SURCOS comparte el comunicado de prensa enviado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):
Personal municipal asume reto institucional histórico
ANEP arranca proceso organizativo contra el proyecto de Empleo Público en municipalidades
Esta semana da inicio un proceso de sensibilización y de organización en las bases de, prácticamente, la totalidad de los municipios de Costa Rica, promovido por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto, con cada una de sus seccionales en todos los gobiernos locales.
El objetivo es que cada persona diputada de la Asamblea Legislativa constate el repudio que genera la inclusión de las municipalidades en el proyecto de Empleo Público; el cual contiene una nueva violación a la autonomía constitucional del régimen municipal, misma que ya había sido violentada desde la tramitación y aprobación impuesta con la Ley del Combo Fiscal, número 9635, en diciembre del 2018.
La idea central es dar a conocer un manifiesto a todas las comunidades en los respectivos cantones; al país en cuanto tal; y por supuesto a las autoridades legislativas de la República.
El régimen municipal debe ser fortalecido, especialmente, en momentos en los cuales la aceleración de las desigualdades y el nuevo impulso que se le da a la exclusión socioeconómica, requieren de los gobiernos locales una agresiva política social para evitar que se incremente la pobreza y la exclusión en los cantones del país.
Una de las principales actividades previstas en esta ofensiva de sensibilización y de organización de la ANEP para salvar la autonomía de las municipalidades, es la presencia en el propio parlamento de las delegaciones sindicales de las municipalidades de Costa Rica, en los próximos días; para mostrar el sentir generalizado de repudio a los diputados y a las diputadas que insisten en violar la autonomía municipal con el nefasto proyecto de Empleo Público.
La ANEP en conjunto con sus seccionales, impulsará la realización de un gran movimiento laboral de las municipalidades costarricense, con carácter histórico, luego de que se dé la manifestación de delegaciones municipales como indicamos anteriormente.
La posibilidad de un gran movimiento nacional municipal contra el proyecto de Empleo Público, incluye realizar diferentes coordinaciones con la finalidad de potenciar más la lucha social general de repudio al convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Finalmente, la ANEP hace un vehemente llamado a cada alcalde y alcaldesa, a los regidores y las regidoras de los concejos municipales; así como a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), para que junten voluntades, coordinen esfuerzos y compartan con su personal y comunidades todas aquellas manifestaciones posibles de repudio al intento más grave de los últimos tiempos en contra de la autonomía municipal que representa el proyecto de Empleo Público.
San José, lunes 25 de enero 2021 Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
La Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres (MGRD), tiene el gusto de invitarles a participar del II Encuentro Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Ámbito Local- Municipal.
La actividad se realizará bajo la modalidad virtual el próximo jueves 03 y viernes 04 de setiembre del presente año, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a través de la plataforma Zoom Webinar Profesional.
El link para registrarse y participar de todo el evento es el siguiente:
Este evento tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades municipales para la gestión del riesgo de desastres en el ámbito territorial, a partir del intercambio de experiencias municipales.
Si desea más información puede comunicarse a nuestro correo electrónico info@mgrd.cr
Para la Mesa, será un honor poder contar con su valiosa participación.
Cordialmente,
Comisión Organizadora
II Encuentro Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Ámbito Local-Municipal
MGRD
Información compartida con SURCOS por Carolina Somarribas
• Conflicto intermunicipal ante incineración de residuos en la GAM; El Consejo municipal de Belén acordó oponerse de forma tajante a la instalación de proyectos de incineración.
• Femetrom subió a concurso en Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) un cartel para la licitación de una planta incineradora para 328.500 toneladas anuales, la fecha de cierre del concurso es el 10 de marzo del 2021
• El objeto del cartel es contratar un oferente que financie, diseñe, construya y opere, durante el plazo de 240 meses, una planta de incineración de residuos sólidos municipales y su disposición final.
Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (FEMETROM) abre concurso para instalar una incineradora de residuos en el valle central y ya le suenan tambores de guerra.
