Ir al contenido principal

Etiqueta: Ministerio de Hacienda

Consideraciones acerca de la actuación del Ministerio de Hacienda

Comunicado recibido por SURCOS

SITRAHSAN como sindicato base del suscrito, y Fenotrap de quien formo parte integral me han solicitado hacer referencia ante ustedes como medios de comunicación responsables de informar a la población de manera veraz, en razón de ello me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

  • Estas manifestaciones son producto de casi 30 años de trabajo continuo en el Ministerio de Hacienda, con experiencia, en Aduana, Tributación, Dirección de Hacienda, entre otras Direcciones.
  • Al suscrito le preceden años de experiencia docente en materias como Legislación Tributaria, entre otras de no menos de 15 años en distintos centros educativos superiores del país.
  • Al suscrito le ampara académicamente una Licenciatura en Administración y una Licenciatura en Derecho, colegiado en ambos colegios con vigencia hoy en el Colegio de Ciencias Económicas, y de Abogados y Abogadas de CR, recientemente en el Colegio de Contadores Privados del cual desistí por voluntad propia.
  • El suscrito constituyó como miembro las Juntas Directivas de los Sindicatos SITRAHSAN en el periodo 2017 junio a 2020 agosto, desistiendo por voluntad propia, igualmente en SINDHAC primera organización sindical siendo militante desde 1992 hasta el año 2015 cuando renuncie la JD, por considerarlo una organización que no denunciaba las cosas como debían denunciarse.
  • Al Suscrito en calidad de Secretario General en SITRAHSAN le correspondió dirigir causas hasta el Ministerio Publico como lo constituyeron la perdida de Expedientes de Cobros Judiciales, donde no se ha cuantificado el daño patrimonial contra el Estado ni la cantidad de expedientes, así como los señalados en esa causa, donde se rumora que hasta un Partido Político fue favorecido por un tercero por una suma de cerca de 800 millones en un sólo expediente y respecto a un caso de una empresa familiar de un militante muy reconocido de dicha agrupación y a cambio de una candidatura a Diputación de otra reconocida comunicadora. Corresponde al Ministerio Publico verificar esas situaciones.
  • Me correspondió ejerciendo la Secretaria General, denunciar administrativamente la actuación dolosa de 4 compañeros de la DTIC – Dirección de Tecnologías- donde se recibieron prebendas a cambio de comprometer quizás una compra a un proveedor en México, resultando de ello la separación administrativa de dos de los cuatro funcionarios en esa causa señalados.
  • Al suscrito le consta que los distintos periodos o magistraturas presidenciales, cuando llegan nuevas autoridades al Ministerio de Hacienda, por lo general resultan ser “compadrazgos políticos” de tal manera que por lo general llegan a hacer “escuela en la gestión del tratamiento de la Economía social, la política fiscal o tributaria y la implementación de normas, cuyo sello es MAS IMPUESTOS vía tarifaria y legal , pero que con algunas excepciones; muy pocas; como el Sr. Guillermo Zúñiga y otros actores, demostraron eficiencia sin el látigo de más impuestos sobre los Costarricenses.
  • Al suscrito le consta como en los periodos precedentes, al 2014 en conjunto con diversos actores sociales y políticos que inclusive fueron Viceministros y Presidente Legislativo, en la Administración anterior, se les confecciona una HOJA de RUTA ante la reiteración cada cuatro años de que los políticos oh atacaban los ingresos oh atacaban los gastos, pero no tenían un rumbo adecuado de carácter cívico y social solidario progresivo, en virtud de ello la FUNDACION FRIEDRICH EVERT financió dicha propuesta en 2014 se le entregó y expuso a la Asamblea Legislativa antes de iniciar el periodo presidencial del sr Luis Guillermo Solís, donde el Sr. Otón Solís también fue Diputado y el Dr. Henry Mora
  • Lamento como representante sindical dentro del Ministerio de Hacienda y , que hemos resaltado como trabajadores, la reiterada pretensión para que el PODER EJECUTIVO y las autoridades de turno propongan un texto adecuado para el ejercicio del control fiscal , pero más bien observamos un interés de todas las administraciones de dejar de lado ese interés y por el contrario, desde el año 1995 en la cabeza de Fernando Herrero como Ministro de Hacienda y , Antonio Álvarez como Diputado se modificó la Ley de Aduanas dotando a auxiliares de la función pública potestades de control que lejos de fortalecer el mismo, más bien lo debilitó.
  • Lamento como en la cabeza del Sr. Fernando Herrero , se amplió el umbral punitivo o delictivo tributario, pasando de 200 salarios base el delito fiscal, a 500 salarios base, lo que significa que hoy día para constituirse el delito tributario se debe demostrar fehacientemente que debe defraudarse al fisco en no menos de 200 millones en promedio , si la cuantía es menor, es sanción administrativa, y hasta el día miércoles de esta semana se ha demostrado que después de 12 años un caso quedó en firme, no obstante el Procesal Penal contiene derechos que a la postre podrían resultar contrarios al comunicado de prensa girado esta semana por el Ministerio de Hacienda.
  • Es lamentable observar que los auditores fiscales, en promedio de uno para atender a dos mil declarantes, esto es como “ burro amarrado contra puma suelto”, y se ha insistido a las autoridades de turno a incrementar el riesgo subjetivo pasar al menos de 2 a 4, dicho de otra manera, de controlar 2 tramites entre 100 a 4 entre 100 al menos, porque a la inversa es 98% de probabilidad de éxito al fraude, a la evasión y al contrabando, y si a eso le incorpora legislación débil, continuaremos viendo papeles y sin poder actuar de manera ejemplar e inmediata en el combate al fraude, por el contrario sentimos que las autoridades de turno son complacientes con la idea de controles mínimos, facilitación del comercio internacional y en consecuencia la tendencia a cero control con el fin de agilizar el comercio, pero que al verlo relejado en las declaraciones de renta, nos damos cuenta que muchos DECLARAN CERO IMPUESTO-
