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Etiqueta: Municipalidad de Talamanca

Solicitud urgente al procurador y al fiscal general para que visiten Gandoca Manzanillo

SURCOS comparte la carta enviada por Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, al procurador Iván Vinicio Vincenti Rojas y al fiscal general Carlo Díaz Sánchez para que visiten de forma urgente el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

Levy Virgo pide la suspensión de los permisos de construcción indiscriminados otorgados por la Municipalidad de Talamanca, así mismo, que esa municipalidad y el SINAC presenten una lista detallada de los derecho de propiedad privada, también que el Registro Público elimine derechos de propiedad que se encuentren dentro de la categoría Ramsar. Además, pide que se definan medidas cautelares para seis medidores recientes del ICE para enormes mansiones. Otra petición es que se informe si ya la Procuraduría General de la Republica se encuentra apersonada dentro de la causa penal 23-000041-0611-PE, que se sigue en contra del investigado y actual ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra.

Compartimos la carta completa, así como los enlaces a los documentos de referencia aportados por Marco Levy Virgo.

Limón, 22 de febrero de 2025
AEL-0064-2025

Licenciado Iván Vinicio Vincenti Rojas
Procurador
Procuraduría General de la República

Lic. Carlo Díaz Sánchez
Fiscal General

Ministerio Publico

Ref: Solicitud urgente de visita conjunta de Procuraduría y Fiscalía al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA)

Estimado señor Procurador y señor Fiscal:

Vista la solicitud de medida cautelar solicitada por el Licenciado Melvin Mora Hernández, en su condición de representante del Ministerio Publico a la Municipalidad de Talamanca, mediante oficio 067-FAAP-2024 de fecha 29 de octubre de 2024 que adjunto como prueba documental, y la falta de respuesta asertiva por parte de dicha Municipalidad de Talamanca, y muy especialmente de las autoridades ambientales del MINAE, amparados a la directriz 09-2023 de fecha 17 de octubre del 2023, que causan una inacción administrativa que beneficia a desarrolladores inmobiliarios locales, pese a tratarse del sitio categoría Ramsar, 783 el cual goza de protección internacional por la Convención Ramsar suscrita por nuestro país, vengo muy respetuosamente a solicitarles lo siguiente.

Como ciudadano preocupado por lo que está ocurriendo en la costa caribe, sugiero muy respetuosamente realizar un esfuerzo conjunto entre sus autoridades para que se apersonen a realizar una visita y así inspeccionar la realidad de lo que está ocurriendo. Es importante detener el galopante y desordenado desarrollo inmobiliario que se está dando dentro del área boscosa del bosque que es patrimonio de la Humanidad.

Es importante recordar que fue la Sala Constitucional la que ordenó restituir al Patrimonio Natural del Estado, según el voto No. 2019-12745 del 10 de julio de 2019, mediante el cual anuló la Ley No. 9223 “en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa” (expediente 14-19174-007-CO).

Hoy, arropados a la inercia y al escaso valor que tiene el MINAE-SINAC en cumplir con las órdenes emanadas de la Sala Constitucional, el Refugio que es declarado en beneficio de la Humanidad, está siendo devastado, y todo ello es debido a los incumplimientos de la resolución No. 2019-12745 del 10 de julio de 2019.

Tan es así, que en el oficio SINAC-SE—DE-0211-2025, de fecha 18 de febrero de 2025, el Director Ejecutivo del SINAC reconoce “dentro de los límites del sitio Ramsar Gandoca Manzanillo. Según el mapa catastral hay un total de 756 propiedades, de las cuales 688 tienen finca inscrita, lo demás corresponden a predios sin finca inscrita” (Negrita cursiva y subrayado no es del original) Estimados señores les ruego que analicen que la falta de acción en la defensa del patrimonio de todos traiciona el compromiso ambiental que le ha dado a Costa Rica prestigio internacional, convirtiéndose las autoridades del Estado en facilitadores del saqueo de los recursos naturales en favor de intereses privados y negocios ilegales.

Podrán observar con esta visita que se ha debilitado la protección ambiental, permitiendo la devastación de ecosistemas clave para su protección como está ocurriendo en Gandoca-Manzanillo. La inacción y la permisividad frente a la deforestación y la expansión inmobiliaria descontrolada está ocurriendo a vista y paciencia en áreas protegidas, lo que tristemente, no solo ponen en riesgo la biodiversidad del país, sino que revelan un modelo de gestión donde la naturaleza queda relegada en favor del lucro de unos pocos.

Adicionalmente, resulta preocupante que las autoridades del MINAE y muy especialmente que en los casos judicializados hayan paralizado toda acción de seguimiento, especialmente por parte de los funcionarios del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) que han encontrado en el ministerio publico la excusa perfecta para favorecer a los desarrolladores mediante la falta de seguimiento a las causas judiciales seguidas en contra de Bungalows de Punta Uva, Diez Doce Sociedad Anónima y la causa penal 21-000001-1851-PE cuya propiedad presenta de manera absolutamente irracional la colocación de 6 medidores eléctricos recientemente colocados por el Instituto Costarricense de Electricidad y dentro presuntamente de la investigación seguida bajo la causa penal 21-000001-1851-PE, por el delito de Cambio de Uso de Suelo y otros.

Adicionalmente, les pido por favor, ya que yo como simple ciudadano no tengo acceso legal, que bien sea la Fiscalía Adjunta o el representante de la Contraloría General de la República, que presente ante la Procuraduría General de la República una consulta formal para que emita una opinión jurídica con carácter vinculante sobre lo siguiente: En una zona que Costa Rica ha inscrito ante las autoridades internacionales como una zona amparada por la Convención Ramsar, es posible que tanto el MINAE como la Municipalidad de Talamanca permitan, por acción o por omisión que se destine parte de esa zona para uso privado?

