que se empeñan en no cumplir los mandatos constitucionales y legales. Unos por no cumplimiento de esos mandatos, otro por distraer esos dineros para otros fines, que debieron haberse atendido por otras vías y otras fuentes que los generaran, habida cuenta de que siendo mandatos constitucionales deberían haberse previsto sus cumplimientos y contenidos presupuestarios, sobre todo porque se les han eliminado a esos sectores para dárselos a otros, como Seguridad Pública.

En el siglo XIX y el siglo XX costarricense la tendencia fue disminuir el dinero del Ejército, cuando existía, para fortalecer educación y otros rubros nacionales. La abolición del ejército en 1949 en mucho se justificó por la inoperancia del Ejército, su invalidez para el régimen democrático, la existencia de una legislación internacional y de Tratados que contribuían a proteger la soberanía, la independencia y la libertad del pueblo costarricense frente a amenazas que pudieran poner en peligro al país y su sistema democrático. En paralelo se fue fortaleciendo un régimen democrático, basado en la educación, en la salud, en una gran cantidad de instituciones sociales, que dieron pie a la constitución del Estado Social y Democrático de Derecho que hemos construido y edificado en todos estos años.

Lamentablemente, desde el desarrollo de los Planes de Ajuste Estructural, y las políticas públicas que se han seguido, este Estado Social se ha venido debilitando y desquebrajando. Con los últimos tres gobiernos y el actual esta tendencia se ha acentuado. La calidad de vida alcanzada ya no interesa. La pauperización o empobrecimiento de las amplias masas de trabajadores y de la población, estratégicamente es la meta a conseguir, especialmente por el actual Gobierno. La pobreza como política de un gobierno neoliberal, es también un negocio público, y privado, que lo saben explotar; que contribuye a que algunos cuantos se enriquezcan con su propia existencia. Las políticas laborales que se acaban de aprobar en primer debate parlamentario son la puerta que se ha abierto en esta dirección, fortalecido esto con el debilitamiento total de la educación pública.

Los actuales gobernantes, sus acólitos políticos; sus defensores y acompañantes económicos, se están frotando las manos del dineral que van a recibir, por los negocios asociados, y en cadena, que generan estas políticas distractoras de los dineros públicos en educación. El cierre técnico de la Fundación Omar Dengo que criminalmente se ha hecho, al proceso educativo y al apoyo que se daba al Ministerio de Educación Pública, es parte de este entramado contra el Estado Social de Derecho, y contra la población estudiantil del país, y sus familias, que están sufriendo la imposibilidad de oportunidades y posibilidades de ascensos sociales que la educación brindaba a los hogares y familias nacionales.

Los 120.000 estudiantes que la pandemia sacó del proceso educativo no han sido recuperados; los casi 1000 establecimientos de educación pública que a principios de año se señaló que carecían de condiciones sanitarias y se amenazó concerrarlos, con la desatención que ello llevaría de estudiantes; la amenaza de que se necesitan más de ¢60.000 millones de colones para mantenimiento de centros educativos, en la filosofía que se ha venido siguiendo, de que el dinero destinado a educación son gastos que pueden reducirse, sin entender que los dineros destinados a educación deben considerarse inversión por los beneficios que producen; los casi 115.000 estudiantes que han quedado sin apoyos económicos, por falta de becas; los miles que ya no pueden ir a escuelas y colegios formarán parte obligada, en el mejor de los casos, de la población laboral informal, que pujará por contratarse en las jornadas de 12 horas, de establecerse con apoyo de la Sala Constitucional, por emplearse al salario más bajo posible que les ofrezcan en las nuevas relaciones laborales esclavistas que se están estableciendo en el país, para asegurar tal vez la mínima comida diaria.

En el peor de los casos, serán parte de la mano de obra de los negocios ilícitos de drogas al menudeo, en escuelas, centros educativos y concentraciones masivas y recreativas sociales; en las calles, formando parte de pandillas del narco, y de otras formas de delincuencia organizada de este tipo, que tienen apoyo en sectores de gobierno y de ciertos grupos que, en estas actividades, se amparan regularmente a los gobiernos de turno, y a las mismas autoridades policiales encargadas de su persecución. En esta situación se pegarán al círculo del negocio y del movimiento de drogas que se hace en el país.

A propósito, ¿cuánta droga se incauta en el país? ¿Cuánta se quema en Costa Rica? ¿Por qué ya no se usan los hornos nacionales en los que se quemaba la droga incautada? Tampoco oficialmente se lleva al extranjero para quemarla. ¿Por qué la droga incautada se lleva en aviones especiales desde Costa Rica, se dice, a los Estados Unidos, para supuestamente quemarla? ¿Venden esa droga a los Estados Unidos? ¿Si la venden, cuál es su valor y cuanto entra a las arcas públicas y no solo a billeteras que podrían estar ligadas a esa exportación?