  • Lamentamos que HACIENDA siga siendo la CENICIENTA del Gobierno Central, en virtud de que ante legislación débil, las actuaciones no se pueden exceder, porque si mi persona funge como auditor en Aduanas, carece de competencia legal, material o quizás territorial de ver actuaciones de carácter tributario en consecuencia, la división administrativa, legal, y la competencia misma es una “LEY MORDAZA O CAMISA DE FUERZA” para quien desea ejercer su papel de la mejor manera. Y de esto se nutren muchos grandes declarantes, distíngase bien, grandes declarantes en cero impuestos, porque el que contribuye lo hace de su propio bolsillo, no del bolsillo de lo que retiene o recibe en el ejercicio comercial.
  • Lamentamos en mucho que la única policía represiva, técnica y especializada que tiene el Ministerio de Hacienda, sea utilizada muchas veces para el acompañamiento a denuncias que en poco contribuyen al control fiscal, que es su esencia o razón de ser.
  • Lamentamos que un auditor fiscal en Aduanas no conozca que es la declaración del Iva o un auditor de Tributación desconozca que es un DUA y su base científica de clasificación y base imponible, para que, al llegar a realizar un control del Inventario, pueda al menos presumir un cumplimiento fiel del trámite Aduanero.
  • Lamentamos el grado de fraude tributario en facturación y subfacturación, clasificaciones arancelarias diferenciadas, pero en algo similares que permiten al enemigo tributario acumular grandes riquezas, producto de esa lesiva conducta.
  • Lamentamos la distribución poco equitativa del Presupuesto Nacional el Gobierno Central
  • Lamentamos la cantidad de instituciones del Estado mismo, que no s e integran legalmente en la política tributaria y fiscal de este país, que contribuya su unificación al bienestar económico y nacional de toda la sociedad costarricense, permitiendo amasar grandes fortunas en instituciones como el INS, RECOPE y otras, pero deficitarias como el IMAS
  • Lamentamos que durante tantos años se hayan robado en promedio 2,6 billones de colones en fraude tributario o contrabando y no se ha impuesto una norma técnica jurídica para atacar este flagelo, de haberlo hecho responsablemente los gobernantes actuales o anteriores, hoy la realidad de la pandemia seria otra. En otras palabras, actuaron de manera irresponsable.
  • Lamentamos que autoridades Ministeriales, como la Señora Rocío Aguilar y su equipo Ministerial, implementaran el IVA, cuando simplemente lo que se requería muchas veces era a lo interno una Directriz para conjugar adecuadamente los recursos y desarrollar planes y programas de control de deberes formales y en conjunto ejecutar el control fiscal adecuado. Sin embargo; se jactaron de la implementación legal de los SCANER los que después de 2 años casi de la vigencia de la Ley no se ha realizado, y que ante flagrante delito de “incumplimiento de deberes” les otorguen la posibilidad de ostentar salarios millonarios y dirigir los recursos de los trabajadores en la SUPEN
  • Lamentamos como durante la pandemia, se pudo legislar hasta en no menos de 50 horas, emitir una Ley para dotar de moratoria fiscal a quien deseara no pagar los impuestos, y que nos deja hoy día en una disyuntiva jurídica de quien cobrara si Administrativamente o Judicialmente, ante la posibilidad nuevamente de jinetear más los impuestos, como si fuera una amnistía disfrazada tal cual grandes declarantes obtuvieron con la complacencia de muchos de los actuales diputados, y hoy nos endosan el problema del déficit fiscal que heredamos.
  • Lamentamos; como no se legisla para fortalecer el sistema tributario y combatir la corrupción, la inacción d muchas autoridades de turno, que tienen competencia hasta en el control de las compras públicas, haciendo del Ministerio de Hacienda un MEG MINISTERIO, pero que pareciera ser su propósito llegar a minimizar el papel de fiscalizador.
  • Lamentamos que el ejercicio de la Ley 7509 faculte a Hacienda a modificar valores, y durante años las Municipalidades han gozado del fruto del Impuesto Territorial, y los dueños de Yates q son de pasajeros donde interviene el MOPT para dotar esa condición, así como los EE Equipos Especiales, de las grandes constructoras, hoy día no tengan que pagar sobre esos bienes o embarcaciones el impuesto a la propiedad.
  • Lamentamos también que lo que proponemos los funcionarios Tributarios con carácter técnico y la experticia del quehacer diario en la ejecución del marco legal, no sea de interés para los actores civiles y políticos de este país, ya que de lo contrario tendríamos otra realidad nacional.
  • Hoy se cierne una gran posibilidad para fortalecer al Ministerio de Hacienda, una sería quitando en su control el componente Político, que ha demostrado en muchos actores impericia y desconocimiento, pero no con otro objetivo de que lo retomen quienes aman a la Patria y saben el “baile” que se tienen muchos, al declarar que con dos días de cierre tienen pérdidas multimillonarias, y cuando de declarar se trata…DECLARAN CERO impuestos en RENTA.
  • Debemos revalorar las Exoneraciones contra la acumulación de riqueza en las diversas actividades, no es posible que la ley 7293 otorgue exoneraciones a consorcios agropecuarios, a consorcios médicos y a consorcios turísticos, dotándolos de grandes posibilidades de incentivos fiscales, y cuando el pueblo está en pandemia simplemente señalen que están por quebrar,
  • Lamentamos los escudos fiscales como la aplicación de las provisiones laborales como Aguinaldo, preaviso y cesantía, ESCUDOS FISCALES legales, pero que al tenor de la LEYES de SUSPENCIONES DE CONTRATOS simplemente digan al trabajador váyase y regrese luego a ver si hay chance de recontratarlo.
  • Lamentamos los millones en alquileres, cuando hemos señalado la cantidad de propiedades para construir las edificaciones estatales, ejemplo las diez hectáreas que desperdician al costado de la Aduana Central en Calle Blancos, y así muchas de otros Ministerios, que al final son del Estado mismo. Y cuando se tienen se donan para actos culturales que al final nada o casi nada mejoran, ejemplo Edificio Olympo , 50 norte de Diario Extra, o las 80 hectáreas del parque la Libertad en Patarra de Desamparados
  • Lamentamos lo permisivo de la legislación penal, ya que al infractor cuyo carácter le brinda inmunidad penal, como lo fueron los casos de la trocha, papeles de panamá, expedientes de cobros judiciales, muerte de funcionarios en Hacienda por presunto estrés después de la Ley 9635, los premios a políticos de turno en puestos con salarios ostentosos, y otros más por la inacción de la Asamblea Legislativa de cambiar la norma, o del Ministerio Publico cuando se tiene flagrante actuación de esos actores.

