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Etiqueta: Ministerio de Hacienda

Asociación Jubilados en Acción solicita información sobre fondos para cuotas obreras, patronales y estatales correspondientes a jubilaciones

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El pasado 16 de octubre del 2024, la Asociación Jubilados en Acción solicitó al ministro de Hacienda, y al gobierno de la República, información acerca de los fondos que se debieron conformar con cuotas obreras patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional.

Dicha información se requiere para determinar qué hizo el Estado con las cuotas obreras, patronales y estatales correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, entre los periodos que van desde la promulgación de la Ley No 2248 (7 de setiembre de 1958) y la fecha de promulgación de la Ley No 7268 (14 de noviembre de 1991), a efecto de determinar la responsabilidad que corresponda.

A diferencia de los fondos individuales que pertenecen a cada afiliado, la reserva común se utiliza para cubrir riesgos o contingencias que afectan a todo el sistema, como una longevidad mayor a la esperada, ajustes por inflación, o desequilibrios actuariales en caso de que algunos participantes no acumulen los fondos necesarios para una jubilación digna. La función principal de esta reserva es estabilizar el sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo al actuar como un colchón financiero que permite absorber variaciones imprevistas en las proyecciones actuariales. 

Como se indicó supra, el Estado incurrió durante 33 años en el grave incumplimiento de apropiarse de los fondos ahorrados por el personal magisterial y de algunos de los patronos como cuotas obreras y patronales, con el agravante de que no pagó los aportes como patrono en el caso del personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) y no pagó tampoco, la cuota general que como Estado le correspondía aportar para todas las personas afiliadas a JUPEMA.

Por lo tanto, estas fueron las solicitudes concretas de información:

  1. ¿Qué hizo el Estado con las cuotas que pagamos las personas afiliadas a JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991 y que el Ministerio de Hacienda retuvo de nuestros salarios mensuales? 
  2. ¿Dónde se depositaron las cuotas patronales y estatales pertenecientes al Fondo Económico de JUPEMA entre el 7 de septiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991? 
  3. ¿A cuánto suman esas cotizaciones tripartitas pertenecientes al fondo económico de JUPEMA correspondientes al periodo de 33 años que van de 1958 a 1991? 
  4. ¿Dónde se depositaron los intereses y rendimientos generados por la reserva económica común perteneciente al fondo de jubilaciones creado por la Ley 2248 del 7 de setiembre de 1958? 
  5. ¿Existe un fondo económico o una previsión para que el Estado responda por esa obligación económica contraída con el personal del Magisterio mediante la Ley 2248 del 7 de septiembre de 1958?

Le invitamos a leer el documento completo, y enterarse de esta situación, la cual no está bien esclarecida, y no se comenta.

Solicitud de información al Ministerio de Hacienda(2)Descarga

Desnutrición educativa y presupuesto

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Educación.

Carta Abierta
Movimiento Mauro Fernández Acuña

Con suma preocupación por la desnutrición de nuestro sistema educativo, nos dirigimos a la ciudadanía comprometida con el bienestar de las generaciones que nos sucederán.

La desnutrición se produce cuando al organismo le faltan nutrientes o cuando no los puede asimilar. A nuestro organismo educativo le suceden ambas, le faltan nutrientes y los que le quedan tiene dificultades para asimilarlos. De este mal, viene padeciendo desde hace unos 10 años, pero a falta de “atención primaria”, ya se encuentra en el umbral de tercer grado, el más avanzado de la desnutrición. ¿Cómo lo sabemos? Porque los síntomas se exacerban y son muy evidentes debido a la falta de los nutrientes esenciales en la salud educativa: pérdida de masa corporal debido a la falta de cobertura; déficit curricular y precarización de la infraestructura.

Pero es que además sufre de mareos pedagógicos e inadecuada asimilación de recursos tecnológicos. La oxigenación que cotidianamente venía recibiendo del personal docente sufre cortes constantes.

Todos estos síntomas han resultado en que, el índice de desarrollo humano de Costa Rica en 2024 haya bajado 8 posiciones en relación con la década de los años 90, ubicándonos ahora en el puesto 64.

