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Etiqueta: mujeres

Pronunciamiento del Movimiento Feminista y de Mujeres: lecciones para un diálogo pendiente

Las abajo firmantes articuladas como organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y feministas independientes, ante la coyuntura nacional actual manifestamos:

  1. Sí queremos diálogo. Existe una amplia coincidencia general entre las y los actores sociales y la ciudadanía en la urgencia de un diálogo nacional inclusivo, abierto y, sobre todo, con resultados vinculantes. El camino democrático no es solo electoral, debe ser una construcción continua hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, donde toda la diversidad de mujeres seamos tomadas en cuenta y ¡No podemos permitir que nos dejen atrás ni que nos hagan a un lado!
  2. El diálogo que queremos y creemos necesario debe tomar en cuenta las lecciones inmediatas y no reproducir los mismos errores. Los intentos realizados de diálogo, hasta el momento fallidos o limitados, nos permiten reconocer algunas lecciones para no repetir errores y crear las condiciones para que exista un verdadero diálogo.

La participación y representatividad han sido elementos cruciales que han afectado negativamente los procesos anteriores. Al respecto varias lecciones: a) que no es posible ignorar el movimiento y la protesta social que se manifiesta en las calles en procesos de diálogo que pretenden relevar algunas de sus demandas. Asimismo, no se puede reprimir, criminalizar y judicializar aquellas personas que se oponen a la línea de Gobierno y ejercen su derecho humano a la protesta social. b) que no es posible definir la legitimidad a priori de las representaciones sectoriales, excluir sectores o no reconocer su autonomía en la elección de sus representantes, c) que no es posible excluir a las mujeres, al movimiento feminista y mucho menos impulsar un diálogo sin asegurar la paridad de género.

Para un diálogo con resultados, la participación de algunos actores como el Legislativo es esencial. Además de la representación al más alto nivel del Ejecutivo, debemos exigir la presencia de todas las representaciones legislativas. La agenda legislativa debe ser parte del debate, incluyendo los proyectos que en estos momentos se discuten y que incluyen recortes que pretenden afectar programas sociales esenciales como salud, educación, cultura y recursos naturales. No es aceptable ni contribuye a generar confianza en un proceso de diálogo cuando de manera paralela se impulsan y toman decisiones que van directamente a profundizar la crisis que ya vivimos.

  1. Necesitamos un diálogo social, no puede reducirse al tema fiscal. Más que un diálogo fiscal, en Costa Rica urge un diálogo social: sobre el país que queremos y podemos construir empezando en lo inmediato con las salidas posibles a la actual crisis y que tenga una amplia representación, un debate sin excluir grupos ni mucho menos las mujeres.

Por consiguiente, la agenda debe ser construida amplia y no limitada al tema fiscal. La reducción de brechas de desigualdad económica, social y de género debe estar en el centro del debate. Interesa no solo capitalizar al Estado en lo inmediato, sino consensuar cuáles serán los parámetros y objetivos de la inversión pública en el corto y mediano plazo.

El objetivo central del diálogo y negociación debe ser el direccionamiento de inversión para reducir las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión mediante la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

  1. El diálogo debe ser vinculante. Es decir, debe abrirse espacio no solo para intercambiar impresiones sino para alcanzar una negociación real. Se trata precisamente de llegar a acuerdos ciudadanos básicos con el compromiso de que se van a respetar. Para ello es indispensable, además de consensuar una agenda, acordar un marco ético para el diálogo, con mínimos de representatividad, respeto, escucha, resolución de conflictos, entre otros.

No debe haber condicionantes previos establecidos por el Ejecutivo para la realización o no de los diálogos: ante la ausencia de consenso el Poder Ejecutivo o Legislativo no debe imponerse. La ausencia de consenso no debe ser interpretada por el Ejecutivo o el Legislativo como un cheque en blanco para imponer su agenda.

  1. Debe existir voluntad política para incluir en la discusión otras opciones distintas al convenio propuesto por el Poder Ejecutivo con el FMI. El endeudamiento con agencias internacionales no es el único camino. Sectores de la ciudadanía, academia y otras personas expertas en la materia han coincidido que no es posible continuar por la senda del mayor endeudamiento y se han señalado alternativas de financiamiento que deben ser sometidas a discusión.
  2. El diálogo y la negociación no son posibles si excluyen a las mujeres. En relación con la participación de las mujeres debemos ser enfáticas en lo siguiente:

Exigimos nuestro derecho a la autonomía y el reconocimiento a nuestra diversidad en la selección de nuestras representantes en una mesa de Diálogo Nacional. No es posible que seamos las mujeres, las únicas a las cuales se pretenda señalar a priori los mecanismos de selección de sus representantes.

A lo largo de la historia y en la actualidad las mujeres somos actoras activas y propositivas. Para esta crisis hemos sido de los pocos agrupamientos ciudadanos que hemos pensado, formulado y hecho públicas propuestas de visión-país, no solo del tema fiscal. Por lo cual, exigimos que sean incluidas en las agendas de diálogo y negociación.

No es posible que se pretenda invisibilizar la participación decisiva que las mujeres tenemos en todas las esferas de la vida pública y privada o se desconozca y minimice nuestra capacidad técnica, profesional y política. Por ello, cualquier diálogo viable demanda de la participación paritaria entre mujeres y hombres en todos los espacios de diálogo, negociación, mesas técnicas, y otros.

Tampoco es viable un diálogo que no reconozca que las personas somos afectadas de manera diferente por la crisis y que el cierre efectivo de cualquier brecha social debe estar guiada por los principios de justicia, igualdad y equidad. Las mujeres no somos un grupo ni un sector a incluir: somos la mitad de la población de Costa Rica y somos de las más afectadas en la actual crisis. Lo ha señalado de manera reiterada el INEC al demostrar que somos las mujeres a quienes más ha afectado el desempleo, la pobreza y la exclusión que se han ensanchado en esta crisis y como consecuencia de políticas neoliberales que están desmantelando el Estado Social de Derecho. Aún así, seguimos siendo las mujeres quienes sostenemos la vida cotidiana en las familias asumiendo cada día más labores de cuido de personas menores de edad, adultas mayores, personas enfermas y/o con discapacidad. También, somos las que asumimos las labores domésticas, de educación, salud y de entretenimiento que el Estado ha dejado de asumir por la crisis sanitaria de la Covid – 19. La brecha de cuidados se ha ensanchado y complejizado en esta crisis y este es un tema de interés social prioritario.

