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Etiqueta: mercantilización

Sobre los límites morales de la mercantilización de la vida como cuestión política

Alejandro Guevara Arroyo

Los mercados son un conjunto de prácticas humanas colectivas e interrelacionadas. Mediante estas prácticas producimos y distribuimos bienes de mercado: cosas sociales que apreciamos adquirir y poseer. Los mercados son, más específicamente, instituciones sociales (como también lo son las familias, los jueces o los sistemas de tránsito). En un sentido que aquí no interesa profundizar demasiado, puedo agregar que las decisiones que se dan en dichos espacios parecen estar regidas por lo que solemos llamar “negociación” (no es, por cierto, la única forma de tomar decisiones colectivas).

Michael Sandel sugiere una hipótesis socio-histórica plausible. Según él, durante las últimas décadas las sociedades occidentales han ampliado considerablemente los ámbitos de la vida en los cuales las decisiones se toman siguiendo las reglas y valores característicos de los mercados. Hoy todo parece estar a la venta o a punto de estarlo: nuestro espacio público, nuestros servicios básicos, nuestros cuerpos, etc. Da la impresión de que estamos a un paso de ese “pound of flesh” que escribe Shakespeare en El mercader de Venecia. Incluso en aquellos casos en donde no aceptamos exactamente que un ámbito de la vida se rija como un mercado, nos descubrimos pensando y actuando en términos característicamente mercantiles (por ejemplo, de costo-beneficio). Así, hemos ido mercantilizando cada vez más espacios de nuestra vida.

Ahora, ¿por qué deberíamos preocuparnos por ello? Desde cierta forma de visión economicista, no hay nada malo en ello. En tanto se amplía la producción de bienes y se alcanzan equilibrios económicos estables, no deberíamos, como sociedad, preocuparnos mucho por esta transformación.

Existe, sin embargo, otra manera de ver el asunto. Pensadores contemporáneos como Debra Satz y el ya citado Sandel piensan que este proceso tiene relevancia ético-moral y, también, que la cuestión de los límites morales del mercado es de índole política. Sandel señala dos razones fundamentales por las que deberíamos reconsiderar la mercantilización de nuestra vida.

La primera razón es que la mercantilización agrava el peso moral de la desigualdad económica y marca la injusticia de las condiciones sociales que la causan.

A primera vista, si el abolengo económico sólo determina el acceso a bienes de lujo, como yates o autos de oro, no hay en juego asuntos morales demasiado importantes. Eso es asunto de cada quien. Como mucho, podríamos decir con Adolfo Bioy Casares que “en todo lujo palpita un íntimo soplo de vulgaridad”. Empero, si el abolengo económico determina el acceso a los bienes que configuran las condiciones indispensables para construir una vida digna, la desigualdad en la distribución de las oportunidades de acceso a ellos se transforma en un asunto de prioritaria importancia en términos de justicia social (y de interés ético-político).

Aquí podemos pensar, ante todo, en aquellos bienes que conforman las precondiciones para que una persona contemporánea pueda florecer, es decir, llevar una vida con plenitud (me viene a la mente la palabra griega eudaimonía, que a veces se traduce como felicidad).

El disfrute de estos bienes conforma, además, un umbral mínimo de ciudadanía: un piso básico de derechos imprescindibles para que la persona pueda integrarse y actuar, en tanto ciudadana, como miembro pleno de una comunidad política democrática. Acá la premisa normativa de fondo es clara: si un bien es condición para el ejercicio efectivo de la ciudadanía democrática, entonces su acceso no debería depender exclusivamente de la capacidad de pago en el mercado. Debería estar constitucionalmente garantizado.

En el listado necesario de dicha clase de bienes, incluyo:

(a) El acceso oportuno a servicios de salud de calidad, que permitan a la persona llevar su vida sin sufrimientos internos graves;

(b) El acceso a una educación que no sólo construya capacidades profesionales idóneas para el ‘ascenso material’ sino, también, las disposiciones necesarias para elegir las maneras en que cada quien concibe y busca construir una vida buena y para posicionarse en las cuestiones sociales de interés político;

(c) Un espacio saludable en el cual descansar y gozar de la privacidad suficiente para llevar adelante esas dimensiones de la vida buena que la requieren, incluyendo el diálogo y la reflexión cívica.