El Consejo municipal de Belén acordó oponerse de forma tajante a la instalación de proyectos de incineración en los límites del cantón de Belén, por el riesgo que implican para la salud de los pobladores. La oposición se efectuó mediante la moción aprobada el pasado martes 23 de junio y ratificada el martes 30 de junio de forma unánime por el consejo municipal. Dentro de los considerandos que la municipalidad de Belén expuso señalan: “El país tiene el plan de ser un país descarbonizado al año 2050. Mediante el Decreto Ejecutivo 41561 se oficializó el Plan Nacional de Descarbonización. Dicho plan establece una reducción muy significativa de las emisiones del país que afectan el cambio climático, lo que se contrapone con una planta de incineración, que más bien aumenta las emisiones a la atmósfera y promueve el cambio climático.”
Ulises Araya Chaves quién es regidor suplente en la Municipalidad de Belén indicó: “Con un contrato de incineración las municipalidades que fuesen parte perderían autonomía sobre sus residuos, hipotecando un jugoso presupuesto y por consiguiente su futuro económico para implementar soluciones reales que vayan de acuerdo a la filosofía de un país verde. En este contexto, promover la incineración de residuos significa renunciar a abordar el problema desde la raíz.
“Desde diversas organizaciones de la sociedad civil nos oponemos por los graves impactos ambientales, ampliamente documentados, de la incineración de residuos sólidos, esa es una actividad que con la excusa de producir electricidad demanda enormes cantidades de energía y produce dioxinas contaminantes. Más del 70% de las municipalidades sub ejecutan el 50% de su presupuesto, y muchas de ellas no cumplen con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Si tan sólo destinaran un porcentaje de estos recursos sub-ejecutados a una verdadera campaña Hacia Basura Cero, basada en rechazo al consumo de artículos contaminantes, compostaje, reutilización y reciclaje, no se consideraría la opción de incinerar” Indico el master en Agro biología Ambiental y ecologista Fabián Pacheco.
Así mismo continúa diciendo el Licenciado Pacheco:” La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos obliga en primera instancia a reducir la generación de residuos, sin embargo, la rentabilidad de la incineración depende más bien de que las cantidades de residuos se mantengan e incrementen. Lo anterior afecta directamente a las familias y organizaciones que actualmente dependen de actividades relacionadas con el reciclaje. La separación, el reciclaje y el tratamiento también son obligaciones estipuladas en la Ley, que establece asimismo la necesidad de redactar una política y un plan nacional de gestión de residuos que contenga una seria campaña de educación sobre el manejo responsable de los mismos”
Marlen Chacón Cubillo activista del Movimiento hacia Basura Cero Costa Rica señaló “Preocupa el desconocimiento de la ciudadanía sobre los impactos negativos que hay en la salud humana y en el ambiente” “se conocen estudios sobre el impacto de las dioxinas y furanos emitidos por estas plantas de incineración, generan malformaciones congénitas, alergias, enfermedades respiratorias y cáncer. Las mujeres tienen derecho a una gestación sana y libre de dioxinas de las incineradoras en la GAM” así mismo continúa diciendo:” sabemos que no existe en Costa Rica ni siquiera una regulación de los gases que este tipo de incineradoras emiten ni capacidad tecnológica instalada para un adecuado monitoreo de sus emisiones de gases tóxicos”
“Otro impacto es la desaparición de los centros de recuperación de residuos como cartón, plástico, etc… todo se iría a la basura porque ahora aparecería una planta que mágicamente desaparece hay una afectación económica sería a las personas que vivimos del reciclaje ya que la incineradora acapara y monopoliza los residuos.” indicó Marlen Chacón.
Así mismo concluyen los ecologistas: “La incineración no es una solución, sino que es un problema más y nadie lo debe querer cerca de su casa. Estamos en el absoluto derecho de decidir lo que se hace con los residuos que producimos. Optamos por una opción ecológica y de integración de actores ciudadanos. Optamos por la disminución en la producción de basura, la separación, el compostaje y el reciclaje. ¡No van a quemar nuestra esperanza y vamos a luchar con todos los mecanismos legales para que no se instalen incineradoras en la GAM!”
Publicado por BLOQUEVERDE, compartido con SURCOS por Paulina Mata Monge.
Se avecinan despidos agravando más el caso social en desarrollo
Inaceptable nuevo ataque a la autonomía de las municipalidades
Comunicado:
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más enérgica condena por la torpe y malintencionada decisión tomada por el gobierno de Alvarado y su ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, de aplicar un abusivo recorte presupuestario del aporte estatal para la construcción de caminos, calles y vías vecinales, que promueven y ejecutan las municipalidades del país.