Las mujeres todas, desde nuestras diversidades, tenemos mucho que compartir sobre nuestras vivencias diarias de dificultades económicas, acceso a la tierra, como la protección de los bienes comunes, salud, educación y que son vitales para comprender las funciones que debe de abordar un Estado que prioriza la justicia fiscal, ¡porque la justicia fiscal es justicia social!

El diálogo y la negociación son parte de la vida cotidiana de nosotras las mujeres. Creemos en el diálogo, estamos convencidas de que la construcción de consensos es viable sobre la base de la mutua comprensión de que Costa Rica es una sola. Un barco cuyo destino está en las manos de todas y todos, para conducirlo a un puerto de bienestar compartido, dignidad humana, igualdad, derechos humanos y democracia.

*Para información sobre el comunicado o sobre el proceso escribir a alarcon.shi@gmail.com*

Para firmar ingrese aquí

Carta Abierta: ¡Paridad de género en el diálogo: porque la ley lo ampara y es en interés del país!

Al Presidente de la República.
Al Presidente de la Asamblea Legislativa.
A las personas dirigentes de sectores y organizaciones que se involucrarán en el diálogo para la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales
A la opinión pública y a la ciudadanía.

Nuestro país ha venido dando importantes pasos en el camino de la igualdad y hacia la inclusión sociopolítica de las mujeres. Hemos ratificado una serie de instrumentos internacionales que son parte del ordenamiento jurídico y han trazado la ruta, entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que compromete al Estado a garantizar la participación de las mujeres en la formulación de las políticas gubernamentales en igualdad de condiciones que los hombres.

La Sala Constitucional bien ha explicado que conforme al Principio de Paridad de Género, “la conformación de las organizaciones políticas y sociales, deberán estar integradas por 50% hombres y 50% mujeres. Ello como una medida afirmativa que pretende recuperar espacios perdidos durante años en la participación e incursión de las mujeres en distintas instancias sociales, particularmente de la vida pública. Todo lo cual se traduce en el derecho de hombres y mujeres a disfrutar, en condiciones de igualdad, de todos los derechos políticos y civiles” (Sentencia 4622-16).

El contexto actual de crisis afecta de manera diferenciada y desproporcionadamente a las mujeres, por ello, quienes firmamos esta “Carta Abierta” clamamos por una democracia participativa y exigimos que la representación de cada grupo que integre la Mesa de Diálogo Nacional cuente con una integración de 50% de hombres y 50% de mujeres, convencidas no solo del derecho a participar en igualdad, sino seguras de que el aporte de la visión de las mujeres en el proceso de análisis de propuestas será determinante para el éxito de cualquier diálogo.

La construcción con perspectiva de género facilita las habilidades de escucha y de negociación. Las capacidades de diálogo, empatía y actitudes no violentas que aportará la participación de mujeres, facilitará a las partes llegar a acuerdos, permitirá transversalizar la perspectiva de género, facilitará espacios de negociación sin desigualdades de poder, y favorecerá soluciones que no excluyan o perjudiquen grupos sociales y que sean respetuosos de los derechos humanos.

La Costa Rica que se asoma ya al Bicentenario, debe seguir avanzando en paridad e inclusión; en respeto a los derechos humanos. Por eso, instamos respetuosamente al señor Presidente de la República, al señor Presidente de la Asamblea Legislativa y a las personas dirigentes de sectores y organizaciones que se involucrarán en el diálogo para la búsqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan, a cumplir con el marco jurídico y:

  1. conformar representaciones paritarias
  2. considerar el impacto diferenciado de la crisis y contemplar acuerdos que atiendan las necesidades de la diversidad poblacional que reside en el país.

