Rechazamos y condenamos la solicitud del señor Rodrigo Alberto Chaves Robles, Ministro de Hacienda quien, en nota dirigida al presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, le solicita el “veto parcial” de la que acaba de ser aprobada Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19, Expediente Legislativo No. 21.922
Como es del conocimiento de la opinión pública, el pasado martes 19 de mayo dicho expediente fue votado en segundo debate legislativo, con el respaldo de una amplia mayoría de diputadas y de diputados; a pesar de las presiones político-mediáticas y empresariales de parte de personas y entidades ya sumamente reconocidas por sus posiciones ideológicas contrarias al papel de las instituciones estatales de servicio público en el desarrollo de la sociedad, como lo son las municipalidades.
Argumenta el ministro Chaves Robles que debe cumplirse, a rajatabla, con lo que establece la dañina Ley No. 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, más conocida como el “paquetazo fiscal”; misma que con su sola aplicación y antes de la pandemia del coronavirus covid-19, ya había logrado, con la imposición del impuesto al valor agregado (IVA), que muchos pequeños y medianos empresarios cerraran sus negocios y que quedaran muchas personas trabajadoras sin empleo.
La regla fiscal que impone la Ley 9635 es una norma fiscalista de corte ideológico y con fines determinados a limitar y disminuir la inversión social desde la esfera pública (como los gobiernos locales), con el último afán de debilitar la institucionalidad pública. Pero, además, es una norma que nunca debió aplicarse a las municipalidades puesto que como lo hemos dicho hasta la saciedad desde la ANEP, estas entidades no son ni serán parte responsable del déficit fiscal; como tampoco, por cierto, lo es el empleo público responsable de ese déficit.
Y es que no se puede meter dentro de una regla fiscal al sector municipal por cuanto los ingresos de este sector, no dependen de la hacienda pública. Bien lo sabe el señor ministro Chaves Robles: las municipalidades generan sus propios ingresos y no dependen de los impuestos e ingresos que recibe el Ministerio de Hacienda.
Por eso, las señoras diputadas y los señores diputados que durante la aprobación del paquete fiscal, fueron secuestrados y obligados a aprobar tan nefasta ley para los y para las costarricenses, cayeron en razón; y, entendieron que lo prudente no sólo para enfrentar la pandemia del covid-19 y sus efectos después de que pase la misma, en las diferentes regiones del país y en todos los cantones, era liberar a las municipalidades de una anacrónica y desfasada regla fiscal que nunca debió aplicarse a los municipios.
Ahora sí, las municipalidades serán, a lo ancho y largo del país, ese brazo potente que fuera de la regla fiscal, se convertirá en la plataforma cantonal para el relanzamiento de los esfuerzos del sector productivo nacional y, por supuesto, ayudarán a generar alternativas de desarrollo y empleo en comunidades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Grave error cometería el presidente de la República si desoye el clamor de los señores alcaldes y de las señoras alcaldesas, de los concejos de los 82 cantones de la República; así como de la comunidad civil, laborar y obrera de las municipalidades.
No menos grave es el desconocimiento político por parte de un ministro de Estado de la decisión “mayoritaria” de diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa que impulsaron y aprobaron el proyecto de Ley No. 21.922.
Desde la ANEP estaremos vigilantes y no claudicaremos en la defensa del sector municipal, del empleo público y de la inclusión social y productiva que demandan las micro-pequeñas y medianas empresas potenciales receptoras de soporte municipal en esta grave crisis social y económica que ya vivimos.
San José, miércoles 20 de mayo de 2020.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
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