Se trata de un recorte abusivo contra el desarrollo local, por una parte. Por otra, vaticina dolorosos despidos de personal obrero, técnico y profesional, agravando más la situación de caos social en que han sumido al país esas políticas macroeconómico-fiscales de sesgo dogmático y extremista que continúan profundizando la polarización en el seno de la comunidad nacional; políticas perversamente intensificadas en el marco de la tragedia de salud de la pandemia.
El recorte de 41 mil 500 millones de colones pudo ser evitado, si no mediase una posición tan fanática y extremista en quienes hegemonizan las políticas del Ministerio de Hacienda, por un lado; por otro, se pudo haber obtenido esa cantidad tan sólo quitándole un poquito a las impresionantes sumas multimillonarias en infraestructura que se vienen invirtiendo y que, por cierto, aumentan descomunalmente las fortunas del oligopolio de las constructoras cuyo peso político en el actual gobierno es, también, descomunal.
Por otra parte, nos preguntamos: ¿habrá algún cobro de factura ideológico, encubierto, por la reciente legislación que sacó a las municipalidades de la regla fiscal y que tanto molestó a los extremistas del déficit bien afincados en una cartera ministerial como la de Hacienda?
Hacemos un llamado a las más conscientes autoridades políticas de las municipalidades para que cuestionen en sede constitucional la decisión abusiva de la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Desde un punto de vista formal-institucional no puede, en nuestro criterio, un departamento de segundo nivel irse contra la majestad de una ley de la República y, mucho menos, agrediendo de paso a la autonomía constitucional de las municipalidades.
ANEP alerta a la población trabajadora municipal que gestiona el desarrollo de caminos, calles y vías vecinales con base en los recursos que el Estado central debe estar obligado a proveer a las municipalidades por imperativo legal, para que se organicen y defiendan la continuidad del significativo programa de la Red Vial Cantonal; así como para que defiendan sus propios empleos y el sustento económico familiar.
Y aún en tiempos de pandemia, la organización para la movilización inteligente es perfectamente posible.
ANEP hace un vehemente llamado a toda la comunidad institucional laboral de las municipalidades, en especial a las agrupaciones sindicales de su población trabajadora, para que estén en máxima alerta con la finalidad de que, nuevamente, salgamos en defensa de la estabilidad republicana de los gobiernos locales, así como para salir en defensa de la estabilidad laboral y social de las municipalidades.
San José, sábado 4 de julio de 2020. Albino Vargas Barrantes, Secretario General Wálter Quesadab Fernández, Secretario General Adjunto ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Rechazamos y condenamos la solicitud del señor Rodrigo Alberto Chaves Robles, Ministro de Hacienda quien, en nota dirigida al presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, le solicita el “veto parcial” de la que acaba de ser aprobada Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19, Expediente Legislativo No. 21.922
Como es del conocimiento de la opinión pública, el pasado martes 19 de mayo dicho expediente fue votado en segundo debate legislativo, con el respaldo de una amplia mayoría de diputadas y de diputados; a pesar de las presiones político-mediáticas y empresariales de parte de personas y entidades ya sumamente reconocidas por sus posiciones ideológicas contrarias al papel de las instituciones estatales de servicio público en el desarrollo de la sociedad, como lo son las municipalidades.
Argumenta el ministro Chaves Robles que debe cumplirse, a rajatabla, con lo que establece la dañina Ley No. 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, más conocida como el “paquetazo fiscal”; misma que con su sola aplicación y antes de la pandemia del coronavirus covid-19, ya había logrado, con la imposición del impuesto al valor agregado (IVA), que muchos pequeños y medianos empresarios cerraran sus negocios y que quedaran muchas personas trabajadoras sin empleo.
La regla fiscal que impone la Ley 9635 es una norma fiscalista de corte ideológico y con fines determinados a limitar y disminuir la inversión social desde la esfera pública (como los gobiernos locales), con el último afán de debilitar la institucionalidad pública. Pero, además, es una norma que nunca debió aplicarse a las municipalidades puesto que como lo hemos dicho hasta la saciedad desde la ANEP, estas entidades no son ni serán parte responsable del déficit fiscal; como tampoco, por cierto, lo es el empleo público responsable de ese déficit.
Y es que no se puede meter dentro de una regla fiscal al sector municipal por cuanto los ingresos de este sector, no dependen de la hacienda pública. Bien lo sabe el señor ministro Chaves Robles: las municipalidades generan sus propios ingresos y no dependen de los impuestos e ingresos que recibe el Ministerio de Hacienda.