Petitoria

  1. Se obligue a la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, AL ALCALDE O A QUIEN OBSTENTE SU REPRESENTACION LEGAL, PROCEDER DE INMEDIATO CON LA SUSPENSIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION INDISCRIMINADOS enlistados en el oficio 067-FAAP–2024, ubicados en los límites del Refugio Gandoca Manzanillo, hasta tanto no se realice la delimitación del bosque ordenada en la resolución No. 2019-12745 del 10 de julio de 2019 , conforme lo contempla el Oficio 067-FAAP-2024 de fecha 29 de octubre de 2024, suscrito por la Fiscalía Agrario Ambiental.
  2. Se obligue a la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, AL ALCALDE O A QUIEN OBSTENTE SU REPRESENTACION LEGAL, PROCEDER DE INMEDIATO CON LA SUSPENSIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION INDISCRIMINADOS enlistados en el oficio DU-040-02-2025 de fecha 6 de febrero del 2025, referente a 24 fraccionamientos de planos ubicados en bosque del Sitio categoría Ramsar 783, Gandoca Manzanillo.
  3. Se obligue a la Municipalidad de Talamanca y al SINAC a presentar una lista detallada a la Procuraduría de todas las personas físicas o jurídicas a quienes se les ha otorgado algún tipo de derecho de propiedad privada, indistintamente del tipo de derecho que sea, en terrenos que se encuentran bajo la protección de Sitio Categoría Ramsar 783, Gandoca Manzanillo, según el oficio SINAC-SE—DE-0211- 2025, de fecha 18 de febrero de 2025.
  4. Se ordene al Registro Público de la Propiedad la eliminación de cualquier derecho de propiedad que se haya inscrito en ese Registro Publico, en favor de cualquier propiedad que se encuentre ubicada dentro del mapa que el propio Estado de Costa Rica declaró ante las autoridades Ramsar, como Sitio Categoría Ramsar 783, Gandoca Manzanillo, por tratarse de un inmueble que es inalienable y no sujeto a inscripción privada, por estar protegido por una norma de carácter superior a cualquier norma ordinaria de rango inferior.
  5. Solicitud de medidas cautelares dentro de causa penal 23-000452-0829-PE, en el cual consta según 6 medidores recientes del ICE que se están construyendo enormes mansiones a vista y paciencia del Ministerio Publico y muy particularmente de los funcionarios del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC).
  6. Solicitud de medida cautelar en contra de listado de construcciones del oficio 067- FAAP-2024 de fecha 29 de octubre de 2024, suscrito por el Lic. Melvin Mora Hernández.
  7. Indicar si ya la Procuraduría General de la Republica se encuentra apersonada dentro de la causa penal 23-000041-0611-PE, que se sigue en contra del investigado y actual Ministro de Ambiente y Energía, el Señor Franz Tattenbach Capra.

Prueba:

  1. Adjunto remito oficio 067-FAAP-2024 de fecha 29 de octubre de 2024, en el cual se demuestra que se están construyendo enormes mansiones a vista y paciencia de sus autoridades y muy particularmente de los funcionarios del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC).
  2. Adjunto remito copia del oficio SINAC-SE—DE-0211-2025, de fecha 18 de febrero de 2025.
  3. Adjunto remito oficio SINAC-SE-DE-0046-2025 de fecha 14 de enero de 2025, referente al mapa del terreno incluido en la Convención Ramsar 783, Gandoca Manzanillo.
  4. Adjunto remito el oficio DU-040-02-2025 de fecha 6 de febrero del 2025, referente a 24 fraccionamientos de planos ubicados en bosque del Sitio categoría Ramsar 783, Gandoca Manzanillo.
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Atentamente,
Marco Levy Virgo
Presidente
Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Sala Constitucional reafirma el derecho a la Consulta Indígena y determina que Plan Regulador Costero de Talamanca nuevamente violenta este derecho

  • Sala Constitucional comprueba desobediencia de la Municipalidad de Talamanca en audiencia pública realizada por la Municipalidad de Talamanca al no cumplir con la consulta libre, previa e informada al territorio Indígena de Këkoldi.

  • Voto de la Sala Constitucional invalida por segunda vez audiencia y evidencia incumplimiento de la Municipalidad en proceso de elaboración del Plan Regulador Costero del cantón.

  • La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi (ADITIK) reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y el cuido de los recursos naturales.

Las organizaciones firmantes celebran la decisión de la Sala Constitucional que anula por segunda vez la audiencia pública del Plan Regulador Costero (PRC) realizada el 8 de marzo del 2024, debido al incumplimiento de los requisitos legales y la violación del derecho fundamental a la Consulta Indígena.

El tribunal ha enfatizado en múltiples resoluciones, incluyendo su más reciente voto número 2024035187 del 26 de noviembre de 2024, la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la Consulta Indígena, conforme al Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Estas disposiciones destacan la obligatoriedad de involucrar plenamente a los pueblos indígenas en decisiones que les afectan directamente, respetando su cosmovisión y estructuras tradicionales.

En diciembre de 2023, la Sala Constitucional anuló la audiencia pública del 4 de agosto de ese año por carecer de una Consulta Indígena apropiada. Posteriormente, el 10 de enero de 2024, ADITIK sostuvo una reunión con representantes de la Municipalidad de Talamanca, donde quedó en evidencia la falta de compromiso del Gobierno Local en cumplir con las normas que garantizan la participación activa y efectiva de las comunidades.

Durante este encuentro, ADITIK presentó condiciones específicas para la realización de una consulta culturalmente adecuada, incluyendo la involucración de todos los habitantes del territorio y la implementación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP). Sin embargo, la Municipalidad ignoró estas solicitudes en sus posteriores propuestas y comunicaciones.

El pasado 26 de noviembre de 2024, la Sala Constitucional acogió la gestión de incumplimiento interpuesta por ADITIK, señalando que la audiencia pública realizada el 8 de marzo de 2024 no cumplió con los requisitos legales y los principios de la Consulta Indígena. Además, la Sala advirtió a las autoridades municipales que podrían enfrentar procedimientos administrativos y penales por desobedecer las resoluciones emitidas. Al respecto, la presidenta de ADITIK, Signia Villanueva Morales, declaró:

«Como población indígena del Territorio Keköldi, no aprobamos el Plan Regulador Costero mientras no se realice una consulta adecuada que tome en cuenta las características culturales de nuestro territorio. Estamos dispuestos a defender nuestros derechos ante cualquier instancia, ya que el respeto a la consulta previa es fundamental para garantizar nuestro desarrollo integral y la protección de nuestra cultura, territorio, y el ambiente.»