Suscribimos,

Sonia Picado Sotela, Ex Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Alda Facio, Relatora de ONU
Ana Isabel Garita V., Ex Ministra de Justicia
María Eugenia Bozzoli Vargas, Antropóloga. Premio Magón de Cultura
Ana Catalina Chaves Arias , Presidenta de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica
Higinia González Maroto, Fundadora de Arte Chúbu, Comunidad Boruca
Milena Grillo Rivera, Especialista en Derechos de la Niñez y la Adolescencia
Karla Prendas Matarrita, Activista social, ExDiputada
Maria Elena Carballo, Académica, Ex Ministra de Cultura y Juventud
Mimi Prado Castro, Ex Viceministra de Cultura
Vicky Montero, Actriz Emérita
Gabriela Mora Fallas, Directora de orquesta
Nancy Marín Espinoza, Ex Ministra de Comunicación
Marta Solano Arias, Presidenta Partido Acción Ciudadana
Damaris Solano Murillo, Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad-Costa
Rica
Adriana Orocú Chavarria, Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) y
profesora universitaria UCR
Aida González Brenes, Asociación inclusiva laboral de personal con discapacidad
Ailyn Morera Ugalde, Artista escénica. Docente Universidad Nacional
Alejandra Bonilla Leiva, Movimiento de mujeres del campo
Alejandra Manavella , Abogada Defensora de derechos humanos.
Alexandra Latishev Salazar, La Linterna Films
Amandine Bourg Garita, Bióloga
Ana Elena Obando Mendoza, Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por
los Derechos Humanos
Ana Leonor Ramírez Montes, Mujeres por Costa Rica
Ana Mayela Coto Gonzalez, Presidenta mujeres de la Provincia de San José- PLN
Ana Yancy Espinoza Quirós, Fundación Arias para La Paz y El Progreso Humano
Anabelle Sancho Castillo, Docente MEP
Andrea Gomez Arce, Activista Derechos de Personas con Discapacidad
Arabella Salaverry Pardo, Escritora y Actriz
Ariana Quesada García, Representante Estudiantil Suplente ante el Consejo
Universitario de la UCR
Carmen Edith Ulate Rodríguez, Académica, Universidad Nacional
Catalina Peña Castro, Docente
Cristel Rivera Víquez, Estudiante Trabajo Social
Cristina Carpio Alvarado, Colectiva Alto al Acoso
Cristina Naranjo Morales, China Kicha
Cristina Rojas Rodríguez, Directora CENTRO ETHOS
Dahiana de los Angeles Brenes Lopez, Movimiento Estudiantil Madres UNA
Daisy Orozco Rodríguez, Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica
Daniela Jiménez Montero, Economista
Daniela Ríos Alfaro Secretaria de la Mujer, ANDE
Dulce Umanzor Alvarado, Asociación de Mujeres en Cooperación para el Desarrollo
(AMUCOODE)
Elizabeth Fonseca Corrales, Ex Diputada, Mujeres por Costa Rica
Elvira Yglesias Mora, Psicóloga
Emma A. Chacón Alvarado, Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles
Enid Ulate Solís, Centro Nacional de la Música, Flautista
Gabriela Arguedas Ramírez, Profesora, Universidad de Costa Rica
Gabriela Esquivel González, Docente de Educación Especial
Gabriela Santos Alvarez, Suplente de la Secretaría de Sedes Regionales de la FEUCR
Gema Arrieta Domingo, Gestora Cultural
Giselle Maria Mejía Blanco, Asociación Guanacasteca de Discapacidad Autonomía y
Comunidad Inclusiva
Gloriana Villegas Valenciano, Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud)
Grace Catalina Damazio Acosta, Fundación de Espina Bífida
Gwendolyne Rojas Salas, Trabajadora Social
Haydee Hernandez Perez, Jefa de la Unidad de Género en la Asamblea Legislativa
Idalie Castro Rivera, Centro de vida independiente Morpho
Ilka Treminio Sánchez, FLACSO Costa Rica
Irene Aguilar Viquez, Abogada Defensora de derechos humanos.
Isabel Picado Sotela, Pensionada
Ivannia Rivera Porras, Foro de mujeres políticas por Costa Rica
Jeannette Pérez Araya, Intérprete Médico Legal
Jimena Fonseca, Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Julia Herrera, Amucoode
Karina Vargas Lepe, Médica Psiquiatra
Karla Gonzalez Bolaños, Abogada
Larissa Arroyo Navarrete, Asociación Ciudadana Acceder
Laura Arias Pacheco, Economista
Laura Valenciano Arrieta, Asociación Ciudadana Acceder
Laura Valverde Cuevillas, Bióloga y conservacionista
Laura Zuñiga Madrigal, CONAPDIS
Lina Barrantes Castegnaro, Directora Ejecutiva de la Fundación Arias para la Paz
Lorena Chavarria Martínez, Asesora Sindical de ANEP
Lucía Bonilla González, Colectiva Alto al Acoso
Luciana Batalla Bunn, Asociación Voluntarios Costa Rica Indígena
Marcela Jager Contreras, Académica, Universidad Nacional
Marcia Aguiluz Soto , Abogada defensora de los derechos humanos
Margarita Bolaños Arquín, Mujeres por Costa Rica
María Alejandra Solórzano Castillo, Escritora, Académica de la Universidad Nacional
María del Rosario Calderón Fournier, Docente
María Fernanda Valverde Díaz, Fundación Justicia y Género
Maria Laura Sanchez Rojas, Unidad de Capacitación y Formación Política, ANEP
Mariela Zamora Rey, Secretaria de Sedes y Recintos Regionales de la FEUCR
Marielos Rojas Espinoza, Docente de UNED
Marta Iris Muñoz, Abogada
Melissa Núñez Badilla, Docente de la UTN
Mildred Campos Sandoval , CECATS
Mónica Soto Herrera, Abogada
Monserrat Ruíz Guevara, Directora Ejecutiva de CANAESS
Nerina Carmona Castro, Actriz, Gestión y producción cultural.
Nuria Calvo Fajardo, Pensionada
Pamela Campos Chavarría, Antropóloga y Gestora Cultural
Patricia Howell, Cineasta
Patricia Margarita Jiménez Castillo, Artesana
Patricia Vanolli Alvarado, Abogada Derecho Público
Priscilla Solano Castillo, Partido Cantonal de Carrillo
Raquel Castro, Movimiento de Mujeres – PLN
Rita Benavides Sánchez, Traductora y Gerente de Proyectos
Rosario Rosales Arce, Rosarce Consultoría Empresarial
Rose Mary Sanchez Pérez, Territorio indigena Quitirrisi
Rosemary Castro Rivera, Centro de Vida Independiente Morpho
Roxana Arroyo Vargas, Docente, Universidad Estatal a Distancia
Sandra Monge Vásquez, Fundación Justicia y Género
Sara Cognuck González, Activista climática
Shirley Campos Villalobos, Fundación Justicia y Género
Silvia Rojas Herrera, Académica del Idespo, Universidad Nacional
Sofía de la Cruz Vargas, Secretaria General, Federación de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica
Sonia Navarro Solano, Abogada
Soraya Long, Defensora de derechos humanos
Tatiana Chaves Araya, Grupo de teatro los de a pie
Thais Aguilar Zúñiga, Periodista
Valeria Rodríguez Quesada, Representante Estudiantil en el Consejo Universitario de la
Universidad de Costa Rica
Vicky Ramos Quesada, Artista Plástica
Victoria Esther Camac Ramírez, Asociación Ixacavaa de Desarrollo e Información
Indígena
Victoria Gamboa Ross, Periodista y Politóloga
Wendy Barrantes Jiménez, Centro de Vida Independiente Morpho
Xinia Vargas, Bailarina Compañía Nacional de Danza y Académica del Instituto
Tecnológico de Costa Rica
Yalena de la Cruz, Odontóloga, especialista en salud pública.
Yenny Seguram, Indígena Cabécar

 

Imagen ilustrativa: https://la.network/

Pronunciamiento del Movimiento Feminista y de Mujeres: lecciones para un diálogo pendiente

Más de 100 mujeres y 20 organizaciones feministas y el apoyo de organizaciones de otros sectores que se siguen sumando hacen un llamado a revisar las lecciones pendientes para realizar un diálogo en la coyuntura actual.