Estamos a la puerta de una muerte educativa por inanición; una muerte anunciada. Por eso es que hacemos un llamado para que, de manera urgente, se le asigne una fuerte dosis presupuestaria al organismo educativo del país.

Aunque algunos piensan que la educación está nutrida presupuestariamente, vamos a evidenciar que no es así. El plan presupuesto para el 2025, tiene una visión reduccionista y fiscalista cuyo único objetivo es cumplir con los límites presupuestarios impuestos del Ministerio de Hacienda, y es evidente que se mantienen las reducciones a los programas de equidad.

En términos reales, las reducciones presupuestarias son alarmantes, en claro incumplimiento al mandato constitucional de otorgar al menos 8% del PIB a educación, llegando a un mínimo histórico en los últimos 20 años. Y si nos comparamos con otros países, la situación no se ve bien. Veamos a continuación.

Presupuesto 2025

Según el análisis presupuestario del consultor Ricardo Vindas, publicado recientemente por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO), la inversión pública en educación enfrenta una evidente tendencia a la baja, teniendo como referencia que el máximo histórico fue de ₵2.670.018 millones en el 2020 y para el 2025 será de ₵2.580.414 millones.

En ese contexto, vemos como seis de las ocho subpartidas de remuneraciones vienen sufriendo rebajos desde el 2023: sueldos para cargos fijos, dedicación exclusiva, seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), aporte patronal a las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC), aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y a la Junta de Pensiones de Magisterio Nacional (JUPEMA). Las únicas subpartidas que reflejan un aumento son las de suplencias y aguinaldos, pero éstas corresponden a falsos aumentos que buscan llenar el “hueco presupuestario del 2024”, por inadecuadas estimaciones, lo cual impidió el pago de ambos rubros en el mes de agosto.

El presupuesto también presenta un déficit para la ejecución en recursos tecnológicos en todas las líneas presupuestarias vinculadas con la política de informática educativa. Además, para agosto del 2024 sólo se había ejecutado el 21% del presupuesto, muy por debajo de lo ejecutado con la Fundación Omar Dengo.

Las Juntas de Educación y Administración tienen un papel importantísimo en la administración y el mantenimiento de la infraestructura educativa. Requieren además de los presupuesto necesarios para cumplir con su tarea, un gran apoyo de manera que puedan adquirir los conocimientos más recientes en temas de la gestión de recursos. Y en ese rubro vemos con preocupación como a dichas Juntas se les recortan aproximadamente ₵555 millones para el próximo ejercicio fiscal.

Realmente inaceptable es la condición en las que se dejan a los Comedores Escolares que se ven reducidos en su capacidad de compra: aunque se observa un leve aumento para el 2025, y que según el MEP, es el monto más alto presupuestado en los últimos 13 años, cuando se suprime el efecto de la inflación, se reduce la capacidad de compra en un 12% con respecto a los montos presupuestados pre-pandemia (2018 y 2019). Es una obligación indiscutible dotar de una alimentación balanceada y nutritiva a los niños y niñas que asisten a los Comedores Escolares; además de que sabemos que, para muchos de ellos, provenientes de hogares en pobreza y pobreza extrema, los alimentos que reciben en los Comedores Escolares son su único alimento al día. Dejar de alimentar, literalmente, a los niños y niñas del país, es inadmisible.

De acuerdo con el análisis de Vindas, publicado por COLYPRO, se pasó de un máximo histórico de 7.4 % del PIB, a un mínimo histórico de 4,92% en cuestión de 4 años, y el más bajo en décadas. Esta situación no es solo un claro incumplimiento sistemático de la Constitución Política, sino un irrespeto a la dignidad e integridad de la sociedad costarricense.

Inversión en educación y por estudiante: una comparación

Si nos comparamos con América Latina. Un estudio de McKinsey & Company llamado “¿Cómo pueden mejorar los sistemas escolares el aprendizaje a escala?” (2024), establece cinco categorías de desempeño educativo alrededor del mundo: excelente, bueno, justo, pobre y muy pobre. Según el estudio, ningún país de América Latina alcanza la categoría de buen o excelente desempeño educativo. Costa Rica, con una inversión anual de $6000 dólares por estudiante, se coloca en la categoría de desempeño justo (mediocre), muy cerca de la categoría de pobreza educativa.