Por eso, las señoras diputadas y los señores diputados que durante la aprobación del paquete fiscal, fueron secuestrados y obligados a aprobar tan nefasta ley para los y para las costarricenses, cayeron en razón; y, entendieron que lo prudente no sólo para enfrentar la pandemia del covid-19 y sus efectos después de que pase la misma, en las diferentes regiones del país y en todos los cantones, era liberar a las municipalidades de una anacrónica y desfasada regla fiscal que nunca debió aplicarse a los municipios.
Ahora sí, las municipalidades serán, a lo ancho y largo del país, ese brazo potente que fuera de la regla fiscal, se convertirá en la plataforma cantonal para el relanzamiento de los esfuerzos del sector productivo nacional y, por supuesto, ayudarán a generar alternativas de desarrollo y empleo en comunidades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Grave error cometería el presidente de la República si desoye el clamor de los señores alcaldes y de las señoras alcaldesas, de los concejos de los 82 cantones de la República; así como de la comunidad civil, laborar y obrera de las municipalidades.
No menos grave es el desconocimiento político por parte de un ministro de Estado de la decisión “mayoritaria” de diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa que impulsaron y aprobaron el proyecto de Ley No. 21.922.
Desde la ANEP estaremos vigilantes y no claudicaremos en la defensa del sector municipal, del empleo público y de la inclusión social y productiva que demandan las micro-pequeñas y medianas empresas potenciales receptoras de soporte municipal en esta grave crisis social y económica que ya vivimos.
ProDUS UCR trabaja junto a varias municipalidades para concluir requerimientos y contar con una planificación territorial adecuada
Un plan regulador es un proyecto cantonal en el que se incluye la organización del uso de suelo y direccionarlo para que apoye el desarrollo integral del cantón. Foto Cristian Araya.
¿Dónde se deben construir las edificaciones comerciales o residenciales para que no afecten el recurso hídrico y no exista el peligro de que se encuentren en zonas de riesgo?, ¿cómo deben idearse los accesos y salidas para que exista una red vial eficiente?, y ¿cómo mejorar la calidad de vida de las personas a partir del ordenamiento del territorio?, estas son algunas de las aristas más importantes a las que da respuesta un plan regulador y que vendrían a impulsar el progreso de los cantones y por ende del país entero.
El Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica (ProDUS UCR) trabaja actualmente con nueve municipalidades para lograr concluir todo el proceso que conlleva la aplicación de unplan regulador.
Se trata del distrito de isla Chira y el cantón de Flores, que ya cuentan con la viabilidad ambiental de SETENA; los cantones de Alajuela y Santa Ana, cuya obtención de viabilidad ambiental se encuentra en su última fase; los cantones de San Carlos, Garabito, San RamónyOrotina están en la fase final de elaboración; y el cantón de Goicoechea que está iniciando el proceso.
En Costa Rica, ProDUS UCR ha desarrollado planes de ordenamiento territorial para más del 25 % del territorio fuera delasáreas silvestres protegidas, convirtiendo este tipo de investigación científica en uno de los principales aportes deesta Universidada la solución delosproblemasnacionales.
Un proceso que asegura bienestar
El Ing. Jonathan Agüero Valverde, coordinador general de ProDUS UCR, indicó que un plan regulador está constituido por una serie de etapas que inicia con el diagnóstico, en la que se señalan las fortalezas y las debilidades del cantón, se identifican las posibilidades de mejora, y se enumeran los aportes que pueden surgir.
“Siempre se incluye la participación ciudadana dentro de la elaboración de un plan regulador, que se da tanto durante el diagnóstico como en la fase de propuestas; escuchamos a la comunidad, hacemos un proceso participativo y se conversa con la gente sobre lo que nosotros encontramos en el diagnóstico, se les pregunta qué les parece, cuáles son los principales problemas del cantón y en que puede ayudarles la planificación territorial, pues esto define qué se puede hacer, dónde y cómo, por ejemplo: el tamaño mínimo o máximo de un lote que se tiene permitido debido a que está o no en una zona de protección boscosa o de acuíferos. El plan regulador viene a definir cuáles usos están permitidos en una determinada zona”, describió Agüero.