  1. Sí queremos diálogo. Existe una amplia coincidencia general entre las y los actores sociales y la ciudadanía en la urgencia de un diálogo nacional inclusivo, abierto y, sobre todo, con resultados vinculantes.
  2. El diálogo que queremos y creemos necesario debe tomar en cuenta las lecciones inmediatas y no reproducir los mismos errores: a) que no es posible ignorar el movimiento y la protesta social que se manifiesta en las calles en procesos de diálogo que pretenden relevar algunas de sus demandas. Asimismo, no se puede reprimir, criminalizar y judicializar aquellas personas que se oponen a la línea de Gobierno y ejercen su derecho humano a la protesta social. b) que no es posible definir la legitimidad a priori de las representaciones sectoriales, excluir sectores o no reconocer su autonomía en la elección de sus representantes, c) que no es posible excluir a las mujeres, al movimiento feminista y mucho menos impulsar un diálogo sin asegurar la paridad de género.
  3. La agenda legislativa debe ser parte del debate, incluyendo los proyectos que en estos momentos se discuten y que incluyen recortes que pretenden afectar programas sociales esenciales como salud, educación, cultura y recursos naturales. No es aceptable ni contribuye a generar confianza en un proceso de diálogo cuando de manera paralela se impulsan y toman decisiones que van directamente a profundizar la crisis que ya vivimos.
  4. Necesitamos un diálogo social, no puede reducirse al tema fiscal. La reducción de brechas de desigualdad económica, social y de género debe estar en el centro del debate. El objetivo central del diálogo y negociación debe ser el direccionamiento de inversión para reducir las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión mediante la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
  5. El diálogo debe ser vinculante. Es decir, debe abrirse espacio no solo para intercambiar impresiones sino para alcanzar una negociación real.
  6. Debe existir voluntad política para incluir en la discusión otras opciones distintas al convenio propuesto por el Poder Ejecutivo con el FMI. El endeudamiento con agencias internacionales no es el único camino.
  7. El diálogo y la negociación no son posibles si excluyen a las mujeres. Para esta crisis hemos sido de los pocos agrupamientos ciudadanos que hemos pensado, formulado y hecho públicas propuestas de visión-país, no solo del tema fiscal. Por lo cual, exigimos que sean incluidas en las agendas de diálogo y negociación.

Las mujeres todas, desde nuestras diversidades, tenemos mucho que compartir sobre nuestras vivencias diarias de dificultades económicas, acceso a la tierra, como la protección de los bienes comunes, salud, educación y que son vitales para comprender las funciones que debe de abordar un Estado que prioriza la justicia fiscal, ¡porque la justicia fiscal es justicia social!

Imagen ilustrativa.

Panel nacional: Justicia Climática para las mujeres. Realidades y desafíos para Costa Rica

Este jueves 22 de octubre a las 2 p.m. hora Centroamérica, se llevará a cabo el panel: Justicia Climática para las mujeres. Realidades y desafíos para Costa Rica.

Puede inscribirse en el siguiente link:

https://forms.gle/1pWgu6oiy5HhUCPZ6

Se realizará vía zoom y se transmitirá por Facebook:

https://www.facebook.com/CentroamericaVulnerable
https://www.facebook.com/ditsoCR

Organizado por:

-Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida

-Asociación de Iniciativas Populares Ditsö

-Coordinadora Norte Tierra y Libertad

-Departamento Ecuménico de Investigaciones / DEI

-Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste / FEDEAGUA

-Fundación Rosa Luxemburgo

-Mayoría Solidaria

México y Centroamérica: garantizar la defensa de derechos humanos en la región es más urgente que nunca

El brief “Defender derechos en tiempos de COVID», publicado el día de hoy, recoge las principales conclusiones sobre las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica.

México y Centroamérica, 15 de octubre de 2020.- Además del fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 en el acceso a derechos y servicios básico, esta ha resultado también en una profundización de la crisis democrática y de derechos humanos en la región mesoamericana. Como respuesta a la pandemia, algunos Estados de la región han implementado acciones de carácter punitivo, como toques de queda, estados de excepción o la militarización de la seguridad ciudadana, entre otras medidas contrarias a los derechos humanos de la población. En este contexto, la defensa de los derechos humanos enfrenta nuevos obstáculos y, a la vez, se vuelve más urgente que nunca.

Estas son algunas de las conclusiones del brief “Defender derechos en tiempos de COVID: Balance regional de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica”, publicado el día de hoy por el Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas (Espacio OSC), Front Line Defenders, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), el North American Congress on Latin America (NACLA), y Trade Unions for Energy Democracy (TUED).

Este informe surge a raíz del evento homónimo: una serie de foros virtuales que, durante cinco semanas, convocó a 26 personas defensoras de la región con el fin de evaluar de qué manera la pandemia ha impactado su labor de defensa. El ciclo de conversaciones estuvo compuesto por cinco espacios: Mujeres defensoras y el derecho a defender derechos humanos; La libertad de expresión y el acceso a la información en tiempos de pandemia; La lucha por la memoria, la verdad y el acceso a la justicia; La defensa del ambiente y el territorio en Mesoamérica; y Derechos laborales y sindicalismo.

A raíz de estos diálogos, las organizaciones concluyeron que las condiciones para defender derechos y defender la libertad de expresión en México y Centroamérica han empeorado desde el inicio de la pandemia. Asimismo, denunciaron un incremento en las agresiones contra personas defensoras, en forma de desprestigio y estigmatización, represalias administrativas, amedrentamientos, detenciones arbitrarias e incluso criminalización. De acuerdo con registros de las organizaciones, al menos 25 personas defensoras fueron asesinadas en la subregión entre enero y agosto de 2020.

El informe reconoce como una primera barrera las restricciones a la movilidad impuestas como respuesta a la contingencia sanitaria, que han limitado significativamente la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico. Así, sostiene que las personas defensoras y comunicadoras no cuentan con medidas para ejercer de manera segura tareas como el acompañamiento de grupos vulnerados, monitoreo u observación, o el desarrollo de trabajos de investigación periodística.