Por supuesto, este listado es una cuestión ético-política debatible. Pero el punto central es que su acceso a todas las personas no puede quedar librado a las prácticas de mercado, sino que la asignación de estos bienes debe apelar a criterios no mercantiles de distribución y contar con garantías institucionales y jurídicas de cumplimiento.

El segundo motivo es que, al mercantilizar una dimensión de la vida, se corre el peligro de corromperla. Para comprender este punto, basta notar que las prácticas y concepciones que dan forma a nuestras vidas tienen ciertas características y tienden hacia ciertas finalidades. En otras palabras, podemos ver nuestras prácticas como aspirando a realizar ciertos valores. Prácticas y valores se integran así en un todo bastante compacto.

Pues bien, al mercantilizar una práctica no mercantil, se rompe esa fina unidad y se corre el peligro de que se transforme en otra cosa. “Los mercados dejan su marca”, dice Sandel, sobre los bienes y prácticas. Las formas de vida mercantilizadas podrían conservar una apariencia semejante a la de las prácticas no mercantiles, pero debajo de ella habrá cambiado mucho y, a veces, todo. En particular, ciertas prácticas (como la amistad, la actividad cívica, el buen trato a otras personas) poseen un valor intrínseco o cívico cuyo significado se deforma cuando es reinterpretado sólo en clave mercantil.

También por esta razón vale la pena, entonces, reconsiderar la mercantilización de nuestra vida. Por supuesto, qué prácticas en particular merecen ser preservadas de dicha corrupción mercantil no es algo obvio. Hay razonables desacuerdos sobre cuáles valores merecen ser protegidos y qué es característico de cada práctica. En una comunidad política democrática, decidir sobre estos asuntos es propio del debate político ciudadano.

Discutir los límites ético-morales del mercado probablemente nos lleve a la conclusión de que resultaría deseable revertir, en muchos ámbitos, ese proceso. O sea: deberíamos desmercantilizar nuestra vida (la noción de “desmercantilización”, hasta donde sé, fue originalmente formulada por Esping-Andersen). Lo que debe quedar claro es que la mercantilización no es una fuerza de la naturaleza, algo inevitable. Decidir razonablemente sobre estos asuntos es, por ello, materia de reflexión política y rediseño institucional.

Nota: Este documento recibió una corrección ortográfica y de coherencia gramatical mediante el instrumento chatgpt. El autor revisó el producto de manera íntegra.

Bioinsumos corporativos: Interés genuino o negocio interesado

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Aprovechamos la publicación del informa de GRAIN «Bioinsumos corporativos: El nuevo negocio tóxico de la agroindustria» para reflexionar sobre esta tendencia que está impactando los campos y la producción agrícola a nivel mundial. Nos preguntamos ¿Cuáles son las tensiones que representa esta incursión corporativa?

Para las personas campesinas, los bioinsumos representan saberes y prácticas cotidianas que han utilizada generación tras generación, al mezclar diversos productos naturales para buscar la protección y fertilización de sus cultivos y suelos. Sin embargo, desde 1990 diversas compañías han empezado a explorar estos saberes y prácticas con el fin de generar «oportunidades» de negocios para la venta, sin embargo, en este proceso tenemos acciones que van desde la privatización a través de patentes de procesos y secuencias genéticas hasta modificaciones genéticas.

Con el incremento de las afectaciones del uso de agrotóxicos y la oleada de prohibiciones de este tipo de sustancias en distintos países, ha generado un interés creciente de estas empresas por impulsar esta rama de negocios, dado que al mismo tiempo, representa una «alternativa» más rápida y barata, sin embargo, para estas mismas corporaciones, sus prácticas no desaparecen, y desarrollan mecanismos de uso similares a los agroquímicos, es decir, usos intensivos de aplicación.

El dato más significativo y que refleja el tipo de interés que sostienen estas empresas, es que estos bioinsumos corporativos se presentan como «complementos» a sus paquetes de agroquímicos, es decir, dependencia a los «cocteles» de siempre.

Les invitamos a reflexionar sobre estas tendencias «amigables» al ambiente, que siguen profundizando las estrategias de «greenwashing» corporativo.

Derechos Humanos al mejor postor: Mercantilización de la lucha LGBTI

Eduardo Muñoz
Comunicador Social y Activista de Derechos Humanos

Si hay algo es perverso es poner signo de colones a las luchas por construir una sociedad inclusiva y respetuosa de los Derechos Humanos, y para muestra un botón multicolor de la organización del Mes de la Diversidad en Costa Rica.