Adicionalmente, declaró que “ADITIK reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades para establecer un proceso transparente y respetuoso, siempre que se ajusten a los principios de legalidad, buena fe y respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.

Los ecosistemas del Caribe Sur, incluyendo manglares, humedales y áreas protegidas, enfrentan amenazas significativas debido a la falta de planificación responsable. El PRC, en su estado actual, carece de estudios actualizados sobre la caracterización de estos ecosistemas, incumpliendo órdenes previas emitidas por la Sala Constitucional no sólo a la Municipalidad, sino que también al SINAC y otros entes reguladores.

COVIRENAS del Caribe Sur y Bloque Verde han manifestado su total respaldo a la lucha liderada por ADITIK. Estas organizaciones destacan que las comunidades indígenas son las principales guardianas de los recursos naturales en la región y que cualquier decisión que las afecte debe considerar su experiencia y conocimiento ancestral para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Las organizaciones firmantes instan a la Municipalidad de Talamanca a cumplir con lo dispuesto por la Sala Constitucional y a implementar un proceso de consulta genuino, acorde con los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, hacen un llamado al resto de las instituciones y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de imponer decisiones que vulneren los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

Este comunicado conjunto reafirma nuestra lucha por un desarrollo territorial justo, transparente y sostenible, que respete tanto los derechos de los pueblos indígenas como la riqueza ambiental del Caribe Sur. Adicionalmente, busca informar a la opinión pública y a las autoridades competentes sobre la importancia de respetar las normativas nacionales e internacionales en la implementación de políticas que afectan directamente a los pueblos indígenas.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Adjuntamos la resolución de la Sala Constitucional.

Defensoría emite alerta sobre Plan Regulador Costero Caribe Sur

Recomendó a alcalde y Concejo Municipal de Talamanca suspender cualquier acto de aprobación

La Defensoría de los Habitantes, en seguimiento a la investigación que lleva a cabo respecto al proceso del Plan Regulador Costero Caribe Sur Cahuita, emitió una alerta temprana donde comunicó a la Municipalidad de Talamanca hallazgos preliminares que deben ser atendidos en tres puntos importantes.

Una de las advertencias emitidas por la Defensoría tiene relación con la falta de consulta a los pueblos indígenas, donde se constata el incumplimiento del procedimiento establecido en el Convenio 169 de la OIT y el Mecanismo Nacional de Consulta Indígena; se evidencia la inobservancia de un elemento formal para la constitución del acto administrativo como es la consulta. La Defensoría solicitó información a la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz, quienes informaron que no consta ninguna solicitud por parte del Poder Ejecutivo o del Gobierno Local de Talamanca, para la apertura del proceso de consulta indígena relacionado con el Plan Regulador en la Zona Marítimo Terrestre del Distrito de Cahuita.

Considera la Defensoría que las autoridades nacionales y locales deben respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y, por tanto, el derecho a la autonomía en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, incluyendo su derecho a la consulta respecto de toda actividad que afecte sus derechos e intereses.

La otra situación que se planteó al ayuntamiento tiene relación con los derechos a la información y participación de la población local, pues si bien se realizaron algunas charlas informativas y una audiencia pública según la Ley de Planificación Urbana, previamente no se aportó a las personas interesadas copia del expediente ni información sustantiva para garantizar una participación activa e informada, ni se hizo la devolución de las inquietudes manifestadas por los y las habitantes.

Adicionalmente a ello se abordó el tema sobre la rectificación de los límites del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo y la delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del cantón de Talamanca, previo a la adopción del plan regulador, siendo que se estima que las instituciones involucradas en la elaboración del Plan Regulador Costero Talamanca – Distrito Cahuita, elaboraron un plan regulador a partir de la ley 9223 que la Sala Constitucional declaró inconstitucional en el año 2019, y que a la fecha, continúa sin cumplir con dicha resolución.

Llama la atención que las distintas instituciones consultadas por la Defensoría sobre el trámite actual del Plan Regulador, externaron criterios que no se corresponden entre sí. Por ejemplo, la municipalidad señala que ya cumplió con lo dispuesto por la Sala Constitucional al llevar a cabo la audiencia pública y de esa manera realizar la consulta a la población indígena, y que el trámite del Plan Regulador Costero ha estado a cargo del INVU, de manera tal que el expediente administrativo se encuentra en poder de dicha institución.

No obstante, el INVU indicó a esta Defensoría que el plan regulador debe ser ajustado a una nueva resolución de la Sala Constitucional que ha ordenado al SINAC a través del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) actualizar la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y a la Municipalidad y al INVU el ajustar la Zonificación del Plan vigente a esta nueva delimitación del PNE, para lo cual se está a la espera de que el ACLAC desarrolle lo que le corresponde para poder establecer un plan de trabajo y un cronograma de actividades que nos permitan ajustar la propuesta. Mientras tanto el ICT indicó que luego de la resolución de la Sala Constitucional, se llevó a cabo la audiencia pública, la municipalidad solicitó la conformación de la “comisión tripartita” para analizar las “nuevas” observaciones que se derivaron de la segunda audiencia y que a la fecha está a la espera de ser convocada para el trabajo de esta comisión.

La Defensoría recomendó al Alcalde de Talamanca realizar la consulta indígena tal  como se indicó anteriormente y se le solicitó que, en un plazo de tres meses, presente a esta Defensoría un listado de canales de información a la ciudadanía y de mecanismos de participación que serán habilitados para continuar la construcción participativa e informada del Plan Regulador y de otras políticas, planes y programas que impulse y que afecten los intereses de las y los munícipes, de manera que se puedan subsanar las limitaciones que ha tenido hasta ahora el ejercicio de este derecho fundamental.

Adicionalmente se recomendó al Concejo Municipal de Talamanca que, en virtud del incumplimiento en que ha incurrido el gobierno local respecto de la consulta previa, libre e informada a la población indígena, así como el desacato de lo dispuesto por la Sala Constitucional en sentencia 31756-2023 del 7 de diciembre de 2023, suspender cualquier acto de aprobación del Plan Regulador Costero del distrito de Cahuita, hasta que se cumpla con ese derecho fundamental y requisito formal para la validez del acto.