Por otra parte, familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos enfrentan barreras tanto físicas como tecnológicas: complejizando aún más su camino para acceder a la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas. Todo esto sin que las autoridades judiciales de la región brinden alternativas para el avance de sus procesos.

Para las mujeres defensoras los riesgos se profundizan. En la región, las defensoras han tenido que continuar sus labores bajo un contexto de creciente violencia contra las mujeres. Al menos en Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México se ha registrado un aumento de casos de violencia contra las mujeres en el espacio privado a partir de la pandemia, al tiempo que defensoras denuncian un incremento en los ataques y violencia digital.

Según el informe, las agresiones a la prensa también se han agudizado notablemente a partir de la crisis sanitaria. La exclusión de la prensa independiente y bloqueos informativos se han denunciado en El Salvador, Nicaragua y Guatemala; mientras que en Panamá el acoso judicial se ha incrementado. En México y El Salvador, las y los periodistas han recibido amenazas y acoso digital como represalia de su cobertura. Por su parte, el gremio médico también ha enfrentado ataques a partir de la COVID-19. En Nicaragua, al menos una treintena de profesionales han sido despedidos y acosados como represalia de su crítica contra a la política sanitaria oficial.

Aunado a ello, América Latina continúa siendo la región más peligrosa para personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, situación que no cede en pandemia. Por lo menos en Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala han continuado las invasiones territoriales, desalojos de comunidades, ataques armados y agresiones letales contra comunidades que defienden su territorio. Al tiempo que, aún con el alto riesgo de contagio en centros penitenciarios, en México, Guatemala y Honduras, personas defensoras del territorio continúan privadas de libertad ilegalmente.

En lo que corresponde a la defensa de derechos laborales, los Estados por lo general han sido incapaces de garantizar el trabajo dentro de entornos seguros, teniendo a las industrias ligadas a las cadenas de suministro global como aquellas más afectadas por brotes epidémicos. Encima, reconoce el retroceso en garantías laborales, la estigmatización pública, y la exclusión de personas trabajadoras del mercado laboral, formal e informal, como represalia a sus reivindicaciones sindicales y a la lucha por el acceso a derechos laborales.

Frente a este contexto, las organizaciones hacen un llamado a los Estados de la región, entre otros a:

  • Impulsar la construcción conjunta con organizaciones de la sociedad civil, y organismos regionales e internacionales de derechos humanos, el diseño e implementación de una ruta de trabajo colaborativa que contemple el fortalecimiento de los mecanismos de protección de personas defensoras previstos a nivel interno; y la construcción de políticas públicas integrales de protección con perspectiva de género y enfoque interseccional.
  • Abstenerse de cometer y condenar cualquier acto de estigmatización verbal, intimidación jurídica, criminalización o uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Realizar pronunciamientos y campañas comunicativas con impacto nacional, estatal y comunitario a favor de personas defensoras y periodistas, resaltando su importante labor en el contexto de COVID-19 en la protección de derechos humanos y el acceso a la información.
  • Realizar investigaciones completas, diligentes e imparciales sobre los delitos que atenten contra la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
  • Liberar a las personas defensoras detenidas por su labor de derechos humanos y a cualquier persona que permanezca privada de la libertad en forma ilegal.

Descargue el informe completo en español e inglés aquí.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.taringa.net

Feminización del cuido en Costa Rica – Trabajo doméstico precario e informal

SURCOS comparte este texto publicado por la Fundación Friedrich Ebert y cuyas autoras son María Leonela Artavia-Jiménez y Fabiola Quirós Segura. En su presentación, se indica:

“El trabajo doméstico es la actividad con mayor concentración de mujeres en Costa Rica. Presenta los mayores niveles de precariedad e informalidad y además es la rama con mayor presencia de mujeres originarias de otros países.

En la esfera no remunerada, también se denota una mayor presencia de mujeres, expresada en una mayor cantidad de horas dedicadas al trabajo doméstico.

Fortalecer la institucionalidad en torno al cuido se presenta como una forma de elevar la calidad de estos empleos, Asimismo, es necesario promover un cambio cultural en el que se involucren también los hombres en las dinámicas de la reproducción de la vida y además, se requiere el fortalecimiento de redes de cuido, atinentes a las necesidades de las mujeres y de la demás población”.

Adjuntamos el documento para descargar:

Foro de Mujeres del Instituto Nacional de Mujeres – un llamado ante la grave situación nacional

Las 33 organizaciones de mujeres, feministas y mixtas integrantes del Foro de Mujeres del INAMU manifiestan públicamente su preocupación por la situación de violencia y agitación social que se vive en Costa Rica es producto del deterioro de la calidad de vida de las grandes mayorías de costarricenses, como consecuencia de un profundo proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad. No sólo del aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. A lo que se suma el crecimiento inédito del desempleo en el país y del subempleo. Situación que impacta de manera particular a las mujeres.

La situación de violencia social e inseguridad que se vive en Costa Rica en los últimos días. Y que viene a complicar la de por sí deteriorada situación que enfrenta la economía del país y la vida cotidiana de las grandes mayorías de familias pobres y empobrecidas. Que no sólo han perdido a sus familiares cómo producto de la pandemia provocada por el coronavirus, sino que también han perdido sus de por sí escasos ingresos. Y con esto, su calidad de vida y las posibilidades de una sobrevivencia básica.

Asimismo, denuncia el aumento de la carga global de trabajo de las mujeres de las grandes mayorías, que se han visto recargadas con las responsabilidades de las tareas del cuidado de la salud de las personas sanas y enfermas, con la demanda de apoyo a las y los estudiantes con tareas educativas desplazadas a los hogares y que adicionalmente asumen responsabilidades de generación de ingresos por medio del teletrabajo o ejerciendo actividades en la economía informal. Exponiendo de esta forma su vida y su salud. Situaciones todas que culminan en un aumento de la violencia en contra de las mujeres, que lejos de disminuir en esta coyuntura, ha aumentado.