Sin embargo, Agüero aclaró que un plan regulador no va a resolver todas las problemáticas que tenga un cantón, pues cada trabajo de planificación territorial tiene un perfil muy determinado sobre lo que sí o no se puede hacer, o sea, no va a resolver los problemas de vivienda, pero sí puede ayudar a que la localización de las casas sea mejor, además de cuáles actividades son permitidas y cuáles no.
Una de las aristas que analizan los especialistas de ProDUS UCR es el recurso hídrico, que se incluye dentro de la elaboración de los planes reguladores. Foto cortesía ProDUS UCR.
“Es muy importante poder llegar a las comunidades y comunicar claramente sobre la planificación territorial y dejar claro que siempre se va a buscar un equilibrio; existirá regulación que dejará hacer unas cosas y no se podrán hacer otras, pero es parejo para todos, tanto para la industria y el comercio como para las urbanizaciones y particulares”, reflexionó Agüero.
Entre más orden mayor confianza y crece la productividad
Durante la fase de propuestas se les plantea a las municipalidades los aspectos de zonificación y regulación, se identifican las zonas adecuadas para el desarrollo de la industria, los proyectos residenciales y las zonas para el establecimiento del comercio o para el sector agrícola, así como las zonas de protección, etc.
“Ahí es cuando se aterriza la propuesta del plan regulador, que es el resultado de los estudios que se hicieron en la etapa de diagnóstico. La principal propuesta dentro de un plan regulador es la zonificación, pero también están la de fraccionamiento y la de vialidad. No se puede hacer ciudad sin hacer vialidad, pues hay que revisar muy bien la conectividad para que la ciudad sea como una red; trabajamos muy fuerte en el aspecto vial precisamente para mejorar la conectividad y la redundancia vial de cada cantón, lo que repercute positivamente en todo el país”, manifestó Agüero.
Por su parte el Ing. Félix Zumbado Morales, investigador de ProDUS UCR, comentó que uno de los aspectos más relevantes que conlleva generar un proyecto de investigación, en el contexto del ordenamiento territorial, es comprender que un planregulador es una herramienta indispensable para el sector público y privado, ya que facilita las inversiones en el cantón al ofrecer seguridad a los empresarios.
Además, permite fomentar la inversión pública y privada por medio de herramientas como la captura de plusvalías, lo que conlleva a mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan un cantón.
“Si dentro de la planeación se establecen áreas con vocación para permitir los usos zonas industriales, comerciales o de servicios, entonces el empresario interesado en invertir sabe que va a tener todas las condiciones y facilidades para que pueda desarrollar su actividad productiva de la mejor manera. Por ejemplo, asegurando el acceso al transporte (movilidad), servicios básicos, y seguridad jurídica por compatibilidad de uso con los vecinos. De esta formase evitan muchos conflictos territorialesque resultan de lafalta de ordenamiento territorial. En los cantones en donde no existe un plan regulador hay inseguridad jurídica para el sector empresarial, lo que hace a esos cantones menos competitivos y atractivos para la generación de inversiones”, recalcó Zumbado.
El problema es que en Costa Rica no se ha adoptado todavía la cultura de la planificación territorial, señaló por su parte Agüero, pues en muchas de las municipalidades en donde han trabajado nunca han tenido un plan regulador.
La comunicación con las y los miembros de las comunidades es vital para poder crear un plan regulador efectivo y eficiente. Foto cortesía ProDUS UCR.
Protección del medio ambiente
Otro de los ejes de trabajo de un plan regulador es el ambiental, que va asociado con el desarrollo sostenible (social, económico y ambiental) y que viene a fortalecer la gestión en esta temática. Un plan regulador, aseguraron ambos expertos de ProDUS UCR, es la herramienta fundamental para generar medidas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales de un territorio.
“Esta variable es de suma importancia pues está dirigida a complementar la legislación nacional en temas como la gestión sostenible del recurso hídricode un cantón, la protección de las zonas de recarga acuífera, la conservación de las zonas boscosas que están fuera de los parques nacionales o áreas protegidas, así como la zona de protección de los causes y los corredores biológicos; todo esto se debe incluir dentro de un plan regulador para poder salvaguardarlo. Hay que sumar el apartado del cambio climático, que se desarrolla dentro de las posibilidades legales de un plan regulador, y los servicios ecosistémicos, que consideran el uso de las soluciones basadas en la naturaleza”, expuso Zumbado.