Como pueden observar el enfermo colapso en Marzo de 2020 con la pandemia declarada, pero la pandemia más importante, ya se venia fraguando desde años atrás, con el permisivo favor de omisión de los actores políticos, que hoy pone en evidencia, la millonada, de salarios que se auto aplican algunos servidores públicos de muy alto nivel, en Bancos, en el INS, la Contraloría General la Asamblea Legislativa, la procuraduría y hasta en Recope, y otros “elefantes blancos” que poco o nada aportan, pero que al final distan en mucho de los ingresos potenciales de los dirigentes de la empresas privadas, que actúan al tenor del principio de autonomía de la voluntad, donde observamos por su modus vivendi el ostentoso vehículo que supera los 20 millones de colones y que a pesar de eso, no podemos indagar sus ingresos, ya que incurriríamos en una actuación con persecución penal y quizás llegar a que nos encarcelen, por querer redimir la justicia.

Suscribe Lic. Miguel Ureña Ex Secretario General SITRAHSAN
Miembro JD FENOTRAP-CMTC

Imagen ilustrativa.

Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal hace cinco propuestas concretas

SURCOS recibió un documento en el cual el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal propone cinco medidas, para hacer del Ministerio de Hacienda un espacio que opere con eficacia y bajo el control de la ciudadanía para evitar la evasión y la elusión fiscal.

El Observatorio surge como parte de los esfuerzos impulsados por el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, y específicamente, del Territorio Seguro de Goicoechea.

Compartimos los elementos que fueron expuestos por Amanda Ugalde en representación del Observatorio en Casa Presidencial este jueves 27:

5 propuestas: Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal

  1. Reorganización de las 3 direcciones (Aduana- Tributación-Hacienda) bajo un esquema de procesos integrados, articulados y coordinados. Se buscará el logro de una estructura aplanada.
  2. Sistema de monitoreo de Hacienda digital en conjunto con la ciudadanía: De acceso público, para controlar el uso óptimo del dinero.
  3. Establecer metas país a mediano y largo plazo: Debe hacerse desde los sistemas de planificación nacional y planificación estratégica del Ministerio de Hacienda, para disminuir la evasión y elusión fiscal.
  4. Índice de la participación ciudadana de la gestión tributaria: que se evalué la apertura de MINHAC hacia la persona ciudadana como primer poder de la república.
  5. Sistema ciudadano de seguimiento y rendición de cuentas al acuerdo FMI: control sobre el nivel de cumplimiento trimestral de las metas que se acuerden entre el gobierno y el FMI.