La experiencia de los organismos como la DEA, la CIA y otros de la seguridad, y del aparato militar, de los Estados Unidos, han participado en operaciones donde mueven las drogas para fines económico comerciales, para financiar actividades que a ellos, en sus conceptos geopolíticos, les interesa apoyar, pagando con drogas para sus respectivas ventas en un peligroso y tenebroso movimiento de drogas.

Para estos negocios, en el nivel popular, se necesita mano de obra barata, desempleada, que ya se está produciendo y que institucionalmente, con medidas como las que se están impulsando y tomando, en el sector educativo, se va a producir o generar.

Los problemas en la educación son acumulados en el país. Hay que atender los urgentemente con un buen pacto nacional donde participen las autoridades nacionales, los partidos políticos, las organizaciones sociales; especialmente, los sindicatos del sector educativo con mayor razón y compromiso.

La educación era en la Historia Nacional un apostolado; era una misión sagrada confiada a los educadores.

Los educadores eran estos apósteles, los escogidos para inculcar la sabiduría, las fuentes del conocimiento; los encargados de inspirar en la niñez y la juventud, los horizontes de luz intelectual y profesional para forjar la mejor Patria posible.

¿Dónde están los educadores y sus sindicatos ante esta problemática y ante esta tarea nacional de rescate y de defensa de la educación pública?

No se puede permitir que a la educación pública, como sistema y como estructura institucional, la siguen debilitando, acabando y empobreciendo.

Los padres y madres, las familias, con hijos en el sistema escolar deben también interesarse en este problema. Es su futuro, el de sus hijos y el sus propias familias el que se está poniendo a prueba con esta guerra que ha establecido este gobierno contra la educación pública, con las medidas y recortes al presupuesto nacional y con el incumplimiento de la Constitución Política.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Estudiantes de secundaria presentan acción administrativa ante Consejo Superior de Educación

Escrito en . Publicado en Educación.

  • Falta de rigor técnico de las pruebas estandarizadas son principal motivo para presentar la solicitud al CSE.
  • Denuncian el uso de fuerza policial y manipulación jerárquica del gobierno para amedrentar a las personas estudiantes de secundaria en avanzar en la defensa de la educación pública y la solicitud de que se suspendan por el año 2023 las pruebas estandarizadas.
  • Estudiantes hacen llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno.

El jueves 10 de agosto 2023, en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados y Abogadas, una delegación importante de estudiantes de secundaria de todo el país, demandan una terrible improvisación con las pruebas estandarizadas presentadas por el MEP, pues las mismas no han sido validadas con el rigor técnico necesario antes de ser aplicadas, y además, no cuentan con la aprobación previa del Consejo Superior de Educación como consta desde que se aprobó su aplicación.

Las personas estudiantes de secundaria mediante una acción administrativa presentada ante el Consejo Superior de Educación el miércoles 09 de agosto, solicitaron la suspensión de las pruebas nacionales estandarizadas hasta tanto los instrumentos de medición y la técnica de evaluación sean sustentados científicamente y validados mediante un pilotaje.

Entre las razones más importantes que justifican la solicitud de suspensión se encuentra:

  • Sobre el derecho a la educación, a un servicio educativo regular y a una evaluación objetiva. El derecho de las personas estudiantes a que se les brinde un servicio educativo de calidad, con sujeción a los principios propios del servicio público que son: continuidad, igualdad, eficiencia, adaptabilidad, gratuidad y universalidad. (Artículos números 1 y 4 de la Ley Fundamental de Educación, 77 y 78 de la Constitución Política, 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 28 y 29 de la Convención de los derechos del niño; y artículo 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales, y culturales [Protocolo de San Salvador], entre otras disposiciones de derecho interno y de la convencionalidad internacional de los derechos humanos).
  • La prueba nacional estandarizada realizada en el primer semestre y prevista originalmente para repetirse en el segundo semestre y la técnica de evaluación utilizada no está sustentada científicamente, ni validada por un peritaje confiable. Según oficio sin número, fechado 7 de febrero 2023, suscrito por 11 asesores y asesoras nacionales del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. El oficio N° DVM-AC-DDCDTCED- 030-2023, del 16 de febrero del2023, que contiene el criterio técnico sobre el proceso de macro evaluación 2023, de las asesorías nacionales del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP. Y Oficio N° CNR-PEN-033-2022 del 22 de febrero del 2023, por medio del cual el Estado de la Educación emplaza al Consejo Superior de Educación y le solicita la información técnica que justifica la nueva macro evaluación.
  • El resultado de la prueba nacional estandarizada aplicada en el primer semestre, carece de validez académica y de utilidad para la mejora educativa.
  • Las modificaciones introducidas en el instrumento y en las técnicas de valoración, rompen la continuidad del proceso de evaluación y constituyen una prueba totalmente nueva y diferente a la aplicada en el primer semestre.
  • Existen errores de planificación y de ejecución en la implementación de la prueba que no se han resuelto.
  • En dichas pruebas, no se respetan los derechos de personas estudiantes con necesidades especiales y personas migrantes, ni las diferencias de oportunidad por la falta de acceso a la conectividad. Por ejemplo; ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?
  • La aplicación de la prueba nacional estandarizada con valor sumativo y efecto en la promoción académica, tendrá efecto discriminatorio y mayor exclusión educativa. Si se mantienen afectará a miles de personas estudiantes, quienes después de reprobar una prueba de esta trascendencia, difícilmente vuelvan a incorporarse al sistema educativo.
  • Estudiantes reconocen la importancia de las pruebas estandarizadas bien diseñadas, científicamente sustentadas y debidamente validadas como herramienta para la mejora continua del sistema educativo nacional.

No obstante, las y los estudiantes en Costa Rica mantiene las medidas de presión y protesta hasta que sean eliminadas las pruebas estandarizadas, insisten en que no cederán ante el uso de la fuerza y la intimidación del gobierno, como así se demostró el día de 07 de agosto, con incidentes violencia y represión policial a estudiantes manifestantes a las afueras de Casa Presidencial.

Así se expone en el documento de descargo el día 08 de agosto por la Confederación Nacional de Estudiantes de Secundaria, quienes denuncian violencia policial, manipulación, desinformación y presión para firmar acuerdo con gobierno. Se cita textualmente parte del descargo circulado en redes sociales y medios de comunicación.

‘’Después de dos horas en que las autoridades nos negaron todas nuestras peticiones, nos presentaron un documento con 8 acuerdos para que los firmáramos. Dado el cansancio y la presión en que nos encontrábamos, aceptamos firmarlo para evidenciar la falta de seriedad de los viceministros al comprometerse a modificar los componentes de la prueba estandarizada para que “cada pregunta tenga menor valor y mayor posibilidad de aceptar y aprobar…” Queda así evidenciado lo que hemos dicho durante todo el año: que en el diseño de esas pruebas no hay ningún rigor técnico y que no son fiables porque no responden a ningún modelo de evaluación reconocido, sino a las improvisaciones de autoridades políticas que no conocen de la materia educativa y que con total irresponsabilidad se comprometen a modificarlas, asumiendo las competencias que son propias del Consejo Superior de Educación’’.

Finalmente hacen un gran llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, docente y administrativo del MEP a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno, no solo para la suspensión de las pruebas que atentan con los derechos educativos de las personas, también a defender el sistema público de educación frente a una gran crisis educativa expresada en necesidades de infraestructura, calidad educativa, transporte y alimentación, así como que se puedan garantizar el 8% para la educación por mandato constitucional.

El Movimiento Estudiantil de Secundaria y la dignidad nacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Isabel Ducca D.

Según el recuento actualizado el día de ayer, con la renuncia del viceministro de Justicia y Paz, las bajas de esta administración ya suman la cifra de 50 personas. Algunas han renunciado, otras las han obligado a irse por no asumir el papel de sirvientes frente al gran “dios” del ejecutivo o frente a alguna de sus prepotentes y mediocres compañías como la del Ministerio de Educación.

Una de las reivindicaciones fundamentales del MEDSE es la declaración del estado de emergencia para la educación primaria y secundaria. El estado de emergencia se ha ido consolidando desde hace décadas. Sin embargo, ahora el barco hace aguas, ya no hay por donde tapar los agujeros por donde estalla la crisis. Anna Katharina Müller se ha destacado con méritos, dignos de esta administración, por su insolvencia como pedagoga, su irrespeto a los derechos humanos y su afán desmedido de lucro. Veamos unas pequeñas muestras de sus destacadas actuaciones en contra de la educación pública:

  • Afirmó en marzo que “un joven con buena autoestima no se deja afectar por el bullying”. Un verdadero atentado contra la Ley Fundamental de Educación, contra los derechos humanos y una ignorancia supina acerca de la psicología educativa.
  • El 2 de febrero “presentó” una Ruta de la Educación, que estaba en borrador” y después de nueve meses de trabajo. Para las personas especialistas no había tal ruta, pues “ni siquiera puede considerarse como un “plan”, pues no se puede evaluar por indicadores, plazos, asignación de recursos y otros”.
  • En abril, estalló el escándalo de la ruptura del MEP con la fundación Omar Dengo. La prensa destacó: “Diputados denuncian que MEP rompe con FOD para darle negocio a prima de la ministra de Educación”.
  • Ha sido cuestionada por su relación con una red de familiares vinculados con empresas privadas universitarias. Particularmente, con Silvia Castro, rectora de ULACIT, quien, desde el 2015, había planteado que un porcentaje del FEES fuera destinado a las universidades privadas.