Mientras en las década de los ochenta y noventa el país vivió una cruenta persecución de parte de los órganos de seguridad del Estado Costarricense, que sin duda se puede calificar como tortura de Estado, en la actualidad el Mes de la Diversidad se concentra más en generar ingresos con actividades con precios absolutamente prohibitivos para la mayoría de la población costarricense.

Al igual que en otras latitudes, lo que deberían ser actos conmemorativos por las personas que mancharon con su sangre las cárceles durante las golpizas recibidas en comandancias policiacas, o por quienes durante décadas tuvieron que vivir con los consecuencias de las torturas psicológicas recibidas por agente policiales, se terminó convirtiendo en una charanga multicolor sin contenido político y vacía de reflexión. Como evidencia el concierto de una otrora reconocida cantante mexicana de los años noventa, que para presenciar sus carencias vocales habrá que pagar entre $200 y $30 para quienes con pocos recursos se tendrán que conformar con estar de pie en la gramilla del Estado Nacional. Igualmente con el resto de actividades, que al estilo de una suerte de Hollywood tico, tendrán su alfombra roja en un hotel en las inmediaciones de Belén, Heredia, y de nuevo, nada es absolutamente gratis. Como ya sucedió en otros países, la comunidad LGBTI paga tarifas mucho más elevadas que el promedio de la población en general, hasta para comprar una botella de agua habrá que destinar un cantidad importante.

De hecho, no está mal que empresas privadas hagan aportes a causas como estas, el punto en discusión es dónde está la frágil frontera entre la conmemoración y hasta dónde el dinero de patrocinadores solo tiene como objetivo el mercadeo dirigido a una población que se supone con mayor capacidad adquisitiva, sin reflexionar en los aportes que otras generaciones hicieron para poner en discusión pública que todas las personas tienen los mismos derechos, sin distingo de ningún tipo.

A excepción de la marcha del domingo 26 de junio, las actividades pagadas seguirán siendo excluyentes para muchas personas, y pensando en términos geográficos están pensadas para el Gran Área Metropolitana. En ese sentido, se debe apuntar que según el último Estado de la Nación las personas que habitan en la ruralidad se ubican en los quintiles de menores ingresos y son excluidas del desarrollo social costarricense.

Pero esa transformación que se vive dentro del movimiento LGBTI costarricense contemporáneo tampoco es ajena de otros similares. Por ejemplo, el Día Internacional de las Mujeres ha sufrido un vaciamiento histórico, y con el “apoyo” de empresas privadas se ha convertido en una fecha para la comercialización de productos del cuidado personal, moda y zapatería. Incluso el ideario político de Ernesto “Che” Guevara hace décadas terminó reducido a productos mercantilizables para las posteriores generaciones “progres”, que estampan la clásica foto del revolucionario en tasas, camisetas, libretas, cuadernos y afiches que adornan más de una oficina; todas imágenes vaciadas del contenido político y que el mercado capitalista hábilmente lo asumió como un producto más para este sector de consumidores específico.

En el fondo la cuestión es si la comunidad LGBTI se siente representada por estas actividades comerciales que año con año van borrando de nuestra historia las luchas frontales que se dieron contra el Estado, y cómo con productos de marketing se ha diluido la huella de la sangre y las dignidades humanas arrasadas por las clases políticas dirigentes hoy bañadas con discursos de una diversidad inofensiva, pero que esquiva realizar cambios sustanciales y más bien sigue firme en sus acuerdos con los sectores conservadores político-religiosos que han surgido recientemente en Costa Rica y América Latina que cuestionan los avances en materia de Derechos Humanos a luz de sus creencias religiosas.

No sería de extrañar que como fruto de esos acuerdos el Estado se de a la tarea de “revisar” el camino recorrido hacia la igualdad, mientras los liderazgos LGBTI se siguen conformando con marchas coloridas sin propuestas de transformación política de fondo.

La igualdad, la equidad y la inclusión han costado sangre, dolor, humillaciones y persecución para quienes se atrevieron a exigirla, nada ha sido gratuito ni espontáneo.

Foto Anel Kenjekeeva

Detrás del discurso decolonial se esconde la mercantilización de cuerpos indígenas

Desde el Movimiento Indígena Interuniversitario nos sentimos sumamente indignadas (os) y molestas (os) con las actitudes de cierta persona, cuyas publicaciones y posicionamientos, según ella antiracistas e indigenistas, se han vuelto virales en los últimos días. Es a partir de esta preocupación, que la compañera Yanory Rojas nos comparte el siguiente comunicado, el cual esperamos aclare un poco la realidad como en verdad es, y que logre desmentir los «argumentos» planteados por esta persona, los cuales consideramos carecen de todo tipo de fundamento.