La vida antes de pagar intereses, la vida antes de la meta inflacionaria

Pablo Abarca. Economista, miembro de Economía Pluralista

Dicen por ahí que es en el terreno de las ideologías donde los seres humanos toman conciencia de los conflictos que se manifiestan en el mundo económico. Sin lugar a dudas, con las ideologías se toma conciencia; pero esta conciencia dependiendo de la ideología no tiene como fundamento de existencia la vida humana en el mundo económico, y es un problema que ideologías como mantener la inflación baja o sostener la autonomía del Banco Central evitando el financiamiento al Gobierno estén por encima de facilitar una vida humana digna a nuestra gente.

De acuerdo a las proyecciones emitidas por el Ministerio de Hacienda mediante un comunicado de prensa el día 30 de abril; el déficit fiscal interanual que vamos a experimentar en el 2020 será de un 8.6% del PIB y un déficit primario de un 3.4% del PIB, estas son cifras alarmantes, y evidencia la imposibilidad financiera del Estado para poder llegar a las personas que lo necesitan de la forma correcta.

Si bien es cierto con la aprobación del primer presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa publicado en La Gaceta el 25 de abril, se asignó 225mil millones de colones de subsidios referentes al bono “Proteger”; de acuerdo a cifras del BCCR en el documento “Coyuntura macroeconómica ante la pandemia y revisión de proyecciones 2020-2021” con esta medida se evitará una contracción del 2% en el consumo de los hogares costarricenses.

La necesidad de poseer recursos para la intervención del Estado en la economía es fundamental; de acuerdo con el último cuatrimestre del 2019 la tasa de desempleo era la más alta desde que se realiza la Encuesta Continua de Empleo por parte del INEC; 12.4% de la PEA, aun no se poseen cifras formales respecto al nivel de desempleo actual, sin embargo, es claro que experimentamos niveles de desempleo no vividos con anterioridad.

Los países como Inglaterra y Japón; están siendo respaldados desde sus respectivos bancos centrales en el financiamiento directo que sus Estados necesitan para proteger y mantener la vida de sus gentes ante la pandemia.

En el caso de Costa Rica el BCCR envió una modificación a su Ley Orgánica articulo 54 específicamente, a la Asamblea Legislativa procurando habilitarle la compra de bonos al Estado en el mercado secundario, petición que fue incorporada en el proyecto de ley 21874, el cual se convirtió en ley el pasado 3 de abril. A pesar de dicha muestra de mediana sensatez por parte del BCCR, el presidente del BCCR el señor Cubero dejo bien claro en una entrevista al Semanario Universidad el 30 abril “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria” de que las expansiones monetarias estarán al servicio de la liquidez, la estabilidad financiera y el crecimiento del producto, pero nunca del lado de la gente, es decir, muy lejos de situar al BCCR y su política monetaria como un elemento fundamental para salvar vidas; el señor Cubero cegado por la ortodoxia económica demuestra que es más importa cumplir con una meta inflacionaria baja que nadie percibe en sus bolsillos, a ayudar al financiamiento responsable del Estado, para salir adelante con el COVID-19.

Sobre la compra de bonos en el mercado secundario, esto implicaría altos costos de intermediación que las entidades bancarias comerciales deberán incorporarlos en las tasas de interés con las cuales se negociaría con el BCCR, es decir mayores costos para el Estado.

El BCCR en su comunicado de prensa el 15 de abril agrega; “La adquisición en el mercado secundario por parte del Banco Central de títulos del Ministerio de Hacienda no constituye financiamiento al Gobierno, pues la compra de los valores se realizaría a un tercero, que sería quien recibe el dinero por la adquisición que hiciere el Banco Centra (…)”.

El financiamiento del BCCR hacia el Estado mediante la compra de bonos es fundamental para seguir adelante, sin embargo, la medida de comprar estos bonos a una entidad bancaria comercial en el denominado mercado secundario incurriendo en mayores costos, no tiene sentido presupuestario claro está.

Lo correcto sería una relación directa (mercado primario) entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para la compra de los bonos sin ningún costo de intermediación y a tasas iguales a cero. Lo correcto sería financiar al Estado al menor costo posible; porque esto sería ayudar a los costarricenses.

El señor presidente en su discurso del 4 de abril sobre informe de labores indica “(…) promovemos una iniciativa global para que el financiamiento relativo a la pandemia para países de renta media sea a tasa fija, ojalá tasa cero, y de largo plazo. Esto para proteger a nuestros países y la cohesión social dentro de la región”.