Desde hace 29 años ProDUS impulsa el desarrollo sostenible a través del ordenamiento territorial, gracias a la ardua labor de profesionales en áreas como ingeniería civil, antropología, arquitectura, computación e informática, derecho, agronomía, geología, biología entre otras.
Algunas de las instituciones con las que ProDUS UCR mantiene un estrecho contacto y con las que trabaja para concretar los planes reguladores son: Secretaría Técnica Ambiental (Setena), Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Instituto Geográfico Nacional (IGN), y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
“Las municipalidades que ya tienen un plan regulador tienen una visión completamente diferente, una vez que tienen esta cultura entonces ya pueden usar esta herramienta con todo su potencial y de manera eficiente. Lo que se debe hacer es llevar la regulación territorial a todo el país para que conozcan sobre las ventajas que esto conlleva”, planteó Agüero.
Un plan regulador no es eterno, hay que actualizarlo constantemente, advirtió finalmente Zumbado, porque las condiciones del entorno cambian, la población pueden variar, los proyectos públicos que surjan pueden afectar la plusvalía de la zona, los proyectos inmobiliarios modifican la dinámica de un territorio, etc.
“Una vez que un plan regulador es aprobado por SETENA y el INVU, se organiza una audiencia pública y seguidamente el consejo municipal respectivo aprueba finalmente el plan. En el caso de los Planes Reguladores Costeros también se debe dar la aprobación por parte del ICT”, concluyó Zumbado.
El ordenamiento territorial forma parte de los aportes que realiza la UCR al país para mejorar la calidad de vida y sumar al desarrollo sostenible, ayudar a los cantones a atraer inversiones y promover el uso adecuado de los recursos naturales.
Por Jimmy Vargas Alvarado del Programa Kioscos Socioambientales
El pasado mes de abril la comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley “Reformas en permisos y concesiones temporales para extracción de materiales de canteras y cauces del dominio público por parte de las municipalidades”, el cual se tramita bajo el expediente No. 20 635.
Actualmente, las municipalidades pueden solicitar ante el Minaet permisos temporales para extraer materiales de río durante un periodo máximo de 120 días. Sin embargo, este proyecto de ley busca modificar el Código de Minería y la Ley de Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades, a fin de que las concesiones para la explotación de materiales de río se extiendan por un periodo de hasta dos años. Además de permitir que la extracción de los cauces de río aumente hasta cinco veces más, este proyecto de ley eliminaría las pocas regulaciones necesarias para la explotación de materiales de río.
Este proyecto de ley no exige a los gobiernos locales utilizar los materiales extraídos para el desarrollo de la infraestructura vial de las comunidades afectadas por la explotación de sus ríos. Por ello, es válido pensar que los materiales extraídos se utilizarían prioritariamente en los megaproyectos viales desarrollados por concesionarios privados. Esto genera preocupación en el Pacífico Central, donde las Asadas del cantón central de Puntarenas consideran que la extracción de materiales requerida para la ampliación de la carretera Interamericana en el tramo Barranca-Cañas terminaría por agudizar la afectación de los ríos de la zona, los cuales sufren graves daños debido a la presencia de quebradores. De estos ríos dependen los pozos y tomas de agua potable que abastecen a las comunidades costeras, que han visto como año con año aumenta la contaminación y sobre explotación de las cuencas del pacífico.
Con este proyecto de ley, las pocas regulaciones ambientales para la explotación de los ríos se vuelven “prescindibles”, ya que la ampliación de los plazos de explotación en los cauces de río no requeriría de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). Para las Asadas y organizaciones comunales, la eliminación de los EsIA aumenta los riegos sociales por deslave en las cuencas de río. De igual forma, la falta de EsIA para estas concesiones de extracción ignora la alteración de la dinámica hidrológica en los ríos explotados. Para la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, la eliminación de los EsIA tiene el objetivo de sacar a todas las comunidades del país del proceso de gestión y protección de sus ríos. A pesar de que los EsIA no garantizan protección ante los riesgos socioambientales de las actividades extractivas, sí han representado un mecanismo mediante el cual las comunidades se enteran, actúan e influyen sobre proyectos de este tipo. Al eliminar los EsIA, los proyectos se enclaustrarían en las municipalidades, lo que haría a un lado a las personas que todos los días defienden sus ríos de la contaminación agroquímica, la tala de árboles, los quebradores informales y las tomas ilegales de agua.