Si nos comparamos con los países de la OECD, donde si hay países con desempeños altos, el panorama se recrudece. Según el informe Education at a Glance 2023, entre 2020 y 2021, de los países de la OECD, Costa Rica reporta la mayor caída de gasto por estudiante (-8,3%). Mientras que en países como Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Eslovenia, España y Turquía, el gasto por estudiante aumentó, desde la educación primaria hasta la terciaria.

Este mismo informe señala que el costo medio por estudiante en la educación secundaria académica en Costa Rica es de $5.000 anuales y para quienes asisten a educación técnica llega a los $5.700. En primaria, secundaria académica y técnica, el país invierte menos de la mitad de lo que destinan en promedio los países de la OCDE. Nos ubicamos entre los tres últimos lugares en cuanto a la inversión por alumno.

El argumento de la baja natalidad

Frente a tales graves síntomas de desnutrición educativa, el argumento dado por el MEP para recortar el gasto es la baja natalidad (índice demográfico), y con ello el cierre de centros educativos, rurales la mayoría. Primero, el argumento de la baja en la natalidad (indicador demográfico) es totalmente insuficiente para justificar el recorte presupuestario, puesto que otros indicadores están tan mal atendidos, que el argumento de baja en la natalidad no los compensa mientras los centros y la calidad educativos sigue, en general, absolutamente comprometida. Es una falacia sugerir que la reducción del presupuesto responde a la baja demográfica.

Segundo, estudiantes no son solo los que podrían haber nacido, estudiantes son los que no asisten a las aulas y se les invisibiliza y excluye: los que dejaron de ir, los que nunca fueron, los que no pueden ir (población carcelaria) los menores de 4 años. Estas poblaciones no son consideradas en los montos presupuestarios.

Entonces, utilizar el indicador demográfico de baja natalidad como único criterio para disminuir la inversión educativa, eso es perpetuar, malintencionadamente, la baja calidad de la educación y más que eso, llevarla a la desnutrición extrema, así arrastrará a la población a vivir con un mínimo educativo y para muchos implicará una muerte educativa por inanición.

Costa Rica, merece mejores decisiones para seguir siendo una república democrática donde la educación es el derecho supremo para el desarrollo y el bienestar.

Silvia Chacón Ramírez
Eleonora Badilla Saxe
Karla Salguero Moya
Yalile Chan Jiménez
(Movimiento Mauro Fernández Acuña)

8 % ya

Escrito en . Publicado en Educación.

Manuel Hernández

1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.

La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.

Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.

Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.

2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.

No es una simple abstracción jurídica.

Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.

3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.

Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.

El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.

4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.

La norma constitucional constituye un mandato imperativo.

La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.

Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.

5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.

6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.

No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.

6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.

7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.

La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.

8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.

9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.

¡8 % ya!

Colegios Humanísticos ejecutan 97% del presupuesto; aseguran que recorte del Gobierno es injustificado

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Ante el recorte económico propuesto por el Gobierno de la República en el Presupuesto Ordinario 2025, el Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses realiza el siguiente pronunciamiento:

El Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses (CHC), hace de conocimiento público que para el Curso Lectivo 2025, el Gobierno recortó considerablemente el presupuesto institucional con respecto al asignado en el año 2024. Valorando que la ejecución presupuestaria de los cuatro colegios supera el 97% anual, no se justifica el rebajo en el presupuesto para el año 2025, que representa una reducción de ₡ 100 711 322.00.

Los Colegios Humanísticos Costarricenses, año a año, se nutren de estudiantes que buscan oportunidades para mejorar su crecimiento académico de forma integral. Cada alumno asume una carga académica con un alto nivel de calidad educativa, la cual se  desarrolla mediante proyectos, actividades y participaciones, cuyo objetivo es incentivar el pensamiento crítico, la reflexión y el compromiso para construir un mejor país. Además, se favorece la excelencia en todas las áreas del conocimiento contempladas en los planes de estudio nacionales.

Estos colegios brindan oportunidades de educación con los mejores estándares, principalmente en zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde abundan opciones educativas. La afectación presupuestaria a los cuatro colegios (Coto, Heredia, Nicoya y Sarapiquí), arriesga su operatividad normal, limitando el acceso y debilitando los servicios.