En este país somos metafóricos por educación y a esto le llamamos “candil en la calle y oscuridad en la casa”, el señor presidente pide un tratamiento financiero internacional justo pero en el país se presupuesta alrededor de un 5.2% del PIB en pago de intereses por concepto de deuda en el presente año. Y para el presupuesto extraordinario se incluyó un apartado para el pago de 273.375 millones de colones por concepto de deuda pública interna.

La situación en que se encuentra el mundo y en particular Costa Rica demanda una negociación con las entidades a las cuales se les adeuda el servicio de intereses, dar a entender que en los momentos actuales el Estado necesita la mayor capacidad de flujo de caja posible, y que por ende el retraso del pago de intereses es fundamental para activar la economía, que los rendimientos de recursos ociosos pueden esperar; porque se necesita salvar vidas primero.

La realidad de la deuda pública y la solución correcta y posible

Óscar Madrigal

11 MIL MILLONES DE COLONES POR DÍA es lo que tiene que pagar Costa Rica diariamente por la deuda pública. Al mes representa ¢330 mil millones de colones.

Para poder dimensionar esta cantidad, podríamos decir que con ese monto se le podría dar un subsidio de ¢125.000 colones mensuales a 2.640.000 personas. Más de la totalidad de la fuerza de trabajo del país.

De esos ¢330 mil millones mensuales, el 80% corresponde al pago de intereses. Casi no abonamos nada a la deuda.

Solo en intereses pagamos los costarricenses ¢264.000 millones de colones POR MES.

El servicio de la deuda, calculado en dólares, cada mes es de $582 millones de dólares. Es superior al préstamo que dará el FMI y por el cual está poniendo como condición vender activos del Estado.

El Gobierno pretende resolver los problemas sobre más endeudamiento. Tiene planeada la aprobación de unos $3.100 millones de dólares para paliar la crisis.

De tal manera que con solo cinco meses de moratoria de la deuda podría tener una cantidad igual o superior a todo el endeudamiento previsto, con los condicionamientos e hipoteca aún mayor sobre el futuro del país.

Sin una moratoria de la deuda, es decir, sin una posposición del pago de la deuda, el país no saldría bien librado de esta crisis. No se trata de no pagar, sino de lograr 12 o 24 meses de posposición de los pagos.

Con un año de moratoria el Gobierno podría disponer de ¢4,01 billones de colones, lo cual le permitiría tener los recursos suficientes para la reactivación económica, el impulso a infraestructura incluyendo el tren eléctrico y la subvención a los trabajadores y trabajadores y empresarios golpeados por la crisis.

¿Es imposible una moratoria? En el plano internacional se están dando condiciones inmejorables; hasta el FMI y el BM hablan de moratoria a los países más pobres. Respecto a la deuda interna habría que buscar los mecanismos para ajustar el principal y los intereses a un año plazo.

El Presidente Alvarado hizo un llamado a la comunidad internacional a finales del mes de marzo donde dijo: “asistencia financiera otorgada… deberían ser excepcionales en cuanto a interés, periodo de gracia y tiempo de pago. Debe a su vez, avanzarse con un arreglo de pago de las carteras existentes, y eventualmente disponer la suspensión de pagos”.

El Presidente plantea una vía correcta y posible: hacer un arreglo de pago de las deudas existentes, lo que significa una especie de moratoria de la deuda. Pero aún más el Presidente habla de la eventualidad de una SUSPENSIÓN DE PAGOS.

Esta es la salida menos traumática y más humana a la crisis actual y venidera.

(Los datos utilizados son con fundamento en el Ministerio de Hacienda).

Plantean recurso para conocer montos pagados por «grandes contribuyentes»

Compartimos el Recurso de Amparo presentado el día 12 de diciembre ante la Sala Constitucional, en relación con la lista de grandes contribuyentes que si cancelaron renta y los montos cancelados, durante los últimos 10 años.

Recurso en Sala IV, 12 de diciembre 2018

 

 

*Imagen ilustrativa tomada de Semanario Universidad.

Compartido por Carlos Campos Rojas / Territorios Seguros.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

SITRAHSAN busca respeto por derechos del personal del Ministerio de Hacienda

Comunicado SITRAHSAN

 

El pasado jueves 18 de mayo del presente año, SITRAHSAN se reunió con la diputada Ligia Fallas y sus asesores en la Asamblea Legislativa, donde se trataron temas de mucho interés para el personal del Ministerio de Hacienda, en busca de que se respeten sus derechos y se deje de pisotear la honestidad y transparencia del trabajo realizado por nuestros funcionarios. También se obtuvo el compromiso de la señora Diputada Fallas, de apoyar y luchar porque se haga realidad y de la mejor forma, la modernización de los puestos fronterizos de nuestro país, esto con los recursos del empréstito que está siendo aprobado en la Asamblea Legislativa con organismos internacionales.

Otros temas tratados fueron el control de contenedores, herramienta muy importante para el sistema aduanero y control del contrabando de mercancías sin pago de impuestos y control de trasiego de drogas mediante la instauración de scanner en los puertos de ingreso.