Ante esta situación de desigualdad estructural y de profundización de las brechas económicas y sociales, el Foro de Mujeres del INAMU DEMANDA:

  1. AL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO la instalación de un proceso de diálogo abierto y transparente que incorpore no sólo al sector empresarial y productivo del país, sino que convoque a los sectores sociales organizados en toda su diversidad. Esto como una muestra abierta e inequívoca de la voluntad política de negociar no sólo la salida a la crisis actual, sino de modificar las condiciones estructurales que han transformado a Costa Rica en uno de los países más desiguales de América Latina.
  2. LA CONVOCATORIA AMPLIA A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS AL PROCESO DE DIÁLOGO, de manera que se garantice una representación real de la diversidad de mujeres y sus demandas. Demandamos la integración de las organizaciones de mujeres rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, migrantes, indígenas, afrodescendientes, pequeñas productoras y microempresarias, cooperativistas, trabajadoras sexuales y sindicalistas. Así cómo a las organizaciones de mujeres jóvenes y adultas mayores.
  3. LA INSTALACIÓN DE UN PROCESO DE DIALOGO CON TODOS LOS SECTORES SOCIALES QUE SE REALICE CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA. Eso implica que a la mayor brevedad se dé a conocer la metodología del mismo, las personas encargadas de conducirlo y los mecanismos para toma de decisiones.
  4. QUE EL PROCESO DE DIALOGO NO SEA SECTORIZADO, NI REGIONALIZADO para que todas las voces puedan escucharse s y construir propuestas y soluciones conjuntas que nos ayuden a mitigar la crisis que vivimos.

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NI CONTRA LAS FAMILIAS POBRES Y EMPOBRECIDAS!
foromujeres@inamu.go.cr

Imagen ilustrativa, UCR.

Mujeres de ley: un programa que busca combatir el sexismo en la academia llega a Canal UCR

La transmisión será durante todos los viernes de octubre y noviembre de las 7 pm en adelante.

A partir del 2 y durante todos los viernes de octubre y noviembre el Canal Universidad de Costa Rica (UCR) presentará “Mujeres de ley”, un programa de entrevistas que repasa el recorrido académico y jurídico de algunas de las primeras mujeres juristas formadas en la UCR.

Este proyecto también busca visibilizar la lucha contra el sexismo en la academia y en el ámbito profesional, así como destacar los aportes de mujeres jusristas al ámbito del derecho.

Este programa es una iniciativa  que se gestó gracias al apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) y el Canal UCR.

Las entrevistas serán conducidas por Rosaura Chinchilla Calderón, Investigadora del IIJ,-UCR y Giselle Boza Solano, directora del Proledi-UCR. Además, contará con la participación de Montserrat Sagot Rodríguez, directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR) y Valeria Rodríguez Quesada, integrante del Consejo Universitario.

Las juristas con las que se hablará en esta primera serie de entrevistas serán: Thelma Curling Rodríguez, Alda Facio Montejo, Dora Guzmán Zanetti, Rita Maxera Herrera, Elizabeth Odio Benito, Sonia Picado Sotela, Cristina Rojas Rodríguez y María Antonieta Sáenz Elizondo.

Chinchilla asegura que una de las principales razones por las cuales decidieron iniciar con este proyecto, fue la poca visibilización del trabajo que han efectuado mujeres juristas egresadas o que han trabajado en la UCR.

“Escogimos estas primeras ocho precisamente porque han ocupado cargos relevantes tanto dentro de la universidad como fuera de ella. Lo que queremos es mostrar a las diferentes generaciones las dificultades que tuvieron esas pioneras en el aprendizaje y luego la enseñanza en el derecho, también como ha ido evolucionando el tema del sexismo en la academia y como se han incorporado las mujeres en estos espacios”, comentó la investigadora, Msc. Rosaura Chinchilla Calderón.

Las entrevistas tendrán un horario de repetición los domingos a medio día, eventualmente también estarán disponibles en el canal de YouTube de Canal UCR.

 

David Esteban Chacón León
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información

Suicidio y femicidio: ¿cuál mata más?

Dr. Humberto Aguilar Arroyo
Sociólogo.
Docente, Investigador. UNED

La muerte se origina en el nacer. Es un principio universal contra el cual no podemos luchar. La muerte puede ser retrasada, la enfermedad tratada pero el fin es seguro.

No obstante, la forma de morir si es de índole social, por tanto, podemos maniobrarla.

Por ejemplo, las muertes causadas por la imprudencia en accidentes de transito, recreativo o laboral. También aquellas que ocurren en los enfrentamientos militares de un Estado contra otro, o por conflictos civiles o contra el crimen a lo interno de una Nación.

Otras formas de morir también pueden ser prevenidas, como son la muerte por contaminación ambiental que así las cosas; a largo plazo provocara un genocidio mundial, o por la carencia de alimentos y disposición de medicamentos.

Finalmente se encuentra la muerte causada a mediano y largo plazo por los estilos de vida insalubres como son la ingestión de “comida chatarra”, consumo de sustancias toxicas legales e ilegales, etc.

En suma, si podemos prevenir para no exponernos a condiciones que tengan por resultado una muerte temprana, pero no podemos prevenir la muerte. Podemos elegir conscientemente la forma de morir si somos conscientes de las formas de vivir.

Esta pequeña introducción la considero importante para contextualizar el tema del suicidio-femicidio.

La sociedad costarricense ha sido convulsionada por la frecuente recurrencia de muertes perpetrados contra mujeres.

Nadie merece morir en manos ajenas. Mi vida me pertenece y es un derecho del cual soy responsable. Esa condición es lo que me configura como persona libre.

A continuación, vamos a contextualizar sociológicamente el femicidio y su vinculación con el suicidio femenino.

El femicidio como parte del crimen, entendido como la acción que sega una vida sin su consentimiento, se ha incrementado en la ultima década. ¿A que factores obedece? ¿Como podemos sociológicamente explicarlo?

El homicidio y el femicidio así como su otra cara de la moneda: el suicidio, forman parte del escenario de la violencia estructural que vive la sociedad posmoderna, en la cual desde luego se encuentra Costa Rica.