A este recorte arbitrario, se suma nuestra preocupación por la calidad de la educación costarricense. Hoy más que nunca, el país requiere fortalecer los espacios de formación integral de la población adolescente. De acuerdo con el Decreto 26436-MEP, Normas Básicas Reguladoras del Proceso Educativo en los Colegios Humanísticos Costarricenses: “Los Colegios Humanísticos Costarricenses (CHC) son por definición instituciones preuniversitarias que ofrecen a sus alumnos la oportunidad de desarrollar y adquirir habilidades, destrezas, conocimientos y orientación profesional. Estos colegios estimularán la capacidad analítica, crítica, creativa y relacional del ser humano con su realidad cultural y natural”.

El propio MEP reconoce los elementos diferenciadores que sustentan el Sistema de Colegios Humanísticos, abocado a procurar una movilidad social ascendente, a partir de del desarrollo integral del potencial de la población adolescente, formando seres humanos orientados a generar cambios significativos para construir una mejor Costa Rica.

El sistema educativo costarricense, en su conjunto, no resiste más precarización y debilitamiento. Alzamos  la voz para que se revierta el desmantelamiento de la educación pública en todos los niveles. Las y los jóvenes de este país urgimos servicios educativos de calidad, basta de afectar a las poblaciones más vulnerables, aumentando la brecha social y la desigualdad.

¡Somos el CHC, transformando la formación de nuestra comunidad aprendiente!

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría advierte de violaciones en asignaciones presupuestaria 2025

Escrito en . Publicado en Derechos.

Lineamientos para la elaboración de dicho presupuesto violenta obligación de respetar límites de la asignación presupuestaria*

En el año 2018 mediante resolución Nº19511–2018, la Sala Constitucional analizó varias consultas facultativas de constitucionalidad referidas al proyecto, que llegaría a ser la ley N°9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” mediante el cual se implementó la regla fiscal.

Dicha resolución abordó, entre otros temas, la preocupación que manifestaron varias personas diputadas de otorgar al Ejecutivo la posibilidad de disminuir los recursos efectivamente asignados para financiar las instituciones y los efectos al contravenir así los compromisos constitucionales y convencionales ya adquiridos, por ejemplo, en temas de educación y niñez y adolescencia.

En respuesta, la Sala Constitucional recordó que la propia Ley N°9635, contempla en su artículo 23 inciso i), que  durante el proceso de asignación presupuestaria se debe garantizar “el efectivo cumplimiento de los derechos que se pretenden financiar y el principio de progresividad de los derechos humanos”, estableciendo específicamente el artículo 24 una obligación a la Dirección General de Presupuesto Nacional que señala que “dicha asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente, en el momento de aprobación de esta ley, es decir del presupuesto 2019.

Si bien la Defensoría de los Habitantes reconoce, que a pesar de los límites establecidos el Poder Ejecutivo podría asignar el mismo monto nominal, sin ajuste alguno, lo que significa una pérdida del valor real de la asignación presupuestaria para la institución, al menos esta se constituye en el primer límite, como garantía mínima al momento de presentar ante la Asamblea el anteproyecto de presupuesto.

Pese a lo anterior, la Defensoría de los Habitantes ha detectado en el análisis del límite presupuestario máximo del año 2025 emitido por el Ministerio de Hacienda, en comparación con el presupuesto asignado para el año 2019, que al menos 5 Ministerios que tienen a cargo políticas prioritarias estarían viendo reducidos la asignación presupuestaria, en los siguientes porcentajes: Ministerio de Educación -5%, Vivienda y Asentamientos Humanos aproximadamente un -18%, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones un -55%, Ministerio de Obras Públicas y Transportes alrededor de un -61% y Ministerio de Salud un -73%.

La Defensoría de los Habitantes señaló que estos son los primeros resultados de trabajo que permita llegar a determinar cuáles son las principales afectaciones a los derechos humanos fundamentales, durante el proceso presupuestario que aborda la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, investigación que dio inició con un análisis el Presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública para el año 2025.

Además, está Defensoría recuerda, que ya la Sala Constitucional ha intervenido en casos concretos en los que, se violentan los límites establecidos, como lo ha sido en el caso del presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia y que es igualmente factible evaluar la constitucionalidad de un presupuesto, cuando se evidencia el vaciamiento de algún derecho fundamental o la imposibilidad de cumplir la misión constitucional, posibilidad que se analiza en el tema educación.