Además, en virtud del incumplimiento en que han incurrido otras instituciones respecto de la delimitación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y del consiguiente desacato de las sentencias 12745-2019, 3959-2024, 4692-2024, 10951-2024 y 26300-2024 emitidas por la Sala Constitucional, se alerta a ese Concejo Municipal a efecto de suspender cualquier acto de aprobación del Plan Regulador Costero en el distrito de Cahuita, hasta tanto no se haya cumplido con la debida delimitación de ese Refugio natural.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pego a Fuchilanga y Fuchilanga le arrió a Burundanga

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Cuando en junio del 61 nacía el presidente Chaves, ya la afamada rumba interpretada magistralmente por Celia Cruz se extendía como pólvora no sólo por el Caribe nuestro, sino además por el resto de América Latina y parte de Estados Unidos.

El título de esta sabrosa y cálida melodía, del músico cubano Oscar Muñoz, nos pone en presencia de un desorden, de un gran desorden sin ton ni son. Digamos, una confusión inútil que distrae de lo verdaderamente importante. Donde Borondongo con pellizcos, empujones y pescozones, carente de ideas y liderazgo, no hace por donde poner orden. De modo que, ante un escenario de semejante naturaleza, ni nuestra energía ni atención se posa sobre lo urgente y lo importante. De manera que una contagiosa y sonora canción caribeña, de orígenes africanos, en su letra nos traslada a un escenario, que resulta hasta violento e irrespetuoso, pues se reparten culpas entre unos y otros sin que nadie sea capaz de reconocer sus propios errores. Esa imagen de empujones, golpes, majonazos, ofensas e infidelidades, se parece mucho a la forma en que quieren conducir mi país.

Todos desearíamos que la patria se pareciera más a una hermosa historia inacabada de éxito y bienestar, que a un baile como el planteado por Celia Cruz, donde los invitados sean Borondongo y sus compinches. No es arriándonos unos a otros como vamos a salir avante. El tiempo continúa su marcha inexorable y no es un bien infinito con el cual siempre podamos contar. Los problemas nacionales se agravan y en el horizonte no se avizoran soluciones a los mismos. Al contrario, quienes fueron llamados a construir soluciones y buscar salidas, pierden el tiempo, se distraen con nimiedades y andan siempre buscando culpables por los yerros cometidos. O peor aun pensando en la campaña electoral que se avecina, sin haber comenzado siquiera a gobernar. Nunca ha sido más necesario que ahora, un liderazgo visionario, producto de sana y adecuada mezcla de conocimiento, experiencia y humildad.

Faltan poco más de 400 días para que el Tribunal Supremo de Elecciones llame a elecciones. Por eso me detengo para compartirles algunas reflexiones en torno a algunos de esos problemas que empiezan a tornarse agobiantes y que desencadenan intensas frustraciones en la ciudadanía nacional, sobre los cuales hay una ausencia mayúscula de lucidez, iniciativa y de humildad para buscar y escuchar consejo. Me refiero: al desorden propiciado en materia ambiental, la indescifrable ruta de la educación semejante a un monumental laberinto y la sangrienta inseguridad convertida en terreno fértil para el narcotráfico y el crimen organizado.

¿Desorden en materia ambiental… es deliberado? La gestión del MINAE en estos dos años ha sido errática, desenfocada y criminalmente omisa. Las últimas semanas hemos sido testigos como arrecian las denuncias ante talas ilegales en áreas de conservación y se movilizan las comunidades defendiendo lo propio. Sobre todo, en el litoral del Caribe sur costarricense, donde el actuar de la municipalidad de Talamanca y el SINAC quedan debiendo mucho y levantando sospechas. Lo cual podría ser la punta del iceberg de la involución que experimentamos en materia ambiental.

Un país que se precia de ser verde, de venderse en el mundo por tantos aciertos acumulados por esta generación y las que nos antecedieron, para convertir al país en un abanderado mundial de la protección ambiental y de la biodiversidad, con un 25% de cobertura boscosa en el territorio nacional, lideres en la búsqueda del carbono neutralidad, generación eléctrica limpia, protección de los mares y océanos, protagonista mundial contra el cambio climático, legislación robusta y existencia de órganos para garantizar una adecuada gobernanza; enfrenta ahora varios peligros, pues instancias de control han sido debilitadas adrede. El SINAC, con las actuales autoridades ha perdido capacidad para salvaguardar la rica biodiversidad que nos ha sido heredada y nos corresponde resguardar. Su debilitamiento y el del tribunal ambiental, constituyen el caldo de cultivo perfecto para que retrocedamos mucho en lo que hemos logrado en los últimos 50 años. Desde mayo de 2022 se han girado nuevas normas, directrices y lineamientos que desregulan al sector y propician una conducta cada vez más desregulatoria en contra del medio ambiente. Controles que se diluyen, mientras sierras, hachas y tractores destruyen manglares, áreas protegidas y quebradas en nombre de un progreso y desarrollo mal entendidos. Guacamayas, lapas, monos y perezosos parecieran estorbar a una nueva ola de turismo invasivo dentro de zonas costeras y bosques protegidos. Grandes camiones con hermosos y robustos troncos circulan ahora por nuestras vías, ahora con mayor libertad, sobre todo en las madrugadas y fines de semana. Valientemente la comunidad del Caribe sur limonense decidió alzar la voz y exigir a las autoridades judiciales, detener la barbarie de investigar a profundidad el otorgamiento de permisos de uso del suelo, otorgados siniestramente por la Municipalidad de Talamanca y autoridades del SINAC. Esta justa y cívica lucha que emprenden las comunidades en contra de odiosos y espurios intereses de empresarios y testaferros locales en la zona, deben servirnos de norte en la protección de nuestros recursos naturales. Un afán desmedido de riqueza que transforma el bosque y la natura para ubicar cientos de casas de descanso, chalet y desarrollos inmobiliarios turísticos para unos pocos, a costa de sacrificar lo que la naturaleza tardó cientos de años para regalarnos una belleza escénica inigualable y hogar de cientos de especies, no debe ser propiciado desde los órganos llamados a ejercer gobernanza y desarrollo de políticas ambientales. Nuestro bosque y fauna silvestre, necesita de aliados y buenos costarricenses que detengan esta barbarie. Estas conductas depredadoras del ambiente que vemos en Gandoca Manzanillo, Cahuita y áreas cercanas, deben ser detenida y no aceleradas como pareciera ocurrir en Talamanca. En el caso de zonas boscosas cercanas a la costa, planes de manejo amañados, permisos municipales fraudulentos y burlas a la legislación ambiental, han dado al traste con la conservación del bosque y la protección del hábitat de cientos de especies de aves, mamíferos, reptiles. El infame debilitamiento de SETENA y el desmantelamiento del tribunal ambiental al cercenarle recursos humanos y materiales hacen que dichas dependencias se atasquen, fallen más de una vez y se tornen torpes y lentas. Ante la comisión de hechos irregulares, indiferencia y desidia de las autoridades competentes, entiéndase ministro, viceministros, directores de áreas de conservación; ha sido el Ministerio Público y la misma Sala Constitucional, quienes nos devuelven la esperanza al frenar ese tipo de atropellos y felonías, al dictar un alto a la tala y destrucción de recursos bióticos. La inacción de SINAC y desacato ante lo que la Sala ha ordenado desde hace 5 años para delimitar correctamente las áreas sujetas a protección y deslindar las que corresponden al ámbito privado y que requieren de algún grado de manejo mínimo, nos hace sospechar, del por qué las autoridades de turno no han actuado apegados a la ley y más bien parecieran plegarse a intereses espurios de jerarcas y empresarios deseosos de vender terrenos con esa naturaleza exuberante, al mejor postor. Ante la codicia y ambición desmedida de algunos y la presencia de funcionarios públicos inescrupulosos, insisto, han sido los tribunales, el ministerio público y parte de la misma Asamblea Legislativa quienes han alertado sobre semejantes despropósitos.