Seguimiento a las denuncias respecto al ingreso de miles de toneladas de Cemento proveniente de China, con la manipulación de los controles Aduaneros y fiscales para imputar e individualizar a las personas que abusaron del poder, visto como una vulneración al régimen jurídico, realizando actos cuyo fin es distinto del ordenamiento jurídico.

SITRAHSAN busca respeto por derechos personal de Hacienda2

“Continuamos con la tesis de que el Ministerio de Hacienda, debe ser dirigido por personal técnico que impida la injerencia del componente político, Hacienda tiene entre sus competencias y naturaleza jurídica, normas especiales de gran complejidad, materia muy diversa y de mucho impacto en la economía nacional, si se desconoce las normas jurídicas que nos rigen. El Ministerio de Hacienda como tal, debe ocupar un espacio importante de concentración del control fiscal y aduanero, debilitado por el traslado de competencias a auxiliares de la función pública, que terminan con poner candados en los almacenes y amenazando al funcionario hacendario de eventuales allanamientos durante el ejercicio del control.

En Materia de Tributación, no basta la instauración de herramientas digitales, y dejar el control en manos de Sistemas informatizados, que realicen la clasificación del riesgo en materia de controles, porque ya se sabe, que si a un sistema le insertan datos basura, basura va a generar.

En materia salarial, debemos realizar un trabajo de motivación interna, porque el funcionario hacendario, no tiene conocimiento siquiera en muchos casos del impacto de su gestión, somos los cobradores del estado, hay desconocimiento por áreas en común, de las funciones que realizan otros órganos colaterales; algunos funcionarios ni saben de merceología o no conocen de valor en materia de imposición de bases; otros no pueden llenar una declaración de ventas; la denuncia y facilitación de acceso a sistemas de información tributaria para verificaciones previas, está muy vigilada y podría causarle el despido al mismo trabajador hacendario, aunque sea utilizado en la búsqueda de la verdad real de los hechos, para determinar potenciales acciones de vulneración al régimen de control hacendario, situación por la que debemos promover una mejora legal en este y otros componentes, como el salarial”, acotó su Secretario General Adjunto

 

Acciones realizadas por el SITRAHSAN en procura del bienestar laboral hacendario y del país en general.

 

Enviado por Miguel Ureña C. Secretario General Adjunto SITRAHSAN.

Ministerio de Hacienda: SITRAHSAN y Frente Sindical fijan posición ante política de rotación de puestos

Frente Sindical

SINDHAC – SECCIONAL ANEP – SITRAHSAN – SiDGH

Posición oficial respecto a la “Política de rotación para funcionarios que laboran en el Ministerio de Hacienda”

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SITRAHSAN) hizo llegar a SURCOS Digital un comunicado emitido sobre la política de rotación implementada en el Servicio Aduanero y en todo al personal hacendario. Éste se dio por la negativa de las autoridades hacendarias a entablar un diálogo y negociación en forma justa y seria con las organizaciones sindicales que representan al personal hacendario, pues, según la información suministrada, imponen sus criterios y cancelan las reuniones que venían realizando con el señor vice ministro de Trabajo y Seguridad Social.

 

Falta de criterio técnico

Respecto al criterio técnico, la Administración hace llegar un Proyecto Directriz denominado “Políticas de Rotación para funcionarios que laboran en el Ministerio de Hacienda”, a los Sindicatos de este Ministerio, sin embargo, no se adjunta ningún estudio o criterio técnico que justifique esta política o la necesidad institucional de la rotación de los funcionarios.

Lo anterior, crea ambigüedad e incerteza jurídica, la cual atenta contra la estabilidad laboral de los funcionarios, debido a que hay una actitud antojadiza por parte de la Administración, sin que medie ningún respaldo.

Aunado a lo anterior, la necesidad de que la Directriz que solicita la rotación de funcionarios deba contener una profusa motivación técnica multiprofesional, implica que la carencia de este requisito atenta contra el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública, que disponen la adecuada motivación de los actos administrativos en cumplimiento del principio de legalidad, al cual está sometida la actuación de la Administración Pública. De obviarse esta motivación y acudir por lo tanto a vías de hecho, este Frente Sindical, no dudará en exigir la responsabilidad civil, administrativa y penal para los funcionarios involucrados en dichas actuaciones.

También, el Reglamento Autónomo de Servicios de este Ministerio, es claro al indicar:

…”El Ministerio, previo cumplimiento del debido proceso, con la debida justificación y con fundamento en los principios que inspiran este reglamento, podrá cambiar en forma temporal conforme lo establece el Estatuto y el Reglamento de Servicio Civil, el horario, el lugar de trabajo y otros aspectos de la prestación de servicio, siempre que no cause un perjuicio grave al trabajador(a). Podrá también temporalmente trasladar al servidor(a) a otras dependencias del Ministerio según criterios técnicos de rotación. Podrá reubicar a los funcionarios (as) dentro de sus diferentes dependencias, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de Servicio Civil y de este reglamento.*Tratándose de puestos del Régimen Policial, el Ministerio podrá variar el horario, el lugar de trabajo y otros aspectos de la prestación de servicio, previo cumplimiento del debido proceso. (El resaltado no es del original)…”

Adicionalmente, si se aboga y se fundamenta la necesidad de una rotación periódica de funcionarios, atendiendo a cuestiones de control interno junto con el Informe Técnico, debería establecerse una tabla de rotación de todos los funcionarios y no de algunos, como suele suceder, incluyendo a los Directores y Sub Directores, de lo contrario este proceso estaría viciado de subjetividad, persecución y obedecería a intereses personales y no a un verdadero interés público.