*Ley N°9635 establece Límites que fueron avalados por Sala IV

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Proceso sindical histórico en el Ministerio de Hacienda

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El viernes 23 de agosto se llevó a cabo un acto histórico en el Ministerio de Hacienda: la firma de un acuerdo de unidad sindical entre los gremios y sindicatos del ministerio.

El acuerdo tiene como objetivo principal luchar, promover y lograr una convención colectiva de trabajo que mejore las condiciones de empleo y trabajo de todo el personal del Ministerio de Hacienda.

Este proyecto también busca dignificar al Ministerio de Hacienda ante el país, resaltando una fuerza laboral unificada, organizada, decente, honesta y transparente.

Los representantes de varias organizaciones firmaron el acuerdo, incluyendo:

  • Sindicato de la Dirección General de Hacienda.
  • Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda (SINDHAC).
  • Seccional del Ministerio de Hacienda de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
  • Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN).
  • Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Lo importante del documento es:

  • Firma de un acuerdo de unidad sindical: El documento destaca la firma de un acuerdo histórico entre varios sindicatos y gremios del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de unificar esfuerzos en la lucha por una convención colectiva de trabajo.
  • Mejora de condiciones laborales: El acuerdo tiene como propósito principal mejorar las condiciones de empleo y trabajo de todo el personal del Ministerio de Hacienda, un grupo estratégico para la vida económica y política del país.
  • Dignificación del ministerio: El proyecto busca dignificar la imagen del Ministerio de Hacienda ante el país, resaltando la importancia de una fuerza laboral unificada, organizada y ética.

SEC: Gobierno de Rodrigo Chaves no da prioridad a la educación pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Salud.

En un comunicado del SEC se señalan puntos claves que evidencian la posición de la administración Chaves Robles contraria a dar la posición de prioridad para la educación pública como factor de desarrollo. SURCOS le ofrece los elementos centrales de lo expuesto por el SEC:

Reducción presupuestaria: Se menciona que, en 2023, 2024 y 2025, el presupuesto para la educación pública ha sufrido reducciones, a diferencia de años anteriores donde la inversión en educación era más estable.

Las prioridades deben ser la educación y salud. Se argumenta que la educación y la salud pública deben ser prioridades innegociables en el presupuesto nacional. El gobierno actual, según los críticos, no ha asignado adecuadamente los recursos necesarios para estas áreas vitales.

La capacidad de Gobernar. Se cuestiona la capacidad del gobierno para asignar recursos públicos de manera efectiva y estratégica. Se alega que la administración actual, incluyendo al ministro Acosta, el presidente Chaves, y la ministra de educación no ha demostrado la habilidad para gestionar adecuadamente el financiamiento para la educación.

Respeto al presupuesto para la educación pública: Se hace una comparación con el año 2020, cuando Costa Rica destinó el 7.32% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación sin necesidad de medidas extraordinarias como la liberación de presos para financiar la educación según lo mencionó el ministro de Hacienda Noghi Acosta.

Reducción progresiva. Se menciona que el presupuesto para la educación ha sido reducido de manera progresiva: 5.37% en 2023, 5.21% en 2024 y 4.83% en 2025.

Se critica a la ministra de Educación, Katharina Müller, por no defender el presupuesto de manera firme y efectiva. Se argumenta que ella ha permitido que el presupuesto para la educación se reduzca sin protestar o luchar para que se mantenga.

Müller es descrita como la primera ministra de educación que ha permitido la reducción del presupuesto educativo sin tomar medidas significativas para evitarlo.

La reducción del presupuesto se asocia con la posibilidad de que miles de jóvenes sean expulsados del sistema educativo, lo que podría llevar a mayores problemas sociales como la falta de oportunidades laborales, el aumento del narcotráfico y el crimen organizado.

Se propone que, en lugar de reducir el presupuesto para la educación, se debería priorizar el financiamiento a esta área sobre el servicio de la deuda pública, reduciendo así las partidas asignadas al pago de intereses y capital de la deuda.