Detrás del discurso decolonial se esconde la mercantilización de cuerpos indígenas

Yanory Rojas Morales, indígena de la comunidad de Boruca y antropóloga.

El racismo es una de las múltiples formas de opresión, manifestado de diversas maneras; claramente los cuerpos de mujeres indígenas, históricamente, han sido presa de este problema social y político. Es un problema estructural, que personas escondidas detrás de bambalinas blancas tergiversan en beneficio propio.

Entre ayer y hoy recibí capturas de pantalla donde Stephanie Chaves hace referencia a una serie de afirmaciones y posicionamientos, dejando en claro por qué el racismo y lo que pasa en Estados Unidos tras el cruel asesinato de George Floyd no es un evento reciente, ni aislado.

Como yo, hay cientos de mujeres indígenas en Costa Rica quienes tenemos un legado ancestral, el cual trasciende nuestro color de piel (dicho sea de paso, la “piel café” no existe). El llamarse indígena no se autoimpone, es el resultado de todo un bagaje cultural construido por años, transmitido de generación en generación. Es un proceso colectivo complejo. Si bien es cierto que muchas (os) hermanas (os) indígenas han crecido fuera de los territorios originarios, siempre hay un ancla firme que les remonta a sus madres, padres o abuelos (as).

Al leer las publicaciones de Stephanie Chaves solo puedo ver la burla sin mesura a los pueblos originarios, reproduciendo un discurso sumamente peligroso y violento, detrás de un “le puedo educar”. Solo esa afirmación ya establece una superioridad. Cobrar dos dólares por “educar” o autoproclamarse “especialista” no sólo a costa de mujeres indígenas, sino de mujeres afrodescendientes, es una total contradicción con lo que usted misma profesa. Es caer en apropiación cultural, y lo hace porque ciertamente es una mujer con privilegios.

Cuando usted menciona que es la única mujer feminista indígena de Costa Rica en el spotlight, ignora las verdaderas luchas de mujeres indígenas que están colocando sus cuerpos en la recuperación de tierras al sur del país, invisibiliza el ímpetu de doña Luisa Bejarano, mujer ngäbe que encabeza la lucha por la cedulación. Ofende a las hijas, nietas, sobrinas de Paulina Leiva, hablante fluida del idioma brunca, quién no cobró un solo colón para difundir su conocimiento. Lo importante para estas mujeres no es el dinero, es el bienestar colectivo, es la lucha por mantener vivas las raíces. Desde su spotlight resulta muy cómodo lucrar con las luchas de otras mujeres. Eso es racista, colonial y mercantilizar cuerpos. Eso no es feminismo.

Así, la invito cordialmente a dos cosas:

1) LEER. Los términos con los que se refiere a población racializada son sumamente despectivos y obsoletos. Ejemplos: nativas, lengua nativa, indianismo, gente negra. De paso puede aproximarse a discusiones epistemológicas de mujeres indígenas, le menciono una: el feminismo comunitario.

2) Desde este colectivo la invitamos a una conferencia virtual para discutir acerca de estas realidades de las que usted se ha apropiado, desde luego, en compañía de mujeres indígenas con años de trayectoria desde distintas trincheras.

Publicado en https://www.facebook.com/218212191590385/posts/3002862643125312/

Enviado a SURCOS por Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica -miintù-

La vivienda adecuada a partir del COVID-19

Pablo Acuña Quiel, arquitecto

Ahora que se revisa de forma consensuada la importancia de la Caja Costarricense del Seguro Social para nuestro estado social de derecho, es pertinente incluir dos antecedentes que si bien pasarán a fortalecerla, se vuelven vitales para reposicionar las posibilidades de la vivienda en la coyuntura actual.

Se trata de la Junta Nacional de Habitación (Ley No 37 del 23 de diciembre de 1940) y la Cooperativa “Casas Baratas La Familia” (Ley No 190 del 14 de agosto de 1942), las cuales representan dos ejemplos de políticas públicas adelantadas para su época.