Asumimos, que al no existir estudios técnicos sobre el proyecto de rotación de funcionarios del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, dentro de su competencia, desconoce las acciones y decisiones que pretende tomar esta Administración.

Zonaje

Respecto a este punto, el señor Ministro de Hacienda, suspendió la autorización para la asignación de nuevas tareas a puestos, debido a la necesidad de contener el gasto y la disminución del contenido económico, por lo que valoramos contradictorio, este proyecto, debido a que ¿Se encuentran previstos los gastos presupuestarios que generarán estas rotaciones, tales como zonajes y alojamiento? (capacidad habitacional).

El significado de “Perjuicio grave” en el Estatuto de Servicio Civil, la Administración lo ve únicamente como un perjuicio económico subsanable con el pago de “Zonaje”, donde en realidad dicho monto es una falacia de la Administración para conceptualizar un supuesto beneficio económico.

El “Zonaje” pasa ser parte del salario y como tal es sujeto de rebajas, al final, dependiendo del lugar donde al funcionario lo “reubiquen”, por ejemplo en la Aduana Peñas Blancas, el funcionario debe buscar un lugar donde vivir, pagar transporte, alimentación (la cual en zonas rurales es sumamente cara) entre otros, además de los gastos paralelos de su familia.

Según la misma propuesta de Política de Rotación, en el apartado número XI. Indica que:

…”el Departamento de Gestión de Potencial Humano verificará que la dependencia cuente con su presupuesto con el contenido económico para la emisión de este pago, aparte de otros requisitos establecidos para que el funcionario pueda hacerse acreedor al beneficio. Si no existe contenido económico el Departamento de Gestión de Potencial Humano, lo pondrá en conocimiento del Director de la Dependencia [sic] para que se proceda con los ajustes presupuestarios necesarios, de previo a realizar el movimiento de personal que requiera el pago de este beneficio”.

Teniendo en cuenta la transcripción anterior, la Política de Rotación de Personal, estaría generando gastos innecesarios y fomentando una hipertrofia de trámites burocráticos para que al final de cuentas el funcionario termine asumiendo los gastos ya mencionados, dado que el monto de zonaje no cubre la totalidad de nuevas erogaciones que el funcionario debe incurrir producto de su traslado.

Violaciones legales de la directriz

Esta directriz violenta el artículo 191 la Constitución Política (en cuanto atenta contra la eficiencia de la gestión que debe buscar la Administración Pública) porque la rotación forzosa que se pretende instaurar implica la pérdida de conocimientos especializados en cada área que es fundamental para la recaudación, además se ha demostrado que una institución en la que exista un alto nivel de rotación de personal se desgasta en aspectos como nuevos requerimientos de capacitación y reorganización aumentando sus costos operacionales.

De conformidad con el “Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización”, M-1-2002-CO-DDI, con respecto a lo que indica el Capítulo II “Normas Generales Relativas al Ambiente de Control”, en el punto 2.4. “Administración eficaz del potencial humano”, en su declaración interpretativa manifiesta:

“…La importancia del elemento humano radica en que el funcionamiento eficaz de los sistemas de control interno dependen de cuán adecuadamente desempeñe su función cada uno de los miembros de la organización y de cuán claramente comprendan su papel para el cumplimiento de los objetivos…”

Lo anterior, rescata la importancia del recurso humano de este Ministerio, y consideramos que con esta Política de Rotación se contradice la norma transcrita puesto que afecta de manera negativa la estabilidad laboral y emocional del funcionario, así como también lo perjudica a nivel familiar, creando personal desmotivado y sin sentido de pertenencia en un ambiente de incertidumbre.

La Directriz crea un amplio margen de discrecionalidad y subjetividad en los directores de programas que va en contra de los principios de objetividad, probidad y legalidad consagrados en la Ley General de la Administración Pública.

Esta misma subjetividad creada en la directriz de rotación se ve reflejada en lo que se entiende como “perjuicio grave”, ya que no existe un criterio objetivo que lo defina y deja en manos de la Administración la aplicación antojadiza de este concepto.

La directriz analizada no deja clara cuál es la definición de director de dependencia y el director de programa presupuestario, lo cual lleva a una contradicción en lo establecido por el resultando número cinco y los puntos ocho y nueve del apartado de las políticas de rotación, haciendo necesaria una aclaración sobre cuales directores tienen la facultad de promover, coordinar y aprobar las resoluciones de rotación y reubicación de personal.