Se exige la renuncia del ministro de Hacienda Noghi Acosta y de la ministra de Educación Katharina Müller. Se argumenta que ambos han demostrado incapacidad y desinterés en la educación, lo que es visto como una violación a la ley y una injusticia deliberada.

Se sugiere que sus acciones deberían ser calificadas y sancionadas por los Tribunales de Justicia, subrayando que no hay espacio para la ignorancia deliberada en la gestión pública.

ANDE rechaza las declaraciones del Ministro de Hacienda en torno al presupuesto educativo

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Comunicado

Este lunes 19 de agosto ha circulado por las diferentes redes la imagen de un titular de Diario Extra, en la cual se muestra que el Sr. Nogui Acosta, Ministro de Hacienda, afirma que la mayor inversión en educación «obligaría a liberar a todos los presos».

ANDE rechaza categóricamente estas declaraciones desproporcionadas y especialmente injustas para un sistema educativo público, que históricamente ha contribuido en la construcción de una Costa Rica pacífica, democrática e igualitaria.

La educación de nuestro pueblo es lo que siempre ha permitido a los costarricenses vivir en paz y acceder a niveles de vida digna.

La reducción de la inversión social y del presupuesto educativo de los últimos años, sin lugar a duda, influye en hacer crecer la exclusión y la desigualdad, lo que acrecienta la ola de violencia que hoy enluta y afecta a tantas familias.

La inseguridad en las calles crece de la mano de la exclusión y la desigualdad, de la falta de oportunidades para estudiar y acceder a un trabajo decente. La inseguridad crece cuando le quitamos la beca a un joven o cuando cerramos la escuela de una comunidad rural.

Nuestro país no saldrá de la crisis actual si los gobiernos continúan negándose a invertir en educación, cultura, recreación y deporte.

Recortar la educación es la ruta a un país cada vez más excluyente, desigual y violento.

ANDE hace un llamado a los padres y madres de familia a sumarse a las acciones de lucha programadas para los días 28 y 29 de agosto; defender la calidad de la educación que reciben sus hijos(as) también es su responsabilidad.

La histórica sentencia contra Hacienda y a favor de la igualdad real, la libertad y la eficiencia económica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

La Sala IV ha rechazado los débiles argumentos brindados por el Ministerio de Hacienda, con el fin de justificar un nuevo recorte a los fondos destinados a los programas sociales en este 2024. Le ordenó “disponer lo necesario, para que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la comunicación de esta resolución, se dé cabal cumplimiento a la obligación de girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), la totalidad de los recursos correspondientes a la transferencia del Gobierno Central” (Res. Nº 2024021400). Al respecto algunas lecciones que debemos mantener presentes.

La primera, el recorte a los recursos del FODESAF por poco más de ₡62 mil millones ejecutado por el Ministerio de Hacienda en este año, fue justificado por el ministro de Hacienda a.i. en unas cuantas líneas diciendo que “se han encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” Así de sencillo, sin brindar datos o mayores explicaciones a la Sala, a pesar de que, con esos recursos, sería posible reducir la pobreza extrema en varios puntos porcentuales (ver Cantú et al, 2024).

Es fácil “entender” el proceder de Hacienda porque ciertamente los datos no los favorecen. Recordemos que la partida presupuestaria que el Estado está obligado brindar al FODESAF fue establecida tomando como base un momento de crisis fiscal, 2019. En aquellos tiempos, la constante era déficit primarios continuados, normativa fiscal con desfase de 25 años, y las calificadoras veían al Estado costarricense como un pagador muy riesgoso. En 2024 el panorama ha cambiado radicalmente, tras varios años de implementación de una reforma fiscal y al empleo público, el Ministerio de Hacienda ha alardeado sendos superávits primarios, y coincide con el Fondo Monetario Internacional en proyectar este comportamiento en el corto plazo. Incluso este año Fitch Ratings y S&P Global Ratings han mejorado la calificación de la deuda Estatal costarricense. Por lo que la excusa de que Hacienda no cuenta con recursos contrasta con la realidad de los hechos.