La riqueza natural de nuestro país es para el disfrute de sus hijos, proteger la belleza escénica y conservar nuestra biodiversidad. Nuestra institucionalidad ha actuado para frenar semejantes desmanes y excesos contra la naturaleza e infames formas de enriquecimiento de algunos, que, escondidos taimadamente, pretenden llenar sus bolsillos, sabiendo que les queda poco tiempo. Aquí no hemos visto que esta bronca se la coma nadie en Zapote, donde más bien ha habido un silencio sepulcral. Impulsar nuevos reglamentos en SETENA, flexibilizar normas y proteger intereses del sector constructor agronegocios e inmobiliario, como lo han evidenciado las investigaciones llevadas adelante por parte del Ministerio Público, OIJ y auditorías internas en SINAC y SETENA en el sonado caso COMEJEN, sacan a la luz pública la pudrición y ruindad de algunos pocos a quine pudieron comprar, pero no así hacer mella en el alma del pueblo costarricense que aún resiste y combate la corrupción. Ya hemos visto cómo funcionarios sinvergüenzas, haciéndose de la vista gorda y siguiendo órdenes de quien sabe quién, dejan atrás un estudio elaborado desde 2017 y permiten que arrasen con el 40% del área de humedales, desapareciendo en este lapso 92 hectáreas de humedales en Talamanca. Todo ello ocurre cuando el ministro impulsa una reforma para que desaparezcan órganos del sector y concentrar en su figura, mayor poder y celeridad en los trámites, donde el criterio técnico pasaría a un segundo o tercer plano, y prevalecería el político. Ojo, nos miran nuestros niños y jóvenes de cómo estamos jugando y decidiendo hoy ¡sobre su futuro!

Siempre en materia ambiental y en la forma en que gestionamos el recurso hídrico, hemos sido testigos de la absoluta incapacidad de los jerarcas de turno para lidiar con los problemas de abastecimiento de agua potable para importantes sectores de la población costarricense, que recurren cada vez más a la protesta pacífica al enfrentar severos racionamientos del preciado líquido. La descoordinación a lo interno del AyA y de ésta con Asadas y acueductos municipales, es monumental. Desde noviembre de 2020 quedó listo un empréstito con el BCIE por 399 millones de dólares, que respondia a satisfacer las necesidades y problemas de abastecimiento de aguas en la GAM, Liberia, Limón, Guácimo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Alajuela y San Ramón, tras un estudio bien cimentado. Desde finales de 2021, no hay ningún avance en este tema. Miles y miles de costarricenses seguirán padeciendo racionamiento y brutales cortes en el suministro de agua. Allí hay una solución técnica y presupuestaria, solo se requiere de alguien que tome la decisión más acertada y no nos distraiga con tristes y descolorido espectáculo semanales de alaridos, gemidos y ronroneos guturales.

Si hay dos cosas de las cuales los ticos nos jactamos por su impacto en nuestro nivel de vida y valor primordial que le damos, lo son la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación. No hay nada más que el costarricense lo sienta como suyo, como propio. Es por ello por lo que en lo educativo la administración Chaves Robles tiene una oportunidad única e inigualable de constituirse en el gobierno que salvó la educación pública o el que dilapidó tan importante e histórica oportunidad. Por lo hecho hasta ahora, el presidente Chaves y su equipo serán recordados por destinar 56 mil millones de colones menos en el presupuesto 2024 para educación. Este presupuesto y el del año anterior está cada vez más lejos del 8% del PIB constitucional. En esta oportunidad el presupuesto para este año equivale a un 5,2% del PIB. Lo cual dramáticamente se traduce en agudizar los ya severos problemas de infraestructura existentes, equipamiento insuficiente, menos contratación de docentes, sobre todo en educación especial, y menos recursos para comedores escolares y transporte estudiantil y escuálidos presupuestos para Juntas de Educación y Administrativas. Durante el periodo 2015-2020 el presupuesto MEP fue en promedio un 25% del presupuesto nacional. Este año equivale a 20,6%, lo cual constituye verdaderamente una tragedia nacional. No atender los graves y acuciantes problemas que enfrenta la educación pública nos lleva al borde del despeñadero y sobre todo segar la posibilidad de formación para miles y miles de niños y jóvenes sobre todo provenientes de zonas costeras y fronterizas. El presupuesto cercenado debe ser restituido en el corto plazo. La brecha digital debe ser atendida satisfactoriamente, hay que limpiar el calendario escolar de tanta actividad pues hay más de 100 y que de alguna manera impacta el desarrollo normal de lecciones. Hay que cuidar la salud mental de profesores y estudiantes, y generar una amplia discusión sobre el currículo y la importancia de la educación cívica en primaria y secundaria. Esta es la mayor empresa que ha de acometer la próxima administración.