No por su “localía” las municipalidades están dispuestas a defender los ríos; por el contrario, –como lo ha reflejado el caso puntarenense– los gobiernos locales tienden a ignorar las denuncias que las comunidades interponen por la contaminación y explotación de sus ríos. Tal y como lo ha declarado la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas, proyectos de este tipo deberían garantizar la participación y fiscalización de las organizaciones comunales, así como una serie de beneficios directos para las comunidades que día con día defienden sus ríos y el acceso al agua.
Nota: Este artículo se produce gracias al trabajo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua-Puntarenas y el apoyo del TCU-590 del Programa Kioscos Socioambientales.
Foto del 31 agosto en el cantón de Mora donde el Ing. Fabián Pacheco expone en a los regidores, síndicos y público del cantón los impactos y alternativas a los agro venenos así como los alcances de la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica”.
Las municipalidades de La Unión y Mora se declararon libres del uso de herbicidas en sus áreas de administración públicas.
¡Municipalidad de Mora la primera! Cuando iniciamos la campaña, en abril pasado, con la declaratoria de Pérez Zeledón creímos que era el primer cantón, pero según nos informaron en Mora tenían 2 años de aplicar esta medida para protección de la salud ambiental del cantón. Esta acción demuestra que tanto municipios urbanos o rurales pueden manejar sus áreas públicas sin recurrir al uso de estos peligrosos venenos.
Según Roger Madrigal encargado de los servicios municipales: “esta municipalidad tiene en sus políticas el no uso de herbicidas, hace dos años que no se usan, es muy grato saber que el cantón toma un acuerdo que lo sustenta”.
Nuria Quirós presidenta de la Comisión Ambiental del cantón de Mora aseguro que “después de ver las otras declaratorias, hicimos un dictamen de comisión y decidimos unánimemente decláranos a favor de un ambiente más sano libre de pesticidas y herbicidas que intoxiquen el ambiente, pero además decidimos motivar a los agricultores para un cambio que promuevan otras formas de producir”.
La Municipalidad de La Unión asegura en su acuerdo que “posee una Política Ambiental, la cual cita: En la Municipalidad de La Unión, nos comprometemos a liderar de manera solidaria, responsable y consciente, los esfuerzos, estrategias y proyectos para promover la conservación de los recursos naturales, la prevención y reducción de la contaminación” Por lo tanto: “declárese el Cantón de La Unión, Cartago, territorio libre de aplicación de agroquímicos o agrotóxicos en áreas públicas como son: caminos vecinales y carreteras, parques, jardines públicos, campos de deporte, áreas de recreo, cementerios, recintos escolares, aceras, caños, y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria”.
Además, la Municipalidad aseguró que en apego a esta declaratoria “se promueva la adopción de formas más sustentables para el manejo y control de las áreas verdes municipales, con formas que excluyan el uso de este tipo de plaguicidas de comprobada o presunta toxicidad para los seres humanos y todas las formas de vida, causantes de daños a la salud y al ambiente principalmente el recurso hídrico, de manera que comprometen la calidad y disponibilidad de recursos para las generaciones futuras”.
La Unión definió que “se permita el uso adecuado y regulado, de las sustancias químicas de esta naturaleza que se mantienen como parte del inventario en las bodegas municipales. Una vez agotadas las existencias, entrará en vigor esta propuesta”.
La campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” busca prohibir no solo el glifosato sino también aquellos otros que aparecen que forman parte de la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) (ver aquí), como el herbicida Paraquat, uno de los más dañinos en uso en Costa Rica. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo y los ecologistas han solicitado una prohibición de su uso en Costa Rica (FECON, 2-8-2017).
El movimiento Desintoxiquemos Costa Rica es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, y el Bloque Verde, entre otras. A nivel local son cientos de organizaciones campesinas, sindicatos, grupos de mujeres, agrupaciones indígenas, personas profesionales, estudiantes y muchas más las que se están exigiendo lugares públicos libres de agrovenenos.