En segundo lugar, la Sala considera que el incumplimiento de Hacienda no es cosa menor, decidió irrespetar normas legales superiores y especiales; afectando derechos fundamentales de la población más desvalida, como el derecho a la salud, la educación, la alimentación; aspiraciones de nuestra sociedad consagradas en la Constitución Política y convenios internacionales como son la igualdad real, la libertad y la eficiencia económica; y de plano atentar contra el Estado Social de Derecho establecido en la normativa costarricense.

Esto es así porque el FODESAF es un patrimonio de recursos creado con el objetivo de dar sostenibilidad financiera a programas que financian transferencias para que la población en condición de pobreza extrema, niñez y adultos mayores puedan subsistir, y tengan acceso a servicios de salud; programas que se ha demostrado mejoran el desarrollo económico a largo plazo pues aumentan la matrícula estudiantil y la permanencia en el sistema educativo como comedores escolares y becas educativas; otros que mejoran la empleabilidad con tasas de éxito superiores al 90%, como el PRONAE; y los que cubren varios objetivos, brindan protección, aumentan la escolaridad de sus beneficiarios y dinamizan la economía, como los de vivienda social.

Tercera, ahora el Ministerio de Hacienda debe trasladar los recursos faltantes al FODESAF por la vía de un presupuesto extraordinario que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y de allí trasladados a los distintos programas sociales. Suponiendo que tanto Hacienda como la Asamblea sean diligentes, se requerirá mucha agilidad, eficacia y consciencia por parte de los distintos programas para asegurar la ejecución de los recursos en lo que resta del año. Los programas de transferencias monetarias (RNC, Avancemos, Protección Familiar etc) y algunos de cuido (Conapdis, Conapam), pueden ejecutar fácilmente lo que se les traslade, pues además de tener una amplia población objetivo sin cubrir y beneficiarios precalificados a la espera de presupuesto, el tipo de beneficio o la forma de ejecutarlos (en conjunto con el sector privado) facilita su expansión. En los casos en que esto no suceda, que en la práctica son los menos, se debería apelar a la conciencia de los jerarcas de los programas con dificultad de ejecución para que renuncien a los recursos y puedan ser trasladados a aquellos con mayor probabilidad de ejecución. Esta dinámica se podría adelantar desde la gestión del presupuesto extraordinario en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Cuarta, el fallo de la Sala hace un recuento de las numerosas ocasiones en que Hacienda ha recortado recursos al FODESAF, al tiempo que la Sala le enmienda la plana ordenando su restitución. Con ello se les da la razón a los recurrentes, en el sentido de que es una práctica histórica y reiterada por parte del Ministerio de Hacienda, el incumplir la normativa nacional y convenios internacionales, recortando el financiamiento de los programas sociales a su discreción. Ante ello, uno esperaría que hubiese una advertencia más vehemente o mecanismos legales más efectivos para desincentivar este comportamiento tan perjudicial y entronizado en las autoridades encargadas del Presupuesto Nacional.

Quinta, en el fallo de la Sala se hace un recuento de la normativa que ha venido reduciendo los aportes del Estado al FODESAF, desde que se había definido como el 20% de lo recaudado por concepto del “impuesto de ventas”; hasta un monto mínimo absoluto de ₡256mil millones con la reforma fiscal de 2018. Lo cual es evidencia de un Estado poco comprometido con el cumplimiento de sus aspiraciones en materia de desarrollo social y económico. Esto además deja como fuente principal de recursos para el FODESAF el 5% que se recauda sobre las planillas, en momentos de alto desempleo estructural, y una fuerte presión empresarial por eliminar este tipo de contribuciones parafiscales.

En momentos en que el Ministerio de Hacienda ha reconocido que la reforma fiscal de 2018 ha tocado techo, cosa normal y esperable pues ya han pasado seis años (los países avanzados hacen reformas fiscales cada otro año), parece un momento oportuno para plantear una reforma fiscal progresiva, eficiente, que ponga a contribuir solidariamente a todos los sectores económicos de nuestro país, sobre todo a los más dinámicos, y de manera que se puedan cumplir las aspiraciones del Estado social de derecho costarricense.

*Exdirector Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf). Exdirector Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Exigimos recursos – comunalistas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Desde la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal se exigen los recursos que por ley les corresponde, pues según la legislación el 2% del Impuesto de la Renta le pertenece al comunalismo. El Ministerio de Hacienda debe entregarlo.