La primera leía el contexto y reconocía a la venta y al arrendamiento como las formas de uso de las nuevas viviendas; de forma visionaria iniciaba lo más parecido a un banco de tierras en las ciudades cabeceras de provincia del valle central; el carácter no estático de la vivienda se evidenciaba al atribuirse su estudio por todos los medios; y aunque ya la antecedían muchos años de higienismo, insistía en pronunciarse vinculantemente respecto al combate del hacinamiento a una escala complementaria de la municipal; finalmente establecía que la relación entre el precio de construcción y el de venta solo se incrementaba en un 5%.

Por su parte, el mayor aporte de la Cooperativa fue la fijación del costo máximo de cada vivienda con lote (7000 colones), así como el establecimiento de una relación con el sueldo máximo de la población beneficiaria (250 colones al mes) cuya cuota o amortización debía estar en el rango del 6% y el 12% de su salario (de 15 a 30 colones), esto terminó definiendo períodos de 19 años para la cancelación total y dotó a una generación de la movilidad social que otorga vivir prácticamente en el centro de la ciudad, con el beneficio de todos los equipamientos comunales existentes; como ejemplos de esta cooperativa, la ciudad de Heredia cuenta con dos barrios: al norte del antiguo Hospital San Vicente de Paul y al oeste de la Escuela Cleto González Víquez.

¿Podemos encontrar en la actualidad una oferta de este tipo?

No, y es por eso que constituye un ejemplo valioso por retomar en un contexto donde se nos convoca a quedarnos en casa mientras muchos no tienen acceso al derecho humano a una vivienda, mediante un alquiler o la propiedad.

Como describía arriba, si las cuotas mensuales se asocian de manera semejante a un porcentaje del ingreso de un hogar, puede garantizarse la asequibilidad, la cual es uno de los siete elementos de lo que reconocemos como la Vivienda Adecuada de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.

¿De cuánto porcentaje estamos hablando?

Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, un parámetro aceptable es destinar el 30% a los gastos de vivienda, más allá de ese límite se comprometen las otras necesidades del hogar como sucede actualmente al haberse triplicado el promedio de su costo final en relación al promedio de los ingresos mensuales durante lo que llevamos del siglo XXI, esta tendencia debe revertirse con urgencia, en lugar de generar distracciones como las recientes opciones de financiamiento feriales donde se mantienen los precios elevados y se normaliza el sobre endeudamiento de los futuros propietarios.

El incremento en esta mercantilización de la vivienda se constituye en una forma violenta de expulsión de personas y en un obstáculo para el cumplimiento de las otras características de la Vivienda Adecuada: ubicación, accesibilidad, seguridad de la tenencia, habitabilidad, disponibilidad de servicios y adecuación cultural; también confirma que cuando la institucionalidad nacional se refiere al derecho a la ciudad lo hace en su versión más desteñida.

En la publicación del pasado marzo: “La vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el COVID-19″, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, expresó su preocupación por quienes viven en asentamientos informales, refugios de emergencia y las personas sin hogar, así como quienes están perdiendo empleos por lo que podrían atrasarse en sus hipotecas o ser desalojados.

Suscribo su opinión respecto a una serie de compromisos mínimos que deberían ejecutar los Estados ( y los gobiernos locales) para garantizar la protección de estas personas: “cesar todos los desalojos; proporcionar viviendas de emergencia con servicios para aquellos afectados por el virus y que deben aislarse; asegurar que la aplicación de medidas de contención (por ejemplo: toques de queda) no conduzca al castigo de nadie debido a su status habitacional; proporcionar igualdad de acceso a pruebas y atención médica; y proporcionar una vivienda adecuada que podría requerir la implementación de medidas extraordinarias según corresponda en un estado de emergencia, lo que incluiría el uso de unidades vacantes y abandonadas, así como alquileres disponibles de corto plazo.”

Imagen: https://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Precario_Tugurio_GAM_Febrero_2005/Asentamientos_en_Precario_y_Tugurio_GAM_Febrero_2005.pdf

UCR: Mercantilización de la Educación Superior en América Latina

UCR Mercantilizacion de la Educacion Superior en America Latina

La Universidad de Costa Rica, en el marco de los 100 años de la Reforma de Córdoba y los 50 años de la Regionalización, se invita este próximo 29 de agosto a la 1:30 p.m. a la lección inaugural de la carrera de Trabajo Social: Mercantilización de la Educación Superior en América Latina, a realizarse en el Auditorio de la Sede de Occidente.

 

 

Enviado por Luis Alberto Soto.

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