En la sociedad tradicional de fines del siglo XIX y que culturalmente se prolongo en el caso de las naciones del tercer mundo hasta mediados del siglo XX, el perfil de las relaciones sociales, la interacción y socialización entendida como la creación y puesta de valores, creencias y tradiciones fueron totalmente trastocadas por la emergencia de la nueva sociedad de la información y el conocimiento.

El homicidio desde muy temprana la vida humana ha acompañado la vida social. Recordemos el fratricidio perpetrado por Caín contra Abel.

Sin embargo, estadísticamente es durante finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, en que se ha incrementado en todo el orbe mundial.

¿Es solo la “maldad” intrínseca en la naturaleza humana la causa principal del homicidio y del femicidio; como lo planteaba el pensador clásico Thomas Hobbes? Si es así, podríamos deducir que como los femicidios en su mayor parte los cometen los varones, entonces los hombres son mas “malos” que las mujeres, y que la mujer es una victima pasiva y neutral del varón agresor.

Interesante escenario que se contrapone con el habitus creado en nuestra cosmovisión. Veamos.

Según la religión judeo-cristiana, Dios (valga aclarar que sin que se haya explicado racionalmente, en la consciencia del creyente se crea una figura masculina, en el calificativo de Padre) el cual creo a Adán (primer hombre) a su imagen y semejanza y de segundo y a partir de él (costilla) a la mujer. Con lo cual se hace entender la dependencia biológica existencial de la mujer con respecto al hombre.

Por otra parte, la mujer fue creada para complementar la vida de Adán, pues se “sentía solo” en el Paraíso (véase pasaje en el libro del Génesis al respecto).

La mujer sin vida intencionalmente propia, “comete” el gran error y se hace artífice de introducir el “pecado original” que nos deshereda de la vida eterna.

En resumidas cuentas, la mujer es la “pecadora” que hace caer en pecado al “santo” Adán. Y con ello condena a toda la humanidad, tremendo karma sobre los hombros femeninos.

Esta visión teológica patriarcal y machista, ha contribuido a configurar una imagen concebida de lo que es, debe y debería ser la mujer en sus roles personales y de interacción social; condenándola históricamente a sufrir el escarnio de la insensatez e ignorancia de los varones según las prescripciones culturales de cada periodo histórico.

Hace muy pocos siglos la mujer no era considerada como persona.

En la Edad Media, miles de mujeres fueron condenas a la hoguera, la horca o decapitas al encontrarlas culpables de hechicería o herejías por parte de la Santa Inquisición.

El 8 de marzo de 1857 una multitudinaria manifestación publica de obreras y obreros pertenecientes a una fábrica textilera de Nueva York, fue brutalmente reprimida por la policía, cobrando la vida de más de 120 mujeres. fueron asesinadas por la policía de Nueva York,

El 25 de marzo de 1911, en la fábrica textil Triangle Shirwaist en esta misma ciudad; 123 mujeres y 23 hombres son encerrados y calcinados por los empresarios en complicidad con la policía. En su mayoría eran migrantes judío e italiano.

Su pecado: reclamar la disminución de la jornada laboral que en ese entonces podía llegar hasta las 18 horas diarias, sin derechos a ninguna compensación social y medica.

Durante la primera y segunda Guerra Mundial, miles de mujeres fueron violadas y masacradas por los distintos ejércitos sin importar el bando militar.

Similar escenario dantesco represento la conquista española contra las mujeres de los pueblos originarios de América.

En nuestro país, la mujer no existía como persona jurídica, pues es hasta la década de 1950 en el que adquiere el derecho de votar, por tanto, a tener una identificación como ciudadana.

Con esta corta y apretada remembranza, lo que queda en evidencia es que el femicidio ampliado no es nada nuevo y que ha obedecido a factores de dominación, explotación y control de parte de hombres si bien de “carne y hueso”, pero determinados en y por una institucionalidad religiosa, cultural, militar, económica y política hegemónica.

Desde luego que el femicidio lo cometen hombres, pero estos se encuentran sociológicamente contextualizados.

El concepto de patriarcado, machismo y sus antónimos matriarcado, feminismo, son etiquetas que poco aportan en el esclarecimiento de la problemática, si estos no se articulan y vinculan con los procesos macroeconómicos sociales y culturales.

Indicamos que el crimen dentro del cual contemplamos el homicidio, femicidio y suicidio pertenecen y son formas expresivas de la violencia social estructural, la cual la entendemos como las condiciones distintas y múltiples de negación de la vida mediante actos legalmente legítimos o no. Es decir, como una condición de explotación de humanos por humanos determinados en y por una clase social.

Estamos acostumbrados y acostumbradas, a esperar ver datos y números cuando escuchamos o leemos el concepto de violencia.

Pero poco pensamos en la dimensión no cuantitativa de la violencia.

Para darnos una idea de la condición o perfil de esa violencia social estructural, la vamos a ejemplificar con las siguientes características que subyacen en términos generales en las relaciones de interacción social a nivel cotidiano en casi todos los niveles de convivencia en nuestra sociedad:

Pragmática, utilitarista, finalista, autoritaria y conservadora, chovinista, populista. Mítica mas que racional. Voyerista, cargada de morbo. Prejuiciosa, con violencia pasiva agresiva. Cargada de egolatría, hedonismo, narcisista, homofóbica, xenofóbica, individualista.

La lista de calificativos podría ser mas extensa, desde luego, pero su propósito es ubicar el acto del femicidio dentro de este contexto de conducta social manifiesta y/o latente, que considero el “caldo” de cultivo de todo acto criminal.

En otros términos, el femicidio no terminara con la desaparición del patriarcado y el machismo, esto es una cortina de humo o mensaje ideológico que la clase dominante ha querido con toda intensión política establecer para ocultar la verdadera esencia y origen del femicidio.

En resumidas cuentas, el crimen y su correlativo legal, el delito, es un problema de clase.

Enseguida vamos a ocuparnos de responder la pregunta que ha dado origen al articulo, en términos empíricos: ¿Quién mata más: el femicidio o el suicidio femenino?