En cuanto a la inseguridad -otro de los graves problemas que no ha sido atendido con la diligencia que amerita- hemos sido testigos desafortunadamente estos dos últimos años, han sido los de mayor cantidad de muertes violentas en el país, asociadas al uso de armas de fuego, sicariato y crimen organizado. Curiosamente hay un descenso en robos, hurtos y delitos contra la propiedad, pero en muertes violentas por armas de fuego y femicidios, las cifras son alarmantes. El año pasado más de 900 homicidios y este año las cifras no ceden. Y ahí penosamente se ha dejado de hacer mucho, una omisión casi cómplice y criminal. Ante la inexplicable decisión política de retirar la Policía de Control de Drogas (PCD) desde setiembre del pasado a la fecha, de puertos y fronteras; los decomisos de cocaína han caído en un 55%, o sea 47 toneladas menos, y no es que haya menos drogas trasegadas, sino hemos perdido capacidad operativa para enfrentar el fenómeno droga. La mayoría de las últimas capturas ha sido gracias a operativos del OIJ. Durante este año los decomisos de cocaína, marihuana y sobrevuelos en áreas conflictivas, como Talamanca han disminuido drásticamente, pues no posee además colaboración del Servicio de Vigilancia Aérea, pues allí no disponen de aeronaves suficientes y tan sólo hay un avión activo y 20 pilotos desocupados. Entiendan costarricenses, ¿cuál país en el mundo se da el lujo de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico con una de sus dos manos atadas? ¿Por qué esa decisión irracional de retirar la PCD de zonas fronterizas? El ministro Zamora y subalternos nos deben varias explicaciones. Este cuerpo policial, vital para enfrentar el narcotráfico y sus escuelas, requiere al menos de 100 plazas más, que no las vemos aún por ningún lado. ¿Cuántas vidas más, de víctimas colaterales o de jóvenes y niños serán necesarias ofrendar más para que las autoridades del ejecutivo reaccionen?

Ante este listado de problemas que nos roban la paz y la esperanza, no debemos ceder. El espíritu costarricense de superación y de luchar por un futuro mejor, nos ha marcado por más de 200 años. Ante los desmanes y politiquería con que desde Zapote pretenden gobernar, mintiendo un día y otro también, los órganos que nos representan y sobre los cuales descansa nuestro horizonte democrático, han respondido. Órganos de control como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y el Poder Judicial, imponen el imperio de la ley, aunque al presidente no le guste. Gobernar no es asunto de gustos, es ser consciente de un mandato popular que se delega con un plazo perentorio para la búsqueda del bien y la felicidad de los demás. Desgastarse atacando a la institucionalidad es como emprender una batalla contra molinos de viento. Peor aún cuando se hacen berrinches cual amante despechado.

No es dividiendo al país, pues a nadie conviene esa ruta. El arte de gobernar demanda nuestro mayor esfuerzo y sobre todo ocuparnos de quienes menos tienen. Una persona que guía orienta a toda una nación hace del derecho, el sentido común y su sano juicio, las mejores armas para conducirnos a buen puerto.

A pesar de ser electo en abril de 2022, el presidente Chaves obtuvo menos votos, que Carlos Alvarado (1 200 000 en abril de 2018) y el mismo Luis Guillermo Solís (1 400 000 abril 2014). Sin embargo, gobierna no sólo para el millón de costarricenses que votó por él. Es el presidente de todos, hasta el 30 de abril de 2026.

Presidente, no somos sólo una sociedad que genera pocas oportunidades de empleo, en especial para las mujeres, sino somos una sociedad además donde hay cada vez más violencia. Usted y ambos expresidentes tuvieron que gobernar sin poseer mayoría en el Legislativo. Sin embargo, ellos fueron capaces de encontrar las vías del diálogo y la negociación para sacar avante la tarea.

El tiempo transcurre y es momento oportuno para seguir el sabio consejo de Abambelé “porque entre hermanos se vive mejor”.

14-VII-24

Defensoría pide a Presidencia de la República ampliar información sobre atención de derechos de comunidad afrodescendiente

El pasado viernes 7 de junio de 2024 la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert envió al señor Gabriel Aguilar Vargas, director del Despacho Presidencial Ministerio de la Presidencia de la República, con copia al señor Marco Vinicio Levy Virgo, una solicitud de ampliación de información relativa a las acciones del gobierno en protección de los derechos de las personas afrodescendientes.

De esta forma, la Defensoría de los Habitantes atendió la petición planteada por Marco Levy Virgo, quien ha pedido la atención debida para esa comunidad de parte del Estado y de la Municipalidad del cantón de Talamanca. La argumentación de Levy expone discriminación estructural, violación de derechos humanos de propiedad ancestral, irrespeto a la consulta previa y a la autodeterminación de la comunidad tribal afrodescendiente.

En la carta de la defensora al director del Despacho Presidencial se solicita:

1- Detallar cuál es la instancia o instancias gubernamentales encargadas de generar las propuestas legales mencionadas en su oficio a efecto de que sean presentadas en las vías correspondientes.

2- Remitir una copia del plan de trabajo elaborado por dicha instancia(s) gubernamental a efecto de atender la presente situación, remitiendo responsables, plazos de ejecución y entregables esperados.

3- Detallar las instancias de la sociedad con las cuales se ha coordinado o se va a coordinar incluyendo sus integrantes y medios para poder contactarlos.

4- Remitir las minutas generadas a la fecha de las reuniones efectuadas para la atención de esta temática.

5- Señalar si se cuenta con contenido presupuestario para este proceso.

Cambio de «uso de suelo» en el municipio de Talamanca

Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore

Según el Diario Extra, el Alcalde afirma que no tiene cuantificado el volumen de cambios de «USO DE SUELO» generados en 188 hectáreas del Distrito de Cahuita, supuestamente originados por nuevas normas legales, específicamente la Ley número 9223 de 2014 y sus jurisprudencias constitucionales.