Los apartados cinco y seis de las políticas de rotación establecen dos temas preocupantes: el primero de ellos que deja como una facultad exclusiva del director de cada dependencia la decisión de rotar al personal, esto a nuestro criterio aumenta su poder de actuación discrecional y contradice lo establecido en la Normativa de Control Interno. Un segundo punto que genera preocupación es el hecho de que se establece una anualidad en la rotación del personal, sin tomar en cuenta los costes económicos y la saturación de funciones de las oficinas involucradas en el proceso, generando un desgaste innecesario para la Administración, así como un despilfarro de recursos en épocas en las cuáles se exige austeridad a los funcionarios públicos.

Perjuicio a la administración

La falta de experiencia en el desempeño de los puestos, somete a la Administración a un alto nivel de vulnerabilidad frente al error humano con afectación de los objetivos, misión y visión Institucionales, y su consecuente perjuicio económico por eventuales demandas y daños al administrado.

En el documento bajo análisis no se toma en cuenta la capacitación al funcionario trasladado, ya que la curva de aprendizaje debe actualizarse a las nuevas funciones de su puesto. Asimismo, la capacitación adquirida en su momento, prácticamente se desecha para el nuevo puesto, por lo tanto, incide en un costo para la Administración.

La Política de Rotación, perjudica la misión del plan estratégico del Gobierno 2015-2018, puesto que somete a la Administración a un desgaste económico y administrativo innecesario con pocos o nulos resultados positivos que a la fecha no hay un documento o informe oficial que los demuestre.

La directriz es ambigua y provoca ¿Cuánta será la cuota mínima de estos cambios?, ¿Se encuentra la Administración preparada para actuar en caso que un funcionario “gane” los recursos, entonces cómo se cubrirá esa plaza a la que se tuvo que haber trasladado, quedando con menos personal uno de los lugares de trabajo?

Perjuicio al funcionario

Esta política de rotación de personal atenta contra la estabilidad del empleo público consagrada en la Constitución Política y regulada por Estatuto de Servicio Civil, permitiendo la incidencia política en el nombramiento y remoción de puestos, lo cual va perjudicar al funcionario eficiente, para beneficiar a otros que muy probablemente no tengan la cantidad de conocimientos y competencias del funcionario removido.

Un enorme perjuicio para el funcionario es el desarraigo familiar, de un traslado sin justificación técnica, simplemente por antojo de un funcionario que ocupa un puesto político por 4 años, donde a la Administración le importa lo más mínimo su situación familiar, su entorno social, el hecho que muchos funcionarios tengan casa propia y personas que dependan de ellos, tratamientos médicos en centros de salud específicos, en donde un movimiento de este tipo afecta directamente al funcionario en su salud física y psicológica.

El daño moral causado a los funcionarios que son trasladados ya que este cambio los estigmatiza y marca como funcionarios corruptos o problemáticos, siendo esto un grave atentado contra sus derechos de personalidad e imagen.

Perjuicio al Administrado

La constante rotación de personal colocándolos es puestos para los cuales no ha sido capacitado afecta negativamente al usuario de los servicios que presta el Ministerio. Este usuario será víctima de funcionarios con poco conocimiento técnico sobre el servicio que presta y además muchas veces funcionarios que se encuentren sumamente desmotivados y a disgusto con su traslado.

Crea un administrado confundido y desmotivados con grandes consecuencias económicas para las finanzas públicas.

Petitoria

  1. Dejar sin efecto las rotaciones efectuadas y futuras, hasta tanto no se cuente con un estudio técnico que las justifique y que además se establezca una política de rotación de personal que sea transparente, ética y objetiva que no atente contra el funcionario y las finanzas públicas. Y además que se participe a este Frente Sindical sobre las reuniones o mesas de trabajo que discutan la política de rotación de personal.
  2. Consideramos que el señor Fabricio Chavarría no tiene la autoridad ética, legal y moral para estar presente en esta mesa de trabajo, debido a las actuaciones pasadas, específicamente lo relacionado con las licencias por antigüedad y además por su condición de simple asesor del ministro carente de la investidura necesaria para la toma de decisiones.
  3. Solicitamos la destitución del Director de Aduanas, Benito Coghi por haber implementado una política de rotación que transgrede los derechos de los trabajadores, y que además atenta contra las finanzas del Estado, por no haber realizado ningún informe de resultados que compruebe el cumplimiento de los objetivos de la rotación de personal. No se ha demostrado aumento en la recaudación producto de los traslados, ni mucho menos una reducción de los índices de corrupción en el Sistema Aduanero Nacional.

*La Defensoría de los Habitantes está investigando el tema. Si desea conocer el documento de indagación de este organismo puede solicitarlo a nuestro correo:

Periodico.SURCOS@surcosdigital.com

 

*Imagen: Lic. Víctor Rojas Morales, secretario general, SITRAHSAN.

Enviado a SURCOS por Miguel Ureña Cascante, de SITRAHSAN.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/