Corredores, Quepos, y Talamanca prohíben uso del herbicida glifosato
Alajuela y Esparza prohíbe la utilización de herbicidas
13 municipalidades, la UNED y la UCR tomaron acuerdos similares
Las municipalidades de Corredores, Quepos y Talamanca tomaron históricos acuerdos para prohibir el uso del herbicida glifosato en sitios de administración municipal como parques y cementerios. Mientras el Concejo Municipal de Alajuela fue para todo herbicida y La Esparza acordó en Acta N° 67-2017: “no aplicar herbicidas y productos agrotóxicos en los parques públicos”.
Desde abril pasado se activó la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” que agrupa ecologistas, agricultores, indígenas, grupos de mujeres y comunitarios que buscan contrarrestar el deshonroso primer lugar mundial en consumo de plaguicidas. Según datos de FAO, World Resources Institute del Banco Mundial, y el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), nuestro país es el consumidor más voraz de agrotóxicos en el mundo (Semanario Universidad, 3-6-2015).
Según informes del (IRET-UNA) el país importó unas 4116 toneladas de ingrediente activo de herbicidas en el 2015, siendo el glifosato, con 1340 toneladas, el más importado. Para tener una idea de proporción, con 1000 toneladas de glifosato se pueden preparar 3,7 millones de litros de una formulación comercial, que alcanzarían para fumigar un 1,25 millones de hectáreas.
“La prohibición de glifosato es un primer paso para ir dejando esta práctica y esperamos que progresivamente los municipios, centros educativos y las instituciones públicas tomen conciencia de que hay alterativas para sustituir todos los agrovenenos”, aseguró Fabián Pacheco, uno de los promotores de la campaña.
En las zonas no agrícolas y urbanas se consume cerca del 35% del glifosato usado en el país, para la gestión de malezas en vías férreas, bordes de caños, linderos, poliductos, entre otros; por tanto, es de primera necesidad generar soluciones alternativas ecológicas.
La campaña busca prohibir no solo el glifosato sino también aquellos otros que aparecen que forman parte de la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) (ver aquí), como el herbicida Paraquat, uno de los más dañinos en uso en Costa Rica. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo y los ecologistas han solicitado una prohibición de su uso en Costa Rica (FECON,2-8-2017).
El movimiento Desintoxiquemos Costa Rica es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, y el Bloque Verde, entre otras. A nivel local son cientos de organizaciones campesinas, sindicatos, grupos de mujeres, agrupaciones indígenas, personas profesionales, estudiantes y muchas más las que se están exigiendo lugares públicos libres de agrovenenos.
8 municipalidades y la UNED han tomado medidas similares
El pasado lunes 24 de julio con la presencia de las fuerzas vivas del cantón la municipalidad tomó un acuerdo para declararse como territorio libre de aplicación de herbicidas agrotóxicos en áreas públicas.
“Desintoxiquemos Costa Rica” es el lema con el que personas ecologistas, agricultoras, indígenas, grupos de mujeres y comunitarios buscan contrarrestar el deshonroso primer lugar mundial en consumo de plaguicidas. Según datos de FAO, World Resources Institute del Banco Mundial, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) nuestro país es el consumidor más voraz de plaguicidas en el mundo (Semanario Universidad, 3-6-2015).
Esta campaña busca acabar con la vieja y peligrosa práctica para la salud de controlar malezas en rondas de calles, aceras, centros educativos, cementerio y parques. Ahora en los municipios y centros educativos como la UNED esta labor será manual favoreciendo también la salud de los trabajadores y evitando las intoxicaciones que siempre conllevan el uso de venenos.
Según datos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) el país importo de herbicidas en 2015 unas 4116 toneladas de ingrediente activo, siendo el más importado el Glifosato 1.340 toleradas. Para tener una proporción con mil toneladas de glifosato se suficientes para hacer 3 millones de litros de Roundup, 3.764.045 litros en el 2015, que alcanzarían para fumigar 1 millón y cuarto de hectáreas una vez al año.
El movimiento por cantones libres de herbicidas es animado por organizaciones ecologistas como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), Red de Coordinación en Biodiversidad, FECON, Bloque Verde, entre otras. A nivel local son cientos de organizaciones campesinas, sindicatos, grupos de mujeres, agrupaciones indígenas, personas profesionales, estudiantes y muchas más las que se están exigiendo lugares públicos libres de agro venenos.
Informes regidor Néstor Mata Rodríguez tel. 8310 3002 o representante comunidad Allison Quintanilla tel. 8960 1171 y Sofía Rodríguez Araya tel. 89662033 coordinadora del Frente Ecologista Sarapiquí