Para aquellos que no están familiarizados con el tema y no han seguido su evolución en la última década, les aclaro lo siguiente con respeto:

En la última década (2014-2024) en la zona costera del Cantón de Talamanca (Distrito de Cahuita), se han producido dos olas de cambios de «USO DE SUELO» por parte de la Municipalidad, ambos con el objetivo de facilitar un desarrollo inmobiliario costero de alta gama.

La diferencia marcada entre ambos  es que algunos  de los cambios se realizaron  sin considerar la protección de la fauna y los monos, bajo la Ley número 9223 del 20/03/2014 (Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur).

Mientras que los otros cambios  se realizaron  con total desprecio por los derechos humanos de posesión de tierra, supuestamente cumpliendo la Ley número 9242 (Ley para la Regulación de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre).

Debido a la etiqueta de «Ocupación en Precario» que esta ley atribuyó a todos los poseedores de propiedades en la Zona Marítima Terrestre, la Municipalidad cambió la naturaleza de los «Permisos de Uso de Suelo» sin restricciones a una naturaleza «PRECARIA» para aquellos que no tenían una escritura pública. Así surgió el nuevo «PERMISO DE USO EN PRECARIO», que no existía antes de 2014.

Imagino que las autoridades tampoco saben cuántos de estos últimos cambios de «USO DE SUELO» se han realizado. Este es un problema integral que debemos abordar como tal.

Estamos de acuerdo en proteger a la fauna y los monos de Manzanillo y Cocles; pero también hay que proteger a  los habitantes locales de Manzanillo, Cocles, Puerto Viejo y Cahuita, con posesiones decenales y leyes ancestrales, quienes también tienen derechos que están siendo vulnerados.

Deforestación y corrupción en la Municipalidad de Talamanca

(Bloqueverde 21-5-24). Desde hace años ronda los allanamientos y la corrupción en la municipalidad de Talamanca pero sobre todo la impunidad por que de todos estos casos apenas unos días en prisión pusieron al alcalde (Al DIA, 13-2-2010).

Se denuncia aparente permiso ilegal de aprovechamiento forestal. Según el Ministerio Público, se investiga el presunto delito de cambio de uso de suelo.

La Fiscalía Adjunta Ambiental dirige un allanamiento junto al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la Municipalidad de Talamanca, Limón, por un aparente permiso ilegal de aprovechamiento forestal.

El despacho indicó que el objetivo de las diligencias es recabar prueba documental, para incluir a la causa 24-000003-1851-PE, según el Ministerio Público.

En las últimas semanas los COVIRENAS del Caribe Sur y ciudadanos apoyados por Bloqueverde han denunciado varias cortas de árboles en el Refugio Gandoca Manzanillo, Playa Negra¸ Territorio Indígena de Kéköldi y Cocles.

Para el Bloqueverde “se trata de nuestro patrimonio natural por lo que es urgente una veda y auditoría forestal en la zona, delimitar urgente el refugio Gandoca Manzanillo, allanar e intervenir el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) y traerse abajo el plan regulador que vino a acelerar la destrucción de los bosques que aún quedan en pie”.

El Plan Regulador recientemente impuesto por la Municipalidad  vino a legalizar la desafectación de humedales, Refugio Gandoca Manzanillo y otro Patrimonio Natural del Estado que está siendo rápidamente depredado antes que se caiga por alguna de todas las irregularidades en el proceso( Sala Cuarta salva humedales del Plan Regulador de Talamanca)

Una resolución de la Sala Constitucional N° 012745 de hace cinco años ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) demarcar 188 hectáreas de zona boscosa que se encuentra dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo ( ver mapa de área en pugna).

Han pasado cinco años en los que han destruido, desangrado y dado permisos dentro del refugio y no han demarcado esas 188 hectáreas y los funcionarios del Sinac alegan que esa zona no es parte del refugio y por eso otorgan los permisos sin proteger el lugar. Independientemente de la demarcación el SINAC debería de aplicar el principio de In dubio pro natura y proteger en lugar.

Al no cumplir con una resolución de la Sala Constitucional el SINAC está propiciando y estimulando la destrucción de los humedales y la tala dentro de una zona protegida y por otro lado la municipalidad con su desregulación permitiendo un desastre en zona marítimo terrestre y humedales no demarcados.

No estamos hablando de permisos forestales de pequeños agricultores o propietarios, sino de mega negocios de turismo, especulación inmobiliaria y venta de tierra la que está detrás de los que impulsaron y hoy se benefician del plan regulador y los planes de aprovechamiento. 

Importancia del Refugio Gandoca Manzanillo

El refugio es un área destinada a la protección de especies en peligro de extinción, como la danta, diversas especies de monos y felinos silvestres y el manatí. Además, en él se encuentra el único banco natural de ostión de mangle del país (Plan de Manejo RVSGM. MINAE, 1996).

Los manglares son los puentes de conexión entre el bosque y los corales. Por eso, la deforestación en Manzanillo provocará graves pérdidas en nuestros ecosistemas marinos. En Punta Uva, los manglares fueron convertidos en estacionamientos y otros fueron secados para construir viviendas. No es casualidad que los corales más afectados por el blanqueamiento, con las tasas de mortalidad más altas, se encuentren en Punta Uva.

El manglar de Gandoca es el único reconocido como bosque de manglar en el Caribe costarricense. Es el más extenso y menos alterado de la región y, junto con el manglar del Parque Nacional Corcovado, son los únicos lugares donde se han preservado algunas zonas continuas de bosque y manglar (SINAC, 2016).

En otras palabras, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, Mixto – SINAC, es un eslabón principal de los arrecifes que se extienden desde Cocles hasta Manzanillo. Si lo deforestamos, nos quedaremos sin arrecifes.

Imagen ilustrativa, Covirena Caribe Sur.

Solicitud de copia integral del informe emitido mediante oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-136-2024

Marco Levy Virgo, presidente de Asociación para el Desarrollo de la Ecología, por medio del documento que compartimos adjunto realiza una solicitud de información respecto a una denuncia presentada por la misma Asociación sobre supuestos casos de drenaje y relleno de humedales en Playa Negra, presuntamente llevados a cabo por la Municipalidad de Talamanca.