Para ello vamos a tomar las estadísticas del Poder Judicial encontradas en los Anuarios Estadísticos del O.I.J. correspondientes a los últimos 4 años a efecto de realizar un análisis comparativo.

Veamos la siguiente tabla:

COSTA RICA: Femicidios, Suicidios, homicidios femeninos

Periodo: 2016-2019

                   

      2016

      2017        

 

      2018

      2019

 

Categoría

 

Abs

 

  %

 

Abs

 

 %

 

 

Abs

 

 %

 

Abs

 

 %

Suicidios

 52

 44

 64

 52

 

 73

 53

 56

 53

Homicidio

No Femicidio+

 

39

 

33

 

30

 

25

 

 

39

 

28

 

33

 

31

Femicidios

 11*

 15**

 22

11*

17**

 23

 

18*

8**

 19

9*

7**

 15

TOTAL

117

100

122

100

 

138

100

105

100

Fuente. Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos Policiales. Dirección de Planificación. Poder Judicial.

En los últimos 4 años la mortandad femenina por causas violentas (exceptuándose el homicidio culposo) cobró la vida de un total de 482 mujeres, de las cuales 245 fueron por suicidio, representando el 50%.

Las muertes calificadas como femicidios, sumo un total de 96 mujeres, representando el 20% de la mortandad en el cuatrienio.

Por su parte, los decesos tipificados como “homicidios no femicidios” sumo un total de 141, representando cerca del 30% del total de muertes de mujeres durante el periodo.

Como puede observarse, solo es durante el año 2016 que el numero de suicidios es menor al numero de homicidios en mujeres-incluyendo al femicidio.

Durante todo el cuatrienio, los suicidios superan en números relativos al femicidio.

Tal diferencia, en términos porcentuales, puede ser estimada en más de un 63%.

Para concluir, llama poderosamente la atención, que el suicidio femenino con la supremacía que tiene sobre las otras categorías de muertes violentas; hasta hoy no haya suscitado respuestas organizadas por parte de la sociedad civil, como si lo ha provocado las muertes calificadas como femicidios.

Dejo las posibles conclusiones a quienes tomarán el tiempo para analizar el presente articulo, el cual desde ya agradezco y espero contribuya en alguna medida.

Notas

*Se refiere al criterio establecido por la Ley de Penalización de la Violencia Contra la Mujer (relación consanguínea y/o ámbito de convivencia intrafamiliar o intima).

**Se refiere al criterio establecido por la Convención Internacional de Belem Do Pará. (-femicidio ampliado- como violencia contra la mujer basado en el genero).

+ Esta cifra incluye decesos con informes pendientes para ser tipificados como femicidios.

UCR pide a medios ser responsables con información sobre violencia contra las mujeres

Alejandra Amador Salazar, Periodista, UCR

La Universidad de Costa Rica (UCR) le solicitó, vehementemente, a los medios de comunicación institucionales y nacionales recordar la responsabilidad comunicativa con la que deben dirigir todas sus investigaciones y reportajes, de modo que no revictimicen ni culpabilicen a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y al mismo tiempo, los instó para que se comprometan con la igualdad y dejen de reproducir discursos machistas, misóginos y degradantes.

Este llamado lo hizo mediante un Pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario, en la sesión ordinaria de este martes 8 de setiembre, el cual surgió como iniciativa de las mujeres que forman parte del Órgano Colegiado, Dra. Teresita Cordero Cordero, Prof. Cat. Madeline Howard Mora, M.Sc. Patricia Quesada Villalonos y la Bach. Valeria Rodríguez Quesada.

La preocupación de la UCR surge a raíz del reportaje El crimen de la habitación número 3, del programa Siete días, transmitido por Canal 7, el lunes 31 de agosto, sobre el femicidio de la doctora María Luisa Cedeño Quesada. En dicho reportaje aparecen únicamente declaraciones de los abogados defensores de los sospechosos detenidos, dado que el Ministerio Público tiene imposibilidad para brindar información por la etapa en la que se encuentra el proceso.

El Consejo Universitario, considera que convertir la violencia contra la mujer en un espectáculo mediático tiene dos escenarios contradictorios: por una parte, incentiva el morbo en la mirada de las personas testigos de la violencia, mirada cada día más ávida de espectacularidad y en la cual la humanidad de las mujeres se pierde entre el ruido y las imágenes; y, al mismo tiempo, genera parálisis e impotencia frente a hechos percibidos de tal magnitud para los cuales no se encuentra una posible salida.

Esta casa de estudios superiores reconoce que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana y salud pública, y que la sociedad no puede permanecer indiferente, pues es una transgresión directa a los derechos humanos impulsada por discursos de odio y la perpetuación de estereotipos y roles de género discriminatorios.

Con este pronunciamiento, la UCR también manifestó su apoyo a la acción tomada por el Colegio de Periodistas de Costa Rica para abrir una investigación sobre el reportaje mencionado, pues reconoce la importancia que tiene el manejo ético de la información y la necesidad de evitar prácticas que atenten contra la dignidad de las personas de manera recurrente.

En este sentido, el Consejo Universitario se mostró preocupado no solo porque la intensificación de la violencia mediática recae principalmente en los cuerpos de las mujeres, sino por el manejo que se ha hecho de las muertes violentas en razón de su género, lo que ha conducido a su revictimización y las de sus familias, al responsabilizar a las mujeres por los actos cometidos en su contra.

Llamado a las universidades

Consciente de que los medios de comunicación brindan criterios que permean la manera en que construimos y enmarcamos la realidad, la UCR también hizo un llamado a las instituciones académicas públicas y privadas, que imparten las carreras de Periodismo y afines, para que fortalezcan la formación ética de sus estudiantiles, pues resulta difícil pensar que puedan haber cambios culturales y educativos en materia de género si no se sientan las bases para la educación de los y las profesionales de la comunicación.

Esta no es la primera vez que la UCR manifiesta su preocupación por el tratamiento mediático que se le da a la violencia contra las mujeres en el país. (Foto: Pilar Rojas).