Este es el pequeño botón que muestra la prensa. ¡Imaginemos la magnitud del caos y de los intereses en juego!

Esta muchachada de secundaria que ha tomado las calles, nos está dando una lección de dignidad. ¡Admiro su valentía! Nos están señalando un camino por donde recobrar las esperanzas.

Invito a leer sus comunicados en su página de Facebook. Por razones de espacio, me limito a transcribir algunas consignas:

  • “¡Si querían resultados, nos hubieran preparado!”
  • “¡Luchar por mis derechos, no es vagancia!”
  • “¡No estamos en contra de la educación, estamos en contra de un sistema que nos limita y reduce a números!”
  • “La lucha de pocos, vale por el futuro de todos”.
  • “Conocimiento es poder. Resistencia es deber”.

Para finalizar:

“Un docente para 40 alumnos.

Un médico para 300 pacientes.

Y 40 escoltas para un corrupto”.

 1.Ver: Especialistas UNA piden renuncia de ministra del MEP por declaraciones sobre bullying. https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/marzo-2023/4500-especialistas-una-piden-renuncia-de-ministra-del-mep-por-declaraciones-sobre-bullying

2.Ver: Ruta de la Educación continúa en “borrador” a casi un mes de su presentación. https://semanariouniversidad.com/pais/ruta-de-la-educacion-continua-en-borrador-a-casi-un-mes-de-su-presentacion/

3.Ver: DIPUTADOS DENUNCIAN QUE MEP ROMPE CON FOD PARA DARLE NEGOCIO A PRIMA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN. https://www.culturacr.net/diputados-denuncian-que-mep-rompe-con-fod-para-darle-negocio-a-prima-de-la-ministra-de-educacion/

4.Ver: U privadas tras FEES. https://www.pressreader.com/

Ministra de Educación rechaza recusación contra sí misma para tomar parte en negociaciones del FEES. https://semanariouniversidad.com/universitarias/ministra-de-educacion-rechaza-recusacion-contra-si-misma-para-tomar-parte-en-negociaciones-del-fees/

Descargo estudiantes de secundaria ante la información que circula sobre acuerdo con Gobierno de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Kenia García Cortés cédula 119050585, Juan Miranda Barrantes 119570388 y Yeiner Sánchez Brizuela cédula 119290762, estudiantes de secundaria de San José, ante la información que circula sobre un acuerdo que suscribimos con los funcionarios de Casa Presidencial (Jorge Rodríguez Bogles Viceministro de la Presidencia y Charlyn Sánchez del Despacho del señor Presidente), los Viceministros de Planificación (Leonardo Sánchez Hernández) y académico (Melvin Chaves Duarte) del MEP y Álvaro Medrano de Gestión y Evaluación del MEP, hacemos la siguiente aclaración obligada:

  1. Acudimos a Casa Presidencial a manifestarnos y protestar con estudiantes de secundaria de varios colegios de San José y otras provincias, contra la decisión del MEP de aplicar pruebas estandarizadas con valor sumativo e incidencia en la promoción académica en este segundo semestre del año, sin que las mismas sean técnicamente fiables. También por la situación precaria en que se encuentra la infraestructura educativa en todo el país y por la falta de presupuesto para financiar becas, comedores escolares y transporte estudiantil. Nos manifestamos también para demandar una educación de calidad que garantice una vida mejor para niños, niñas y adolescentes.
  2. Inicialmente no se nos permitió ingresar, ni siquiera a entregar un documento con las demandas y los criterios técnicos que respaldan nuestra solicitud de suspensión de las pruebas en cuestión, pero en determinado momento, cuando la manifestación de estudiantes ya se estaba disolviendo, luego también de haber sufrido una serie de incidentes de represión policial hacia estudiantes, salió el señor Presidente y después de un intercambio de palabras poco asertivo, pidió que los liderazgos ingresáramos a reunirnos con los Viceministros. Es muy importante resaltar, que no nos permitieron ingresar con ninguna persona acompañante, figura legal o asesoría experta en el tema.
  3. Aceptamos conversar para reiterar la posición del movimiento estudiantil de secundaria, pero advertimos que no teníamos una designación formal para tomar acuerdos en nombre del Movimiento Estudiantil de Secundaria, lo cual fue del conocimiento de las personas funcionarias institucionales desde el inicio de laconversación.
  4. Pese a lo anterior y después de dos horas en que las autoridades nos negaron todas nuestras peticiones, nos presentaron un documento con 8 acuerdos para que los firmáramos. Dado el cansancio y la presión en que nos encontrábamos, aceptamos firmarlo para evidenciar la falta de seriedad de los viceministros al comprometerse a modificar los componentes de la prueba estandarizada para que “cada pregunta tenga menor valor y mayor posibilidad de aceptar y aprobar…” Queda así evidenciado lo que hemos dicho durante todo el año: que en el diseño de esas pruebas no hay ningún rigor técnico y que no son fiables porque no responden a ningún modelo de evaluación reconocido, sino a las improvisaciones de autoridades políticas que no conocen de la materia educativa y que con total irresponsabilidad se comprometen a modificarlas, asumiendo las competencias que son propias del Consejo Superior de Educación.
  5. Por lo anterior, aclaramos que no hemos claudicado en los propósitos que nos mueven a manifestarnos y que son las mismas demandas de miles de estudiantes de todo el país; seguiremos en la lucha, porque el documento firmado el día de hoy por autoridades que no tienen competencia en el diseño y aprobación de políticas educativas, carece de todo valor legal y no puede detener la lucha del Movimiento Estudiantil de Secundaria con todas sus demandas en su amplitud.
  6. Resaltamos nuestra preocupación, porque el sistema educativo se encuentra en una situación que se ha agravado debido a la incorporación de un equipo humano sin experiencia pedagógica y sin un conocimiento adecuado de la institución y la realidad nacional que el MEP debe atender. Asimismo, la falta de consulta a las personas expertas del propio Ministerio y de las Universidades Públicas ha dejado de lado valiosos aportes de información y criterios científicos que históricamente han sido fundamentales en el campo educativo. Es preocupante que, por primera vez en décadas, las autoridades de educación no defienden el presupuesto de la educación pública y acceden a disminuirlo para ser utilizado en otros ministerios fuera del MEP. Esto muestra un claro cambio en el paradigma nacional, donde las autoridades abordan los problemas sociales de desigualdad, violencia y drogas mediante la represión policial en lugar de la inclusión educativa.
  7. Por todas estas razones, el Movimiento Estudiantil de Secundaria se ha unido para llevar a cabo una serie de protestas y luchas en defensa de la educación pública y en oposición a la Prueba Nacional Estandarizada impuesta por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en el 2023. Nuestro objetivo es defender el derecho a una educación de calidad para toda la población estudiantil del del país y promover un sistema educativo más inclusivo y equitativo en todos sus niveles, a través de un presupuesto digno, garantizando el mandato constitucional del 8% para educación pública en Costa Rica.

Respuesta estudiantil ante la ministra de Educación

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El día jueves 27 de julio de 2023, el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) además de otras representaciones estudiantiles, brindaron una conferencia de prensa a raíz de la manifestación realizada por estudiantes de secundaria en contra de la Prueba Nacional Estandarizada.

En esta conferencia, los y las estudiantes alegan la desinformación que les rodea tanto a estudiantes como docentes, deviene directamente del Ministerio de Educación Pública, al no hablar con claridad sobre estas pruebas y demás procesos que conlleva. Además, denuncian cómo los centros educativos se encuentran en situaciones precarias a nivel de infraestructura, atentando contra la salud pública del estudiantado. Mencionan cómo se les exige un rendimiento académico elevado, mientras el Ministerio de Educación Pública no cumple con los lineamientos básicos de salubridad.

Señalan de igual manera, la contradicción que existe al excluir a los y las docentes de la toma de decisiones relacionadas con aspectos sobre la educación que imparten, mientras que esos puestos lo ocupan personas que no se encuentran inmersas en los colegios y escuelas públicas.

Muestran su descontento y oposición a las Pruebas Estandarizadas, debido a la poca información con la que cuentan, además de que ésta pretende ser un filtro que les excluye de la Educación Superior, al incidir directamente en la nota para entrar a las Universidades Públicas. Es por esto que exigen la anulación de estas pruebas, que se replanteen los métodos de evaluación, de manera que estas respondan a los contextos propios de la población estudiantil y que permita así una educación accesible, de calidad y digna. Además de que se respete el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública, que corresponde a una obligación constitucional del Ministerio de Educación Pública.