La Asociación recibió una respuesta breve indicando que el asunto había sido atendido y que se había emitido un informe al respecto. Sin embargo, la Asociación argumenta su derecho a obtener una copia completa de dicho informe, basándose en la legislación ambiental costarricense y en principios internacionales como el Principio 10, que busca asegurar el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas ambientales.

Se destaca que la falta de acceso a esta información podría limitar sus derechos constitucionales y su capacidad para participar activamente en este tema ambiental. Por ende, reiteran su solicitud de la copia completa del informe para poder proceder legalmente en consecuencia.

Imagen ilustrativa, UCR.

Tribunal declara con lugar recurso de amparo por contaminación en Puerto Viejo: ordenó medidas urgentes desde el 2019

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sesión celebrada el 3 de mayo de 2019, resolvió el Expediente número 19-002174-0007-CO, con la Resolución número 2019007689, relativo a un recurso de amparo presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según consta en el expediente, el recurso de amparo fue recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:21 horas del 12 de febrero de 2019. En dicho recurso, Marco Levy Virgo expuso que en la entrada principal a Puerto Viejo se encuentra una gran laguna de aguas negras que fluyen hacia la playa, lo que representa un riesgo para la seguridad y vida de los turistas nacionales e internacionales. Afirmó que, a pesar de haber solicitado una solución a las autoridades correspondientes, no se había tomado ninguna medida al respecto hasta la fecha de interposición del recurso. Además, argumenta que se vulneran sus derechos fundamentales y solicitó que se declarara con lugar el recurso y se obligará a los recurridos a resolver de manera inmediata el problema sanitario, colocando rótulos preventivos e implementando medidas para eliminarlo definitivamente.

La Sala Constitucional, tras analizar los argumentos presentados, resolvió declarar con lugar el recurso de amparo. En consecuencia, se ordenó a las autoridades pertinentes, incluyendo a la Presidenta Ejecutiva (Yamileth Astorga Espeleta) y al Gerente General del AyA (Manuel Antonio Salas Pereira), al Alcalde Municipal de Talamanca (Marvin Antonio Gómez Bran) y a la Directora del Área Rectora de Salud de Talamanca (Jennifer Jones Villiers) del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen esos cargos, que en un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, brinden una solución al problema de contaminación en Puerto Viejo.

Asimismo, se instruyó al AyA a coordinar con las otras instituciones involucradas (Municipalidad de Talamanca y Ministerio de Salud) para implementar medidas temporales o provisionales mientras se trabaja en una solución definitiva al problema de contaminación. Se advirtió que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de conformidad con el artículo 71, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Finalmente, se condenó a la Municipalidad de Talamanca, al AyA y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que dieron lugar a la presente resolución, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, se dio la orden de notificar a las autoridades correspondientes.

Se adjunta la resolución completa para su consulta y análisis.

Imagen ilustrativa, UCR.

Solicitud mordaza del foro tribal afro-costarricense

Bernardo Archer Moore

El pasado 8 de agosto 2023, el Foro Tribal Afro-Costarricense envió una carta al Consejo Municipal de Talamanca y la Comisión del Plan Regulador Costero, donde inmerso en sus propuestas se encuentra textualmente lo siguiente:

“El Plan Regulador Costero del Caribe Sur del cantón de Talamanca es una necesidad urgente para garantizar a los descendientes de los pobladores ancestrales su derecho a la tierra, su derecho a existir como pueblos costeros, (…)”.

Tanto el Municipio de Talamanca como el Estado costarricense, sin duda, utilizarán esa solicitud escrita para silenciar los reclamos que en el futuro haga la comunidad Tribal Cahuita, por cualquier impacto adverso como consecuencia de la implementación del próximo a aprobarse Plan Regulador Costero. Bien podríamos calificarlo como: UNA SOLICITUD MORDAZA.

Hasta la fecha no han dado señales de alejarse de tan errónea posición; por tal motivo, un número considerable de personas de la Comunidad Tribal Cahuita, promovidas y organizadas por este servidor, no han encontrado otro recurso que desautorizarlos como nuestros voceros, ya que persisten en imponer su voluntad, donde al final, las generaciones futuras sufrirán consecuencias muy dolorosas, que durarán al menos medio siglo.

Nuestro grito en Cahuita siempre ha sido y seguirá siendo: No un Plan Regulador Costero basado en el Reglamento I.C.T., sino un Plan Regulador Urbano basado en la Ley INVU.

Esto se debe a que nuestras zonas costeras ya están urbanizadas y lo que se requiere es una planificación territorial de cara al futuro. Es decir, lo que está ya está, y partamos de allí hacia delante.

¿PORQUE CASTIGAR AL PUEBLO POR LAS PROPIAS NEGLIGENCIAS Y CORRUPCION DEL ESTADO Y LA MUNICIPALIDAD?

Tampoco vamos a aceptar el cuento de que un reglamento, su anexo o acuerdo Municipal vaya a cambiar lo establecido en las leyes de la ZMT: llámese 6043 de 1977 o 9442 y 9221 de 2014, mucho menos la Constitución Política, porque contraviene el principio de legalidad. (PIRÁMIDE DE KELSEN).

Mucho menos vamos a estar de acuerdo en que la oportunidad de optar por una CONCESIÓN de las tierras de nuestros antepasados nos dará seguridad jurídica o el derecho a la tierra, el derecho a existir como pueblo costeño, así como el derecho a una vida digna y una mejor calidad de vida, como ha dado a entender el «Líder del Foro Tribal» señor Edwin Patterson Bent.

A estas alturas debe quedar claro que el sistema de justicia nacional está sesgado en contra de la reivindicación de los derechos de propiedad privada de la población afrocostarricense en la franja costera del Caribe Sur y Norte.

En la medida en que incluso aquellas áreas desafectadas del Patrimonio del Estado en el pasado por la Ley 35 de 1915 y la Ley 166 de 1935, destinadas a la ocupación privada de nuestros ancestros, han sido recuperadas por el Estado a su Patrimonio fuera del debido proceso establecido en las misma Ley y Constitución Política del país. Eso no nos deja otro recurso que el de buscar justicia en el ámbito internacional.